Bétera.- El Consell renuncia a una vía pecuaria y permite a un promotor ganar 5 millones

LEVANTE/Valencia* : La Generalitat Valenciana no está ejerciendo sus competencias en defensa del patrimonio público que constituyen las vías pecuarias, al menos no en todos los casos, lo que ha permitido a un número indeterminado de promotores y urbanizadores embolsarse cifras astronómicas de dinero a costa de un bien de todos como son los antiguos caminos ganaderos. Así se desprende del caso denunciado en Bétera por Ecologistas en Acción, que ha presentado una denuncia bajo la dirección del letrado José Luis Ramos exigiendo que se depuren "cuantas responsabilidades administrativas, penales o civiles en las que se haya podido incurrir". Ecologistas en Acción sostiene que las vías pecuarias son terreno de dominio público, propiedad de la Generalitat, que no pueden ser incluidas en unidades de ejecución ni se les puede adjudicar edificabilidad. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en Bétera.

En este municipio, la superficie ocupada por la vía pecuaria "Cordel de Lliria" ha sido incluida en la unidad de ejecución del Plan Parcial del Sector I-3 de L' Horta Vella. Se trata de 27.682 metros cuadrados, a los que se ha adjudicado una edificabilidad de 0,60, lo que arroja una disponibilidad de 16.560 metros cuadrados de techo que pueden ser transformados por el promotor en viviendas.
Según los datos que figuran en la denuncia, en la unidad de ejecución del citado Plan Parcial, ayuntamiento y particulares han vendido a 300 euros el metro cuadrado de techo, lo que significa que la vereda o cordel de Lliria ha generado un beneficio de 4.968.000 euros.
No se trata sin embargo de una opinión en la que los ecologistas estén solos. La "Revista de derecho urbanístico y medio ambiente" publicaba en su número 239, en 2008, un artículo de Fernando Renau, Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló en el que éste establecía que las vías pecuarias no integran la superficie del sector, "no computan como superficie y no pueden incluirse en las unidades de reparto". De aplicarse esta lógica, avalada, por otra parte, por la doctrina jurídica, "la administración competente no puede informar favorablemente un Plan Parcial que incluya en el sector terrenos de dominio público
En consecuencia, Ecologistas en Acción se pregunta ahora la razón por la que en algunos casos la Generalitat sí ha ejercido sus competencias y ha impedido con carácter previo la inclusión de una vía pecuaria en un Plan Parcial o en su defecto, una vez consolidadas este tipo de situaciones, ha intentado recuperar la edificabilidad que le correspondía al estar apoyada en un camino de dominio público y de la que se ha beneficiado exclusivamente el promotor del plan.
Fuentes de Ecologistas en Acción aseguran que no encuentran respuesta a esta pregunta aunque creen que puede estar relacionada con el nivel de los "contactos" de cada promotor.

Cadena de renuncias
En el caso de Bétera, la arquitecta municipal llegó a certificar que el "Cordel de Lliria" había sido incluido en el Área de Reparto y se le había llegado a asignar Aprovechamiento Urbanístico. Posteriormente, la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y la Comisión Territorial de Urbanismo aprobaron el Plan Parcial sin tener en cuenta la irregularidad que suponía la inclusión del cordel.
Además, subraya la denuncia, "ni un solo euro correspondiente al aprovechamiento urbanístico perteneciente a la vía pecuaria ha ido a parar a las arcas de la Generalitat Valenciana, que es su titular. Y lo que resulta más curioso: nada ha hecho la Generalitat Valenciana ni para anular la inclusión de dominio público en un área reparcelable con asignación de edificabilidad ni para reclamar un aprovechamiento asignado a terrenos de su propiedad".
Independientemente de la calificación que reciban estos hechos por los tribunales , el abogado José Luis Ramos no descarta que exista un presunto delito de apropiación de fondos públicos.
Ecologistas en Acción ya intentó frenar este "abuso" y para ello inició acciones judiciales reclamando como "acto nulo" la aprobación del Plan Parcial del sector I-3 de l' Horta Vella. Este tipo de recursos no está sujeto a plazo y resultaba adecuado, según Ecologistas en Acción, puesto que la decisión que lo que el dominio público sobre las vías pecuarias es imprescriptible, inalienable e inembargable.
El juez desestimó el recurso como si fuera un recurso de revisión, que tiene un plazo límite de cuatro años desde que se aprobó el acto recurrido.
Sin embargo, los ecologistas creen haber encontrado otra vía: denunciar los hechos ante la conselleria de Hacienda, que ejerce la tutela sobre las propiedades- vías pecuarias- de la Generalitat y es la responsable de aplicar un derecho que no prescribe. De no actuar ahora para recuperar el "quebranto" sobre la propiedad y las arcas públicas generado por esta actuación, sus funcionarios y/o responsables políticos podrían tener que responder ante un tribunal.



