La localidad de Mucientes tiene unos 700 habitantes y está situada a solo 13 km de Valladolid capital, esto ha hecho que los planes urbanísticos se hayan disparado exageradamente sin una justificación suficiente que lo avale. Así se pensaba dar un gran pelotazo urbanístico con más de 6.600 viviendas en las nuevas Normas Urbanísticas. Ya fueron detenidas hace 2 años por la justicia y, ahora, el Supremo lo ha ratificado al considerar los argumentos municipales desproporcionados, más propios de los tiempos pasados del 'ladrillazo' inmobiliario. Como en Valladolid y todo su área de influencia, la Junta de Castilla y León también debería tener otros criterios urbanísticos más avanzados y menos pensados exclusivamente para lucrarse.
"NORTECASTILLA* : El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las normas urbanísticas municipales de la localidad vallisoletana de Mucientes que contemplan nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de viviendas de más de 6.600, según ha informado este martes el colectivo Ecologistas en Acción que ha pedido a la Junta mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos.
De este modo, el Supremo ha confirmado la sentencia previa de 15 de marzo de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y desestima los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Mucientes y la inmobiliaria Desarrollos Urbanísticos Mucientes, S.L.
Según ha recordado el colectivo ecologista, la sentencia del TSJCyL consideraba que en el instrumento de planeamiento no se justificaba de manera mínimamente suficiente el incremento previsto «pues no vale la simple referencia que se hace al fomento de un crecimiento compacto o la mención a la existencia de propuestas realizadas por promotores con experiencia y solvencia, capaces de llevar a buen fin la urbanización, dato este que en si mismo nada informa sobre las necesidades del municipio y de su población, que es el objetivo al que ha de atender la ordenación urbanística».
Ecologistas ha recordado también que al igual que ha sucedido con las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en las Areas Homogéneas 5 y 11, donde se preveía la construcción de 7.300 viviendas y un gran centro comercial, el Supremo ratifica por tercera vez en dos meses la argumentación del TSJCyL cuando entendía en aplicación de la Ley estatal de Suelo y de la Ley de Urbanismo de Castilla y León la Sala que «la desproporcionada cantidad de suelo urbano y urbanizable» y «la previsión de crecimiento del suelo residencial en absoluto se justifica por las necesidades del municipio y sus circunstancias urbanísticas».
Según los datos de este colectivo, en Mucientes, localidad situada trece kilómetros al noreste de Valladolid, cuenta en la actualidad con 713 habitantes y 432 viviendas, a las que se pretendían añadir 6.781 nuevas viviendas con capacidad para más de 20.000 nuevos habitantes.
En su opinión, con la anulación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes se desmorona «uno de los últimos exponentes del urbanismo del ladrillazo» en el entorno de la ciudad de Valladolid, «que durante la última década ha alimentado la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la actual crisis económica y a niveles insoportables de corrupción y deterioro ambiental».
Por ello, Ecologistas en Acción se ha felicitado de que las sentencias judiciales impidan el despropósito aprobado por el Ayuntamiento de Mucientes y la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, «al dictado de los intereses inmobiliarios».
Renedo
Al mismo tiempo, los ecologistas han advertido de que este miércoles, 29 de abril, el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva lleva a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid un Plan General de Ordenación Urbana con capacidad para 1.700 nuevas viviendas y un gran centro comercial de más de 100.000 metros cuadrados de edificabilidad, similar a la del de IKEA en Arroyo de la Encomienda, «lo que no es óbice para que la Junta proponga su aprobación definitiva».
Para Ecologistas, se trata de unas previsiones disparatadas por lo que ha pedido a la Junta de Castilla y León mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos «limitando los crecimientos a las viviendas y las actividades económicas que se justifiquen por las necesidades propias de cada municipio, tal y como establece la legislación de urbanismo y suelo, pasando página de la desastrosa política urbanística practicada en las últimas dos décadas».
* Norte Castilla - 28.4.15
Foto: Mucientes (Valladolid) - codigopostal
El Supremo confirma la nulidad de las 6.600 viviendas de las normas urbanísticas de Mucientes
La Junta de Castilla y León pagó un sobrecoste de 30 millones por un edificio de oficinas en Valladolid
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Los despilfarros delictivos urbanísticos abarcan toda la geografía del país como si de nuevos ricos se tratara, ya sea por parte del Gobierno central como por los Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos. En Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, la Junta 'popular' de Castilla y León pagó 30 millones de más por un edificio destinado a servicios públicos. La empresa que construyó el inmueble lo tasó en 40 millones, aunque el Gobierno regional pagó 52 millones, más ocho por el IVA y otros nueve a Hacienda. Aunque hay una investigación judicial en marcha, es de suponer que los altos responsables públicos ni sean citados, del dinero no se sabrá nada y deberán ser los ciudadanos quienes paguen la factura de esta nueva especulación inmobiliaria.
"ELDIARIO* : Nuevo sobrecoste. Nueva justificación. Aunque se pague una mayor cantidad económica por una obra o por un edificio, la Junta de Castilla y León, en manos del PP desde hace 28 años, siempre encuentra un argumento para justificar ese incremento en el pago, a través del dinero público.
La investigación sobre la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León –antes, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- depara sorpresas cada vez que se conoce un informe. La Cadena Ser de Castilla y León desveló ayer que un informe de la Agencia Tributaria reconoce que por ese inmueble se pagaron nueve millones más de los 60 abonados por la Junta de Castilla y León. Y este incremento del valor final se debió, según ese informe, a argumentos como “imputación de la carga financiera incurrida durante la ejecución de la edificación del edificio de oficinas”.
Es decir, que por el flamante edificio, ubicado en el municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que compró el Gobierno castellano y leonés a la empresa Urban Proyecta PM3, a través de la Consejería de Economía, se pagaron en torno a 70 millones de euros: 52 por el inmueble, otros 8 por el IVA y otros 9 –en concreto, 8,4 millones de euros- más por conceptos que desvela ahora la Agencia Tributaria.
Según la información de la emisora, los nuevos 9 millones de euros se justificarían en siete facturas relacionadas con la construcción del edificio. O dicho de otra manera, se compró el inmueble y, además, la Junta de Castilla y León tuvo que pagar por otros gastos en los que había incurrido la empresa constructora.
Uno de los aspectos llamativos de este polémico edificio es que la empresa Urban Proyecta fijó el precio del inmueble en unos 40 millones de euros. Por tanto, el Gobierno regional habría pagado un sobrecoste de 30 millones.
Mientras desde la Consejería de Economía se mantiene silencio ante esta información, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, volvió a justificar estos sobrecostes. Si hace unas semanas hablaba de “mejoras” para avalar el aumento del coste final del Hospital de Burgos, ahora habla de “discrepancia” entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Tributaria sobre la “devolución del IVA”. En esa “discrepancia” estaría la variación del coste final del edificio.
Por su parte, el secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato a la Junta, Luis Tudanca, se comprometió a realizar una auditoría pública de las empresas y organismos públicos para que “se sepa la verdad” por la existencia de “varios asuntos turbios”. En su opinión, el Gobierno regional “ha malversado y enterrado dinero público lo que ha impedido tener buenos servicios, garantizar la igualdad de oportunidades o impulsar políticas de empleo y reindustrialización”.
En la investigación judicial abierta para dilucidar las supuestas irregularidades en la compra del edificio, se analizan las cuentas de 13 personas vinculadas con la operación de compraventa del edificio y la adquisición de unos terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo para promover un polígono industrial. Entre ellos está Rafael Delgado Núñez, el que fuera número dos de la Consejería de Economía entre 2003 y 2011.
* El Diario - Justini Sanchón - 26.3.15
Foto: Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas - eldiario
Las obras de León originan una denuncia por prevaricación contra la presidenta de Paradores
Como ya se ha comentado aquí en numerosas ocasiones, la concesión de las obras en un concurso público es uno de los métodos más utilizados por las administraciones para caer en la corrupción urbanística. En el Parador de León ocurre lo mismo, no se valora la oferta más económica, generalmente la primera opción, sino que se tienen en cuenta otros valores subjetivos para su adjudicación. Con lo cual queda establecido el principio de que todo es válido si se quieren hacer trampas y que un determinado proyecto, amiguete, sea el ganador del concurso, además, sin tener que dar muchas explicaciones a nadie, incluyendo a la débil justicia.
"VOZPÓPULI* : La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, acaba de adjudicar la asistencia técnica para el acondicionamiento del Hostal de San Marcos al estudio de arquitectos Bringas Bellod por un importe cercano al medio millón de euros que supera en 100.000 a la oferta más económica presentada al concurso. Esta adjudicación entrará pronto en sede judicial.
El concurso convocado por Paradores tiene como objetivo remodelar la parte antigua del Hostal de San Marcos, catalogada como monumento histórico-artístico. Se han presentado cinco ofertas bajo un presupuesto base de licitación de 747.780 euros. La más económica ha sido la de la empresa Collarte Architecs Studio, que ofrece cubrir la asistencia técnica para estas obras por 392.500 euros. También han concurrido una unión temporal de empresas denominada Investigación y Control de Calidad, que oferta 415.180 euros, otra UTE llamada Estudio Villaroel, que se ofrece a hacerlo por 461.100 euros, el despacho Alinca Estudios y Proyectos, con una oferta de 498.000 euros y, por último, la firma Bringas Bellod Arquitectos, con una propuesta de 490.000 euros.
El pasado 29 de enero, Paradores se dirigió por correo electrónico a los perdedores, sin comunicarles que esta última firma había sido la elegida para asesorar el proyecto. Días después, solicitaron a la empresa que les remitiera las actas de las valoraciones utilizadas para la adjudicación del concurso. El pasado día 4 recibieron la respuesta y en ella se observa como la elegida ha sido la segunda oferta más cara, la de Bringas Bellod, que supera en casi 100.000 euros a la oferta más barata, la presentada por Collarte Architecs Studio, firma que está recabando estos días toda la documentación del proceso para denunciarla en el juzgado.
