ELPAÍS* : La falta de colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aporte de una vez por todas las facturas de cualquiera de los departamentos autonómicos con las sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen, Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo, y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en concursos como relleno, y consiguiendo que solo se presentaran las relacionadas con la red corrupta.
Además, el magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del deber de colaboración con la Administración de justicia impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los responsables de que esta documentación solicitada no se haya enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez serán las personas físicas que actúen en nombre y representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo 31 del Código Penal.
La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación se produce después de que los agentes de la UDEF encargados de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una comunicación en la que constataban la falta de cooperación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.
En este documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro intentos fallidos para obtener esta información, vital para conocer la total implicación de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo utilizando estas empresas pantalla.
El primero de los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad para conseguir esta documentación se produjo días después de que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno regional remite los documentos solicitados, pero de forma incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour 200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13 de octubre con el secretario que firmó la contestación de la Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría estas facturas, tal y como consta en una grabación de la Policía Judicial.
Pese a este, los agentes no han recibido estos documentos, por lo que volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no logran contactar con el secretario, que se había comprometido a buscar estos documentos vitales para la instrucción del caso.
Ante esta falta de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar a los responsables de la Comunidad las posibles responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de colaboración con la justicia.
El Grupo Rafael es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael facturó más de un millón de euros a instituciones municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa, especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de la documentación obtenida en los registros de las empresas de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la responsable de las empresas de la trama es claro al respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".
Además de a los organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de Arganda del Rey.
* El País - 18.12.10
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google
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DIAGONAL* : Un acuífero estaba siendo desecado para la urbanización del espacio protegido Soto de Garray. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha prohibido que se siga drenando agua del acuífero situado en el Soto de Garray, Soria, donde se pretende construir una urbanización de lujo que la Junta de Castilla y León denomina Ciudad del Medio Ambiente. El tribunal da la razón a la organización ecologista Centaurea, que presentó un contencioso contra las obras que se están realizando en este paraje natural protegido, cuyos terrenos son inundables. Con el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León pretende transformar un espacio de gran valor natural en 800 viviendas, la mayoría de lujo, un parque empresarial, hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo. Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección.
Urbanizaciones blindadas
Para ello, la Junta modificó, el 18 de diciembre de 2006, la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León que permite tramitar por ley aquellos proyectos regionales considerados de “relevancia para el desarrollo social o económico”. Con este ardid se aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en 2007 y sólo se podría revocar en el Tribunal Constitucional.
Grupos ecologistas se han opuesto a esta urbanización, aunque apenas había posibilidades de detener el proyecto. Ahora han recurrido la ejecución de las obras por el drenaje de un acuífero, cuyas aguas se estaban vertiendo a un meandro del río Duero. El juez ha decretado la protección de los acuíferos y la prohibición de desecarlos en el sector 1 de las obras de la Ciudad del Medio Ambiente, que ya se están ejecutando, además de prohibir la tala de árboles singulares, y áreas boscosas. Según Roque Ortega, de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), “el auto es importante. No podemos ir contra la ley, eso le corresponde al Constitucional, pero sí podemos actuar contra las obras. Si la respuesta al contencioso hubiera llegado antes habríamos salvado bastantes árboles”, lamenta Ortega.
María Jesús Ruiz, consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, natural de Soria, ha puesto especial empeño en que saliera adelante el proyecto urbanístico. El fiscal de Ávila propuso que Ruiz fuera imputada por la tala de un pinar para construir una urbanización en las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila.
En el caso de la Ciudad del Medio Ambiente, Ruiz siempre afirmó que éste sería un proyecto para que los sorianos se quedaran en la provincia. Sin embargo, las viviendas de la Ciudad del Medio Ambiente sólo estarán disponibles para una élite. Tampoco se justifica la necesidad de residencias en una de las provincias con menos densidad de población del Estado español. La Ciudad del Medio Ambiente alojará un núcleo urbano de 3.000 habitantes.
El Soto de Garray es un espacio natural inundable con lagunas permanentes y otras estacionales. Cuenta también con un patrimonio cultural valioso, como una necrópolis medieval y restos de construcciones de la Guerra Civil que ya han sido derribadas. Esos restos bien conservados correspondían a edificios militares, trincheras y un aeródromo desde el que salieron los aviones italianos que bombardearon Guernica. Además, la Ciudad del Medio Ambiente tendría un gran impacto visual en el paisaje, ya que se encuentra a tres kilómetros (900 metros de su punto más cercano) de las ruinas celtíberas de Numancia, declaradas Monumento Nacional.
Las obras empezaron en 2009. ASDEN denunció, en abril de ese año, la tala de 3.000 pinos negral, una masa forestal de 3,75 hectáreas de una edad aproximada de 30 años. Se ha arrasado ya con el sotobosque, se han realizado zanjas, catas y han metido tubos.
El empeño es desecar zonas inundadas. Ahora lo prohíbe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aunque no se ha permitido la entrada de un notario para comprobar que efectivamente se cumplen las medidas cautelares dictadas por el juez.
