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PÚBLICO* : La organización ecologista denuncia la connivencia de las administraciones públicas con el boom inmobiliario que depredó el litoral español. Durante los últimos 20 años se destruyeron más de 50.000 hectáreas de costa, a un ritmo de 7,7 hectáreas al día. Aún hoy, en algunas zonas como Alicante o Málaga, más del 75% del terreno colindante al mar, es urbano o urbanizable. Asturias y Cantabria tampoco se libran del maltrato a sus costas y ocupan los primeros puestos del ránking que evidencia el décimo informe anual "Destrucción a toda costa 2010 ", realizado por la organización ecologista Greenpeace.
Este estudio que lleva realizándose diez años, pone de manifiesto el deplorable estado de las costas españolas y sirve de denuncia contra el urbanismo salvaje que va reduciendo el espacio del litoral. En esa línea, Juanjo López de Uralde, director de Greenpeace en España , ha ofrecido datos que evidencian el crecimiento desproporcional del urbanismo frente al de la población en España. Como ejemplo ilustrativo ha indicado que entre los años 1990 y 2000, la urbanización aumentó en un 25% mientras que la población lo hacía en un 5%.
Uralde ha presentado una hoja de ruta para evitar el saqueo del litoral español y en ese sentido ha puesto varias propuestas sobre la mesa. En primer lugar, ha remarcado la importancia de tener una "estrategia de sostenibilidad de la costa" ya trabajada con ayuda del Gobierno pero que ahora según Uralde "el proyecto del ministerio está abandonado". En ese sentido, Greenpeace propone fortalecer la red de reservas naturales marinas, otorgando un alto nivel de protección a los "tesoros" marinos y gestionar eficazmente la preservación de los mismos.
La organización ecologista insiste en que se cumpla la ley de Costas , pero que no se utilice de forma "demagógica", ya que esta ley se pensó para evitar "grandes aberraciones como el caso del hotel Algarrobico", asegura Uralde, y contra esas grandes construcciones de debe aplicar la ley "con toda su fuerza, y no así contra los chiringuitos playeros".
Dentro de la mencionada hoja de ruta, se plantean la necesidad de fortalecer los planes de vertidos al mar. Manifiesta el director de Greenpeace en España, que existen proyectos de apertura de nuevos pozos petrolíferos a lo largo del litoral, y pide una moratoria en la aplicación de los mismos para replantearse un proyecto que sea 100% renovable.
Ayuntamientos "ladrillo- dependientes"
Para cambiar la situación del litoral, declara Uralde que es preciso "resolver el problema de la financiación de los municipios españoles". La dependencia que tienen de la construcción, como su principal fuente de financiación, supone un problema que Uralde invita a plantearse. Las imágenes que comparan la costa actual con la de hace unos años, dan cuenta del salvaje cambio producido en el litoral español en los últimos tiempos.
Cambio climático, otra amenaza de nuestras costas
Que el nivel del mar está subiendo de forma alarmante es una realidad que muestra un último informe del Centro Tecnológico del Mar y los Alimentos (AZTI), que advierte de una subida de medio metro en el Cantábrico. Así lo ha recordado Uralde, para avisar que si esto se produjera, ciudades enteras como Bilbao, que se encuentra en plena ría del Nervión, podrían desaparecer. Por último ha realizado una crítica a los que insisten en perseguir al que manifiesta las injusticias, ya que por denunciar cuestiones similares (como en el caso de La Manga del mar menor ), acabaron enfrentándose a la justicia.
Las cifras de la destrucción en la costa española
Según este informe, el 44% de la población española vive en la costa, la cual apenas representa el 7% del territorio.
En los últimos 20 años se ha destruido en el litoral español una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.
En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral, es costa artificial. En un análisis por Comunidades Autónomas Greenpeace destaca:
Andalucía: 59% de su costa ya urbanizada. Es una de las comunidades autónomas que más han maltratado su litoral en la última década.
Asturias: ocupa el tercer puesto en el ránking de cambio de uso del suelo. En dos décadas el incremento de superficie artificial fue del 50,5%, es decir, se dobló la superficie no natural de la costa.
