ELPAÍS* : Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique, respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento.
La regidora niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.
Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real.
Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.
Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.
Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.
Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de 2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.
A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.
"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla en su denuncia judicial.
Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas. Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores ilegales a los ediles y cargos municipales.
* El País - 26.11.10
Foto: Ciudad Real, ayuntamiento - sobreespana.com
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MADRIDIARIO* : El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, prevé el próximo lunes, día 29 de noviembre, levantar la totalidad del secreto sumarial que pesa sobre las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, entre las que figuran las piezas separadas de la investigación, han informado fuentes jurídicas. El magistrado dictará un auto o providencia en la que se notificará a las partes la fecha en la que los abogados podrán pasar a recoger la documentación. Las mismas fuentes han indicado que es previsible que no se prorrogue más el secreto del sumario. Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, informaron fuentes jurídicas.
El levantamiento total del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados. El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.
Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre. Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.
Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael.
Sin llibertad para Correa
Además, el juez que investiga la rama madrileña del 'caso Gürtel', ha denegado este jueves la puesta en libertad del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fue solicitada tras conocerse el auto de imputación del magistrado Baltasar Garzón por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales del cerebro de la red dentro de la cárcel.
En un auto Pedreira recuerda que tanto el juez instructor de la causa como la Fiscalía "han descrito numerosos motivos para denegar la libertad provisional" de Correa y ha subrayado que a ello se une que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha ratificado en varias ocasiones la prisión provisional" del imputado.
Además, hace hincapié que el magistrado instructor de la causa, "no se ha convertido en enemigo del reo, ni ha generalizado el modelo del derecho penal del enemigo ni se deja llevar por eventuales prejuicios o apariencias".
* Madridiario - 25.11.10
Foto: Caso Gürtel, interrogatorio TSJ Madrid 2009 - laverdad.es
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DIARIODECÁDIZ* : En el marco del VII Encuentro de Ciudades y Entidades de la Ilustración que se está celebrando estos días en la localidad, la Universidad de Cádiz (UCA) junto con el Consistorio isleño están llevando a cabo unas jornadas sobre Ilustración y parlamentarismo moderno que profundizan sobre aspectos de gran relevancia en la etapa de mayor esplendor de San Fernando, de la que se conmemora el Bicentenario de Las Cortes de 1810. Entre esos aspectos, las jornadas se caracterizan por ahondar en las ponencias de ayer y hoy en el legado patrimonial de la ciudad. En concreto, Juan Torrejón y José Ramón Barros, de la UCA, rescataron la trascendencia que tuvieron la construcción y consolidación de dos áreas clave en el desarrollo urbanístico del entorno de San Fernando tanto civil como militar: la Población de San Carlos y el Arsenal de La Carraca.
En su intervención, Torrejón, en un tono casi de denuncia, abogó por compatibilizar el urbanismo con el respeto al entorno, "todo es posible cuando se hace con racionalidad". Una racionalidad heredada e inspiradora de las construcciones propias del Siglo de Las Luces, alejada de las "desafortunadas intervenciones que se hacen en las ciudades", de una sociedad contemporánea "que debe aprender de estos modelos" racionales, ortogonales: "Hay que respetar el pasado como un valor en sí mismo y como enlace con la historia. En Cádiz, por ejemplo, no se conserva ningún buque histórico del siglo XVIII".
El ponente destacó, también, la necesidad de "evitar un desarrollo urbano alocado y que fomente la aparición de zonas suburbiales". En este sentido, considera primordial "el cuidado exquisito del patrimonio", como lo han venido haciendo hasta ahora "los militares" porque "preguntan a quien sabe". Así, el turismo del futuro pasa, según Torrejón, por "la conservación y restauración bien hechas, por su puesta en valor" y demandó un compromiso para "dar figuras de preservación a nuestro patrimonio. Lo más revolucionario hoy en día es la conservación", adujo.
En su intervención titulada La Población de San Carlos planeó sobre el siglo XVIII y un urbanismo que "tuvo más de proyectos que de realizaciones concretas porque se quería transformar España sin tocar las estructuras". Cádiz fue en aquella época la principal población naval y militar de España y tras el traslado del arsenal a La Isla, la Población de San Carlos fue buscando su expansión como proyecto poblacional "complejo y bien articulado".
Por su parte, el historiador José Ramón Barros trató sobre Arquitectura y urbanismo en el Arsenal de La Carraca, una muestra de "construcción funcional, limpieza ornamental y desarrollo de formas clásicas".