La opinión de un ministro
Recientemente, se le escuchaba decir en privado a un miembro del Consejo de Ministros: “Cuando se preside una mesa de contratación en la administración pública y se quieren hacer trampas, primero se tiene en cuenta la valoración técnica y luego la económica, todo lo contrario de lo que debe hacerse y tenemos que evitar”. Esto es justamente, en opinión de algunos despachos de arquitectos, lo que ha hecho Paradores en este concurso para no elegir la oferta económica más ventajosa.
“El truco utilizado es muy viejo, después de ver la oferta económica, se han aumentado las diferencias de puntuación de la oferta técnica hasta conseguir enjugar la distancia. De esta forma, nosotros que habíamos presentado el proyecto más barato y habíamos quedado los segundos en valoración técnica, hemos quedado fuera”, afirma Luis Collarte, propietario de Architecs Studio, con 15 años de experiencia trabajando para paradores y con varios premios nacionales, entre ellos el de la construcción del parador de Cádiz. Entre la oferta ganadora y la suya hay una diferencia cercana a los 100.000 euros. La primera ha obtenido en el concurso una calificación de 92,1 puntos y la segunda de 89,3.
Hay también, según las mismas fuentes, graves errores de procedimiento en esta adjudicación a la hora de fijar la valoración técnica. “Los criterios fijados en el pliego de condiciones no se corresponden con los que se detallan en el cuadro de valoraciones. Por un lado, se valoran nuevos aspectos, como las estructuras, las instalaciones, la sostenibilidad o los equipos, a los que se les otorga una puntuación significativa. Sin embargo, criterios valorables en el pliego a los que se les otorga gran importancia, como el nivel de presentación global de la propuesta arquitectónica o el desarrollo gráfico, no aparecen puntuados”, señala Collarte.
Sin firma de los técnicos y sin acta oficial
Otros aspectos que han sorprendido a los perjudicados es la ausencia de firma de los técnicos que han hecho la valoración de las ofertas y que ni siquiera se les haya facilitado un acta oficial. “Después hemos sabido que la valoración no la han hecho los técnicos de Paradores, sino asesores externos, la primera vez que esto ocurre en la empresa”, señala Collarte.
La demanda judicial que Architecs Studio está ultimando contra Paradores acusa a su presidenta, Ángeles Alarcó, de un delito de prevaricación, partiendo de “que ha hecho uso de su poder y de su cargo de forma arbitraria y caprichosa, perjudicando los intereses de la administración pública para la que presta servicios”.
La adjudicación se ha hecho cuando la responsable de la Dirección técnica de Paradores, Beatriz Pérez, estaba de baja y pocas semanas antes de que el director general, Juan José Zaballa, haya sido nombrado presidente de Enresa.
Un portavoz autorizado de Paradores informa que no siempre ha de prevalecer el criterio económico. "Los concursos tienen dos patas, la económica y la técnica. De la primera se ocupa el comité de compras y de la segunda el departamento de Inmuebles. Después de tener en cuenta ambos aspectos, se decide. Quizás la oferta más barata no es la mejor desde el punto de vista técnico, no solo buscamos lo más barato y, por lo tanto, no hay ninguna ilegalidad", refiere la fuente.
* VozPópuli - Federico Castaño - 16.2.15
Foto: León, parador de S.Marcos - vozpopuli
Lerma.- Turismo exige a una constructora de Gürtel pagar la rehabilitación de una obra estrella de Aznar
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El largo camino recorrido por el Palacio Ducal de Lerma no ha terminado todavía. Las obras de rehabilitación para ser reconvertido en Parador de Turismo acabaron en 2003, bajo proyecto del gobierno Aznar, del arquitecto 'popular' Pío Gª.Escudero y de la Junta de Castilla y León, pero ya en 2007 comenzó a tener problemas en su conservación. La constructora 'Hispánica', con fuertes relaciones con la trama mafiosa Gürtel, fue acusada por Turismo de graves perjuicios en el tejado y otras partes del edificio y, por lo tanto, a su correcta reposición, algo que todavía está pendiente de suceder, lamentablemente.
"ELDIARIO* : Uno de los proyectos estrella de José María Aznar se está cayendo a pedazos. Se trata del Palacio Ducal de Lerma (Burgos), que alberga un Parador de Turismo impulsado por el dirigente conservador cuando presidía la Junta de Castilla y León y cuyas obras se materializaron en su etapa en La Moncloa. Las obras se adjudicaron a la constructora Hispánica, famosa por sus implicaciones en la trama Gürtel y la aparición de su dueño en los papeles de Bárcenas, y han sido objeto de críticas por parte de Turespaña desde poco después de que se inaugurara el establecimiento hotelero.
El Ministerio de Industria exige a la empresa que presidía Alfonso García Pozuelo, que aparece como presunto donante ilegal del PP en las anotaciones de Luis Bárcenas, el pago del casi millón de euros que costará la rehabilitación del tejado del Palacio Ducal de Lerma y que el Gobierno ha adjudicado a Acciona después de rechazar dos ofertas por ser desproporcionadamente bajas.
El concurso para realizar estas obras está avalado por el Consejo de Estado, que dio la razón a Turespaña en sus quejas por "vicios ocultos en la ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento para Parador de Turismo" de ese edificio, que se adjudicaron a Hispánica en octubre de 1999.
La idea de convertir ese espacio en un establecimiento hotelero fue de Aznar en sus tiempos al frente del Gobierno regional, según Efe, y lo hizo realidad tres años después de llegar a La Moncloa. Su interés le llevó incluso a visitar las obras en abril de 2002. El presupuesto inicial para ese proyecto fue de 916 millones de pesetas (5,5 millones de euros), pero poco después de que el expresidente viajara a Lerma tuvo que ampliarse. El coste total superó los 6,6 millones de euros.
Peligro para clientes y peatones
Los problemas comenzaron tan solo seis meses después de la inauguración, a la que asistieron el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera. Un informe realizado por los servicios técnicos de Turespaña señaló que tan solo medio año después de "la entrada en funcionamiento del parador comenzaron a desprenderse losas de pizarra del tejado, precipitándose en algunos casos sobre el suelo desde gran altura".
En un estudio realizado en 2007, el departamento dependiente del ministerio que dirige José Manuel Soria alertaba de que la "rotura y caída" de partes de la bovedilla y el "desprendimiento de losas de pizarra, cornisa o remates de la cubierta suponen un riesgo para los ocupantes del parador y viandantes de sus alrededores".
Un nuevo informe de los técnicos de Turismo, respaldado por un "especialista en la materia", constataron tres años después que el tejado de pizarra del edificio se encontraba en "estado de grave deterioro por mala ejecución", es decir, que el problema partía de las obras realizadas por la constructora Hispánica. De hecho, los técnicos entendían que "la única solución viable era el levantamiento de la cubierta y su nueva ejecución".
Uso de materiales inadecuados
Sin embargo, la compañía de García Pozuelo, que solo se mostró dispuesta a hacer "reparaciones puntuales", aseguró que los problemas se debían a la falta de mantenimiento de la cubierta. Así, Hispánica propuso que el Estado la contratara para realizar el mantenimiento (consistente en dos visitas al año) por 3.700 euros más IVA. También ofreció reparar la pizarra de "zonas puntuales" de la cubierta y acusó del mal estado a "intervenciones de terceras empresas ajenas" y al daño producido por el viento.
Turismo aceptó la propuesta, por un importe de 23.324 euros, y dio el visto bueno a las obras en junio de 2011. Tan solo un mes y medio después, se produjeron nuevos desprendimientos.
Los servicios técnicos de Turismo concluyeron en 2013 que las obras puntuales no habían sido suficientes para subsanar los daños del tejado del palacio y advirtieron de que su estado era de "grave deterioro". Pese a que Hispánica insistió en la falta de mantenimiento, un informe de Turespaña fue tajante: los desperfectos se debían a la utilización de materiales inadecuados y a la incorrecta ejecución generalizada de las obras.
Hispánica debe pagar
A partir de esa resolución, el organismo público procedió a abrir un expediente a Hispánica para que se hiciera cargo de la rehabilitación completa de la cubierta o que, en caso de no ejecutar un proyecto de forma voluntaria, se hiciera cargo de los gastos, daños y perjuicios originados. El Consejo de Estado avaló esa decisión en febrero del año pasado.
La rehabilitación de la cubierta salió a concurso y Acciona fue la adjudicataria del proyecto por valor de 646.925 euros. El Parador de Lerma está ahora cubierto por andamios mientras se solucionan los "vicios ocultos" de las obras.
El ministerio ha iniciado un expediente para "reclamar a la constructora la cantidad" que se derive de la rehabilitación, según han confirmado fuentes oficiales de Turismo a eldiario.es, aunque está a la espera de que la medida sea respaldada de nuevo por el Consejo de Estado.
* El Diario - Irene Castro - 18.1.15
Foto: José María Aznar, acompañado de Juan Vicente Herrera, atiende las explicaciones de los técnicos durante la visita que realizó a las obras de rehabilitación del Palacio Ducal de Lerma en abril de 2002. / Federico Vélez (Efe)
Medina del Campo.- La Fundación Simón Ruiz quiere vender el antiguo hospital al no poderlo mantener
Realmente lamentable es el estado del Patrimonio histórico-artístico en la mayor parte de Castilla y León, una comunidad donde existe la mayor concentración de monumentos del país. Los casos de abandono institucional son innumerables, y aquí ya hemos hablado anteriormente de Medina del Campo, una localidad con alguno de los BIC más notables, como la única y perdida Casa Blanca, un palacete renacentista campestre sin parangón... o el gran Hospital de Simón Ruíz, otro ejemplo renacentista a semejanza de unos pocos italianos. El enorme edificio de ladrillo se va viniendo abajo, trozo a trozo, sin que las autoridades competentes de la Junta, ni otras administraciones, hagan nada al respecto. Triste espectáculo de lo mejor de nuestra historia.
