ELPAÍS* : El Gobierno ha pedido al Consell que anule el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante porque lesiona el interés general en el proyecto para la ampliación del polígono industrial de Las Atalayas, en el extrarradio de la ciudad. La sociedad pública de promoción de suelo, Sepes, dependiente del Ministerio de Fomento, ha presentado a la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo un duro documento de alegaciones contra la aprobación provisional del planeamiento. En síntesis, la empresa pública considera que el nuevo PGOU no permite crecer al polígono industrial, porque su suelo no ha sido declarado urbanizable ni los terrenos aledaños han sido incluidos en la nueva zona de parques naturales.
El escrito de alegaciones del Sepes acusa al Ayuntamiento, presidido por Sonia Castedo, del PP, de incumplir los pactos entre la entidad y el Consistorio previos a la aprobación provisional del PGOU, el 17 de abril de 2009. "Para sorpresa de esta entidad pública, no se contemplaban [en el nuevo PGOU] muchas de las cuestiones que habían sido planteadas y consensuadas en las citadas reuniones", dice el documento. "Al contrario, se producen importantes lesiones a los intereses públicos", añade.
La entidad Sepes es, en la actualidad, la titular de los terrenos del polígono de Las Atalayas, con una superficie aún por desarrollar urbanísticamente de 193 hectáreas. El organismo mantiene que "buena parte de esos terrenos" eran urbanizables antes de la revisión del PGOU. "Y, sin embargo, han quedado, injustificadamente, excluidos de los futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad, produciendo un innegable perjuicio para el desarrollo industrial, económico y social de la ciudad de Alicante y de la Comunidad Valenciana". La sociedad pública también mantiene que sus terrenos en las sierras de Sancho y Borgoño han sido "arbitrariamente" excluidos de la consideración de parques naturales. Esta calificación hubiera permitido a la entidad transferir sus aprovechamientos urbanísticos a otras zona urbanizables de la ciudad.
El Sepes asegura que presentó alegaciones a esa aprobación provisional del PGOU, que el Ayuntamiento no atendió en la segunda validación al documento, en mayo de 2010. En ambas ocasiones, el PP se quedó solo en la aprobación. El PSPV votó en contra.
El desacuerdo de la sociedad estatal Sepes con la actuación del Ayuntamiento de Alicante en la redacción del nuevo planeamiento urbano es tan frontal que en el escrito que envía a la consejería que dirige Juan Cotino asegura también tener constancia "de que son múltiples los intereses particulares lesionados en las decisiones adoptadas con la aprobación provisional del citado plan". Sepes agrega en sus alegaciones que estos particulares han presentado numerosas reclamaciones, síntoma inequívoco, en opinión de la empresa pública de promoción, de las "múltiples carencias técnicas y jurídicas" del texto propuesto por el Ayuntamiento de Alicante.
Sepes incide en que debido a las "múltiples infracciones del ordenamiento jurídico estatal y autonómico de la aprobación provisional de la revisión del PGOU de Alicante", la Generalitat debe anular el acuerdo del pleno o devolver el expediente al Ayuntamiento obligándole a introducir las correcciones expuestas en el escrito.
En sus alegaciones, el Sepes menciona otras consideraciones sobre el planeamiento respecto a la ampliación de Las Atalayas, denominado en el PGOU como UZO-10. Una de las críticas es la inconcreción sobre quién tiene que ejecutar la red viaria del sector y la conexión e integración con el resto de la zona. El Sepes considera que, de ser asumidas las cargas por ella, pondría en peligro la viabilidad económica del proyecto de ampliación. Según un cálculo de la empresa pública, el coste de las obras de urbanización y conexiones con los principales viales del área (A-31 y A-7) ascenderían a 16 millones de euros. Cifra que se elevaría hasta los 18,5 millones si también tuviera que ejecutar los viales de conexión con el citado polígono.
Por otro lado, las reclamaciones privadas que menciona Sepes se refieren a las denuncias que algunos propietarios de terrenos en el extrarradio de Alicante han presentado ante el propio Consistorio al comprobar cómo éste desprotegió su suelo tras negarse ellos a vender a un particular. En el primer avance del futuro planeamiento se calificaba como paraje natural una zona que incluía alrededor de 700.000 metros cuadrados que cinco propietarios, los denunciantes, poseían en la partida de Bacarot, en las inmediaciones del polígono Las Atalayas y Pla de La Vallonga. Los dueños aseguran que en el verano de 2008 representantes de la empresa Mallaeta Urbana se pusieron en contacto con ellos con la intención de comprarles el citado suelo. Solo un propietario accedió a vender. La operación no cuajó y al mes de frustrarse el Ayuntamiento eliminó del PGOU esa zona como parque natural y le devolvió la consideración de suelo rústico. En su lugar, se incluyó como zona protegida el vecino paraje de la sierra de Fontcalent. Los propietarios alegaron exigiendo una explicación por el cambio, aunque no recibieron respuesta.
* El País - 4.03.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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LAOPINIÓN/Entrevista* : El reputado arquitecto y urbanista Luis Felipe Alonso Teixidor explica las claves de la crisis urbanística en el salón de actos de Caja España-Duero, en una conferencia organizada por el Foro Ciudadano de Zamora y el Colegio de Arquitectos. Alonso Teixidor permitirá comprobar que Zamora no es ajena a los problemas generales del país.
-Hoy analiza la crisis del urbanismo en Zamora, donde el Foro Ciudadano insiste en la excesiva dimensión del futuro Plan. ¿Se trata de un problema exclusivo de la ciudad?
-En realidad, no sólo es un problema de Zamora, sino de todo el urbanismo español en general, que afronta una seria crisis.
-¿Cuáles son las claves de esa situación?
-Por un lado, la legislación no ha sabido responder al modelo de ciudad de los noventa como sí supo hacerlo en 1956 y en 1976. Además, en los últimos veinte o veinticinco años, el epicentro se ha situado en el aprovechamiento del producto inmobiliario, donde han primado los intereses individuales sobre los generales.
-¿El crecimiento de la población en los noventa está en el origen del problema?
-Realmente no, porque también hubo un crecimiento demográfico espectacular en los años cincuenta. Aquí, la diferencia fundamental radica en la pérdida de la armonía entre el incremento de la población y el urbanístico. La sobredimensión se ha convertido en un problema general, que nos hace enfrentarnos a un despilfarro absurdo. Este fenómeno, socialmente inútil y muy preocupante, nos ha llevado a la situación económica actual y a la destrucción del territorio.
-Alude a la coyuntura económica...
-Claro, el problema es si tenemos capacidad para superar eso que en este país tenemos casi genéticamente grabado.
-¿Quiénes son los responsables de la realidad actual?
-En primer lugar, el poder que tiene competencia sobre el ámbito urbanístico, que no ha tomado decisiones para regular y pensar en las consecuencias que ahora vemos. Pero no es el único, el sistema financiero ha facilitado el cumplimiento de los deseos personales de los ciudadanos, que han entrado a formar parte de un círculo vicioso. Muchos han visto en la especulación la oportunidad de un enriquecimiento rápido.
-Ese enriquecimiento del que habla, ¿no ha demostrado ser en realidad una suerte de empobrecimiento en tiempo récord?
-No ha sido un enriquecimiento rápido para el país en su conjunto, pero sí para los particulares, aunque de forma desigual.
-Es decir, que los ciudadanos han sido corresponsables en esta situación...
-Sí, pero menos corresponsables que otros. Cuando se pone un pastel apetecible al alcance de la mano ... Es difícil contener la gula.
-¿Cómo cree que nos ven en Europa?
-Supongo que siguen pensando que España es diferente.
-Desde algunos partidos políticos se ha señalado la Ley del suelo de la era Aznar como el origen del crecimiento desmedido de las ciudades, ¿es cierto o sólo un factor más?
-Es un aspecto nada más, porque las cosas son más complejas. En realidad, la normativa de Aznar era una ley bastante cateta, porque planteaba problemas que no resolvía y tampoco daba solución a los que ya existían.
-¿Y qué opina del paisaje de las costas españolas?
-Es un aspecto más de la tragedia del urbanismo español, que ha fomentado la corrupción con consecuencias irreparables para el territorio. Ese daño irreversible ha afectado a las costas, pero también a nuestro pueblos, tan frágiles.
-La provincia de Zamora no ha sido ajena a esa realidad...
-Los pueblos españoles se han desfigurado. Es interesante darse un paseo por Francia, un país más rico, donde el cuidado de las zonas rurales es sorprendente.
-¿No han escapado a la tentación los alcaldes?
-Los ayuntamientos, con capacidad para resolver situaciones de orden urbanística, tienen su cuota de responsabilidad, pero en último caso, ésta recae en la Comunidad Autónoma.
-En las cuidades, ¿ese crecimiento debería haber estado dirigido a los barrios?
-Lo importante es que el crecimiento sea mesurado y acorde al tamaño de la ciudad, ha de apoyarse en lo que ya existe porque permite un mejor aprovechamiento de los recursos y evita sobrecostes para la administración.
-¿Cree que a nada que la banca abra el grifo caeremos de nuevo en la tentación?
-Me lo temo. Se habla mucho de un crecimiento alternativo, pero el problema es con qué. Las decisiones que se están tomando son a largo plazo y hay que preguntarse qué se va a hacer entretanto.
-Sobre el precio de la vivienda, ¿cree que bajará aún más o hay un límite?
-En el caso español, el precio ha demostrado que es resistente a la bajada, algo que no ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos.
-Ahora que todas las ciudades intentan imitar al Guggenheim de Bilbao como motor económico, ¿nos recomienda un fichaje de relumbrón para hacer un gran proyecto en Zamora?
-El éxito de esas fórmulas depende de la confluencia de los astros. En Zamora ya hay ejemplos de buena arquitectura y de recuperación de espacios que son verdaderamente interesantes.
Zamora
* Arquitecto, urbanista y profesor en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Luis Felipe Alonso Teixidor atesora una enorme experiencia en instituciones y universidades españolas, europeas y de América Latina. Premio Nacional de Urbanismo en 1985 como miembro del equipo técnico de dirección del PGOU de Madrid, la relación profesional de Teixidor con la provincia se circunscribe a la dirección técnica del Plan Especial del Lago de Sanabria 1973-75. Actualmente, realiza trabajos de investigación sobre la construcción y el paisaje de los nuevos territorios urbanos.
* la Opinión Zamora - 2.03.11
Foto: Zamora - wikipedia.org
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LAOPINIÓN : Trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Málaga han mostrado su preocupación por la imagen que se está dando a la ciudadanía de este organismo después de los últimos casos denunciados en relación con el concejal responsable, Manuel Díaz. Precisamente, han tachado de "bochornoso el espectáculo que está dando". La presidenta del comité de empresa, Zaida Meabe, ha señalado a Europa Press que, "en absoluto, la actuación que se está trasladando corresponde al proceder habitual de los trabajadores públicos, que exigen a los ciudadanos unas condiciones bastante estrictas y serias". "No hay excepciones, las condiciones son para todos", ha manifestado Meabe, al tiempo que se ha mostrado segura de que, en los casos denunciados, "ningún funcionario se ha saltado los procedimientos", sino que, "será una cosa del propio concejal y, posiblemente, de algún jefe de departamento".
Meabe ha trasladado la "preocupación" de los trabajadores de la Gerencia, especialmente de los encargados de la atención al público, ya que "son ellos quienes tienen que explicar a los ciudadanos las condiciones de los distintos procedimientos".
CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
La representante de CCOO ha denunciado "una campaña de desprestigio de la función pública y el trabajador público" por parte del actual concejal de Urbanismo porque "es una persona que no cree en el servicio público".
Ha responsabilizado directamente a Díaz de la situación por la que atraviesa la Gerencia de Urbanismo: "quizá se deba a su juventud o a que no ha pasado por una administración pública", haciendo referencia a que los concejales anteriores "normalmente eran personas formadas en la creencia de la objetividad del funcionario".