* Levante - 20.02.11
Foto: Bétera (Valencia), vista aérea - levante-emv.com

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El TSXG anula dos licencias más en edificios de Fisterra

LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la anulación de dos licencias en sendos edificios de viviendas situados en la recta de Anchoa, en el lugar de Escaselas (San Martiño de Duio), en Fisterra. En realidad, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Concello fisterrán contra las sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº2 y 4 de A Coruña. Ambos daban la razón a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Urbanismo, que había acudido a los tribunales ante la desestimación del Concello a los requerimientos realizados para la revisión de los permisos concedidos en el año 2005 a estas dos promociones. El juzgado nº2 se ha ocupado de analizar el recurso planteado por la anulación de una promoción de la empresa Proalsa (la licencia fue concedida el 12 de mayo del 2005), y el juzgado nº4 ha sustanciado la otorgada el 29 de septiembre del mismo año a Campoalsa.

Ambas anulaciones vienen a sumarse a otras tres conocidas en los últimos meses (desde septiembre), frente a una que ha ganado el Concello. En general, y pese a las diferencias de matiz, los argumentos que emplea el TSXG para no dar la razón al Concello de Fisterra son que, a la hora de conceder los permisos correspondientes, aún no había red de saneamiento en la zona de la Anchoa.

En la de Proalsa, por ejemplo, los jueces indican: «La apelante no rebate la sentencia cuando dice que de los informes técnicos se colige que en la fecha de concesión de la licencia la parcela carecía del grado de urbanización como para que mereciera la consideración de solar, lo que compartió el técnico municipal, que informó el requerimiento de revisión cuando en esa fecha reconoció que se estaban ejecutando unas obras de saneamiento a ambos márgenes del vial por la Diputación [...], y no lo impugnan. Antes bien, se refieren a la obra de saneamiento que estaba pendiente de ejecución o a previsión en suspensión».

No es accesorio

Y, una vez más (se remiten a fallos anteriores), los magistrados consideran que «la instalación de saneamiento suficiente no puede considerarse, por su importancia, como una obra accesoria de escasa entidad, como sería preciso para que pudiera merecer [el suelo en que se construye] el carácter de consolidado». Además, la existencia de un proyecto de estación de aguas residuales «es irrelevante a efectos de enjuiciar las conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobación no tuvo lugar, según reconoce la parte apelante, hasta el año 2006». En el caso de Campoalsa (ambos edificios ya están terminados) se mantienen los argumentos.

El alcalde, José Manuel Traba, señaló ayer que el procedimiento en estos dos casos, además de en los tres ya conocidos, será el mismo: se elabora un expediente de legalización, ya con la conexión a la red de saneamiento, y así se solventa la falta de licencia temporal. No obstante, para ese enganche aún habrá que esperar a la recepción de la obra por parte de la Diputación: «Tiña que estar entregada xa o 20 de decembro, según nos dixeron, pero aínda estamos esperando». En realidad, la entrega originalmente prevista era «para o ano 2006, pero por diversos motivos, a empresa foi retrasando as obras. Hai quen fai oito kilómetros de saneamento en tres meses [en referencia a Sardiñeiro] e hai quen fai tres en catro anos e medio». Mientras tanto, los edificios han tenido que funcionar son fosas sépticas y pequeñas depuradoras, explica.

