La plataforma contra la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia se concentrará hoy en la sede de la Junta

TERRA/Valladolid* : La Plataforma en contra del trazado de la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia que proyecta Red Eléctrica Española (REE) y que afectaría a la localidad vallisoletana de La Seca se concentrará hoy, jueves día 31 de enero, a las puertas de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para mostrar su repulsa por este proyecto.

Esta fue la principal conclusión de la asamblea celebrada el pasado miércoles 23 de enero en el Ayuntamiento de La Seca en la que los afectados decidieron llevar a cabo esta concentración el próximo jueves frente al Colegio de La Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Asimismo y según informaron a Europa Press fuentes de la Plataforma en contra del trazado de esta línea de alta tensión, en la mañana del 24 el portavoz de este colectivo, Teodoro Recio, remitió un burofax al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el que exponen los motivos de esta concentración y en el que exigen que les conceda la entrevista que llevan meses solicitando 'y que usted otras tantas veces nos ha negado, incumpliendo una de las dos máximas que usted proclamó en su discurso de investidura, el diálogo'.

'Puede tener la seguridad de que no nos mueve más interés que la defensa del futuro del pueblo, que no es otro que mantener intacto nuestro medio de vida que es el viñedo, y sobre todo la protección de nuestra salud y la de nuestros hijos', aseguró Teodoro Recio en este escrito, en el que advierte del 'perjuicio' que supondrá esta línea de alta tensión para los ciudadanos de La Seca, 'así como a nuestro viñedo, única fuente económica del pueblo y acogida a una denominación que está considerada actualmente como la número uno en España en cuanto a vinos blancos se refiere, y lo demuestran los asentamientos que se están produciendo de bodegas procedentes de Ribera de Duero'.

En este escrito, Teodoro Recio recuerda a Juan Vicente Herrera que hasta la fecha nadie les ha prestado la atención merecido, aunque asegura contar con los apoyos de los ayuntamientos de La Seca, Serrada, Rueda, Medina del Campo, Íscar, Olmedo, Asociación de Hosteleros de Valladolid, Asebru y el Consejo Regulador de la DO Rueda, así como UCCL y Asaja y 'un largo etc' de personalidades entre los que se encuentra su paisano, el ex futbolista Eusebio Sacristán.







* Terra Actualidad - Europa Press - 31/01/2008
Foto: La Seca (Valladolid), ayuntamiento - pueblos-espana.org

......................................... Leer más...

Los vecinos de Parcent protestan contra los PAI al cumplirse dos años de su aprobación

LEVANTE/Alacant* : La historia más reciente de Parcent tiene un antes y un después del pasado 31 de enero de 2006. Ese día, el PP aprobó tres PAIs que contemplaban la construcción de 1.800 casas en este pequeño y precioso municipio del interior de la Marina Alta. A pesar de la lluvia de aquella jornada y del intenso frío, casi todo el pueblo salió a la calle protestando con paraguas en mano contra esa aprobación.

Ayer, los vecinos volvieron a concentrarse aunque muchas cosas han cambiado desde entonces: nació "Veïns de Parcent" y se sucedieron las reprimendas del Síndic de Greuges, la del Defensor del Pueblo, la de Europa, la "Doctrina Parcent" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el vuelco municipal después de las elecciones o recientemente el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La concentración de ayer fue distinta, menos tensa, pero se repitieron algunos símbolos como el del paraguas para pedir de manera pacífica pero contundente que "se nos respete, que somos un pueblo que sabe lo que quiere y que no cejará en su empeño hasta conseguirlo".

El alcalde de la localidad, Màximo Revilla, -de la Coalición Democrática de Parcent- recordó en su intervención ante los vecinos que aquellos tres proyectos del Replà, la Solana y el Cantalar suponían "la destrucción de la mayor parte de montaña que rodea al pueblo, la destrucción de un estilo de vida, la destrucción del Derecho de un pueblo a decidir su futuro, la destrucción de unas zonas con un importante valor ecológico y paisajístico y la defenestración de uno de los símbolos más importantes de nuestro pueblo: la montaña del Carrascal".

Además Revilla recordó que el camino no había sido fácil ya que "hemos oído como nos despreciaban diciendo que eramos cuatro gatos, que eramos hormiga" y sacó pecho al repasar la mayoría de instancias que "nos han dado la razón". Por su parte, Veïns de Parcent arremetió contra la "aprobación con nocturnidad y alevosía de los planes urbanísticos ya que se aprobó con informes en contra, con falta de otros que daba ventaja a los promotores en vez de garantías a los ciudadanos".

También recordaron el voto "ilegal del concejal de urbanismo que tenía a su hermano implicado en uno de los PAI" y con una ley a le que le faltaba un día para expirar y ser sustituida "por otra menos mala", lo que suponía de nuevo "pisotear el interés general". Parcent salió ayer de nuevo a la calle para decir que no quiere dejar de ser un pueblo y para preguntar al conseller qué más necesita para anular los programas.






* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 31 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante), manifestación - diarioinformacion.com

......................................... Leer más...

El POM de Illescas fomenta un modelo de ciudad insostenible

Toledo.- Ecologistas en Acción de La Sagra* ha presentado Alegaciones al proyecto del Plan de Ordenación Municipal de Illescas porque considera que el modelo que propone se aleja rotundamente de lo que debería ser una ciudad con criterios de sostenibilidad.

La organización ecologista de La Sagra considera que el Ayuntamiento de Illescas realiza una campaña de promoción y de “venta” del Plan falseando la realidad y utilizando indebidamente conceptos como “calidad ambiental”, “sostenibilidad y equilibrio”, “corredores verdes”, “protección de valores naturales”..., con la intención de engañar a la población.

En realidad, el POM de Illescas plantea una ciudad de más de 150.000 habitantes (ahora tiene unos 18.000) diezmando e hipotecando el territorio del término municipal el cual estaría urbanizado en más del 70%. Ello supone, como es obvio para cualquier ciudadano que conozca desarrollos urbanísticos de este calibre, hacer de Illescas una ciudad dormitorio, más contaminada desde el punto de vista atmosférico, acústico y paisajístico, más incómoda, más consumidora de energía, masificada y desequilibrada respecto a las proporciones de las zonas urbana y rústica.

El POM, además, no respeta una zona arqueológica visigoda del siglo V de gran valor en Boadilla de Arriba y pretende dar cobertura al Convenio ilegal que el Ayuntamiento firmó con 4 promotoras para construir 20.000 viviendas a cambio del soterramiento de la vía del tren.

Pero lo que más nos preocupa, como destacamos en las Alegaciones, es la procedencia del agua que deberá abastecer a la ciudad y el daño medioambiental que ocasionará a los espacios naturales, arboledas, arroyos y vías pecuarias.

La cuestión del agua es muy grave porque el estudio realizado indica claramente que no está garantizada. Los redactores del POM intentan justificar lo injustificable, es decir, intentan sacar agua de donde no la hay (Picadas, Almoguera) utilizando trucos para que los cálculos les cuadren. Es un tremendo agujero del POM que ya por sí sólo lo descalifica.

Los daños medioambientales serán cuantiosos: se talarán olivares (ya se han talado por la carretera de Ugena o la ruta Quijote que va por el Camino de Yeles de manera indiscriminada), se invadirán arroyos y vías pecuarias y se recortará la zona de especial protección para aves esteparias como la avutarda y el sisón y otras especies como el cernícalo primilla o aguilucho cenizo. La zona este del término desde la A-42 aparece en el propio informe de sostenibilidad del POM como hábitat de aves esteparias (IBA y “lek”) aconsejando su protección, sin embargo, la mitad de esta zona ahora se considera urbanizable.

Los olivares, las verdaderas arboledas de La Sagra, conforman un biotopo y ecosistema de gran valor ambiental, aún considerándolos como cultivos, en donde viven y se desarrollan numerosas especies de aves y pequeños mamíferos. Además, son árboles centenarios con un importante valor histórico y antropológico. Es el paisaje de la Sagra que el POM de Illescas quiere sustituir por viviendas en la llamada zona de San Pedro y en gran parte del oeste del casco urbano actual.

Ecologistas en Acción de La Sagra exige que no se tale ni un solo olivo más, que todos los olivares del oeste y noroeste conformen un gran espacio natural que se comunique a través del Arroyo de Boadilla (el cual debe ser recuperado y protegido en todo su recorrido, al igual que el resto de arroyos, como biotopo fluvial al menos con una anchura de 200 metros) a modo de corredor ecológico con la zona al oeste de la A-42, que toda ella debe ser zona protegida para las aves y plantas gisópfilas. Asimismo, cree que la ciudad de Illescas no debe llegar en el horizonte de 2020 a más allá de 25.000 habitantes y que las dos zonas urbanas existentes no deben comunicarse a través de viviendas, sino de un gran parque.

Este tipo de desarrollo sería coherente con la existencia de carriles bici en todas las vías y carreteras que llevan a los pueblos de alrededor y con un servicio de tren de Cercanías, ya, entre Madrid y Toledo. Ésta que proponemos sí sería una ciudad sostenible, innovadora y respetuosa y generosa con los principios ambientales que el progreso coherente nos reclama. Lo que el POM de Illescas pretende es seguir construyendo más de lo mismo.






* Ecologistas en Acción Toledo - 27 de enero 2008
Foto: Illescas (Toledo) - entrepueblos.com

......................................... Leer más...

El Consell incumple la ley urbanística al no expropiar el suelo para construir VPO

LEVANTE/Valencia* : El suelo que se cede a cada ayuntamiento valenciano en cada plan urbanístico (el 10% del aprovechamiento) y que han acumulado en el boom urbanístico de los últimos años como Patrimonio Municipal de Suelo debería haber salido al mercado para construir vivienda de protección oficial (VPO).

Los terrenos también se deberían haber inscrito en el Registro Autonómico de Patrimonio Municipal de Suelo pero, como ayer adelantó Levante-EMV, los consistorios han pasado de esta doble obligación legal.

La Ley Urbanística Valenciana (LUV) prevé que si los ayuntamientos hacen caso omiso a los anteriores preceptos legales, la Generalitat puede expropiar este suelo para venderlo o construir ella misma las viviendas baratas. El artículo 266.5 de la LUV es taxativo. "Si un ayuntamiento no procede a enajenar en el plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, al menos el 50% de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, la Generalitat, a través del órgano competente, procederá a iniciar un expediente de expropiación con carácter urgente sobre la relación de bienes inmuebles inventariados en cada patrimonio municipal de suelo". La Generalitat puede, a partir de la expropiación urgente, "proceder a la construcción, de manera directa o indirecta, de viviendas de protección pública. A tal efecto emitirá certificado de incumplimiento de las obligaciones municipales".

"Es inviable"

Nada se ha hecho hasta ahora, ni se piensa a hacer respecto a la expropiación. "Expropiar es inviable", admitió la directora general de Vivienda, Maria Jesús Rodríguez. "Preferimos colaborar a expropiar", aseguró el conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, tras la última reunión con los alcaldes de la provincia de Valencia para explicarles los incentivos para construir VPO.

Entre otras medidas, la conselleria ha previsto firmar acuerdos con los ayuntamientos para ayudarles a vender ese suelo público o convertir al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en agente urbanizador para promover la construcción de viviendas protegidas. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguraron ayer que ya se han mantenido contactos con 21 municipios de toda la Comunitat Valenciana para sacar adelante estos convenios y construir las 145.000 VPO prometidas en los próximos años.

Desde el grupo parlamentario socialista en las Corts, la responsable de vivienda, Maria José Salvador, acusó ayer a la Generalitat de "falta de voluntad política" de la Generalitat de controlar sus propias leyes y fiscalizar que se cumplan para que no se conviertan en papel mojado. "¿Qué han hecho para controlar que los ayuntamientos se inscribieran en el Registro Autonómico de Suelo?", se preguntó Salvador. "Ni siquiera se han producido expropiaciones como prevé la ley. No hay voluntad de tomarse la ley en serio", por lo que anunció la presentación de preguntas parlamentarias al respecto.






* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 31 de enero de 2008
Foto: cita con alcaldes. El conseller García Antón en la reunión con los regidores/
jose aleixandre, levante-emv.com

......................................... Leer más...

Marbella: Los particulares acorralan a Muñoz al exigir el derribo de las viviendas ilegales

ELPAÍS/Málaga* : Ellos, los vecinos a los que le tapan las vistas con un muro, quienes se han quedado sin colegio o sin un parque para sus hijos por los desórdenes urbanísticos de Marbella (Málaga) también son terceros de buena fe y son capaces de hacer que se investigue judicialmente al Ayuntamiento de Marbella por no ejecutar sentencias que implican demoliciones.

Los vecinos de la urbanización Los Monteros ha conseguido que la Fiscalía de Málaga indague sobre la negativa pública del equipo de Ángeles Muñoz (PP) a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo Plan Urbanístico. Los vecinos de Los Monteros, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de una parte de la casa del actor Antonio Banderas.

La apertura de la investigación ha ocasionado un gran revuelo y un cruce de acusaciones de dejación de funciones entre las administraciones local y autonómica. Mientras la alcaldesa accidental, María Francisca Caracuel explicaba calmadamente que se ha tomado esta determinación para no ocasionar "daños irreparables" a los propietarios de esas viviendas ilegales antes de ver si tienen posibilidad de regularizar su situación en el Plan General de Ordenación Urbanística, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, cargó las tintas comparando los comportamientos del Ayuntamiento marbellí y su alcaldesa con los de "Gil y compañía".

En Marbella hay en torno a las 40 sentencias pendientes de ejecución que declaran nulas licencias de obra. En la mayoría de estos procedimientos, que afectan a unas 1.000 viviendas ilegales, la Junta de Andalucía es la administración que denunció las irregularidades y la que solicita la ejecución de sentencia. Sin embargo, en las decisiones judiciales que se conocen, el Gobierno andaluz se ha avenido a los requerimientos del Ayuntamiento marbellí de aplazar la ejecución hasta que se apruebe el Plan General. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha puesto impedimento, dada la especial situación que atraviesa la ciudad.

La peculiaridad se da cuando, como ocurre en el caso de la urbanización Los Monteros, los denunciantes son particulares, aunque se dan muy pocos casos en la ciudad.

La asociación de vecinos Arroyo Guadalpín es uno de ellos. Desde junio están pidiendo al Ayuntamiento marbellí que ejecute una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenzó en 1.999 al ver que se estaban construyendo un edificio de seis plantas donde iban unos adosados y casas unifamiliares que en teoría no tenían por qué entorpecerles las vistas.

"Nos reunimos con la concejal, hemos solicitado una cita con la alcaldesa y con el Defensor del Pueblo andaluz, y no descartamos ir a ver al presidente del TSJA", sostiene Mercedes Vázquez, la presidenta del colectivo. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores del PGOU consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.

El Ministerio Público todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acción presentó contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasión también se acusaba al equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de supuesta prevaricación administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006. Después de registrar el documento en la Fiscalía de Málaga, la ONG también solicitó a la Consejería de Obras Públicas que interpusiera una querella por este comportamiento ante el juzgado que correspondiese.

La Junta no recoge el guante lanzado por los conservacionistas y opta por que sean los tribunales que dictaron la revisión de las licencias los que determinen si el Ayuntamiento acata esas resoluciones. En un escrito del pasado 9 de enero el escrito, dirigido a Ecologistas en Acción, el director de Inspección de Ordenación del Territorio, José Ortíz Mallol citó numerosa legislación y jurisprudencia que ordena al Ayuntamiento marbellí la revisión de una licencia nula.

Dos sentencias del juzgado contencioso administrativo número 5 de Málaga, de marzo y junio de 2007 ordenaron al Ayuntamiento que "sustancie por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho".


Adiós a la maraña societaria del GIL

El Ayuntamiento de Marbella ha decidido suprimir las dos empresas municipales que el GIL utilizaba para hacer la mayoría de las contrataciones de personal y compras de suministros cuya legalidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Las sociedades municipales que desaparecen son Obras y Compras y la de Turismo. La medida afectará a unos 800 trabajadores que serán reubicados en otros puestos. En lugar de estas empresas se crearán otras como Vivienda y Aparcamientos, más acordes, según el equipo de Gobierno, con las necesidades de la ciudad.

La remodelación forma parte de la catalogación de puestos de trabajo que el equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz pretende llevar a pleno en marzo. Con ella, el coordinador de personal, Carlos Rubio, busca acabar con la "maraña instrumental" con la que las corporaciones del GIL terminaron "absorbiendo gran parte de los recursos municipales para intereses que no eran estrictamente los generales".

Según Rubio, la Gerencia de Obras se destinaba única y exclusivamente para la contratación de personal al margen de los procedimientos que marca la legislación, mientras que la Gerencia de Compras y contratación hacía lo mismo con la adquisición de bienes y servicios.

El equipo de Muñoz también reorganizará la delegación de Urbanismo y aunque no la convertirá en una gerencia, se dará mucha importancia a los procesos internos y organización. "El criterio técnico va a primar, de forma que tendrá un área de planeamiento y gestión y otra de disciplina con el apoyo jurídico incluido en ellas", explicó Rubio.







* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/01/2008
Foto: Marbella, bloques Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com

......................................... Leer más...

Especialistas del caso ´Malaya´ y ´Ballena Blanca´ rastrean pagos de Las Teresitas

LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas policiales que trabajaron en la operación Malaya, que investiga una gran trama de corrupción en Marbella con el ex alcalde Julián Muñoz como imputado, y en la operación Ballena Blanca, lo que hasta ahora es considerado el mayor golpe policial contra el blanqueo de capitales en España, indagan desde hace meses en los movimientos de dinero que se han generado en torno a la operación de Las Teresitas.

Incluso, el jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y otros dos inspectores residen desde hace más de seis meses en Santa Cruz de Tenerife para dedicarse en exclusiva a la laboriosa investigación del pelotazo de Las Teresitas.

En total, unos veinte especialistas en delincuencia económica trabajan diariamente en el caso. Nueve de ellos pertenecen a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, otros cuatro especialistas rastrean movimientos financieros desde Madrid, concretamente desde la Brigada Central de Blanqueo de Capitales, y otras dos personas pertenecen a la Agencia Tributaria. Es, sin duda, un despliegue policial de enorme calado, y fuentes próximas a la investigación sitúan la operación de Las Teresitas en el entorno de los grandes casos de corrupción que se han dado en este país.

De los agentes desplazados desde Madrid y que en la actualidad residen en Santa Cruz de Tenerife se conoce que han sido piezas importantes en las operaciones Malaya y Ballena Blanca, esta última dirigida por el juez Baltasar Garzón y en la que está implicado el narcotraficante Rafael Bornia Bordón, relacionado con la investigación que se realiza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín.
Ballena Blanca es un complejo entramado financiero de sociedades interpuestas creadas exclusivamente para el blanqueo de capitales, básicamente con dinero procedente del tráfico de drogas. A su vez, la operación Malaya es otro de los casos más sonados a nivel nacional, radicado en Marbella y que mantiene a una treintena de imputados en prisión, entre ellos el cabecilla, José Antonio Roca, y el ex alcalde Julián Muñoz.

LA PARTE SECRETA. Según los datos a los que ha podido tener acceso este periódico, la parte del sumario que aún se encuentra secreta podrían triplicar en número de folios a los datos desclasificados la pasada semana por la magistrada instructora, Carla Bellini. Es, sin duda, la parte importante de la investigación, la que está encaminada a investigar en los pagos de presuntas comisiones ilegales y los movimientos de dinero que se han podido hacer.

En ese punto, los especialistas policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) rastrean posibles movimientos en paraísos fiscales, para lo cual se han llevado a cabo diferentes comisiones rogatorias a través del Ministerio de Justicia. Incluso, fuentes próximas a la investigación apuntan a que alguna de estas comisiones rogatorias va encaminada a tomar declaración a personas que pudieran ser titulares de cuentas o empresas presuntamente vinculadas a alguno de los imputados, esto es, personas que pudieran actuar como testaferros. Por descontado, el rastreo patrimonial al alcalde Miguel Zerolo es profundo.







* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de enero de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas desde los terrenos objeto de la polémica. LA PROVINCIA/DLP

......................................... Leer más...

Tomiño: Promotoras y constructores acusan el ´efecto dominó´ del caso Marbar

FARODEVIGO* : El efecto "dominó" tras la debacle del grupo constructor Marbar, con sede en Santa María de Tebra (Tomiño), a nueve días de la desaparición de su gerente Manuel Martínez Barros y del cese de actividad de la factoría con 56 trabajadores en paro, ha originado efectos colaterales para promotores y constructores de Tomiño que, según han explicado, "tenemos la sensación de pánico que va en aumento, padecemos la presión de acreedores y, a su vez, los compradores nos apremian para que entreguemos los pisos, o nos dan largas a la hora de firmar el precontrato y entregar dinero a cuenta", explican.

Daniel Castiñeira, gerente de la firma constructora Castiñeira Álvarez, con 38 trabajadores, afirma que el caso Marbar influye en el sector: "¿A quién se le vende ahora un piso antes de acabarlo?, ¿quién da dinero para un precontrato, después de lo que ha pasado, cuando trabajar con Martínez Barros era un aval?", se preguntaba ayer el empresario. Una semana de parón, sin venta alguna de pisos, ha sido el efecto inmediato para los promotores. La sensación de pánico, señala, se podría combatir "si a corto plazo se ve movimiento en la banca, con confianza en los promotores, porque si no hay dinero para eso, el paro es inminente", augura. De hecho conoce la existencia de varias obras paradas en Tomiño y en Goián, debido a ese problema.
V.D.R., directivo de otra empresa tomiñesa con 21 trabajadores, se expresaba en términos muy similares. Añadía, en su caso, la existencia de proveedores suyos, que también lo son de Marbar y que "necesitan cobrar porque la deuda que tienen con esa firma es grande". Hay psicosis "entre los propietarios de pisos de edificios por entregar. Preguntan por su vivienda y la sensación de inseguridad de masca". Cree que se debe dejar pasar el tiempo para que la situación se normalice dentro de lo posible, pues "hay crisis".
"El caso de Marbar a nosotros nos duele anímicamente", describía el directivo de otra firma del ramo que construye viviendas unifamiliares por encargo. Percibe "la incertidumbre en los clientes, con miedo a construir casas, lo que nos deja en una situación complicada y nos meten en el mismo saco [que Marbar]" . A todo ello suma que "los bancos no están muy dispuestos a conceder hipotecas". Sitúa el punto álgido de la crisis en el momento en que "las empresas tengan que renovar su financiación en las entidades bancarias".
El directivo de otra firma, describía la desmoralización que supone para ellos lo ocurrido con Marbar "al ver lo que ha pasado a una empresa tan fuerte, y nosotros, que nos vemos muy pequeños a su lado".
"Los bancos no dan facilidades", cuenta T. S. M., directiva de una empresa con tres trabajadores que construye por encargo viviendas unifamiliares. No le extraña esta reacción, aunque le parece que todo contribuye a crear esa "sensación de pánico".
F.C.R. directivo de una promotora, con 32 trabajadores, calificaba la situación de "muy complicada". Cuenta que "ahora las empresas no aceptan pagarés y para conceder avales, hay selección". Pone como ejemplo a un pequeño promotor que desea construir dos viviendas en terreno propio y al que ningún banco le financia la obra. En la zona hay empresas que han comenzado a recortar plantilla "nosotros, en marzo, pasaremos a 22 trabajadores.
La recesión del negocio es evidente, no solo en Tomiño, sino ya en el Baixo Miño y en O Porriño, dice. El "efecto dominó por el caso Marbar, ha empezado", confirma. La salida que prevé es trabajar fuera de España, a través de una unión temporal de empresas (UTE), en Brasil o Cabo Verde.






* Faro de Vigo - EVA GONZÁLEZ / TOMIÑO - 30 de enero de 2008
Foto: Trabajadores de Marbar en manifestación. / MARCOS CANOSA, farodevigo.es

......................................... Leer más...

El silencio de los 'teresitos'

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ* : Desde hace ahora una semana el caso de Las Teresitas se ha puesto al día con el levantamiento del secreto del sumario de una parte del documento. En el pomo de estos 20.000 folios de más estricto culebrón aparece el esqueleto de una ingeniería financiera que de haber sido aplicada en el beneficio de los administrados previsiblemente Canarias estaría ahora en la vanguardia de la macroeconomía, y hasta vendrían los del Fondo Monetario Internacional para conocer las ingeniosas formas de provocar un tsunami económico con cuatro olas y tres callaos.

Pero, independientemente del presunto cambalache en sí, y aún imaginando mucho mucho que el contenido de estas pesquisas de la fiscal y la policía tuviesen la misma inconsistencia que el peito del pájaro apupú, el acontecimiento ha revelado un problema casi aún más grave si cabe que el supuesto atraco a las arcas públicas, en un verdadero trasunto que deja la articulación de la sociedad tinerfeña, y desde aquí un afectuoso saludo, a las postrimerías del XVIII cuando las primeras publicaciones contrarias al criterio del poder establecido eran castigadas con el repertorio más duro de la ley por su carácter 'sedicioso'.

Durante siglos, primero panfletos y luego libelos fueron haciéndose un hueco en las gavetas ocultas de los intelectuales franceses hasta que a partir de 1789 empezó a hacerse común, -todavía de aquella manera-, estampar y difundir en papeles el pensamiento puro y la crítica al gremio político, lo que con el tiempo se conocería como cuarto poder: hoy una asombrosa herramienta que actúa de válvula de presión para evitar el desmadre, el cohecho, la prevaricación y la ingesta del caldo de papas en el plato ajeno.

Y es por esto que los ciudadanos de Tenerife están sufriendo un retroceso de siglos con el chirriante silencio que mantiene el 90 por ciento de su prensa sobre un lío que, sean culpables o no los protagonistas de este poltergeist urbanístico, es noticia que no puede sustraerse a la opinión pública porque afecta a un alcalde, a un lugar emblemático, a unos empresarios, a una institución financiera y, ahora vemos, a unos medios que se están saltando esa ineludible responsabilidad, clave para la articulación de cualquier democracia de mínimos.







* La Provincia - Opinión - 28-01-2008

......................................... Leer más...

Gecen denuncia ante la Fiscalía el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana

LEVANTE/Castellón* : El grupo ecologista Gecen ha denunciado ante la Fiscalía de Castellón el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana por la presunta comisión de un delito sobre la ordenación del territorio y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según informaron en un comunicado fuentes de dicha asociación.

Los hechos, según la denuncia, se están cometiendo o tienen previsto cometerse en breve en la zona ocupada por el PAI Sant Gregori, en el término municipal de Buriana. La denuncia se dirige contra quien resulte ser el promotor o ejecute cualquier actuación sobre la zona húmeda y contra aquellos que ostenten responsabilidades en competencias urbanísticas (Ayuntamiento de Burriana, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Júcar y Costas)).

Gecen señala que en dicho PAI fue encontrada una población de galápago europeo a raíz de una denuncia cuando se enteró la Conselleria y la promotora, "y la solución fue no respetar el hábitat de la población de , que no es otro que un humedal litoral".

Según los ecologistas, "la solución elegida fue crear una charca artificial en un rincón del PAI que no moleste, es decir, eliminar una amplia zona húmeda natural y crear una especie de reserva-zoo artificial como forma burda de salir del paso, eso sí, con el beneplácito fiel de la Conselleria de Medio Ambiente, que nunca falla".

La asociación indicó que la sostenibilidad "implica el reconocimiento de límites que el Ayuntamiento de Burriana rechaza", por lo que demanda soluciones medioambientales "aceptables" para "proteger el litoral y la zona húmeda afectada por el PAI".

En su opinión, "la costa semivirgen que aún conserva una parte sustancial del término de Burriana se queda con 0 metros cuadrados para uso mediambiental (espacio natural protegido) tras el insostenible planeamiento urbanístico del Ayuntamiento".

De hecho -dijo- "pretenden urbanizar 30,36 hectáreas de la ZEPA y LIC del espacio natural protegido de la Desembocadura del Mijares, es decir, no urbanizan todo el litoral no protegido bajo alguna figura legal de protección específica (que sí genérica como los humedales), sino que desclasifican suelo estrictamente protegido para urbanizarlo".






* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 30 de enero de 2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es

......................................... Leer más...

Unos 3.000 vecinos de Sagunto piden estudiar todas las opciones para el Teatro

PANORAMAACTUAL/Valencia* : Unos 3.000 vecinos de Sagunto se concentraron ante la sede del Ayuntamiento para exigir a la Generalitat que contemplen todas las opciones para "minimizar los daños" que podría causar en el Teatro Romano la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reversión de las obras de rehabilitación en el plazo de 18 meses. Los asistentes reclamaron así que se "estudien todas las alternativas legales que existen antes de proceder a la demolición, porque si se da esta posibilidad cumplir la sentencia será hundir el pueblo".

Durante el acto de protesta, convocado por la agrupación Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí y que se desarrolló desde las 19.00 horas, se hizo lectura del manifiesto redactado por esta entidad en el que se rechaza "enérgicamente que las obras de rehabilitación del teatro se derriben porque esta actuación, dado su traumático impacto urbanístico, romperá el desarrollo urbano, turístico, cultural, artístico, social y económico del pueblo".

Por ello, los asistentes reclamaron al Gobierno valenciano que, desde el respeto a la sentencia de Alto Tribunal, se analicen las posibles salidas para ejercer el menor daño a este bien patrimonial. Entre otras cosas, recordaron, "se pondría en peligro la consolidación del Festival Sagunt a Escena y tantos otros acontecimientos culturales -como por ejemplo el Festival Grecolatino dentro de la Semana de Cultura Clásica- que nos resultan esenciales para la promoción turística de la ciudad".

Por ello, estos vecinos apostaron porque el teatro romano "continúe siendo un teatro y tenga un uso funcional en su dimensión educativa y cultural para que lo disfruten saguntinos y visitantes". "Que sea un monumento vivo y no un monumento muerto", sentencia el manifiesto.

En esta línea, el colectivo pide a la Generalitat "que el dinero que costaría una hipotética demolición se invierta en proyectos de presente y futuro ligados a la revitalización económica y cultural de Sagunt".

Presión

La presidenta del Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, Concha Cardo, insistió en que el fin de al concentración es "ejercer presión social para que la sentencia haga el menor daño posible al edificio", algo que produce "miedo" entre la población, reconoció.

Cardo subrayó justificó la protesta en que "hasta ahora el pueblo de Sagunt nunca ha dicho nada y ya es el momento de que diga algo porque todas las repercusiones, sobre todo las negativas, van a venir a Sagunt no a otra parte", argumentó.

La responsable de la plataforma ciudadana sostuvo que su intención es la de congregar "el mayor consenso posible de todos los ciudadanos" por lo que calificó el manifiesto de "integrador porque no se busca demonizar a nadie ni que haya ni vencedores ni vencidos", aseveró.

Cardo instó a la Generalitat a "sentarse" con el Ayuntamiento de Sagunt y el autor del recurso contra las obras de rehabilitación de Grassi y Portaceli, Juan Marco Molines, para "negociar la ejecución y que se haga el menor daño posible", insistió.







* Panorama-Actual - 29/01/2008
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano reformado - 20minutos.es



NOTICIA RELACIONADA: El mundo de la cultura contra la demolición del Teatro Romano de Sagunto - TERRA - 30-01-2008

......................................... Leer más...

Marbella: La Fiscalía indaga la falta de derribos

ELPAÍS/Málaga* : La alegría del gobierno de Marbella al ver que los tribunales parecían apoyar su decisión de aplazar la ejecución de sentencias, y como consecuencia los derribos de construcciones ilegales, hasta la aprobación del nuevo Plan Urbanístico se empañó ayer. La Fiscalía de Málaga investiga si el Ayuntamiento ha prevaricado al no ejecutar cuatro sentencias firmes que anulaban licencias de obras.

Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) que la abogada Inmaculada Gálvez presentó en diciembre como representante de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros en la que se comunica una presunta falta de actuación por parte del Consistorio. "Consta que no se ha realizado actuación alguna para ejecutar la sentencia, siendo competencia exclusiva de la alcaldesa", recoge el escrito. Entre las sentencias a las que se refiere se incluye un recurso sobre la casa del actor Antonio Banderas.

Gálvez denunció que pese a que la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental de las partes y la administración está obligada a colaborar, el Ayuntamiento marbellí no ha contestado a los requerimientos ni ha realizado "actuación alguna" para ejecutar dichas sentencias. La letrada considera que puede tratarse de un delito de prevariación.

En una ampliación de la denuncia Gálvez añade que "existe una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" sin que se haya seguido el procedimiento establecido por ley.

"No se trata de una decisión aleatoria, sino que es algo muy meditado", señaló. Echevarría, quien añadió que la no ejecución de sentencias se trata de un criterio "permanente, constante y continuo" y que sólo piden un poco de tiempo para devolver el orden a Marbella.





* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 30/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba

......................................... Leer más...

Ávila: La macrourbanización del Campo Azálvaro, en la vía penal

ÁVILADIGITAL* : Las obras de la macrourbanización ‘El Castillo’ que promueve Lagos SA con el apoyo del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en el Campo Azálvaro, en las inmediaciones del embalse de Serones, han llegado ya a la vía penal.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés, ha citado a declarar a diez personas, entre ellas el representante legal de la promotora, que tendrá que comparecer como imputado el día 17 de marzo a las 10 horas, por las obras “ilegales” ejecutadas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) durante el verano.

Como testigos declararán también, ese mismo día, los tres guardias civiles del Seprona que llevaron a cabo las investigaciones sobre las obras ejecutadas en agosto de 2007 en la urbanización y dos agentes de la Policía Local. Y el día 19 de marzo, la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros; el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez; y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa.

Obras “ilegales”
Fue el 3 de agosto de 2007 cuando la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras denunciaron ante el Seprona el inicio de obras ilegales de esta macrourbanización. Previamente, según explican, “se pudo comprobar y documentar que en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles de la urbanización”, entre otras tareas.

Estos trabajos, como se detalla en el atestado, fueron ejecutados por la empresa Castillo y Cía por encargo de Lagos SA, “con el fin de llevar a cabo la acometida de la red eléctrica, abastecimiento de agua, red de saneamiento y la pavimentación de las calles de la urbanización”.

Tanto Centaurea como CCOO ya denunciaron entonces que las urbanizaciones que la empresa y el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo pretenden levantar en el Campo Azálvaro “no son legales”, dado que no están aprobados los correspondientes planes parciales. Así consta, según explican, en un informe de noviembre de 2002 de la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, en el que se destacaba que los planes parciales de Cantos Altos, La Lancha y El Castillo no estaban aprobados porque no existía el Plan Especial de Saneamiento.

Es, de hecho, el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales el que ha sido anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, adoptando medidas cautelares para impedir que siguiera adelante el proyecto urbanístico.

De forma paralela, el juez ha admitido otras diligencias solicitadas por Centaurea para pedir documentos al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo de la Consejería de Fomento y al equipo del Seprona que realizó el atestado.

Más de 2.000 viviendas junto al embalse de Serones
A juicio de Centaurea y CCOO, las obras que se ejecutaron durante el pasado verano son el “intento de reactivación del proyecto de construir más de 2.000 viviendas unifamiliares junto a los límites del embalse de Serones, que es vital para el abastecimiento de capital abulense”.

Consideran, en este sentido, que “se pretende sacar adelante el proyecto con la coartada de haber sido aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo hace más de 20 años”, aunque no cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Cabe destacar también que ambas organizaciones han iniciado una campaña para que Campo Azálvaro sea declarado Paisaje Protegido y que el Ayuntamiento de Ávila ha aprobado también instar a la Junta a que proteja esta zona.







* Ávila Digital - María Cuenca - 29/01/2008
Foto: Obras para abrir las calles de la urbanización en Campo Azálvaro, este verano - aviladigital.com

......................................... Leer más...

El juez del 'caso Guateque' ordena al Ayuntamiento auditar las licencias

ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid, a través de una providencia, la realización de una auditoría interna para conocer la tramitación de expedientes en la Concejalía de Medio Ambiente en el Consistorio, según ha adelantado el portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas.

En rueda de prensa, Lucas ha explicado que la auditoría será llevada a cabo por la empresa externa Tracsatec y que tendrá como finalidad conocer "las cosas que están funcionando mal" en esta concejalía -una de las afectadas por la trama junto con la de Urbanismo y varias juntas municipales- y aportar soluciones. El portavoz del PSOE ha recordado que su grupo, tan pronto tuvo conocimiento de la existencia del caso Guateque, exigió al Gobierno municipal del PP que hiciera una auditoría interna de las concejalías implicadas en la trama de corrupción en la concesión de licencias.

"El PP no hizo caso a la petición del PSOE, manifestó incluso que no era necesario hacer esta auditoría porque las cosas funcionan", ha subrayado Lucas, quien ha hecho hincapié en que si esta auditoría se hubiera hecho cuando los socialista la pidieron, en estos momentos "ya tendríamos soluciones". Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha explicado a esta web que la auditoría sólo afectará a los dossieres relacionados con el caso. "El auto

judicial sólo encarga a la empresa Tragsatec, que está haciendo los informes de Medio Ambiente, una auditoría de algunos expedientes relacionados con el caso Guateque, no de todos", subrayan fuentes municipales.

'No' a una presidencia del PP

El portavoz socialista ha criticado además que el concejal del PP del distrito de Barajas, Tomás Serrano, presida mañana la reunión de constitución de la comisión de investigación del caso de corruptelas en torno a las licencias porque el sumario incluye varios expedientes en los que se cita "la prioridad" dada por el concejal o personal de su confianza a su tramitación.

"No es compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", ha añadido el socialista. Lucas ha criticado también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. El portavoz socialista ha recordado que mañana pedirá que sea presidida por un concejal del PSOE. Éste será el primer punto del día en la reunión que tendrá lugar por la tarde.

"No parece de recibo que recaiga la presidencia en el Gobierno municipal cuando es una comisión de investigación que trata de controlar al propio Gobierno municipal", ha apuntado Lucas. El portavoz de IU, Angel Pérez, ha anunciado que apoyará que la presidencia recaiga en el PSOE porque es el principal grupo de la oposición y es lo "éticamente correcto". Ha destacado que su formación no se postulará para ocupar la presidencia porque sólo cuentan con un edil en la comisión, lo que anularía "cualquier capacidad de intervención". Pérez ha destacado que su formación centrará la comisión en la documentación analizada por el juez y solicitará una lista cerrada de comparecientes para fijar un calendario. "No queremos que Guateque sea una fiesta permanente y ocupe toda la legislatura", ha añadido.






* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 30/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org

......................................... Leer más...

Las cuevas desafían a la piqueta

PÚBLICO/Granada* : "Se está aquí como en el vientre de una madre”. Calentito en invierno, unos 15 grados, y fresco en verano, algo más. Yoni, melena estilo farruquito, es “medio gitano, medio payo”, canta en los tablaos de turistas de vez en cuando, y habita con Yesi, su pareja, una de las 44 cuevas de San Miguel Alto, en el Sacromonte granadino. Yoni grita: “moro” y de la caverna vecina sale Yagua, marroquí, ahora sin trabajo por el parón de la construcción. “Con la confianza le digo así. Él me dice gitano y no hay problema”.

Arcos y arabescos, recuerdo de su patria, franquean la entrada a varias de las estancias. Al fondo, como en todas las cuevas, la cama. Aún no ha terminado los trabajos de reforma y Yagua se toma un té calentado con una bombona de gas. Ha estado trabajando toda la mañana en su hogar. Tiene televisión también. “La luz la cede un vecino y le pagamos la diferencia entre su cuenta sin nosotros y la cuenta con nosotros”, asegura Yoni. Viven en la zona superior del cerro, sobre el Albaicín, el casco histórico, que domina la ciudad entera.

Hace más de un año la policía, enviada por el ayuntamiento, gobernado por el PP, trató de desalojar a los habitantes de las cuevas con dos excusas: que se caían y que el terreno era de propiedad municipal. Como telón de fondo está la recalificación de la colina, que, tras anunciarla, ahora niega el ayuntamiento, para edificar un foco turístico, levantar un hotel y acondicionar varios hipogeos para espectáculos de Zambra flamenca (del Albaicín son Enrique Morente y otros grandes).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia contra la que no cabe recurso, le paró la semana pasada los pies. Los magistrados consideraron que “no existe certeza de que todas las cuevas sean propiedad municipal” y recordaron que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está recogido en el artículo 18.3 de la Constitución. Aconsejaron, además, al ayuntamiento que presente un expediente individual por cueva y no uno conjunto como había hecho. El consistorio confirmó que así lo hará. Las cuevas del Sacromonte están habitadas al menos desde el siglo XVI.

Okupas y energía solar

Paco, pantalón de motorista, pendientes en la oreja, asegura disponer de un título de propiedad. Pagó por su caverna hace más de tres lustros casi dos millones de pesetas (12.000 euros). No vive ahora allí, adonde llegó como okupa, porque tiene una casa en el centro de Granada. Pero se pasea a menudo y conoce a todo el mundo. Él se precintó su cueva. “Por los okupas, que se me metían dentro”, asegura. Él quiere que el ayuntamiento convierta la colina en un foco turístico para así sacar provecho de su propiedad. Hace tiempo que se cansó de la vida itinerante a la larga del okupa.

Las mejores vistas de la Alhambra

En la ladera, orientada al suroeste, se disfrutan las mejores vistas de la Alhambra. Y extraordinarias puestas de sol en la vega de Granada, adornadas por las cumbres blancas de Sierra Nevada. “No hay una igual a otra”, asegura Sun (Sol, en inglés) sentado en un sofá rojo al raso, adonde llega sordo y lejano el ruido de la ciudad. Es un “hippi”, según la particular terminología de Yoni, y, es, en rigor, un alemán de unos 35 años que estudió arquitectura y técnico en energía solar empeñado en demostrar que las fuentes renovables son el futuro del planeta. De ahí su nombre artístico.

Sun habita una de las cuevas que fue cerrada por la Policía. Le costó meses vaciarla de tierra y niega la mayor: que la mayoría de las cavernas estén en ruinas. La suya ciertamente no lo está. Se llama la cueva de la mariposas –el nombre está labrado en el marco de madera que custodia la entrada– porque un día mientras cavaba apareció una. Y creyó en la metáfora. “La mariposa cambia de vida tres veces en una vida”, dice.

Al visitante le ofrece un té, que calienta en una plataforma situada en el centro de un cuenco gigante de aluminio que, enfrentado al sol, refleja sus rayos. En un momento, la temperatura de la tetera supera los 100 grados. Dentro, carga el teléfono móvil en un enchufe. Lo puede hacer porque una pequeña placa solar, que le costó 150 euros de segunda mano, alimenta una batería capaz de conservar la energía del sol durante tres días. “Es un ejemplo de cómo se puede vivir de manera simple, es un ejemplo de cómo se puede luchar contra la desertificación”, asegura. Y remacha: “La gente se ha ido a lo más futurista y se ha olvidado de lo básico. Espero que la gente cambie antes de que se vaya todo al garete”. Sun, idealista, está en contacto con redes contra el cambio climático y la violencia urbanística. La casa de las mariposas es querida en la colina y no es la única que se gestiona de esta manera.

Residuos orgánicos y compostaje

Yoni, Yagua, Sun y los habitantes sacan el agua de la fuente del aceituno, en una ermita cercana. La conservan en bidones y la utilizan para lavarse. Yoni se cuida mucho su melena. En la colina, unos mean y cagan donde pueden y ahí se queda. Otros reivindican el compostaje, una técnica alternativa y natural para reciclar la materia orgánica como abono. “Es gratis, sólo hay que reunir todos los restos orgánicos y apilarlos durante un tiempo”, explica. Sun tiene un pequeño huerto con tomates y limones.

La mayoría tiene claro que su paso por la colina es temporal. “Alguien la habitó antes que yo y alguien la recibirá después”, dice Jon (nombre ficticio), pala en mano. Es danés y se fue de Copenhague, donde era cartero, tras apostar demasiado fuerte al dos de corazones. “Aquí soy feliz. Me siento libre por primera vez”, asegura en una pausa del trabajo en la cueva, que comparte con un amigo francés. El inglés y el español, las palabras en cualquier lengua y la mímica son los idiomas oficiales de las cuevas de Babel. Conviven, no sin problemas, como en todas partes. Disfrutan del trabajo en las cavernas, de la cultura, de la música y de la vida.

Y a la mesa, Yoni y Yesi aportan patatas y tomate con sal y pimienta y Yagua arroz con ternera.







* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 28/01/2008
Foto: Granada, cuevas Sacromonte - granada.org

......................................... Leer más...

Keynes y la actividad inmobiliaria

GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Llevamos unos meses en que el desarrollo inmobiliario se encuentra en clara desaceleración. El aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo, el agotamiento de la demanda de viviendas de renta libre y el efecto-contagio de la crisis hipotecaria norteamericana explican el cambio de signo en el proceso "desarrollista" que caracterizaba al sector desde finales de los noventa. Conviene recordar que tras construirse más viviendas que nunca (entre 600.000 y 800.000 viviendas por año en el periodo 1998-2005), su precio ascendió un 150%, cinco veces y media más que el IPC en esos años, y el precio del suelo en un 500%, quince veces más.

Pero más grave aún ha sido la dramática caída en la producción de vivienda protegida. Si al principio de los años noventa la ratio viviendas protegidas-libres alcanzaba el 30%, en la primera mitad de los dos mil bajó al 10%. Se comprende así la desesperación de muchísimos ciudadanos, sobre todo jóvenes, "cautivos" de la vivienda protegida, que ven imposible la realización de sus proyectos de vida salvo que recurran a endeudamientos vitalicios, siempre sometidos al riesgo de una sobrevenida subida de intereses imposible de absorber.

Por ello sea bienvenido el esfuerzo económico que los poderes públicos han puesto últimamente en servicio para impulsar la promoción de vivienda protegida, tanto en propiedad como en alquiler. Así, en 2007 la ratio protegidas/libres ya ha remontado más del 50% y continúa aumentando.

Este sensible aumento ha sido posible, en gran medida, por la puesta en disposición de importantes contingentes de suelo público, fundamentalmente de titularidad estatal. Pero junto a este "plan de choque", debe disponerse una estrategia a medio-largo plazo que venga a impedir la dramática situación vivida desde mediados de los noventa. Y para ello, lo más inteligente es hacer efectivo el viejo aforismo: "La mejor política de vivienda es una buena política de suelo".

Así, la regulación establecida en la reciente Ley de Suelo, que dispone una reserva mínima del 30% con destino a vivienda protegida, se manifiesta como la primera línea adecuada, colocándose en el mercado, junto al resto de usos y tipologías de renta libre, solares de valor tasado oficialmente que posibiliten la promoción de vivienda protegida. De hecho, diversas legislaciones autonómicas ya han legislado en este sentido, como por ejemplo el País Vasco, donde asciende al 75%.

Una segunda medida establecida por la nueva Ley de Suelo consiste en regular la participación pública en las plusvalías que la propia Administración genera con el planeamiento, cuantificándose entre el 5% y el 15% del valor del suelo urbanizado y obligando a que las parcelas edificables correspondientes tengan que destinarse a la promoción de vivienda protegida, lo que producirá una adecuada y catalizadora presencia pública en el mercado de suelo.

Téngase en cuenta que este porcentaje público de plusvalías equivaldrá al 30%-40% de la reserva de suelo para vivienda protegida, con lo que se constata el importante papel de la Administración en el proceso y la considerable oferta de suelo para satisfacer la demanda social de vivienda a precios asequibles.

Pero estas medidas resultan insuficientes si no se adoptan otras complementarias que permitan, en los casos de suelos públicos, el mantenimiento de esa titularidad propiciándose el régimen de alquiler y, sobre todo, el escasamente conocido régimen del derecho de superficie que la ya nueva ley regula y amplía intencionada y pormenorizadamente. De nuevo la experiencia del País Vasco en esta materia es paradigmática, como demuestra la política de vivienda en las grandes ciudades vascas.

Asimismo, el suelo reservado para promoción privada deberá garantizar su destino final a los ciudadanos de rentas medias, evitando su vulneración a causa de irregularidades en la enajenación o facilitando su descalificación y retorno al mercado libre al cabo de un tiempo. Por ello, medidas como el mantenimiento de su calificación a lo largo de la vida útil, así como la intervención pública en la identificación de su adjudicatario, son disposiciones inteligentes de concertación público-privada que vendrán a impedir el lamentable escenario de fraude que, tan a menudo, ha venido sufriendo el mercado privado de la vivienda protegida.

Esperemos que la lamentable experiencia de los últimos años no vuelva a repetirse y que la aplicación de las nuevas disposiciones legales de la Ley de Suelo 8/2007, con la necesaria complementariedad de las legislaciones autonómicas y del planeamiento municipal, consiga una razonable satisfacción del mandato constitucional para garantizar el derecho ciudadano a la vivienda, y, adicionalmente, disponer de un importante contingente de recursos públicos aplicados responsablemente en su promoción, que junto a la potenciación de la inversión en obra pública, sobre todo en infraestructuras de comunicaciones y transportes, termine por conformar una rediviva política de tipo keynesiano que venga a compensar, intencionadamente, la ralentización económica que está sufriendo el mercado inmobiliario privado.



* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.




* ELPAIS.com - Opinión - 29/01/2008

......................................... Leer más...

Los expertos exigen un pacto social para atajar la corrupción urbanística

INFORMACIÓN/Alicante* : La corrupción urbanística, en algunas zonas del territorio, tiene rasgos de auténtico golpe de estado permanente porque determinados poderes fácticos tienen capacidad de decidir sobre actividades fundamentales a base de presionar a los poderes democráticos por la vía de la extorsión y el chantaje", señaló ayer Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional y director del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", presentado ayer en el Club INFORMACION.

La publicación, que recopila artículos de forma monográfica sobre este fenómeno desde un punto de vista jurídico, incluye artículos del fiscal general del Estado Conde Pumpido, de la criminóloga Alejandra Gómez, del asesor del Banco Mundial José Ugaz o del presidente del tribunal que juzga a Fujimori, César Eugenio San Martín.
Alcaraz apuntó que el Estado de Derecho "está lejos de disponer de instrumentos legales suficientes para atajar este fenómeno y el Derecho no puede convertirse en excusa para la inmoralidad al generalizarse que si no hay condena no hay comportamiento inmoral". A juicio del responsable del libro, hay casos de corrupción urbanística que acaban con la absolución de los implicados "pero muestran que hay actitudes totalmente reprobables, que concluyen que son inocentes penales pero auténticos corruptos morales".

Manuel Alcaraz reclamó un compromiso social para poder eliminar la corrupción de la vida pública: "El Estado de Derecho no triunfará, por más leyes y jueces justos que haya, si no hay un compromiso social entre todos por ejercer un liderazgo ético. Mientras exista el actual modelo urbanístico, la corrupción no podrá erradicarse porque es lo que engrasa el sistema".

También participaron en el acto el teniente fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Carlos López Coig; el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad, Juan Castillo, y el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio, que planteó reformar la legislación con medidas que combatan expresamente la corrupción, "que se recojan tipos penales para esta actividad y mecanismos probatorios que atiendan a esta realidad porque normalmente nunca no hay pruebas directas, sino indiciarias".





* Información - A. P. - 29 de enero de 2008
Foto: Un momento de la presentación del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", ayer/ CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com

......................................... Leer más...

Las Teresitas y el juego de la ceguera

FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO* : Contar lo que pasó en el caso Las Teresitas no es un ejercicio de arqueología. La playa no es Atapuerca, por más que algunos de los intervinientes se comporten a veces con formas propias de los homínidos de la mítica sima. Tampoco es un viaje inútil al pasado sin billete de vuelta, y ello a pesar de que en las andanzas de esta operación inmobiliaria, financiera y política haya expertos en los asuntos de los viajes como Rodolfo Núñez, que lo mismo navega al timón de Fred Olsen que pilota un ATR de Binter.

Ytampoco es un documental más de Canal de Historia, y ello a pesar de que cada página que se repasa del sumario devuelve al presente a personajes de la primera línea de la vida pública que algunos -oh ingenuos- creían convenientemente jubilados.

Y si no es nada de eso, ¿por qué interesa tanto lo que sucedió allá por 1998? Primero porque el caso es de gran actualidad desde el momento en que muchos de sus actores siguen hoy en los mismos puestos o incluso con responsabilidades superiores. Ahí están, por ejemplo, Rodolfo Núñez, cuyo homenaje de despedida con todos los honores al frente de Cajacanarias está casi ultimado; y ahí sigue en la dirección general de la entidad Álvaro Arvelo, inasequible al paso del tiempo, al expediente sancionador del Banco de España y a la propia la sanción en sí, hasta el punto de que ahora aspira a ser presidente ejecutivo de Cajacanarias como si allí no hubiese pasado nada. Y es precisamente esto último, esa sensación de que el cristal de la legalidad y la honradez nunca se rompió, lo que justifica este buceo en el tiempo al que obliga al caso Las Teresitas. Sólo así se saca del silencio esa sanción del Banco de España, un castigo del que, no lo olvidemos, eran conocedores, como mínimo, el Consejo de Administración en pleno, el director general y su equipo, la Comisión de Control, la Asamblea General -¿o es que se le ocultó ese hecho tan relevante?- y -tome nota, estimado lector- la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Así las cosas, ahora es noticia lo que debió serlo hace siete años (la sanción se aprobó en 2000) y ese salto en el calendario no le quita valor alguno;al contrario, pone de relieve cómo se urdían algunas componendas y cómo se jugaba con la ceguera de la sociedad para así perpetuar ciertos comportamientos. Alguien dijo en su día que ojos que no ven, corazón que no siente, y en torno a Las Teresitas se aplicó la variante de ojos que no ven, negocios que siguen engordando.

Ahora, en suma, Las Teresitas refleja la cara menos amable del sumo poder entendido como el poder para sumar en beneficio de unos pocos, que no es lo mismo. Y no lo digo por González y Plasencia, cuyo pecado (presunto) es dejarse llevar por las ganas de crecer, sino por las facilidades que otros (Núñez, Arvelo y unos cuantos más) les pusieron al margen de las normativas bancarias.


PD: ojalá tanta porquería (presunta) saliendo a flote sirva para que algunos partidos se den cuenta de que la presidencia de una caja no es cosa para incluir en el orden del día de un partido político. Esto va por CC en Tenerife. Y no sólo por ellos:los periódicos, por suerte, sí tienen memoria.






* Canarias 7 - Opinión Del Director - Las Palmas de Gran Canaria - 28/01/2008

......................................... Leer más...

6.400 firmas contra el aeropuerto de El Álamo

ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma No al Aeropuerto, respaldada por 40 entidades vecinales, sindicales y políticas de municipios como Móstoles, Navalcarnero y El Álamo, tiene ya cerca de 6.400 firmas en contra de la construcción del aeródromo en la zona que proyecta la Comunidad de Madrid (con la denominación de Aeropuerto del Suroeste), según la portavoz del colectivo, Margarita Mora, que aseguró que las rúbricas se entregarán al Defensor del Pueblo.

El movimiento, surgido a finales del pasado año, cuando el Gobierno regional hizo pública su intención de construir un aeropuerto entre las localidades de El Álamo y Navalcarnero, se opone a la construcción de las instalaciones aéreas por considerar que afectarán negativamente al entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de los municipios afectados. La plataforma ha solicitado al Gobierno central que decline conceder al aeropuerto la declaración de interés general.
Sin información

"Después de muchos meses no hemos recibido ningún tipo de información acerca del proyecto que nos aporte datos reales sobre el impacto ambiental y social que provocará esta infraestructura", indicó Mora, que acusó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos afectados de mantener una política de opacidad respecto al proyecto.

Paralelamente, la plataforma ha puesto en marcha una campaña en su página web www.noalaeropuerto.org. A través de este sitio se pretende que los ciudadanos puedan exigir tanto a la Consejería de Transportes como a la de Medio Ambiente información relativa al proyecto y los estudios que amparan el futuro aeródromo, que supuestamente acogerá el tráfico del actual aeropuerto de Cuatro Vientos y parte del que se encuentra en Torrejón. Es decir, serán vuelos de aprendizaje, aviación de negocios, vuelos deportivos o trabajos aéreos como extinción de incendios, vigilancia, fotografía aérea o emergencias.

"Estamos hablando de un volumen altísimo de vuelos al año, que podría superar los 100.000", precisó la portavoz de la plataforma contraria al aeropuerto.

El Gobierno regional prevé reservar 230 hectáreas para el futuro aeródromo del Suroeste. Según los estudios de la Consejería de Transportes, la "única zona potencialmente afectada" sería la urbanización Calypo II, que soportaría una huella de ruido de hasta 50 decibelios.







* ELPAIS.com - J. S. M. - Madrid - 29/01/2008
Foto: El Álamo (Madrid), no al aeropuerto - madriddigital.info

......................................... Leer más...

La Región necesita, como el agua, justicia contra la corrupción

VEGAMEDIAPRESS/Murcia* : La Justicia en Murcia tiene ante sí un reto hasta ahora inédito por sus vastas dimensiones y consecuencias de alto valor terapéutico para la sociedad a la que sirve por mandato constitucional. Es verdad que en los treinta años de democracia española y autonomía regional ha habido casos en esta comunidad en los que han sido sustanciados judicialmente supuestos hechos y actos delictivos en los que presuntamente han estado implicados cargos públicos de alto rango y representación institucional. Pero la situación actual, además de inédita, es de unas consecuencias impresionantes.

Son demasiados los casos de supuesta corrupción de carácter político-urbanístico en manos de los tribunales de esta región: el noventa y nueve por ciento de ellos tienen empapelados a directores generales, alcaldes, concejales, secretarios y arquitectos de ayuntamientos, empresarios y, por el momento, a un diputado regional del partido que, desde 1995, viene gobernando esta región y la mayor parte de sus municipios: el Partido Popular liderado por Valcárcel, Cámara, Barreiro...

No se trata en estos casos, en contra de lo que han dicho ciertos leguleyos y políticos al caso, de una judicialización de la política. Aclaremos este punto. El poder corrompe y el absoluto tiende a corromper absolutamente. Las mayorías políticas absolutas que se vienen sucediendo en el gobierno regional y en la mayoría de los ayuntamientos, la ley del Suelo de Aznar, que abrió la veda a todo el territorio sin miramiento alguno, y el enriquecimiento a través de procedimientos antijurídicos y corruptos ha estado originando decenas de denuncias no sólo políticas sino judiciales de los partidos de la oposición (PSOE e IU), de organizaciones ecologistas (ANSE y Ecologistas en Acción) y actuaciones de investigación de la Fiscalía.

Las insidias, más que insinuaciones, que desde el Partido Popular (Matínez Pujalte, Zaplana, Valcárcel, Cámara, Barreiro...) se han vertido sí que pretenden pervertir la actuación de la Administración de Justicia en este territorio. Atacaron la autonomía del fiscal jefe de Murcia a través de espurios ataques a su cónyuge. Hubo hasta un fiscal que “huyó”quizá despavorido ante lo que estaba en ciernes investigando. Se ha acusado veladamente de instrumentalización al ministro de Justicia y cabeza de la candidatura socialista en las próximas elecciones del nueve de marzo. Los gerifaltes de la derecha murciana sí que han pretendido torticeramente atacar a uno de los pilares básicos de la democracia española: la Justicia y su principio fundamental, la independencia.

Pero ello, de ser gravísimo, lo es aún más cuando los medios de comunicación hegemónicos en esta región dan la espalda a la verdad a la que están obligados no sólo por mandato constitucional sino por el código de ética profesional. Y ello es así porque están en estrecha connivencia con el poder absoluto de la derecha política, económica y financiera. ¿Por qué dan distinto trato informativo a los escasos casos de supuesta corrupción socialista frente a la ingente corrupción de la derecha, que es precisamente la que controla casi la totalidad de las administraciones regional y local en esta comunidad y cuyos políticos están acudiendo a un sin número de tribunales de justicia a prestar declaración la mayor de las veces como imputados? Su intoxicador producto está cada día menos valorado en el mercado editorial de esta región.

Y si esos medios no han tomado partido contra la corrupción de la casta dominante no es por otra cosa que porque forman parte de ella o la sirven como vasallos. ¿Cómo no se va a denunciar ante los tribunales de justicia el pago de más de seis mil millones de euros a las mismas empresas de la construcción (los dueños de El Pozos son los que más kilómetros cuadrados tienen amasados en sus manos en todo el territorio español) para controlar la radiotelevisión pública autonómica? Por mucho menos dinero los salmantinos se han echado en masa a las calles de su ciudad.

No de otra forma se entiende el masivo voto de los murcianos a quienes le están esquilmando el territorio y los dineros de forma masiva a través de corruptelas que los tienen empapelados en los tribunales de justicia. En manos del PP la pancarta del agua para todos es un agravio, la bandera con la que pretenden ocultar su corrupción y bajo la cual quieren quedar impunes de sus latrocinios.

La justicia tiene sus procedimientos, sus garantías jurídico-técnicas, pero es la que necesitan, como el agua, las murcianas y los murcianos. Una justicia que no debe caer en la trampa de las dilaciones de leguleyos y poderes más que fácticos. ¿A cuento de qué pide casi en proceso electoral las competencias de la Administración de Justicia el ex fiscal de Tráfico y desde mayo diputado regional del PP? ¿A qué juega tan insigne jurisconsulto metido a político en tiempos de la epidemia infame de la que estamos hablando? Si no hay justicia la democracia y el Estado de derecho no existe. Y la justicia murciana tiene que ser ejemplar.






* VegamediaPress - FM&M - 24/01/2008

......................................... Leer más...

La Guardia Civil imputa delito ecológico a un edil de Urbanismo

ELPAÍS/Lugo* : Administrar una cantera sin licencia en terrenos protegidos, ejecutar en tu casa unas obras ilegales y estar imputado por un presunto delito ecológico puede ser un buen currículo para hacerse con una plaza de concejal de Urbanismo. Al menos en el municipio lucense de Samos.

El empresario José Manuel Pérez Rodríguez atesora todas estas cualidades y el pasado mayo el PSOE lo fichó en su candidatura a las elecciones municipales como número tres. Hoy en día es edil de Urbanismo y Obras. El alcalde socialista, Julio Gallego Moure, no entiende cuál es el problema: "Una cosa no tiene que ver con la otra", arguye.

Su concejal José Manuel Pérez es, desde hace 15 años, administrador de Pizarras del Oribio, SL. La empresa protagonizó en noviembre de 2006 uno de los más graves sucesos medioambientales que recuerdan los 1.800 habitantes de Samos. Un vertedero de la cantera Vetusta, que explota la compañía del concejal socialista en la aldea de Lampazas, se desplomó sobre el río Castelo y arrasó tres kilómetros de este cauce de O Courel. El alud de escombros se llevó por delante la vegetación de ribera y un rosario de patrimonio histórico: cinco molinos, un mazo, ocho presas y un pequeño puente.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) denunció el desastre en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sarria e imputó a José Manuel Pérez Rodríguez, como administrador de la empresa, un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El atestado levantado por los agentes tras visitar la zona certifica que la cantera carece de licencia y que el desplome de la escombrera arrasó tres kilómetros del río Castelo, dentro de un paraje integrado en la Red Natura. Vecinos y ecologistas abrieron otro frente en los tribunales para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

La magnitud de los destrozos llevó al entonces alcalde, Carlos Belón (PP), a ordenar la paralización de la actividad en la explotación de pizarra. Lo hizo en marzo y poco después dejó de regir el Ayuntamiento. Tras las votaciones del 27 de mayo, un pacto entre el PSOE y Terra Galega desbancó a los populares del gobierno de Samos. El socialista Julio Gallego fue investido alcalde y en julio delegó las competencias en urbanismo y obras en José Manuel Pérez, el administrador de la cantera ilegal que sólo unos meses antes había arrasado un paraje protegido y varias piezas de patrimonio cultural. "Lo que pasó fue por causas naturales. A veces las cosas se sacan de la realidad", alega el regidor.

Los destrozos de un espacio protegido por un derrumbamiento en su cantera sin licencia no son la única mancha en el expediente del concejal de Urbanismo de Samos. Unas semanas antes de las elecciones que lo auparon al cargo, la Consellería de Cultura descubrió que el entonces candidato del PSOE había realizado obras en su vivienda unifamiliar de la parroquia de Pontenova (Samos) sin contar con la preceptiva licencia. Según este departamento de la Xunta, José Manuel Pérez Rodríguez levantó una edificación en la parte posterior de la casa y rehabilitó el resto sin tener permiso. El director general de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, ha instado al Ayuntamiento de Samos a abrir un expediente de reposición de la legalidad.