"El concejal de Urbanismo nos viene demostrando que no cree en la independencia del trabajador público, sino solamente en la externalización y en la obediencia debida al superior jerárquico", ha criticado.
El comité de empresa de la GMU ha acordado este jueves enviar un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, mostrándole su malestar por "el desprestigio que está sufriendo la Gerencia de Urbanismo con la actitud de Díaz" y solicitándole que intervenga "en defensa de la profesionalidad de los trabajadores". "Nos sentimos ofendidos por el uso de la administración que está haciendo el concejal", ha aseverado Meabe.
MANUEL DÍAZ Y SU HERMANO
Aparte del caso que investiga un juzgado de Málaga sobre la presunta comisión de un delito de cohecho en la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, se ha conocido que Díaz pagó menos de lo estipulado por la licencia para una obra en su vivienda, así como que su hermano, Alberto Díaz, director del distrito de Cruz de Humilladero, obtuvo un permiso de obra para la reforma de la cubierta de su casa sin presentar el proyecto preceptivo.
El propio Manuel Díaz ha responsabilizado de lo ocurrido al constructor al que encargó los trabajos, ya que "en el contrato acordamos que ellos se encargarían de pedir los permisos". "Soy coherente con lo que exijo a otros y quiero predicar con el ejemplo", ha manifestado, añadiendo que seguirá con la misma ilusión en el desarrollo del trabajo que le ha sido encargado.
Por su parte, Alberto Díaz ha aclarado este jueves, en cuanto a las obras de mejora en su casa, referentes a la eliminación de parte del faldón de cubierta para su conversión en terraza transitable y la reforma de un cuarto de baño, que "la actuación prevista consistía en la sustitución de parte de cubierta inclinada por cubierta plana, lo que no afecta a elementos estructurales, ya que se trata de eliminar parte de tabiques avisperos y dejar cubierta visitable".
Más aún, ha asegurado que "en consulta al Departamento de Disciplina Urbanística se me indicó claramente que, al no afectar a elementos estructurales, no requería de la aportación de proyecto ni dirección técnica".
Ha precisado, igualmente, que, aunque la solicitud de licencia se presentó el 22 de abril, "con más de un mes de antelación, inicié los trámites para presentar toda la documentación de forma correcta, me informé de toda la documentación que hacía falta para la consecución de la licencia, aportando la documentación a medida que los técnicos de Urbanismo me la iban solicitando", de forma que "no dejara ningún cabo suelto".
Por tanto, ha subrayado el hermano del concejal de Urbanismo, "toda la documentación ya estaba supervisada y de ahí la agilización de la consecución de la licencia".
* La Opinión Málaga - 3.03.11
Foto: Málaga, nueva Gerencia Urbanismo - sur
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LAVERDAD/Murcia* : El alcalde de Blanca, Rafael Laorden, prestará mañana declaración en el juzgado nº2 de Cieza en calidad de imputado en relación a la actividad de un vertedero de propiedad municipal en zona protegida, según anunció ayer en un comunicado Ecologistas en Acción. Su presencia en el juzgado está relacionada con las diligencias previas abiertas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente derivado de la actividad que desde hace ocho años ha mantenido un vertedero ilegal situado en el monte La Navela y El Solán, también propiedad del ayuntamiento de Blanca y dentro de una zona protegida por su alto valor ecológico como es la zona de especial protección para las aves Sierra de Ricote-La Navela.
Según Ecologistas en Acción, «el consistorio blanqueño conocía sobradamente la situación de ilegalidad del vertedero y ha permitido su funcionamiento durante todos estos años e incluso lo ha impulsado llegando acordar la gestión a través de una mercantil privada que ha explotado las instalaciones, ocasionando un grave deterioro del entorno y provocando la destrucción de especies de flora protegida».
Ecologistas en Acción y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han denunciado en varias ocasiones el vertido de todo tipo de residuos, denuncias que han derivado en sanciones económicas y resoluciones de cierre del vertedero que el ayuntamiento de Blanca ha desoído, según Ecologistas quien en julio de 2009 decidió dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y que ahora son investigados por la justicia.
