La UE exige que funcionen las costosas desaladoras que financió

ELPAÍS/Bruselas* : La Comisión Europea ha tomado buena nota de las declaraciones del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre el “fracaso estrepitoso” del plan de desaladoras. El ministro afirmó en el Congreso que, tras una inversión de más de 1.600 millones, las 17 plantas existentes solo funcionan al 16,45% de media y apuntó que quería consensuar nuevos trasvases. Así que el 8 de marzo, durante la visita de Arias Cañete al comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, este le pidió que, como prioridad, pusiera en marcha las desaladoras y recordó que la mayor parte de la financiación del plan procede de dinero europeo.

Una portavoz de la Comisión señala en un correo electrónico que “una cantidad considerable de fondos europeos, unos 1.500 millones de euros, han sido invertidos los últimos años en plantas desaladoras en España. Hemos tomado nota de la declaración ante el Parlamento de que están funcionando al 16% de su capacidad. Esto cuestiona la efectividad del uso del dinero de los contribuyentes europeos”. La Comisión espera “que el Gobierno español tome las medidas apropiadas para conseguir el mejor uso de estas infraestructuras pagadas con fondos europeos”. Lo contrario “podría tener un fuerte impacto negativo en la disponibilidad de fondos europeos para España”.

La exministra Cristina Narbona anunció, en 2004, que su plan de desaladoras aportaría “más agua, en menos tiempo y más barata” que el derogado trasvase del Ebro. Pero el plan de desalación sigue lejos de cumplir lo anunciado. Según explicó Arias Cañete en el Congreso, “el plan suponía la construcción de 51 instalaciones”. “En este momento, 17 están en explotación y 15, en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros, y precisamos otros 762 millones si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas con una inversión de más de 2.426 millones”, dijo. Las desaladoras produjeron el año pasado 111 hectómetros cúbicos de agua, un 16,45% de su capacidad máxima. Es probable que no se construyan las no iniciadas.

No hay una sola causa que explique la baja utilización. Hay Ayuntamientos que firmaron convenios para utilizar el agua desalada. El documento era imprescindible para poder autorizar los enormes desarrollos urbanísticos en zonas áridas durante la burbuja inmobiliaria. Ahora, los miles de viviendas no se han construido, y los municipios no quieren pagar la factura.

Es el caso de las desaladoras de Oropesa-Cabanes y Moncofa (Castellón), cuyas obras están a punto de concluir con una inversión de más de 100 millones. El alcalde de Cabanes, Francisco Vicente Artola, del PP, explica que cuando estén terminadas, su municipio deberá pagar unos 70.000 euros al mes durante 25 años para amortizar las obras: “Queremos negociar con Acuamed [la empresa pública de Medio Ambiente] para que no nos ahogue económicamente”. Artola añade: “Eso se firmó cuando había unas expectativas de viviendas que ahora no existen. No necesitamos agua”.

Las empresas que explotan las plantas cobran unos 150.000 euros al año por el mantenimiento, pero el coste de la energía recae sobre los usuarios, lo que implica subir el recibo. Como ha llovido, las administraciones han preferido usar agua superficial o subterránea, que es más barata.

Además, el PP en la Comunidad Valenciana puso todo tipo de trabas a las desaladoras, sobre todo a la mayor de Europa, la de Torrevieja, con capacidad para 80 hectómetros cúbicos al año y una inversión de 300 millones. El Gobierno regional y el Ayuntamiento bloquearon los permisos para la toma de agua porque atravesaba el puerto. Solo accedieron a hacerlo en noviembre pasado, cuando el PP estaba a punto de llegar al Gobierno.

Por último, el agua desalada es cara para la agricultura. Arias Cañete cifró el coste en 1,1 euros por metro cúbico, “muy superior a lo que pueden soportar los costos del sector, que se sitúan en 0,30 euros por metro cúbico como máximo”. Medio Ambiente considera que la desalación “medioambientalmente es dudosamente sostenible como base del abastecimiento por su alto consumo energético”, y por la producción de salmuera sobrante.

La Comisión dice que la situación no puede continuar: “España es uno de los países con mayor estrés hídrico y uno de los Veintisiste con las tarifas de agua más bajas. Esto es un contrasentido”. Bruselas sabe que “el agua en el Sureste está sobreexplotada por una agricultura muy rentable” mientras que las obras hidráulicas están “fuertemente subvencionadas”. Añade que la pérdida de humedales o acuíferos son cargas para “toda la sociedad”. La Comisión sostiene que “con la adecuada aplicación de la legislación [la directiva marco del agua], la desventaja de la desalinización se reduciría enormemente o incluso desaparecería”. “Las autoridades y los agricultores tienen que darse cuenta de que el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en las próximas décadas”, añade. Y concluye: “El uso de agua barata a costa del medio ambiente debe terminar”.