Cantabria: en 2008 ya se habían rellenado con hormigón y desecado el 50% de su costa.
Catalunya: tan solo el 11% de su litoral no protegido está libre de edificaciones.
Urbanismo
En España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5%.
En 2006 se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas viviendas.
En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas. La construcción robaba a la costa era el equivalente a tres campos de fútbol al día.
En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se llegó a triplicar esta cifra. Ese mismo año la venta de pisos en la costa descendió un 30%.
En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea. España es el país que más dinero público ha destinado en los últimos meses a sostener el sector inmobiliario.En España hay 416 campos de golf. Cada uno necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.
* Público - 16.07.10
Foto: Roses (Girona), 50 años de urbanismo salvaje - greenpeace.org
Cada día se arrasan 7,7 hectáreas de costa en España, según Greenpeace
El puerto de Málaga renuncia al nuevo plan por "la deslealtad" del alcalde
ELPAÍS* : El plan especial del puerto de Málaga se desarrollará como se aprobó en 2004, sin cambios. El pretendido consenso para rediseñar la esquina entre los muelles 1 y 2 ha resultado tener pilares de barro y se ha hecho añicos dejando una fuerte contestación ciudadana con una extendida sensación de frustración en el empeño de conseguir que el puerto se abra a la ciudad, el desconcierto de la empresa concesionaria, y la ruptura de relaciones entre la Autoridad Portuaria y el alcalde, que durante años se movieron en la cuerda floja.
Apenas 23 días después de anunciar el pacto con el Ayuntamiento, la concesionaria y Unicaja para modificar el plan especial, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, compareció ayer en la misma sala para informar de que renuncia definitivamente a los cambios y culpó al alcalde, Francisco de la Torre (PP), a quien atribuyó una "absoluta falta de respeto y de mínima lealtad institucional". Linde se refería al anuncio realizado hace dos días por De la Torre de suspender la tramitación del nuevo plan para abrir un periodo de "reflexión" y estudiar otras alternativas, una decisión unilateral y sin consultar. "Hablé con el alcalde el viernes, el lunes y el martes, y me decía algo muy distinto de lo que esos mismos días decía en la prensa", se quejó Linde.
El presidente de la Autoridad Portuaria, se confesó "indignado", aunque no sorprendido por la decisión del alcalde, porque dijo que ya está acostumbrado a sus permanentes dudas. Tan cabreado que llegó a afirmar que la ciudad está vacía de liderazgo. "Pide reflexión y digo no gracias, le conozco y sé que cuando dice eso nos puede llevar tres o cuatro años. No vuelvo a negociar con el alcalde, lo considero inútil".
La modificación del plan, que ha tenido una fuerte y sonora contestación ciudadana, consistía básicamente en dar una altura de 13 metros al edificio de uso cultural proyectado inicialmente bajo rasante en la esquina de los muelles 1 y 2, con lo que sobresaldría de la cuota del Paseo de la Farola. Añadidamente suponía una redistribución de la ubicación de los edificios de uso comercial, de forma que el supermercado de 2.000 metros cuadrados de Carrefour -uso muy criticado- podría localizarse en el muelle 2, entre el Palmeral de las Sorpresas y la esquina.
Según relató ayer Linde, la definición de estos cambios llevó año y medio de trabajo y discusión entre las partes implicadas, en las que se ponderó y reflexionó lo suficiente, porque además insistió en que advirtió siempre que los cambios iban a ocasionar la polémica que de hecho han generado. Detalló que en este tiempo se ha reunido cinco veces con el alcalde, tres con el presidente de Unicaja y una con el director general, que se han producido siete reuniones técnicas y dos encuentros entre representantes del puerto, ayuntamiento, concesionaria y Unicaja. "El alcalde ha hecho saltar por los aires en un fin de semana el trabajo de un año y medio", se quejó Linde.