"NORTECASTILLA* : «Desesperados y muy entristecidos». Este es el estado de ánimo en el que se encuentran los patronos de la Fundación Simón Ruiz de Medina del Campo, quienes a última hora de la mañana de ayer mantuvieron una reunión de urgencia para abordar el reciente derrumbe de la espadaña de la capilla funeraria del patio de la antigua huerta del inmueble.
Los patronos, «angustiados» ante la posible caída de más partes del edificio –«el tejado norte está fatal»–, ven como una posibilidad para su mantenimiento integral su venta o alquiler. Se trata, dicen, de un inmueble único. «Tan solo hay cuatro edificios de estas características en Europa, sobre todo en la zona de Milán». La venta o el alquiler son las dos opciones que los patrones ven más plausibles, pero tampoco tienen mucha fe en ellas, ya que para que el Simón Ruiz pueda ser vendido deberían pedir autorización al protectorado y registro de Fundaciones, un ente dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad.
Los únicos fondos que la Fundación Simón Ruiz posee son los alquileres del arrendamiento de las tierras que el banquero dejó en herencia. Estos alquileres están destinados en su totalidad a mantener la labor social que desde hace años realizan con niños con discapacidad en Medina. «No tenemos dinero para afrontar ningún tipo de rehabilitación, ni parcial ni integral, del Simón Ruiz», comentan los patronos, quienes puntualizan que ni siquiera pueden encargar un estudio completo a un arquitecto para que determine el estado en el que se encuentra el inmueble.
Ante este problema grave de fondos, los patronos ya se han puesto en contacto con todas las administraciones públicas (Ministerios y Junta de Castilla y León) y con multitud de entidades privadas para ver si «brindan su ayuda» para «no perder este edificio, único en España».
Además de mandar varias misivas a las administraciones públicas, el patronato ha lanzado un llamamiento para ver si algún arquitecto, de manera desinteresada (sin retribución alguna), puede elaborar un exhaustivo informe sobre el estado en el que se encuentra este inmueble (que incluye el hospital, la iglesia y la ermita), catalogado en 1991 como Bien de Interés Cultural.
«Hemos llamado a mil puertas de manera constante y nadie nos ofrece ayuda alguna», comentan los patronos, quienes destacan que el único proyecto en firme que había sobre el Simón Ruiz fue un plan impulsado por varios empresarios de la localidad, quienes en el año 2004 quisieron recuperar el edificio creando un hotel. «Al final no se pudo poner en marcha porque Patrimonio no dio su beneplácito. Desde entonces no hemos tenido más ofertas».
La semana pasada, la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid y la Asociación de Amigos del Museo y del Patrimonio de Medina del Campo criticaron la «dejación de funciones» de los patronos de la fundación. Estos, indignados, aseguraron ayer que «en ningún momento» han desatendido la conservación el Simón Ruiz.«Constantemente estamos buscando soluciones, pero no tenemos fondos para hacer frente a ninguna rehabilitación, ya que con el presupuesto que tenemos, ni en 300 años pagaríamos la rehabilitación integral del edificio».
Tal es la situación, que la propia Fundación asegura no tener dinero «ni para limpiar la iglesia ni para arreglar la tapia, por lo que tuvo que ser reparada por el Ayuntamiento de Medina del Campo». Otro de los puntos que quisieron dejar claro desde el Patronato de la Fundación Simón Ruiz es que «tanto con la anterior corporación municipal como con la actual, cada proyecto inversor que entraba en el Ayuntamiento intentaba reservar partidas para el Simón Ruiz, para irlo rehabilitando poco a poco, pero ninguna terminó por llegar».
* El Norte de Castilla - Víctor Vela - 22.11.14
Foto: Medina del Campo, ruinas hospital de Simón Ruiz - F.Jiménez
Soria.- Los ecologistas tachan de 'burla' el informe favorable del Consejo de Urbanismo al Parque Empresarial
Una prueba más de que las Comisiones o los Consejos de Urbanismo Territoriales solo obedecen a motivos políticos la tenemos en este caso del Parque Empresarial de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Los 'populares' de la Junta de Castilla y León han informado favorablemente este proyecto, en contra de sindicatos y ecologistas y la abstención de los técnicos (faltaría más). Llueve sobre mojado en la anulada judicialmente Ciudad del Medio Ambiente (de lo que solo tiene el nombre). De nuevo los representantes políticos del PP de la Junta se quieren saltar las sentencias judiciales y seguir convirtiendo Castilla y León en un feudo primitivo y atrasado, lejos de la sostenibilidad que es norma hoy en día.
"HERALDO* : La asociación ecologista ASDEN ha calificado de "burla" a las sentencias judiciales y a la ciudadanos que el Consejo de Urbanismo de la Junta de Castilla y León haya informado este martes favorablemente el proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), según han informado en una nota.
El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio ha dado este martes su visto bueno al parque con los votos en contra de los ecologistas y los sindicatos y las abstenciones de los colegios profesionales de Arquitectos, Abogados e Ingenieros Técnicos Industriales, ha informado en un comunicado el portavoz de ASDEN, Carlos González.
En ella, ha declarado que este informe favorable responde a la "pretensión de la Junta de legalizar urbanísticamente la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) que fue aprobada por una ley regional en las Cortes de Castilla y León en 2006 y que fue anulada en diciembre de 2013 por sentencia del Tribunal Constitucional".
González ha señalado que el trámite en el citado consejo debería haber servido para informar y proponer mejorar sobre el PEMA, reconocer deficiencias e incluso proponer la desestimación del proyecto, pero la realidad ha sido muy diferente, ya que se ha dado validez, en su opinión, a las deficiencias de la declaración de impacto ambiental del citado proyecto, "en la cual se observaban descaradas anomalía".
En este sentido, ha apuntado que la Junta sigue sin considerar el informe negativo del Ministerio de Cultura por las afecciones paisajísticas al yacimiento de Numancia.
"Este Consejo de Urbanismo vuelve a ser manipulado como una mera burocracia", ha censurado.
Además, según el portavoz de ASDEN, la Junta de Castilla y León está utilizando sus "potestades de elaboración de decretos como un privilegio, respecto al resto de ciudadanos y promotores urbanísticos, para intentar regularizar una actuación que ha sido reconocida como ilegal por varias instancias judiciales".
González ha señalado que las decisiones "arbitrarias" de la Junta en este proyecto regional les costará a los ciudadanos más de cien millones de euros, "por la deplorable gestión de unos políticos incapaces".
Por último, ha avanzado que los ecologistas dedicarán su dinero y esfuerzos para recurrir a los tribunales y demostrar que lo construido en la Ciudad del Medio Ambiente -ahora PEMA- es y será ilegal "y está abocado a ser desmantelado, restaurando a su naturalidad el Soto de Garray".
* El Heraldo de Soria - EFE - 23.12.14
Foto: La Ciudad del Medio Ambiente en Soria, a vista de pájaro.- Mario Tejedor
La Fiscalía investigará el deterioro del Hospital de Medina del Campo
Medina del Campo fue en el siglo XVI el centro de las ferias comerciales de toda la península. De aquella época quedan aun importantes monumentos, a pesar de que muchos hayan desaparecido o estén en claro abandono. El gran Hospital de Simón Ruíz (BIC) es uno de los que están olvidados, lamentablemente, pues merecía mejor suerte dada su notable construcción. Pero ya se sabe que la política de Restauración y Rehabilitación de la Junta 'popular' de Castilla y León deja mucho que desear y es triste la dejadez de muchos monumentos declarados en su Comunidad. Hace pocos días el Hospital medinense sufrió otro importante derrumbe, uno más, por lo que por fin parece que la Fiscalía se ha dignado actuar ante la denuncia efectuada por 'Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid' que llevan largos años defendiendo una urgente restauración integral.
"ELADELANTADO* : Fiscalía de Valladolid acordó abrir diligencias penales ante el deterioro del Hospital de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá de Medina del Campo, declarado Bien de Interés Cultural y conocido como Hospital de Simón-Ruiz. En estado de ruina, el pasado día 13 de noviembre el inmueble sufrió el derrumbe de parte del mismo, en concreto de la espadaña de la capilla.
Tal circunstancia llevó a la Fiscalía vallisoletana a decretar la apertura de diligencias para “verificar el alcance y posible relevancia penal de los hechos”.
Así, entre otras pruebas, la acusación pública pidió que se librase oficio a la Sección de Patrimonio Histórico del Servicio Territorial de Cultura de Valladolid y al Ayuntamiento medinense para solicitar informe acerca del estado actual del BIC, última restauración que se hubiese llevado a cabo, medidas ejecutadas desde la misma para su conservación y si se adoptó o está prevista alguna con carácter urgente, tras producirse el derrumbe de parte del inmueble.
Y es que la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo recordó a que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León asignase la “máxima protección y tutela” a los BIC y en su artículo 2 señala como deberes de la Comunidad “garantizar la conservación de su patrimonio cultural”, mientras que el artículo 24.1. deja bien claro que los propietarios están “obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.
En este sentido, la aludida norma prevé la ejecución subsidiaria e incluso directa por la Administración de las obras necesarias para la eficaz conservación de los bienes, cuando los propietarios no realicen actuaciones pertinentes para el cumplimiento de sus obligaciones.
El edificio, en la confluencia de la calle Costado del Hospital y la Avenida de Portugal, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, por Decreto de 13 de junio de 1991, y protegido como tal en la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y Decreto 37/2007, de 19 de abril, del Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Comunidad.
Pese a ello, el monumento, propiedad de la Fundación Simón-Ruiz Envito, cuyo Patronato preside la alcaldesa socialista del municipio, Teresa López, sufrió un deterioro progresivo en los últimos años.