El edil y empresario pizarrero admite que la cantera que administra carece de licencia, aunque matiza que esta situación de ilegalidad se circunscribe a cerca de la mitad de la explotación. Es sólo en esa fracción no autorizada en la que José Manuel Pérez mantiene paralizada la extracción de losa, porque, recalca, en la otra zona sí tiene permitida la actividad.

Y para no dar pie a maliciosas sospechas, el socialista añade que fue el anterior gobierno del Partido Popular quien le levantó en esa área de la cantera la orden de paralización total que se dictó cuando se derrumbó el vertedero sobre el río. A lo que no alude el concejal de Samos es a la otra prohibición de actividad que pesa sobre la explotación: la ordenada por el alcalde de O Incio, el popular Ángel Camino. El regidor del otro ayuntamiento invadido por el yacimiento de Pizarras del Oribio, SL confirma que allí la empresa tampoco tiene licencia.

"Está en la misma situación que el resto de canteras de Galicia, es algo general", argumenta el alcalde de Samos para eximir de culpa a su concejal de Urbanismo, un hombre que, según admite, lleva años "colaborando con el partido". El socialista Julio Gallego se muestra incómodo al hablar del tema y se niega a confirmar qué autorizaciones le faltan a la explotación. "Pregúntele usted a la empresa", replica. El regidor se defiende entonces negando hasta la vinculación de José Manuel Pérez con la sociedad que gestiona el yacimiento. "Es sólo encargado o algo por el estilo", afirma en referencia al que desde 1995 figura como administrador de la empresa Pizarras del Oribio.

Gallego desmiente que José Manuel Pérez tenga asignada ninguna competencia en la corporación que él preside, una afirmación a la que también se agarra el empresario pizarrero reconvertido a político. "No soy concejal de nada", remacha Pérez, fastidiado por las preguntas sobre sus responsabilidades políticas. Sin embargo, una resolución firmada en julio de 2007 por el alcalde adjudica las competencias de urbanismo y obras a José Manuel Pérez Rodríguez. Esta delegación, añade el documento suscrito por Julio Gallego, abarca "tanto la facultad de dirigir" esas atribuciones "como de gestionarlas en general".

Sobre el derrumbe del vertedero que contaminó el río Castelo y arrasó piezas del patrimonio cultural, Pérez Rodríguez asegura que "está todo arreglado, todo tapado". El edil dice estar a la espera de que le llame a declarar el juez de Sarria que instruye la denuncia presentada contra él por el Seprona por delito ambiental. Daniel Vispo, portavoz de la asociación ecologista Adega, que denunció el desastre ambiental provocado por la cantera del concejal socialista, cree que la presencia de este empresario en el gobierno de Samos es "todo un ejemplo de travestismo político y tráfico de influencias que ninguna administración debería consentir".






* ELPAIS.com - SONIA VIZOSO - Santiago - 29/01/2008
Foto: Samos (Lugo) - concellodesamos.com

......................................... Leer más...

La Vila Joiosa: Los ecologistas denuncian el uso de suelo rústico como urbano en un plan parcial

INFORMACIÓN/Alicante* : El grupo ecologista Xoriguer ha denunciado ante el Ayuntamiento de La Vila que el plan parcial del sector 19 "El Xarquet" pretende establecer como suelo urbano lo que en el registro catastral figura como terreno rústico y que abarca el 92 % del total de su extensión.

Según este colectivo, el proyecto urbanístico infringe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a la conservación del patrimonio natural, pues "no contempla la recuperación y el aprovechamiento del suelo" y, además, "el catálogo de arbolado es incompleto en cuanto al número de ejemplares trasplantados".

La asociación no comprende que, "cuando todavía no se ha urbanizado la mayor parte del terreno urbano del municipio, ya se haya sacado al mercado inmobiliario suelo rústico, lo que provoca una gran pérdida del patrimonio natural". Asimismo, ha criticado que "en estos tiempos de desarrollo sostenible" el Ayuntamiento no obligue a la empresa urbanizadora a impulsar medidas de ahorro de agua con la creación de aljibes, aseos ecológicos o dispersores, y a potenciar el uso de bombillas de menor consumo energético.

El proyecto tampoco contempla la construcción de un carril bici, una medida que debería de ser "obligatoria", según establece una resolución alcanzada en el año 2000 por el pleno municipal y la comisión de gobierno sobre viales de nueva creación, ha recordado el grupo ecologista.

El plan parcial se desarrollará sobre una parcela de 87.519 metros cuadrados y prevé la construcción de 260 viviendas, lo que supondrá, según este colectivo, un "incremento demográfico insostenible e injustificado" que sólo busca fines "recaudatorios" y que conllevará la "desaparición de un importante valor paisajístico".






* Información - 29 de enero de 2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es

......................................... Leer más...

Mijas notifica multas de 120.000 euros y el derribo de 300 viviendas

ELPAÍS/Málaga* : Como caracoles en un día de lluvia, así han ido surgiendo en Mijas (Málaga) los propietarios de viviendas ilegales cuando el Ayuntamiento de esta localidad limítrofe con Marbella ha comenzado a notificar sanciones de hasta 120.000 euros y la necesidad de demoler estas construcciones.

Hasta el momento se han contabilizado al menos 3.000 construcciones con irregularidades, la mayoría diseminados. Entre ellos hay unos 300 decretos firmes de demolición con orden de ejecución por incumplimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según fuentes consultadas, la mayoría son viviendas de autoconstrucción levantadas en terrenos rústicos.

La desesperación y la imposibilidad de afrontar sanciones que van de los 90.000 a los 120.000 euros ha llevado a los vecinos afectados, muchos de economía modesta, a agruparse en la Asociación por la regularización de viviendas Mijas. El colectivo reclamará hoy en la puerta del Consistorio mijeño que no se derriben sus domicilios.

La protesta se ha convocado a las 9.00, poco antes de un pleno ordinario en el que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), presentará una moción especial para tratar de evitar los derribos. Sánchez asegura que se buscarán "todas las vías legales" pero también deja claro que sus propietarios tendrán que asumir las infracciones correspondientes.

Desde el Ayuntamieto mijeno inciden en que algunas viviendas no podrán acogerse a esta normalización. "Hay casos insalvables", reconocen. En esta tipología se incluyen viviendas levantadas en zonas de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección.

La oposición, PP, culpa a los anteriores equipos de gobierno socialistas de esta situación y reclama al alcalde que depure responsabilidades. "Al PSOE le ha salido muy rentable en cuestión de votos porque los afectados se sienten en deuda por permitirles construir y les siguen votando por miedo a que se descubra", explica la edil del PP, Lidia Conde. La concejal incide en que en 10 años no se han construido viviendas protegidas.


"La ruina de cientos de familias"

Trataban de conseguir una casa mejor de lo que les ofrecía el mercado y ahora están con el agua al cuello. Al menos 300 familias de Mijas tienen problemas para conciliar el sueño desde que el Ayuntamiento les notificó una multa millonaria por haber construido en zona rústica y la orden de derribo.

Los afectados, en su mayoría familias modestas que aprovecharon terrenos heredados de padres o abuelos para aspirar a algo más que un piso de 60 metros por 240.000 euros, lamentan ahora haber hecho oído sordos a las advertencias. "Pensaba que pagando una multa se arreglaba, pues no, han esperado a que la termine, dé el alta y pague la contribución, basura, agua, luz y viva con mi mujer y mi hija para ponerme una multa que no puedo pagar y encima me digan que la tengo que derribar", explica el propietario de una vivienda diseminada de 100 metros cuadrados de Mijas que ve como su economía familiar se tambalea por su imprudencia. "Esto es mi ruina para toda la vida, ¿creéis que si llego a saber esto lo hubiese hecho? Seguiría viviendo en casa de mis suegros", zanja en uno de los foros de Internet en el que los afectados comentan los avances de la recién constituida Asociación para la regularización de viviendas en Mijas.

El letrado encargado de asesorar a los afectados augura "la ruina personal y económica de cientos de familias" si el Ayuntamiento sigue adelante con sanciones que llegan a los 120.000 euros.

El abogado, que prefiere mantenerse en el anonimato, mantiene que muchos de los propietarios trataron de sacar la licencia de obra, pero se la denegaron y decidieron seguir adelante. "Saben que están fuera de ordenación, pero quieren una solución menos drástica", expone.

Después de todo, lo que más irrita es que las sanciones no se hayan dispuesto de forma homogénea. "Hay viviendas que tienen expediente pero las de al lado no, y eso crea agravios comparativos", mantiene.







* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/01/2008
Foto: Vista aérea de Mijas - JULIÁN ROJAS, elpais.com

......................................... Leer más...

España baja nota en el 'ranking' de países menos corruptos por culpa del 'ladrillazo'

20MINUTOS* : España ocupa el puesto 25 en una lista de menor a mayor corrupción de un total de 180 países, según el ranking elaborado por la ONG Transparency International. El Índice de Percepción de la Corrupción 2007, en el que son los ciudadanos quienes ponen nota a su país, otorga una puntuación de un 6,7 a nuestro país, que empata así con Uruguay. La razón de que España no llegue al notable se encuentra en la especulación urbanística, según apuntan desde Transparency International.

Desde 2004, cuando España alcanzó el 7,1, su nota ha ido bajando hasta llegar al 6,8 en 2006 y al 6,7 de este año.

Los primeros puestos del ranking de menos corrupción son para Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca (los tres con un 9,4), Suecia y Singapur (9,3), Islandia (9,2) y Suiza y Holanda (9).

Los pobres, los más perjudicados

El informe publica otras conclusiones, como que son las personas con escasos recursos son los que resultan más afectados por la corrupción y los que son más pesimistas sobre su final.

Además, asegura que una de cada diez personas en el mundo ha tenido que pagar un soborno durante el año pasado y que son la Policía y el cuerpo judicial las instituciones que se perciben como "más corruptas" en la sociedad.

Por último, la mitad de los entrevistados -un número superior al de hace cuatro años- prevé que la corrupción en su país va a aumentar en los próximos tres años, con la excepción de algunos países africanos.








* 20 Minutos - 28.01.2008
Foto: Mapa global de la corrupción (Fuente: Transparency International)

......................................... Leer más...

El 'blanqueo' continúa

IGNACIO MARTÍNEZ* : Si Gil levantara la cabeza, estaría contento. No se va a tirar ni una de las 30.000 viviendas ilegales que dejó construir y a sus cómplices les van a hacer una iguala y les van a evitar 80 juicios. La Justicia se dispone a tratar a la banda de gilistas con guante blanco. Los pobres no se acuerdan de hechos tan lejanos, cuando firmaban los convenios urbanísticos en los capós de los coches. Bueno, son pobres, pero conducen Porsches, tienen chalés de lujo y les representan abogados caros, que se desplazan desde Madrid o Granada. En todo caso, les van a hacer una oferta de condena, de rebajas de enero, para que en vez de suponerle a un Julián Muñoz, es un poner, 160 años de cárcel, se le queden en seis añitos, al pobre.

Quienes ahora ponen tanto celo en evitar la molestia y el gasto en tantos juicios inútiles son los mismos que debieron investigar y perseguir en su día actuaciones escandalosas, que creaban una evidente alarma social. Por ejemplo, con escuchas telefónicas como las que encargó el juez instructor del caso Malaya. Pero no. En el 95, 96 o 97, la Fiscalía pedía sistemáticamente el archivo para todas las denuncias contra abusivos convenios, firmados en barras de bar, capós de cochazos o clubes de alterne. Todo ocurría ante la desidia de la administración de justicia. Los fiscales no estaban entonces por la labor de trabajar en exceso y ahora tampoco. Por eso han ideado un ofertón.

Durante el imperio gilista, los escándalos eran ostentóreos, aportación a la lengua española del famoso prócer marbellero, con la contracción de ostentoso y estentóreo. O sea, digno de verse y ruidoso. Aquel prohombre, Jesús Gil y Gil, no concebía la vida discreta, ni para sus negocios, ni para sus delitos. Todos eran ruidosos y magníficos. Pero los escándalos siguen en Marbella. Manuel Chaves dijo el pasado miércoles, en una visita a Málaga, que esperaba sentencias judiciales con sanciones ejemplares. Lo contrario, en su opinión, provocaría alarma social.

Personalmente, me declaro ya alarmado por las conversaciones de la Fiscalía con los abogados de los cómplices de Gil. En estos contactos no se ha contado con todas las partes. Y aunque se pacten penas de cárcel menores, no deberían ser objeto de trato alguno multas o responsabilidades civiles. El Gobierno socialista andaluz tardó en reaccionar ante los desmanes de Gil, pero hoy es el Ayuntamiento popular el que se resiste a cumplir las sentencias. No quiere demoler las casas ilegales; argumenta que se está redactando una revisión del plan de ordenación urbana. Pero con el lápiz no se puede legalizar una vivienda sobre la que hay sentencia firme de derribo: es contrario a la doctrina del Supremo. No llama la atención, porque en Marbella, en la actualidad, los escándalos son de baja intensidad. Pero si Gil levantara la cabeza, sonreiría satisfecho. El blanqueo continúa, ahora con su obra y su gente.







* Málaga Hoy - Opinión - 28.01.2008

......................................... Leer más...

Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos de infracción urbanística

ELPAÍS/Alicante* : Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja (100.000 habitantes) no ejecuta las órdenes de demolición incluidas en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados por el Consistorio. El departamento que dirige Enrique Múgica resalta la pasividad del equipo de gobierno, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística en el municipio en la resolución de los expedientes sancionadores.

El pasado año, el Consistorio, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. El regidor, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

El informe del Defensor del Pueblo, desvelado hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja que denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en una misma finca. Según esta denuncia, en uno de los casos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de ejecutar subsidiariamente el derribo.

Un ayuntamiento singular

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir la comisión de actos ilegales. "Este Ayuntamiento [Torrevieja] constituye una rara avis (caso singular) en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica, que anuncia a la alcaldía que dará traslado de su informe a la Cortes.

El portavoz del grupo de Los Verdes, el edil José Manuel Dolón, ha señalado que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística. Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico". "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados", ha añadido el edil. En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".








* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/01/2008
Foto: Torrevieja - Deran (Wikimedia.org)

......................................... Leer más...

Piden 2 años de inhabilitación y cárcel para el alcalde y ex regidor de Caldas por licencias irregulares

ELCORREOGALLEGO/Pontevedra* : La Fiscalía solicitó hoy penas de casi dos años de prisión y diez de inhabilitación para el actual alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, el ex regidor de este municipio, José María Tobío, así como para los concejales José Blanco, José Lemos y José Fuentes, todos del PSdeG, acusados de, supuestamente, conceder licencias para obras contrarias al ordenamiento vigente.

Los hechos se remiten a 2003 cuando era alcalde José María Tobío y los demás acusados integrantes de la comisión de gobierno concedieron seis licencias para otras tantas naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, próximas a la carretera N-640, que comunica Caldas con Vilagarcía.

Al respecto, el fiscal sostuvo que "lo hicieron pese a los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico, quienes advirtieron que la construcción de naves para almacenes y oficinas en suelo rústico está prohibido por la Ley do Solo".

Por el contrario, la comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor.

Tras consultar con otros técnicos que hicieron la misma lectura, "como había dos criterios enfrentados nos decidimos por la solución más beneficiosa para los solicitantes, porque las naves ya estaban construidas pero carecían de la necesaria licencia para solicitar subvenciones oficiales", declaró José María Tobío.

"PREVARICACIÓN A SABIENDAS".

Sin embargo, el fiscal aseguró varias veces durante el juicio, celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, que José María Tobío y los restantes miembros de la comisión de gobierno "prevaricaron a sabiendas", y que el alcalde "a toda costa quería sacar adelante el polígono industrial" de Caldas.

Esta afirmación fue avalada por el testimonio de la entonces secretaria del Ayuntamiento caldense, Nuria Lobato del Río, quien en el acta de un pleno hizo constar que el alcalde había dicho que era partidario de "dar todas las licencias que se pidieran, aún en contra de la normativa".

Después de la concesión de las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta requirió al Concello que las anulara y, finalmente, fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra quien anuló las licencias.

Precisamente, se da la circunstancia de que salvo Tobío, que dejó la alcaldía poco antes de las últimas elecciones municipales, todos los demás forman parte de la corporación municipal de Caldas de Reis, que en la actualidad preside Juan Manuel Rey.






* El Correo Gallego - E.P. PONTEVEDRA - 28.01.2008
Foto: Caldas de Reis (Pontevedra), naves afectadas - lavozdegalicia.es

......................................... Leer más...

Barcelona: El éxito comercial del Born remite por los altos precios de los locales

ELPERIÓDICO* : Para rentabilizar un pequeño local que cuesta 2.000, 5.000 o hasta 10.000 euros al mes hay que vender mucho. Y en el Born son pocos los que los establecimientos comerciales diurnos que logran cerrar el mes con facturaciones millonarias, y muchos los que han abierto fantásticas tiendas en pequeñas calles en las que la afluencia de público todavía es una asignatura pendiente. Por esos motivos, tras varios años de operaciones inmobiliarias desorbitadas, cada vez es más frecuente toparse con locales disponibles en este barrio de moda.

Más de una veintena están actualmente en traspaso o alquiler, algunos desde hace semanas e incluso meses.
Ya hace unos tres años que algunas voces comenzaron a alertar de que los precios de los arrendamientos eran tan altos que los artesanos y diseñadores alternativos que inicialmente optaron por esta zona y la convirtieron en una especie de Soho barcelonés, estaban dando paso a grandes firmas comerciales. Estas eran las únicas en disposición de pagar alquileres de hasta 12.000 euros, como se piden por algunos de los locales más amplios disponibles en el Born en la actualidad. Pero la realidad es que en muchos casos las ventas no son proporcionales. "Los precios de los locales son astronómicos, pero las cajas no tienen nada que ver con otras zonas igualmente caras de Barcelona", se queja un operador, a punto de tirar la toalla. De facturar 40.000 euros al mes, ha pasado a unos 15.000, insuficientes para sufragar arrendamiento y gastos.

MENOS VENTA
Algunos, como él, aluden a un bajón de las ventas que vinculan a las dificultades para acceder en coche a la zona, a la pérdida de visitantes barceloneses de alto poder adquisitivo, a la creciente presencia de turistas cuyo bolsillo no se adapta a la oferta de la zona y a la escasa afluencia en las calles secundarias. Pero la razón esencial, para los consultados --que piden el anonimato para no perjudicar la cotización de sus locales-- es consecuencia de la brutal especulación que ha vivido el barrio desde finales de los 90.
Xavier Andreu, presidente del eje comercial BCN de Palau a Palau, que aglutina entre otros ejes del entorno al Born, admite que el barrio "está pagando las consecuencias del pelotazo inmobiliario". "Se puso de moda, a precios carísimos, y muchos vinieron por imagen, lo que aún disparó más los precios", explica. El representante sabe que "se crearon expectativas muy altas que no se han cumplido", pero insiste en que la zona no está en crisis. "Funciona bien, pero hay quien no logra amortizar los gastos", apunta. El colectivo aboga por "reequilibrar la oferta", ya que la asociación se enorgullece de las primeras marcas que desembarcaron en la Ribera, tras años de degradación desde el cierre del mercado del Born (en 1971), pero considera que también es necesario dar cabida a tiendas más asequibles y diversificar las posibilidades.
Fuentes de uno de los principales operadores inmobiliarios de la zona, Busquets Gálvez, que en la actualidad ofrece en su web una decena de locales disponibles en el Born, de todos los tamaños, sostienen que la zona sigue siendo muy atractiva para los empresarios y que no dejan de abrirse nuevas tiendas.

CALLES PRINCIPALES
Destacan que las calles principales tienen gran demanda, como la de Argenteria, la que mejor funciona. Le siguen el paseo del Born, Comerç y Vidreries, aunque incluso en estas hay algún local en alquiler. Por contra, admiten que en las calles secundarias se esperaba un crecimiento que no se ha producido. "Los precios son altos pero mantenidos", opinan.
Otro grupo inmobiliario, Richard Ellis, dejó de trabajar esta zona hace unos años, al constatar los problemas de rentabilidad que sufrían muchos establecimientos. Coinciden varias circunstancias, apuntan, "para empezar la gente que vive en la zona en general no compra en esas tiendas, la actividad nocturna no casa bien con esa oferta, la venta se concentra en las últimas horas del día y hay pocas horas buenas y faltan más firmas con tirón para atraer compradores de otras zonas".
Algunos comerciantes también explican que en los últimos tiempos la limpieza y seguridad de la zona, con muchos robos a turistas, ha empeorado, y reclaman más implicación al ayuntamiento.






* El Periódico - PATRICIA CASTÁN, BARCELONA - 27/1/2008
Foto: Muchas tiendas cierran en el Born - elperiodico.com

......................................... Leer más...

Más de 500 vecinos de Arzúa exigen en la calle la dimisión del alcalde

LAVOZ/A Coruña* : Más de medio millar de vecinos de Arzúa salieron ayer a la calle para exigir una nueva exposición al público del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que, tras haber sido aprobado provisionalmente, está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consellería de Política Territorial.

La plaza de la localidad acogió la concentración, convocada por la plataforma vecinal que se constituyó en protesta por las modificaciones que se introdujeron en el planeamiento urbanístico a raíz de los informes sectoriales que las administraciones supramunicipales emitieron tras la aprobación inicial del plan.

«Devolución do PXOM ou alcalde dimisión» es una de las consignas que se pudieron leer en las pancartas portadas por los afectados en el acto ante la negativa del gobierno local, que encabeza con mayoría absoluta el nacionalista Xaquín García, a someter el PXOM a otra fase de alegaciones. El rechazo a reanudar el proceso ha sido ratificado el sábado por el ejecutivo del BNG en una reunión con la directiva de la plataforma de afectados.

Así trascendió del manifiesto al que se dio lectura durante la concentración. «Despois de varias horas intentando chegar a un acordo, os resultados foron nulos por parte do goberno local, xa que parece que non teñen vontade de arranxalo», se aseguró. La plataforma de afectados exige al equipo de Xaquín García «que respete o dereito dos veciños a ser informados e que poidan presentar as súas alegacións ou reclamacións a un plan que foi modificado moi sustancialmente tanto na zona urbana como no rural despois de ter sido exposto ao público».

Los afectados consideran «inaceptable que pretendan aprobar un plan que foi modificado e non informado pasando por riba dos dereitos dos veciños». Las modificaciones en el Plan Xeral se introdujeron después de que los vecinos alegasen al documento inicial dentro del plazo de exposición pública que establece el proceso de tramitación. En contra del criterio del gobierno de Arzúa, que defiende que los cambios obedecen a las indicaciones emitidas en los informes sectoriales por Patrimonio, Política Territorial y el Ministerio de Fomento, los afectados aseguraron ayer que «non se coñecen os criterios técnicos e urbanísticos que se aplicaron».

En cualquier caso, la plataforma vecinal recrimina que las modificaciones «deixannos indefensos por non permitirnos alegar», y no solo a los afectados directos, según indicaron, sino «a unha gran maioría da poboación» porque «estos cambios merman a capacidade de desenrolo do municipio».

El colectivo negó estar manipulado por la oposición municipal, aunque ésta respalde sus reivindicaciones e instó al gobierno local «a que se poña de acordo con nos e cos demáis grupos políticos para aprobar un Plan Xeral consensuado por todos». Para ello exigen un pleno extraordinario en el que se acuerde reabrir el proceso.






* La Voz de Galicia - Natalia Noguerol - 28/1/2008
Foto: vecinos Arzúa - sandra alonso, lavozdegalicia.es

......................................... Leer más...

Ciclistas contra el circuito de Fórmula 1

LEVANTE/Valencia* : Centenares de valencianos -más de tres mil, según indicaron desde la organización- se manifestaron ayer a bordo de sus bicicletas en el viejo cauce del río Turia como modo de protesta contra la construcción en la ciudad de un circuito urbano de Fórmula 1.

La bicimanifestación, que es como bautizaron los responsables de la coordinadora Fórmula Verda esta marcha, partió del parque de Cabecera y el grupo ciclista fue ganando integrantes a lo largo de su recorrido, que atravesó todo el cauce hasta llegar al mar.
La concentración final en el pont de les Drassanes, donde la acumulación de ciclistas provocó minutos de retención al tráfico, fue culminada con la lectura de un manifiesto donde se reivindicó, como telón de fondo, "un desarrollo equilibrado y sostenible de la fachada marítima y del conjunto de la ciudad".

Vicent Gallart, portavoz de la coordinadora contra el circuito y vicepresidente de la asociación de vecinos de El Cabanyal, afirmó que las reformas para este circuito "en absoluto pueden pasar como unas obras de infraestructura de conexión entre la ciudad y la dársena". "Esto no conecta nada", dijo. Además, la coordinadora, integrada por seis asociaciones vecinales y grupos ecologistas, volvió a exigir al ayuntamiento y a la Conselleria de Infraestructuras información sobre el proyecto y un informe global de impacto ambiental. Insistieron en que el circuito "invade la red primaria de zonas verdes del Plan General" y aseguraron que estudian todas las vías legales contra este trazado.

Respaldo de la izquierda política

La marcha contó con el respaldo de Esquerra Unida e Inicitativa del Poble Valencià. El candidato de EU, Antonio Montalbán, criticó la celebración en la ciudad de un gran premio cuando existe un circuito en Cheste y opinó que la vertiente económica no se resentiría. Por su parte, Isaura Navarro, número uno de la coalición Bloc-Inicitativa-Verds EE, lanzó una propuesta electoral al pedir a Fomento que convierta la vieja línea ferroviaria Xirivella-Quart en una vía verde de uso cicloturista.






* Levante-EMV - J. L. G., Valencia - 28 de enero de 2008
Foto: Fórmula Verda criticó que el ayuntamiento no enviase a la Policía y decidió cortar el tráfico unos minutos para evitar peligro a los ciclistas/ marga ferrer, levante-emv.com

......................................... Leer más...

¿Otro Madrid es posible?

ELPAÍS* : Participantes del Foro Social Mundial explican cómo cambiarían la ciudad y reclaman una democracia más participativa, con un alcalde por cada distrito. "Habría tensiones, claro, como en la vida misma, pero también más voces". A Pedro Casas, funcionario de 55 años y activista del movimiento vecinal, le gustaría que Madrid tuviera 21 alcaldes, tantos como distritos. Dice que a esta ciudad le sobran políticos profesionales y le faltan espacios para debatir.

"Si yo fuera alcalde, subiría los impuestos a los más ricos para financiar vivienda pública", añade Raúl Camargo, funcionario de 30 años y miembro de Espacio Alternativo, un partido "a la izquierda de Izquierda Unida". "Queremos calles más iluminadas, más seguras para las mujeres", reivindica Isabel Cáceres, 42 años, trabajadora social y miembro del Bloque Feminista. Los tres, junto a varios centenares de personas más, han participado este fin de semana en las jornadas madrileñas del Foro Social Mundial, un movimiento que nació en 2001 al grito de "Otro mundo es posible" como alternativa al Foro Económico Mundial de Davos.

En 2008 se han convocado reuniones simultáneas en ciudades de todo el planeta. El centro social Patio Maravillas (distrito Centro) ha sido la sede de la contracumbre prevista en Madrid. El antiguo colegio de monjas de cinco plantas, okupado desde el verano pasado, acogió 20 talleres con 70 asociaciones invitadas, un laboratorio social para nuevas ideas. EL PAÍS preguntó a 15 representantes de ocho colectivos diferentes cómo les gustaría que fuera la ciudad en la que viven. Éste es el resumen de algunas de sus propuestas:

- Una persona, mil votos. "Sólo votas una vez cada cuatro años y no te dejan decidir si quieres un polideportivo en tu distrito", dice Pedro Casas, portavoz de vecinos en Carabanchel Alto. Piden una democracia más participativa, con locales en cada barrio en los que se puedan tomar las decisiones que afectan al día a día de los madrileños. "No basta con los iluminados de la política, tiene que participar todo el mundo", añade Víctor Sáez, de 50 años, administrativo chileno y portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España. Aprovecha para pedir la participación de los extranjeros en la vida política, una de las reivindicaciones más repetidas en el Patio Maravillas. "Pagamos impuestos, pero no podemos decidir dónde se invierten ni qué infraestructuras se construyen con ellos".

- Ni una vivienda vacía. El parque de vivienda vacía de Madrid (con unas 300.000 casas) es "inaceptable" para los participantes del Foro. Reivindican la expropiación de esos pisos y que se fomente el alquiler a precio asequible, no más del 20% del sueldo, con subvenciones de las administraciones para quienes estén en el paro. Piden además casas comunales y no un único modelo de viviendas con dos o tres habitaciones para la familia tradicional.

- Obras de mujer. "En Madrid se construye sin tenernos en cuenta", considera Isabel Cáceres que, con otras cinco integrantes del Bloque Feminista, reivindica calles con más luz, sin obstáculos que dificulten el camino, salidas de metro acristaladas y equipamientos básicos cerca de las viviendas, como el ultramarinos de toda la vida. Todo para que Madrid "se llene de gente que quiera vivirla y no sufrirla". María Ibáñez (28), enfermera y portavoz del Patio Maravillas, añade un ejemplo cercano. "Malasaña se ha convertido en una zona antiamigos, con decenas de calles en las que sólo se puede caminar derecho en fila de uno, sin hablar con nadie".

- Menos M-30 y más bici. "No queremos una zona ciclista para domingueros, sino para transporte diario", reflexiona Toni García, de 23 años y portavoz del Patio Maravillas. Si otro Madrid es posible, la M-30 tendría un carril-bici, igual que el paseo de la Castellana. Desde el Foro piden menos espacio para el coche y más apoyo al transporte público. "Es una vergüenza que el abono joven de transportes sea sólo hasta los 21 años", añade García.

- Huertos urbanos. "Propongo que se habiliten huertos urbanos, donde la gente pueda consumir lo que cultiva; si Berlín los tiene, ¿por qué Madrid no?", dice Luis González (33), educador y miembro de Ecologistas en Acción. Si de él dependiera, Madrid no estaría unida por circunvalaciones, sino por un corredor verde en el que poder caminar de un parque a otro. También modificarían el interior de los parques para hacerlos más humanos, con bancos que se miren unos a otros y en los que la gente pueda hablar.

- Planificación familiar. Desde el Bloque Feminista exigen un centro de planificación familiar en cada barrio, con anticonceptivos disponibles las 24 horas del día y grandes carteles para que la gente pueda distinguirlos desde cualquier sitio, como los supermercados. Madrid necesita más educación sexual y menos represión contra el aborto, añaden.

- Sólo hospitales públicos. La sanidad es motivo de grandes preocupaciones. Todos apuntaron que la privatización de los nuevos hospitales construidos por la Comunidad de Madrid es un riesgo que conllevará una atención más precaria al ciudadano. Exigen más centros de salud en los barrios y mejores infraestructuras. "Si vives en Latina, ir a urgencias es un episodio lamentable, una gincana de etapas", considera Bibiana Medialdea, economista de 30 años y miembro de la Asamblea por una Vivienda Digna de Latina.

- Laboratorios culturales. Para los participantes del Foro Social consultados, Madrid es "culturalmente rancia". Organiza grandes fastos de un solo día, como La Noche en Blanco, y programa poca oferta para el resto del año. Reivindican teatro de calle y más actividad en los centros cívicos. "Eso no significa que el Ayuntamiento ponga un cartel grande con un bedel que marque el horario, sino que se ceda espacio a los ciudadanos", pide Toni García. Las casas de la cultura deberían ser "laboratorios" para experimentar y aprender, "no academias baratas de inglés y gimnasia".







* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 28/01/2008
Foto: Cartel a las puertas del Patio Maravillas- PAULA VILLAR - elpais.com

......................................... Leer más...

Trapicheo con la línea de la costa

CANARIAS7/Tenerife* : El informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez dedica todo un capítulo a cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife manejó a su conveniencia las líneas que delimitan el dominio público marítimo-terrestre una vez que inicia el expediente del Proyecto de Compensación del Plan Parcial de la Playa de Las Teresitas en 1988.

Los peritos afirman que en el expediente las parcelas del frente de playa «aparentemente, pasan a ser terrenos en pleno dominio» para el Ayuntamiento santacrucero, de tal forma que «adquiere incluso el dominio público, y se integran como unas fincas aportadas más al Proyecto de Compensación, para que posteriormente pasen a formar parte de parcelas resultantes, se adjudiquen a un tercero, distinto al Ayuntamiento, y puedan ser objeto de tráfico mercantil entre particulares». Los responsables del peritaje encargado hacen constar que esto sucede estando vigente el deslinde martítimo-terrestre llevado a cabo en 1961, «que establece la separación del dominio público del dominio privado».