Con la mostración de una serie de planos datados a mediados del siglo XVIII, el conferenciante explicó la evolución de los trabajos en el emplazamiento castrense desde la elaboración de un plano general en torno a 1720 -el primer plano de intervención se fecha en 1718- donde se empieza a proyectar una ejecución "sectorizada en la que cada parte tiene una funcionalidad específica en el carácter industrial y militar". En este proceso se mezclan elementos barrocos y clasicistas y se ubican dependencias hospitalarias, carcelarias, de avituallamiento y protección, naves de arboladura y gradas y diques de cadena. De ellos, los diques de San Antonio, San Luis y San Carlos, sitos en la zona actual de Navantia.
Hoy y el viernes está previsto que continúen las jornadas que se alternarán con visitas a los edificios constitucionales isleños o al Centro de Interpretación del Parlamentarismo, entre otras.
* Diario de Cádiz - 25.11.10
Foto: Reunión de trabajo de la Asociación de Ciudades de la Ilustración, ayer en el Observatorio de Marina.- diariodecadiz
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LAVOZDEGALICIA* : El concejal de Urbanismo, José Manuel Mariño, dejó ayer la puerta abierta a la legalización del apartotel de Samil con orden de desalojo, que que no de derribo, por cambiar el uso a vivienda colectiva. Eso sí, advirtió que el nuevo Plan de Urbanismo deja claro que en esa zona solo se permiten apartoteles y que, por tanto, los únicos que existirán son los legalizables o los que se construyan. Sobre las actuaciones efectuadas por los propietarios del inmueble para su transformación, Mariño comentó: «hasta donde yo tengo conocimiento, no han hecho nada más desde la notificación del juzgado que lo que ya habían hecho». Dejó claro que no le corresponde al Concello hacer trabajos para legalizar la obra, al tratarse de una propiedad privada.
Para el responsable municipal de Urbanismo, el problema de estos casos concretos nunca está en el proyecto técnico: «cualquier construcción se puede transformar en lo que se quiera, aunque solo quede una zapata del edificio original; otra cosa es el uso que se le dé y el informe jurídico, que dirá lo que tenga que decir cuando esté redactado». Insistió en que el problema está en el uso y no en instalar una recepción más o menos. Como ejemplo, citó el caso de numerosos edificios de viviendas del centro de las ciudades que se transforman en apartoteles.
Mariño justificó el hecho de que el Concello aún no haya concedido la licencia de obra solicitada por los propietarios en marzo del 2009 «porque lo importante no es cuándo se solicita, sino cuándo se cumplimentan todos los datos; a partir de ahí ya se pueden contar los tres meses que estipula la ley». Recordó que hasta agosto del 2008, fecha en la que entró en vigor el Plan Xeral, los propietarios de inmuebles ilegales siempre alegaban lo mismo, que la situación cambiaría con el nuevo plan. Ahora, una vez aprobado, solo cabe decidir cuales son legalizables y cuales no. «Aquellos que cumplimenten la normativa y tengan solución legal, se podrán hacer, y los que no, se cumplirá la sentencia.
El caso de este apartotel de Samil nada tiene que ver con los otros cinco sobre los que pesa una orden de derribo, para la que ya se elabora el proyecto. Sobre este otro edificio existe una orden de desalojo y de supresión de servicios, tales como electricidad, agua y saneamiento, que el Concello transmitió a los propietarios en el 2005.
Los 48 afectados presentaron un recurso para ganar tiempo y emprendieron el camino en pro de la legalización para lo que constituyeron una sociedad.
A día de hoy permanecen a la espera de obtener licencia municipal para acometer una serie de reformas.
* La Voz de Galicia - 24.11.10
Foto: Edificio con orden de desalojo -lavozdegalicia
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LAPROVINCIA* : Con la detención de Francisco José Martínez, ya son cinco los directivos de la empresa Urbaser detenidos dentro de la conocida como 'Operación Jable' que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, e instruye el Juzgado número cinco de Arrecife, en Lanzarote, a través del juez César Romero Pamparacuatro, en comisión de servicios. Esta empresa de servicios, que pertenece al Grupo ACS, liderado por Florentino Pérez, tiene la concesión en Arrecife desde hace más de dos décadas de la limpieza de jardines, calles y la recogida de basura. Martínez es en la actualidad director de Explotación y Obras. En abril pasado fueron detenidos el gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y Stephan Jean Valverde, en Madrid. Meses después, tras la declaración de Álvarez ante el juez, se detuvo a Manuel Andres Martínez, que fue director general del área de servicios Urbanos y número dos de la compañía en el año 2002 (cuando se producen los presuntos hechos delictivos), y al actual director de Servicios Internacionales, Santiago Alonso.