Construido a finales del siglo XVI y principios del XVII, fue Hospital de Medina del Campo hasta finales del siglo XX, después en sus dependencias albergó el Centro de Salud, algunas peñas del municipio y fue lugar donde ensayaba una banda de cornetas y tambores de Medina del Campo.
En los últimos años dejó de tener uso salvo el de almacén municipal, a pesar de que es BIC y está prohibido este uso. Su actual estado, según refiere la Fiscalía, propició incluso el acceso de terceras personas que llegaron a sustraer elementos del Retablo Mayor de la capital, hechos por los que se siguió procedimiento abreviado en el Juzgado de lo Penal 2.
La apertura de la presente investigación respondió así a la denuncia pública formulada a mediados de noviembre por la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid, que, pese a algunas opiniones locales minimizaron lo ocurrido, ya alertaba entonces de la “pérdida irreparable” del monumento ante la particularidad de cada una de las partes del Hospital así como de la construcción en ladrillo mudéjar datada a finales del siglo XVI y principios del XVII.
“Desgraciadamente este derrumbe no será el último si no se acometen en breve actuaciones puesto que el tejado cercano a la iglesia está en malas condiciones, incluso un lateral de la primera planta está en estado lamentable”, apuntó el colectivo.
La asociación incidió además en que el derrumbe coincidió con la celebración de la pasada Feria AR&PA de la Junta en la que la temática de este año era ‘Sociedad y Patrimonio’.
Sin embargo, a fecha actual no se produjo ninguna actuación al respecto ni existe un programa de rehabilitación y gestión del edificio, pese a los “numerosos intentos” en los últimos años por rehabilitarlo y propuestas para darlo una “gestión sostenible y eficaz”, una de las “prioridades” en la sociedad medinense, lamentó el colectivo.
Por ello, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid urgió en noviembre a la Fundación Simón-Ruiz a buscar una solución “urgente” puesto que es un edificio “fantástico y único” en toda España pero que “se viene abajo” por no acometer el problema de forma “directa”.
* El Adelantado - EP - 1.12.14
Foto: Medina del Campo, hospital de Simón Ruiz - museoferias
El alcalde de Arroyo abandona la alcaldía por corrupción un año después de ser condenado
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Los partidos políticos de la denominada 'Casta' siguen hablando de corrupción día tras día, pero la realidad es que no hacen nada para evitarla y continúan 'mareando la perdiz'. La prueba es el alcalde del PP de Arroyo, un municipio importante a las afueras de Valladolid, que ha tardado todo un año en abandonar su puesto tras ser condenado por múltiples delitos urbanísticos. Tampoco la justicia ayudó demasiado ya que se le impuso una pena mínima (y tardía) para la gravedad de los hechos acontecidos. Recordar que fue sentenciado en 2013 por ser el auténtico líder de una trama que permitió recalificar en 2005 suelo industrial para que la constructora Mahía edificara 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a hacer. Uno de los mayores escándalos urbanísticos habidos en Castilla y León.
"ELDIARIO* : Tras un año de estar al frente de una Alcaldía como condenado, ahora ha dimitido. El alcalde del municipio de Arroyo de la Encomienda, a escasos siete kilómetros de la Valladolid capital, José Manuel Méndez ya ha dimitido después de conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado la condena: tres años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación.
El ya exalcalde de Arroyo de la Encomienda fue el principal condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado ‘caso Arroyo’, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de Castilla y León. En la sentencia, de noviembre de 2013, se le consideraba el verdadero líder de una trama que permitió recalificar en 2005 suelo industrial para que la constructora Mahía edificara 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a hacer.
Desde entonces, 2005, José Manuel Méndez –entonces en las filas del PP- ha logrado auténticas prebendas políticas y una cercana casi inmunidad política y periodística. Desde 2005 hasta ahora es difícil encontrar una noticia crítica hacia su gestión, a excepción de algún medio de comunicación. Y desde esa fecha hasta ahora su poder, sus prebendas o su inmunidad ha hecho que, incluso, se dinamitara al PSOE en la localidad y a algún periodista de Valladolid que comenzó a publicar informaciones sobre este asunto.
El concejal socialista Ismael Bosch dejó la política de primera línea después de dos mandatos al frente del PSOE en esta localidad golpeado por la falta de apoyo ciudadano, ya que cada elección suponía una mayor pérdida de votos. Además, tampoco estuvo amparado por su partido durante su lucha contra la corrupción en Arroyo de la Encomienda.
Méndez recibió el jueves la sentencia del Tribunal Supremo y horas después lanzó un comunicado de prensa en el que anunciaba su intención de dejar el Ayuntamiento: “Siempre he creído en el Estado de Derecho y por tanto, he seguido siendo alcalde mientras no hubiese una sentencia condenatoria firme», dijo. Y si después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, en noviembre del pasado año, dijo que era “inocente”, ayer todavía insistía en la idea de que ha actuado “con honradez y siguiendo en cada una de mis decisiones, los informes jurídicos y técnicos que indicaban la legalidad de las resoluciones de Alcaldía o de los acuerdos del Pleno y Junta de Gobierno».
Pero la realidad es que la condena ya es firme. Como él pedía para dimitir. Y así lo ha hecho. Ahora solo falta por conocer de la Audiencia vallisoletana el momento de su entrada en prisión.
Por su parte, Verónica Calvo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arroyo, dijo ayer que “ni comparte ni respeta” la continuidad del grupo político de José Manuel Méndez, Independientes por Arroyo, “un grupo político sobre cuyos concejales planea la duda de transparencia y honradez, toda vez que todos y cada uno de ellos han sido hasta el día de hoy, cómplices y cooperadores necesarios para la aprobación de todas y cada una de las decisiones que afectaban al ámbito municipal, permitiendo con su voto y su condescendencia la permanencia al frente de un regidor hoy condenado por sentencia firme.
“Desde luego no podemos obviar que los hechos por los que ha sido condenado José Manuel Méndez fueron cometido cuando se encontraba en las filas del Partido Popular, un Partido Popular que en Arroyo que se ha mantenido en silencio sin aprobar ni votar a favor de ninguna Moción presentada por este Grupo, ni apoyando la celebración de un Pleno en el que se pudiera debatir la Incompatibilidad del señor Méndez”, añadió Verónica Calvo.
* El Diario - Justino Sanchón - 27.11.14
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), alcalde, delegado territorial y mahía - elnorte
Un sacerdote de Valladolid declara por irregularidades urbanísticas
"Con la Iglesia hemos topado". Cerrando el círculo de la corrupción urbanística en este país, no podía faltar una institución tan consolidada e influyente como la Iglesia Católica. Si en otras ocasiones ha venido a este blog por motivos relacionados con ilegalidades en su inmenso patrimonio histórico-artístico, aquí, dando un paso más, es la especulación inmobiliaria pura y dura. En Valladolid, una Fundación religiosa escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico, en cuanto a irregularidades urbanísticas se refiere. La llegada de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo a la capital castellana disparó los oscuros negocios inmobiliarios, hecho por el que ya había sido denunciado por la propia Unesco cuando estuvo de obispo en Salamanca.
"DIAGONAL* : El sacerdote de la diócesis de Valladolid, Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid en calidad de imputado como consecuencia de las graves irregularidades urbanísticas relacionadas con dicha fundación.
El acto resultó muy breve, pues no estuvieron presentes ni el juez ni el fiscal y el imputado se negó a responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación particular.
La Fundación Emilio Álvarez Gallego fue creada en 1973 por el sacerdote del mismo nombre. Su objeto inicial fue la ayuda a personas sordomudas y, con posterioridad, fue ampliado a protección y ayuda a todo tipo de minusválidos físicos. Para establecerse y llevar a cabo su labor se nutrió en su inicio de donaciones de terrenos hechas por el Ayuntamiento de Valladolid, que los expropió con ese fin. En ellos se crearon, por ejemplo, escuelas profesionales o salas de tratamiento para personas minusválidas.
Sin embargo, a partir del año 2002 todo cambió en la actividad de la fundación. Un factor clave en la deriva experimentada fue la llegada a Valladolid de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo. Éste había ejercido con anterioridad como obispo en Salamanca y en la capital charra ya se prodigó en negocios urbanísticos con las autoridades políticas de la ciudad y con las principales empresas constructoras, hasta el punto de protagonizar actuaciones que provocaron que la Unesco advirtiera de que si continuaba esa política urbanística agresiva con el patrimonio tendría que retirar a Salamanca la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
En el primer número de Diagonal se relataron algunas de las actuaciones urbanísticas protagonizadas por Braulio Rodríguez Plaza en Salamanca, destacando la venta de la edificabilidad del vuelo de las tumbas del cementerio, dentro de la figura de 'transferencia de edificabilidad', procedimiento especulativo consistente en que los constructores compran suelo barato en los extrarradios y se lo entregan al Ayuntamiento a cambio de que la edificabilidad que les correspondía a esos solares fuese transferida a la zona centro, donde construir es mucho más lucrativo. Asimismo, se agregó a la edificabilidad de las parcelas allí existentes el aumentar las alturas o reducir zonas verdes, de forma que los barrios de la periferia se llenaron de solares sin construir, ya que su edificabilidad se trasladó, y en el centro alcanzó cotas altísimas que sobrepasaban los límites legales de densidad de población.
Como obispo, Braulio Rodríguez Plaza se apuntó a las trasferencias de edificabilidad y 'vendió' el vuelo del cementerio, la supuesta edificabilidad del mismo (teórica, que no real, pues allí no se iba a construir nada; el cementerio quedaba intacto, transfiriéndose la edificabilidad a otro lugar). Por tanto, la operación supuso embolsarse millones de euros a cambio de nada.
Para que todo ello fuese posible, el Ayuntamiento de Salamanca cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitiendo las transferencias de edificabilidad (que más tarde fueron declaradas ilegales por los juzgados) y recalificando el cementerio, que pasó de ser terreno no edificable a ser considerado terreno edificable. Esto hizo posible la firma del convenio urbanístico de 'venta' con el Obispado. Lo mismo ocurrió con el Campo de Tiro, del que eran accionistas cargos políticos del PP.