El informe evidencia además que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no pidió un nuevo deslinde hasta un mes después de comprar las parcelas del frente de la playa de Las Teresitas a Ignacio González y Antonio Plasencia y que «hubo discrepancias» entre los técnicos municipales y los de la Demarcación de Costas en Tenerife. Hasta septiembre de 2006 la Demarcación de Costas no presentó una delimitación provisional de la línea probable de deslinde de los 1.537 metros lineales de la playa.

En esa propuesta de deslinde los terrenos de dominio público no sólo no se reducen, sino que se incrementan, pasando de los 6.907 fijados en el deslinde de 1991 a casi 30.000 metros cuadrados. Los peritos coinciden con la apreciación que en su querella hizo la fiscal María Farnés Martínez de que, después de incorporar los terrenos de dominio público en el proyecto de compensación y trapichear con ellos a lo largo de todo el expediente, el Ayuntamiento acabó comprando terrenos que en casi un 50% ya eran públicos. Pero, además tampoco iba a salvar la playa de edificaciones el Ayuntamiento adquiriéndola porque, según el informe pericial, de los 84.737 metros cuadrados que no están afectados por el dominio público, los 35.700 que son edificables «están en terreno accidentado con limitación de ocupación» fijadas en la modificación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. «Las zonas aptas para edificar quedan en dominio público» concluyen los peritos.

El deslinde está en el TSJC.

La Asociación Amigos Tinerfeños de la Naturaleza (ATAN) recurrió a finales de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la propuesta de deslinde martítimo-terrestre de la playa de las Teresitas de la Dirección General de Costas. ATAN argumentaba que se Costas tenía en cuenta los terrenos ganados al mar para fijar el deslinde, «vulnerando la Constitución y la propia Ley de Costas». ATAN aportó documentos que corroboran que las mareas llegaban al acantilado.







* Canarias 7 - Rosa Rodríguez. Santa Cruz de Tenerife - 25/01/2008
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - mma.es

......................................... Leer más...

Mal ejemplo

JOSÉ LUIS TRASOBARES* : A la confusa mitología aragonesa se le está sumando un nuevo ingrediente: la idea de que Valencia y Murcia ofrecen un modelo de desarrollo rápido y elemental. Miramos al Levante con un ligero recelo, por aquello del trasvase, pero envidiamos su rutilante marcha hacia el paraíso de los nuevos ricos. ¡Ah, si nosotros tuviésemos un buen pedazo de costa! La posibilidad de meterles mano a los recursos naturales, al agua, al paisaje, a las montañas o a la misma estepa para obtener beneficios inmediatos y realizar operaciones especulativas de gran calado (o a gran escala, si lo prefieren) se ha convertido en la meta suprema de muchos aragoneses. El dinero no tienen olor ni color; el dinero se justifica por sí mismo.

Por supuesto, no todo lo que se hace en Valencia o Murcia es pernicioso por especulativo o insostenible. Sin embargo, en la retina de demasiadas personas no quedan sino aquellos golpes de mano más visibles y destructivos: las mil y una grúas-torre que jalonan la destrucción del litoral, los edificios inútiles y costosos, los campos de golf en los secarrales, la economía sumergida, los mercedes en el naranjal... Qué gozo supremo, ¿verdad? Algunos aragoneses defienden los proyectos más polémicos (Gran Scala, por supuesto) arguyendo que "en Murcia o Valencia los aceptarían encantados".

Aragón superó hace más de un decenio el largo y duro ajuste iniciado tras la Guerra Civil. Aquel proceso nos ha dejado cicatrices, pero hoy somos una comunidad cuyo PIB crece a uno de los ritmos más potentes de Europa y donde apenas existe paro. La población (tradicional punto débil) se ha estabilizado y tiende a crecer, la inmigración ha encontrado hueco y hasta parece que el déficit de capital público remite. Ayer, el pabellón-puente hizo click ante los asombrados ojos de la concurrencia. No tenemos ninguna necesidad de echarnos a correr detrás de objetivos extravagantes ni buscar atajos desarrollistas de muy dudoso impacto.

Ayuntamientos corroídos por la corrupción, cargos públicos bajo sospecha, empresarios arribistas, cajas de ahorro cuya fiabilidad se viene abajo por culpa de los tejemanejes inmobiliarios y las inversiones dirigidas, empleos de baja o nula cualificación, todos pendientes del hormigón y el ladrillo... Debajo el oropel no todo reluce a orillas del Mediterráneo. No es el mejor espejo al que mirarse.







* El Periódico de Aragón - El Independiente por J. L. Trasobares - 22/01/2008

......................................... Leer más...

Murcia: Otros once municipios, pendientes de fiscales y de jueces

LAOPINIÓN/Murcia* : La tempestad en torno a la corrupción urbanística no traído, ni mucho menos, la calma. Tras la irrupción en el panorama informativo de los casos de La Zerrichera (Águilas), Tótem (Totana), Ninette (Los Alcázares) y el de los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco, aún sin nombre policial, la Justicia tiene entre manos otros once casos, de mayor o menor importancia, que se enmarcan en la misma polémica.

Pero, además, en los últimos días se ha reactivado otra investigación judicial en Fortuna, que no tiene que ver con el urbanismo, pero que afecta de forma directa al alcalde, Matías Carrillo, acusado ante el juez por una ex edil de su propio partido, el PP, de comprar votos en las elecciones municipales de 2003.
En total, el número de ayuntamientos de la Región de Murcia que están pendientes de investigaciones judiciales o de los fiscales es de catorce. En esta suma se incluiría a los que están inmersos en asuntos judiciales, aunque el tema de fondo no sea la corrupción urbanística, como son: el citado de Fortuna o el de Alcantarilla, donde el primer edil está acusado de un delito ambiental con una petición de cárcel de seis años. Además y con un asunto completamente alejado del quehacer diario del ayuntamiento está el de Ojós, donde el alcalde, Francisco Salinas, fue detenido por corrupción de menores. Estos son, municipio a municipio, los casos que se están investigando por denuncias de los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e IU-Los Verdes. Hay que tener en cuenta que el PP gobierna en 32 ayuntamientos, mientras que el PSOE lo hace en 10. El panorama político se completa con el pacto socialista-popular en Alhama y Ceutí, y con los independientes al frente de Ojós.

n ABANILLA: El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos, solicitados por el grupo municipal socialista de Abanilla, han sido falseados, para lo que citó a declarar el pasado 11 de enero y en calidad de imputados, al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia José Enrique Pérez González. Este funcionario fue el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denuncia la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.

n ARCHENA: El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las en principio programadas, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se haya terminado de urbanizar .

n CIEZA: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.

n MAZARRÓN: El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia lo denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales del partido que dirige el ex alcalde Domingo Valera para que sus ediles apoyaran al equipo de Gobierno del PP. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

n VILLANUEVA DEL SEGURA: El alcalde, José Luis López de Ayala, fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

n ULEA: El alcalde, José Bolarín Cano, fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad del suegro del primer edil.

n SAN JAVIER: El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso.

n MURCIA: Hay al menos dos causas abiertas. La primera atañe a un arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, en excedencia. La Fiscalía lo denunció por supuestamente favorecer a la empresa de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. Bajo sospecha está también el convenio urbanístico para el desarrollo del Norte del municipio.

n MULA: El ex edil de Urbanismo Leandro Pérez de los Cobos fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos de su propiedad.

n PUERTO LUMBRERAS: Un juzgado de Lorca investiga una de las dos denuncias presentadas por socialistas de la anterior corporación. El alcalde, Pedro Antonio Sánchez, acudió de forma voluntaria a declarar y sólo tuvo que responder durante 15 minutos a las preguntas del abogado del PSOE. Juez y el fiscal no preguntaran.

n CARTAGENA: Esta semana ha transcendido que la Fiscalía ha citado a declarar a tres funcionarios de la consejería de Desarrollo Sostenible dentro de las investigaciones sobre la tramitación del proyecto Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor.






* La Opinión de Murcia - 27 de enero de 2008
Foto: Mazarrón (Murcia) - guiaplayas.es

......................................... Leer más...

Centenares de personas se manifiestan en Valencia por una vivienda digna

PANORAMA-ACTUAL* : Alrededor de un centenar de personas se manifestaron este sábado en la ciudad de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna. Concretamente, pidieron la introducción de medidas que intervengan sobre el mercado del suelo, así como la creación de un parque público de viviendas en alquiler.

En este sentido, el gerente de la Plataforma de la Vivienda Digna, plataforma convocante, Valentín Mateo, explicó que con este acto "intentamos sacar a la luz las reivindicaciones de la plataforma, principalmente, reflejar que el problema de la vivienda sigue sin resolverse, porque ninguno de los dos partidos mayoritarios han sido capaces de introducir medidas que intervengan sobre el mercado del suelo".

Mateo señaló que "hay un mercado donde hace falta que salga un régimen de viviendas en alquiler", pero que "ninguno de los partidos se lo está planteando". Así, manifestó que ambos partidos "abogan por la Vivienda de Protección Oficial (VPO), y entendemos que es necesario, pero creemos que también lo es que se cree un parque público de viviendas en alquiler" y añadió que "si nos comparamos con el resto de países desarrollados, es el camino en el que se está trabajando".

Por otra parte, el gerente de la Plataforma aseguró que "todos los partidos están favoreciendo la especulación". Para ejemplificar esta afirmación, Mateo recordó la reunión en la que el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "convocó a todos los alcaldes de los municipios y promotores con la idea de inyectar el tema de la construcción, con el fin de construir VPO" y señaló que "su fin no es social, sino que se mueve por intereses económicos".

Además, Mateo en referencia a la nueva Ley del Suelo, afirmó que "introduce nuevas medidas que consideramos positivas", pero que "se queda a medio camino". En este sentido, indicó que este tipo de legislaciones "deben surgir mediante unas directrices que realmente cumplan unas necesidades de población".

Según dijo, esta normativa debería hablar de, "como mínimo, un 50 por ciento de vivienda protegida" y puntualizó que, "cuando hablamos de VPO, hablamos tanto de vivienda en propiedad como en régimen de alquiler".

A la manifestación, que empezó en la plaza de San Agustín de Valencia, también acudió el candidato de Esquerra Unida del País Valencià al Congreso por Valencia, Antonio Montalbán, porque, como indicó, "es urgente cambiar el modelo actual que únicamente beneficia a los grandes promotores y constructores".

En este sentido, recordó que la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, "pero es cada vez más difícil acceder a una vivienda, y esto afecta especialmente a la juventud, dificultando su emancipación".

Asimismo, denunció que "mientras las grandes constructoras e inmobiliarias han acumulado beneficios rápidos, los trabajadores deben pagar unos precios de mercado absolutamente sobrevalorados, que no se corresponden con los salarios", por lo que, explicó, "se ha llegado a unos niveles de endeudamiento peligrosos, incluso alargando los plazos de devolución de las hipotecas a toda una vida".

Para el candidato de Esquerra Unida, las Administraciones Públicas "son responsables de este fenómeno, tanto por omisión como por acciones". Además, señaló que, por parte del gobierno del PSOE, el Plan de Emancipación Joven (en alquiler) "ha sido un engaño".

De la misma manera, Montalbán criticó "la burocracia excesiva" en el trámite de la ayuda directa y "el recorte" de las ayudas fiscales desde el anuncio del Plan hasta su aprobación en el debate de los presupuestos, "dejando en evidencia la debilidad del Ministerio de la Vivienda".

Además, aseguró que la Generalitat valenciana "ha abandonado su función de provisión de viviendas protegidas", lo cual "es un fiel reflejo de la ausencia de interés, voluntad y capacidad del gobierno del PP por garantizar este derecho fundamental".

Montalbán criticó que "la única medida con incidencia real sobre el mercado" que han planteado PP y PSOE "ha sido encarecer la vivienda protegida, por exigencia de los grandes promotores y constructores, que así pueden salvar sus empresas de los excesos derivados de los errores de cálculo económico".

Asimismo, explicó que la política de vivienda propuesta por Esquerra Unida se basa en las experiencias de los gobiernos autonómicos y locales donde IU gestiona la política de vivienda "con atrevimiento y efectividad". Entre otras medidas, ésta plantea la intervención directa de las Administraciones en la construcción de vivienda protegida, la promoción del alquiler y la limitación de las viviendas vacías.






* Panorama-Actual - 26/01/2008
Foto: Vivienda Digna, protesta Valencia 26N - J.Navarro, levante-emv.com

......................................... Leer más...

Lanzarote: Hoteles en el aire

LAPROVINCIA* : El Cabildo de Lanzarote recurrió ante los tribunales 31 licencias para la construcción de complejos turísticos, hoteles o apartamentos en los municipios de Teguise y de Yaiza, la mayoría de ellas concedidas o prorrogadas a finales de los años noventa, poco antes de la entrada en vigor de la moratoria del año 2000. Las licencias impugnadas representan 12.800 plazas y una inversión de más de 300 millones de euros.

Muchas de estas licencias se han convertido ya en hoteles de cuatro y cinco estrellas y en complejos de apartamentos y bungalós que alojan miles de turistas al año en Playa Blanca y Costa Teguise.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo han abrazado las tesis del Cabildo frente a las de los ayuntamientos y los promotores, defendidos en muchos casos por el mismo bufete. Ya son 17 las sentencias firmes en las que no cabe apelación, a las que hay que sumar una suspensión de obras y otra anulación de licencia de ejecución más varias licencias anuladas por recursos presentados por la Fundación César Manrique y que aún no se han comunicado al Cabildo. La FCM se personó en todos los procedimientos en que decidió hacerlo el Cabildo por si un cambio en la presidencia de la primera institución pudiera transformarse en una retirada de los recursos.

Hasta ahora las plazas anuladas por recursos del Cabildo son 7.300 más un hotel por construir en Costa Teguise de más de 900 plazas anulado a instancias de la FCM. Representan actualmente de manera aproximada el 12% de la oferta de la Isla pero es más que probable que queden anuladas todas las licencias que representan esas 12.800 plazas. Esto quiere decir que varios hoteles no se llegarán a construir y que más de una veintena de complejos, entre ellos los más lujosos, ya están o estarán al margen de la legalidad. No tienen licencia de construcción y se les podrá retirar la licencia de apertura y verse obligados al cierre. La pregunta es obvia: ¿qué va a pasar son todos esos complejos?

CONVERSACIONES. Para el Cabildo ha llegado la hora de sentarse a conversar con los promotores. La presidenta, Manuela Armas, anunció hace unos días que ya se habían producido los primeros contactos y los promotores han nombrado a un abogado como interlocutor. El Cabildo huye de la palabra negociación y advierte de que se analizará cada caso por separado y que se podrá legalizar aquello que sea susceptible de ser legalizado pero que puede haber casos imposibles. A aquellos hoteles que puedan llegar a regularizarse ajustándose a los instrumentos de ordenación en vigor el Cabildo les pedirá posteriormente una compensación. Ya en 2006 el entonces consejero de Política Territorial Carlos Espino planteó que aquellos promotores que quisieran regularizar su situación podrían compensar con la desclasificación de suelo en caso de que tuvieran derechos edificatorios consolidados a partir de 2010 (cuando finaliza la moratoria) o con la compra de suelo urbano para hacerlo rústico. Es una de las posibilidades.

Los incumplimientos de las licencias otorgadas por Juan Pedro Hernández y José Francisco Reyes, uno ex alcalde y otro que dejará de serlo el próximo martes de carnaval si prospera la moción de censura que le han presentado en Yaiza, son variados. Van desde la no publicación en los boletines oficiales de los planes parciales a la inexistencia de informes de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación, pasando por la ausencia o insuficiencia de informe jurídico o técnico hasta las infracciones en los estándares permitidos por el PIO de 1991. Muchas de las licencias suman todos estos incumplimientos y alguno más, como que se concedieron en un periodo decretado de suspensión de licencias o que la parcela ni siquiera tenía la condición de solar.

Los ayuntamientos y los promotores, evidentemente, siempre han quitado hierro al asunto. Su defensa pública ha ido variando, desde su derecho a dar licencias por autonomía municipal frente al Cabildo hasta hacer ver que se trata de defectos de forma fácilmente subsanables. También se ha recurrido a la clásica persecución por motivos políticos o aún más inconfesables, al argumento de que la moratoria está mal hecha y anulada, etc. Últimamente los argumentos ya descienden al hecho consumado: el perjuicio a la economía y la destrucción de empleo.

La realidad es mucho más sencilla. La mayor parte de esas licencias incumplen los parámetros fijados en el Plan Insular de 1991. Es decir, que si no se pidió el informe preceptivo al Cabildo no fue por olvido, sino porque se sabía que iba a ser negativo. Además se llegaron a conceder licencias con informes municipales en contra, algo poco justificable. En del abogado que ha llevado la defensa del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, y que sirvió como base a una denuncia penal contra los dos alcaldes, se habla directamente de una "estrategia de conjunto elaborada para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular". Una estrategia, se dice, urdida entre promotores y ayuntamientos. Hasta tal punto se quiso ignorar el PIO que nueve de cada diez plazas turísticas a las que se dio licencia en la Isla entre la aprobación del PIO y la de la moratoria (1991-2000) fueron apartamentos de una o dos llaves y menos de veinte metros cuadrados, más o menos la mitad de lo exigido entonces.

Si las conversaciones dan el fruto que desea el Cabildo, algunos promotores van a tener que hacer obras en sus hoteles para adaptarlos a la legislación vigente, tendrán que compensar por haberse saltado la legalidad, se arriesgarán al cierre o al derribo de algunos complejos, etc. Si no dan ese fruto se habrá recogido una nueva cosecha de desconfianza en las instituciones, en las leyes o en los políticos y una nueva cosecha de confianza en la corrupción, el tráfico de influencias, los privilegios y la desigualdad de oportunidades. Además de muchos otros factores que van a influir, gran parte de un éxito que hoy es poco creíble residirá en que el Cabildo haga frente al proceso de forma convencida, cohesionada y firme.






* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 27 de enero de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es

......................................... Leer más...

Delitos urbanísticos investiga los chalés ilegales de L'Atzúvia

ELPAÍS/Alicante* : La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Alicante investiga la construcción de lujosos chalés en suelo no urbanizable en el término del municipio de L'Atzúvia (La Marina Alta). Las pesquisas de este grupo especializado contra la delincuencia urbanística, creado en marzo de 2007, comenzaron a raíz de una denuncia de la asociación ecologista local Gelibre. Los ecologistas sostienen que el alcalde, Manuel Reig, del PP, ha autorizado ya, al menos, la construcción de una docena de espectaculares residencias amparadas en licencias para casas de labranza.

El grueso de esas edificaciones las ha levantado el promotor alemán Klaus May, mediante la firma Fincastyle. Los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos arrestaron hace tres semanas al promotor alemán y a su esposa, Erna Sabina May. Los detenidos quedaron en libertad con cargos.

El regidor de L'Atzúvia, que defiende la legalidad de las construcciones con el argumento de que una "casa de labranza es una vivienda", ha desoído una orden del 29 de mayo de 2007 de la entonces Consejería de Territorio y Vivienda para que el Consistorio anule siete de las 13 licencias para levantar viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. El argumento de la consejería es que esas licencias no cuentan con la autorización previa del departamento autonómico, prevista en el artículo 10 de la Ley 4/92 de 5 de junio del suelo no urbanizable.

El alcalde contestó el 2 de julio de 2007 al escrito de la consejería con otro de alegaciones en el que rechaza la orden: "La ausencia de autorización previa no genera de inmediato la imposibilidad de otorgar licencia de obras, porque puede no ser contestada por la consejería, como ha pasado en otras ocasiones. De hecho, el silencio del organismo autónomo el Ayuntamiento puede interpretarlo como positivo".

La primera actuación de envergadura de la investigación de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil sobre los lujosos chalés construidos en suelo no urbanizable en L'Atzúvia fue el arresto del promotor, el empresario alemán Klaus May y su mujer, Erna Sabine May. El matrimonio pasó tres días en los calabozos del instituto armado. Tras el interrogatorio, ambos quedaron en libertad con cargos. Según fuentes del caso, la brigada imputa al empresario y a su mujer un total de diez supuestos delitos relacionados con la delincuencia urbanística, entre ellos, contra la ordenación del territorio, estafa, amenazas y coacciones. Los agentes de la unidad remitieron las diligencias policiales al Juzgado número 1 de Dénia. El juez ha decretado el secreto del sumario.

El área del término donde se han levantado los lujosos chalés se ubica al sur del núcleo urbano de L'Atzúvia, una umbría cuyo suelo está clasificado como agrícola y de protección. De acuerdo con el planeamiento urbanístico del municipio (Normas Subsidiarias de 1981), ese suelo está clasificado como "zona agrícola de protección" y taxativamente prohíbe el uso residencial "permanente o no, exceptuando la posible casa del encargado de labranza, con una superficie máxima construida de 32 metros". Los chalés del promotor alemán exceden de los 200 metros y algunos llegan hasta los 300 con piscina y pista de tenis incluidas.
Parcela mínima

El escrito de la antigua Consejería de Territorio y Vivienda al Ayuntamiento, en el que insta al alcalde a que anule siete de las 13 licencias otorgadas, aparte de vulnerar

la normativa valenciana del suelo no urbanizable, también resalta que la superficie mínima de las parcelas es ilegal y, por tanto, no se debió dar licencia. Según las Normas Subsidarias, esa superficie mínima debe de ser de 20.000 metros cuadrados.

Tras recurrir la orden de la consejería y ante la evidencia de las investigación policial, el primer edil de L'Atzúvia se ha limitado a incoar mediante decreto cinco expedientes por infracción urbanística, ninguno de los cuales se ha llegado a resolver. El regidor también es objeto de una investigación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar por autorizar, en su calidad de presidente de la Comunidad de Regantes, agua de riego para el abastecimiento de los chalés ilegales.







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/01/2008
Foto: L'Atzuvia (Valencia) - lasprovincias.es

......................................... Leer más...

«Un pelotazo de los de libro»

CANARIAS7/Santa Cruz de Tenerife* : «Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable», informaba en 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda a la fiscal encargada del caso Las Teresitas.

La fiscal María Farnés Martínez elaboró la querella con la que se inició la investigación penal del caso Las Teresitas tomando como referencia un informe del jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, Manuel Souto Alonso, que el 22 de noviembre de 2006, un mes antes de que se presentara la querella, advertía «Nos encontramos, a juicio del que suscribe, ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable».

En un informe de 52 páginas en el que se esboza el relato de hechos que luego plasmaría la fiscal en su querella, Souto Alonso expone que la singularidad de los plazos respecto a la concesión del préstamos a la entonces inexistente Inversiones Las Teresitas S.L. para adquirir 101 parcelas dentro del polígono, amén de las singularidades administrativas –en contra de todas las leyes que podamos aducir– en la tramitación del expediente por parte del excelentísimo Ayuntamiento, llevan a la consideración, por parte de quien suscribe, de que no cabe la menor duda de que ha habido una concertación de intereses para llevar a cabo el proyecto urbanístico al que nos estamos refiriendo».

Cajacanarias

El jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía subraya en sus conclusiones que «son llamativas las actuaciones de CajaCanarias «Y mucho más llamativas las actuaciones municipales tendentes, en los fundamental, a hurtar la competencia a aquellos funcionarios técnicos cualificados que, en el seno de la Corporación, podían hacer valer su voz a lo largo del procedimiento [alude a la arquitecto municipal Pía Oramas, que elaboró una tasación de los terrenos 30 millones por debajo de la que había hecho Tinsa y no fue escuchada].

Souto Alonso se pregunta qué beneficio obtenía el Ayuntamiento al suscribir el convenio [que le llevó a comprar las Teresitas por 52 millones de euros], y, a capitulo seguido, reflexiona: « si se trataba de adquirir los terrenos del frente de la playa, podía haberse ejecutado un simple expediente patrimonial de adquisición».

Apunta que la forma realizada, la adquisición por convenio, «disfraza los enormes beneficios que se otorgan, por medio de recalificaciones, a los particulares interesados. Además», subraya, «si todas las fincas eran de la titularidad de Inversiones Las Teresitas, ningún sentido tiene la comparecencia de los representantes de la Junta de Compensación sino para la obtención de los enormes beneficios resultantes de la recalificación».

Souto sugiere a la fiscal que siga las diligencias «en la forma que estime conveniente» y «sugiere» que cite a declarar a 20 personas. Entre estas se encuentran, además de los a la sazón querelladas, el presidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez y el secretario de la Junta de Compensación de Las Teresitas Mauricio Hayek.

Rechazaron cuatro ofertas a buen precio

Según detalla el informe del Ministerio de Hacienda, en noviembre de 2000 el representante legal de la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, ofreció al menos en cuatro ocasiones a Miguel Zerolo las parcelas del frente de playa para que fueran adquiridas «por medio de compra o permuta en las condiciones más favorables para las partes», pero el alcalde rechazó todas las ofertas.






* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - Las Palmas de Gran Canaria - 26 enero 2008
Foto: Tenerife, playa Las Teresitas - diariodeavisos.com

......................................... Leer más...

Cómo afrontar un PAI y no morir en el intento

LEVANTE/Valencia* : La Asociación 'Abusos Urbanísticos No' recordó ayer al conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, su compromiso de "contar con los colectivos ciudadanos" para reformar las leyes urbanísticas ya que "hasta ahora, sólo se ha reunido con ayuntamientos o promotores e insiste en acelerar la aprobación de PAI pendientes". Los problemas continúan así que ahora preparan un decálogo para afrontar un PAI.

La Asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN) elaborará un decálogo, en colaboración con juristas y expertos urbanistas, para informar a los propietarios afectados por un programa de actuación integrada (PAI) de cómo actuar para evitar que se atropellen sus derechos, según informó ayer su presidente, Enrique Climent. Será una actuación más de esta entidad que insiste en denunciar la "indefensión en que se encuentran los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en lo que a urbanismo y medio ambiente se refiere, a pesar de las desorbitadas declaraciones, claramente oportunistas y manipuladoras de la realidad, de los políticos valencianos en esta campaña electoralista".
Al colectivo que lucha contra los abusos urbanísticos le parecen especialmente preocupantes las declaraciones del actual conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, que ha anunciado la aprobación de 70 PAI antes de que se acabe 2008 para fomentar la construcción de VPO y reactivar la economía.
"La razón de construir VPO es estrictamente social porque persigue facilitar viviendas a economías modestas pero ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado. Pero nosotros creemos que la VPO tiene una función social y no debe ser una justificación", señalan Enrique Climent y Charles Sbovoda.
Ambos fueron recibidos por García Antón cuando el conseller tomó las riendas del urbanismo, en septiembre de 2007. "Nos manifestó que las circunstancias en el urbanismo valenciano no eran las mismas que en su anterior etapa al frente del urbanismo, que estaba claro que debían hacerse cambios y que para realizarlos contaba con todos los estamentos económicos, sociales y ciudadanos".
Sin embargo, en estos cinco meses las "consultas" y reuniones se han producido con "los ayuntamientos y las asociaciones de promotores, sin que los colectivos sociales y ciudadanos hayan sido incluidos en las consultas" lo que demuestra, según AUN, que se sigue con similares tics de épocas anteriores.
"Por eso, en medio de esta política de grandes fastos y endeudamiento, se debe reaccionar -reivindican-. Si USA no ha podido soportar económicamente un fenómeno idéntico al valenciano, de desarrollo urbanístico insostenible, como consecuencia de la aplicación de la ley eminent domain, que disparó la especulación inmobiliaria e hinchó el globo que les ha llevado por la vía más rápida a la recesión en que se revuelcan, ¿qué hace pensar a nuestros políticos que aquí somos más listos y estamos mejor preparados?", se preguntan los representantes de AUN.
"Nos encontramos con un un patrimonio público valenciano más comprometido por las deudas. Una ciudadanía con su patrimonio privado disminuido en su valor, y con la gravitación que supone una deuda autonómica ruinosa. Unos sectores industriales y agrícolas debilitados por falta de inversiones para su mantenimiento. Un desempleo en cifras que ya teníamos casi olvidadas. Una elite empresarial, la de la urbanización/promoción enriquecida hasta la obscenidad". Por ello, exigen una modificación racional de las leyes urbanísticos y una menor dependencia del ladrillo.







* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de enero de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net

......................................... Leer más...

El Gobierno reclama las competencias de urbanismo

ELPAÍS* : "Si el Estado tiene competencias sobre el agua no veo por qué no debe tener competencias en materia de urbanismo", reflexionó ayer en Valencia Marcos Vaquer, director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda, "después de todo, el suelo es un recurso limitado, es el bien mueble por excelencia y ni siquiera es reciclable, como el agua".

Vaquer participó en las jornadas sobre Nueva Cultura Urbana organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, las universidades literaria y politécnica de Valencia, y varios colegios profesionales como un foro de reflexión sobre modelos sostenibles de crecimiento urbano.

Vaquer, de formación jurídica, ofreció muy interesantes reflexiones sobre la legislación en materia de urbanismo. "La propia Constitución vincula el urbanismo con el medio ambiente, pero todas las leyes de suelo españolas han puesto el foco sobre aspectos económicos y, por lo tanto, la sombra sobre el medio ambiente", comentó, "la ley de suelo impulsada por el Gobierno socialista es la única elaborada desde un paradigma medioambiental".

También destacó la notable extensión de los instrumentos de planeamiento urbanístico en toda España desde los años de la Transición hasta la actualidad, pero admitió que "no está claro si el planeamiento ha liderado la expansión urbanística o se ha limitado a levantar acta" de hechos irremediables.

Richard Florida, economista y catedrático de Política Pública de la George Mason University, aseguró a media tarde que el futuro de la Comunidad Valenciana dependerá de su capacidad para implantar una "economía creativa, basada en el talento y la innovación", una economía que tiene su primer estímulo en las ciudades.

En su primera conferencia en España, Richard Florida instó a las autoridades municipales a "fomentar la creatividad y promover y el desarrollo del talento" a través de las urbes como "ejes del desarrollo".

"El lugar donde vivimos condiciona nuestra vida", remachó. En un repaso histórico, el experto aludió a la ciudad de Pittsburg (Kansas), que tras el declive de su industria del aluminio acogió el nacimiento de firmas empresas tecnológicas como Lycos. Sin embargo, la incapacidad de las autoridades para retener el talento de los nuevos vecinos provocó la transferencia de sus trabajadores más cualificados a Boston (Massachusetts).






* ELPAIS.com - M. O. - Valencia - 26/01/2008
Foto: Urbanismo nos invade, manifestación 5M Huelva - Ecologistas en Acción

......................................... Leer más...

Las promotoras inmobiliarias quieren que el Estado les ayude a alquilar los pisos sin vender

SER* : En poco más de dos meses la Sociedad Pública del Alquiler, la SPA, creada por el ministerio de vivienda, ha recibido de los promotores 6.000 viviendas recientemente construidas para que las ponga en arrendamiento, porque no encuentran comprador. De hecho, la mitad de la viviendas que llegan ahora a la Sociedad del Alquiler son casas de inmobiliarias. Son en general promotores medianos y pequeños.

Las grandes inmobiliarias, agrupadas en el llamado G-14, van más allá: quieren conseguir con el alquiler una salida para volver a recibir créditos de los bancos. Las grandes inmobiliarias de España, negocian un acuerdo con la Sociedad Pública del Alquiler. Esta les alquilaría las casas que no venden y les garantizaría así una renta con la que devolver los créditos que tienen con los bancos y cajas. Su propósito es que las instituciones financieras se sumen a este acuerdo para que vuelvan a prestar dinero a la promotoras.






* Cadena Ser - EMILIO DE LA PEÑA 24-01-2008
Foto: especulación viñeta

......................................... Leer más...

Carballo: La Justicia frena los intentos de legalizar la urbanización de Peados

LAVOZ/A Coruña* : Como ocurrió con la reciente sentencia que ratifica el decreto de derribo de dos viviendas en A Pedra do Sal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar el recurso interpuesto por Isidro Rodríguez Ponte y Rosa María Rama Novo contra las resoluciones de la Consellería de Política Territorial que ordenaban la demolición de una construcción en el monte Peados (Razo).

Las obras consistían en «muros perimetrales de una edificación de unos cien metros cuadrados adosada a muro existente» y en la «cimentación de una edificación y construcción de pista pavimentada», para las cuales, según la sentencia, no es suficiente la licencia municipal para un cierre que, al parecer, tenían los promotores.