El presidente de la Autoridad portuaria informó de su decisión a la concesionaria y a Unicaja, pero no al alcalde, porque explicó que "no merece ese detalle de lealtad". Tras conocer las declaraciones de Linde, De la Torre dijo que no va a romper relaciones por ello, pero sí se desmarcó de los cambios que se iban a introducir al plan. "No me miren a mí, yo no he hecho el cambio", dijo y reivindicó mantener el plan de 2004. "Yo he invitado a una reflexión para ir a los planteamientos de 2004, que fueron muy trabajados, muy negociados y muy estudiados".
La empresa adjudicataria del plan del puerto, que dice sentirse "sorprendida" y "descolocada" por la actitud del alcalde, ya sabe que debe seguir las obras tal y como estaban previstas. Ahora tendrán que ver cómo la rentabilizan.
* El País - 16.07.10
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Vigo.- El TSXG obliga al Concello a una nueva tasación del suelo que expropió en Bembrive
FARODEVIGO* : Los terrenos que expropió el Concello a la Entidad Local Menor de Bembrive en 1994 para ampliar el campus de la Universidad pueden costarle más caros de lo que ha pagado por ellos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de la pedanía, que reclamó en 2006 una nueva tasación ya que la indemnización, que ascendía a 440.000 euros, quedó fijada en mayo de 2002, pero no se había hecho efectiva cuatro años después. El Ayuntamiento desembolsó la cantidad en 2007 y desestimó la petición. Los jueces ordenan ahora otra valoración en el plazo de veinte días. El alcalde pedáneo de Bembrive, Benito Pérez, defendió ayer que "el terreno vale mucho más". Según los estudios que encargó el ente la cantidad se elevaría a 12 millones "con precios actualizados".
Bembrive y las comunidades de montes y Zamáns y Beade mantienen, cada una por separado, largos litigios con el Concello por la valoración y el pago de los terrenos expropiados hace 16 años para construir la segunda fase del campus. En la primera parroquia citada se ocuparon 160.000 metros cuadrados en los que había 8.639 pinos, un ámbito en el que ahora se ubican el pabellón de deportes, el edificio de la piscina, dos campos de fútbol, –uno de ellos con pista de atletismo–, canchas de tenis, viales y zonas de aparcamiento .
El Jurado Provincial los valoró en 440.000 euros, pero estimó el recurso posterior de la entidad menor y elevó el precio a 2,8 millones. El Concello acudió entonces a los tribunales, que le dieron la razón y ratificaron en 2006 la primera cifra. Como habían pasado cuatro años, los representantes vecinales pidieron la actualización de la tasación, pero el gobierno local pagó la cantidad en agosto de 2007 y desestimó su solicitud en julio de 2008.
Ahora la sala establece el derecho de la Entidad Local a una segunda valoración al haber con el fundamento de que han "transcurrido dos años desde que el justiprecio quedase definitivamente fijado en vía administrativa sin que el mismo hubiera sido satisfecho o consignado en legal forma por la administración", reza la sentencia, que se lleva hoy al consejo de la Gerencia de Urbanismo. El fallo anula el acuerdo municipal por el que se desestimó la solicitud y obliga a un nuevo justiprecio.
Intereses
El metro cuadrado de los terrenos de Bembrive fue tasado a menos de tres euros en 1994. El alcalde pedáneo afirma que el retraso en el pago "ya genera por sí solo unos intereses de 350.000 euros", pero la entidad reclama mucho más, ya que considera que los precios deben ser actualizados y están ahora muy por encima del valor inicial. "Nos expropiaron recientemente un terreno para un vial a 60 euros el metro y lo hemos recurrido porque es bajo. La valoración que hacemos es de 75 euros para el suelo del campus" argumenta Benito Pérez.
El regidor pedáneo celebra que el alto tribunal gallego "haya dado la razón a la parroquia en su petición lo que demuestra que no había ninguna actuación fraudulenta ni antisocial, como nos acusaron". "Defendemos los intereses de los vecinos; lo contrario sería hacer dejación de funciones", añadió.
