LEVANTE/Valencia* : El presunto desfalco a las cuentas de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) y el cúmulo de ilegalidades denunciados en la querella presentada contra el último gerente de la firma pública, Esteban Cuesta, entre otros, podrían tener un copyright mucho más amplio y mayor raigambre. Al menos eso se desprende de una serie de documentos a los que ha tenido acceso este diario, que revelan, entre otras cosas, que el anterior gerente, Miguel García Besó, firmó al menos cinco contratos saltándose una docena de preceptos legales, según consta en un informe jurídico del secretario del consejo de Emarsa, Blas J. Pérez Blesa. El dictamen, encargado por Cuesta nada más desembarcar en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, concluye de forma tajante que, para empezar, García Besó "excede las facultades y poderes otorgados por el consejo de administración", dado que este órgano sólo le da firma para adjudicaciones de "hasta diez millones de pesetas" (60.000 euros).
En los últimos meses de su mandato llegó a rubricar contratos de hasta 1.440.000 euros, esto es, veinticuatro veces más de lo permitido. En octubre de 2007, el órgano de gobierno de Emarsa facultó por unanimidad al gerente -Esteban Cuesta- para contratar sin cuantía tope.
Es la mayor, pero sólo una de las múltiples irregularidades detectadas por el secretario del consejo, quien recomendó anular al menos tres de los cinco contratos que revisó. Todos de la empresa Mediarco, firmados entre el 19 de enero y el 19 de mayo de 2004. El dictamen fue elaborado a petición de Cuesta, quien llegó al cargo en julio de 2004. Apenas acampar a las órdenes del presidente de Emarsa y de la Emshi, Enrique Crespo, quien llevaba un año en el puesto, Cuesta encargó el informe. Con la intención, expresada en dos hojas manuscritas remitidas al letrado y secretario del consejo, de "anular todos los contratos por deficiencia en la forma de todas las obras que estén pendientes".
"Mi intención fundamental es abrir expedientes de contratación de todas las actuaciones de la empresa", le trasladó al secretario del consejo. De hecho, una de las flagrantes anomalías detectadas por Blas J. Pérez es que ni siquiera consta que se hubiera abierto "el oportuno expediente" en los contratos. Pese a todo, algo debió de suceder para que el criterio de Esteban Cuesta virara tanto que Mediarco Valencia acabó facturando a Emarsa casi tres millones de euros: 2.518.280 en el año 2004 y 390.034 euros en la anualidad de 2005. Los cinco contratos firmados por García Besó alcanzaban los 3,31 millones de euros.
Cuesta contrató después, entre otras, con las empresas de informática y de construcción también querelladas por haber hinchado o falsificado presuntamente facturas cobradas a Emarsa.
Un descuadre de 243.000 euros
En su escrito, el ex alcalde pedáneo de Benimàmet y hasta hace poco presidente de la agrupación del PP de pedanías de l'Oest, anotaba la necesidad de "pedir explicaciones" por la diferencia entre la cuantía prevista para las actuaciones del plan de urgencia (217.000 euros) y el contrato de esas obras (460.000). Expresaba, asimismo, su contrariedad ante el hecho de que había "desaparecido el cuño de la empresa". Un extremo del todo chocante, que enlaza con una advertencia sobre los contratos que figuraba en el dictamen jurídico: "No consta que se hayan redactado en las oficinas y por personal de Emarsa, pese a que el membrete del papel en que se han impreso los contratos pudiera hacer pensar otra cosa". "Tampoco se han protocolizado con arreglo a los procedimientos internos de Emarsa", advirtió el letrado.
Entre otras anomalías, al margen de las detalladas, el dictamen advierte de que García Besó firmó contratos sin informar "previa y detalladamente" al consejo de administración sobre el contenido, sin recabar el "oportuno dictamen jurídico" o sin promover el "concurso" ni solicitar otras ofertas, como marca la Ley de Contratos. "Ni siquiera consta la oferta previa de la propia empresa contratada", advierte Pérez Blesa. Tampoco consta que las adjudicaciones de las obras a Mediarco fueran "revisadas por personal cualificado de Emarsa" ni se justifica técnicamente la elección de la firma. Son algunas de las irregularidades detectadas.
