El juez imputa a 26 empleados municipales de Valencia por el 'caso Bellver'

ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia ha citado a 26 funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, 25 técnicos y un secretario, para que declaren en calidad de imputados en la causa abierta contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por supuesto delito de prevaricación. La decisión ha sido tomada de oficio por el magistrado. La fiscalía ha solicitado que se amplíe esa lista a varios funcionarios más, entre ellos el jefe de los secretarios municipales.

Los citados a declarar son aquellos a los que el propio Ayuntamiento de Valencia, en respuesta a una petición del juzgado, ha señalado por escrito como intervinientes en el expediente por el que se aprobó la construcción de un aparcamiento en la calle de Severo Ochoa que afecta a los protegidos Jardines de Monforte y que no contó con el preceptivo informe de Patrimonio porque nunca, según el ministerio público, se solicitó a la Consejería de Cultura.

El secretario que ha sido citado a declarar por el juez como imputado es el que certifica que técnicos participaron en el expediente de autorización de la construcción del aparcamiento. En ese mismo escrito se asegura que ninguno de los seis secretarios de la Corporación intervino en la tramitación. Sin embargo, nada más iniciarse las actuaciones, los secretarios, en bloque, presentaron al magistrado un escrito firmado por ellos en el que expresamente avalaban la legalidad del expediente bajo sospecha que firmó el concejal Bellver.
El edil señaló a otros

Fue el concejal, imputado en la causa, quien señaló a técnicos y secretarios como hipotéticos responsables si hubiese algún defecto en la tramitación del expediente. Según Bellver, él firmó lo que le pusieron delante y no sabía que la protección especial que desde 1941 tienen los Jardines de Monforte, obligase a pedir dictamen a Patrimonio, a pesar de que en la página web de la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que dirige Bellver, exige ese trámite incluso para obras menores.

Más aún, esa misma concejalía lo solicitó para la construcción de otros aparcamientos que afectaban a espacios protegidos, en muchos de los cuales la respuesta fue negativa y el Consistorio cambió entonces la concesión a otra empresa con otro proyecto.





* El País - 23.07.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com

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El juzgado investiga un posible pelotazo urbanístico en terrenos del campo de golf de Lugo

LAVOZDEGALICIA* : Los juzgados lucenses abrieron una investigación para determinar si el Club de Golf de Lugo y algunas empresas lucenses pudieron haber realizado operaciones urbanísticas contrarias a la ley para recalificar terrenos rústicos y convertirlos en urbanizables. La investigación partió de una denuncia presentada por particulares en octubre del año pasado en la Fiscalía de Lugo que, tras advertir algunos posibles indicios de irregularidad, pasó la investigación al juzgado. El campo de golf de Lugo está a unos diez kilómetros de la ciudad, en plena zona rural, dentro de la parroquia de Fixós, sobre terrenos calificados como rurales.

Con motivo de los trabajos de elaboración del plan general de urbanismo del Concello de Lugo, el club de golf presentó una alegación en abril del 2006 pidiendo la creación de dos sectores de suelo urbanizable colindantes al campo de golf: uno de ellos de 105.000 metros cuadrados y otro de 430.000. En estas dos nuevas zonas urbanizables, provisionalmente concedidas en el plan general, se podrán edificar unas 400 viviendas unifamiliares en una, y 75 en la otra.

La alegación se presentó en abril del 2006. Cuatro meses después, en agosto, una sociedad urbanística llamada Trepia 06 Inversiones S.?L. compró en las inmediaciones del campo de golf 36.000 metros cuadrados, y en diciembre la sociedad firmó un contrato mercantil con el presidente del Club de Golf, Victoriano de Azcárraga, en el cual especificaban ambas partes que, en la confianza de que el Ayuntamiento de Lugo estimará la alegación presentada y permitirá la recalificación, el Club de Golf de Lugo vende a la sociedad urbanística los futuros terrenos recalificados en 4,6 millones de euros, para que ejecute la promoción urbanística.

En el acto de compra de esos terrenos todavía rústicos se le pagaron al club de golf una primera entrega de 240.000 euros y se pactaron diversos plazos más. La última entrega sería de 3,2 millones de euros cuando el terreno fuese recalificado.