* Faro de Vigo - 15.07.10
Foto: Los terrenos fueron ocupados para construir la zona deportiva del campus de As Lagoas-Marcosende.- farodevigo.es
Entregan el informe “Banderas Negras 2010: Caos Costero” al Ayuntamiento de Cartagena
MURCIA.COM/Cartagena* : Ecologistas en Acción ha hecho esta mañana entrega del Informe Banderas Negras 2010 de la Región de Murcia: “Caos Costero” al Ayuntamiento de Cartagena, para que la alcaldesa Doña Pilar Barreiro conozca de forma más precisa el estado real de deterioro de la costa murciana en el que esta administración toma parte. Por duodécimo año consecutivo, Ecologistas en acción ha presentado su informe de Banderas Negras que analiza el estado de las costas en base a criterios ambientales, observando aspectos como el urbanismo, vertidos industriales, vertidos orgánicos, actuaciones en playas y puertos de interés general o interés particular.
En el marco de este análisis se conceden los galardones de banderas y puntos negros. Con el objetivo de divulgar este análisis entre la ciudadanía y entre las Administraciones públicas de la Región de Murcia, la organización ambientalista ha hecho hoy entrega al Ayuntamiento de Cartagena de una copia del particular “Caos Costero” que atañe a nuestras costas.
La asociación ecologista ha denunciado que el Ayuntamiento de Cartagena lleva años gestionando de forma inadecuada la parte que le compete de la costa murciana, sin una planificación real y sostenible, y aprobando nuevos proyectos que van esquilmando cada vez más nuestros recursos naturales.
Natalia Martín, responsable del área marina a nivel regional, valoraba que “nuestros dirigentes no han sabido planificar ni gestionar con vistas a un mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales”. En cambio, se ha impuesto un modelo apoyado en un hipotético crecimiento sin límites, y centrado en el interés particular de unos pocos, olvidando el interés general de la ciudadanía. Esto, según Martín, “nos conduce a una situación donde los límites de carga del territorio pronto serán sobrepasados, lo cual limitará las posibilidades de alternativas sostenibles para el municipio”.
Para la organización, el Ayuntamiento de Cartagena, incomprensiblemente, continúa en su avance depredador, cómo demuestra la ya histórica ocupación urbanística de la Manga del Mar Menor, y las pretensiones de nuevos proyectos como Lo Poyo y Novo Carthago. Estos proyectos continúan con el modelo de Resorts y Campos de Golf, y afectarían de forma más grave si cabe, a la laguna costera del Mar Menor que cuenta con 5 figuras de protección a nivel nacional e internacional (LIC, ZEPA, RAMSAR…). Estas razones no parecen ser suficientes para que la administración regional apruebe definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, documento base imprescindible para una buena gestión de los Espacios Protegidos. Los proyectos urbanísticos que pretende el Ayuntamiento de Cartagena amenazan con seguir con el grave proceso de desnaturalización del Mar Menor, poniendo en situación límite a este espacio de tan alta singularidad. Esto demuestra claramente como el Mar Menor para nada está “salvado”, al contrario de lo que declaraba la alcaldesa Pilar Barreiro el pasado verano.
En lo que respecta al Mediterráneo cartagenero, se destaca la reciente amenaza sobre Cala Reona, cala virgen situada en el límite del Parque Regional de “Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas”. La propuesta del Ayuntamiento de Cartagena pretende recalificar unas 60 ha de terreno para permitir una urbanización de entre 500 y 1.000 viviendas; cambiando la actual calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental y Forestal a Suelo Urbanizable de mínima densidad. Prosigue así este Ayuntamiento en su escalada de no dejar un sólo tramo de costa sin urbanizar, basando su desarrollo en un modelo de turismo residencial de sol y playa nada sostenible, y amenazando los tramos de elevada biodiversidad que aún posee la costa del municipio.
Ecologistas en Acción ha destacado también que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, aprobado en 2009, contempla la urbanización de 110.000.000 m2, que sumados a los 50.000.000 m2 ya construidos suponen urbanizar un tercio del término municipal de Cartagena; duplicándose así la superficie urbanizada actual, otro paso atrás más en ocupación del suelo y creación de viviendas que para nada cumplen con una necesidad real de crecimiento demográfico natural del municipio, implantándose un modelo insostenible que exporta en mayor medida a las zonas costeras.