Álvarez pasó un mes en prisión y fue puesto en libertad por el juez, acusado de cohecho. Valverde, Martínez y Álvarez no llegaron a entrar en prisión y están imputados por cohecho y alteración de concurso público. La investigación se centra en la renovación de la adjudicación a Urbaser del servicio de recogida de basura y limpieza de calles en Arrecife en la época de María Isabel Déniz, cuando Felipe Fernández Camero era secretario del Ayuntamiento de Arrecife.
Por este caso también está imputado por cohecho Miguel Ángel Leal, ex secretario del PSOE de Arrecife y Rafael Arrocha, ex jefe de la oficina técnica municipal y que ha permanecido en prisión durante seis meses y fue puesto en libertad el pasado 29 de octubre. Arrocha, que ya ha sido detenido dos veces en esta operación, está acusado de cohecho, alteración de concurso público, tráfico de influencias y malversación de caudales, entre otros delitos.
Se investigan distintos pagos que podía haber hecho la empresa tanto a Déniz como a otras personas, entre ellos una comisión ilegal de 300.000 euros para la renovación del contrato y múltiples regalos y viajes por medio del gerente Jacinto Álvarez, que anotaba en una libreta que encontró la Guardia Civil.
La detención de Celso Betancort y Felipe Fernández Camero estaría relacionada con este caso ya que ambos aparecían nombrados en los apuntes de Álvarez como posibles beneficiarios o intermediarios de esos pagos. Fernández Camero, además, entabló gran amistad con Déniz en su etapa de alcaldesa.
Urbaser factura anualmente al Ayuntamiento de Arrecife unos seis millones de euros y cada año la factura aumentaba en unos 300.000 euros gracias a una cláusula ideada por Arrocha. La empresa está presente en una veintena de países, tiene cerca de 32.000 empleados y gestiona la limpieza de doscientos municipios. Genera al año un volumen de cerca de 1.500 millones de euros.
* La Provincia - 24.11.10
Foto: Detención de Marco Aurelio Hernández por el caso Unión - Acfi Press
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PÚBLICO/Mallorca* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena a seis años de prisión al ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) en Llucmajor, Joaquín Rabasco; a tres años al ex alcalde del municipio, Lluc Tomàs (PP), y a otros tres años de cárcel a la ex secretaria de Rabasco en la formación, María del Amor Aldao, en el marco del caso Llucmajor que fue juzgado en 2008 tras siete años en instrucción. El tribunal ya había fallado sobre este asunto en septiembre de 2008 pero el Tribunal Supremo decretó el pasado marzo la nulidad de la resolución judicial y devolvió la causa a la Audiencia para que subsanase los defectos detectados. Contra esta nueva sentencia cabe otra vez recurso de casación.
La Audiencia impone a Rabasco cuatro años de privación de libertad por un delito de malversación de caudales públicos y dos años por otro de alzamiento de bienes, mientras que sobre Tomàs recaen tres años por malversación y sobre Aldao, dos años por este mismo delito y otro por alzamiento. Además, obliga a los tres acusados a indemnizar al Ayuntamiento de Llucmajor con 681.450 euros.
La trama por la que han sido condenados Rabasco, Tomàs y Aldao, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, operó entre 1999 y 2002. Durante ese periodo, el entonces alcalde permitió y auspició el desvío de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuatro empresas ligadas a Rabasco, que ocupaba el cargo de concejal de Deportes y Fiestas. Las empresas habían sido constituidas por la ex secretaria de ASI y amiga personal de Rabasco.
En los fundamentos de derecho de su nueva sentencia, el tribunal mantiene que los acusados, aprovechándose de sus respectivos cargos, idearon una trama dirigida a trasvasar de forma "torticera" fondos municipales a las arcas de ASI para que llegase a poder de Rabasco "a cambio de sus votos, que garantizaban una cómoda gobernabilidad de Tomàs, quien, sabiéndolo, lo consentía aunque no se lucraba directamente con las operaciones".
Lo que no se ha destapado
Es más, la resolución, que recuerda que ASI y PP ya habían sido socios incluso antes del mandato de Tomàs, deja entrever que "posiblemente han existido otras conductas igualmente reprobables que no han sido enjuiciadas y ni siquiera investigadas". Y mantiene que tanto la formación como el propio Rabasco "estarían ávidos de fondos", mientras que el entonces alcalde, que "posiblemente no colaboró en la trama societaria urdida, se vio forzado a darles su apoyo metálico a cambio de sus votos".
