El Síndic censura el sobrecoste del Ágora y el Palau de les Arts

LEVANTE* : El coste de las obras del Palau de les Arts asciende, tras la liquidación final que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2009, a 382.572.261 euros, mientras que el importe ejecutado en la construcción del Ágora a 31 de diciembre de 2009 ha sido de 67.200.263 euros. Así lo recoge el Informe del síndic de Comptes de 2009 sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), que también refleja que las obras de construcción del Puente de L'Assut de l'Or han supuesto 59.905.356 euros, según el acta que en 2009 entregó CACSA al Ayuntamiento de Valencia, que ha financiado las obras con 3.596.425 euros. Respecto al Palau de les Arts, en el ejercicio 2009 se incluyen mejoras de final de obra por 1'3 millones de euros y una partida compensatoria de 677.460 euros por las reparaciones realizadas por CACSA en la sala Martín y Soler debido a las inundaciones de 2007, cuya ejecución correspondía a la empresa adjudicataria.

El síndic advierte de que la liquidación de las obras debe completarse mediante la pertinente certificación final de obras ejecutadas, ya que en el expediente sólo consta un certificado de finalización de obras con reservas emitidas por la dirección facultativa, y mediante un informe técnico.

El informe recoge asimismo que la sociedad tiene cedido el derecho de la explotación a la Fundación Palau de les Arts para que ésta se encargue de la gestión directa de las actividades objeto de la explotación, percibiendo por ello una renta anual de 5'5 millones de euros más IVA.

No obstante, dicha Fundación tiene una deuda total de 10 millones de euros que siguen pendientes de cobro, además de las facturas emitidas en 2010, que ascienden a 3'2 millones de euros.

En lo que se refiere al Ágora, las altas por las obras en 2009 fueron de 44.373.187 euros, lo que eleva a 67'2 millones el importe total ejecutado.

El Síndic señala que el pago de esas certificaciones es de cinco años y nueve meses desde que se registran de entrada por Cacsa, lo que lleva aparejado devengo de intereses, que en el caso de 2009 se elevan a 368.543.

El informe analiza cinco contratos adjudicados en ejercicios anteriores que se han estado ejecutado en 2009, como ejecución de obras en el Ágora o equipamientos escénicos en el Palau de Les Arts, cuyo precio de adjudicación fue de 86'7 millones de euros en total, si bien gracias a modificados se han situado en 148'7 millones.

Así por ejemplo, el contrato de proyectos y dirección de obras del Ágora se adjudicó por 41'3 millones de euros y se modificó por 35'6 millones más, o las obras del puente de Serrería se adjudicaron por 23.233.241 y se modificaron por exactamente el mismo importe.

El síndic recomienda que se revisen los proyectos de obra que debe ejecutar Cacsa para que desarrollen de forma "precisa, detallada y razonablemente valorada la totalidad de la obra a ejecutar, evitando en la medida de lo posible modificaciones sucesivas que alteren de forma significativa el proyecto inicial, el precio de licitación y el plazo de ejecución".

También se analiza el contrato para la organización del "MTV Winter", por un millón de euros, y se indica que el informe técnico que motiva la contratación de este gasto "no contiene los elementos necesarios que justifiquen de forma adecuada la idoneidad del precio acordado", y que las facturas que soportan el 63% de los gastos "no detallan suficientemente los conceptos facturados del evento".

El síndic alerta asimismo de que Cacsa debe reducir obligatoriamente su capital social, debido a las pérdidas acumuladas, y de que las contrataciones de personal no garantizan, en todos los casos, el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Sobre los contratos, señala que en determinados supuestos, como los contratos de obra de importe superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 de euros, y los contratos de suministros y servicios de importe superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros, no se aplica en la licitación el principio de publicidad, que es obligatorio.



* Levante - 23.12.10
Foto: Palau Arts Valencia - posterguide


.................................... Leer más...

Un juzgado de Guadalajara cita al alcalde de Pastrana y senador del PP como imputado

GUADAQUÉ* : El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara ha procedido a citar a Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, senador del Partido Popular y alcalde de Pastrana, como imputado tras la denuncia interpuesta por un particular por la presunta comisión de varios delitos de prevaricación urbanística por la concesión de licencias urbanísticas en suelo no urbanizable. Los hechos se remontan a esta legislatura y la anterior, en las que el primer edil concedió licencias en el término de este municipio a una empresa para la construcción de adosados en el paraje “Eras del Albaicín”, y a dos particulares para sendas viviendas unifamiliares en las “Eras de la Virgen de las Nieves” y en las “Eras del Camino del Convento”.

En la disposición judicial se acuerda declarar la competencia de dicho juzgado para la instrucción de la causa, a los efectos de investigar la posible existencia de responsabilidad penal por parte Sánchez-Seco, que ostenta la condición de aforado, y de los demás denunciados. En el auto, que se fechó el 25 de noviembre, el juez también ha citado en calidad de imputados a los concejales del Ayuntamiento de Pastrana que votaron a favor de la concesión de dichas licencias y a tres técnicos municipales.

A este respecto, el juez reclama de oficio al Ayuntamiento pastranero una serie de pruebas documentales, como las actas de los Plenos o Juntas Locales de Gobierno en las que se acordó la concesión de las mencionadas licencias de construcción, con mención expresa de los integrantes de ambos órganos que dieron el visto bueno a las mismas. Además, solicita las referencias a la calificación urbanística de los terrenos afectados por estas licencias, que figuran en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad aprobado en 2003. El magistrado también pide a la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio un dictamen que determine si las licencias concedidas se ajustan a las normas urbanísticas vigentes en este municipio.

En los razonamientos jurídicos, el juez admite que la competencia para dilucidar causas que impliquen a personas aforadas, como es el caso del senador Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, es la Sala II del Tribunal Supremo. En este sentido, argumenta que la cuestión que debe resolverse es ‘(...) si existe base suficiente para poder estimar indiciariamente al menos, al aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de Senador, como presunto autor del delito del artículo 320.2 del Código Penal, o de cualesquiera otro que se pudiere estimar de aplicación’.

El artículo 320.2 de dicha norma dice que ‘con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia’. Este supuesto se vincula al epígrafe 1, que establece que ‘la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses’. Dicho artículo castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años a la autoridad o funcionario público que hubiera dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

“Desde el PSOE no vamos a hacer ninguna valoración política sobre la citación judicial que atribuye a Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco la condición de imputado. Porque queremos ser respetuosos con el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción, aunque existen antecedentes que, cuando menos, suscitan dudas sobre los modos y maneras que se siguen en el Ayuntamiento de Pastrana en materia urbanística. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo la Fiscalía de Guadalajara solicitó a la Audiencia Provincial que remitiese al Tribunal Supremo la investigación que había abierto por este mismo caso, sobre el que ahora se ha pronunciado el juzgado que instruye las diligencias previas y ante el que el alcalde y senador del Reino tendrá que comparecer en calidad de imputado”, precisa Luis S. Tierraseca, secretario de Organización del PSOE de Guadalajara.

En cuanto al archivo de la querella presentada por Digital Plus contra el Ayuntamiento de Pastrana por el pirateo de tres señales en este municipio, Tierraseca recuerda que el PSOE ni fue el demandante ni alentó ni difundió aquella denuncia, como argumenta Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco para arremeter contra Jesús Alique y Javier Irízar. Los parlamentarios nacionales socialistas ofrecieron una rueda de prensa el 9 de mayo de 2008. Dos semanas antes, diversos medios de comunicación vinculados al Grupo Prisa se hacían eco de esta noticia con profusión. El 26 de abril, un periódico de tirada nacional titulaba ‘El alcalde de Pastrana ‘invitaba’ a Digital +’. El secretario de Organización explicita que Alique e Irízar solicitaron entonces la dimisión del alcalde pastranero si prosperaba la demanda.




* Guada Qué - 22.12.10
Foto: Pastrana - artecastellano

.................................... Leer más...

Fiscalía aprecia infinidad de irregularidades de Urbanismo en torno a un hotel de Murcia

LAVERDAD* : Son tantas y, en apariencia, tan burdas las supuestas irregularidades cometidas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, en torno al proyecto de construcción del hotel de cinco estrellas Huerto del Emir, que, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción nº6 de Murcia, el fiscal anticorrupción acaba echando mano de innumerables signos de exclamación para expresar su estupor. En el escrito, redactado el mes pasado, el fiscal Juan Pablo Lozano desvela que los hechos que se están investigando en torno a ese proyecto hotelero, impulsado por la familia Koplowitz, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, y pasa seguidamente a resumir las supuestas ilegalidad que se habrían cometido desde el Consistorio murciano.

La primera circunstancia llamativa, en opinión del fiscal anticorrupción, es que el Ayuntamiento expropió 520 metros de la parcela sobre la que se está levantando el hotel y, sin embargo, no inscribió ese terreno como propio -segregación registral-, por lo que continúa figurando como propiedad de los promotores del complejo.
Más aún, Urbanismo aceptó como bueno que la superficie de los terrenos era de 3.200 metros cuadrados, como aseguraron los impulsores del hotel en su proyecto técnico. Los redactores de ese documento advertían, «de forma sorprendente», según el fiscal, que «las dimensiones de la parcela no son definitivas al estar trabajando sobre un plano levantado con escasa precisión».
Una manifestación que lleva al representante del Ministerio Fiscal a preguntarse entre exclamaciones (¡¡¡¡) «¿para qué se supone que sirve un plano topográfico?», y también cómo es posible que, con los medios técnicos actuales, unos profesionales afirmen haber medido la parcela casi a ojo de buen cubero.
En realidad, la parcela tendría poco más de 3.000 m2, y ese incremento 'ficticio' de superficie aceptado por el Consistorio habría tenido una repercusión importante sobre el proyecto: teniendo en cuenta que la edificabilidad otorgada era de 2m2/m2, los 180 m2 de diferencia habrían permitido edificar otros 360 m2 , lo que en la práctica es casi una planta más entera.
El fiscal sostiene además que las supuestas irregularidades se extienden a la concesión de la licencia de obras, otorgada en 2005, ya que el proyecto presentado «incumple la normativa del Plan General de Ordenación (PGO)». En concreto, señala Lozano, basándose en las declaraciones de los propios técnicos, el hotel se tendría que haber retranqueado obligatoriamente en una distancia equivalente a la mitad de su altura, lo que habría sido obviado por el Consistorio.
Para eludir esa obligación, «el Ayuntamiento procedió a 'trampear' su propia normativa», según reseña el fiscal, de tal forma que antes de otorgar la licencia del hotel, la concedió para hacer sus tres sótanos, como si fueran un proyecto distinto. Algo que la propia Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma ya consideró ilegal en su día.
Por último, relata el Ministerio Fiscal que cuando el Ayuntamiento comprobó que la parcela tenía menos metros que los afirmados por los promotores del hotel, en vez de sancionarlos «por su mala fe» y reducir la edificabilidad total, le aplicó retroactivamente una normativa que les favorecía y no le computó la edificabilidad de la planta destinada a los equipos técnicos del hotel. Con lo cual todo se quedó como estaba en origen.
Este hotel, que en un principio iba a tener quince plantas, finalmente se construyó con veinte, ya que los promotores se beneficiaron de una norma específica promulgada por el Ayuntamiento que prima la construcción de estos complejos. En la actualidad, las obras llevan varios años paradas a causa de la crisis.
La investigación que dirije el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, es consecuencia de la denuncia presentada contra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, por parte de los dueños de un solar colindante, que se consideran perjudicados por estas decisiones administrativas.




* La Verdad - 23.12.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - regmurcia

.................................... Leer más...

Roca niega que mandara en los funcionarios y Muñoz dice que tenía "confianza plena" en Gil

EUROPAPRESS/Marbella* : El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha declarado que no mandaba en el servicio de disciplina urbanística ni influía en los funcionarios del Ayuntamiento; mientras que el ex alcalde Julián Muñoz ha sostenido que en la ciudad "no se daba un paso" sin que lo autorizara el entonces regidor, Jesús Gil, en quien tenía "confianza plena" y del que "seguía instrucciones" a la hora de firmar los convenios. En la sesión de este miércoles del juicio del caso 'Malaya' han terminado las declaraciones de los procesados en la operación Crucero Banús, por la que, según las acusaciones, el ex edil Pedro Román, Roca, Florencio San Agapito y Juan Hoffman compraron una parcela y la revendieron tras lograr con un convenio un aumento de edificabilidad, lo que supuso un perjuicio para el Ayuntamiento de más de cinco millones y un beneficio para estos de más de seis millones.

Roca, que ha terminado su declaración contestando a preguntas de su abogada, ha incidido en que "de lo investigado, no existe ningún dato objetivo que permita afirmar que el señor Roca mandaba, dirigía o controlaba el servicio de disciplina urbanística", ya que él trabajaba en la sociedad Planeamiento 2000. Ha sostenido que no tenía control "ni mando" sobre los funcionarios, ya que "sus jefes directos son el secretario y el alcalde".

Así, ha precisado que el servicio de disciplina urbanística está dentro del Área de Urbanismo "y su jefe es el jefe del servicio jurídico de este área, que era Jorge González", con quien ha dicho "tenía muy mala influencia". También Muñoz se ha referido a éste funcionario, cuya declaración como testigo en una causa por delito urbanístico dio lugar a este caso.

Para el ex responsable de Planeamiento 2000, hay dos etapas en el urbanismo marbellí, una primera en la que "se trabajó conjuntamente" con la Junta de Andalucía, con la que "la relación era muy fluida", y otra posterior, coincidiendo con la aprobación de la revisión del plan de 1998 por el Ayuntamiento, en la que Gil "se irrita" y, según ha indicado, "se enfriaron" las relaciones con el Gobierno andaluz.

SU LLEGADA A MARBELLA

Roca ha relatado su llegada a Marbella y cómo comenzó a trabajar para el Consistorio, cifrando en 1.000 millones de pesetas --seis millones de euros-- el patrimonio que tenía antes de ser director del Plan General. Ha lamentado que "las acusaciones se han dejado llevar por la espiral de frases acumulativas que la Policía hace en sus atestados de que todo el patrimonio de Juan Antonio Roca tiene origen delictivo, incluso el que me regalaron en la primera comunión".

Ha dicho que cuando es detenido se proyecta una serie de imágenes en las que "se me pone que soy un tipo excéntrico y sin escrúpulos, que mata animales y le corta las cabezas y de alguna forma llega a tirar por tierra una afición tan noble como es el deporte de la caza", en relación con los animales disecados.

Sobre las imágenes del Miró en el baño, ha dicho que "tiran por tierra los conocimientos que pudiera tener sobre el punto de vista cultural". "El Miró del cuarto de baño, lo sabe la Sala, ni ha podido ser tasado por el Consejería de Cultura porque duda de su autenticidad, ni ha sido aceptado por la Agencia Tributaria como pago de deuda, ni por Sotheby --empresa de subastas-- cuando hemos ofrecido las obras para conseguir dinero", ha dicho.

"Nadie, a estas alturas del partido, es capaz de mantener que Roca tenía un Miró en el cuarto de baño", ha aseverado. "La Policía, inicialmente, dice que yo llegué a Marbella con una mano detrás y otra delante pero esa afirmación que hace en 2006 se contradice con el informe económico patrimonial que hace en el año 2009", ha apuntado, indicando que sus sociedades "no han escatimado pagos a Hacienda".

MUÑOZ

Por su parte, Muñoz ha explicado la distribución del área de Urbanismo y su separación física con Planeamiento 2000 y ha sostenido que Roca "en Urbanismo, poco tenía que ver, por no decir nada", recordando que el concejal de Urbanismo era Gil. Ha reiterado que él se limitaba a suscribir los convenios y no a negociarlos, estimando que de los 600 o 700 documentos de este tipo que se celebraron en el Ayuntamiento "yo pude firmar un 90 o 95 por ciento".

"He firmado prácticamente en todos los sitios, en el Club Financiero, en el Ayuntamiento, en el capó de los coches y lógicamente algún convenio habré firmado en Planeamiento", ha apuntado Muñoz, quien ha reiterado que Gil "practicamente no iba por el Ayuntamiento nada, a mi me llamaba y me decía hay que hacer esto y yo en una confianza plena en Gil nunca pensé que se pudiera estar haciendo nada ilegal".

Ha asegurado que cuando le pasaban los convenios "estaba convencido de que eran legales" y ha manfiestado que "jamás" le ha presionado nadie. Además, ha dicho no recordar si ya en 2001 había causas abiertas, pero ha apuntado que "sí es cierto que lo he sufrido en mis carnes, con razón o sin razón, pero me he comido tres años en la cárcel".

CRUCERO BANÚS

Respecto al convenio de Crucero Banús, que se analiza en este bloque, Muñoz ha dicho que también se limitó a suscribir un documento al que, como en otros casos, "no hice seguimiento". "No he intervenido en nada de la gestión del convenio, simplemente he estampado mi firma", ha apuntado y ha negado que recibiera presión por parte de algunos de los imputados en esta causa. "Hasta ahí podíamos llegar", ha dicho.

También ha declarado el empresario, acusado en esta causa, José Ávila Rojas, quien ha asegurado que "nunca" ha sido socio el presunto cerebro de la trama y "tampoco he tenido necesidad, porque he demostrado a lo largo de mi vida que he sabido valerme sólo", ha asegurado. Aunque ha reconocido que hablaba tanto con Roca como con el alcalde, ha asegurado que no ha firmado ningún contrato de permutas con el primero.

El juicio se retomará el día 10 de enero con la prueba referente a este bloque, tras lo que, previsiblemente en febrero, comenzará uno nuevo, también relativo a blanqueo de capitales, en el que están acusados una treintena de personas, la mayoría presuntos testaferros de Roca.




* Europa Press - 22.12.10
Foto: JUicio Malaya - Orange

.................................... Leer más...

La gestión de 23 Ayuntamientos de Alicante, bajo la lupa de los jueces

ELPAÍS* : La corrupción acosa a los Gobiernos locales de Alicante. Un total de 23 de los 141 municipios de la provincia están inmersos en investigaciones judiciales penales por actividades ilícitas de sus responsables políticos, vinculadas básicamente al negocio de la basura y el urbanismo. El grueso de los delitos lo integran supuestos cohechos de empresarios a cargos públicos a cambio de contratas, y contra la ordenación del territorio (en su mayoría por construcciones ilegales en suelo rústico y sin licencia) y prevaricaciones. De los 23 municipios, 18 están en manos del PP. Los demás están gobernados por el PSPV. Este sistemático tropiezo del municipalismo alicantino con la Justicia lo corona el Ayuntamiento de Ayuntamientos, a saber, la Diputación de Alicante, que preside el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll. La Corporación provincial, y en concreto la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja, constituye una de las piezas centrales del denominado caso Brugal, la mayor trama de corrupción político-empresarial tejida en torno al negocio de la basura y el urbanismo destapada en la provincia de Alicante.

El sumario del caso Brugal acapara el grueso de los municipios investigados por supuesta corrupción (11 de los 23). La lista de imputados, acusados (por la policía y el fiscal anticorrupción) o implicados por estas causas ronda las 200 personas (solo el sumario Brugal afecta a un centenar, y entre los casos de Llíber y Catral suman otros 40).

Una buena parte de los investigados son políticos, la mayoría del PP (un total de 38), mientras que el PSPV cuenta con nueve implicados, dos de los cuales han renunciado a sus cargos públicos, los ex portavoces en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Amorós y Roque Moreno, respectivamente. En las filas populares, donde, además de Ripoll, figuran la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, el casillero de las dimisiones está aún por estrenar. Junto a los políticos, la nómina de imputados o implicados la completan empresarios y promotores (con Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, como máximos exponentes), funcionarios municipales y profesionales como abogados, notarios, arquitectos o ingenieros.La Diputación de Alicante, como Ayuntamiento de Ayuntamientos, no es ajena a lo que sucede en los municipios de la provincia y también está bajo la lupa de los jueces. El presidente y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, es el imputado de mayor calado del caso Brugal, relativo a la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja a cambio de un supuesto cohecho. La investigación sostiene que Ripoll adjudicó el contrato a cambio de un soborno (dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros) de los empresarios Ortiz y Fenoll. Esta es la relación de los casos de presunta corrupción que afectan a los Ayuntamientos de la provincia.

- Alicante. La capital, en manos del PP desde 1995, tiene abiertas tres causas. La de mayor calado es la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor de altos cargos del Consistorio al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta causa está abierta por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Los acusados más destacados son la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, junto con el promotor Enrique Ortiz. Las otras dos causas investigan la adjudicación de un contrato cuando la obra ya estaba ejecutada y una adjudicación de servicios municipales a una firma participada por un edil. La primera fue abierta por prevaricación y está imputado el edil del PP Andrés Llorens, y la segunda por cohecho, y el primer imputado es el también concejal del PP Francisco Sánchez Luna.

- Elche. La tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSPV, cuenta con dos causas en los juzgados. La primera por los supuestos delitos de malversación y prevaricación (pagos de propaganda electoral del PSPV con fondos municipales). Por estos hechos fue imputado el alcalde, Alejandro Soler. La Audiencia archivó la causa, pero el Tribunal Supremo ha ordenado que se reabra. La segunda es una reciente denuncia de una asociación de discapacitados contra la edil del PP Margarita Macià por los supuestos delitos de apropiación indebida y estafa. El juzgado aún no ha decidido si abre diligencias.