Con esa experiencia de tratar con los poderes públicos para cambiar los planes urbanísticos llega Braulio Rodríguez Plaza al Arzobispado de Valladolid. Lo primero que logró fue una segregación de parte de los terrenos del Seminario diocesano, calificados como suelo deportivo (en el lugar se encontraba un campo de fútbol), y como el PGOU no permite construir hacia arriba, pues idea hacerlo hacia abajo: un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para alrededor de 900 plazas. El alcalde, Javier León de la Riva, aprueba el proyecto y se lo adjudica a una empresa, Parkosa, creada días antes, con un capital de tan sólo 10.000 euros.
Este proyecto proporcionó unos altísimos beneficios (alrededor de 18 millones de euros) tanto al Arzobispado, al vender el subsuelo, como a los promotores, ya que cada plaza de garaje fue vendida por cerca de 29.000 euros al contado, o por algo más de 34.000 si se adquiría con financiación.
Según ha manifestado a Diagonal Ángel Ceballos, histórico dirigente de las asociaciones vecinales de Valladolid, “aproximadamente un tercio de esas plazas de garaje están embargadas, por lo que las mismas y la deuda generada pasarán previsiblemente al “banco malo” y acabará pagándose por todos los ciudadanos”.
Tal como indica Ceballos, “tras hacerse el parking subterráneo en los terrenos del Seminario se ha visto que han dejado hechos cimientos, lo que hace pensar que tienen intención de construir por encima en cuanto puedan cambiar la normativa. De momento está parado, pero seguro que un día lo retomarán y, suponiendo que tenga un mínimo de cuatro plantas, obtendrían un beneficio adicional de 40 millones”.
Respecto a la Fundación Emilio Álvarez Gallego, el Patronato consideró que actualmente las necesidades de las personas minusválidas ya las cubre el Estado, por lo que no es necesaria la labor de la fundación, y planea desmantelarla. Para ello entra en contacto con operadores inmobiliarios y con políticos.
Según consta en documentación entregada en el juzgado, Lino Collazos manifiesta que fue el propio alcalde quien se dirige a la fundación para tratar de la urbanización de los terrenos y locales que ocupa la misma fundación, en pleno centro de Valladolid.
En 2003 se lleva a cabo un estudio de detalle y se modifica de forma irregular el PGOU. La intención es demoler los edificios, reordenar el sector incrementando la edificabilidad y cambiando los usos a residenciales y hoteleros. Incluso una arquitecta municipal informa hasta en cuatro ocasiones en el plazo de tan sólo siete meses de que había serias contradicciones en el planeamiento del estudio de detalles, sin que el Ayuntamiento le hiciera caso.
Irregularidades
La primera actuación fue la venta del subsuelo por 6 millones de euros a la empresa Parkosa (la misma que se había hecho con los terrenos del Seminario), para que construyera otro parking subterráneo, de 454 plazas para automóviles y 28 para motocicletas, y de cuya venta está previsto obtener más de 28 millones de euros. Todo ello amparado en la figura de “aprovechamiento en subsuelo”, creada ad hoc y sin parangón en el ordenamiento jurídico.
La adjudicación se hizo mediante concurso restringido pese a que la normativa exigía que se hiciera mediante concurso abierto, y la venta se hizo sin la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones, organismo de la Junta de Castilla y León.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Valladolid presentó denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), alegando que el subsuelo estaba tasado en más de 14,5 millones de euros, por lo que al venderlo por 6 se estaba provocando una pérdida patrimonial a la Fundación Emilio Álvarez Gallego de más de 8,5 millones de euros, a favor de la empresa Parkosa. Ese perjuicio a la fundación se añade al del valor de los edificios demolidos, sobre 35 millones de euros, por lo que el perjuicio a la fundación ronda los 44 millones de euros. El TSJCyL falló a favor de la federación.
El Arzobispo maniobró para hacer dimitir al presidente de esta federación, Luis Alberto Redondo, y presentó recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL, que fue desestimado.
También Julia Álvarez Arregui (sobrina del fundador), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y la Fiscalía Anticorrupción denunciaron los hechos.
Pese a la negativa del Protectorado de Fundaciones a autorizar la venta del subsuelo, las obras del parking se iniciaron, por lo que el proyecto está en el limbo (hecho el parking pero sin autorización), por lo que ha generado deudas de casi 15 millones de euros con la Caja del Círculo Católico (la Caja de la Iglesia). Ángel Ceballos indica a Diagonal que “si esa deuda acaba en el banco malo, de nuevo la pagaremos todos los ciudadanos”. Además, el Ayuntamiento no ha cobrado ni un solo euro por ningún concepto.
El Protectorado de Fundaciones, pese a no dar autorización, no se ha personado en la causa, habiendo dimitido el alto cargo responsable de este organismo.Y el Ayuntamiento vallisoletano, pese a todas las irregularidades, en su huida hacia delante ha firmado un convenio con la fundación para construir en sus terrenos un complejo hotelero, viviendas y oficinas.
Ángel Ceballos ha querido resaltar para Diagonal que “son los mismos protagonistas del expolio del aparcamiento del Seminario: el arzobispo, la empresa Parkosa (con Antonio Alberto Pastrana González como administrador único, dándose la circunstancia de que el arquitecto Elesio Gatón Gómez lo es tanto de Parkosa como del Arzobispado), el bufete de abogados Cantalapiedra (hermanos de la concejala Mercedes Cantalapiedra Álvarez, y bufete en el que curiosamente tenía su oficina el perito que realizó la tasación a la baja), y el alcalde como conseguidor. Parkosa es la misma empresa que adquirió un terreno industrial en el Pinar de Antequera y que el Ayuntamiento vallisoletano recalificó como residencial, tras una tala ilegal de árboles”.
Para Ceballos, “este escándalo escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico" y "se trata de una modificación fraudulenta del PGOU sobre bienes de una fundación que, aunque es de la Iglesia, no puede disponer de ella a su antojo porque se tiene que atener a los objetivos fundacionales, y si no los cumple el Ayuntamiento tendría incluso que exigir la reversión de los terrenos que en su día expropió para donárselos a la fundación, pero debido a esa confluencia de intereses está ocurriendo lo contrario".
Braulio Rodríguez Plaza ostentó el Arzobispado de Valladolid hasta 2009, año en que fue ascendido a arzobispo de Toledo y Primado de España.
* Diagonal - ALBA C. - 24.11.14
Foto: Parking del Seminario, en Valladolid.- diagonal
El TSJ obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 20 millones por el caso Zambrana
"ELDÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que le obligaba a expropiar una parcela situada junto al Centro de Menores Zambrana y el Hospital Río Hortega. Esta resolución implica que deberá pagar a la comunidad de herederos de J.Puentes una cantidad que actualmente supera los 20 millones de euros.
Este recurso fue interpuesto por el Consistorio en enero de 2014 ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que obligaba a llevar a cabo la expropiación como consecuencia de la negativa del Ayuntamiento a pagar el justiprecio establecido en junio de 2012 por la Comisión Territorial de Valoración (CTV), valorado a petición de la familia, que estaba amparada por la figura de expropiación informa Europa Press.
El equipo de Gobierno alegó con el fin de revocar la sentencia y confirmar la legalidad de dos acuerdos de la Junta de Gobierno municipal de febrero y abril de 2013. En ambos se desestimaba la solicitud que habían presentado los herederos para que se les pagara el justiprecio fijado por la resolución de la CTV, 16,77 millones de euros.
Esta resolución judicial desestima dicho recurso porque asegura que el Ayuntamiento basa sus argumentos en «la inviabilidad o improcedencia de la expropiación ministerio de la ley», algo que considera que «no puede ser alegado» por una administración que «consintió el justiprecio» en el año 2012 y no formuló un alegato contrario al mismo durante los seis meses de plazo que existían para impugnar el acuerdo.
La trayectoria administrativa de estos terrenos de la finca Zambrana se remonta al año 1943, cuando el Estado los expropió para construir el Centro de Menores Zambrana. En sus proximidades, también se ha levantos el nuevo Hospital Del Río Hortega.
En 2007, al quedar una parcela de la finca sin edificar y después de un largo proceso litigioso iniciado en 1998, los herederos obtuvieron la reversión de los terrenos previo pago de una cantidad, según fuentes de la familia, de 4,5 millones de euros, e iniciaron una serie de escritos con el Consistorio para reclamar al mismo el cambio de la calificación urbanística de los terrenos, de suelo de sistemas generales a residencial y, finalmente, optaron por acudir a la expropiación forzosa.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad de herederos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por el que se denegó la iniciación del expediente expropiatorio en el que la Comisión Territorial de Valoración, que fijaba el justiprecio de los terrenos en 16,77 millones de euros. De hecho, existe otro pleito pendiente de resolver en el que la familia propietaria de la parcela reclama una cantidad de 96 millones de euros, de acuerdo con una valoración de los terrenos «según precio de mercado».
No cabe recurso. Además se condena al Consistorio a abonar a los propietarios el 5% de la cantidad de los 16,7 millones en los que están valorados los terrenoen concepto de ‘premio de afección’ y de los intereses devengados, que la sentencia de diciembre de 2013 elevaba a 1,99 millones de euros y que, según han señalado fuentes de la familia, aumentarían en otros 700.000 euros por la demora de estos once meses.
Con todo ello, el Ayuntamiento deberá abonar a los demandantes una cifra cercana a los 20,3 millones de euros a cambio de esta parcela de 53.000 metros cuadrados.Los herederos pedirán su ejecución inmediata, según confirmaron ayer a El Día de Valladolid.
Este caso motivó la primera Comisión de Investigación en todos los años de León de la Riva como alcalde para dilucidar si hubo una mala gestión o negligencia. El PSOE anunció ayer que pedirá un Pleno Extraordinario para exigir responsabilidades por la «nefasta» gestión del alcalde, mientras IU pide su dimisión.