* Levante - 7.12.10
Foto: Valencia, depuradora Pinedo - levante
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ELMUNDO* : La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena de nueve meses de multa (6.750 euros en total) y la suspensión de cargo público por dos años y medio, al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, como responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por prestar de forma irregular servicios de asesoramiento en materia urbanística mientras era jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx. El tribunal, presidido por el magistrado Eduardo Calderón, ha desestimado de este modo el recurso de apelación que interpuso la defensa de Massot, ejercida por Fernando Mateas, contra el auto emitido por el Juzgado de lo Penal nº3 tras el cuarto juicio del caso Andratx en el que el ex alto cargo figuraba como único acusado.
El letrado, al pedir la nulidad de la sentencia, apelaba a la infracción de varios preceptos al considerar prescrito el delito por el que se había dictado condena había prescrito, al fijar la cuota diaria de la pena de multa y al imponerle el pago de las costas devengadas por la acusación particular, lo que rechaza su resolución.
La sentencia, ya firme, consideraba probado que Massot constituyó la sociedad Territorio Asesores para prestar de forma fraudulenta servicios a particulares en consultoría en urbanismo y ordenación del territorio, pese a que nunca llegó a ser inscrita en el Registro Mercantil, su domicilio social era el mismo que el domicilio particular de su madre, y la administradora formal era la esposa de Massot, Dominique Liard, todo ello a fin de ocultar su participación en la sociedad y desarrollar de forma irregular el asesoramiento.
Así las cosas, la sociedad de Massot firmó un contrato en junio del año 2000 con la entidad S'Almudaina II, representada por el empresario catalán Mariano Vives, a fin de colaborar para valorar la pérdida de aprovechamiento urbanístico de la Finca S'Almudaina II, situada en el Port d'Andratx, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales en 1991, una operación cuyo contrato ascendía a siete millones de pesetas a pagar en dos plazos, como así se hizo. En la sentencia, el juez Jaume Tártalo ordenaba también el comiso de 42.070 euros abonados por la sociedad s'Almundaina Dos S.A a la empresa Territorio Asesores S.L, por el asesoramiento prestado por Massot a través de esta sociedad cuando era jefe de Urbanismo en el Consistorio 'andritxol'. En la actualidad, Massot cumple condena en el centro penitenciario de Palma por dos piezas separadas del caso.
* El Mundo - 3.12.10
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es
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SUR/Málaga* : El caso, en el que se investiga las presuntas irregularidades en una operación urbanística que pudo suponer un perjuicio para las arcas del Ayuntamiento de Marbella de más de 26 millones de euros, se remonta a 2006 y entonces contaba sólo con tres imputados: el ex alcalde Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y el tasador José Mora. El número de encausados en el procedimiento penal se ha ido incrementando de manera paralela a la instrucción y ahora la cifra supera ya la treintena, una vez que el juez ha decidido sumar a la lista al promotor inmobiliario José Ávila Rojas y a cuatro ex directivos de El Monte, hoy Cajasol. Según la resolución judicial, dictada a finales de noviembre, los nuevos imputados han sido citados a declarar en el Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, aunque lo harán en dos jornadas distintas, el 13 de diciembre y el 3 de febrero.
Además del empresario Ávila Rojas, tendrán que comparecer en la sede judicial Fernando F., Juan Pedro A., Alberto A. y José Manuel S., que según la agencia Efe ocuparon, respectivamente, los cargos de gerente, director general, director general adjunto y secretario de la caja sevillana.
Los encausados deberán prestar declaración ante el nuevo juez que instruye el caso -tras el traslado del magistrado Ricardo Puyol al Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga-, en el que se investiga la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, contra la ordenación del territorio, prevaricación y blanqueo de capitales en relación con la enajenación y posterior venta de varias parcelas de la finca 'El Pinillo'.
Entre los más de treinta imputados en el procedimiento se encuentran también el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y varios ex concejales, así como Jesús y Miriam Gil Marín, hijos del fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil. Los investigadores mantienen que todos los actos ejecutados en la operación urbanística tenían como único fin el enriquecimiento de personas cercanas al Consistorio y de empresarios que participaron en los mismos y consideran que Miriam Gil ejerció supuestamente a lo largo de las actuaciones como testaferro de su padre en una empresa utilizada como velo societario en la que compartía con Roca el 50% de las acciones.