Según el tribunal, el ex alcalde Tomàs sabía que Rabasco se lucraba con eventos municipales e inflaba las facturas giradas al ayuntamiento.
* Público - 26.11.10
Foto: LLucmajor (Mallorca), obras paralizadas - M.Cañellas, diariodemallorca.es
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MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid pretende que el Canal de Isabel II le compense en su proceso de privatización con más de 300 millones de euros en concepto de la distribución del agua a partir de 2011. Parte de la cantidad que presupuestó para 2010, 225 millones, se redigirá en 2011 para cubrir el pago a proveedores. El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, explicó en la comisión ordinaria del ramo que Ayuntamiento y Canal tienen dos convenios suscritos. El primero, a largo plazo y suscrito en 2006, cedió los servicios de saneamiento por más de 700 millones de euros. El segundo es de corto plazo y se refiere a la distribución de aguas en la ciudad. Este último acuerdo finaliza el 31 de diciembre de este año.
El edil continuó afirmando que el acuerdo entre ambas entidades se extiende a que los beneficios que obtiene el Gobierno municipal por el ciclo del agua se reinvierten sin contraprestación en la mejora de las infraestructuras de aguas de las que se ocupa el Canal en la ciudad.
Al privatizarse la empresa, el Ayuntamiento considera que requiere una contraprestación por el lucro que va a tener un tercero privado usando las infraestructuras madrileñas. Esta compensación, a la que el edil estima que la ciudad tiene "todo el derecho", podría darse a través de un pago único de más de 300 millones, gracias a un concurso público para la gestión de estas infraestructuras madrileñas, o incluso mediante una 'municipalización' de este patrimonio. O sea, que Madrid crease una empresa pública que gestionara la distribución del agua. El Consistorio se encuentra a la espera de las decisiones que tome el Canal para exigir esta restitución.
En 2010, los beneficios que calculó el Ayuntamiento por la privatización del Canal ascendían a 225 millones. Por desgracia para las arcas municipales, la operación va más lenta de lo que previeron. Después de que el Gobierno no permitiese al Consistorio refinanciar sus vencimientos de deuda, éste ha decidido presupuestar para 2011 parte de esta cantidad para cubrir el pago a proveedores a la espera de que la empresa de aguas formalice su capitalización parcial. El resto del ingreso pasaría a la tesorería municipal.
* Madridiario - 24.11.10
Foto: Madrid, privatización Canal - madridiario
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ZH2NO* : No es que sorprenda a nadie a estas alturas, pero parece ser que definitivamente el las Vegas monegrino, el que iba a ser el más grande proyecto de Aragón desde los Reyes Católicos, según el vicepresidente Biel, se ha desinflado como la burbuja especulativa sobre la que cabalgó durante años la economía del Estado Español. Tres años después de su presentación a bombo y platillo en el salón de la Corona de la Diputación General de Aragón los promotores de Gran Scala admiten que no tienen los 500 millones para iniciar el proyecto, cosa que no necesitaban anunciar, habida cuenta que en estos tres años todo lo que han hecho ha sido comprar unas cuantas hectáreas de secano en la localidad de Ontiñena con un desembolso mínimo.
Eso sí, aseguran que en febrero comprarán los terrenos de los Monegros por los que ya han entregado un millón de euros a 70 propietarios en concepto de opción de compra porque siguen “trabajando en el proyecto”. Pero no parece ser muy creíble un proyecto que ni tan siquiera ha conseguido avalar el 10% necesario para comenzar la obra y sobre la cual no existen ni tan siquiera planos, sino sólo unas cuantas bonitas infografías como la que ilustra este texto.
Hubo quien desde el momento cero anunció que este proyecto no era viable, ni siquiera deseable, habida cuenta que sus promotores son una colección de personajes oscuros, con unas relaciones y negocios más oscuros todavía. Aún así el Gobierno de Aragón no dudó un segundo en promover legislación ad hoc para el insensato proyecto, así como montar un sarao con dinero público para su presentación.
Ahora llega el tiempo de mirar hacia otro lado y de desmentir lo evidente, como fue que durante un tiempo las instituciones echaron el resto por un proyecto absolutamente irracional. Como de costumbre nadie tiene la culpa, nadie tiene responsabilidad alguna, nadie sabe nada…
* ZH2NO - Nov 2010
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala
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