* El Día - 19.11.14
Foto: alcalde Valladolid - elpais
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Prende la chispa de Gamonal y los vecinos de Burgos se lanzan a parar las obras de la plaza de toros
De nuevo el barrio burgalés del Gamonal al ataque. Harto ya de las mentiras y promesas del alcalde incumplidas y con la justicia y los medios al servicio del cacique 'popular' Méndez Pozo, han vuelto a la calle a reivindicar sus derechos ciudadanos vilmente pisoteados por la mafia local. Buscan frenar una obra de 5,6 millones de euros que consideran innecesaria y que el Ayuntamiento del PP ha adjudicado al constructor Méndez Pozo, 'El Jefe de Burgos'. Se merecen un sonoro aplauso por su lucha continua por el bien común de la ciudad.
"PÚBLICO* : Burgos revive estos días la chispa de las protestas de Gamonal, que en enero de este año obligaron al Ayuntamiento del Partido Popular a tirar la toalla, renunciando a desarrollar una serie de obras que los vecinos consideraban innecesarias.
El contexto es parecido, la cifra de gasto es similar, y los actores son prácticamente los mismos: el Ayuntamiento de Javier Lacalle, el constructor Méndez Pozo, y los vecinos de un barrio obrero que en este caso han intentado atraer a otros habitantes de Burgos, para intentar parar una obra de 5,6 millones de euros en una plaza de toros que se usa unos pocos días al año, y cuya situación actual describen como "ruinosa".
Todo, en la misma ciudad en la que el pasado año cerró al menos una guardería pública, y en la que los burgaleses denuncian con insistencia el "caciquismo" del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo : magnate de la comunicación y dueño del grupo Promecal, constructor, y en otra época cercano a altos cargos de PP y PSOE -de José María Aznar a José Bono- que en los años 90 fue condenado a siete años de cárcel por falsificación de documentos, aunque sólo estuvo 9 meses en prisión. "Hay más miedo a criticar a Méndez Pozo que al rey de España", aseguraban en enero los vecinos de Gamonal a este diario.
Méndez Pozo, también conocido como el Jefe de Burgos, se ha hecho con la adjudicación de la obra -en una UTE entre su constructora, Río Vena, y la empresa pública Sacyr-, aunque ni siquiera presentó la oferta más barata para remodelar la Plaza de Toros El Plantío: "Una cubierta para un recinto que sólo se usa unos días al año, y en el que ya en los 90 empezó a detectarse aluminosis", asegura a Público Manuel Alonso, la cara más visible de las protestas de Gamonal del pasado mes de enero.
Junto a otros vecinos de la asamblea del barrio Burgalés, Alonso ha promovido la constitución de la Asamblea Contra la Especulación, que aglutina a vecinos de otros barrios de la ciudad, y que critica la decisión del Ayuntamiento del PP de remodelar una plaza "que ha habido que reforzar con estructuras de hierro en varias ocasiones". "Ahora quieren hacer una cubierta que la tape, que la proteja, pero no se puede gastar ese dinero para usarla seis días al año", apunta.
El Consistorio de Lacalle asegura que después de esta actuación podrán darle más usos al recinto, pero Alonso rechaza este argumento, insistiendo en que sólo se usa durante las épocas en las que se celebran corridas de toros, en las fiestas, precisamente cuando acuden artistas a la ciudad burgalesa. "Cuando vienen cantantes a las fiestas, no se va a sacar a los toros para meterlos a ellos en la plaza", razona. En relación al coste de la remodelación, Alonso asegura también que será mayor de lo presupuestado, ya que "a medida que trabajan van encontrando más deficiencias".
Para frenar la obra, este lunes se concentrarán a partir de las siete de la mañana en la plaza: "Nos pondremos debajo de las máquinas", apunta, insistiendo en que no tienen nada en contra de los trabajadores, pero no están dispuestos a permitir que la obra se lleve a cabo. Así, volverán a aplicar la fórmula que en enero les permitió ganar su pulso con el Ayuntamiento, y evitar una actuación urbanística que rechazaron desde el principio.
La Asamblea lleva desde septiembre criticando esta decisión del Ayuntamiento, que ha vuelto a levantar ampollas al adjudicar la obra al "cacique de aquí". Alonso insiste en que un consistorio con "casi 160 millones de euros de deuda", no puede permitirse una obra "totalmente innecesaria", en una ciudad con una alta tasa de parados, y con "miles de personas con necesidades".
Cinco detenidos y seis policías heridos el sábado
Durante la tercera jornada de protestas de esta semana, la noche del sábado al domingo, cinco personas fueron detenidas, y seis policías nacionales resultaron heridos, según la Delegación del Gobierno de Burgos.
Una vez más, la versión de Alonso difiere bastante a la de las fuentes oficiales. El portavoz de la Asamblea contra la Especulación asegura que la Policía Nacional cargó contra los manifestantes a su llegada a las inmediaciones del domicilio del alcalde, Javier Lacalle, cuya vivienda construyó precisamente la constructora del Jefe de Burgos.
Alonso defiende que sólo uno de los manifestantes "intentó empujar a los policías", después de que estos le propinaran varios golpes, y asegura desconocer el motivo por el que detuvieron a los otros cuatro. Dos de los detenidos eran menores de edad, y fueron puestos en libertad el sábado, mientras que los otros tres fueron llevados ante la juez de guardia este domingo, para después ser puestos en libertad con cargos.
Esta jornada de protestas se saldó con la quema de varios contenedores, y con la rotura de lunas de entidades bancarias, como reconoce Alonso. No obstante, insiste en que el carácter general de las protestas es pacífico, y para preservarlo han decidido no convocar acciones este domingo. Seguirán escribiendo la hoja de ruta de sus reivindicaciones el lunes, en caso de no lograr su objetivo de parar las obras.
* Público - ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL - 10.11.14
Foto: Plaza Toros Burgos - publico
El juez manda a prisión al presidente de la Diputación de León
La llamada 'Operación Púnica', a cuya cabeza estaba el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, se ha llevado por delante a numerosos implicados entre los que se encuentra el presidente de la Diputación de León, M.Martínez, que puso en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al empresario A.Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Esto le supuso incurrir en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Nada más y nada menos.
"ELPAÍS* : El juez de la Audiencia Nacional, E.Velasco, ha dictado el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en la Operación Púnica, y para el empresario conseguidor Alejando de Pedro Llorca. Según han informado en fuentes jurídicas, Velasco también ha dictado orden de ingreso en prisión eludible bajo el pago de una fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta. Los tres han prestado declaración a lo largo de la mañana.
No sérá hasta este viernes cuando tome declaración a los dos supuestos cabecillas de la trama de corrupción desarticulada a través de la operación Púnica, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, según han informado fuentes jurídicas.
Tras el resto de declaraciones de este jueves, Velasco ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, del PP. También ha enviado a la cárcel sin fianza a Ana María Álvarez, secretaria de David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama corrupta y para Pedro García, empleado de la empresa Cofely, la sociedad más beneficiada por los contratos amañados de la trama. Estas prisiones incondicionales se suman a la decretada en la mañana de este jueves para el presidente de la Diputación de León y para el supuesto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro Llorca.
Tras tomar declaración a 15 de los 17 imputados previstos para este jueves, el juez Velasco ha enviado también a prisión, en este caso eludible bajo fianza de entre 25.000 y 100.000 euros, al resto de los que han declarado, excepto uno, el exalcalde de Cartagena (Murcia), José Antonio Alonso, del PSOE, que ha quedado en libertad sin medidas.
Las fianzas para salir de prisión son las siguientes. Para José Javier Hernández, concejal de Hacienda de Valdemoro, 60.000 euros; Alfredo Ovejero, jefe de gabinete de Valdemoro, 25.000 euros; José Luis Navarro, arquitecto municipal de Valdemoro, 100.000 euros. Para los empresarios vinculados a Marjaliza Eduardo de la Peña y Antonio Serrano 50.000 euros y 100.000 euros respectivamente. Por la mañana, el también empresario del grupo de Marjaliza José Luis Huerta fue encarcelado bajo fianza de 300.000 euros.
Finalmente, para los tres directivos de Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez de la Cueva y José Antonio Hernández, el juez los envía a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros a cada uno.
El PP ha abierto expediente disciplinario para expulsar a Martínez, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea. En una declaración a los periodistas, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP y el secretario general de este partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exigido a Marcos Martínez "la inmediata devolución" del acta de concejal del municipio leonés de Cuadros -del que es alcalde- y de su escaño en la Diputación de León -de la que es presidente-, informa la agencia EFE. En el caso de que no devuelva las actas, el PP actuará para proceder a su sustitución como alcalde y presidente de la Diputación leonesa, para lo que no descarta incluso "interponer una moción de censura si fuera necesario".
Según el auto del juez, Marcos Martínez puso supuestamente en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Además, dice el auto, Martínez participó supuestamente "en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
Por su parte, el conseguidor De Pedro Llorca es situado por el juez en la "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza". Según el auto, "se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto". El escrito del juez Velasco sostiene, además, que los trabajos de De Pedro Llorca "le abrieron la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros en Murcia, León y Madrid".
Finalmente, José Luis Huerta Valbuena, que deberá depositar 300.000 euros si quiere salir de la cárcel, se apoyó en Francisco Granados para influir sobre los contratos de empresas públicas que dependían del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de Valdemoro.
De los que ya comparecieron en la jornada de ayer, el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), han pagado sus respectivas fianzas de 60.000 euros, con lo que han quedado en libertad. También ha abandonado la prisión tras pagar una fianza de 25.000 euros Antonio Cándido Ruiz García, administrador y socio de empresas vinculadas al empresario David Marjaliza, constructor socio de Francisco Granados y uno de los cerebros de la trama.
De los que también pasaron por la Audiencia durante este jueves queda en prisión Antonio Borrego, el jefe de Gabinete de Fraile, para quien el juez dictó una fianza de 60.000 euros. Por su parte, Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba, y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla quedaron en libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente. Estos dos imputados disponen de diez días para depositar la garantía y eludir la cárcel.
El juez Velasco ha reanudado las declaraciones de la Operación Púnica sobre la trama de cobro de comisiones ilegales encabezada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. Los interrogatorios de este jueves se iniciaron a las 11.20 con la declaración de José Luis Huerta, cuya empresa promotora de conciertos era una de las sociedades de David Marjaliza. La fiscalía había pedido para el empresario prisión provisional sin fianza, pero al final el magistrado ha decidido imponerle una fianza de 300.000 euros.
Huerta, supuesto testaferro de Marjaliza, es uno de los cinco imputados que no pudo interrogar ayer el magistrado. Velasco suspendió las comparecencias a las 22.00, antes de que pudiera interrogar a Didier Maurice, el consejero delegado de Cofely, la empresa más beneficiaria de los contratos amañados por la red de Granados; a Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de esta compañía dependiente del gigante energético francés GDF Suez y a otros dos empresarios vinculados a Marjaliza: Antonio Serrano y Eduardo de la Peña.
Tras la comparecencia de Huerta ha pasado a disposición del juez instructor el presidente de la Diputación de León. Para Martínez, la fiscal Anticorrupción Carmen García había pedido la prisión incondicional. En las próximas horas está previsto que el magistrado interrogue a Granados y Marjaliza, que todavía no han sido trasladados a las dependencias de la Audiencia Nacional.
El magistrado asume que Granados, con su “trama organizada” de “relaciones personales e influencias políticas”, consiguió la adjudicación irregular de contratos públicos en su beneficio. “En diversos Ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”. La red de Granados influía “a lo largo de todo el expediente de contratación (...) desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.
El magistrado afirma en su resolución que la investigación, iniciada en febrero de 2014, ha confirmado “la existencia de nuevas cuentas en Suiza”. En ellas “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Y añade: “Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de operativa de blanqueo, en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”. Fuentes de la Fiscalía apuntan que pedirán prisión incondicional o, en el mejor de los casos, con una fuerte fianza.
* El País - Fernando J.Pérez - 30.10.14
Foto: Diputación León - tribuna
El TSJ anula las 16.000 viviendas del PGOU de Valladolid
El Ayuntamiento de Valladolid continúa regido, para su desgracia, por el machista y retrógrado 'popular' León de la Riva, habiendo tenido también innumerables casos de ilegalidad urbanística. Su dominio alcanza hasta la propia Comisión de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, que en 2009 aprobó 'in extremis', el día antes de cumplir el plazo, el Plan Parcial 'Prado Palacio', con casi 16.000 nuevas viviendas. Al estar todavía vigente la antigua Ley de Urbanismo, la cómplice Comisión intentaba evitar que dicho Plan tuviera que justificar su necesidad e idoneidad con arreglo a la nueva normativa urbanística estatal y autonómica. Es decir especulación pura y dura entre las filas del PP de Castilla y León, ya que las prisas, como sentencia el Tribunal de justicia, son siempre malas consejeras.
"TERCERA* : Por sentencia de 14 de octubre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el Plan Parcial del Área Homogénea 1 “Prado Palacio”, situada en el exterior de la Ronda Oeste de Valladolid, donde conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid estaba prevista la construcción de hasta 15.687 nuevas viviendas sobre una enorme superficie de 664 hectáreas sin servicios y completamente desconectadas de la ciudad.
La sentencia del TSJ anula el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 18 de septiembre 2009, adoptado “in extremis” por este órgano de la Junta de Castilla y León el último día con vigencia de la antigua Ley de Urbanismo, para intentar evitar que dicho Plan Parcial tuviera que justificar su necesidad e idoneidad con arreglo a la nueva normativa urbanística estatal y autonómica.
Ese mismo día, en una jornada frenética de actividad inmobiliaria, la Junta aprobó las también anuladas judicialmente Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes, con capacidad para 6.800 nuevas viviendas, y las casi 9.000 viviendas previstas en el Plan Parcial del Área Homogénea 7 de Valladolid. En junio de ese año, la misma Comisión autorizaba también ilegalmente las 5.000 viviendas de un Plan Parcial en Aldeamayor de San Martín, y en octubre aprobaba las 14.000 del anulado PGOU de Tudela de Duero.
Al igual que en las sentencias anteriores sobre las Áreas Homogéneas 5, 7 y 11 del PGOU de Valladolid, la Sala entiende que “no se ha justificado en absoluto la conveniencia de desarrollar el sector o la conveniencia de la transformación urbanística de los terrenos y más en particular que no se ha justificado que exista en Valladolid la necesidad de ampliar el suelo con destino residencial y especialmente que sea necesaria la construcción de 15.687 viviendas más”. En opinión de los ecologistas, un argumento de puro sentido común.
La Sala considera probado en base a un informe del propio Ayuntamiento de Valladolid que el número de licencias otorgadas en 2009 fue de 46 para tan sólo 506 viviendas “lo que pone de manifiesto la caída de la demanda de nuevas viviendas que se alega por la parte recurrente”. Dicho informe, “aparte de poner de manifiesto el descenso de la población en el municipio de Valladolid”, también indica que en los sectores de suelo urbanizable delimitado del municipio existe todavía capacidad para más de 19.000 viviendas.
Como novedad respecto a las otras sentencias de las Áreas Homogéneas, hay que notar que la del Área Homogénea 1 “Prado Palacio” se fundamenta en una contundente sentencia del Tribunal Supremo referida a una modificación del PGOU de Logroño, en base a la Ley estatal de Suelo, porque “no existe en el municipio necesidad para ampliar el suelo con destino residencial”; lo que permite prever que los recursos de Ayuntamiento, Junta e inmobiliarias contra las sentencias de las Áreas Homogéneas serán desestimados.
Ecologistas en Acción se felicita de que en el último año y medio la Justicia haya anulado las autorizaciones de la Junta para edificar casi 60.000 viviendas en Valladolid y tres municipios de su entorno (Aldeamayor de San Martín, Mucientes y Tudela de Duero), poniendo de manifiesto el disparate alentado por las Administraciones Públicas de nuestra región: una enorme burbuja inmobiliaria que nos ha llevado al desastre económico y social que actualmente vivimos.
Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León que pasen página de la etapa del urbanismo salvaje y especulativo derivado de la antigua Ley de Urbanismo y del PGOU de Valladolid de 2003. La revisión en curso del Plan General tiene que proceder a la reclasificar todas las Áreas Homogéneas como suelo rústico, so pena en caso contrario de condenar al nuevo PGOU a la ilegalidad. En opinión de los ecologistas, como alternativa a las Áreas Homogéneas el Ayuntamiento debe concentrarse en la ciudad existente, dando prioridad a la cada día más necesaria rehabilitación de los barrios.
* Tercera Información - 27.10.14
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Gamonal se moviliza contra la última "obra faraónica" del alcalde de Burgos
En este blog ya se publicó hace poco tiempo la despilfarradora construcción de una nueva Plaza de Toros cubierta en Burgos. Un proyecto del corrupto alcalde 'popular' J.Lacalle adjudicado a dedo al, ya sentenciado por corrupción, constructor local Méndez Pozo. Ambos coincidentes también en la criticada y especuladora operación del barrio Gamonal, famoso por la lucha vecinal contra esta mafia de poderes burgalesa. Los vecinos de Gamonal ganaron aquella contienda y ahora se preparan también para combatir esta nueva agresión del ayuntamiento del PP. Parece que los especuladores y corruptos siempre quieren más y no aprenden de las lecciones pasadas. Contando además, casi siempre, con una justicia inoperante, son los propios ciudadanos los que deben parar estos abusos urbanísticos que les afectan directamente en su modo de vida. En el barrio del Gamonal lo saben muy bien y siguen siendo todo un ejemplo a seguir en otros lugares del país.
"ELDIARIO* : Nueva movilización de los vecinos del barrio burgalés de Gamonal contra un proyecto urbanístico del PP. La asamblea de Gamonal ha convocado una "primera protesta pública" contra la adjudicación por seis millones de euros de la obra para remodelar la plaza de toros de Burgos. Ese contrato se adjudicó en pleno mes de agosto a una UTE integrada por Sacyr y Río Vena, una empresa de Miguel Méndez Pozo, el constructor que fue condenado por corrupción en los 90 y que participó en el negociado de la obra del bulevar que provocó las protestas del barrio de Gamonal en enero.
Los vecinos que lograron paralizar ese proyecto han seguido desde entonces organizados y han convocado una movilización este viernes contra el "espacio multiusos" de la plaza de toros. Ese proyecto no convence ni a la oposición, que está convencida de que la adjudicada es sólo una "primera fase" que supondrá un mayor desembolso en el futuro para funcionar a pleno rendimiento, ni a los distintos colectivos implicados, como los taurinos o el equipo de baloncesto. "Queremos ver la respuesta de la gente y hasta dónde somos capaces de llegar", expresa Manolo Alonso, miembro de la asamblea.
Esta primera acción pública consistirá en la celebración de una asamblea en la Plaza Mayor a las 12 horas de este viernes. También intervendrán en el pleno del Ayuntamiento para explicar "por qué nos oponemos". "Consiste en dar obras a una persona determinada -señala Alonso-. No tiene sentido esta obra cuando hay otras necesidades".
Los vecinos de Gamonal no quieren monopolizar la protesta contra el nuevo proyecto, pero consideran que "hay razones suficientes" para movilizarse y comprobarán qué fuerzas aglutinan. "Queremos ver si hay más que palabras contra la situación en Burgos", señala Alonso, que explica que esta convocatoria pretende ser el germen de un "movimiento asambleario" para acabar con el proyecto.
Mejor oferta según criterios subjetivos
Al igual que sucedió con el polémico proyecto del bulevar de Gamonal en Navidad, el equipo de gobierno de Burgos, liderado por Javier Lacalle, ha aprovechado la baja intensidad del periodo vacacional para aprobar la adjudicación en pleno mes de agosto. Tanto el PSOE como IU rechazan esta "obra faraónica" y la fórmula de adjudicación.
La UTE Sacyr-Río Vena no era la mejor oferta económica, pero ganó gracias a los criterios subjetivos después de que FCC fuera rechazada por "baja temeraria", una oferta que no resulta creíble por ser anormalmente baja en términos económicos. PSOE e IU sostienen que el Ayuntamiento no atendió a la "justificación" presentada por la empresa. Tras la salida de FCC del concurso, los criterios subjetivos bastaron para entregar la obra a la unión de empresas en la que participa Méndez Pozo, un empresario que ha participado en otros múltiples proyectos públicos, como el hospital de Burgos, que acumuló retrasos y abultados aumentos de presupuesto.
"No hay ningún informe que diga cómo se ha hecho esa valoración", denuncia la concejala socialista Esther Peñalba, que sostiene que "es difícil de justificar objetivamente esa adjudicación". "Han cogido una legislación que es corrupta para darle una adjudicación que estaba dirigida a un corrupto", opina el concejal de IU Raúl Salinero, que califica el proyecto como "chapuza".
Los dos ediles coinciden en que esa obra no es necesaria en un momento en que se ha disparado el recorte en gasto social. "El PP se empeña en distribuir dinero público entre los caciques municipales y han vaciado las arcas municipales: hay que recuperar el gasto social; no pasa nada si tenemos la plaza de toros cerrada", destaca Salinero.
"Lacalle no ha aprendido nada"
"Apenas unos meses después de Gamonal se vuelve a repetir el mismo error: el mismo proyecto, con los mismos implicados y las mismas circunstancias", expresa el diputado burgalés Luis Tudanca: "Lacalle muestra que no ha aprendido nada del momento social y político que vivimos". "No encuentro en este proyecto otro factor más que la provocación y que eso pueda favorecerles mediante la atomización del voto en Burgos que, junto con el pucherazo electoral, les beneficie", añade Tudanca.
"Con lo de Gamonal, Lacalle no quiso escuchar a nadie y él es el que puede hacer algo por esta situación", dice en la misma línea Salinero: "Ahora si no es la gente la que se levanta, poquito podemos hacer", admite el concejal de IU.
Mientras tanto, los miembros de la asamblea continúan difundiendo la convocatoria de este viernes, en la que verán si el 'espíritu de Gamonal' sigue vigente y con fuerzas.
* El Diario - Irene Castro - 8.9.14
Foto: Burgos, alcalde Lacalle (centro) y Mendez Pozo (izq) - ayuntamientoburgos
Una burbuja de hormigón de 52 millones en plena Soria
Es conocido el poco interés de la Junta 'popular' de Castilla y León, presidida por J.Herrera, por todo lo que signifique Medio Ambiente y Ordenación Territorial; por eso llamó la atención que en 2005/2007 aprobaran un proyecto como la Ciudad del Medio Ambiente en medio de la meseta soriana que, según se vio más tarde, solo tenía el nombre como reclamo fraudulento. En 2013 el Tribunal Constitucional la anuló definitivamente por sus manifiestas irregularidades legales. Demasiado tarde, como siempre le ocurre a la justicia con estos asuntos urbanísticos, pues ya se había construido una parte de la conflictiva Ciudad. El problema era su edificación en terrenos protegidos, saltándose, además, todos los controles exigidos para ese tipo de proyectos. Hoy en día quedan los restos monumentales de tamaño desastre y pelotazo urbanístico, con 52 millones tirados a la basura, sin que los responsables del PP autonómico, una vez más, hayan pagado por ello.
"PEDRO SIMÓN* : Si no fuera porque hay un pastor que deja comer tranquilamente a las ovejas en este soto, si no fuera porque los milanos que se cruzan tienen dos alas y no tres, y un solo pico, uno creería que a ocho kilómetros de Soria se trató de levantar un Chernobyl. Que un día estalló algo inesperado y todo el mundo se fue dejando a medias una ciudad que iba a tener más de 500 hectáreas. Los garajes subterráneos vacíos. Las pistas de acceso sin rematar. La ferralla señalando al cielo como dedos oxidados y acusadores. Las cúpulas de la energía que ven en la fotografía, como mordidas por un monstruo.
Un Chernobyl inocuo. Un Chernobyl sin explosión nuclear. Un Chernobyl sin muertos.
O con muchos. Eso depende de cómo se mire y del significado de la palabra muerto.
-¿Y viene mucha gente al pueblo?
-Hace cinco años apostamos por la mierda ésta. Y montamos este negocio en Garray -cuenta Ana Modrego, dueña de La Posada de Numancia, aspiradora en la mano-. Ahora debo 100.000 euros. Pierdo dinero cada mes. Estoy muerta.
El fantasma de hormigón blanco se yergue a ocho kilómetros de Soria, en el término municipal de Garray (400 habitantes), en medio de un monte calificado de especial interés paisajístico a sólo 300 metros del río Duero y en un enclave con sello propio: por ejemplo, la explanada desde donde salieron los aviones que bombardearon Guernica; por ejemplo, la mayor concentración de cigüeñas de la provincia; por ejemplo, el mayor de los escarnios perpetrado con dinero público que se recuerda en la comarca: 52 millones de euros pulidos en este pelotazo de dimensiones atómicas.
La paradoja es que la hoy espectral Ciudad del Medio Ambiente de Soria -que iba a ser un Silicon Valley mesetario y audaz, blasón en defensa de la naturaleza- terminó enclavada en un espacio protegido donde no se había puesto ni un solo ladrillo. Entre garduñas y flora silvestre, en 2010 se colocó la primera piedra. Comenzaron luego las termitas de las retroexcavadoras. El resto ya lo ven.
Aquí -en las 500 hectáreas de terreno que equivalen a 500 campos de fútbol- iba a haber instalaciones de tecnología punta. Aquí habría viviendas de lujo con su vitola de renovables. Aquí estaría obligado el uso del coche eléctrico. Aquí edificarían unos centros deportivos la mar de integrados. Y cómo no, una escuela nacional de equitación. Y por qué no, un parque fluvial y lacustre. Por haber habría hasta un polígono industrial... Todo bajo la mirada de ese ojo de Sauron que eran las cúpulas de la energía. Hoy tuertas, qué se le va a hacer.
"En este lugar hay fresnos que ni cinco personas juntas abarcarían, bosques de abedules increíbles, cerca de 200 aves distintas catalogadas...", enumera Carlos González, de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, que se llena las botas de barro y abre un plano encima de un promontorio.
("Aquí iban a ir casas", dice apuntando con el índice).
("Y aquí, aparcamientos").
"Pero el daño que le han hecho al soto es irreparable", prosigue. "Han desviado el Arroyo de la Vega con lo construido, los canales naturales de desbordamiento del Duero se están desecando, dado que cortaron el paso de forma artificial. El colmo es que hicieron todo esto en una zona inundable. Y en 2013 el agua del Duero llegó a medio metro de las cúpulas".
Todas las ambiciones sofisticadas de futuro han apisonado el presente. Como hace el rodillo con la masa del pan.
Paseamos por una pista asfaltada de varios kilómetros en mitad de la nada. Nos metemos a uno de los tres garajes abandonados de la ciudad, a modo de gigantescas naves de cemento pulido -con sus ventanales de lamas giratorias, con sus interruptores de la luz esperando ser pulsados, con su inexorable vacío-. Y uno imagina que acabará topándose con aquella escena de El planeta de los simios: la imagen de la Estatua de la Libertad semienterrada en cualquier parte. Como si esto no fuera real ni posible.
El proyecto que la Junta de Castilla y León acometió con dinero público es hoy un inmenso osario paralizado por el Constitucional. En la foto fija -atrapados en ella- queda gente como Ana Modrego. Que sigue con la aspiradora en la mano e insiste: "Los políticos nos han llevado a esta ruina. Éramos cuatro empleados y ahora estamos sólo mi marido y yo. Tengo 45 años y me gustaría tener hijos. Pero quién se atreve".
No se ve ni rastro de las 3.000 o 4.000 personas que iba a albergar el proyecto, pero en la puerta del restaurante Casa Abel de Garray hablamos con un vecino de Canredondo, a cuyo pueblo le expropiaron 90 hectáreas para mayor gloria del ogro que ya no tiene dientes.
-¿Y qué hacemos con eso ahora, jefe?
-No las tiremos abajo, no las derribemos -sostiene Juan Antonio, que apunta con la barbilla hacia donde debe de caer la Ciudad del Medio Ambiente-. No nos jodamos más. Vamos a darle una utilidad. ¿Vale para un palomar? Pues hagamos un palomar. ¿Vale para un caseto? Pues hagamos un caseto. ¿Que hay que meter a 10 a la cárcel? Pues metámoslos.
CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE SORIA
COSTE: 52 millones de euros. ORIGEN: Las Cortes de Castilla y León aprobaron el proyecto en 2005. La primera piedra se colocó en 2010. DESARROLLO: La Junta de Castilla y León (PP) compró más de 300 hectáreas por seis millones de euros y algo más de 200 hectáreas a Caja Duero por 3,8. SITUACIÓN ACTUAL: Paralizado por el Constitucional en 2013 después de un recurso de diputados del PSOE. El órgano considera que la norma creada ad hoc para sacar adelante el proyecto es ilegal. Del plan inicial sólo quedan una estructura a medio construir, una estación depuradora de aguas residuales y una planta térmica de biomasa.
* El Mundo - Pedro Simón - 31.8.14
Foto: Las cúpulas de la energía de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en el Soto de Garray, fotografiadas en julio. ALBERTO DI LOLLI