Enajenación y venta
Según el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella ratificó en junio de 2000 la venta de tres parcelas pertenecientes a la finca 'El Pinillo' que había realizado anteriormente el entonces alcalde Jesús Gil de manera directa y sin ajustarse a ningún procedimiento legal establecido. Los terrenos fueron enajenados en 1991 por el Consistorio mediante expropiación y bajo el argumento del interés social de los suelos para la construcción de un palacio de congresos y exposiciones.
Las parcelas, sin embargo, fueron vendidas en julio de 1999 mediante decreto del alcalde por más de 3 millones de euros. Ese mismo día, la empresa que adquirió los terrenos los vendió por más de 4 millones, mientras que en 2003, en otra operación de compraventa, se pagaron cerca de 29,5 millones de euros por los mismos.
La citación de los ex directivos de El Monte estaría relacionada con la concesión de un préstamo de 7,8 millones de euros a una de las empresas inmobiliarias que participaron en la operación. La representación legal de los imputados mantiene que el préstamo se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que no se habría causado ningún perjuicio a la entidad bancaria y además el supuesto delito habría prescrito.
* SUR - 8.12.10
Foto: El promotor José Ávila Rojas - sur
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ELADELANTADO* : El Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS), en fase de tramitación, permitirá incrementos ‘injustificados’ de edificabilidad en numerosos inmuebles, sobre todo en el recinto amurallado. Asimismo, la nueva catalogación hace también que numerosos inmuebles pierdan nivel de protección. Así lo sostienen la Asociación de Amigos del Patrimonio y la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (Avras) que constituyeron una comisión mixta de trabajo para presentar alegaciones al PEAHIS; referidas exclusivamente al casco antiguo, en el caso de Avras. El PEAHIS está llamado a ordenar en un solo documento el urbanismo de una amplia zona de la ciudad, desde el barrio de Santa Eulalia al casco antiguo; más de 2.000 hectáreas de suelo, incluyendo suelo rústico, urbanizable y urbano en el área central de la ciudad.
El planeamiento compila todas las áreas a preservar desde que a finales del siglo XIX comenzaran a aplicarse las distintas figuras de protección patrimonial en distintas épocas. Este Plan Especial aumentará la edificabilidad en las áreas históricas un 147,3%; y permitirá ampliar en 1.600 el número de viviendas actuales, 314 más solo en el casco antiguo.
Para el presidente de “Amigos del Patrimonio”, Pedro Montarelo, el PEAIHS “consiente” que muchos edificios puedan aumentar su volumen actual —incrementando el número de plantas— de manera ‘injustificada”. Del análisis detallado del PEAHIS, Montarelo sostiene que algunos edificios carecen de una mínima protección —la denominada como ‘ambiental’—, “puesto que se autoriza un número de plantas que contrasta con la altura de los inmuebles del entorno”.
El planeamiento, de acuerdo con Montarelo, con frecuencia justifica este tipo de intervenciones “por razones enunciadas de forma genérica”, como puede ser un cierre de manzana, la mejora del paisaje urbano, el acondicionamiento de espacios públicos o para tapar medianerias existentes.
A este respecto, el presidente de Amigos del Patrimonio cita varios ejemplos; como el de un edificio de la Plaza del Doctor Laguna —en la zona de los Huertos—, que el PEAIHS rebaja notablemente su nivel de protección. La propuesta supone construir 16 viviendas, elevar la altura máxima desde las actuales 2 plantas hasta las 4,5 plantas y aumentar el volumen desde los 738 metros cuadrados actuales hasta los 1.322,30, lo que supone un incremento del 79%.
juzgados Otro ejemplo es el actual edificio de la Audiencia Provincial, que, con el próximo traslado de los juzgados a un inmueble de nueva construcción en Nueva Segovia, pasará con el PEAHIS a tener un uso como Viviendas de Protección (VPO). Avras y Amigos del Patrimonio ven ‘positivo’ el cambio de uso, porque supone un aumento en la capacidad de albergar población en el recinto amurallado. No obstante, Montarelo sostiene que a juicio de las dos asociaciones es “abusivo” el aumento de edificabilidad (53%) que se propone y elevar el número de plantas a 4,5.