Por su parte, el alcalde de Blanca, Rafael Laorden, se limitó a declarar ayer que «el vertedero ha estado funcionando durante muchos años, pero lleva clausurado más de un año».
* La Verdad - 3.03.11
Foto: Imagen del vertedero tomada en septiembre de 2009. :: LV
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DIARIOCÓRDOBA* : La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado al ex alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo Miguel Martínez Múrez a penas que suman cuatro años de prisión, como autor de un delito de prevaricación urbanística, entre otros. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se detallan como probados que el acusado, que ejerció la alcaldía como militante del Partido Analucista (PA), del que fue expulsado en 2010, es auto de los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y delito de infidelidad en la custodia de documentos mientras ejercía como alcalde de la ELA. El fallo remite a hechos que se remontan a septiembre de 2006, cuando una constructora presentó el proyecto de edificación de dos viviendas en la calle Félix Rodríguez de la Fuente de la localidad por el que el imputado redactó un documento de recibo con un importe de 4.413,47 euros y autorizó para la consecución del mismo.
El presidente del Tribunal considera que el acusado obró de manera "consciente y pasando por alto" la tramitación que la Ley recoge para la concesión de licencias urbanísticas.
Así, matiza que, como cargo público, el imputado resolviera un asunto como si fuera de "su exclusivo interés y sin más norma que su particular criterio, pasando por alto las exigencias que la actuación pública ha de guardar".
La sentencia califica de "anómalo" el hecho de que el ex alcalde recibiera esa suma de dinero en metálico y como "curioso" que la cuantía fuera a parar al cajón del despacho donde ejercía como máximo edil.
En este sentido, se llega al convencimiento de que, tras las pruebas recabadas en el procedimiento, el acusado, tras recibir el dinero y "hacerlo propio" lo "integró en su patrimonio hasta que se vio obligado a reintegrarlo cuando trascendió el asunto.
El fallo detalla penas de doce meses de multa a razón de seis euros diarios, con responsabilidad penal subsidiaria de 180 días, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística.
En relación al delito de malversación de caudales públicos, se condena al acusado a tres años de prisión e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año.
La sentencia fija una condena de un año de prisión, siete meses de multa a razón de seis euros diarios e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año por otro delito de infidelidad en la custodia de documentos.
De igual manera, también se le condena a sufragar un tercio de las costas del procedimiento por cada uno de los delitos a los que se condena.
* Diario Córdoba - 3.03.11
Foto: Encinarejo (Córdoba) - micordobarural
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MADRIDIARIO* : "Es prácticamente imposible ordenar urbanísticamente la zona para viviendas en la Cañada Real". Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ayuntamiento de Madrid tras realizar un estudio de viabilidad sobre la ley que pretende aprobar la Comunidad de Madrid. Una norma que, según los municipios afectados, deja en segundo plano las necesidades sociales. En el estudio, al que ha tenido acceso Madridiario, el Consistorio contempla todos los condicionantes que, a su juicio, impiden legalizar las viviendas de los entre 15.000 y 40.000 habitantes de esta vía pecuaria de 14 kilómetros de extensión y unos 30 metros de ancho que discurre entre Madrid capital, Rivas y Coslada. El primero de ellos, reza el documento, son las infraestructuras. La Cañada discurre paralela (y cruzándose a la altura de Vicálvaro y Rivas) a la M-50 y las vías del AVE, además de lindar con la M-203, la M-45 y la Radial 3. El Ayuntamiento cita también como condicionante el aeropuerto de Barajas (limitación de altitud), las arterias de abastecimiento de agua del Canal de Isabel II en Rivas, el colector de saneamiento de Vicálvaro, el gasoducto Rivas-Loeches-Alcalá y el oleoducto Loeches-Villaverde, además de los pasillos eléctricos que imponen varias líneas de alta tensión presentes en su recorrido.