El Club de Golf utilizaría los 4,6 millones de euros para ampliar el terreno de juego y pasar del actual de nueve hoyos a otro de 18.





* La Voz de Galicia - 23.07.10
Foto: Lugo, alrededores campo golf - lavozdegalicia.es

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ARCA denuncia ante el Parlamento Europeo la Ley de derribos

ABC/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA ha denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los cambios legales promovidos por el Gobierno y el Parlamento de Cantabria que asegura buscan "impedir" la ejecución de las sentencias firmes de derribo. ARCA cree que estas modificaciones son un "ataque frontal" al Estado de Derecho y una violación del principio de tutela judicial efectiva que consagra la Constitución Española, por lo que ha pedido al Parlamento y a la Comisión Europea que exijan a las autoridades de Cantabria el acatamiento de las sentencias dictadas por los tribunales.

La asociación ecologista cree que la ley contra los derribos demuestra que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria "solo se unen como una piña" cuando tienen que defender sus propios intereses políticos, lo que, a su juicio, "revela un enorme grado de irresponsabilidad frente a las consecuencias futuras de sus decisiones".

Según ARCA, ha quedado "claro" que ni el Gobierno y ni el Parlamento de Cantabria "desean que la legalidad y la decencia política" se impongan en el urbanismo regional, sino que pretenden "seguir fomentando la especulación urbanística por encima de lo que digan los jueces, o de la voluntad de los cántabros".

ARCA ha agradecido el reciente apoyo de Greenpeace en su exigencia de que se ejecuten todas las sentencias de derribo y ha pedido a la clase política que se ponga del lado de los ciudadanos, legislando a favor de la restauración del paisaje costero y promoviendo la protección de los propietarios de viviendas afectadas con políticas de compensación urbanística y con indemnizaciones económicas que compensen los daños materiales y morales sufridos.

La tutela judicial efectiva es uno de los derechos reconocidos con el rango de fundamental por el artículo 24.1 de la Constitución Española y comprende un triple e indivisible contenido: la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia motivada y que esa sentencia se cumpla, ha explicado ARCA.




* ABC - EFE - 23.07.10
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org

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Madrid.- Urbanismo planta a 48 arquitectos al renunciar a un concurso de ideas sobre la Gran Vía

ELPAÍS* : Se planteó como un concurso público de ideas urbanísticas y arquitectónicas para adecuar la Gran Vía al siglo XXI. El Ayuntamiento no se comprometió a ejecutar ninguno de los proyectos ganadores, pero sí a invertir 24.000 euros en premios, motivación suficiente para que 48 estudios de arquitectos -españo-les y extranjeros- enviasen sus propuestas. El plazo de entrega finalizó el pasado 20 de junio, pero un mes después el Consistorio anunciaba en su página web que renunciaba a la celebración del concurso y daba a los participantes un plazo de dos meses para recoger sus trabajos. El enfado de los arquitectos fue monumental.

La renuncia se produjo 10 días antes del final del concurso. Tras conocer la renuncia, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) se ha visto obligado a tomar el relevo "por respeto al trabajo realizado por los participantes" y se ha comprometido a fallar con un nuevo jurado integrado por profesionales del gremio.

Los premios -12.000 euros para el primero, 6.000 para el segundo, 3.000 para el tercero y otras tres retribuciones de 1.000 euros- se mantendrán siempre y cuando el Área de Urbanismo se comprometa a financiarlos. "Tengo el acuerdo verbal de que los pagarán y los incluirán como una subvención en los presupuestos de 2011 pero, tal y como están los tiempos, estoy intentando conseguir un compromiso de pago por escrito, si no el Colegio no puede asumirlos", explica la presidenta del COAM, Paloma Sobrini.

"Hemos trabajado tres personas en el proyecto durante un mes. Nos sentó un poco mal ver que todo ese esfuerzo iba a ser para nada", cuenta por teléfono un joven arquitecto de un estudio sevillano que se enteró del plante por Twitter. "Si el Ayuntamiento convoca un concurso tiene que responsabilizarse del fallo, si no se premia es una tomadura de pelo", opinan otros dos profesionales con estudio en Madrid que también invirtieron un mes de trabajo en el proyecto. La única explicación que ha dado el Ayuntamiento (a este periódico y al COAM) para justificar su renuncia se refiere al artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público. Un artículo que precisamente estipula que "solo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente".