Como muestra de que aún se puede cambiar el rumbo, Ecologistas en Acción le entrega a la alcaldesa Pilar Barreiro su informe Banderas Negras 2010 de la Región de Murcia: “Caos Costero”, para que analice el estado de las costas desde una perspectiva real del grado degradación medioambiental, y que pueda cambiar el modelo de su planificación y gestión hacia otro más coherente y sostenible en esa franja de territorio tan frágil que es la costa.
Alguna de las reivindicaciones concretas que Ecologistas en Acción ha trasladado a la alcaldesa de Cartagena ha sido la solicitud de que se desechen definitivamente los aberrantes e insostenibles proyectos de Lo Poyo y Novo Carthago, la pretensión de urbanizar Cala Reona y los crecimientos urbanísticos desmesurados que poco a poco nos van dejando una costa gravemente esquilmada en favor de los intereses privados de unos pocos.
La asociación ecologista ha solicitado también a la alcaldesa de Cartagena que se lleve a cabo un mayor control sobre las construcciones ilegales en los entornos naturales del municipio, paralizando y demoliendo esas obras ilegales en sus fases iniciales, para mandar un mensaje claro a la sociedad en general y a los infractores en particular. Se trata de evitar a toda costa la actual sensación de impunidad que reina en el municipio, que en gran parte es debida a la actitud permisiva del propio Ayuntamiento, que en el pasado ha realizado “legalizaciones” de las viviendas ilegales.
Ecologistas en Acción ha manifestado que precisamente ahora es un buen momento para replantearse el futuro del municipio.
La asociación ecologista cree por tanto que se deben promover iniciativas que beneficien al conjunto del municipio, tanto social como ambientalmente, y dejar de lado el actual expolio del territorio en aras de intereses privados, que limita gravemente las posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras.
* Murcia.com - 15.07.10
Foto: Cartagena, urbanización Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es
La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil tramitó 20 expedientes relativos a Viveiro y Foz desde 2007
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COPE/Lugo* : El Gobierno acaba de informar a la senadora popular mariñana Carmen Gueimunde que la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, desde que comenzó a trabajar en la provincia de Lugo, ha confeccionado una veintena de informes, a instancias de la Fiscalía o de la autoridad judicial, relativos a delitos urbanísticos en los municipios socialistas de Viveiro y Foz. El Equipo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo está compuesto por tres efectivos, los cuales se hallan destinados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de dicha Comandancia, e integrados en el Área de Patrimonio de la referida Unidad, donde compaginan los cometidos de urbanismo con otros propios de la especialidad a la que pertenecen.
Dicho Equipo fue constituido con fecha 12 de marzo de 2007, inicialmente con tres Guardias Civiles procedentes de otras Unidades que fueron comisionados a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo, Unidad en la que tras realizar unas jornadas informativas sobre urbanismo, realizaron actuaciones en esta materia hasta el 12 de abril de 2008, fecha en la que cesaron en la comisión de servicio. Estos Guardias Civiles, con ocasión de vacante, se reincorporaron a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de forma progresiva en fechas 30 de octubre de 2007, 26 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2009. El ámbito de actuación del citado Equipo es la provincia de Lugo y los recursos con que cuenta son el personal citado anteriormente y los medios técnicos de que dispone la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Lugo, donde se hallan destinados. El Equipo de Delitos Urbanísticos, desde su creación hasta el día de la fecha, de acuerdo con las normas de actuación, sólo intervino a requerimiento de la Fiscalía o de la Autoridad Judicial, no realizando ninguna actuación/investigación por propia iniciativa en ningún municipio de la provincia de Lugo y por consiguiente tampoco en los municipios de Viveiro, Burela, Foz y Ribadeo.