Hasta el momento, el Concello ha ganado una sentencia en una promoción de L-Tres (junto a la empresa) y ha pedido otra con la misma compañía, además de perder otras dos de Plaza Garden y Poalsa.



* La Voz de Galicia - 19.02.11
Foto: El TSXG ha emitido cinco sentencias que afectan a otros tantos inmuebles de la recta de Anchoa.- lavozdegalicia

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Isla Canela, al amparo de una ley franquista

HUELVAINFORMACIÓN* : Huelva fue la última provincia que se sumó a la fiebre del ladrillo en los años 90. Pero el ímpetu fue de tal calibre que los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos costeros, desde Almonte hasta Ayamonte, intentaron promover hasta 160.000 nuevas plazas residenciales y hoteleras. Las prisas obligaron a actuar rápido y con esa premisa el respeto escrupuloso de las normas suponía un obstáculo. El melón sin calar que acaba de abrir el Juzgado Nº3 de Ayamonte al ordenar a la Guardia Civil requisar decenas de cajas, documentos e informes evidencia que por la Puerta de España no sólo entraron hormigoneras sino una 'nueva' metodología municipal basada en los estudios de detalle y los convenios urbanísticos firmados por alcaldes y promotores en vez de optar por Planes de Ordenación Urbana e informes de impacto ambiental. El desarrollo del proyecto de Isla Canela pisa la arena policial veinte años después de iniciarse. Un urbanismo para el siglo XXI que curiosamente se ancló en una vieja ley franquista.

El trabajo firmado por Luis Galiana y Diego Barrado, del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, bajo el título 'Los Centros de Interés Turísticos Nacional y el despegue del turismo de masas' explica perfectamente la figura dictatorial de los años 50 elegida para poder poner ladrillos y bloques de hormigón en un paraje natural completamente virgen en 1989: las marismas fronterizas isleñas. El ordenamiento fue amparado por la Junta de Andalucía en los tiempos del consejero Jaime Montaner y ejecutado con distinta intensidad y destreza por los alcaldes ayamontinos Isaías Pérez Saldaña, Rafael González, y, en menor medida, Antonio Rodríguez Castillo, que se enfrenta ahora a la digestión de las investigaciones judiciales y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita.

El modelo Isla Canela bebió de la fuente franquista a través de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que conectaba las previsiones ligadas a la política económica y al desarrollo turístico con la ordenación del territorio. De hecho, las empresas promotoras Iscasa y Pryconsa han comercializado siempre sus ofertas amparadas en la ostentosa declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, que también utilizó Matalascañas en los 70.

Desde la finalización de la zona de Playa Alta hasta ahora se han construido más de 4.000 apartamentos, campo de golf y varios hoteles, a los que se les ha despojado con el paso del tiempo de la exclusividad de vender un territorio naturalmente virgen.

En Ayamonte se han traspasado varias de las líneas rojas que la prudencia aconseja. Tan solo con los proyectos de Canela y Costa Esuri, en la misma orilla del Guadiana, sobre terrenos inundables, riberas y áreas de costa protegida, se preveían hasta 62.000 alojamientos. La cifra supera con creces los parámetros establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Occidental (Potloh), que limita al 15% el aumento de la edificabilidad.

Isla Canela partió de una inversión de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros). Ni que decir tiene que la cantidad resulta irrisoria al compararla con los cientos de millones de euros que ha reportado.

Muchas de las advertencias y alegaciones que se hicieron al proyecto de Isla Canela no fueron ni leídas por las autoridades a tenor de los informes que manejan ahora el Juzgado y la Guardia Civil. En las alegaciones al carente Plan de Ordenación Urbana de Ayamonte, Ecologistas en Acción subrayó hace ya un lustro que los convenios y los planeamientos "contravenían la normativa propuesta en el Plan de Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva, en algunos casos de forma escandalosa, dándose la circunstancia además de que la referencia al Potloh que se realiza en los documentos del PGOU y en el Estudio de Impacto Ambiental es interesadamente incorrecta, ya que el texto en ningún caso plantea el apoyo a urbanizaciones interiores como la de Costa Esuri".