El Área de Urbanismo tampoco ha justificado dónde irán a parar los 28.320 euros presupuestados para la celebración del concurso. En el caso de que finalmente financie los premios -24.000 euros- sobrarían 4.320 euros. Urbanismo, preguntado por este periódico, guarda silencio desde el martes.





* El País - 23.07.10
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org

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C.Valenciana.- El director de Urbanismo intervino en un proyecto que afectaba a suelo de su propiedad

LEVANTE* : El director general de Urbanismo de la Generalitat, José María Selva Ros, firmó una resolución clave en el proceso para la Declaración de Interés Comunitario con la que la Territorio autorizó la construcción de una central termosolar en Villena sobre terrenos que son, en parte, propiedad del citado cargo público y sus hermanos.Según documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, José María Selva Ros firmó en diciembre de 2008, apenas unas semanas después de acceder al cargo de director general de Urbanismo, una "propuesta de resolución" para rectificar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la central termosolar firmada por el fallecido José Ramón García Antón, conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. La DIC supone en la práctica la reclasificación condicionada de unos terrenos en los que de otro modo no podría desarrollarse la actividad solicitada.

Según fuentes consultadas por este diario, el director general de Urbanismo podría haber incumplido la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, que obliga a abstenerse en cuestiones que afecten a los intereses personales de estos y/o de sus familiares directos.
Además del presunto incumplimiento de la ley de Incompatibilidades, el director general tendría que alegar ignorancia sobre la ley para no incurrir en un presunto delito de prevaricación por elevar a la firma del conseller una resolución aparentemente ilegal dentro de un proceso del que se deriva un lucro para él y sus hermanos.
Este periódico intentó ayer conocer la opinión del director general de Urbanismo a través del gabinete de prensa de la Conselleria de Medi Ambient, Agua, Urbanismo y Vivienda. Ante la insistencia de Levante-EMV, una portavoz aseguró que "hoy- por ayer-no va a haber una respuesta oficial. Solo decir que la conselleria es completamente escrupulosa en todos los procesos en los que participa y actúa siempre dentro de la legalidad".

Tramitación
El proceso se inicia en noviembre de 2006 cuando la empresa Enerstar SA, vinculada ahora a FCC y a la CAM, pide levantar una planta de generación de energía fotovoltaica sobre un terreno de más de dos millones de metros cuadrados situado en el paraje de Alhorines, en la carretera que une Villena con Beneixama. De esta superficie, 256.093 metros cuadrados son propiedad de los cuatro hermanos Selva Ros, entre los que se encuentra el director general, y con los que Enerstar había firmado una opción de compra.
A finales de 2007, José María Selva es nombrado Jefe de Área de Urbanismo, lo que supone que por su departamento pasara prácticamente toda la tramitación urbanística del proyecto y en especial lo relativo a la Declaración de Interés Comunitario, que incluye como requisito la obtención previa de una Declaración de Impacto Ambiental que declare "aceptable" el proyecto.
Un año después, en noviembre de 2008, José María Selva es nombrado director general de Urbanismo.
La intervención demostrable de José María Selva Ros - su firma aparece al pie de un documento oficial- se produce al final del proceso, cuando el conseller García Antón firma el 12 de agosto de 2008 la Declaración de Interés Comunitario para "una instalación solar fotovoltaica de 50.000 kW". El director general entiende que ha habido un "error de hecho" y con fecha de 16 de diciembre de 2008 propone al conseller una nueva resolución en la que se especifique que la DIC es para una "central solar termoeléctrica" - no fotovoltaica -de 50.000 kw.
Según las fuentes, la propuesta de resolución de Selva evita que el proyecto vuelva a ser sometido a exposición pública y a un nuevo proceso de tramitación.





* Levante-emv - 23.07.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Cantabria ha urbanizado o desecado la mitad de los estuarios y zonas intermareales

EXTRACONFIDENCIAL* : El litoral cántabro presenta un estado de conservación desigual, con tramos privilegiados que se alternan con otros donde predominan rasgos más propios de latitudes mediterráneas, con zonas costeras fuertemente urbanizadas, agresiones a espacios protegidos en el litoral y puertos deportivos que no han cesado de crecer. Las autoridades cántabras promocionan turísticamente esta provincia por sus valores naturales, paisajes espectaculares y sus playas de arena fina. Pero año tras año, la situación del litoral cántabro ha ido empeorando. La Administración autonómica ha actuado como uno de los principales agentes de esta degradación ya que ha ido fomentando su urbanización y la construcción desmedida de puertos deportivos.

El escaso valor que se le ha otorgado a la costa se ha traducido en políticas irracionales que han permitido desmanes urbanísticos en su litoral, auspiciados por la pasividad del Ministerio de Medio Ambiente, que tan sólo había delimitado el 10% del dominio público marítimo-terrestre de su costa hasta 2005 (17 años después de la aprobación de la Ley de Costas). El resultado: en 2008 se había rellenado con hormigón y desecado aproximadamente el 50% de los estuarios y zonas intermareales. De esta manera se ganó suelo al mar para usos agropecuarios, urbanísticos, industriales y para infraestructuras de transporte.
Urbanización desmesurada

La urbanización ha avanzado ligada especialmente al turismo residencial. En 2005 la construcción creció un 37% respecto al año anterior, concentrándose esta actividad en Santander, Piélagos o Castro Urdiales. Prácticamente en toda la costa cántabra, desde Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera, se construyeron ese año viviendas destinadas al turismo residencial. La apertura de la autovía del Cantábrico y de varios tramos de la de La Meseta potenciaba las nuevas construcciones. Cuatro urbanizaciones, con campo de golf incluido, estaban ese año pendientes de aprobación en el litoral. Un año después, cerca del 20% de su primer kilómetro de costa ya estaba urbanizado y la tendencia continuaba a tenor de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) conocidos.

De hecho, en 2007 se proyectaron 51.576 viviendas en la costa. El elevado grado de ocupación se ha traducido en una reducción drástica de los espacios costeros, que se encuentran gravemente amenazados. Algunos municipios del litoral cántabro han emulado a los de la Costa del Sol y han urbanizado fuertemente su territorio, invadiendo la franja costera y espacios protegidos.
Sin protección adecuada

Teóricamente de los casi 300 kilómetros de costa que tiene Cantabria, 134 están protegidos. Pero la mayoría de estos espacios no han gozado de una protección adecuada y son numerosas las actividades humanas que les han afectado durante esta última década.

Algunos ejemplos del acoso que han sufrido las zonas protegidas, van desde los proyectos urbanísticos de hasta 350 chalés, un hotel de lujo y un campo de golf en San Vicente de la Barquera que han afectado al Parque Natural de Oyambre o la aprobación en 2002 de la construcción de 123 chalés en el Parque Natural de las Dunas de Liencres por la Comisión Regional de Urbanismo que vulneraban la Ley del Suelo y la de Costas.

A mediados de 2009, como resultado de esta urbanización de espacios protegidos o en lugares donde los intereses privados han primado sobre el interés general, así cuatro de los seis Espacios Naturales Protegidos de la costa estaban amenazados por la construcción de 400 viviendas, dos puertos, un campo de golf, un polígono industrial y un parque temático.
Más de 1.000 viviendas ilegales

Las construcciones en espacios protegidos no son más que un reflejo de la urbanización salvaje, plagada de violaciones a la legalidad ambiental del litoral de Cantabria. Prueba de ello es que, en sus 284 kilómetros de costa, se acumulan más de un millar de viviendas con sentencias de derribo por ilegalidades medioambientales. Los planes de urbanización masiva, que alcanzaban su cénit en 2007, iban acompañados de la ilegalización de muchas viviendas. Durante ese año, el urbanismo en Cantabria estuvo salpicado de sentencias que ilegalizaban diferentes promociones urbanísticas en Arnuero (144 viviendas), Argoños (274 chalés en diez urbanizaciones), Escalante (un bloque de 32 pisos), Miengo (un bloque de 20 apartamentos), Piélagos (88 chalés en cuatro urbanizaciones, 398 viviendas en el Alto del Cuco). En San Vicente de la Barquera una sentencia del Tribunal Supremo confirmaba la ilegalidad del Plan Parcial de Santa Marina para construir 350 viviendas y un hotel dentro del Parque Natural de Oyambre, que finalmente no llegaron a hacerse. También en la playa de Usgo (Miengo) el Supremo impidió la construcción de 253 viviendas. Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló un plan parcial para urbanizar terrenos incluidos en la zona de protección del litoral del Plan de Ordenación del Litoral en Cabo de Ajo.