Uno de los problemas es que el Gobierno del PSOE en la primera legislatura vendió las desaladoras como un sistema de suministro estable y las diseñó enormes. La realidad las ha dejado como sistemas de emergencia para situaciones de sequía. Ángel Cajigas, director de ATTA, patronal de empresas de agua, admite que algunas plantas estaban sobredimensionadas, pero añade: “El agua desalada en sí misma, es más cara que otros recursos. Pero hay que tener en cuenta que uno no bebe agua desalada sola, sino mezclada con el agua superficial o subterránea y el impacto del coste desalada en la tarifa final es menor. En un momento de sequía, ¿cuánto vale tener agua en Barcelona? Hay que verlo como un elemento de garantía”.

Con la sequía, y aunque sea a un alto precio, el Levante tiene casi garantizado al menos el abastecimiento humano. Mientras el PP amaga con nuevos trasvases, los deberes que marca Bruselas son poner en marcha las denostadas desaladoras. Ya construidas con dinero europeo para bien o para mal.

Malestar en las empresas

El mensaje de Bruselas —con advertencia sobre el futuro de los fondos incluidos— respecto a la necesidad de poner en marcha las desaladoras supone un mensaje nítido al PP. Los populares han hecho campaña durante ocho años contra las desaladoras y a favor del trasvase del Ebro. El exportavoz popular Esteban González Pons las calificó como “nucleares del mar” —extraño insulto para un partido pronuclear—. Y el consejero de Medio Ambiente de Murcia, el popular Antonio Cerdá, apostó en La Verdad de Murcia por desmontar las desaladoras y venderlas a países árabes —aunque el Gobierno de Murcia ha construido su propia desaladora que también funciona a medio gas—.
Las declaraciones molestaron a las multinacionales españolas (Acciona, Abengoa, OHL...) que han ganado contratos de desalación en el exterior. Acciona, por ejemplo, participa en el consorcio que ha construido la desaladora de Adelaida (Australia) por unos 1.405 millones de euros. El sector, aun admitiendo que el plan español pudo estar sobredimensionado, ha pedido moderación al Ejecutivo del PP.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ 18 MAR 2012
Foto: Desaladora de Acusur en la localidad almeriense de Carboneras. / FRANCISCO BONILLA.

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Jerez.- Pacheco deberá responder a su imputación en tres causas judiciales

LAVOZDIGITAL* : "La Justicia es un cachondeo", la frase más famosa del exalcalde Pedro Pacheco con la que se convirtió en uno de los políticos más conocidos del país en los años ochenta, parece haberse vuelto definitivamente en su contra. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto pelotazo urbanístico con la venta de la antigua estación de autobuses al empresario ubriqueño José Luis López, más conocido como 'El Turronero', ha vuelto a poner en el ojo del huracán al exdelegado de Urbanismo y actual candidato del Foro Ciudadano a las elecciones autonómicas del próximo domingo, Pedro Pacheco.
El portavoz municipal y líder del Foro deberá declarar como imputado el próximo 29 de marzo por la denuncia del Ministerio Público, el mismo que recientemente pidió 17 años de prisión y bastantes más de inhabilitación para Pacheco por la contratación de dos compañeros de partido en 2005. Es por ahora el último capítulo del caso de los asesores, que le ha enfrentado a su exsocia de gobierno y enemiga Pilar Sánchez, consumiendo buena parte de la batalla política durante la pasada legislatura.

Entonces el exalcalde negó la acusación y resumió de una manera gráfica y contundente su postura: «No he matado, ni robado, ni violado, ni instruido comandos de ETA ni EREs falsos...». Una de sus frases que quedará para la posteridad, sin olvidar la carga contra el Ministerio Público.
En esta ocasión ha estado menos fino que en otras, ya que ha dirigido sus críticas contra la exalcaldesa Pilar Sánchez, que aquí precisamente no tiene nada que ver, pues todo parte de una actuación de la Agencia Tributaria: «No me preocupa esta acusación falsa de la señora Sánchez y sus compinches», señaló el pasado viernes.
«En cuanto comparezca -lo que hará ante la jueza de instrucción número 4 el próximo día 29-, voy a demostrar, una vez más, la falsedad de esa acusación». «La operación sí fue muy beneficiosa para Emusujesa (la Empresa Municipal de Suelo) y para el Ayuntamiento, que compartieron al 50% unas enormes plusvalías. