La Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados: la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se resolvió por unanimidad a favor de la concesión de las licencias (entre ellos el actual alcalde).
Según el Ministerio Público, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.
Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo "a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta", según la Fiscalía, que atribuye al ex alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.
Falseamiento del PGOU
El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.
El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.
La petición de la Fiscalía y la apertura de juicio oral han sido dadas hoy a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde -también imputado-, Pedro Clavero (PSOE), que ha dicho que el caso se originó tras una denuncia telefónica de la entonces concejal de Urbanismo, también acusada, que finalmente no se ratificó en ella.
La Fiscalía actuó de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno, según Clavero, que dice que él se limitó "a acudir como concejal de la oposición a la comisión informativa" pero "en ningún caso" participó de la decisión.
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha llamado al PP a la práctica de una política "limpia y clara".
* Ideal - EFE - 21.01.11
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
1 comentarios :
Creo que se deberían crear tribunales encargados de comprobar la gestión de los ayuntamientos en los últimos treinta años. Traería credibilidad democrática y salud para la mayoría. Esto no puede quedar en una simple tesis doctoral, debe traer un cambio de la forma de acceso de los políticos a los ayuntamientos así como sus retribuciones. No es posible que la primera medida que toman sea el subirse el sueldo, siendo como son la mayoría iletrados.
ideal
Publicar un comentario