De poco o nada sirven estas sentencias, como demuestra el caso del Parque Natural de Oyambre. A pesar de que en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un nuevo deslinde que declaraba ilegal el campo de golf construido sobre las dunas del Parque Natural, el campo sigue plenamente operativo en 2010. El Gobierno regional no hace nada por perseguir estos hechos y castigarlos con contundencia.

Pero el de las dunas de Oyambre no es el único caso. En 2006 varias sentencias del Tribunal Supremo anularon los PGOU de Alfoz de Lloredo, de Santa Cruz de Bezana, Polanco y de Colindres, entre otros. Sin embargo, ayuntamientos como el de Piélagos, con 500 viviendas con sentencia de derribo, se niegan a cumplir con la Justicia. En 1998 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) promulgó contra este consistorio una sentencia firme, ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo. Recientemente, un auto del TSJC exigía al alcalde que en el plazo de seis meses concluyese la demolición de 17 chalés construidos a 20 metros de la playa de Cerrias (Liencres) y que incumplían todos los requisitos que exige la Ley del Suelo. El auto advierte de que, de lo contrario, imputará al alcalde por delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.

En 2004 se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria, que pretendía poner freno a esta destrucción y a la especulación urbanística, especialmente patente en el litoral occidental. El POL afecta a una tercera parte de la comunidad autónoma, 37 municipios costeros que soportan una gran presión demográfica y urbanística debido a su carácter turístico. Pero no ha puesto fin a la destrucción. La franja costera necesita un plan de protección que vaya más allá de la ordenación urbanística y conceda el valor adecuado a los espacios costeros. Este plan ha permitido todo tipo de usos y construcciones: paseos marítimos; instalaciones deportivas y de ocio; campos de golf; naves industriales; carreteras… Paradójicamente, justo antes de su aprobación, el Gobierno de Cantabria planteó la creación de más de 3.500 nuevos atraques deportivos repartidos.
Puertos deportivos

Los puertos, que actúan como auténticas barreras impidiendo la deposición de la arena en las playas, han sido y son una fuente de contaminación constante.

Cuando en 2005 el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias se encontraba en fase inicial de redacción, ya preveía la construcción de casi 4.000 amarres, sin estudio alguno que justificase tanta infraestructura. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente informó entonces de los riesgos ambientales y económicos del plan, cuyas principales actuaciones se concretaron en Laredo, Castro Urdiales, Santoña, Colindres, Pedreña, Suances, San Vicente de la Barquera y Comillas. Es decir, el plan contemplaba la ejecución de obras cuyos trámites administrativos comenzaron antes de su publicación (como en el caso de Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera), o de obras ya licitadas (como las de Laredo), sin esperar a que se resolviese el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental del conjunto del plan en aplicación de la Ley 9/2006. En 2009, tras la construcción de muchos de estos atraques, se anunció una nueva inversión de 266 millones de euros de dinero público en unas infraestructuras de uso minoritario.

Estos datos deberían hacer reflexionar primero y actuar en consecuencia después para emprender nuevas actuaciones en el litoral ya que una de las mayores amenazas para el litoral cántabro es el cambio climático. Según un estudio publicado en 2007 por la Universidad de Cantabria para el Ministerio de Medio Ambiente, una de cada cinco playas cántabras desaparecerá como consecuencia del ascenso del nivel del mar debido al cambio climático. Se trata de las playas denominadas confinadas y que están limitadas por acantilados o estructuras artificiales (paseos marítimos, diques, espigones) que restringen o impiden su desplazamiento hacia el interior o a los lados. En longitud de costa, esta pérdida se traduce en 12,15 kilómetros, más del 46% de los 23,37 kilómetros de playas que tras estos años de destrucción deben amortiguar la subida del nivel del mar.






* ExtraConfidencial - 21.07.10
Foto: Piélagos (Cantabria), Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com

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