- Orihuela. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, acumula dos grandes causas en los juzgados. La primera, punta de lanza de la galopante corrupción municipal en los municipios alicantinos, data de 2006 con el inicio del denominado caso Orihuela (varias causas por supuestos delitos relacionados con adjudicaciones urbanísticas e ilegalidades contables). La segunda está en el epicentro del caso Brugal: la adjudicación de la contrata de basura del municipio, que incluye los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. Los principales imputados son la alcaldesa, Mónica Lorente, del PP, y tres de sus ediles.

- Calp. El Consistorio calpino tiene abiertas dos causas por supuesta corrupción. La primera indaga el sobrecoste de las obras de la red municipal del agua. El primer imputado es el edil del PP Juan Roselló y los delitos del sumario, prevariación, falsedad, malversación de caudales y maquinación para alterar el precio de las cosas. La segunda es una pieza separada del caso Brugal e investiga la adjudicación de la contrata del municipio al empresario Ángel Fenoll. El principal acusado en este sumario es el ex alcalde del PP Javier Morató. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias y fraude.

- Torrevieja. El Consistorio torrevejense, gobernado por el PP, también tiene otras dos causas en los juzgados. La primera, por tráfico de influencias, indaga la millonaria plusvalía que ganó el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, con la compraventa de una finca. Y la segunda investiga una supuesta prevaricación en la adjudicación de la planta de transferencia de basura del municipio con los informes en contra de los técnicos municipales.

- Ibi. Este municipio, en manos del PP, tiene dos asuntos en el juzgado. El primero, por malversación de caudales del polideportivo y el segundo por supuesto cohecho. Los principales acusados son dos ediles del PP, Ana Sarabia y José Antonio Onsurbe.

- Bigastro. Este Ayuntamiento, en manos de los socialistas, está inmerso en dos procesos. El primero, que acarreó el encarcelamiento del ex alcalde Joaquín Moya, del PSPV, investiga diversos delitos por cohecho, malversación, contra la ordenación del territorio y prevaricación. El segundo indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll al PP local. Es una pieza del caso Brugal que investiga un posible delito electoral. Está imputado el portavoz del PP, Aurelio Murcia.

- San Fulgencio. Este municipio gobernado por el PSPV está implicado en un falso soborno a un edil independiente, vinculado a un PAI. Entre los imputados está la alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez.

- Catral. Este pequeño municipio de La Vega Baja está en los juzgados por la masiva construcción de casas (1.200 viviendas) en suelo rústico y sin licencia. El primer imputado es el ex alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal. Los delitos que incluye la causa son contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental.

- Llíber. Este Consistorio está en los juzgados por un asunto vinculado al urbanismo salvaje, (construcción de 300 casas en suelo rústico). El principal acusado es el ex alcalde José Mas, del PP. Los delitos del sumario son cohecho, prevaricación, contra la ordenación de territorio y falsedad en documento público.

- L'Atzúvia. El juzgado investiga al Consistorio por permitir, por silencio administrativo, la construcción de 18 lujosos chalés en suelo rústico. El principal acusado es un promotor alemán.

- La Vall de Laguar. El ex alcalde socialista Juan José Puchol se enfrenta a ocho años de prisión y 10 de inhabilitación por los delitos contra la ordenación de territorio, falsedad y contra los derechos individuales. El ex regidor está acusado de eliminar del planeamiento un vial que pasaba por su finca y ubicarlo en otra de un vecino con el que estaba enemistado.

- Redován. Un juzgado investiga una denuncia de la alcaldesa, la socialista Leticia Bas, por irregularidades en la concesión del servicio del agua municipal. El juez indaga una supuesta falsificación en un documento de la propuesta económica de la adjudicataria, la mercantil Facsa. Por estos hechos ha sido arrestado y está imputado el edil del PSPV José Manuel Cartagena.

- Benitatxell. El ex alcalde independiente Juan Cardona fue arrestado por exigir 50.000 euros a un vecino a cambio de la recalificación de un terreno.

- Dénia. El juez investiga a la ex alcaldesa socialista Francisca Viciano por prevariación y supuesto favor a una promotora al venderle un camino a bajo coste para realizar una urbanización.

- Xàbia. El Ayuntamiento tiene pendiente un juicio por la vía penal por autorizar un hotel en primera línea del mar. Entre los procesados se encuentran el actual alcalde, Eduardo Monfort, su antecesor Juan Moragues, del PP, y ocho ediles más que integraban la Corporación en 1997.