También es ‘abusivo’, en opinión de las dos asociaciones, el incremento de edificabilidad para el actual edificio de la Plaza Reina Doña Juana y que actualmente acoge la sede del INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social. Igualmente, con el futuro desalojo de inmueble por parte de sus actuales inquilinos, hacia otro de nueva construcción, y el propósito municipal de ubicar un mercado municipal cubierto, el PEAHIS aumenta su edificabilidad un 59% —se eleva el número de plantas hasta las 4,5—, despojando al inmueble de ninguna protección urbanística.
Según Amigos del Patrimonio, al menos hasta ocho edificios “singulares” deberían contar con mayor nivel de protección —ser catalogados con protección integral, para que no pueda alterarse volumen ni altura; entre ellos, el Convento de las Carmelitas Descalzas, el Palacio de Mansilla, La Alhóndiga, la Huerta del Seminario o la Casa Consistorial.
A su juicio otros 35 inmuebles deberían también aumentar su grado de protección —ser catalogados con protección estructural en lugar de ‘ambiental’—, mientras que han observado ‘omisiones incomprensibles’ en las ordenanzas de protección de monumentos y edificios como la muralla, el Arco de la Fuencisla, o el Postigo del Consuelo.
Asimismo, Montarelo sostiene que el PEAHIS autoriza ‘usos incorrectos’, y así cita dos casos en la calle Daoiz de inmuebles recalificados, que pasarían de tener un uso residencial a un uso hotelero. Según el presidente de Amigos del Patrimonio, en esta calle del barrio de las Canonjías, y de acuerdo con la normativa vigente, está prohibido destinar un edificio “entero” a uso tercio hostelero.
Fuera del recinto amurallado, Montarelo señala el inmueble de las Siervas de María, en el entorno de la iglesia de San Andrés, destinado a viviendas, donde el PEAHIS autoriza un aumento de edificabilidad del 193%. La asociación también denuncia el aumento de edificabilidad el 144% en la parcela donde se encuentran las ruinas del convento Premonstratense de Santa Ana, la denominada “Huerta Grande”, en San Lorenzo; autorizando un uso hostelero.
Por último, Montarelo lamentó que, a través del PEAHIS no solo pueda legalizarse la denominada ‘Casa de la Parra’, sobre la que pesa una orden de derribo, sino incrementar la edificabilidad en su entorno.
* El Adelantado - 5.12.10
Foto: Sede del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la Plaza Reina Doña Juana - eladelantado
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ELPAÍS* : El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, autorizó, siendo alcalde de Arnoia, la construcción de un tanatorio en terreno catalogado por Patrimonio. Y pese a que fue conminado por la Xunta a paralizar la obra, acabó ejecutándola. La edificación se incrusta entre los panteones del cementerio municipal cuya iglesia, de San Salvador, figura como "arquitectura religiosa" inventariada por Patrimonio. Junto a ella, el crucero goza de una protección especial como Bien de Interés Cultural (BIC). No es la única normativa que supuestamente ha obviado el ex alcalde y actual representante de la Xunta en Ourense.
El PSdeG, que va a denunciar por prevaricación a Martínez, sostiene que el tanatorio incumple la normativa sanitaria sobre cementerios que obliga a que éstos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas. El de Arnoia se incrusta literalmente en alguno de los panteones "con el riesgo que supone para los vecinos" que acuden con cierta frecuencia a él, sostienen los socialistas.
En su decisión de edificar el tanatorio en ese enclave, Martínez hizo caso omiso de todas las advertencias. El proyecto de construcción fue registrado en la Xunta en agosto de 2004 e informado un mes después por la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense con resolución del director general. A la vista del mismo, la Xunta decidió, en noviembre de ese mismo año, incoarle un expediente sancionador. El proyecto fue rechazado porque se incluía en zona catalogada patrimonialmente.
Tras las alegaciones presentadas por Martínez, Patrimonio le impuso, en noviembre de 2005, una multa de 5.000 euros que saldó recurriendo a las arcas municipales del Ayuntamiento que entonces presidía. Martínez ordenó el pago de la multa, pero hizo caso omiso de la advertencia de ilegalidad y continuó con la obra. El tanatorio presta desde hace años su servicio pese a haber sido prohibido.