Carlos Bravo, de Centaurea, explica que “entre las medidas cautelares dictadas, se paralizaron también las obras de un pozo, presuntamente ilegal, de al menos 3,5 metros de profundidad y un diámetro de ocho metros que finalmente se terminará de construir por el peligro de corrimiento de tierras que podría producirse si se deja la obra a medias. De ahí se extraía agua con dos motobombas de gran capacidad durante las 24 horas del día. Se pretende bajar el nivel freático y desecar el Arroyo de la Vega y las zonas húmedas del Soto de Garray para poder construir”, asegura Bravo.
ESPECIES PROTEGIDAS
En el Soto de Garray de Soria tenía su hábitat la segunda mayor colonia de cigüeña blanca de la provincia, que ahora han desaparecido porque sus nidos han sido trasladados de lugar. También tenían su hábitat en este paraje especies protegidas como el alimoche, el águila calzada, el milano real o la nutria. Además de 180 especies de aves. La masa forestal estaba formada por una dehesa de fresnos centenarios, extensos abedulares y un bosque de rivera catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
* Diagonal - 16.12.10
Foto: Soria, ciudad medio ambiente - ecologistas en acción
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LAOPINIÓN/Tenerife* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Plan Parcial SAPUT-1 de Los Realejos en el que se contemplaba la construcción de 200 camas turísticas en cerca de 20.000 metros cuadrados situados en los alrededores del Hotel Maritim y cuyos propietarios son también los promotores de este planeamiento. La anulación había sido solicitada por el Gobierno de Canarias apelando a la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes también conocida como moratoria turística. El Ejecutivo procedió en el año 2002 a recurrir el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Los Realejos que dio vía libre de forma definitiva al Plan Parcial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló a favor del Gobierno canario en 2006 y ante esta sentencia los promotores procedieron a presentar otro recurso ante el Supremo.
Escasas fechas
A finales de noviembre se pronunció el alto tribunal rechazando el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y los empresarios. El Supremo da por válida la ley que suspende la tramitación del nuevo planeamiento de desarrollo en aquellos ámbitos o sectores cuando el Plan General permita el uso alojativo turístico. En este fallo se exceptúan algunos casos que no considera el TS que sean de aplicación para el plan parcial mencionado. El Gobierno canario intentó demostrar que el Supremo no podía entrar en este asunto ya que la ley de moratoria es de aplicación exclusiva en el territorio de las islas. El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Los Realejos, Manuel Domínguez, indicó ayer que a falta de conocer en profundidad el texto de este fallo judicial lo considera "una mala noticia para el desarrollo turístico del municipio".
Para Domínguez la resolución judicial implica un "retroceso" en la actividad económica de Los Realejos, "y aunque no conocemos exactamente lo ocurrido y el contenido exacto de la resolución creemos que de nuevo el municipio pierde una oportunidad para generar economía y avanzar en el desarrollo turístico".
Domínguez indica que este plan parcial era de los pocos que habían previsto con fines turísticos en Los Realejos, un municipio que tiene pocas posibilidades de avanzar en este sector, dado que la mayor parte de su territorio está en el campo. Las batallas judiciales del plan parcial se remontan al año 2002 cuando se llevó a cabo el primer impulso. "Es una pena que se haya echado para atrás porque este documento era uno de los pocos balones de oxígeno que nos quedaban". El exconcejal de Urbanismo, Sebastián Ledesma se posicionó en el mismo sentido y recordó que han existido varios intentos para introducir este planeamiento en el Plan General, por ello mostró su sorpresa por este fallo judicial en cuanto consideró que el caso ya estaba resuelto Ledesma indica que siendo concejal de Urbanismo ya había apostado por reducir el número de camas turísticas con el fin de evitar los enfrentamientos con el Gobierno canario por la aplicación de la moratoria turística. No ocurrió así ya que el recurso presentado por los promotores y por el Ayuntamiento se inicia en el año 2006, justo cuando el primer fallo del TSJC anuló el planeamiento.
* La Opinión Tenerife - 17.12.10
Foto: Hotel Maritim en cuyos alrededores se iba a desarrollar el Plan. la opinión
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LEVANTE* : Cerca de 400 personas, según la organización, se han concentrado este sábado frente a la estación provisional del AVE Joaquín Sorolla en Valencia bajo el lema 'Menos AVEs y más regionales' para pedir una inversión "coherente" en el ferrocarril que preste especial atención a los servicios más utilizados por la población, según ha indicado a Europa Press el portavoz de CGT, Ramón Ferrandis. En la concentración, se ha leído un manifiesto redactado por la Plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible y apoyado por diversas organizaciones sindicales y ecologistas, en el que se exige un ferrocarril "asequible económicamente, de calidad, cómodo, seguro, moderno y polivalente". Ferrandis ha criticado que la línea de alta velocidad, "utilizada por el dos por ciento de la población", obtenga el "87 por ciento de la inversión", mientras que el ferrocarril "convencional sólo reciba el 13 por ciento" del presupuesto, "pese a ser el utilizado por el 98 por ciento de los usuarios".