* Cope - 14.07.10
Foto: Foz (lugo) - lugotur.com
Ecologistas en Acción denuncia las "irregularidades urbanisticas" en el Puerto de Santa María
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dMINORÍAS/Cádiz* : Las ilegalidades urbanísticas en El Puerto parecen no tener límites. Aunque parezca mentira, incluso una instalación privada de carácter educativo se ha construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, que en parte está especialmente protegido. Según consta en un informe realizado por el Servicio de Planeamiento del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, este colegio se ha construido ocupando una amplia que está clasificada por el actual PGOU como Suelo No Urbanizable Pinar del Conde y como Suelo No Urbanizables de Especial Protección Forestal.
El primer tipo de suelo, colindantes con la Avenida Víctimas del Terrorismo, se han construido pistas deportivas, aparcamiento y diversos edificios, además de haberse procedido a su cerramiento con un alto muro de obra, cuando ninguna de estas actuaciones está permitida en el PGOU.
En la zona colindante con la urbanización Perpetuo Socorro, el colegio ha vallado de forma ilegal una zona de pinos que están clasificadas como No Urbanizables de Especial Protección Forestal, habiendo procedido a la eliminación de toda la vegetación herbácea y arbustiva y a compactar el suelo para utilizarlo como patio del colegio. Según el PGOU en este pinar están expresamente prohibidos “todos los usos y actividades que pongan en peligro o impliquen daño o perjuicio a la fauna y/o flora o contribuyan a modificar las características del suelo”. Actualmente existen dos expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento contra el colegio por estas actuaciones.
Ecologistas en Acción ya solicitó en sus alegaciones al PGOU que no se reclasifiquen estos suelos como de equipamiento privado, pues supondría premiar a los infractores de las normas urbanísticas, y que se mantenga el pinar como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y se incluya dentro del Sistema General de Espacios Libres previsto en esta zona.
* dMinorías - 14.07.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Marbella.- El juez imputa a Connery en relación con un delito fiscal de 1,6 millones
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SUR/Málaga* : Las investigaciones en el caso 'Goldfinger' ya no tienen como único escenario el complejo Malibú, los terrenos a pie de mar en Marbella donde se ubicaba el chalet del actor Sean Connery y en los que hoy se levantan 72 inmuebles de lujo. El proceso judicial ha viajado también hasta Málaga, concretamente a Colinas del Limonar, donde la venta de aprovechamientos urbanísticos por parte de una empresa vinculada al intérprete escocés y a su esposa, Micheline Connery, habría generado un delito contra la Hacienda Pública por un valor superior a los 1,6 millones de euros.
Así lo establece el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, en un auto en el que ordena la creación de una pieza separada en relación con este supuesto delito fiscal y la declaración de Connery y su mujer en calidad de imputados. El magistrado dispone que se libre una comisión rogatoria internacional para la comparecencia judicial de ambos encausados.
En la resolución, a la que ha tenido acceso SUR, el instructor del caso mantiene que el presunto delito contra la Hacienda Pública «pudiera no guardar relación directa con la promoción inmobiliaria Malibú», pero destaca que «es más que obvio» que se trata de unos hechos que «merecen la urgente actuación del órgano judicial». Entre otras cuestiones, porque, según apunta el magistrado, el supuesto fraude a la Agencia Tributaria habría prescrito dentro de diez días, el próximo 25 de julio.
Según los investigadores, la sociedad Montelagares SA, vinculada a los Connery, figura como titular de dos fincas situadas en el partido de los Almendrales de Málaga y afectas al sistema de compensación del sector Colinas del Limonar que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital malagueña. El juez apunta en su auto que en julio de 2004 se produjo la venta a la sociedad Arco Alameda SA de los derechos de aprovechamientos urbanísticos de parte de los terrenos por un precio superior a los 5,5 millones.
La cuantía del supuesto fraude a Hacienda ascendió a 1.642.576,51 euros, según un informe de la Udyco y la Agencia Tributaria, que señala que la operación no fue declarada en la correspondiente liquidación del Impuesto sobre Sociedades -puesto que sencillamente no se presentó-, aunque, sin embargo, si se declaró e ingresó el IVA. El instructor, que mantiene que la investigación se encuentra todavía en una fase «embrionaria», considera que se trataría de un presunto delito fiscal en el que habría colaborado el despacho de abogados Díaz-Bastién y Truán (DBT), que cuenta también entre sus integrantes con varios letrados imputados en la causa principal.