José Camilo Fariñas, sustituto del delegado de la Xunta en Ourense al frente del Ayuntamiento de Arnoia, ha intentado legalizarlo ahora mediante su inclusión en el nuevo plan general de ordenación municipal. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras aprobó el planeamiento el pasado octubre pero, según consta en la demanda del PSdeG, "no se puede dar cobertura legal a algo declarado ya previamente ilegal". Para legalizar el tanatorio sería necesaria, sostienen los socialistas, la presentación de un nuevo proyecto de la edificación adaptada al nuevo planeamiento urbanístico y previamente autorizado por la comisión de Patrimonio, que en su día lo consideró ilegal y lo sancionó con la multa.
La secretaria de organización del PSOE ourensano y parlamentaria, María Quintas, entiende que la Xunta "está intentando dar cobertura" a su representante en Ourense. Quintas recuerda que Martínez, imputado por fraude y malversación en la gestión de fondos comunitarios, es "el protegido de Feiijóo que lo mantiene en el puesto de responsabilidad pese a que fue condenado por ese motivo por la Audiencia Nacional". Quintas no sólo alude a la aprobación del planeamiento urbanístico -"quizás Martínez no presentó la documentación del tanatorio; no lo sabemos"- sino al "constante silencio" de los representantes del Gobierno gallego a cuantas iniciativas ha presentado ella misma en el Parlamento sobre esta cuestión en los últimos meses.
"Sospecho que Feijóo está intentando que prescriban las irregularidades cometidas", sostiene la socialista. En su opinión, los hechos incluidos en la demanda son "prácticamente idénticos" a los que llevó a cabo el alcalde de Melón, Alberto Pardellas, en la construcción de un polideportivo pegado al monasterio cisterciense. Pardellas fue inhabilitado en sentencia firme.
Un expediente oculto
La parlamentaria socialista María Quintas inició a comienzos de este año un trabajo de control parlamentario de la obra ejecutada por Rogelio Martínez que resultó baldío. Solo obtuvo el silencio por respuesta del Gobierno gallego. La diputada no ha dejado de reclamar en todo este tiempo la documentación del expediente administrativo tramitado en el Ayuntamiento de Arnoia así como la del expediente disciplinario incoado por la Dirección Xeral de Patrimonio. No ha conseguido un solo papel en diez meses. Y tampoco ha obtenido respuesta a sus constantes preguntas en ñla Cámara sobre este asunto.
El mes pasado, "y casi a la desesperada", la parlamentaria optó por entregarle en mano al conselleiro de Cultura, Roberto Varela, la petición por escrito de la documentación de todos los expedientes de patrimonio, permisos sanitarios y estado actual de legalidad administrativa de esta infraestructura. Tampoco el conselleiro le ha contestado.
"No podemos saber si hay uno o más expedientes abiertos" sobre el tanatorio, sostiene Quintas, quien enfatiza que la Xunta "en un claro incumplimiento de sus obligaciones, se niega a dar la información escrita o verbal sobre esta obra" que implica a su representante en Ourense. A la vista de estos incumplimientos, y de la "preocupante situación sanitaria" el PSdeG ha decidido recurrir a la vía penal.
* El País - 7.12.10
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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NORTECASTILLA/Valladolid* : Si vienen malos tiempos para albañiles, fontaneros, carpinteros, pintores, electricistas y promotores, también para los arquitectos. La crisis inmobiliaria, que desde hace dos años remueve los cimientos del hasta hace poco firme sector de la construcción, llega ya de forma palpable a los profesionales de la arquitectura en la provincia vallisoletana, donde el parón de los proyectos encargados por particulares y constructoras ha frenado sus ingresos profesionales. Una de las consecuencias de esta situación ha llevado a que el Colegio de Arquitectos de Valladolid se vea obligado a liquidar parte de su patrimonio inmobiliario para hacer frente a los gastos ordinarios de su sede y personal contratado.
Esta entidad profesional ha pasado de manejar un presupuesto anual de un millón de euros en los años de la 'burbuja inmobiliaria' hasta los 450.000 euros de 2010. Para el año que viene, los arquitectos verán reducido hasta los 300.000 euros su presupuesto anual, consecuencia de una política de ajuste por el descenso de su actividad.