La misma organización criticó el hecho de que en vez de un PGOU se optara "por la vía de las normas subsidiarias, modificadas sin recato para destruir zonas protegidas por la normativa europea", lo que santificaba "un pelotazo urbanístico".

En las alegaciones se advirtió que el "Ayuntamiento apostaba por el desarrollismo franquista de los 60 que da origen a la generación de estructuras económicas delictivas, como se está comprobando en la Costa del Sol".

Veinte años después de comenzar la ocupación de la marisma, edificar en primera línea de playa, urbanizar en parajes como el de la Isla de San Bruno, edificar en supuestas zonas verdes y de servidumbre pública, marítimo-terrestre y de Costas la Guardia Civil y el Juzgado tratan de aclarar un sinfín de operaciones inmobiliarias, recalificaciones, aprobaciones plenarias, firmas de convenios urbanísticos, compras y ventas que han convertido a Isla Canela en una marisma sitiada por el cemento y asaeteada por miles de pilares de hormigón. Hasta para llegar a San Bruno se ha tenido que colocar una pasarela de madera, lo que le concede un bucólico pero falso aspecto veneciano entre niebla y 'aqua alta'.


* Huelva Información - 20.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ribera guadiana - huelvainformacion

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Maó.- Una sentencia declara nulo el acuerdo sobre el solar de CATISA

MENORCAINFO* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Palma ha declarado “nulo de pleno derecho” el convenio urbanístico que el anterior alcalde de Maó y actual senador por Menorca, Arturo Bagur, firmó en 2006 con Vertix Procam, la promotora de los terrenos que ocupaba la empresa CATISA, una parcela de 5.000 metros cuadrados. El convenio fue ratificado en el último pleno municipal antes de las elecciones de 2007 con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, PSM y EM) y en contra del PP. Los populares recurrieron ante los tribunales dicho acuerdo al considerar que era un atropello contra el interés general y ayer dieron a conocer públicamente la sentencia que ya es firme. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Manuel Lafuente, afirmó que su grupo advirtió en su día que la operación de Bagur era “un pelotazo urbanístico”. Ahora, aseguró, la justicia ha terminado por dar la razón al PP, cuyos dirigentes fueron tachados de mentirosos por el actual alcalde Vicenç Tur, cuando en su calidad de concejal de Urbanismo defendió en 2007 la operación de su mentor político. El convenio permitía a la promotora, a través de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aumentar la edificabilidad; construir 96 viviendas con vistas al mar en la calle Madrid, a cambio de levantar un centro de ocio y una escoleta junto a la calle Bellavista.

No existe interés general
En la sentencia el juez Francisco Úbeda Tarajano argumenta que el convenio era “muy beneficioso para la sociedad promotora” que vio incrementada la edificabilidad y altura y que no era conforme al interés general. “La motivación brilla por su ausencia”, asevera e insiste en que “supone un claro beneficio patrimonial para la promotora”. Afirma que se trata de un acuerdo “huérfano de un estudio técnico” (el que se presentó fue realizado por el director del área de servicio de Urbanismo, un cargo de confianza) y además “no se justifica cuál es el interés público ya que no puede concluirse ninguna mejora para el equipamiento público mientras que para la propiedad privada todo son beneficios”. La sentencia aclara que el PGOU preveía en esta zona un máximo de 21 viviendas, mientras que con el convenio se elevaban a 96.

“Un chanchullo grande”
Al respecto, Juan Manuel Lafuente explicó que según un perito judicial, gracias a este convenio la promotora elevaba el techo de edificabilidad de la parcela en 1.846 metros cuadrados más, que sumaba a los 20.000 que ya disponía. El portavoz popular señaló que en el mercado inmobiliario la sociedad habría facturado 5,3 millones de euros con un beneficio neto de 1,4 millones. “Esto es un chanchullo grande”, “el timo de la estampita” espetó, al tiempo que aclaró que al declararse nulo el convenio, la promotora no tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento.

Los populares critican que el equipo de gobierno argumentó en su día la urgencia de la modificación puntual del PGOU para permitir la operación con la excusa de la necesidad de construir en la zona una escoleta. Sin embargo, meses más tarde, durante la revisión del mismo planeamiento urbano, el gobierno local decidió ubicar dicho centro educativo en la calle Santa Eulàlia y además aún no ha sido construido. “Esta táctica es habitual, disfrazar como un supuesto beneficio para la comunidad lo que en realidad es un beneficio para un particular y un apoyo político al PSOE, algo tendrán a cambio de esta actitud”, insinuó Lafuente, quien añadió que “creo que PSM y EM fueron engañados, pero desde que tienen dedicación exclusiva son más fáciles de engañar”. La conclusión para los populares es que ni Tur, ni la teniente de alcalde, Gari Petrus, son de fiar.


* Menorca Info - 17.02.11
Foto: Solar. Terrenos donde la promotora Vertix Procam tenía previsto construir las viviendas.- menorcainfo

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«Es el momento de que los municipios pierdan poderes en urbanismo»

LAOPINIÓN/Malaga/Entrevista* : Su despacho mira a uno de los patios interiores de la Facultad de Derecho, pero bien podría hacerlo a un montículo imposible, rodeado de verde y de manuales jurídicos. Diego Vera, profesor titular de la Universidad de Málaga, dirige la junta rectora de los Montes de Málaga, que recientemente ha propuesto la ampliación del parque. Un proyecto que le entusiasma, pero que no nace de una querencia puntual, sino de una visión que tiene muy en cuenta la protección del medio ambiente. Asegura que a Málaga le urge definir su modelo de crecimiento.
-Siempre se ha dicho que Málaga vive de espaldas al mar. ¿También se desentiende del monte?
-Sin duda y es bastante paradójico porque sin la montaña y, en concreto, sin los Montes de Málaga no se entendería el pasado ni el futuro de la ciudad, su historia, su música, sus costumbres. Muchos malagueños ignoran la riqueza del paraje, sus restos de arquitectura mozárabe, sus perspectivas. Está claro que a nivel de biodiversidad no es Doñana, pero reúne unas características que lo hacen único en Andalucía. Es un privilegio tener un espacio de este tipo a apenas unos kilómetros de una ciudad de 600.000 habitantes, con una conurbación en la que viven 1,5 millones de personas. Su historia es diferente.

-¿Es por eso que quieren ampliarlo? El proyecto multiplica la extensión del parque...
-La propuesta que hemos presentado, y que tiene que ser estudiada por la Junta, plantea pasar de las 5.000 hectáreas actuales a 33.000. Dicho así puede parecer exagerado, pero tiene su justificación. La extensión en la que se prolongaría el parque no incluye ni un solo metro que no esté ya protegido por los planes territoriales. Sería cuestión de añadir espacios en los que no se puede construir, terrenos que comprenden los viejos partidos de verdiales. La razón es que el agrupamiento en parque implica algo que va más allá de la mera protección. Supondrían contar con la gestión y la puesta en valor del paraje en su totalidad, de una manera coordinada.

-¿Qué beneficios comportaría para la ciudad? ¿Se puede hablar, incluso, de rendimiento económico?
-Por supuesto. Una buena gestión convertiría al parque en un lugar de ocio fundamental y en un reclamo turístico acorde con la renovación del sector, que cada vez se interesa más por lo segmentos complementarios al sol y la playa. Además, influiría en la ordenación urbanística positivamente.

-Después de las inundaciones de 1989 se pensó en los Montes de Málaga y en la reforestación como estrategia fundamental para contener las inundaciones. ¿Qué ha pasado con el proyecto?
-La verdad es que desconozco por qué no se llevó a cabo, aunque, en cualquier caso, creo que estas cuestiones merecen un cambio de perspectiva y una respuesta más global y estructural. Me consta que la Junta tiene sensibilidad al respecto, pero no se debe tratar de acciones y expropiaciones puntuales, sino de una política y un modelo que entienda el parque natural en su acepción de ordenación territorial, conservación de la historia e impulso económico.

-¿Cree que existen armas legislativas suficientes para perseguir los delitos urbanísticos o habría que endurecer la ley?
-Seguramente habría que ajustar más, pero no creo que ese sea el problema. A nivel legislativo, contamos con recursos de sobra para impedir que ocurra lo que ha ocurrido. Los déficits está en otros ámbitos, en los usos habituales de los ciudadanos y en la disciplina de la administración. De nada sirve, por ejemplo, tener una gran norma de inspección y no disponer de inspectores suficientes. Es un asunto, en gran medida, de voluntad política. Aunque creo que todo ha cambiado después de la gran catarsis de Marbella.

-¿A qué se refiere con lo de los usos ciudadanos? ¿Las leyes no protegen a los espacios de los excesos particulares?
-Insisto que hay un nivel aceptable de protección legislativa, tanto por la vía urbanística como ambiental. La asignatura pendiente está en la gestión y en la educación en la materia. Es difícil regular el comportamiento ciudadano. Hay pérdidas ya irrecuperables, pero otras se pueden subsanar con cambios que implican a todos. No se pueden mantener los niveles actuales de consumo ni persistir en el problema de movilidad que sufre la ciudad. Veremos qué pasa y qué resuelve la ley de economía sostenible, pero está claro que esto ya no es la demanda de una minoría, sino la visón que informa a medio y largo plazo la política de instituciones como la Unión Europa.

-No sé si le dejo fuera de juego si le pregunto por el Guadalmedina...
-Me temo que es un tema más técnico que jurídico, pero creo que, aún así, habría que empezar por observar la definición de un río, que es un concepto más complejo de lo que se presume y que no se limita al agua que fluye. Junto a mis compañeros de Geografía me inclino a pensar que va más allá de eso, que se está hablando, en términos jurídicos, del dominio público hidráulico. Me parece que antes de embovedar, habría que tener en cuenta otras opciones enfocadas a la integración del río en la ciudad, de la manera menos artificial posible. El río sigue ahí.

-¿Qué me dice de los proyectos previstos para Arraijanal y los terrenos del Campamento Benítez?
-La respuesta a Arraijanal que le da el plan territorial se interesa por proteger una de las escasas franjas libres del litoral, en la que influyen elementos históricos a preservar. Ahora bien, antes de plantear este tipo de proyectos, se necesita responder a una pregunta acuciante, definir el modelo de ciudad. Se debe estudiar si las propuestas encajan con las características de la zona, con su densidad de población y su nivel de tráfico. En definitiva, decidir por una vez cómo se quiere crecer y por dónde. En los últimos tiempos, Málaga ha apostado por un modelo de ciudad grande y eso ha generado una huella ecológica que no sólo afecta al entorno, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos. El problema es que los ayuntamientos son a menudo cautivos de la financiación que les reporta el urbanismo. En algún momento habría que retomar la financiación municipal, los gobiernos locales no pueden depender de eso.

-¿Plantea un cambio de competencias? ¿En qué sentido?
-Quizá los ayuntamientos deberían contar con otro tipo de ingresos. Está claro que este país precisa un ajuste de competencias, tanto a nivel local como en su relación con las comunidades autónomas. Los municipios deben perder potestad urbanística y ganarla el Estado. En Europa quedan ya muy pocos sitios en los que los municipios cuenten con tantas competencias urbanísticas, incluido estados de organización territorial tan compleja como Alemania. Es un tema muy importante porque España tiene alrededor de 8.000 municipios y no puede haber 8.000 modelos diferentes. Es el momento de plantearlo.

-¿Qué opinión le merece el conflicto suscitado por la aplicación de la ley de Costas? Me refiero, sobre todo, a la polémica con los chiringuitos...
-Para esto mantengo un punto de vista de jurista clásico. Me parece que el derecho nunca debe ser estridente ni administrar medidas desproporcionadas, que ha de responder a los diferentes intereses que se dan cita en un conflicto. Eso sí, lo que no me parece admisible es crear una ley y justo después buscar las vías para evitar aplicarla. Si no gusta la norma, lo que se debería hacer es cambiarla, pero no aprobarla y luego eludir su sanción porque eso crea inseguridad jurídica.