En ambos casos, los expedientes urbanísticos se abrieron hace casi cinco años. En solo tres meses, el Concello de Carballo realizó los trámites correspondientes a cuarenta infracciones urbanísticas. Buena parte de las irregularidades se concentraban en la zona costera, y, fundamentalmente, en dos enclaves: A Pedra do Sal y el monte Peados. Pero en este caso, debido a la calificación del suelo como rústico -y además de especial protección-, las competencias en materia sancionadora recaen directamente en la Consellería de Política Territorial.

Precisamente, desde la Xunta se ordenó también en aquellas fechas la reposición de la legalidad en seis obras, cuatro de ellas en Peados y dos en A Pedra do Sal, en una de las cuales incluso se ordenó a Unión Fenosa la interrupción del suministro eléctrico dado el incumplimiento reiterado, por parte del promotor, de las órdenes de paralización dictadas por el Concello de Carballo. Algunos de aquellos expedientes llegan ahora, casi cinco años después, a su conclusión.

El recurso de casación ante el Supremo es la única salida que les queda tanto a Isidro Rodríguez y Rosa María Rama como a Manuel Facal Lorenzo, promotor de las dos viviendas de A Pedra do Sal que también tienen orden de derribo. Otros propietarios optan por ejecutar la demolición por su cuenta, ya que los decretos suelen llegar acompañados de cuantiosas multas, que se incrementan a medida que pasa el tiempo. El pasado mes de octubre, de hecho, se materializó el derribo de otra vivienda en Peados, por parte de su dueño, que también había sido denunciada a principios del 2003.





* La Voz de Galicia - 25/1/2008
Foto: Urbanización - lavozdegalicia.es

......................................... Leer más...

Marbella: Todos los ediles que dieron licencias ilegales se beneficiarán del pacto con la Fiscalía

SUR* : Los ex concejales del GIL que firmaron licencias de obras ilegales comienzan a respirar tranquilos. El pacto que los letrados de los ex ediles negocian actualmente con la Fiscalía de Málaga beneficiará a todos los ex miembros de la corporación que firmaron licencias ilegales durante prácticamente todo el periodo del gilismo, en el que se produjo el saqueo de la ciudad: desde 1995, cuando se comenzaron a dar licencias al margen del planeamiento, hasta 2006, cuando se disolvió la corporación presidida por Marisol Yagüe.

El acuerdo permitirá la acumulación de las causas, de modo que en caso de que haya más de una no se sumarán las penas, al considerarse la existencia de un delito continuado. De ese modo, en ningún caso las penas serán superiores a los seis años de cárcel. El periodo que abarca el pacto incluye prácticamente toda la era GIL, ya que sólo se excluye la primera legislatura, en la que casi no hubo denuncias por delitos urbanísticos.

Un miembro de la Fiscalía y abogados de los ex ediles, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, se reunieron ayer para estudiar este «acuerdo marco de conformidad», con el que se pretende, según aseguran, agilizar los casos en los que se encuentran encausados los ex concejales por conceder licencias urbanísticas en Marbella.

Excepción

Durante la mañana de ayer, un representante de la fiscalía se reunió con los abogados de todos los ex ediles del GIL imputados en algún procedimiento urbanístico por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero en la negociación quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades.

El abogado Pablo Luna se mostró satisfecho con las negociaciones y destacó la actitud de la Fiscalía por su «lealtad, profesionalidad y claridad».

El letrado destacó que la negociación se basa «en un criterio de la conformidad» que puede haber siempre entre acusación pública y defensa pero «nada fuera de la legalidad».

Luna resaltó que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, «cada caso se tendrá que personalizar», porque cada ex edil tiene una situación concreta y pidió prudencia ya que todavía sólo es «un principio de acuerdo global para todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento en 2006».

Conexos

En las próximas semanas se celebrarán más reuniones para concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel. Tanto la fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.

El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.

Fuentes de la fiscalía aseguraron que las negociaciones están abiertas y que sólo se pretende agilizar los procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en relación con la concesión de licencias por economía procesal y en ningún caso habrá acumulación de procedimientos.







* SUR - 25.01.08 - H. B.
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbPatasArriba

......................................... Leer más...

Tenerife: 37 millones de sobreprecio en 'Las Teresitas'

CANARIAS7/Santa Cruz* : El valor de los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas en caso de expropiación no superaba los 15 millones de euros el día en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los compró por 52 millones, según un informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez. Según este peritaje, la Corporación santacrucera habría pagado un sobreprecio de 37 millones de euros, 6.200 millones de pesetas.

Según los arquitectos grancanarios Vicente Fernando Hernández Santana y Alberto Núñez Arias, designados como peritos imparciales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2007 para determinar el valor de las 11 parcelas en primera línea de playa en Las Teresitas, «el valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa [en esta tesis se lo pidió la fiscal] con arreglo a su concreta situación urbanística y a la legislación aplicable en el momento de la compraventa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas, es de 15.245.922,83 euros para la línea de dominio público marítimo terrestre aprobada el 13 de mayo de 2001 y de 11.213.170,83 euros para el caso que se confirme y se apruebe definitivamente la delimitación provisional de la línea probable de deslinde conforme a la ley de costas de 1988».

A tenor del peritaje, aún poniéndose en la opción menos gravosa para las arcas públicas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habría pagado por las parcelas 37 millones de euros más de lo que realmente valdrían. Si se cumplen las previsiones de deslinde conforme a la Ley de Costas de 1988, el Ayuntamiento habría abonado un sobreprecio de 41 millones de euros por Las Teresitas.

Elaborada.

La pericial fue encargada por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007. Sus autores tardaron nueve meses en elaborar la tasación, que entregaron el pasado 31 de diciembre. El informe y la pericial, que consta de 58 folios y varios anexos, figura entre los documentos a los que tienen acceso las partes tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, el miércoles. Los peritos cobraron 105.000 euros.

De la pericial encargada por el Tribunal Superior se desprende que la valoración en la que se apoyó el Ayuntamiento para adquirir los terrenos (elaborada por Tasaciones Inmobiliarias S.A. por encargo de Cajacanarias en 1998) no tuvo en cuenta ni las limitaciones del deslinde ni la legislación sobre Turismo vigente en la fecha en la que se llevó cabo la operación, factores ambos que disminuyen sensiblemente el valor de los terrenos.

La pericia del millón.

La valoración de los terrenos de Las Teresitas elaborada por los peritos designados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede ser una referencia de primer orden para la resolución del caso en sus múltiples vertientes judiciales: El Supremo declaró nula la compra venta de los terrenos, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior canario ha determinado que, para ejecutar esta decisión del Alto Tribunal, hay que llevar a cabo un nuevo procedimiento de fijación de precio de las parcelas, que es lo que ahora han hecho los peritos de Bellini. El Ayuntamiento sostiene que no podía expropiar, pero otras fuentes aseguran que esta vía era lícita.







* Canarias 7 - Santa Cruz de Tenerife - A.F.G. / M.M. - 25 enero 2008
Foto: Tenerife, Las Teresitas - canarias7.es




NOTICIA RELACIONADA: «Nada tan urgente en 8 años» - Canarias 7 - Francisco Suárez Álamo - 25 enero 2008

......................................... Leer más...

'Guateque': El dueño de un teatro confiesa al juez que le pidieron 12.000 euros

ELPAÍS/Madrid* : Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.

Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.

Santiago Torres había levantado el martes el secreto de todo el sumario del caso. En la parte que todavía no había visto la luz (y a la que ha tenido acceso EL PAÍS) figura la declaración del dueño del teatro Martín, Vicente Gregorio. El empresario confiesa que el arquitecto Antonio Sanz, uno de los supuestos conseguidores de la trama, le pidió 12.000 euros para agilizar su licencia y convertir el teatro en un restaurante espectáculo.

Gregorio contó al juez que no llegó a pagar ese dinero porque finalmente Sanz no se lo pidió, aunque él estaba dispuesto a abonarlo con tal de conseguir la licencia. De hecho, ya había pagado 16.000 euros a Sanz por el proyecto técnico para la conversión del inmueble en un restaurante. "Sanz Escribano me llamó por teléfono y me dijo que el expediente estaba en Medio Ambiente [del Ayuntamiento de Madrid] y que en ese departamento había un retraso importante que se podía evitar pagando una cantidad aproximada de 12.000 euros. Sanz Escribano no me dijo el nombre del funcionario municipal que iba a agilizar la tramitación". Lo cierto es que, en junio, su petición de licencia le fue denegada por el Ayuntamiento. "No pedí explicaciones porque no llegué a pagar".

En el sumario hay una grabación telefónica entre Sanz y Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de impacto y análisis ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y supuesto cabecilla, en la que se alude a las gestiones sobre el teatro Martín, situado en la calle de Santa Brígida. Otro de los supuestos intermediarios, Benjamín Valledor, reconoce que pagó a Ceballos a cambio de que le agilizara licencias y señaló que le entregó en una ocasión 3.000 euros para solucionar una licencia de un local en la calle Hiruela, y otros 2.000 por uno en la calle del Mar de Oman.

Junto con Ceballos también abandonaron Alcalá Meco ayer por la tarde otros dos imputados: Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental, y el intermediario Santiago Castillo, directivo del estudio de arquitectos AC 93. Desde la garita de entrada a la cárcel se empezó a ver la silueta de tres personas, los imputados. Poco a poco recorrieron la larga recta, mal iluminada, hasta poder tocar a sus familias. A partir de ahí todo fue muy rápido.

La mujer y el hijo de Ceballos llevaban seis horas esperando en un todoterreno de gran cilindrada. El hermano no había parado de caminar durante horas, fuera del coche y nervioso, con las bolsas de plástico preparadas. La familia de Fernández de Castro y la de Castillo habían llegado cuatro horas antes. En cuanto vieron que salían por la puerta les gritaron: "¡Por aquí, por aquí!". El hermano de Ceballos le ordenó: "¡De espaldas, de espaldas!" En cuanto pudo alcanzarle, le colocó la bolsa de plástico en la cabeza y él mismo se puso otra. La bolsa tenía unos agujeros a la altura de los ojos, pero Ceballos se desorientó y caminó hacia un descampado. Fernández de Castro no se tapó. "Estoy bien. Ya hablaremos", dijo educado. Castillo se cubrió con una capucha y una bufanda. La escena estaba rodeada de flashes. Con cada fotografía, Castillo lanzaba un insulto. "Hijo puta, hijo puta", repetía. Al mismo tiempo, Ceballos no decía ni media palabra. Sólo su hermano insistía en inglés: "No comment, no comment". El hijo de Ceballos se acercó con su todoterreno, salió, apartó a un cámara, abrió el maletero y guardó una bolsa de viaje de su padre. "Vamos, papá", le dijo. Dentro esperaba su mujer, que antes se quejó del tratamiento de la prensa con su marido desde que fue detenido, a finales de noviembre. "¡Tranquilo, tranquilo... venga, vámonos!". El último en marcharse fue Castillo. Desde las ventanillas de su coche, tapadas en parte por una manta, se dedicaron continuos cortes de manga a los periodistas.

A 75 kilómetros de allí, en Soto del Real, Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; y el empresario Julián Rubén López, eran liberados a las nueve de la noche. Dos de ellos se taparon la cara. "Buitres, ¿para qué hacéis fotos?", dijo. Dentro de la cárcel quedaron otros cuatro encarcelados, que no pudieron reunir la fianza fijada por el juez ayer. Estos son Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente; Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo; y el empresario Eduardo Agustinos.

Por la mañana, el hermano de Ceballos llegó a los juzgados de Plaza de Castilla. En una bolsa de deportes llevaba, presumiblemente, la fianza de 60.000 euros fijada por el juez Torres. Tras depositar la cantidad, Prada explicó que la familia de su cliente había necesitado tiempo para reunir el dinero. "Llevan días recaudándolo. Es una cantidad muy importante para una familia sencilla", dijo Prada, aunque luego el hijo de Ceballos acudiera a recoger a su padre en un todoterreno de entre 60.000 y 90.000 euros. El resto de acusados también tuvieron que depositar las fianzas, de hasta 100.000 euros, en el juzgado de la Plaza de Castilla. A partir de ahora deberán presentarse ante el juez dos veces al mes.







* ELPAIS.com - J. A. HERNÁNDEZ / Á. CORCUERA - Madrid - 25/01/2008
Foto: Victoriano Ceballos oculta su rostro con una bolsa al salir de la cárcel de Alcalá Meco/ ÁLVARO GARCÍA - 25/01/2008 - elpais.com

......................................... Leer más...

De alcalde imputado por corrupción a senador del PP

ELPAÍS/Castellón* : Alfonso Ferrada pasará de ser un ex alcalde imputado por presuntos delitos de corrupción urbanística a convertirse en un senador aforado, pero sin pasar por las urnas. La carambola que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la dirección del Partido Popular han permitido ejecutar al presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, ha supuesto no sólo la designación de su hija, Andrea, como número dos al Congreso sino que, en el puesto que ésta deja libre como senadora territorial pueda sentarse directamente el ex alcalde de Burriana.

Considerado uno de los socios políticos de Fabra, Alfonso Ferrada fue alcalde de ese municipio valenciano, de 35.000 habitantes, desde 1995 hasta el pasado mes de mayo, cuando el PP decidió no volver a presentarlo tras múltiples escándalos urbanísticos.

Miembro también de la ejecutiva regional del PP, Ferrada sorprendió, hace ahora un año, con una comparecencia, junto a Carlos Fabra, en la que se anunció que no repetía como candidato a la alcaldía de Burriana. Entonces, mantuvo que sus resoluciones urbanísticas no habían influido en esta decisión, pero admitió que los escándalos relacionados con la aprobación de determinados proyectos habían creado una tensión insostenible dentro del PP local.

Aquellas polémicas se han saldado, de momento, con una imputación, tras una querella presentada por los socialistas locales y secundada por varios afectados por las decisiones urbanísticas. Según el texto de la querella, el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres empresas comenzaron a adquirir terrenos en la misma zona que, posteriormente, fue recalificada. Esas empresas, en opinión de los querellantes, dispusieron, "sin lugar a dudas, de información privilegiada". Finalmente, el PP adjudicó el programa urbanístico a uno de los empresarios que había adquirido terrenos y descartó a la constructora local que había impulsado la iniciativa. Pese a que los técnicos municipales expresaron reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión de adjudicar el programa. Una decisión que le valió ser imputado por presunta prevaricación, malversación, cohecho y delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

En su declaración ante el juez, el ex alcalde admitió que tanto su esposa como su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra, tal como indicaba la querella, y justificó esa actividad bancaria alegando que tiene propiedades en aquel paraíso fiscal.

La decisión de Fabra ha contado con el aval del presidente regional, Francisco Camps. El presidente valenciano se vio obligado a contar con el apoyo de Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública, en su pugna con Eduardo Zaplana por el control del PP regional. La impunidad otorgada por Camps a Fabra se ha hecho extensible al resto de cargos imputados.







* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 25/01/2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es

......................................... Leer más...

TSJA ratifica el derribo de parte de la casa de Antonio Banderas en Marbella

EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia por la que se anuló la licencia concedida en marzo de 1995 por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para la construcción de una vivienda actualmente propiedad del actor Antonio Banderas. La abogada de la comunidad de propietarios 'Los Monteros', que inició el procedimiento, Inmaculada Gálvez, indicó que ya han comenzado los trámites de ejecución de dicha sentencia, cuya consecuencia jurídica es "la demolición" de parte del inmueble.

Gálvez explicó que "el juez de oficio ya ha requerido al Ayuntamiento marbellí para que en el plazo de 10 días manifieste el procedimiento y el órgano competente para ejecutar esta sentencia" y apuntó en declaraciones a Europa Press que "si en el plazo de dos meses que marca la ley no se ha ejecutado, pediré a la Sala la ejecución forzosa".

Apuntó que en este caso "no se puede alegar que se espere a ejecutarla a que esté terminada la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", porque, según explicó, "las cuatro parcelas están consideradas como equipamiento". La sentencia ratificada ahora, de abril de 2003, se basó en que la parcela donde está ubicada la vivienda está calificada como zona de equipamiento sanitario según el Plan del 1986, e invade la zona de dominio público terrestre.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Málaga ha dictado un auto en el que se rechaza el recurso presentado por los abogados del actor, que pedían la nulidad de la sentencia de 2003 por indefensión, al no haber participado en el proceso. En este sentido, el Tribunal contesta que "no resultan fácil de admitir" que esta parte haya permanecido más de 10 años al margen teniendo en cuenta la "repercusión mediática de máximo nivel" del procedimiento.

"Es inimaginable que en circunstancias tales ninguna de las entidades hubiera tomado conocimiento de la existencia de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la licencia y si realmente no lo hubiera llegado a adquirir habría sido por propio y personal negligencia al no haberse informado de las actividades de la comunidad", apunta la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

Además, la Sala añade en el auto que la representación del acto "no ha concretado tampoco ni esgrimido" argumentos nuevos o diferentes a los ya estudiados en contra de lo afirmado en la sentencia, por lo que "de poco habría servido la retroacción solicitada y sólo se habría conseguido alargar aún más un proceso ya de por sí prolongado".






* Europa Press - MÁLAGA, 24 Ene. 2008
Foto: Marbella, casa A.Banderas - ELPAIS.com

......................................... Leer más...

La casita de papel de Antonio Banderas

ROSA VILLACASTÍN* : Es indudable que el "gilismo" murió el día que lo hizo Jesús Gil, y que la puntilla definitiva se la asestó el juez Miguel Angel Torres, cuando metió en la trena a Julián Muñoz, a Maria Angeles Yagüe, a Isabel García Marcos y a Juan Antonio Roca, entre otros muchos funcionarios y empresarios. Todos ellos ligados al consistorio marbellí por lazos que parecían indestructibles, pero bastó que un juez y un fiscal tuvieran ganas de actuar, e hicieran oídos sordos a las amenazas que les llegaban por parte de quienes les auguraban un futuro en los infiernos, para que el castillo de la corrupción marbellí se derrumbara en un abrir y cerrar de ojos.

No sin dejar heridos de consideración en algunos casos, leves en otros, y arruinados de por vida, la mayoría de ellos.

Queda ahí, para vergüenza de todos los que colaboraron y votaron al "gilismo", su política urbanística. Cimentada en la extorsión, en el abuso, en la prepotencia, en el "todo vale", con tal de sacar tajada de allí dónde hubiera un metro de terreno que se pudiera urbanizar, con o sin licencia, y cuyas consecuencias están pagando ahora las gentes de buena fe, que compraron con toda la ilusión del mundo un apartamentito donde pasar sus últimos años de vida, o la casa de sus sueños, que muchos tendrán que demoler porque así lo han decidido los tribunales de justicia.

Es el caso del actor Antonio Banderas, quién tendrá que derribar una parte importante de su vivienda -situada en una de las zonas más lujosas de Marbella-, después de años de litigio, por considerar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que las obras de ampliación que se hicieron en la misma, se construyeron en un suelo destinado a equipamientos e infraestructuras de saneamiento, que invade una zona considerada de dominio público Marítimo Terrestre.

No creo que la medida le sorprenda mucho al actor malagueño, aunque le dolerá, como les duele a todos los que se encuentran en su misma situación. Hay que decir en descarga de los damnificados, también Antonio lo es, que la mayoría compró de buena fe. No sabían que asentaban sus reales sobre un estercolero de irregularidades y corrupción. En el caso del actor malagueño, además de ingenuo, se creyó todas las mentiras de Gil y de Roca, cuando le ofrecieron la antigua casa de Encarna Sánchez, para que se instalase allí durante sus vacaciones en la Costa del Sol. Nadie le dijo entonces que sobre la casa pesaba una demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios, por irregularidades en la construcción. Cuando se enteró, ya era tarde, poco o nada podía hacer para solucionar el problema, sólo le quedaba esperar. Esperar a que se pronunciaran los jueces, quiénes le han dado dos meses para ejecutar la sentencia.

Encarna, al igual que Gil y Roca, Roca y Gil, se pasaban la legalidad por el Arco de Marbella. Prepotentes como eran, creían que su poder era infinito. El tiempo ha demostrado que no, que ante la Ley somos todos iguales, a Dios gracias, porque de lo contrario, el mundo estaría sólo en manos de los indeseables y corruptos.







* Diario Crítico - Opinión - 24-01-2008

......................................... Leer más...

Tenerife: El testaferro de 'Las Teresitas' cantó

CANARIAS7/Santa Cruz* : «D. Ignacio le dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer». Así lo declaró Felipe Manuel Armas Jerónimo, empleado de Promotora Victoria, una empresa de Ignacio González, a la magistrada Carla Bellini, encargada de la instrucción del llamado caso Las Teresitas.

Armas Jerónimo es uno de los imputados en la causa abierta a raíz de la querella interpuesta por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, por la supuesta comisión de los delitos de malversación y de cohecho, en relación con su participación en la compra por parte de la entidad Inversiones Las Teresitas S.L. a la Junta de compensación de los terrenos ubicados en esta playa tinerfeña. Con posterioridad, el Ayuntamiento compró a Inversiones Las Teresitas los terrenos. También está implicado por su relación directa con otro de los imputados, Ignacio González Martín.

En su declaración ante la magistrada y según figura en el sumario, -cuyo secreto fue levantado en parte este martes-, Armas Medina explica que es cierto que abrió una cuenta en Cajacanarias en junio de 1998 e ingresó un cheque por valor de 15 millones de pesetas.

Agrega que este dinero era de González Martín y que lo ingresó para constituir la sociedad porque «D. Ignacio le dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer».

Armas Jerónimo aclara que esta fue la primera y única vez que su jefe le había pedido este tipo de favor. Según dijo, vendió sus participaciones de Inversiones Las Teresitas a Promotora Victoria por el mismo precio. Nunca recibió el dinero, ya que esos quince millones ya eran «de ellos», declaró.

A preguntas del ministerio fiscal y durante la misma declaración, Armas Jerónimo se declara hombre de confianza de González Santiago y dice que no recuerda si fue él el que hizo la reserva de denominación del nombre Inversiones Las Teresitas. Y reitera que la explicación que le había dado Ignacio González de por qué él no podía figurar en Inversiones Las Teresitas es que «iba a hacer una operación en la que no podía estar».

A lo largo de la declaración, efectuada el 14 de enero de 2008, este imputado explica cuáles son sus cometidos como empleado de González Martín. Relata que su función es mecanizar apuntes de contabilidad y que ocasionalmente realiza algunos recados en la calle.También explica a preguntas de la instructora que siempre había trabajado en un piso situado en la calle La Rosa, de Santa Cruz de Tenerife, pero que, por problemas de espacio, Ignacio González había decidido que parte de la documentación se trasladara a otro piso en la calle Villalba Hervás.

Éste último inmueble tiene cocina y dormitorios, pero él sólo usaba la parte acondicionada como despacho.
Asegura que es normal guardar la contabilidad en archivos; y en cajas, la correspondiente a años anteriores. Sobre este particular aclara, a preguntas del abogado de la defensa, Pablo Molins Amat, que la documentación relativa a Las Teresitas estaba en el piso de la calle de La Rosa y no en el de Villalba Hervás, el que, según había ya explicado, se habilita porque la documentación ya no cabía en el primero.

También le preguntan por una caja fuerte que tiene alquilada. Él explica que lo había hecho con la intención de guardar unas joyas que había heredado de su madre, pero que nunca había llegado a hacerlo, y que en la actualidad las tiene su hermano. También a preguntas de su abogado , contesta que él costea el alquiler de la caja fuerte y que su jefe desconoce que la tiene.

Interrogado por su abogado, relata que no intervino en la venta de los terrenos de Las Teresitas y que no fue a ninguna reunión, ya que «de eso se ocupaba D. Ignacio y D. Antonio». Y a instancias de la fiscal, explica que en su cuenta no pueden haber ingresos que no sepa de dónde vienen, y que sólo cobra 2.000 euros de sueldo.







* Canarias 7 - A.A. / F.S.A. - Las Palmas de Gran Canaria - 24 enero 2008
Foto: Conflicto. La playa santacrucera sigue inmersa en un contencioso judicial que deja en entredicho los planes inversores que ahora tiene el grupo Mapfre tras comprar terrenos en la zona/ canarias7.es




NOTICIA RELACIONADA: De cómo se cocinó la querella - CANARIAS 7 - Antonio F. de la Gándara - 24 enero 2008

......................................... Leer más...

Alcoy: Los vecinos llevarán a la Fiscalía el plan urbanístico de El Estepar

INFORMACIÓN/Alicante* : La asociación vecinal "Per l'Estepar" ha decidido llevar el PAI previsto para esta urbanización de Alcoy ante el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Esta organización, que agrupa a los residentes de esta zona, ha tomado esta decisión al detectar numerosas irregularidades en la tramitación de este plan urbanístico, que será aprobado por el Partido Popular en el pleno de mañana.

En un comunicado, difundido en el día de ayer, los vecinos denuncian una batería de anomalías. En primer lugar, señalan que el principal beneficiario del PAI es la empresa promotora que ha presentado la oferta, señalando que el 50% de los terrenos vacantes que se van a urbanizar "pertenecen a la misma familia que es propietaria de la empresa promotora". Asimismo, señalan que el Ayuntamiento de Alcoy no recibe ningún beneficio, ya que la empresa no cede ningún aprovechamiento urbanístico. Por contra, la corporación tendrá que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de la futura urbanización.
Según señalan los vecinos, el proyecto urbanístico tendrá además un fuerte impacto ambiental, ya que supondrá la tala de miles de pinos y carrascas y la consiguiente desaparición de muchas hectáreas de suelo forestal, situadas a muy pocos metros del parque natural de la Font Roja. Asimismo, indican que el proyecto facilita la construcción de centenares de viviendas en la zona, que no tienen garantizada agua suficiente y que pueden afectar de forma negativa al acuífero del Molinar. La asociación vecinal insiste en denunciar que el plan uranístico en ningún momento limita al número de viviendas a construir.
En otro orden de cosas, el colectivo "Per l'Estepar" también denuncia una batería de incumplimientos de la ley. En primer lugar, señala que el Ayuntamiento ni siquiera ha elaborado el preceptivo estudio de sostenibilidad. También se indica que se incumple el vigente PGOU al cambiar la tipología de vivienda que se puede construir en la zona. Finalmente señalan irregularidades respecto a la Ley Urbanística Valenciana y critican que no se hayan solicitado los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Consejo de Territorio y Paisaje.

Consenso roto

Los vecinos de esta urbanización expresan su malestar por el hecho de que el gobierno municipal haya incumplido sus compromiso de consensuar este plan urbanístico con todas las partes implicadas. Según señalan, el Ayuntamiento no los ha tenido en cuenta a la hora de elaborar las bases y les negó el pasado lunes la documentación sobre el PAI. En el comunicado, difundido en el día de ayer, la asociación vecinal se hace, entre otras, las siguientes preguntas: "¿por qué el Ayuntamiento quiere beneficiar específicamentye a los propietarios del 50% suelo vacante que se han constituido en empresa promotora, en contra de la mayoría de la propiedad representadas por los propietarios del otro 50% del suelo vacante y por la comunidad de vecinos?, ¿qué tipo de relación existe entre los propietarios de la empresa promotora y algunos miembros del Ayuntamiento?".
Hay que recordar que, en la última comisión informativa de Urbanismo, el Partido Popular aprobó en solitario el inicio de la tramitación de este PAI. Los partidos de la oposición denunciaron graves errores en la documentación que afectaban a aspectos centrales del plan.






* Información - J.LL.A. - 24 de enero de 2008
Foto: La zona de El Estepar se convierte en el escenario de una fuerte polémica sobre urbanismo en Alcoy/ JUANI RUZ, diarioinformacion.com

......................................... Leer más...

Fiscalía lleva al juzgado el convenio urbanístico de Aramón y Montanuy

ELPERIÓDICO/Aragón* : La Fiscalía de Huesca remitió ayer a los juzgados de Barbastro, con valor de denuncia, las diligencias de investigación que ha desarrollado en torno al convenio establecido entre el Ayuntamiento de Montanuy y el hólding semipúblico aragonés del esquí, Aramón, para crear una estación de esquí en el valle de Castanesa.

El fiscal ha concluido que de las diligencias, abiertas tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia de la asociación Naturaleza Rural --acompañada de documentación--, se desprende la existencia de indicios de delito en estas actividades. Las diligencias remitidas al juez ratifican el contenido de la denuncia, que cuestiona el convenio. Este recoge que la financiación de un nuevo plan de ordenación urbana para el municipio correría a cargo de una empresa del hólding. El nuevo instrumento de planeamiento recalificaba como urbanizables o de equipamientos parcelas rústicas que sumaban 2.000 viviendas y 1.500 plazas hoteleras en los 17 núcleos del término. Aramón firmó opciones de compra sobre buena parte de ellas, algunas de ellas de familias de miembros del consistorio.

El pasado verano, el ayuntamiento aprobó la reforma con el único voto a favor de los cuatro concejales del equipo de gobierno.

Naturaleza Rural incluyó en la denuncia referencias a las supuestas presiones de las que fueron objeto algunos propietarios del suelo, por personal vinculado a Aramón, para firmar las opciones de compra de sus parcelas al precio marcado por Aramón.

El alcalde, José María Agullana, dijo ayer que "tengo la conciencia muy tranquila. Es mejor que el caso llegue al juez y lo resuelva. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer para desarrollar un territorio que se muere".

Un portavoz del hólding pidió celeridad en la instrucción judicial "para restablecer cuanto antes el buen nombre de Aramón".








* El Periódico de Aragón - 24/01/2008
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial

......................................... Leer más...

Piden 9 años para un ex técnico de Cártama que pedía dinero por favorecer casas ilegales

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha pedido nueve años de prisión y 12 de inhabilitación para un antiguo técnico del Ayuntamiento de Cártama que presuntamente ideó una trama de sobornos para autorizar viviendas ilegales. El procesado, que trabajaba como encargado del servicio de control y vigilancia de las zonas rurales del municipio, está acusado de un delito continuado de cohecho y otro de coacciones.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, desde diciembre de 2004 a enero del siguiente año exigió más de 123.000 euros a propietarios de viviendas presuntamente ilegales, a cambio de evitar el inicio de expedientes sancionadores por viviendas ilegales o la ejecución de órdenes de demolición de construcciones, ubicadas en zonas rurales.
El acusado contó con la ayuda en una ocasión de un ciudadano extranjero, que actuó como supuesto intérprete en una operación, en la que pidió 18.000 euros para eliminar un expediente de paralización de obras en un paraje del municipio.
Según se recoge en la calificación fiscal, sólo se hizo efectivo el pago de uno de los sobornos, de 15.000 euros. Así, en enero de 2005, el procesado contactó con el dueño de una vivienda al que le prometió evitar una sanción, si le entregaba 9.000 euros. El particular accedió y le pagó en efectivo dicho importe. Días después el ciudadano recibió una carta certificada del Ayuntamiento de Cártama en la que se hacía constar una orden de precinto de obras, por lo que se puso en contacto de nuevo con el acusado, que le exigió otros 6.000 euros para resolver el problema.
El encargado municipal reclamaba presuntamente a los dueños de las casas entre 6.000 y 18.000 euros para llevar a cabo acciones que favorecieran las edificaciones que no cumplían con la legalidad. En una ocasión, pidió a un extranjero 18.000 euros para tramitar y obtener la legalización de una vivienda, y como complemento, le pidió otros 3.000 euros para permitir un camino y una piscina en el terreno.

Denuncia. Este presunto caso de cohecho se destapó a raíz de la denuncia de un particular al que el acusado presuntamente había tratado de sobornar. Según la Fiscalía, pagó 7.000 euros al procesado para poder construir en su parcela, pero días después, se personó en las dependencias municipales de Urbanismo porque había recibido una resolución de precinto de obras y comunicó estos hechos.
El procesado, convocado por los responsables municipales para dar explicaciones por la denuncia, optó por presentar la renuncia irrevocable a su empleo municipal.
En este caso también están acusados el intérprete, como cómplice de cohecho, y un particular, por aceptar un soborno. Se enfrenta cada uno a la pena de un año de prisión.