- Polop. El juez investiga una trama urbanística, cuyo cabecilla sería el ex alcalde Juan Cano, del PP.

- Rafal. El juez del caso Brugal ha imputado al alcalde, José Arronís, del PP, por recibir aportaciones en metálico de Ángel Fenoll para las elecciones municipales de 2007.

- Algorfa. Su alcalde, Antonio Lorenzo, del PP, también está imputado en el caso Brugal por aceptar supuesto soborno con fines electorales de Ángel Fenoll.

- Jacarilla. El regidor, José Manuel Gálvez, del PP, está igualmente imputado en el sumario de Brugal por supuesto delito electoral. Recibir dinero de Fenoll para actos electorales del partido.

- Pilar de la Horadada. El portavoz del PP local, Francisco Lancharro, está imputado en el caso Brugal por delito electoral (recibir dinero de Fenoll para la campaña electoral).

- Callosa del Segura. Su alcalde, Javier Pérez Trigueros, del PP, está imputado en el caso Brugal por su supuesto cohecho a cambio de la contrata de la basura del municipio a Ángel Fenoll.

- Villena. La investigación del caso Brugal indaga posibles irregularidades en la remodelación de la plaza de toros, en función de los intereses del empresario Enrique Ortiz. La policía implica en esta trama a la alcaldesa, Celia Lledó, del PP.

- Monòver. La investigación del caso Brugal indaga irregularidades en la tramitación de un PAI. La policía implica en estos hechos al alcalde, Salvador Poveda, del PP, y al promotor Enrique Ortiz.




* El País - 20.12.10
Foto: Alicante, Ripoll presidente Diputación detenido - EFE

.................................... Leer más...

Ahorros enterrados en el piso, hipotecas sin pagar y un promotor que «dijo que no habría problemas»

LAVOZ/Vigo* : Tras 30 años de trabajo en varias ciudades australianas, Delfín decidió regresar hace diez para operarse de cáncer en España. Los médicos le recomendaron que se estableciera en una ciudad costera y «como Ourense tiene buen corazón, pero no tiene mar», recaló en Vigo como miles de sus paisanos. Más cerca del mar que los apartoteles de Samil no había nada, y aquí vive con su familia desde entonces. «En este piso, de unos 85 metros cuadrados, he invertido los ahorros de toda mi vida y aquí confiaba en pasar el resto de mis años para que después dejar la vivienda a mis hijos», relata. Como los demás afectados, considera que quien tiene la llave de la solución es el Concello. «Querría enviarle un mensaje al señor Caballero, de todo corazón, que haga lo posible para no dejar a una chica inocente y a sus padres en la ruina y en la calle», casi suplica.

Primer abandono

La situación de María Luisa es bien diferente. Con los ahorros generados en Canarias se compró no un apartamento sino dos, aunque de tamaño reducido. En uno, que pagó en su totalidad, vive desde hace años y del otro está pagando la hipoteca con lo que ingresa de alquiler. «El problema es que con la noticia del derribo la inquilina se marcha mañana, y lo entiendo. Eso de entrada me supone un grave problema ya que gano menos de 800 euros pese a que cada día me levanto a las 6.15, y trabajo todos los domingos y festivos».

También Cándido tiene pendiente una hipoteca, en su caso de 120 euros, «y quedan once años por pagar. Si tiran el edificio será imposible conseguir otra para buscar donde instalarse». Reconoce que al adquirir el piso sabía que se había construido con licencia de apartotel, «pero el promotor dijo que no habría problemas». «Esto no es justo. Nunca devolvimos un recibo, pagamos luz, agua, el IRPF, no tenemos ningún pufo... y ahora te encuentras con esto. Es muy difícil de sobrellevar», se lamenta.




* La Voz de Galicia - 18.12.10
Foto: Vigo, apartoteles a derribar en Samil - farodevigo

.................................... Leer más...

A alta velocidad hacia un transporte insostenible y elitista

ECOLOGISTASENACCIÓN* : Ante la inminente inauguración del AVE a Valencia, se avanza hacia la consolidación de un transporte ferroviario insostenible, de muy alto coste económico y al que la mayoría de ciudadanos no puede acceder. Ecologistas en Acción retoma los argumentos que lleva exponiendo desde que los sucesivos gobiernos apostaron por esta opción, dejando al ferrocarril convencional, utilizado por la mayoría de los ciudadanos, en la ruina. Si todas las inversiones realizadas en AVE se hubiesen repartido por la red de ferrocarril existente, las mejoras de velocidad y servicios habrían favorecido a mucha más gente, en menos tiempo y con menor impacto ambiental. Cuando en España se decidió apostar por el tren de alta velocidad, a imitación del francés TGV, éste estaba ya siendo fuertemente cuestionado. Actualmente la mayoría de países europeos no se plantean hacer líneas nuevas de alta velocidad, y sin embargo, muchos de ellos tienen magníficas redes ferroviarias, que es precisamente de lo que carece España. Incluso en Francia, tras replantearse el modelo de alta velocidad paralizaron todas las nuevas líneas en construcción y se adaptaron a las infraestructuras ya existentes.