Para este jueves, el Colegio vallisoletano ha convocado una asamblea en la que se decidirá sobre la venta de dos inmuebles que permitirán 'hacer caja' con destino a los gastos ordinarios de la entidad.
Un ajuste que, según algunos profesionales colegiados, afectará también a la plantilla, actualmente formada por doce personas. Hace un año, el Colegio ya se vio obligado a reducirla en tres personas de las 15 que trabajaban en la sede.
La enajenación del patrimonio del Colegio no incluye la planta quinta de la calle Santiago 9, sino un piso y el sótano de esta sede, que saldrían a la venta.
En Valladolid hay unos 970 facultativos superiores de arquitectura colegiados, a los que se añaden otros tantos aparejadores agrupados en su colegio respectivo. En pleno 'boom' inmobiliario, esta cifra daba trabajo para muchos, pero ahora una feroz competencia ante el parón de los proyectos ha dejado sin la actividad deseada a muchos de los estudios profesionales que estaban encargados, preferentemente, de obra residencial.
Ley Ómnibus
Pero no solamente es la crisis de la construcción la que perjudica a los arquitectos, sino también la regulación de la llamada 'ley Ómnibus', desarrollada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero este año.
En esta norma se exime a los particulares y empresas de visar el proyecto de una obra, lo que hasta la fecha suponía el abono de una tasa que percibían los colegios de arquitectos, cantidad destinada a su funcionamiento diario colegial.
«Los visados han caído un 20% en los últimos meses por la crisis, pero tras la aprobación de la 'ley Ómnibus' han llegado hasta el 50% si se compara con ejercicios anteriores», reconocen desde el Colegio que tiene su sede en la calle Santiago.
El ingreso por estos visados suponía para el Colegio de Valladolid un abono que no superaba el 0,04% de la ejecución material presupuestada por cada obra particular.
¿Y cómo se justificaba este pago? Los colegios aseguran que el visado profesional es un servicio que permite no solo la comprobación administrativa, sino también la supervisión técnica realizada por una entidad profesional.
Además, añaden, garantiza la seguridad de los trabajos profesionales antes de su realización, asegurando su adecuación a las leyes, normativas y reglamentaciones técnicas establecidas por ayuntamientos o comunidades autónomas.
El visado garantizaba, según los colegios, la existencia de un seguro de responsabilidad civil (SRC) del que es tomador el Colegio, así como conservación de la documentación técnica de los trabajos profesionales ya visados. En este sentido, los colegios sostienen que el visado profesional ahorra tiempo y libera recursos de las administraciones en favor del ciudadano.
Esta supresión ha afectado a los proyectos básicos relacionados con peritaciones, tasaciones inmobiliarias y trabajos de los arquitectos que no tengan que ver con el proyecto de ejecución.
A modo de ejemplo, la edificación de una casa, cuyo proyecto de ejecución suponga un coste de unos 40.000 euros, comportaría el pago por el particular de unos 200 euros en concepto de tasas.
Con la asamblea de esta semana, los arquitectos pretenden concretar el reajuste de sus cuentas, y su adaptación a una realidad que a medio plazo supondrá que muchos de estos facultativos se planteen un giro a su actividad.
Debate sobre colegiación
Otra de las cuestiones que afectan a los arquitectos es si el Gobierno aprueba la libertad de colegiación, derogando la obligatoriedad. En estos momentos, un arquitecto de Valladolid está obligado a darse de alta en el Colegio para trabajar, y paga unos 250 euros al año, que se destinan al Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este, que comprende las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.
Por otra parte, el pago por los visados de los proyectos de particulares va a parar directamente a la caja de cada Colegio provincial, lo que significa que la exención aprobada por el Gobierno este año ha dejado a estas entidades en una situación de falta de liquidez.
En contraprestación a estos dos pagos, el Colegio de Valladolid ofrece a sus socios defensa jurídica, asesoría fiscal y cursos de formación relacionados con la edificación.
* Norte Castilla - 7.12.10
Foto: Edificaciones residenciales en Arroyo de la Encomienda construidas en los últimos cinco años, coincidiendo con el desarrollo del sector de la construcción.- nortecastilla
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