Acusan a un arquitecto de falsear un certificado de vivienda ilegal

Un arquitecto ha sido acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de falsedad de certificados, ya que supuestamente emitió un documento falso para dar vía libre a la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela calificada como suelo rústico, en el municipio axárquico de Iznate.
El acusado expidió un certificado técnico en el que se hacía constar que la construcción tenía una antigüedad superior a seis años, cuando la vivienda se había edificado recientemente.
Con esta falsedad se trata presuntamente de evitar una sanción o hecho delictivo, por el hecho de que prescriba una infracción urbanística cuando transcurren varios años desde la construcción de un inmueble.
Según la calificación del Ministerio Público, la vivienda se construyó en una parcela rústica sin licencia, ni autorización municipal. El terreno donde se ubica está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, por estar en los montes de la comarca de la Axarquía.
La Fiscalía pide para el acusado una multa de 5.400 euros por el delito de falsedad de certificado, según consta en el escrito de la acusación.
Los dos promotores de la obra están acusados, a su vez, de un delito contra la ordenación del territorio y se enfrentan a un año de prisión cada uno. También se les imputa un delito de falsedad de uso de certificados, por el que el Ministerio Público reclama el pago de 1.800 euros.
En cuanto a la responsabilidad de tipo civil, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita la demolición de la vivienda, de unos 125 metros cuadrados de superficie. El juicio por este caso se celebrará en un juzgado penal de la capital.








* La Opinión de Málaga - R. Rivera. Málaga - 24 de enero de 2008
Foto: En Cártama se practicó la demolición de viviendas declaradas ilegales/ laopiniondemalaga.es

......................................... Leer más...

Salamanca, revuelo en el vecindario

PÚBLICO* : Lo dice Chema: “Yo creo que esto está siendo mucho más que las tasas municipales, esto ha sido el hartazgo de la gente, porque es que si a ti te dicen que hay 20 millones de euros que les perdonaron a los constructores, que está el Ayuntamiento endeudado, que están recibiendo sentencias condenatorias de manera constante y, de repente, tú ves que te llegan y te quiere subir los impuestos, tú llegas y dices, ¿tú de que vas? Y además insulta a los vecinos y ahí ya dices, ¿tú quién te crees que eres?”.

Respuesta rápida para Chema: es el alcalde de Salamanca y su nombre es Julián Lanzarote. Y Chema, el que habla, se llama Chema Collados, es arqueólogo, tiene 27 años, vive con sus padres en su casa de toda la vida, hace años fue militante de Juventudes Socialistas y hoy, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), ha conseguido poner la ciudad patas arriba. Por tres veces tomaron la Plaza Mayor. Ni caso les hicieron. “Y por eso nos vamos a Madrid este sábado, a manifestarnos en la calle Génova”.

Lo sucedido en Salamanca demuestra el poder del movimiento vecinal, tan olvidado por casi todos –los vecinos–, y supone al fin una manera de entender la democracia. Palabra de Chema: “Hemos delegado de tal manera en las administraciones, que al final no nos creemos que son nuestras y, por ejemplo, el ayuntamiento está despilfarrando y da igual, pero no, mire, es que se está despilfarrando su dinero”. Palabra del alcalde Lanzarote a Fevesa, según Chema. “Manifiéstense, me da lo mismo que sean 25.000 o que sean cinco veces 25.000”. Palabra de Chema: “Un alcalde que se precie, durante los cuatro años debe de escuchar a los vecinos”.

La historia

Así que todo comenzó en el Barrio Blanco, donde Chema Collados y unos amigos crearon la Asociación de Jóvenes Vecinos. Nadie podría sospechar entonces lo que se iba a venir encima. La tranquila y hermosa ciudad de Salamanca seguía viviendo con ese ritmo tan suyo, tan placentero, tan como si sus vecinos conociesen el secreto de la buena vida. Pero el movimiento vecinal comenzaba a moverse. “El mérito es todo de las asociaciones –explica Chema Collados–. Hay algunas –asociaciones– que han ido puerta por puerta, por las casas, diciendo, oiga mire, ¿sabe que van a subir esto?, ¿sabe que tal cosa? Y la gente se ha movido”. Y al final, quizás lo que suceda es que Chema se dio cuenta de que todo comienza en la casa de uno, en su barrio. “El Barrio Blanco es un barrio muy barrio. Por ejemplo, la tienda de Chelo. Llevaba 42 años abierta, y antes era la tienda de Tensi, su madre, y ahora la tienda de Chelo, y la cerraron en diciembre y la verdad es que ha sido un chasco para todos, aunque la Regina, otra vecina, ya ha abierto otra tienda”.

Y sigue hablando, porque Chema Collados es lo que menos se parece a un tipo que habla poco: “La gente está cansada de que no se le tome en cuenta. Hoy los vecinos quieren que se les escuche. La democracia, además de representativa, tiene que serparticipativa”.

Salamanca. 190.000 habitantes. Una economía basada en la universidad y en el turismo. El periodista Nacho Francia, ya jubilado, toda una vida haciendo información en la ciudad, cree que es una ciudad conservadora. Chema Collados no lo cree, y asegura que la prueba fueron las tres manifestaciones contra la subida de tasas. En Salamanca quizás comienza la España de los vecinos. Quizás lo deba saber quien vaya a gobernar después de marzo. Dice Chema: “Murcia, Cádiz, Badajoz, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora, Segovia... nos están llamando de todas partes para la manifestación del sábado. ¿Puedes poner que es a las 12?”.







* Público - PANCHO TRISTÁN - 24/01/2008
Foto: Salamanca, protesta en la Plaza Mayor - G.Lejarcegi (El País)

......................................... Leer más...

"Los desmanes urbanísticos no entienden de colores políticos"

LEVANTE/Valencia/Entrevista* : Delegado de Medio Ambiente, Patrimonio y Ordenación del Territorio en la Fiscalía de Valencia, se diría que Joaquín Baños se atreve con todo. No en balde, también es el portavoz para los medios de comunicación, puesto al que se ha prestado de forma voluntaria. Por ahora...

Comienza dando datos estadísticos sobre su trabajo en 2007, mientras Javier Carceller, quien ostentaba el cargo antes de marchar a la jefatura de la Fiscalía de Castelló, se ocupaba del caso Maeso. Joaquín Baños se conoce la materia y está en su ambiente, en medio ambiente. Pero es cauto al hablar, o por eso... Porque ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio abarcan más de una conselleria, y estamos en plena crisis del ladrillo y de los PAI.

-Vertidos, construcciones ilegales... ¿Hay que ser activista-ecologista para defender el medio ambiente?
-El ecologismo es viejo. En los años 70, el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) anunciaba y denunciaba en televisión: "Cuando un monte se quema algo suyo se quema". Y la sabiduría popular, añadía: "...Señor Conde". En 2006 se localizaron por el Seprona de la Guardia Civil muchos vertederos, pero de poca entidad. No se presentó ninguna denuncia, pero sí se detectó que los Ayuntamientos se pusieron manos a la obra en cuanto recibieron la notificación de la Fiscalía.

-¿La Administración no quiere, no puede o es que no tiene medios?
-No podemos decir que sea falta de concienciación de los ayuntamientos, que son los que tienen la autoridad en estas materias, en cuanto a planeamiento y potestad sancionadora. Pero te encuentras con ayuntamientos pequeños que tienen la potestad para dar permisos de edificación, paralizar obras o derribar y se ven con que carecen de medios porque no tienen alguacil ni policías para investigarlo.

-¿Se puede decir que los ayuntamientos sí son sensibles?
-Los ayuntamientos son sensibles a algo más que al medio ambiente, porque llegan las elecciones y quieren volver a ser elegidos, pero si se dedican a derribar los chalets de sus vecinos... De ahí que sean muy laxos a la hora de sancionar, especialmente cuando han permitido las edificaciones durante años y cobrando la contribución urbana. Pero ni siquiera teniendo licencia, significa que esa edificación sea legal. Es igual que cuando llegas al aeropuerto de Barajas con droga: primero te hacen pagar las tasas de aduana y luego te espera la Guardia Civil para detenerte.

-¿Y en los casos de PAI's? ¿Ha sido demasiado laxa la Administración Local? ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?
-El PAI es el instrumento urbanizador y puede dar lugar a una prevaricación por parte del ayuntamiento. Hay una bendición legal, pero lo que se denuncia son irregularidades en la planificación. Todo son granos que van formando la montaña: tanto si se consiente una indiscriminada construcción de chalets, que van surgiendo como setas, como si se da permiso a la construcción masiva... Pero, no nos movemos por esos parámetros, sino por lo individualizado.

-¿Hay confrontación o colaboración entre la Administración y la Fiscalía?
-No puedo decir que haya ninguna confrontación. Y los ayuntamientos no entienden de color político en el tema urbanístico. Los mismos desmanes los hacen unos que otros.

-¿Sería delito contra el patrimonio la reversión del Teatro Romano de Sagunt?
-Pudo ser delito la rehabilitación que se realizó entonces, cuando se decidió la contrucción. Porque los daños al patrimonio existían pero no como delito. Ahora, la reversión no es un delito porque es una resolución judicial.

-¿Y el derribo de Tabacalera?
-Sobre el derribo de Tabacalera no puedo dar datos, porque está siendo investigado por la Fiscalía en estos momentos.

-¿Y sería un delito contra el medio ambiente construcciones masivas de apartamentos en primera línea de playa como el Manhattan de Cullera?
-Técnicamente, no. El artículo 325 del Código Penal habla de emisiones peligrosas, vertidos... Estamos encontrando delitos en transformaciones agrarias, cuando se trata de eliminar la capa vegetal de la corteza terrestre o cuando existen especies protegidas... Y, cuando la extensión no es excesiva, se debe probar un perjuicio grave para el ecosistema, porque si no, no es suficiente. Ahora, cuando lo que se está cambiando es el ecosistema y hay un impacto visual importante, es cuando la Administración tiene que actuar. El Derecho penal es de reacción, no de prevención. Lamentablemente, actuamos sólo cuando hay un resultado, cuando se ha realizado el delito y ya no hay más solución que el castigo del culpable.

-Marbella, Murcia, Alicante... La corrupción urbanística sigue subiendo por el mapa geográfico. ¿Y en Valencia? ¿Cómo se comporta la Administración? ¿Hay colaboración?
-No tengo conciencia de obstaculización por parte de la Administración en los asuntos que investiga la Fiscalía sobre corrupción urbanística, al menos en Valencia. Aquí, casos de corrupción urbanística hay pocos. Incluso algunos son tan insignificantes como el de los vecinos del primero que denuncian a la comunidad porque han puesto un ascensor en la finca. Y esto es un delito contra la ordenación del territorio...

-¿Qué va a pasar con las edificaciones construidas en primera línea de la playa que conculcan la Ley de Costas? Es decir, ¿qué va a pasar con el hotel del Saler y las construcciones adyacentes?
-Si están dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestres, con las indemnizaciones correspondientes, podrían derribarse. Pero hay mucha normativa sectorial y es muy complicada.

-¿Se ha notado la crisis inmobiliaria en el monte?
-¿Pero hay crisis inmobiliaria? Por el piso enfrente de mi casa siguen pidiendo casi medio millón de euros. Ahora, si ello implica la paralización de los 400.000 PAI's pendientes...

-¿Tienen razón los propietarios residentes extranjeros al reclamar ante Europa contra la política urbanística del Consell?
-No es oro todo lo que reluce, sino que la mayoría de propietarios lo son de chalets ilegales. Se maravillaron al venir a España por lo fácil y barato que era construirse un chalet en un paisaje idílico sin ningún permiso, cuando lo único que podían construir era una casa de aperos de menos de 60 metros. El problema es que se han aplicado instrumentos jurídicos privados a materias de Derecho Público y se ha pretendido privatizar esa materia. Por eso ha habido un choque en Europa.







* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 23 de enero de 2008
Foto: Valencia, derribo Tabacalera - J.Císcar (El País)

......................................... Leer más...

Regasificadora, negocio y ruina

MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Se dijo desde el principio que el interés de la ampliación del puerto de El Musel de Gijón estaba en construirlo, ese era el negocio cuando ni se veía posible el incremento de tráficos como así está sucediendo. En todo caso para más carbón y mineral de hierro no hacía falta tanto puerto, ni 140 ha (hectáreas) más de dársena estando el actual puerto medio vacío. La falta de seriedad y de coherencia política en la apuesta por el transporte marítimo queda de manifiesto cuando enfrente de la ampliación del puerto se están cerrando los astilleros -en pleno auge de la construcción naval- cuya tradición e importancia está más que acreditada y cuando el fin primordial de cualquier puerto, que es el movimiento de mercancías, no tiene accesos adecuados para el hipotético trasiego de millones de toneladas.

En la bahía de Gijón todavía hay más negocio, el futuro económico -el especulativo- se inicia con la recalificación de los 200.000 m2 que ocupan los astilleros cuando, para su desgracia, se interponen entre la bahía y el gran espacio ferroviario de la "Playa de Vías" que ocupan FEVE y ADIF (antigua RENFE) en donde está prevista la otra gran burbuja inmobiliaria con otros 200.000 m2 cuya adecuación ni siquiera está en el plan de ordenación urbana por lo que su legalidad tendrá que ser a calzador, a posteriori, que también les vale.

A falta de tráfico portuario, que sólo era un burdo señuelo, las autoridades políticas y económicas desvelaron las verdaderas intenciones de la ampliación y de paso justificaban los 795 millones de euros (con una revisión al alza de 216 millones de €, más lo que venga) y descubrieron los motivos de la ampliación: la regasificadora, centrales de Ciclo Combinado, planta de Biodiésel -de momento en el aire- estaciones eólicas y lo que se les vaya ocurriendo sobre la marcha para justificar el negocio de la faraónica inversión o hacer más negocio.

Por otra parte y de modo contradictorio porque choca con la ampliación del puerto, el proyecto actual y a largo plazo es crear toda una zona urbana en este lado de la bahía; urbanizaciones y edificios construidos en las gradas y dársenas de los astilleros y en los solares de la industria que aún queda, con vistas al mar y playas a modo de gran área residencial y turística pero que ya nace muerta pues ni siquiera están dejando espacio para nada entre tanto ladrillo y la mar.

Mientras, además, para completar los rellenos de la la ampliación del puerto prevén arrebatar dentro de la bahía, enfrente de las playas, 13,6 millones de m3 de arena en una extensión de 333 hectáreas con un espesor de 3,8 a 4,6 metros que aportará el 55% del material de relleno necesario. El 45% restante hasta los 24 millones de m3 también "dentro también del dominio público portuario" como así dispone el BOE nº 287, Resolución del 02-11-2006, que aprueba la valoración de impacto ambiental de semejante estropicio. Paradójicamente prevén que una pequeña parte de esta arena se utilice para la alimentación de la playa de San Lorenzo. Pero, cuando ni se sabía, ni aún se sabe, el impacto que los espigones del puerto podrían tener sobre las corrientes marianas que originan el flujo de arena hacia la playa, resulta que ahora hemos de añadir que el relleno necesario para la ampliación del puerto van a sacarlo a dos millas de la propia playa para después volver a alimentar, con la misma arena, a la misma playa. En ninguna parte se menciona en impacto sobre la docena de playas restantes afectadas tanto de Gijón como de Carreño, ni el daño al ecosistema y al fondo marino por la extracción de la arena.

Pero, si a todo lo anterior se unen las tres actividades básicas de lo que pretenden sea el puerto: importación de mineral de hierro, carbón y la regasificadora con su comprobado peligro y la evidente contaminación del polvo del carbón y del mineral y los malos olores del aditivo que se añade al gas natural, el futuro medioambiental, paisajístico y turístico del perímetro de la bahía es realmente ruinoso y constituye un verdadero disparate que ha de sumarse a lo peligroso e insalubre. Todo lo dicho es también muy grave para Albandi, el Tranqueru, Perlora, Candás y todo el concejo de Carreño y sus playas.

En el programa de esta política, nada de empleo, ni de actividades, ni industrias auxiliares que a nadie parecen importar, sino más negocio salvaje -y efímero- con cuantiosas inversiones que por especulativas destruyen cualquier posibilidad de desarrollo razonable y equilibrado.

De las 145 ha de superficie de tierra obtenidas en la ampliación del puerto, sólo pueden ser útiles hacia el 90%, es decir, 130 ha, el 10% restante son necesarias para viales, grúas y otros servicios. Cada metro cuadrado costará 611 €, nada menos, más las revisiones al alza que se produzcan. Las empresas privadas adjudicatarias (Enagás, EDP, etc.) dispondrá generosamente de 18 hectáreas de un suelo que costará a las arcas públicas 110 millones de € a los que aún hay que añadir el coste del equipamiento y urbanización de la zona firme portuaria.

Pero, el aspecto más grave, tanto como el despilfarro económico y logístico, el todo patas arriba urbanístico de la Bahía y el cierre de los astilleros, lo es la peligrosa bomba de la regasificadora que prevén situarla precisamente en medio de una zona tan densamente poblada, justo enfrente y rodeada de una población de 300.000 habitantes que quedarán dentro del radio de acción de cualquier eventualidad y de cualquier accidente que, en ningún caso se puede descartar, cuando además a menos de 1.000, están los depósitos esféricos de Butano y los tanques de productos petrolíferos que ya suponen un riesgo en sí mismo, pero además multiplican el peligro de la regasificadora más aún.

En estas 18 ha de superficie portuaria las empresas concesionarias, prevén colocar cuatro tanques de 150.000 m3 de GNL (Gas Natural Licuado), 600.000 m3 en total, y unas instalaciones con una capacidad de regasificación de 1,2 millones de m3(n)/hora. Cada tanque tendrá un diámetro de 75 metros y una altura de 53 metros (como un edificio de 18 pisos). Pero, si su tamaño impresiona, su contenido junto con los necesarios trasvases de GNL asustan, es más, debieran constituir alarma social por el peligro y la incertidumbre que entrañan.

A la contaminación que genera la descarga del mineral de hierro y carbón por las nubes de polvo que levanta, más lo dicho sobre el GNL, hemos de añadir el peligro que supone que cada semana de uno a dos buques metaneros de GNL entren, y permanezcan, en una bahía del mar Cantábrico donde los temporales son más que frecuentes y, por otro lado, hay que añadir la carga de cientos de camiones cisterna necesarios para el transporte del GNL sin que se sepa qué cantidad se va a distribuir por gaseoductos o en camiones cisterna y aún hemos de sumar la construcción de no se sabe exactamente cuantas centrales de Ciclo Combinado ni tampoco su ubicación.

Asturias, tradicionalmente, ha sido suministradora de energía obtenida de las minas carbón directamente pero, sobre todo, por la energía consumida en productos con muy poco valor añadido pero con una aportación cuantiosa de energía, circunstancia que ha generado un modelo de industria básica intensiva en capital, contaminación, uso y abuso de recursos naturales que han acarreado una gran degradación del medio ambiente y un sesgo en el modelo económico que relegó a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, lo mismo que a empresas con tecnología de vanguardia.

Actualmente, Asturias exporta la mitad de la energía que produce y de la otra mitad sólo cinco actividades demandan el 95% de las necesidades energéticas de la industria regional acaparada por la siderurgia y fundición, metalurgia no férrea, cemento, química y papel que, además, pagan con la tarifa G4 de 2,6 a 3 cent. euro/kwh (regalada) frente a los 11 cént. euro/kwh -cuatro veces más- que han de pagar las empresas de servicios, pequeñas industrias, oficinas y las familias para los usos domésticos pero, esto sólo en teoría, porque los impuestos, alquileres, etc elevan el precio 5 o 6 veces más. Las cinco actividades citadas no aportan valor añadido, son altamente contaminantes, de poco empleo y no generan industria transformadora ni auxiliar que son las que sí pueden crear empleo. Es la típica economía de inversiones faraónicas de negocio seguro -y efímero- pero para empobrecimiento cierto de la población tal como está sucediendo. Esta es la especialidad, junto con el urbanismo, de los dirigentes políticos de Asturias y les va bien, pero sólo a ellos. La emigración -huida- de la juventud, el envejecimiento de la población junto con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea hace años que lo confirma.

Cuando ya estamos sobrados de energía, proyectan la ampliación del puerto de El Musel para que unas empresas privadas instalen una planta regasificadora sobre los costosos terrenos del puerto construidos con dinero público. Así se invierten y despilfarran los escasos recursos disponibles. Se trata de un plan estratégico de gran alcance donde el papel y protagonismo de las autoridades políticas del Ayuntamiento de Gijón, PSOE e IU, siempre al servicio de este proyecto, ha sido decisivo en su desarrollo comenzando por la alcaldesa Felgueroso y el teniente de alcalde Montes Estrada, del gobierno de Asturias y de su Presidente Areces quienes protagonizaron desde el principio la ampliación del puerto, todo ello con el apoyo financiero de Cajastur y de su presidente Menéndez que lo es también de Hidrocantábrico propiedad de EDP y que esta utiliza de pantalla. En resumen, negocio para las multinacionales y ruina para Asturias porque todo gira entorno a inversiones millonarias destinadas a su exclusivo beneficio pero que acarrea la destrucción de la bahía de Gijón, de lo que la rodea e hipoteca cualquier otra inversión coherente durante décadas a cambio de una regasificadora extraordinariamente peligrosa que amenaza -agrede- a la población con una ubicación que vulnera las normas más elementales de seguridad.







* Rebelión - 22-01-2008

......................................... Leer más...

Cartagena: Tres funcionarios declaran en la investigación del fiscal sobre Novo Carthago

LAVERDAD/Murcia* : La presunta corrupción urbanística sigue abriendo nuevos frentes en los juzgados, y ahora le ha llegado el turno al proyecto de Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor, en el municipio de Cartagena. La Fiscalía del TSJ, que investiga posibles delitos en la tramitación urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos, ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos, confirmaron ayer fuentes del Gobierno regional y de la propia Fiscalía.

Según ha podido saber este diario, han prestado declaración dos jefes de servicio y un técnico de la Dirección General de Medio Natural. Se trata de Miguel Ángel Martínez-Aedo, encargado hasta hace dos semanas del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, y tenía a su cargo los planes de la Red Natura 2000. Éste fue apartado del cargo junto a otros dos jefes de servicio, según publicó La Verdad el pasado día 11. Asimismo fue citada a declarar Inmaculada Ramírez, jefa de servicio de Información e Integración Ambiental. El tercero es Ramón Ballester, biólogo de Medio Natural. Este departamento se opuso a la recalificación de La Zerrichera.

Según denunció el PSOE, varios técnicos del Gobierno regional pudieron recibir presiones para no poner reparos ambientales a este proyecto, en una reunión a la que fueron convocados al parecer en el palacio de San Esteban.

Al lado de Lo Poyo

El proyecto de Lo Poyo puede poner en dificultades al Gobierno regional, puesto que circula el secreto a voces de que «algo se hizo mal» dentro de la Consejería de Medio Ambiente, después llamada de Desarrollo Sortenible, cuando se efectuó la tramitación urbanística. La Fiscalía requirió a la Consejería en dos ocasiones para que aportara toda la documentación sobre este caso. Una fue el 10 de julio del año pasado, y la otra en septiembre, cuando reclamó información adicional. A juicio del PSOE, se efectuó «una recalificación a la carta» en beneficio de la promotora Hansa Urbana.

El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a 5,5 millones de metros cuadrados y que hacían posible esta gran urbanización de 7.000 viviendas y dos campos de golf. El PSOE se abstuvo, según se publicó en su día. Siete meses antes, el PSOE votó a favor en una Comisión de Urbanismo que abordó el mismo proyecto. Los promotores se comprometían a rehabilitar el Monasterio de San Ginés de la Jara, que queda dentro del futuro enclave turístico.

Novo Carthago linda con la finca de Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional. La diputada socialista Teresa Rosique declaró que en la tramitación de Novo Carthago «se obviaron dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en suelos de interés agrícola existente en la zona». La diputada denunció asimismo la existencia, al parecer, de presiones desde el Gobierno regional hacia los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en una reunión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban.







* La Verdad - M. BUITRAGO - 23 enero 2008
Foto: La urbanización de Novo Carthago tuvo su puesta de largo en junio del año 2002. / J. M. RODRIGUEZ - laverdad.es

......................................... Leer más...

El crac de una constructora deja a 300 gallegos con pisos embargados

ELCORREOGALLEGO* : Las comarcas pontevedresas de O Baixo Miño y de A Cañiza viven desde el lunes bajo la conmoción de la quiebra del grupo constructor Marbar. Las consecuencias del cierre patronal van más allá del despido de sus 56 empleados porque la empresa acumula deudas millonarias tanto con sus proveedores y subcontratistas como con 300 compradores de sus promociones que han descubierto que las viviendas, para cuya compra anticiparon dinero, están embargadas por distintos bancos debido a las deudas del empresario.

Atrincherados en la sede principal de la empresa para impedir la salida tanto de maquinaria, como de valioso material de construcción y de toda una flota de vehículos de empresa. Así se defienden los empleados de Marbar, con sede en la localidad pontevedresa de Tomiño, ante la descapitalización de la empresa y tras ser informados de que el propietario, Manuel Martínez Barros, ha "desaparecido" sin dar explicaciones.

Los trabajadores pasaron ayer del desconcierto de primera hora provocado tras ser informados del cierre de la empresa "porque no hay ni dinero ni trabajo", al malestar del mediodía tras recibir la carta de despido donde se les notifica la decisión justificada en los problemas económicos de la empresa. Explican que ante esta situación han decidido poner a salvo los bienes que quedan para que en el proceso de embargo judicial quede patrimonio con que responder a la deuda contraída con los trabajadores.

Las primeras reclamaciones presentadas ayer por las empresas subcontratadas por la constructora apuntan a deudas millonarias que pueden provocar un efecto dominó de cierre en los talleres y empresas no sólo por los impagados de trabajo y de material, sino porque Marbar era su principal cliente al ser la constructora conocida en todo O Baixo Miño y A Cañiza por el volumen tan numeroso de pisos y de promociones inmobiliarias.

LOS DATOS

Acreedores Las deudas del grupo Marbar con sus proveedores oscilan entre los 20.00 euros, las de menor importe, a los 360.000 a una empresa de encofrados o los 300.000 a otra dedicada a la construcción e instalación de estructuras.

Pagarés Desde principios del enero, Manuel Martínez Barros entregó pagarés, presuntamente sin fondos, a las empresas que contrataba con vencimientos a 90 días, que ahora no pueden ser cobrados por falta de solvencia.

Préstamos Distintas fuentes han confirmado que apenas 24 horas antes de desaparecer el empresario pidió dinero a distintas entidades financieras, por valor de hasta 70.000 euros. Si ayer por la mañana su hijo, Marcos Martínez, fue visto por la empresa aduciendo que el cierre es provocado por la falta de trabajo y de dinero, por la tarde también se encontraba en paradero desconocido.

Inspección La delegación de la Consellería de Traballo de Pontevedra investiga desde ayer la situación de los trabajadores de Marbar, aunque el inspector José María Casas de Ron explica la complejidad del caso por la falta de interlocución patronal al estar el empresario en paradero desconocido.

Materia lAnte la certeza de que no van a cobrar las deudas pendientes, algunas de las empresas acreedoras optaron por sacar de los pisos construidos los materiales instalados, aumentando así la alarma entre los compradores de viviendas que desconocían la ejecución de embargos bancarios sobre ellas.

MEDIDAS URGENTES

Reunión urgente de compradores

A Cañiza fue anoche el punto de encuentro de los compradores que han descubierto que las viviendas para las que se han hipotecado, cuya documentación de compra definitiva está todavía sin tramitar, son propiedad de entidades financieras por haber sido hipotecadas por el constructor y después embargadas.

Turnos de guardia de seis horas

José Pereira, trabajador de la empresa, asegura que han decidido mantener las guardias con turnos de seis horas en la sede para que no se repita la situación de las canteras de las que ha desaparecido toda la maquinaria pesada, que es la de más valor, con el argumento de que iba a ser trasladada a una cantera de Portugal.






* El Correo Gallego - M.G. • VIGO - 23.01.2008
Foto: Tomiño (Pontevedra), concello - riasbaixas.org

......................................... Leer más...

Denuncian una macrourbanización en suelo no urbanizable en Periana (Málaga)

GENA-Ecologistas en Acción* ha presentado denuncia ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, sobre una macrourbanización que pretenden construir en suelo no urbanizable del municipio de Periana y ha solicitado que por parte de la Consejería de Obras Públicas se proceda a la anulación de este proyecto por su manifiesta ilegalidad urbanística y por su potencial impacto ambiental y paisajístico.

Dicha asociación ha tenido noticia, a través del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 17 de Enero del 2008, de un Proyecto de Actuación, firmado por el alcalde del ayuntamiento de Periana, promovido por la sociedad mercantil Ciudad Deportiva de Periana.

En dicho anuncio no se explicita, ni se hace alusión alguna a ningún documento a disposición pública ni las características urbanísticas de dicho proyecto. No obstante, esta asociación ha podido tener acceso algunas de las características de este proyecto en la página web de la promotora (Alsol 2000, con sede en Torre del Mar).

Según este documento, se pretende crear un complejo urbanístico, cuyo supuesto “interés social” consiste en un equipamiento deportivo, destinado en principio de deportistas de élite.

En los planos y reconstrucciones infográficas que presenta el proyecto se puede advertir que el complejo consta de dos campos de fútbol, piscinas deportivas, campos de tenis, etc.

Para GENA-Ecologistas en Acción, en este tipo de proyectos urbanísticos, el pretendido interés social oculta deliberadamente el auténtico interés urbanístico de construir un conjunto no especificado de viviendas residenciales unifamiliares en suelo rústico no urbanizable, a bajo precio, bajo el eufemismo de “ciudad deportiva”, por lo que se trata de una modalidad de especulación urbanística del tipo realizado bajo el paraguas de los campos de golf: conseguir urbanizar en suelo rústico, a bajo precio y por tanto lograr altísimos beneficios a costa del patrimonio natural y paisajístico.

Pero, independientemente de esta valoración previa, encontramos serios obstáculos de tipo legal para la realización de este proyecto:

Y es que el ayuntamiento de Periana carece de Plan General de Ordenación Urbana (hay un avance que no ha pasado de este trámite). En la actualidad tiene vigente las antiguas Normas Subsidiarias, que no contemplan la calificación del suelo en que pretende desarrollarse este proyecto.

Por otro lado, se ha utilizado el recurso, lamentablemente extendido en la comarca, de “Plan de Actuación” aludiendo al artículo 43 de la LOUA, cuando este artículo sólo contempla actuaciones puntuales de viviendas ligadas a la actividad agrícola en suelo no urbanizable, nunca sobre megaproyectos de este calado.

Además, y en cualquier caso, para realizar este proyecto es preceptivo contar con un suelo urbano o urbanizable, nunca un suelo no urbanizable, por lo que el proyecto pretende obviar este requisito, con los comentados réditos que ello supone.

En otro orden de cosas, consideramos que este proyecto, además de estos problemas legales, contaría con algunos problemas de tipo técnico y ambiental, tales como: el sustrato geológico en el que se asienta el proyecto es de naturaleza arcilloso-margoso, especialmente arcillas expansivas, susceptibles de adquirir plasticidad con el agua de la lluvia y crear deslizamientos gravitacionales, que localmente se conocen como “hundideros”, que en esta zona son claramente manifiestos cada año; Los recursos hidrológicos del municipio son deficitarios para atender la demanda actual; la ciudad deportiva se construye en una zona relativamente cercana al Embalse de la Viñuela, con todo el riesgo que ello supone para los vertidos de aguas residuales; y por último; una infraestructura de estas características se saldaría con un fortísimo impacto visual y paisajístico que en nada beneficia a este recurso tan preciado en esta comarca.

En definitiva, para Ecologistas en Acción, el proyecto es una muestra clara del polo opuesto al desarrollo sostenible que este municipio debe acometer si ha de ser fiel a sus compromisos de la Agenda 21 Local.






* Ecologistas en Acción /Málaga - 18 de enero 2008
Foto: Periana (Málaga) - malagapueblos.com

......................................... Leer más...

El Ayuntamiento de Alicante reduce las inversiones para pagar una condena judicial

INFORMACIÓN* : La decisión del alcalde, Luis Díaz Alperi, de no destinar a la construcción de viviendas protegidas lo recaudado en una subasta de suelo municipal va a costar a las arcas municipales un total de 10 millones de euros, que deberá ingresar en la cuenta del "Patrimonio Municipal de Suelo" como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ratificada por el Tribunal Supremo, que condena al Ayuntamiento.

Ante la grave distorsión que supone tan elevada cantidad para las arcas municipales, el ingreso de los diez millones se efectuará en cuatro años. Para hacer frente al pago de este año se suprime la restauración del Castillo, pasos para minusválidos y mejoras en barrios, entre otras partidas.