Según el Consistorio, la concentración de estos elementos ya hace imposible la recalificación de terrenos, ya que la legislación de infraestructuras exige zonas de protección de 8 a 200 metros según el caso para cada elemento.
El segundo argumento que enarbola el Ayuntamiento para oponerse a la ley autonómica es el de las leyes ambientales. En primer lugar, apunta como limitación de cualquier plan urbanístico la ley que regula el Parque Regional del Sureste y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Cortados y Cantiles del Jarama, que lindan con la Cañada en su vertiente este. Suma a estas las vías pecuarias de Coladas de la Torrecilla, Congosto, Valdeculebra, Santísimo y Cordel de Pavones, incluyendo los arroyos de Los Prados, Los Migueles y Los Ahijones. Por último, advierte de la existencia de una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de la incineradora de Valdemingómez (Ley 34/2007 de calidad del aire) y de la necesidad de atender las leyes 37/2003 y RD1367/2007, que impiden niveles de ruido superiores a 65 y 55 decibelios en zonas residenciales próximas a líneas de ferrocarril y carreteras. Aquí, el uso industrial del suelo sería posible; las viviendas, no.
Con estas limitaciones sobre la mesa (vea aquí el documento de conclusiones), el Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón advierte que es imposible urbanizar o legalizar construcciones y cumplir a un tiempo la Ley del Suelo vigente, que establece que, por cada 100 metros cuadrados edificables debe haber 30 metros cuadrados de redes locales, 70 de redes generales y un número a definir por cada plan urbanístico de redes supramunicipales. Los servicios públicos (redes de abastecimiento y equipamientos) necesarios sencillamente "no caben", según fuentes municipales.
El tamaño del problema
El Ayuntamiento de Madrid es el que más problemas tiene con la Cañada Real. En su término municipal se ubican en chabolas, infraviviendas, edificios de varios pisos e incluso auténticos chalets en los que viven unas 15.000 personas, de las cuales, según sus cálculos, 3.000 tendrían derecho a realojo. Parte de ellos están incluso empadronados y pagan el IBI.
En el caso de Rivas, el Ayuntamiento reconoce 320 viviendas y 900 personas a las que ha empadronado según obliga la ley. Estos utilizan los servicios sanitarios, educativos y sociales que existen en el municipio. Su propuesta es muy clara, según explicaron sus portavoces a Madridiario: "Derribar las edificaciones ilegales, realojar a las personas con especial necesidad social y devolver a los terrenos su calificación de zona verde". Coslada, sin tener los problemas de exclusión social, marginalidad o seguridad que sí padecen sus vecinos (las viviendas ya están integradas en la ordenación municipal y forman parte de la ciudad), apuesta por una solución integral que incluya sus entre 300 y 400 metros de vía pecuaria. "Es necesario abordar este problema desde la perspectiva de la solidaridad interterritorial, y no como hace la Comunidad de Madrid que no cuenta para nada con la opinión de los municipios afectados", afirmó su alcalde, Ángel Viveros, a este digital.
Además de las cuestiones urbanísticas están las sociales. Madrid, Rivas y Coslada se están planteando llevar la ley de Aguirre al Tribunal Constitucional porque su Gobierno "no se compromete a solucionar los problemas sociales antes de cumplirse el máximo de dos años" establecido en la normativa. Después de ese plazo, la Comunidad podría vender o ceder los terrenos sin haberse resuelto estas situaciones, algo a los que los consistorios se niegan en rotundo. Los tres esperan que el Ejecutivo regional les convoque para modificar la ley en lugar de aprobarla en la Asamblea el próximo 10 de marzo, como está previsto.
No obstante, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afirmó este jueves que el consistorio madrileño no tiene intención de acudir al Constitucional. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Cobo aseguró que las negociaciones con la Comunidad siguen en marcha y que la voluntad del ayuntamiento es "llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para buscar una solución a un problema que ya tiene muchos años". "Seguiremos buscando el acuerdo y no estamos en una línea de confrontación jurídica ni política con la Comunidad de Madrid", concluyó Cobo.