-¿Está todo perdido en el litoral de Málaga?
-Evidentemente hay elementos de la fachada litoral que son difíciles de recuperar en todo su significado. Siempre se habla de la Costa del Sol occidental, pero habría que atender también a algunas fórmulas de crecimiento de la Axarquía, más difíciles de controlar y muy problemáticas. La Costa del Sol creció como una mancha de aceite, lo que permitió dejar libre algunos extremos, mientras que la zona oriental mantuvo un crecimiento más disperso, con propietarios que vendían pequeños terrenos, aislados. Eso supone un gran coste energético y, en muchos casos, una vulneración de la ley.

-¿Se han cometido más delitos urbanísticos en esa zona que en en la parte occidental?
-Lo primero que hay que distinguir es el concepto. Una cosa son los delitos urbanísticos y otra la corrupción municipal amparada en el urbanismo. Quizá en Marbella hubo más de esto último. A nivel paisajístico se pueden encontrar situaciones que parezcan visualmente aberrantes y que, sin embargo, cumplan la ley y a la inversa.

En corto

«Hasta hace poco preservar la naturaleza era entendido como un freno a la economía»

-La provincia acumula décadas de desarrollo poco sostenible. ¿Por dónde habría que empezar a corregir?
-Málaga presenta aspectos francamente mejorables, pero no creo que a nivel legislativo el problema sea mayor que el de otras ciudades. La provincia cuenta con tres planes territoriales y normativas de protección de los espacios. Eso sí, padece otro tipo de dificultades como la movilidad, que espero que se resuelva con las nuevas infraestructuras. El más acusado, sin embargo, es la preservación del litoral y la erosión del suelo. Son cuestiones que se deben resolver con la previsión de un modelo turístico y de crecimiento adecuado. Por fortuna, parece que se avanza en esa línea, sobre todo, con los nuevos planes.

-La preocupación por el medio ambiente forma parte de la agenda de los políticos. ¿Hasta qué punto hay implicación real?
-En ese aspecto se ha avanzado bastante. Hay una conciencia moderna y una generación que no ha tenido que ponerse al día con esta sensibilidad, sino que le es innata. Se ha perdido afortunadamente la visión, a menudo también de los políticos, de que la protección del medio ambiente suponía un freno al desarrollo económico. Hoy, y así lo indican entre otros la Unión Europea, se entiende todo lo contrario, es decir, que se trata de una fuente de riqueza y de un modelo que tiene que ver con la supervivencia. Los tribunales también lo tienen en cuenta como un bien a proteger.

-Una curiosidad, ¿es cierto que asesora legalmente a la promotora que impulsa la construcción del hotel de Moneo en Málaga?
-No, yo no me dedico al derecho privado. Simplemente elaboré un informe acerca de que administración le correspondía la competencia de decidir al respecto de la altura del edificio. Ya que me lo pregunta, está claro que la arquitectura también es sostenibilidad y que los arquitectos están muy concienciados. Todo proyecto tiene costes y beneficios y este no es una excepción. Lo prioritario, a nivel urbanístico, sería recuperar espacios como la judería, de manera global.



La OPinión Málaga - 20.02.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Alicante.- Ciudad accesible

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA* : Hace pocos años, un concejal de tráfico del equipo del alcalde Alperi al ser interpelado públicamente para que expusiese cuál era las ideas que inspiraban la política de transporte y tráfico municipal dio esta rotunda respuesta: que cada ciudadano en uso su libertad pueda ir ,en su coche, por donde quiera y adonde quiera. No es extraño que fuese por entonces cuando, sin duda, para no disminuir la capacidad de la calle Alfonso el Sabio para el tráfico de coches, se tomó la decisión del carísimo soterramiento del tranvía por la misma, a pesar de haber sido proyectado inicialmente en superficie, lo que hubiera supuesto un coste mucho más bajo de haberse hecho así. Es precisamente la reducción de la capacidad para los coches en los centros urbanos lo que se pretende con la inserción del tranvía en superficie en los mejores proyectos de esta clase en centros urbanos como Grenoble, Estrasburgo, Montpellier, etc. Afortunadamente, la cultura del transporte y movilidad en Alicante está cambiando. Se han introducido importantes mejoras e innovaciones tanto en la oferta como en la gestión del transporte público, aunque algunas de las más interesantes han llegado con retraso, desde el tranvía a la instalación de los Sistemas de Ayudas a la Explotación (SAE) en tiempo real instaladas en algunas paradas de autobús desde hace un par de años, si bien hay todavía paradas importantes sin ese servicio. A pesar de todo, la velocidad comercial del transporte público (autobús) apenas ha mejorado.