La sentencia firme e inapelable del Tribunal Supremo data ya del 7 de noviembre de 2005, y en ella se declaraba contraria a derecho la decisión municipal de destinar la recaudación de una subasta de suelo municipal a la compra del Cuartel de Benalúa y a adquirir un inmueble para la Hacienda Municipal. Sin embargo, pese a los más de dos años transcurridos, la sentencia todavía estaba sin ejecutar hasta que ayer, en la Junta de Gobierno Local, y por procedimiento de urgencia, se acordó la fórmula para hacer frente al pago, que no estará completado hasta el año 2011.

Como se recordará, la subasta de suelo en cuestión se celebró en 1998 y fue recurrida por el entonces concejal de EU, José Luis Romero, por considerar que las leyes exigían que la recaudación de la subasta se debía destinar a construir viviendas protegidas, y a quien los tribunales dieron la razón. La cantidad que se debió destinar a este fin era de poco más de ocho millones y medio de euros, cantidad que con los intereses devengados desde entonces asciende a prácticamente diez millones de euros, exactamente 9.944.794.

En el acuerdo tomado ayer por el Ayuntamiento se reconoce el retraso en la ejecución de esta sentencia, puesto que ya el 18 de diciembre de 2006 la Junta de Gobierno Local acordó ingresar la citada cantidad en la partida del Patrimonio Municipal de Suelo, pero tal acuerdo aún estaba pendiente de ejecutar, lo que el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, en un informe, atribuye a que en 2007 el Ayuntamiento ha funcionado con un presupuesto prorrogado.

El acuerdo de ayer establece fraccionar el ingreso de los diez millones en cuatro plazos anuales de dos millones y medio, de forma que la operación se complete dentro del actual mandato municipal que concluye en 2011.

El pago fraccionado de los diez millones de euros lo justifica el edil de Hacienda en su informe al señalar que "dado que por el momento nos encontramos en situación de prórroga presupuestaria, no es posible la afección total del importe que nos ocupa sin causar un muy grave perjuicio para el normal funcionamiento de los servicios municipales", y añade que el pago al completo de la cantidad "reduciría sustancialmente las posibilidades de realizar inversiones en 2008, que siendo necesarias, no se podrían acometer". Sin embargo, frente a estas lamentaciones del edil de Hacienda, si el Ayuntamiento ingresara al contado los diez millones de euros a la partida del Patrimonio Municipal de Suelo, se dispondría de una importante partida para la construcción de viviendas de protección pública.

En cualquier caso, los proyectos más importantes de 2007 a los que el Ayuntamiento renuncia en la actualidad para poder hacer frente al pago del primer plazo de dos millones y medio de euros son la construcción de nuevos pasos para minusválidos y la restauración de la muralla medieval del Castillo de Santa Bárbara. Además, se reducen partidas destinadas a las infraestructuras en barrios, a la reposición de instalaciones eléctricas en colegios, a la renovación de las instalaciones eléctricas del alumbrado público en distintas zonas y a otras que aparecen en el cuadro anexo. Además, se incorporan los 841,641 euros que quedaban de remanente de la venta del estadio Rico Pérez a Enrique Ortiz.







* Información - MANUEL DOPAZO - 22 de enero de 2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

......................................... Leer más...

El juez del caso 'Guateque' investiga el entorno de Armada en la Gerencia

TERRA/Madrid* : La imputación del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha abierto una nueva línea de investigación en el entramado de la 'operación Guateque'. El juez Torres ha comenzado a investigar a varios colaboradores de Armada, así como a diversos empleados que, entre 1997 y 2003, trabajaban en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

De esta manera, la supuesta trama funcionarial podría comenzar a afectar no sólo a personal del actual y anterior mandato municipal -los de Ruiz-Gallardón-, sino también a otros cargos de confianza de la época anterior, la de José María Álvarez del Manzano. Personas, algunas de ellas, que no se encuentran ya trabajando en el Consistorio madrileño, según precisaron fuentes cercanas al caso.

Probablemente, de esto se hable también hoy en el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Será allí donde acuda, en calidad de imputado, al mediodía, Luis Armada. Deberá responder a las preguntas que le haga el juez Santiago Torres sobre la concesión de varias licencias otorgadas durante su etapa como 'número dos' en Urbanismo, con José María Álvarez del Manzano como alcalde. Armada deberá responder, por ejemplo, sobre una licencia concedida para levantar el hotel Pío XII, en el distrito de Chamartín, y sobre un permiso que firmó para la reforma de un sótano de un palacete familiar de la calle de la Bola. Se trata de un edificio protegido, de principios del siglo XX, donde el propio Armada estaba empadronado.

Al conocer la citación, el abogado del viceconsejero aseguró que desconocía por completo el contenido de la imputación, si bien matizó que podría deberse a un expediente de licencia tramitado en 1998 para construir un hotel en el distrito de Chamartín. 'La licencia de este hotel se ajustó escrupulosamente a la legalidad. Se cumplió el planeamiento urbanístico al detalle', expuso el abogado, añadiendo que la actuación de su representado 'no supone ninguna infracción administrativa ni penal'.

Además de Armada, el titular del Juzgado de Instrucción 32 interrogará de nuevo a Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencia de la Gerencia de Urbanismo. Acero ya declaró en la primera fase como imputado, saliendo libre del juzgado. También comparecerán Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente.

Por otra parte, el juez Santiago Torres levantó ayer la totalidad del secreto sumarial del caso que pesaba sobre las diligencias en las que investiga presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de concesión de licencias correspondientes a la Concejalía de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

A principios de enero, el magistrado levantó el secreto de diez tomos de la causa, correspondientes a las diligencias practicadas hasta el 17 de noviembre. La parte que se hizo pública entonces se refería a la mayoría de las escuchas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y a los registros realizados unos días antes sobre el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y las Juntas de Distrito de San Blas, Centro y Chamberí.

El levantamiento total del secreto de la causa (de los once tomos restantes) permitirá a las partes personadas, que se elevan a 37 entre abogados defensores y acusaciones, conocer las actuaciones practicadas hasta ahora y las que se desarrollen próximamente.







* Terra Actualidad - VMT - 23/01/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE

......................................... Leer más...

Cien metros de costa libres de ladrillos

EUROPAPRESS* : Un total de 14 países mediterráneos han firmado en Madrid el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, en el que se establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa, según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras el acto protocolario.

La suscripción de este acuerdo sucede a la celebración la semana pasada en Almería de la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera de esta área (Convenio de Barcelona), y se convierte en el primer instrumento legal vinculante a nivel internacional sobre protección integral del litoral.

Sólo Turquía ha presentado una reserva de estudio al protocolo, según explicó el jefe de la División de Protección de Medio Ambiente y los Ecosistemas Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Cachón, en relación a la gestión integrada del litoral de las islas. Ahora, este país tiene dos opciones: firmar el resto del documento e inhibirse en esta parte o no firmarlo. En todo caso, Cachón recordó que basta con la ratificación de seis países para que la norma entre en vigor.

Tampoco firmaron ni la Comunidad Europea (que requiere de más trámites burocráticos) ni Líbano, Libia, Chipre, Bosnia-Herzegovina ni Egipto, que podrán hacerlo a lo largo del próximo año. Sí han firmado ya el protocolo Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, Siria, Túnez y España.

Narbona subrayó la importancia de esta protección teniendo en cuenta que se prevé un retroceso entre 20 y 60 metros de la línea de costa en el litoral mediterráneo en 50 años por efecto del cambio climático. "Este es el desafío al que se enfrenta España", aseguró.

Afectados de la Ley de Costas

Por otra parte, la ministra aseguró que "aún no ha recibido el informe", que la plataforma de afectados por la Ley de Costas señaló que le había remitido y que hará llegar a la UE, y que sólo conoce el texto a través de los medios de comunicación.

La ministra explicó que "analizará con todo el rigor que merece un planteamiento que parte de unos ciudadanos que se ven afectados por dicha ley" y que espera obtener una "respuesta satisfactoria" por parte de la UE, si finalmente la Plataforma dirige ese informe a las autoridades europeas.

Narbona apuntó que cuando tenga el estudio intentará "poner de manifiesto, de forma documentada, cada uno de los casos de supuesto abuso que se contemplen en el texto y de cómo se ha llevado, en estos años, la Ley de Costas".

La titular de Medio Ambiente mantuvo que "en ningún caso se está aplicando la Ley de Costas con retroactividad" y añadió que "la Ley contempla situaciones transitorias que afectan a concesiones obtenidas antes de su aprobación".

Además, explicó que el proceso de deslindes es "garantista", ya que los ciudadanos que se consideren afectados pueden recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión del deslinde correspondiente.

La ley establece garantía de derechos para los ciudadanos: tanto para los propietarios y para los que no siendo propietarios, tienen derecho al uso publico del litoral de acuerdo con la legislación vigente. Para la ministra el problema reside en que ha habido una insuficiente aplicación de la ley que ha llevado a la privatización al margen de la ley de un espacio público y que ahora hay que preservar, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.

Asimismo, explicó que el Convenio de Barcelona, que nace para reducir la contaminación, combatir la pérdida de diversidad y preservar las zonas costeras, tiene mucho que ver con la Ley de Costas, ya que supone la incorporación de determinados principios a la protección del litoral.

En concreto, al igual que con la ley aprobada en 1988, este convenio establece el compromiso de todos los países del mediterráneo de evitar la construcción en los primeros 100 metros de las costas.







* El Mundo - E.P. - Madrid, 21/01/2008
Foto: Benidorm, obras Punta Lisera - L.Hevesi (El Mundo)

......................................... Leer más...

Instan al cierre inmediato del hotel de los futbolistas famosos de Almuñécar

20MINUTOS/Granada* : El hotel Bahía Almuñécar tiene 48 horas para echar el cierre. El Ayuntamiento de esta localidad costera ha instado al cese inmediato de su actividad al establecimiento. El local, promovido por futbolistas famosos como Fernando Morientes o los ya retirados Carlos Aguilera, Amavisca o Roberto Ríos, deberá cumplir así el auto de un juzgado de Granada que suspendió la licencia de primera ocupación concedida a la empresa en enero de 2007.

Aunque el hotel recibió la notificación de esta resolución en octubre, ha continuado con su actividad de manera normal "haciendo caso omiso" a las advertencias tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía. Al parecer, los responsables del establecimiento consideraban que la presentación de un recurso de apelación contra el auto judicial les amparaba para mantener abierto el hotel.

Fue en julio del año pasado cuando el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada suspendió la licencia municipal de primera ocupación concedida al hotel.

Según el Gobierno andaluz, la tramitación del proyecto había sido irregular, ya que el Ayuntamiento cambió el uso de una parcela destinada a equipamiento público y la convirtió en suelo de uso "residencial hotelero exclusivo".

Así, lo que iba a ser un bloque para oficinas de nueve plantas se convirtió en un hotel de doce pisos.

Y es que, según Obras Públicas, el Bahía Almuñécar supera en 3.366 metros cuadrados la edificabilidad que había prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Sin embargo, éste no es el único establecimiento que tienen estos futbolistas en la localidad. El Bahía Tropical, abierto en 2001, también es de ellos, aunque ninguno figura en el consejo de administración de la sociedad que los gestiona. Ambos locales son conocidos como los hoteles de los "galácticos".

La Marbella granadina

Almuñécar es el municipio granadino que acumula más denuncias por irregularidades urbanísticas. La localidad costera está en el punto de mira desde que, en plena operación contra la corrupción urbanística en Marbella, la Junta avisó de que retiraría las competencias sobre el tema a todos los municipios que incumplieran la legalidad.

Sin embargo, aún no existe ni una sentencia firme que condene al Consistorio sexitano por estos delitos. La mayoría de los expedientes abiertos se refieren a excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones del PGOU que exceden las competencias municipales.






* 20 minutos - R. R.. 21.01.2008
Foto: Almuñécar - motrildigital

......................................... Leer más...

Paisajes robados

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Están de enhorabuena los ladrones de paisajes. Una vez puesta en marcha la "normalización urbanística" de Marbella, ese eufemismo que encubre la legalización de casi todo lo construido de forma irregular, se abre paso otro proceso normalizador. Ahora el judicial. La Fiscalía y las defensas de los ex concejales del GIL, inmersos en más de 70 causas por conceder licencias ilegales, van a cerrar un pacto para que las múltiples causas pendientes no atasquen los juzgados. El asunto es fácil de explicar y parte de una premisa esencial, la de considerar que todas las causas son "delitos conexos" y tienen un límite de cumplimiento de condena, el triple de la pena mayor que se imponga.

Lo explico con un ejemplo: Julián Muñoz, el ex alcalde marbellí, tiene pendientes medio centenar de causas por las que debe ser juzgado, pero el artículo 76 del Código Penal establece que cuando una persona comete dos o más delitos entre los que hay conexión, el máximo de cumplimiento de las condenas "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más graves de las penas en que haya incurrido". Por ello, a partir de la tercera condena, a Julián Muñoz los desmanes urbanísticos cometidos le saldrían gratis.

La Fiscalía, consciente de que la iniciativa no está exenta de polémica, ha advertido de que el acuerdo se limitaría a las causas abiertas por la concesión de licencias ilegales y no afectará a otros delitos urbanísticos, como la firma de convenios irregulares o el propio caso Malaya, que investiga la trama de corrupción instaurada en el consistorio. Y hasta ahí podríamos llegar, habría que decirle a la Fiscalía. A resultas del acuerdo, las defensas de los ex concejales asumirían las penas solicitadas en cada causa individual y, a cambio de ello, el ministerio público rebajará las peticiones de prisión de los ediles, que en cualquier caso sólo pueden ser de un máximo de 24 meses. A efectos prácticos, se evitarían celebrar múltiples vistas orales y los condenados, como máximo, acumularían penas de seis años. A efectos reales, las penas serán menores, ya que el compromiso de la Fiscalía es rebajar la condena a cambio de la aceptación de la pena.

Jurídicamente no hay nada que objetar. Es más, la celebración de los juicios no garantizaría penas mayores, dilataría los procesos, colapsaría los juzgados y tendría un enorme coste para la administración de Justicia. Entonces, el problema de que el acuerdo rechine por todos lados y que los desmanes urbanísticos de los gobiernos gilistas vayan a acabar con penas casi ridículas, habrá que buscarlo en otro sitio. El pasado mes de diciembre el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo integrado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal, elaboró un manifiesto proponiendo a las administraciones que actúen con mano dura frente a la corrupción urbanística. En este foro reprocharon que ni el Estado ni las autonomías ni los ayuntamientos ni los jueces ni los fiscales son todavía eficaces para combatir este creciente problema, por ello pidieron medidas ejemplarizantes. De un lado, la demolición de edificios ilegales. De otro, el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con este fenómeno.

De momento, en Marbella los dos procesos de normalización puestos en marcha -tanto el urbanístico como el jurídico- están lejos de estas propuestas y van dejando cierta sensación de impunidad que tiene poco de ejemplarizante. Hay, además, una normalidad que han olvidado todos: cómo se devuelve el paisaje robado. Quién restituye la playa o repone los árboles perdidos. Y otro olvido no menor, esta vez en el Código Penal, qué condenas se contemplan para cuando los delitos de medio ambiente afectan al ambiente entero.







* ELPAIS.com - Andalucía - 22/01/2008

......................................... Leer más...

Cantabria: El TSJC anula las Normas Urbanísticas Regionales para 29 ayuntamientos

ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) que el Gobierno de Cantabria aprobó el 25 mayo de 2006 porque el Ejecutivo no sometió a información pública la Evaluación de Impacto Ambiental.

Con esta sentencia, un total de 29 ayuntamientos que representan un tercio del territorio regional aunque con menos del 5 por ciento del población, quedan privados de una serie de criterios urbanísticos básicos para regular la construcción en sus municipios, pues dichas normas eran de aplicación directa allí donde se carecía de plan general o de normas subsidiarias.

Los 29 ayuntamientos ocupan exactamente el 38,5% del territorio, si bien en tan extenso espacio tan sólo se encuentra el 4 por ciento de la población total de Cantabria. La relación es la siguiente: Anievas, Cabezón de Liébana, Camaleño, Cieza, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Lamasón, Liendo, Luena, Miera, Penagos, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rasines, Ruesga, San Pedro del Romeral, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Udías, Valdáliga, Valdeprado del Río, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Liébana, Vega de Pas y Villafufre.

Según la sentencia, la Sala anula las NUR por no haber sometido a información pública su estudio de impacto ambiental, un requisito que era obligatorio desde unos días antes. De este modo, la sentencia acepta el recurso que presentaron una serie de ayuntamientos (ver recuadro) que alegaban, entre otros motivos, una cuestión de procedimiento como la falta de información pública de aquel trámite ambiental.

Recurrir o subsanar

La primera reacción del Gobierno a esta sentencia ha sido un comunicado para anunciar un probable recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que supone que dicha sentencia del TSJC no es firme. Tampoco han descartado subsanar la laguna de procedimiento censurada por el TSJC sometiendo a información pública lo requerido.

El abogado Francisco Javier Fernández González, que llevó el recurso de los ayuntamientos, estima que con un recurso ante el Supremo se puede crear «una inseguridad jurídica» en materia urbanística y que puede dar lugar lugar «a una situación de esquizofrenia»: el Gobierno considera aplicables las NUR porque la sentencia no es firme, pero los ayuntamientos pueden plantear que las NUR no se apliquen porque cualquier recurso que se presente en adelante va a ser estimado por el TSJC.

Las NUR recibieron el visto bueno del Gobierno a mediados de 2005 y durante dos meses se sometieron a información pública. El texto se envió a los ayuntamientos para su consulta, pero no se adjuntaba el Informe de Impacto Ambiental. Las referidas Normas Urbanísticas Regionales acabaron siendo aprobadas en mayo de 2006, pero poco después se adaptaba a la legislación española una directiva europea que establecía la obligatoriedad de presentar y acompañar el informe medioambiental. Una norma con efectos retroactivos y que, por tanto, afectaba a las NUR pese a estar aprobadas con anterioridad.

Según se señala en la sentencia, el TSJC considera que de acuerdo con la nueva normativa básica, «la consulta al público en general del informe ambiental pasaba a ser necesaria y preceptiva». Sin embargo, la Sala lamenta tener que «adoptar tan drástica solución (anular las Normas) frente a una Administración que ha dado muestras sobradas de receptividad a la normativa comunitaria ambiental». Tanto que el propio TSJC califica de «paradójica» la situación de que un Gobierno como el cántabro, «que viene dando muestras sobradas de sensibilidad en materia medioambiental», vea anulado un Decreto «que incrementa la protección en este ámbito».

Frente a la postura del recurso de casación que anuncia el Gobierno, el letrado Fernández González entiende que el Ejecutivo y los ayuntamientos afectados «deben sentarse a dialogar» con posturas flexibles «para consensuar unas medias razonables».

En su opinión, el camino del recurso que anuncia va a tomar el Gobierno «puede dar lugar a una inseguridad jurídica» porque si bien las NUR son aplicables al no haber sentencia firme, la Sala estimará cualquier recurso que se presente contra las NUR. Y esa inseguridad jurídica puede alargarse entre tres y cinco años, el tiempo estimado en conocer el fallo del Tribunal Supremo.

«El Gobierno no se puede poner una venda en los ojos», estima el abogado Fernández González, «por mucho que se recurra al Supremo». Considera que ambas partes, Ejecutivo y ayuntamientos «deben aplicar el sentido común y buscar soluciones, y sobre todo, deben buscar una seguridad jurídica»







* El Diario Montañés - TEODORO SAN JOSÉ - 22 enero 2008
Foto: Vista de un barrio de la población de La Hayuela, en el municipio de Udías, uno de los recurrentes y afectados por la anulación de las Normas Urbanísticas Regionales / eldiariomontanes.es

......................................... Leer más...

El juez también imputa al alcalde de Telde el delito de prevaricación en el ´caso Yrichen´

LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde, Miguel Ángel Agüero, ha acordado imputar al alcalde Francisco Santiago, al concejal Ildefonso Jiménez y a los ex ediles Marcelino Galindo y Julián González la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de la sede de la ONG Yrichen -dedicada a la atención a los drogodependientes- en un suelo emplazado en el barrio de La Pardilla y que no contaba con la calificación de urbano en el momento de iniciarse los trabajos.

Según los datos obtenidos por este medio, Agüero dictó a finales de noviembre un auto por el que acordaba la apertura de juicio oral por este pleito y la remisión de la causa a los juzgados de lo Penal de la capital grancanaria. Previamente, el magistrado acordó asumir las peticiones cursadas por el fiscal del TSJC Carlos Fernández Seijo, quien en su escrito de calificaciones, que obra en poder de este rotativo, solicitaba la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años para Santiago y el resto de políticos, mientras que para los arquitectos Elisenda M. y Antonio B. interesaba dos años de prisión, una multa global de 5.400 euros e inhabilitación en el ejercicio de su profesión por el tiempo de dos años.

Básicamente, el representante del ministerio público arguye en su texto que los imputados plantearon el edificio en un suelo rústico agrícola no protegido y que, siete años después, en 2002 había pasado a tener la consideración de suelo urbanizable, pero sólo para acoger un parque urbano y en ningún momento un inmueble.

Fernández entiende que los imputados tenían que haberse pertrechado de informes técnicos y jurídicos que diesen cobertura legal a la ubicación del bloque en ese punto "pese a no ser preceptiva la licencia municipal de obras". El escrito también deja la puerta abierta a la posibilidad de que se tenga que demoler el centro, algo que intentará evitar el Ayuntamiento, según reconoció ayer el edil del área, José Antonio Perera.







* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ / TELDE - 21-01-2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad

......................................... Leer más...

El Ayuntamiento de Valencia edifica sobre el antiguo camping del Saler

LEVANTE* : En enero de 1999 el Ayuntamiento de Valencia tomó la decisión de cerrar el camping municipal que tenía construido y explotaba en plena Devesa del Saler. En el marco de las actuaciones de recuperación del parque natural, se anularon los contratos de los campistas y se desmantelaron las instalaciones de "obra dura" derribando hasta diez edificaciones, símbolo de otros tiempos y otras formas de entender el urbanismo y el medio ambiente.

Siete años después del cierre y derribo, la concejalía de Devesa-Albufera ha impulsado el proyecto "El lugar de los sentidos", constituido por una residencia, talleres y un museo del parque natural accesible a los disminuidos y que supone volver a edificar en el parque natural aunque, según los responsables, con la obra mínima necesaria.
El ayuntamiento pensó desde el principio en algún tipo de instalación para este espacio basándose, según los informes, en que "ya se encuentra antropizado" aunque en los años transcurridos desde el desmantelamiento se han sucedido varias campañas de plantación de vegetación autóctona. Los edificios de nueva planta se situarán en un área que se reservó para dotaciones públicas. Según los técnicos, el proyecto no está sometido a la declaración de impacto ambiental pero sí será necesario el visto bueno del mismísimo Consejo de Ministros ya que linda con la zona de protección marítimo-terrestre donde Costas sólo permite las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y prohíbe expresamente el alojamiento excepto si se justifican razones de utilidad pública.

El ayuntamiento ya construyó un retén de bomberos en el parque natural. Con esta nueva obra, y para que el impacto en el paisaje no sea grande, está previsto que el edificio o edificios tengan pocas plantas y queden cubiertos por arena y vegetación a modo de duna. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la utilización de energías renovables y la elección de materiales respetuosos con el medio.
"El lugar de los sentidos" incluirá varios usos, los principales (residencia, talleres y museo) estarán vinculados al parque natural. Los talleres combinarán actividades lúdicas y docentes y la residencia permitirá que los colectivos escolares que participen puedan pernoctar en el edificio. El museo o área de exposiciones estará abierto al público en general y el complejo también hará funciones de oficina de información y orientación.

Una de las principales características -y condiciones- del proyecto es que sea accesible a personas con cualquier tipo de minusvalía. En este sentido, colaborará con el ayuntamiento la Fundación Once. El ayuntamiento acaba de convocar el concurso para contratar la consultoría y asistencia técnica de redacción del proyecto (con un precio de licitación de 164.478,40 euros), para lo que se prevé un plazo de cinco meses. Los cálculos de los técnicos municipales sobre el anteproyecto estiman que las obras tendrán un coste total de 6.103.081 euros. La oposición votó en su día a favor de este proyecto.






* Levante-EMV - 22 de enero de 2008
Foto: Obras de derribo de las antiguas edificaciones del camping de El Saler/ alberto sáiz, levante-emv.com

......................................... Leer más...

Córdoba: El anónimo que levantó la liebre

ELPAÍS* : El o la denunciante se presentaba como una persona preocupada por el deterioro urbano y rural provocado por las edificaciones ilegales en Córdoba en el preámbulo del escrito que envió a la Guardia Civil el 25 de julio de 2007. La carta no tenía firma, pero sí adjuntaba un plano dibujado a mano en el que se señalaba la ubicación exacta de la parcelación ilegal de Torreblanca.

Porque el dedo acusador del anónimo señalaba a esa urbanización y a una pareja de agentes de la Policía Local de Córdoba que trabajan en la unidad de protección del medio ambiente y que se han levantado allí una casa ilegal, según la detallada información que manejaba este desconocido.

El Ayuntamiento mantiene abierta una investigación en este momento para tratar de averiguar si en el seno de esta unidad de la Policía Local, que entre otros cometidos tiene el control de las infracciones urbanísticas, se ha podido cometer alguna irregularidad. Hasta el momento, se sabe que cinco agentes municipales, entre los que está la pareja denunciada de forma anónima, se han construido cuatro edificaciones en un suelo de Torreblanca que compraron a medias en 1997.

El escrito sin firma se recibió en la Guardia Civil el seis de agosto de 2007, según consta en el registro de entrada. Los agentes de este cuerpo visitaron la parcelación, que está en trámites de legalización, aunque todavía no está permitido edificar allí. Y tomaron nota de la matrícula de un vehículo que estaba estacionado en la zona. Posteriormente, el 27 de noviembre, la Guardia Civil reenvía a la Policía Local y a la Gerencia de Urbanismo el escrito anónimo e informa de las pesquisas que ha realizado y de la presencia del coche aparcado a las puertas de uno de los chalés ilegales.

Tres días después, el jefe de la Policía Local de Córdoba responde con otra misiva a la Guardia Civil en la que se detalla quién es el propietario del vehículo. Se trata de Francisco D., uno de los cinco municipales que compraron en 1997 aquel terreno que luego dividieron en cuatro. Sin embargo, éste no es ninguno de los dos miembros del matrimonio de policías al que el escrito anónimo señalaba.

El responsable de la Policía municipal adjunta en su respuesta a la Guardia Civil la relación de denuncias que hay contra el propietario del vehículo. La primera es por la construcción de un "cerramiento" y data de 2000. La segunda es de 2001 por un "cuarto trastero". Y la última está fechada en 2003 y se levanta por la construcción de la casa de dos plantas.

¿Por qué no se facilitó información sobre el resto de agentes y ex agentes con una edificación en esa parcelación? Fuentes municipales apuntan que quizás se deba a que sólo se consideró pertinente adjuntar las denuncias que pesaban sobre el propietario del vehículo señalado. Y estas mismas fuentes esgrimen como un argumento de peso las dos actas de denuncia que constan en los archivos de la Policía Local contra la construcción de los agentes de la unidad medioambiental y contra un tercer policía que actualmente trabaja como guardaespaldas de la alcaldesa Rosa Aguilar. Ambas denuncias tienen fecha de 26 de septiembre de 2007.








* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/01/2008
Foto: Córdoba, urbanización - abc.es

......................................... Leer más...

El juez y el fiscal citan al equipo del ex alcalde de Puerto Rosario

CANARIAS7/Fuerteventura* : A partir de hoy y hasta el lunes, declararán seis ediles, cuatro funcionarios y dos arquitectos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de 17 licencias en suelo rústico en 2002. El equipo de gobierno del ex alcalde Manuel Travieso comienza a partir de hoy, y durante varios días, a declarar ante el juez por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de 17 licencias en 2002 para la construcción de viviendas en suelo rústico de edificación dispersa.

El fiscal Guillermo García Panasco asiste a la toma de declaraciones de estos seis cargos públicos, cuatro funcionarios y dos arquitectos, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Las 17 licencias municipales se otorgaron para levantar 31 viviendas que legalmente no se deberían haber autorizado, según la Fiscalía de Medio Ambiente: 16 en Casillas del Ángel, ocho en Tetir, dos en Los Estancos, dos en Los Llanos de laConcepción y promociones individuales en La Asomada, La Matilla y Tetir. Las penas solicitadas por el fiscal rondan entre los dos y cuatro años de prisión, además de entre cinco y diez años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

A entender de la Fiscalía, los permisos se otorgaron de manera «reiterada» y actuando «con total y absoluto incumplimiento de unas normas que eran suficientemente claras y conocidas, y con evidente desprecio por su literalidad y su finalidad». La lista de irregularidades a la hora de otorgar las licencias engloba desde que las parcelas no tenían acceso a un camino público hasta que carecían asimismo de conexión a la red de abastecimiento y suministro eléctrico.

En activo

Manuel Miranda, actual consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular y entonces teniente de alcalde por el Partido Popular (PP), es el único de los cuatro acusados que todavía ejerce un cargo público. El ex alcalde Manuel Travieso, el edil nacionalista Domingo Rodríguez, los entonces populares Esteban Acosta y Antonio Alonso Patallo y Luis Lorenzo Mata (Independientes de Fuerteventura) han abandonado la política activa.

Los funcionarios que prestarán declaración a partir de hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 son la interventora Cristo Sánchez Berriel, la secretaria Mercedes Contreras Fernández, el secretario accidental Juan Manuel Gutiérrez Padrón y la secretaria accidental Sandra Domínguez Hormiga. También están implicados los arquitectos municipales José María García Alcolea y Candelaria Franquis de León.






* Canarias 7 - Catalina García - 22 enero 2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk

......................................... Leer más...

El alcalde de L'Atzúvia desvía agua de riego a chalés ilegales

ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de L'Atzúvia, Manuel Reig, del PP, ha autorizado el abastecimiento de agua para los lujosos chalés levantados en suelo no urbanizable con licencia para casas de labranza a través de la red de distribución de riego. Esta iniciativa del regidor, adoptada en su calidad de presidente de comunidad de regantes del municipio (La Sociedad Agraria de Transformación -SAT- Cristo del Milagro) carece de cobertura legal, según recoge la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar a una denuncia presentada por el colectivo ecologista local Gelibre.

El organismo hidrológico ha abierto una investigación sobre esos hechos y sobre una segunda decisión del primer edil, también en función de su cargo de presidente de la SAT Cristo del Milagro, relativa a la firma de un certificado en el que garantiza la disponibilidad de agua para una urbanización en la Moleta sobre la base de futuras cesiones de recursos de la comunidad de regantes. La CHJ considera que el certificado del alcalde carece de cobertura legal y, por tanto, que el PAI no tiene acreditado el abastecimiento de agua. La Confederación ha dado traslado de los hechos al servicio de Guardería Fluvial.

El promotor del PAI de la Moleta es el empresario Jaime Ten. El constructor y otras seis personas se censaron en un chalé en obras de su propiedad unas semanas antes de los pasados comicios municipales, extremo que les permitió votar en las elecciones pese a no haber residido jamás en el municipio.

Los lujosos chalés, una docena de viviendas ubicadas al sur del núcleo urbano de la localidad, han sido levantados por un promotor alemán. La construcción de estas viviendas es objeto de una investigación que dirige el Juzgado número 1 de Dénia. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha remitido al Consistorio un requerimiento para que anule las licencias otorgadas al promotor.







* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 22/01/2008
Foto: Valle donde se enclava L'Atzúvia y la pedanía de Forna con chalés al fondo, en la ladera de la montaña, una zona donde se han presentado varios programas urbanísticos, cerca de donde se construyeron los chalés ilegales/ lasprovincias.es

......................................... Leer más...

El Obispado de Ávila gana 19 millones al vender unos terrenos que recalificó el gobierno local

SER* : El Ayuntamiento de Ávila ha propiciado un pelotazo urbanístico de la Iglesia. El Obispado de esta ciudad ha ganado 19 millones de euros al vender unos terrenos rústicos que habían sido recalificados previamente por el gobierno local del PP. La Iglesia ha tapado con este dinero el enorme agujero económico de la Universidad Católica promovida en su día por el Arzobispo Antonio Cañizares y por el entonces alcalde de Avila, Ángel Acebes.