Al respecto, ha tildado de "paradójico" que al mismo tiempo que se inaugura el AVE "con una inversión faraónica de 12.000 millones de euros", el Consejo de Ministros del próximo viernes "se esté planteando cerrar líneas como la de Xátiva-Alcoi, Castellón-Vinarós, Valencia-Teruel o Valencia-Cuenca".
Por último, el documento recalca la existencia de una doble red ferroviaria en España: el AVE, "de primera, exclusiva para los trenes de alta velocidad, utilizados por una minoría de usuarios con un alto poder adquisitivo", y otra "de segunda" para los trenes de cercanías, regionales y de mercancías, "que usa la gran mayoría de usuarios y con un gran déficit de inversiones".
En esa misma línea, el candidato de EU a la alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, ha apoyado las reivindicaciones de los sindicatos porque, a su juicio, "se han perdido 12.100 millones que podían haber servido para mejorar la red ferroviaria de la Comunitat y de acceso a Madrid".
Diversos colectivos protestan aprovechando la llegada del AVE
Otro colectivo que se ha manifestado frente a la nueva estación del AVE ha sido la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra, que ya estuvo protestando en la inauguración del AVE a Albacete y en varios Consejos de Ministros para exigir que el ATC no se instale en la localidad valenciana.
El portavoz de este colectivo, José Cerdá, ha expresado su confianza en que las alegaciones que el Gobierno está estudiando al proyecto del ATC impidan que el cementerio nuclear se instale en Zarra, que es el lugar que cuenta con "un mayor rechazo institucional" de entre todas las localidades candidatas.
* Levante - 18.12.10
Foto: Asistentes a la concentración en la que sindicatos, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra y la Asociación de Abuelos por la Custodia Compartida (ASACCO) han aprovechado hoy la llegada del AVE a Valencia para trasladar sus reivindicaciones ante la nueva estación Joaquín Sorolla de la ciudad. EFE
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ABC* : El alcalde de Lugo, José López Orozco, aseguró hoy que en el Ayuntamiento recibieron con "perplejidad" una sentencia que anula una licencia concedida por este ente local para la construcción de un edificio en la calle República Argentina de 38 viviendas que llevan años habitadas. La resolución la dictó el juzgado de la Contencioso Administrativo número dos de Lugo, que considera ilegal el estudio de detalle para la zona de ese inmueble y el alcalde ya avanzó que recurrirán ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El mandatario observó que los temas de urbanismo "son complejos", a la vez que expresó la convicción de que el TSXG "como ya ha ocurrido en otras ocasiones nos dé finalmente la razón".
Aúna así, asumió que mientras no se produce "queda esta zozobra", que, dijo, "yo tengo la obligación de despejar en los compañeros de corporación y también en el conjunto de la ciudadanía".
Por eso avanzó la intención de "dar una explicación" a los grupos municipales del Ayuntamiento y a la ciudadanía en general "para que tengan confianza en las licencias que está otorgando el Ayuntamiento, ya que bajo nuestro prisma, todas están conformes a la legalidad", subrayó. EFE
* ABC - 17.12.10
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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ELPAÍS/Cádiz* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado por tercera vez el planeamiento urbanístico de Prado del Rey. El alto tribunal andaluz declara nula la aprobación del PGOU del municipio gaditano "por su inadecuación al orden jurídico". Según la resolución judicial emitida el 25 de noviembre por la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo en Sevilla, una vez declarada la nulidad, debe procederse a la elaboración, aprobación y tramitación íntegra del plan "como si nunca hubiera existido". La sentencia da respuesta a un recurso presentado por Ecologistas en Acción. La organización conservacionista criticó especialmente que el alcalde de Prado del Rey, el socialista Fernando Pérez, pretendiera recalificar cerca de 600.000 metros cuadrados del Parque Natural de Los Alcornocales para construir un centenar de viviendas, un hotel, un geriátrico y un centro comercial.
El PGOU ahora anulado también vulneraba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) al contemplar la recalificación de dos millones de metros cuadrados de suelo para levantar 2.151 viviendas a sabiendas de que el crecimiento demográfico del pueblo, de 6.000 habitantes, está prácticamente estabilizado. Mientras que el POTA no permite incrementos de suelo urbanizable superiores al 40%, ni de población superiores al 30% en ocho años, el PGOU de Prado del Rey triplica los suelos urbanizables y prevé duplicar la población.
Advertencia ecologista
El portavoz ecologista, Juan Clavero, exigió ayer una rectificación inmediata y advirtió al alcalde gaditano que acudirá a la vía penal para denunciar un presunto delito de prevaricación si el Consistorio no corrige el planeamiento y presenta un nuevo PGOU que respete la legalidad.
No es la primera vez que Ecologistas en Acción pide la modificación del texto. Clavero recordó que tras las resoluciones judiciales anteriores y a pesar de las alegaciones del colectivo que dirige, el Ayuntamiento presentó para su aprobación en diciembre de 2008 "el mismo planeamiento". Además, la sentencia recoge que el Consistorio trató de aprobar el PGOU "sin someter el texto a información pública".
* El País - 17.12.10
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
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