No se puede afirmar que esta ciudad camine de un modo decidido hacia un modelo de transporte público económicamente eficiente, socialmente igualitario y ambientalmente sostenible. Algunas propuestas dirigidas en este sentido serían:
1. Una ciudad como Alicante, que presume de gestión sostenible, debería de establecer su política de transporte y movilidad urbana fijando y cuantificando indicadores que permitan evaluar los objetivos propuestos, entre los que se deben de encontrar: reducción de emisiones de CO2 generadas por el transporte y tráfico; transferencias de viajes del coche al transporte público y no motorizado; aumento de la velocidad comercial del transporte público; incremento de intercambios entre modos de transporte, reducción en el número de accidentes, etc.
2. Las políticas de transporte y movilidad en la ciudad deben dirigirse hacia un objetivo de accesibilidad igualitaria y equilibrada en todo el espacio urbano. Una red de comunicación desigualmente repartida en su territorio, como ocurre en Alicante, al posibilitar moverse a velocidades muy diferentes, puede entrañar riesgos de exclusión para aquellas zonas que no dispongan de una adecuada accesibilidad a los diferentes modos de esa red.
La red de tranvías va a privilegiar los corredores urbanos por los que discurre en detrimento de las zonas que no tienen ese servicio. Para mitigar ese desequilibrio es urgente coordinar la red de autobuses con la de tranvías buscando una mayor eficiencia global y no andar con soluciones improvisadas como se viene haciendo hasta ahora.
Da la impresión en esta ciudad que el autobús es el hermano pobre del tranvía. El diseño e inserción en el espacio público de muchas paradas de autobuses es, en general, de una calidad y un nivel de confort lamentables.
3. Las redes de transporte público deben de proyectarse como piezas estructurantes en el planeamiento urbano, con el mismo protagonismo, o mayor, del que ahora se le da al viario para coches. A diferencia de los mejores proyectos tranviarios en Europa, el de Alicante se ha establecido de espaldas al urbanismo. La red de tranvías de nuestra ciudad esta concebido para unir puntos, no para vertebrar el territorio urbano y metropolitano.
4. Cualquier proyecto de nueva infraestructura que suponga un aumento de capacidad viaria para los coches debe de llevar obligatoriamente aparejadas medidas que faciliten el transporte público y la movilidad no motorizada (carril-bus o plataformas reservadas, peatones, ciclistas, etc.). La ausencia de estas medidas en la nueva avenida de Denia descalifica a una ciudad que pretende ser una referencia en la gestión urbana ambientalmente sostenible.
5. Se debe dar más transparencia a la gestión y explotación del transporte público requiriendo a las empresas operadoras, públicas y privadas, la publicación de una memoria anual con los resultados de explotación del servicio en ese periodo para que sean accesible a cualquier ciudadano. Con ello se podría saber, entre otras cosas, lo que nos cuesta a los ciudadanos el transporte público en relación con su eficacia, y de ese modo podríamos debatir con más información la incomprensible privatización de la línea 2 de tranvía, que, según sus gestores, va a ser la de mayor demanda de viajes de la red.
Deben revisarse los convenios de concesión de las líneas de autobuses en los que las subvenciones públicas a la empresa se facturan por kilómetro recorrido, lo que, en principio, beneficia a la empresa y menos a los ciudadanos
6. Las campañas de sensibilización hacia el uso del transporte público y modos no motorizados, deben explicar al ciudadano con claridad los efectos y costes de la utilización del coche para la colectividad.
7. Se carece de bases de datos e información fiable sobre las características de la movilidad en Alicante. El último estudio de cierta profundidad es del 2000. Pero no se trata de encargar y almacenar estudios sin más, sino de que estos deben alimentar sistemas de información continúa absolutamente necesarias para planificar y gestionar con eficacia y eficiencia el transporte y el tráfico.

* Información - Opinión - 13.02.11

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