El Obispado de Ávila disponía desde el año 1969 de una inmensa parcela, de más de un millón de metros cuadrados de suelo rústico que puso en manos de la Iglesia su propietaria, la Marquesa de Muñoz, a través de una fundación religiosa que lleva su nombre. Unos terrenos cuyo valor se disparó cuando el Ayuntamiento de Ávila los recalificó para uso industrial en el año 2005.

De esa parcela, el obispado de Ávila vendió casi un millón de metros cuadrados el pasado mes de mayo a la empresa Iniciativas Empresariales Habit S.A. que pagó por ellos 19 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER. El Ayuntamiento de Ávila justificó la recalificación en que la ciudad necesitaba más suelo industrial cuando lo cierto es que el actual polígono de Ávila apenas se ha desarrollado en un 60%. Además con esta recalificación el Ayuntamiento no consiguió ni un solo metro cuadrado industrial público puesto que todos los terrenos siguieron en manos privadas, fundamentalmente de la Iglesia.

El fiasco de la universidad que impulsó Acebes

Con los 19 millones de euros conseguidos en la venta, el Obispado ha saldado la deuda que arrastraba Universidad Católica estimada por sus propios gestores en aproximadamente 1.000 o 1.200 millones de pesetas.

La Universidad Católica acumulaba esta deuda desde su creación en el año 1996, una iniciativa liderada por el entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, y promovida, entre otros, por Ángel Acebes, entonces alcalde de Ávila, y Sebastián González, ahora número tres del Partido Popular y entonces presidente de la Diputación Provincial de Ávila.







* Cadena SER - 21-01-2008
Foto: Ávila, ayuntamiento - lawebmunicipal.com

......................................... Leer más...

El desinterés europeo frena la segunda residencia en la costa

ELPAÍS/Alicante* : "La gente está a la expectativa. Se están esperando a ver qué pasa. Eso no quiere decir que dejen de comprar o de venir a la Costa Blanca, pero sí que se han tomado un tiempo", explica Johan de Wit, miembro del Foro Internacional de L'Alfàs, colectivo que agrupa a todas las asociaciones de ciudadanos europeos en el municipio.

De Wit es un holandés que regenta el establecimiento Albir Muebles, donde ha notado una disminución de ventas de hasta un 25%, caída que asocia al parón del mercado inmobiliario. El comentario del ciudadano holandés corrobora los datos de distintos profesionales del sector inmobiliario de Alicante que cifran desde un 25% y hasta un 70% la bajada de las ventas de segunda residencia en la costa a la clientela extranjera, básicamente británica.

Un cliente europeo de una agencia inmobiliaria en Xàbia asegura haber comprado una casa en el sur de Italia por entre 80.000 y 90.000 euros. La subida de precios, la aparición de nuevos destinos turísticos y el fuerte crecimiento urbanístico pasan factura. Alicante, la provincia que en el segundo trimestre de 2007 acumuló más del 90% de las ventas inmobiliarias a extranjeros no residentes en la Comunidad Valenciana, sufre una merma de ventas que ha puesto en jaque a algunas pequeñas agencias dirigidas al público europeo, principalmente inglés. Algunas están cerrando, otras reducen personal, según profesionales de distintos puntos de la costa alicantina. Inmobiliarias de Xàbia y Torrevieja detectaron un parón de ventas al turista alemán hace tres años, que en alguna zona incluso "está vendiendo" para trasladarse a países como Yugoslavia, según la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso. En el caso inglés, el principal turista europeo de la Comunidad Valenciana, "algo se vende, pero muy poco", explica Esteso. En poblaciones como Xàbia "lo único que se está vendiendo en segunda residencia es a madrileños y valencianos", añade.

El porcentaje de caída varía según a quién se le pregunte, pero la tendencia es similar. Lynn Harley, de J.B. Property, en la playa Flamenca de Orihuela, cifra la bajada de ventas a irlandeses del norte, el público al que se dirigen, en un 25%. "En los últimos meses las ventas van más despacio", subraya. Harley dice que el euro está "muy alto" para los ingleses y asegura que muchos británicos están poniendo en venta sus casas en la costa para irse al interior. La evolución del mercado extranjero es, en definitiva, "un daño añadido", asegura Esteso, a una situación de "crisis y preocupante porque no sabemos cuánto va a durar".

"La caída de las ventas entre los extranjeros empezó antes que la de los españoles, hace dos o tres años, por una subida de precios que no se corresponde en absoluto con la calidad de las viviendas y los servicios que ofrecen las poblaciones", explica Miguel Arnaiz, de la agencia Trenor de Benidorm. "Berlín ahora es más barato que Benidorm", apostilla. Arnaiz explica que los extranjeros dejan de comprar viviendas en la Costa Blanca para hacerlo en Marruecos o en países del Este de Europa, "donde tienen tranquilidad y precios más baratos". Va más allá y considera que el urbanismo salvaje también ha jugado su papel. Explica que europeos que llevan 20 años en la zona se están yendo por la masificación. "Se perdió el turismo alemán, después se ha perdido el francés y ahora se está perdiendo el inglés". Esta apreciación es compartida por los representantes del partido Claro (organización radicada en la costa Orihuela que aglutina a los extranjeros residentes en La Vega Baja). "En este punto de la costa el caótico urbanismo con decenas de urbanizaciones a medio hacer, con calles sin asfaltar y sin servicios ha acabado por ahuyentar a los compradores extranjeros", señala Antonio Cerdán, miembro de esa formación política.


Optimismo de futuro

Pese a este frenazo, hay quien todavía mantiene el optimismo ante una eventual inflexión al alza de las ventas. El concejal del Partido Popular (PP) en L'Alfàs del Pi Eric Svanberg conoce con detalle la realidad del colectivo del que forma parte, ya que él nació en Noruega: "Van a continuar invirtiendo. En este momento es lógico que estén indecisos, porque todo apunta a que los precios van a bajar. De lo que estoy convencido es de que van a llegar en masa dentro de un par de años".

Svanberg coincide con Johan De Wit en considerar que se avecina una ola de jubilados europeos. "En 2009 muchas personas que nacieron tras el boom de la Segunda Guerra Mundial cumplen 65 años y están deseando jubilarse para abandonar el país", explica este edil. "Tienden a ir al sur, principalmente por las condiciones climatológicas. Por eso estoy convencido de que en poco tiempo se reactivará el sector", asegura.

El también holandés De Wit coincide con el concejal. El comerciante de mobiliario afincado en L'Alfàs del Pi afirma que en su país de origen "hay muchos nacidos cuando finalizó la guerra que han sacado adelante Holanda, y ahora quieren venirse a vivir aquí. Son gente que ha ahorrado durante toda su vida y tiene un elevado poder adquisitivo. Es cuestión de cuatro o cinco años".







* ELPAIS.com - ROSA BIOT / SERGI CASTILLO - Alicante / Benidorm - 21/01/2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)

......................................... Leer más...

La jueza investiga cohecho y fraude en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo

LAVERDAD/Murcia* : La Justicia investiga en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Fuentes judiciales informaron hoy además de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, Arantxa Moreno, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las diligencias que se instruyen en este caso, tras los requerimientos judiciales efectuados el pasado verano en ambos ayuntamientos.

En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presuntas irregularidades administrativas en ambos consistorios, la jueza ha tomado declaración a 14 imputados, y el procedimiento "continúa parcialmente bajo secreto de sumario".

El 19 de junio de 2007 funcionarios judiciales se personaron en el ayuntamiento de Torre Pacheco para recabar documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004 referida a planes parciales, expedientes sancionadores, de contratación de obra pública y de proyectos de urbanización realizados en el término municipal.
El pasado 27 de junio el juzgado devolvió parte de la documentación que se había llevado del ayuntamiento.
Pocos días después, el 3 de julio, una delegación judicial se personó en el consistorio de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio, expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, que el pasado 6 de noviembre declaró ante la jueza por este caso.

Ese mismo día lo hicieron también la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP; la edil de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza; el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y la ex concejala de Urbanismo, María del Mar Pedreño, que salieron en libertad sin cargos.
No obstante, Armero y Martini tienen la obligación de comparecer mensualmente ante la Justicia.







* La Verdad - 21.01.08 - EFE | MURCIA
Foto: Fuente Álamo (Murcia) - ayto-fuentealamo.es

......................................... Leer más...

Arzúa se pone en pie de guerra contra el plan de urbanismo

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : La casa de cultura de Arzúa se quedó pequeña para acoger a más de medio millar de personas que se dieron cita convocadas por la Plataforma Veciñal que intenta defender los intereses de una buena parte de los arzuanos, tanto del casco urbano como del rural, ante las últimas modificaciones incluidas en el Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM).

En una cita sin precedentes en el municipio arzuano, por el número de vecinos que congregó, la nueva plataforma decidió solicitar al grupo de gobierno –en manos del BNG con mayoría absoluta– la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se acuerde la devolución del PXOM a la Consellería de Medio Ambiente, la exposición pública del documento a efectos de alegaciones por el plazo de un mes y la contestación razonada a cada una de esas alegaciones. Dicho pleno creen que se debe celebrar en el multiusos para que puedan acudir todos los interesados

Los responsables de este nuevo colectivo sienten que los vecinos afectados fueron engañados y que quedaron indefensos ante lo que consideran un atentado a los derechos de las personas a ser informadas y a poder alegar, ya que las modificaciones del PXOM en ningún momento se expusieron al público.

La Plataforma Veciñal se queja de que una gran parte de las modificaciones –como variaciones de alturas, alineación de edificaciones y nuevos inmuebles catalogados en Patrimonio– se hicieron después de la aprobación inicial del PXOM y que no responden a ningún tipo de valor arquitectónico o cultural, dejando indefensos a los afectados al no poder encauzar las alegaciones que estimen oportunas.

La situación es más dolorosa porque la plataforma afirma que el gobierno municipal conocía estos cambios y, pese a todo, no los puso en conocimiento de los vecinos interesados. Este hecho es interpretado desde este nuevo colectivo como una falta de transparencia y un ocultismo que pueden derivar en posibles favoritismos personales en el entorno del grupo de gobierno nacionalista.

LAS CLAVES

Explicaciones al grupo de gobierno

La Plataforma Veciñal que logró unir los intereses de más de quinientos vecinos de Arzúa solicitó el apoyo de los grupos de la oposición para exigir al gobierno municipal una explicación a los cambios del PXOM.

Movilizaciones si no hay una respuesta

En caso de que el gobierno local arzuano no apoye las solicitudes de la Plataforma Veciñal, ésta convocará de nuevo a los afectados para organizar nuevas movilizaciones como concentraciones o cortes de carretera.








* El Correo Gallego - Santiago - 21.01.2008
Foto: Edificio de la esquina de la calle Calvo Sotelo que también se contempla/ Formoso, elcorreogallego.es


NOTICIA RELACIONADA: Los vecinos de Arzúa se rebelan contra los cambios en el PXOM - El Correo Gallego - 17.01.2008

......................................... Leer más...

Obras Públicas costeará el derribo de viviendas ilegales en Cádiz

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía tiene abiertos 12 expedientes de demolición con sentencia firme en la provincia de Cádiz, sobre las que ya hay ocho órdenes de derribo con carácter inminente. Una de las principales trabas que encuentra la Fiscalía para reponer la legalidad urbanística es la tardanza que acumula la ejecución de estos fallos judiciales.

La falta de recursos económicos de los particulares y de los ayuntamientos para acometer estos derribos lleva a la Junta a asumir de forma subsidiaria estos pagos, aunque transcurrido un considerable tiempo. La Consejería de Obras Públicas y la red de fiscales de Andalucía han ultimado un protocolo para que sea el Ejecutivo andaluz el que asuma estos costes y reduzca trámites al restablecimiento de la legalidad.

El código penal establece que deben ser los propietarios los que acometan y paguen el derribo de sus casas sin licencia. Pero pocas veces se da esta circunstancia. Todavía en El Palmar (Vejer, Cádiz) se recuerda el caso de Rosendo Bonillo, que en 2006 se derribó sus cinco chalés en cumplimiento de una sentencia. O el más reciente de una pizzería en la misma pedanía, cuyo dueño también prefirió demoler por su cuenta. No es lo más habitual.

Los propietarios suelen aferrarse a recursos judiciales y a la esperanza de que una futura regularización salve sus casas. Cuando los particulares no actúan, el mismo código penal establece que son los ayuntamientos los que deben asumir esta responsabilidad, aunque no todos tienen fondos para ello. Al final, es la Junta la que ejecuta la demolición.

Para evitar estas trabas, Obras Públicas y la red de fiscales de Medio Ambiente han preparado un protocolo que establece que la Consejería se haga cargo de los costes de este proceso. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, se felicita. "Es una ayuda necesaria porque el proceso de demolición es muy complejo y se dilata en el tiempo", sostiene. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, matiza que las aportaciones autonómicas no serán generales sino que se aprobarán tras estudiar cada caso.

Desde 2001 la Delegación de Obras Públicas de la Junta y hasta finales de 2007 había abierto 385 expedientes urbanísticos para perseguir la proliferación de viviendas ilegales. La mayoría de ellos, 283, fueron sancionadores. En la actualidad la Junta tiene aprobados los expedientes de contratación de obras de demolición para dos casas de El Palmar.

También la Demarcación de Costas ha decidido intervenir ante las viviendas ilegales. El Ministerio de Medio Ambiente entregará incentivos a los ayuntamientos que colaboren en poner orden al urbanismo salvaje. Ya se han iniciado conversaciones con los ayuntamientos de Vejer, Rota, Chipiona, Sanlúcar y Barbate. Esos planes consensuados conllevarían el derribo de casas ubicadas en zonas protegidas. A cambio esos suelos recibirían inversiones para mejorar los accesos a las playas, tratar las dunas dañadas o crear senderos en el litoral.






* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/01/2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona viv. ilegales - ELPAIS / Roman Ríos

......................................... Leer más...

La Costa da Morte volvió a manifestarse contra el Plan Acuícola en Malpica

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : "Se isto non se amaña, ¡caña, caña...!" Esta fue una de las numerosas consignas coreadas ayer en Malpica de Bergantiños, donde más de medio millar de personas se manifestaron en contra del Plan Acuícola diseñado por la Consellería de Pesca, y en especial, contra la inclusión en el mismo del área de Seiruga.

Además de vecinos de Malpica, uniformados con camisetas de color naranja, entre los manifestantes resaltaban también las de color azul, que vestían los de Merexo (Muxía), y las verdes de los de Camelle (Camariñas) que, una vez más, volvieron a unir sus voces en contra de la ubicación de piscifactorías en sus respectivas localidades.

A ellos se sumaron también representantes del colectivo ecologista Verdegaia y de todos los grupos políticos de Malpica, entre ellos el alcalde, el socialista Ramón Varela, que la pasada semana intentó en vano convencer a la conselleira para que Seiruga se excluyese del Plan Acuícola.

La marcha partió de la casa consistorial y se dirigió al puerto de la villa, concluyendo una hora después en el punto de partida. Durante la misma se oyeron peticiones de dimisión a Touriño y Carmen Gallego, a la que acusaban en algunas pancartas de haber diseñado "un plan hipotecario" para la costa.

La presidenta y el portavoz de la plataforma Seiruga Limpa, Irene Muíño y Alfonso Vidal, antes de disolver la concentración, acusaron a la Xunta de diseñar un Plan Acuícola que "é un feixe de mentiras", ya que mientras la Administración autonómica dice que se van a crear 2.800 puestos de trabajo en Galicia, "as empresas dín que só serán 1.200". En el caso de Seiruga, añadieron, "ó noso alcalde dixéronlle que serían 50, e se facémo-lo cálculo polo plan serían 127".

Creen asimismo que se está "especulando" con los terrenos, pues, según Vidal, en Mougás se pagaron terrenos a 30 euros el metro cuadrado, "mentras que aquí só valen 6, en Merexo nada, e en Camelle unha miseria".

Una zona muy turística

Entre las razones que vienen esgrimiendo los vecinos de Malpica para oponerse a la construcción de una granja acuícola en Seiruga está el impacto visual y ambiental que causaría en una zona que atesora un gran potencial turístico, ya que se ubica entre dos playas. Además, de los informes que maneja la plataforma vecinal se deduce que perjudicaría al equilibrio biológico de dicho espacio, en cuyas proximidades hay también un castro, por lo que su deseo es preservar el entorno natural.

Unas razones que la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, considera que carecen de peso y así se lo hizo saber al alcalde, confirmándole además que el proyecto cuenta con los informes favorables de Medio Ambiente y Patrimonio, y se aprobará en un mes y medio.

EL DATO
Más movilizaciones

La plataforma Seiruga Limpa tiene previsto continuar con sus movilizaciones en contra del Plan Acuícola. Anuncian concentraciones ante la Consellería de Pesca mientras su titular, Carmen Gallego, se niegue a recibirlos. Además preparan, junto con otros colectivos, una gran concentración en Santiago.







* El Correo Gallego - J. M. RAMOS • MALPICA - 21.01.2008
Foto: Los manifestantes recorrieron las calles de Malpica para pedir a la Xunta que cambie el Plan Acuícola/ RAMÓN BUSTO, elcorreogallego.es

......................................... Leer más...

Málaga: El Seprona investigó 44 delitos por casos urbanísticos en 2007

LAOPINIÓN/Málaga* : Los casos urbanísticos copan gran parte de la actividad judicial en la provincia de Málaga. La Fiscalía de Medio Ambiente estima que la mitad de los municipios de la provincia han sido investigados por cometer presuntas irregularidades urbanísticas, ya sea por edificaciones ilegales, por la concesión de licencias de obra que contravienen la normativa urbanística, o por no cumplir con los plazos legales para construir.

Precisamente el Servicio de Protección de la Naturaleza investigó en 2007 un total de 44 delitos por casos urbanísticos, de los que 37 correspondieron a edificaciones presuntamente ilegales y siete a obras, según datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los casos en materia urbanística tramitados por el Seprona se han reducido considerablemente, en concreto a la mitad con respecto a hace dos años. El pasado año la Guardia Civil abrió 261 expedientes urbanísticos -suman las infracciones administrativas y los delitos-, mientras que en 2006, actuó en un total de 495, lo que convirtió a Málaga en la provincia con más infracciones en Andalucía. No obstante, de esos expedientes, sólo se consideraron delitos seis casos.
En cuanto a las infracciones administrativas tramitadas en 2007 (no conllevan a un proceso penal), 109 hacían referencia a edificaciones, 89 a obras y 19 a trabajos de movimientos de tierra.

Minería. El Seprona también intervino en casos contra el medio ambiente, derivados del uso de recursos naturales sin permisos o sobreexplotación de yacimientos. En el ámbito de la minería se tramitaron un total de 48 infracciones administrativas por extracción de recursos mineros y 38 por explotación de los minerales sin autorización de la administración competente.
Otras intervenciones en este ámbito correspondieron a expedientes administrativos por actividades con aguas minerales o termales, y otras once por infracciones derivadas de otras actividades mineras.

Denuncias. En el apartado de turismo, se formularon 71 denuncias administrativas por acampar en zonas no habilitadas, nueve por el uso de caravanas y 27 por el empleo de embarcaciones de recreo en parajes costeros. Asimismo, se recibieron cuatro denuncias por construcciones en vías pecuarias.
El Seprona trabaja muy ligado a la Fiscalía de Medio Ambiente para luchar contra la delincuencia urbanística en la Costa del Sol. Sus actuaciones se han convertido en la principal fuente parta los órganos judiciales que inician causas contra la ordenación del territorio.
Además de este servicio, la Guardia Civil cuenta con un equipo especializado en corrupción inmobiliaria que colabora con la Fiscalía Anticorrupción. En España hay 200 agentes dedicados a esta labor.







* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 21 de enero de 2008
Foto: El Seprona vela por el cuidado del entorno. EFE

......................................... Leer más...

¿Cuál es el siguiente municipio?

LAVERDAD/Murcia* : Los dirigentes del PP y del PSOE se han enfrascado en una escalada para ver quién reclama el mayor castigo político a los detenidos e imputados de cada bando -expulsados ya de la militancia- a cuenta de los escándalos urbanísticos de Totana y de Los Alcázares. Esa carrera parece no tener fin a la hora de extremar y apurar las responsabilidades, con el deseo de fondo de trasladar la culpabilidad a los órganos directivos de cada partido. En definitiva: A ver quién llega más lejos propinando el mayor escarmiento público, para satisfacer a los ciudadanos y arrogarse el premio de la ética y la estética políticas.

Mientras tanto, el problema de fondo que ha dado pie a esta ola de corrupción -presunta- en territorio murciano sigue en el limbo. Esto es, el uso y abuso de los convenios urbanísticos que, pese a estar regulados y reconocidos por ley, se manifiestan con renglones torcidos e ilícitos cada vez que la tentación es muy fuerte ante voluntades volubles y corrompibles. Una especie de reino de jauja se ha instalado en determinados municipios y ahora está pasando factura.

No hay que generalizar, pero a este paso se corre el peligro de que la excepción se convierta en costumbre, ya que, además de Totana y Los Alcázares, jueces y fiscales también ha levantado en peso los archivos urbanísticos de Torre Pacheco y Fuente Álamo. Eso, aparte de las denuncias en curso en otras poblaciones. De momento, tirando por lo alto y a modo de balance provisional, hay un alcalde en prisión, otros tres imputados, un ex alcalde hasta ayer en los calabozos, otro ex alcalde y diputado regional a punto de ser procesado; además de concejales y ex altos cargos imputados en otros casos. Una lista demasiado larga y socialmente inaceptable.

El deseo de unos cuantos regidores de alicatar su municipio de ladrillo, cemento y campos de golf a golpe de convenios urbanísticos tiene estas consecuencias. No hay nada más peligroso y arbitrario que un concejal tirando rayas con un lápiz sobre el mapa: Esta parte urbanizable; ésta otra protegida; aquí un convenio; al otro lado una recalificación que genera millonarias plusvalías; y más allá el plan urbano a palo seco. ¿Qué puede salir de todo eso? ¿Dónde va un alcalde aprobando más de 50 convenios urbanísticos de golpe? Con intención o sin ella, los jueces y fiscales, la Guardia Civil y la Policía Nacional le han tapado por ahora la boca a aquellos del PP murciano que se quejaban de un trato desigual de la Justicia y de la Fiscalía. A Totana (PP) le ha seguido Los Alcázares (PSOE), donde el secreto de sumario se había ido prorrogando, quizás a la espera de pruebas concluyentes. Pero la cosa, probablemente, no va a quedar así, ya que como ha comentado alguien estos días, «esto no es un empate. Estamos en el minuto 10 del partido».

Según diversas fuentes, es muy probable que a Los Alcázares le sigan otros casos y municipios gobernados por el PP y que están siendo investigados por las brigadas anticorrupción, sobre la base de denuncias presentadas en su día, como ya publicó La Verdad. Alguna diligencia incluso podrían apuntar más alto. Está por saber si el próximo golpe será antes o después de las elecciones generales del 9 de marzo. Mientras tanto, ¿qué imagen!







* La Verdad - ANUEL BUITRAGO - 21 enero 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org

......................................... Leer más...

La mayoría de PGOU de 2007 no tiene informe de sostenibilidad

ELPAÍS/Valencia* : La mayoría de los Ayuntamientos valencianos ignora la legislación estatal y autonómica en materia de impacto medioambiental y participación pública en el trámite de sus nuevos planeamientos urbanísticos, según constata un estudio del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. El informe resalta que de los 28 planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sometidos a información pública durante el año 2007, tras superar la fase de concierto previo, sólo tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental.

Los conservacionistas responsabilizan a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de "tolerar" esa vulneración de la norma. El departamento que dirige José Ramón García Antón rechaza la denuncia.

Ecologista en Acción del País Valenciano asegura que la tramitación de la mayoría de los nuevos planes generales vulnera la ley estatal de evaluación ambiental estratégica e impide, por tanto, la participación pública recogida en la misma. El grupo ecologista, a tenor del seguimiento realizado a la actividad urbanística de los municipios valencianos en el año 2007, también denuncia que el grueso de planes no incluye la participación pública para la redacción de los estudios de paisaje, incumpliendo de esta forma la normativa autonómica.

El estudio de Ecologistas en Acción del País Valenciano constata que sólo dos de los 28 municipios habían recogido en sus respectivos PGOU un plan de participación pública previsto en la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica y en la ley 27/2006 que incorpora la normativa europea recogida en el convenio de Aarhus. Los Ayuntamientos que cumplimentaron ese trámite fueron el de Palomar, en la provincia de Valencia, y Castalla (Alicante). Además, únicamente otros tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental y lo sometieron a información pública. Esos tres Ayuntamientos fueron los de Palma de Gandia, Aielo de Malferit (ambos en la provincia de Valencia) y Caudiel (Castellón), aunque este último con posterioridad a la información pública del proyecto.

Y en cuanto al cumplimiento de la participación pública prevista en la legislación autonómica (reglamento de paisaje, aprobado por el decreto 120/2006 de 11 de agosto), sólo se observó en los PGOU tramitados por los Ayuntamientos de Beniarjó, Lloc Nou d'En Fenollet y Palomar, en la provincia de Valencia; Albocàsser, Almenara, Borriol y Jérica, en la de Castellón, y Planes, Alcalalí y Castalla, en la provincia de Alicante. Para los ecologistas, la principal responsabilidad de que el procedimiento de participación pública no se esté dando actualmente recae en la Generalitat valenciana. El grupo naturalista sostiene que el Consell no informa ni guía a los Ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, de sus obligaciones, y que no ha incorporado la normativa estatal a la legislación autonómica. "Quizás se explique por la falta de interés en aplicar una normativa estatal que, cumpliendo con las directivas europeas, es mucho más ambiciosa que la realidad existente en el País Valenciano", precisa Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción.

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través de su gabinete de prensa, rechazó la acusación de los ecologistas. "Todos los PGOU en marcha en la Comunidad Valenciana se están tramitando de manera legal y respetando la norma estatal y autonómica, tanto en el apartado de evaluación ambiental como de la participación pública", señaló la responsable del área de comunicación del departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) más polémico aprobado provisionalmente recientemente es el de Sant Joan d'Alacant, que no cumple ninguno de los requisitos recogidos en la legislación vigente (ni el de participación pública ni el de sostenibilidad). Este plan ha recibido más de 300 alegaciones de vecinos, la oposición política y colectivos conservacionistas, entre ellos de Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grueso de las alegaciones planteadas al documento urbanístico rechaza la iniciativa del equipo de gobierno local del PSPV de agotar prácticamente todo el suelo no urbanizable que existe en el término municipal y que supera los dos millones de metros cuadrados. El plan previsto para el crecimiento urbanístico de la población a medio plazo llevaría a Sant Joan d'Alacant a tener 32.000 viviendas y a multiplicar por cuatro su actual censo de habitantes, hasta rondar los 70.000 vecinos.

Los planes generales de ordenación urbana tramitados en 2007 en la Comunidad Valenciana y que no cumplen ninguno de los tres requisitos mencionados son los aprobados por los Ayuntamientos de Aielo de Malferit (en concreto el de fecha 29 de diciembre de 2006, uno de los dos que ha impulsado el municipio), Montserrat, Teresa de Cofrentes, Altura, Onda, Benafer, Antella, Alfarp, Lloc Nou d'En Fenollet (uno de los dos que ha tramitado el Consistorio de este municipio valenciano), Rafelcofer, Beniarbeig, Geldo, Caudiel (uno de los dos tramitados), Llutxent, Museros, Teulada, Useres y el citado de Sant Joan d'Alacant.


Planes tramitados que cumplen
- Contemplan la participación pública en la redacción de los estudios de paisaje:
Beniarjó (15/02/2007)
Albocàsser (24/09/2007)
Planes (17/10/2007)
Fenollet (07/11/2007)
Almenara (23/11/2007)
Alcalalí (21/12/2007)
Palomar (21/12/2007)
Borriol (24/12/2007)
Castalla (26/12/2007)
Jérica (27/12/2007)

- Los que incluyen el Informe de Sostenibilidad Ambiental:
Palma de Gandia (20/02/2007)
Aielo del Malferit (21/03/2007)
Caudiel (22/06/2007)

- Los que incluyen la participación pública de Evaluación Ambiental Estratégica:
Castalla (26/12/2007)
Palomar (21/12/2007)







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 20/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, playa - mma.es

......................................... Leer más...

Fantasma de cemento

SUSO DE TORO* : Tanto la Cidade da Cultura como el puerto exterior de Punta Langosteira son grandes empeños nacidos del pasado. Ambos nacieron en el oscurantismo, de decisiones a espaldas de la ciudadanía y cubiertas con el silencio de medios de comunicación. Ambos fueron proyectos completamente irracionales en origen y por eso ambos deben ser conocidos y racionalizados. El proyecto Cidade da Cultura ha sido expuesto al público, sometido a discusión y ahora parece que está en vías de racionalización. A ver. El proyecto de Punta Langosteira, en cambio, sigue en su limbo, seguimos sin saber nada de él.

No vemos mapas de su localización, foto aérea de su ubicación, alguna explicación cabal del proyecto. Sólo nos queda recurrir a Google Earth, pues en la prensa oímos un denso silencio sobre el lugar y el tema. Sin embargo, igual que la Cidade da Cultura, es un proyecto que la sociedad necesita conocer y luego debatir para poder asumirlo, pues no es una inversión particular de una empresa sino una gran obra pública. Verdad que la Cidade da Cultura se construye con dinero público, pero el dinero para construir el puerto exterior, aunque venga de la Unión Europea, también es público. Es un dinero que se da para ese proyecto y por lo tanto se nos negará para otros proyectos, así que nos debe ser rentable.

A Coruña hace años que necesita sacar de la ciudad los depósitos de Campsa- en años pasados se vivieron situaciones de verdadera emergencia- y seguramente otras descargas también. Por otro lado, la propia dinámica de la ciudad, su crecimiento, su falta de suelo, hacen deseable recuperar para los vecinos el espacio ocupado por el puerto de mercancías. Pero la operación urbanística en curso se fraguó como la trama de un lobby local en torno del alcalde de entonces para dar un pelotazo inmobiliario. Lógicamente se hizo de espaldas a la ciudadanía, sin conocimiento público del proyecto ni posibilidad de debate entre los vecinos. Fue una decisión demasiado importante para la ciudad como para hacerse así, pues condiciona su futuro.

En la práctica, A Coruña renunció a ser puerto, pues se buscó un lugar en otro ayuntamiento sin considerar un emplazamiento más cercano. Es una decisión arriesgada, quizá tenga su lógica pero debería haber sido más meditada pues es un precio muy alto el pagado por la ciudad. Por otro lado, el enclave escogido para levantar el nuevo puerto es muy cuestionado por su peligrosidad en caso de temporal, y hablamos de un proyecto que nació aprovechando la revoltura social creada por el desastre del Prestige. Lo que acaba de hacerlo inverosímil es que una inversión tan costosa queda a unas pocas millas de otro puerto exterior ya construido, el de Ferrol.

En su momento, el lobby promotor, con el alcalde y la Administración de Aznar, consiguió echar a rodar el proyecto y luego, tras resistencias iniciales por parte de la Administración socialista que lo veían disparatado, que la UE lo financiase. La actual ministra de Fomento se topó con el proyecto aprobado por su antecesor, el inolvidable Álvarez Cascos (oportunamente condecorado con medallas), y lo paró. Obligó a reformular los planes de construcción, a dejar más espacio público y a aumentar considerablemente el número de viviendas sociales que se preveían construir. No es raro que la ministra, que de por sí da pie a controversia, fuese tan atacada desde alguna prensa local. Una verdadera campaña, con motes y empapada de sexismo, desatada para evitar esa revisión del proyecto que lo sometía a criterios más sociales.

En cuanto al nuevo puerto en construcción, sigue en la niebla, un fantasma de cemento. Se echan toneladas de euros al fondo del mar y no sabemos lo que se está haciendo allí. Habría que poner sobre la mesa el mapa del proyecto del puerto exterior de Punta Langosteira y a su lado el del puerto exterior de Ferrol. Considerar la posibilidad de unirlos en un único sistema portuario, revisar el sistema de comunicaciones de Ferrolterra y repartir las funciones y servicios entre ambos. Crear un verdadero gran puerto doble, un puerto esgallado, pero con conexión a las autovías y ferrocarril. Tenemos el deber de pensarlo, porque tendremos que pagar las comunicaciones a ambos puertos e integrarlos en un proyecto de país, hacerlos nuestros y rentables.








* ELPAIS.com - 20/01/2008

......................................... Leer más...