El ferrocarril convencional –los conocidos como Regionales, Cercanías y Larga Distancia–, es utilizado por la inmensa mayoría de los usuarios, pero recibe sólo el 17% de las inversiones. Al contrario, el Tren de Alta Velocidad recibe un 76% de las inversiones. La mejora de las líneas convencionales permitiría circular a velocidades de hasta 220Km/h, consiguiendo tiempos muy competitivos comparados con el AVE, cuya velocidad media es de 222km/h, pero con sólo una cuarta parte de la inversión y un gran ahorro energético, además de unos impactos ambientales y territoriales más reducidos.

Con este sesgo de las inversiones no es de extrañar que estemos a la cola de la UE en el transporte de mercancías por ferrocarril: en España sólo un 3,8% de las mercancías viajan en tren, frente al 22% de Alemania o el 18% de media en la UE. Hay que recordar que las líneas de alta velocidad no permiten el tránsito de mercancías sobre ellas.

Otro punto a resaltar es el elevado aumento de las tarifas e incremento del coste público. El precio del billete a Valencia casi se duplica (aumenta un 68% con respecto al ALARIS, pero comparado con el Regional el incremento de precio es del 221%). Lo mismo sucede con los trayectos intermedios Madrid-Cuenca y Albacete-Valencia. Sin embargo y lo que es peor, estas elevadas tarifas no amortizan el coste de esta infraestructura, que siempre será deficitaria a pesar de los altos precios de los pasajes.

Tras la apertura de la línea de AVE Madrid-Valencia, tal y como ha ocurrido en los demás corredores ya existentes, los trenes regionales serán suprimidos o drásticamente reducidos. Esto significa el fin de la accesibilidad ferroviaria a importantes poblaciones: Ocaña, Tarancón, Requena, Villarrobledo, Almansa… que quedan desconectados del tren y dependientes de la carretera.

¿Ahorro de tiempo?

Uno de los argumentos que más se utilizan a favor del AVE es el ahorro de tiempo que permite. Pues bien, el tiempo de trayecto en esta nueva línea será de 1h 50’ con paradas intermedias o 1h 35’ en los servicios directos entre Valencia y Madrid. Sin embargo, si se hubiera mejorado la línea preexistente por Albacete –tal y como estaba previsto hace 20 años– el tiempo se habría reducido a 2h 15’, pero a un coste económico mucho menor, con bastante menos daño ambiental y territorial, en un plazo muchísimo más corto y con tarifas más accesibles. En definitiva, se han gastado nada menos que 6.600 millones de euros para ahorrar unos pocos minutos, algo que desde ningún punto de vista puede ser considerado positivo, y menos en estos tiempos de crisis.

Ecologistas en Acción quiere recordar, además, que los nuevos trazados ferroviarios fragmentan aún más un territorio ya castigado con demasiadas infraestructuras, creando un grave efecto barrera entre ecosistemas. Además, el AVE sólo da servicio a las principales ciudades, ignorando el territorio que atraviesan.

Por si fuera poco, frente a las faraónicas inversiones en alta velocidad ferroviaria, el Ministerio de Fomento se está planteando eliminar un buen número de líneas de media distancia (algo que, según el compromiso del Ministerio, se iba a definir antes del 30 de noviembre pasado).

En definitiva, para Ecologistas en Acción la política seguida por el Estado español en relación con la alta velocidad ferroviaria dista mucho de de ser sensata, justa o sostenible. La política todo AVE, junto a la presión privatizadora del sistema ferroviario, amenaza la existencia de un ferrocarril social, público y sostenible como el que proponemos muchos grupos sociales que venimos expresando nuestro rechazo a este modelo a través de diferentes protestas en Madrid, Cuenca, Albacete y Valencia.


* Ecologistas en Acción - 16.12.10

.................................... Leer más...