* Madridiario - 2.03.11
Foto: Madrid, plano Cañada Real - madridiario
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LAOPINIÓN* : Las obras que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz, realiza en su vivienda particular están amparadas en una licencia de obra menor abreviada donde figura que el valor de la obra es de 1.700 euros, cuando el propio concejal reconoció ayer que dichas reformas tenían un presupuesto de unos 10.000 euros. Al solicitar una licencia de obra por valor de 1.700 euros, Manuel Díaz sólo tuvo que abonar por tasas 50,78 euros, lo que supone que pagó siete veces menos de lo que debería si hubiese consignado el presupuesto real de la obra, unos 10.000 euros. La licencia emitida por la Gerencia de Urbanismo, de la que Díaz es responsable, está firmada por un ciudadano polaco que forma parte de la cuadrilla de trabajadores que realizan las obras de su vivienda y fue tramitada en un tiempo récord. Fuentes de la Gerencia señalaron ayer a este periódico que este tipo de licencia menor abreviada se está concediendo en un plazo de cuatro o cinco días. En el caso de la licencia del concejal de Urbanismo fue aprobada en la misma mañana que se presentó.
La licencia de obra se expidió el 10 de marzo de 2010, pero la esposa del concejal de Urbanismo presentó el pasado 18 de febrero una solicitud para ampliar el presupuesto de obras que declararon hace casi un año. Esta solicitud para declarar el valor real de la obra en su vivienda se produce unos días después de que saltara a los medios de comunicación el «caso piscinas», que afecta también al edil de Urbanismo por supuestas irregularidades en la concesión de la obra de una piscina municipal en Puerto de la Torre.
Díaz niega irregularidades
Manuel Díaz rechazó ayer cualquier tipo de irregularidades en la licencia de obra para su vivienda y aseguró que «en este caso yo soy un damnificado, pues la licencia no la pido yo ni nadie de mi familia, sino uno de los trabajadores y lo hace contraviniendo mis exigencias, ya que yo les obligo por contrato a que toda la documentación la tramiten con arreglo a las ordenanzas e incluso otras exigencias como que los trabajadores estén dados de alta y otras medidas».
La prueba de cualquier falta de irregularidad la expone el concejal en que él mismo, a través de su mujer, «sin que que nadie intervenga, solicito la revisión del expediente para que se tramite con arreglo a la veracidad de los datos, algo que jamás ha hecho nadie que yo sepa".
El hermano, con problemas
Al concejal de Urbanismo, sin embargo, se le acumulan los problemas, ya que la Gerencia de Urbanismo ha concedido también una licencia de obra a su hermano Alberto Díaz, que es el director del distrito de Cruz de Humilladero, para la reforma de la cubierta de su vivienda, sin que éste haya presentado el proyecto de obra que es preceptivo para reformas de este tipo.
El director del distrito de Cruz de Humilladero pidió licencia de obra menor para la sustitución de la cubierta y el arreglo de interiores de su vivienda el pasado 22 de abril de 2010. En la misma justificó un presupuesto de obras de 3.542 euros, por lo que pagó una tasa de 93,71 euros.
Sin embargo, las ordenanzas de la Gerencia de Urbanismo señalan que las licencias de obra para cubiertas de los edificios deberán contar con proyecto técnico, estudio básico de seguridad y certificado de intervención técnica en la dirección de las obras, «todos ellos visados por el colegio profesional correspondiente», que en este caso sería el de arquitectos técnicos.
La Gerencia concedió el permiso de obras sin la presentación del proyecto, que según las tarifas que manejan estos colegios profesionales hubiese tenido un coste para el solicitante de unos 3.000 euros, por lo que se habría ahorrado la mitad del coste total del proyecto. Además, Urbanismo tarda unos 60 días en la concesión de licencias menores, pero en este caso, según la documentación obrante, se le concedió un día después.
En este caso, el concejal de Urbanismo aseguró desconocer este asunto. Manuel Díaz señaló que no tiene ningún dato relativo a una licencia de obras pedida por un hermano suyo y su tramitación.
* La Opinión Málaga - 3.03.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
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