El juez imputó a Sean Connery y a su esposa el pasado mayo en el caso 'Goldfinger', bautizado así en alusión a una de las películas en las que el actor interpretó al espía británico James Bond. En la causa se investigan las supuestas irregularidades urbanísticas en el suelo donde se asentaba el chalet marbellí en el que el intérprete escocés, de 79 años, residió junto a su mujer durante décadas. El magistrado fijó el pasado junio una fianza para el matrimonio de 3,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Para el Tribunal de Cuentas, el supuesto perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella por las actuaciones urbanísticas que desembocaron en la construcción de los 72 inmuebles de lujo que conforman en la actualidad el complejo Malibú supera los 2,7 millones de euros. El PGOU de 1986 permitía la edificación de sólo cinco viviendas unifamiliares.
El juez sostiene que el despacho DBT habría participado en la creación de un entramado societario para «cometer grandes delitos» de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, cohecho y contra la Hacienda Pública, así como un delito de blanqueo de capitales al reintegrar al tráfico mercantil los «pingües beneficios» obtenidos de la venta de los inmuebles de la promoción Malibú. Unos beneficios cifrados por los investigadores por encima de los 53 millones de euros.
* SUR - 15.07.10
Foto: Marbella (Málaga), complejo ilegal Malibú - diariosur.es
El Financial Times y la “mafia del ladrillo”
CARLOS ESPINO/Lanzarote* : La publicación por parte del Financial Times de una noticia que alertaba sobre la posibilidad de que Lanzarote perdiera la condición de Reserva de Biosfera, debido a la existencia de hoteles ilegales, ha desencadenado un debate, a mi juicio, absoluta e interesadamente desenfocado. Por las traducciones que se han difundido, el Financial Times se ha limitado a recoger las declaraciones de un miembro de la UNESCO, al que identifica como Meriem Bouamrane, el cual señala que “estos casos pueden poner en riesgo el estatus de reserva de la biosfera de Lanzarote”. Lo cual no se contradice con las afirmaciones de la propia UNESCO y del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que desmienten que en la actualidad se esté revisando el estatus de Lanzarote como Reserva de Biosfera.
Ante esa aclaración, las reacciones de “indignación” han dominado las reacciones de algunos políticos insulares, llegando alguno a hablar de “ataque a Lanzarote”.
Sorprende, sin embargo, el interés por pasar de puntillas sobre los elementos fundamentales de la información publicada por el periódico inglés que, para desgracia de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, son totalmente ciertos.
A día de hoy, son veintidós las licencias anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A pesar de que las causas directas de las anulaciones pudieran ser formales, el examen de los expedientes de las licencias anuladas permite observar un cúmulo de irregularidades tales como invasión de zonas verdes, desaparición de viarios, plantas construidas de más, edificaciones que no coinciden con el proyecto autorizado, incumplimiento de estándares de calidad...un amplio ramillete que, en algún caso, supone más de veinte incumplimientos de la Ley de Turismo, el Plan Insular y los propios planes parciales en los que se han desarrollado las construcciones cuyas licencias se han anulado. A mayor abundamiento, algunos de esos planes parciales ni siquiera están en vigor, y existen dudas más que razonables de que pudieran ser efectivos con la actual normativa. (Se puede consultar el “catálogo” de incumplimientos en legalidadurbanistica.org)
Hasta tal punto de grosería llegan los incumplimientos que, hasta el momento y por lo que se conoce, tan sólo uno de los promotores con licencias anuladas ha instado la legalización de su establecimiento, porque son conscientes de que, con el actual marco normativo, su legalización resulta imposible.
Como segundo elemento importante en la información del Financial Times, se encuentra el hecho de que once de esos hoteles han recibido fondos europeos. Por definición, si la obra deviene ilegal, si no tiene existencia jurídica, las subvenciones han de ser devueltas, lo que, con ser importante, no llega, tampoco, a ser el elemento sustantivo de la información. Lo realmente importante es el hecho de que el Gobierno de Canarias tramitara e informara favorablemente la concesión de ayudas europeas a hoteles que no se podían construir.
La Revisión del Plan Insular conocida como moratoria turística del Cabildo, ahora anulada por el Supremo por carecer de previsiones indemnizatorias, que sí constaban en el documento inicial y que fueron retiradas por exigencias del Gobierno de Canarias, comenzó a tramitarse en el año 1998, acordando el Cabildo la suspensión de licencias turísticas durante su tramitación. Más allá de cualquier discusión bizantina sobre los efectos de esa suspensión, ya la Sala se ha pronunciado en el sentido de la obligación de respetar esa suspensión del otorgamiento de licencias y lo dispuesto por la moratoria hasta la firmeza, por parte del Supremo, de su anulación.
Pues bien, el mismo Gobierno de Canarias que aprobó definitivamente la moratoria, con un Consejero de Turismo, Juan Carlos Becerra (PNL), perfectamente conocedor de esta circunstancia, informaba favorablemente y tramitaba la concesión de ayudas europeas a construcciones que conocía perfectamente que no podían tener licencia, al menos concedida de forma legal.
Debe quedar para otro momento el comentar hasta que punto se podía considerar la construcción de nueva planta hotelera como objetivo subvencionable, qué zona “deprimida” se pretendía reactivar, cuando las decisiones urbanísticas y turísticas iban en el sentido de frenar el exceso de oferta en Lanzarote.
Por tanto, la información del Financial Times nos enfrenta como sociedad con el proverbial cadáver en el armario. Son miles las camas turísticas que se están explotando a día de hoy en Lanzarote sin ninguna cobertura jurídica, construidas en franco desafío a la ordenación autonómica, insular e, incluso municipal.
Una situación que encuentra el silencio cómplice de los actuales mandatarios del Cabildo de Lanzarote. Lógico. Del actual grupo de gobierno forma parte el PNL, con Juan Carlos Becerra a la cabeza. Su partido es responsable de la concesión de la mayor parte de las licencias ilegales, las otorgadas en Yaiza. Su ex-alcalde, José Francisco Reyes, no sólo figura como imputado por la prevaricación urbanística cometida al otorgar las licencias, sino que se le investiga por supuesto cohecho, una vez que se le ha localizado un patrimonio inexplicado, e inexplicable, por un importe superior a setecientos mil euros.
Juan Carlos Becerra, además, otorgó como Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, las licencias turísticas (las previas) a estos establecimientos, al menos a los de Playa Blanca, negándoselas en algunos casos a los que pretendían edificar en Teguise, donde gobernaba el PIL.
También forma parte de ese grupo de gobierno el PIL, responsable del otro gran bloque de licencias ilegales, en este caso concedidas en Costa Teguise. ¿Se va entendiendo ahora el silencio?
Silencio sorprendente, también, el de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Al parecer, a la máxima responsable de la principal industria del archipiélago, incluida la “casa de la sal”, no le quita el sueño que miles de nuestros visitantes se alojen en instalaciones ilegales, que no sólo no disponen, ni pueden disponer, de libro de reclamaciones o de licencia de apertura, es que no tienen título que justifique y ampare la edificación. ¿O sí le preocupa?. Tal vez lo que le preocupa es que, justo antes de ser nombrada Consejera de Turismo, trabajara como gerente de la patronal hotelera lanzaroteña, algunos de cuyos directivos son propietarios, qué casualidad, de hoteles cuyas licencias han sido anuladas. ¿Se va entendiendo algo más el silencio?
Prevaricación urbanística, cohecho, tráfico de influencias, utilización indebida de dinero público...estos son los elementos que conforman la realidad que el Financial Times denuncia.
Dice el refrán que cuando el sabio señala la luna, el ignorante mira al dedo. En este caso resultaría acertado decir que cuando la prensa denuncia prácticas corruptas, los mafiosos, su brazo político y sus voceros tratan de matar al mensajero.
* La Voz de Lanzarote - Opinión - 12.07.10
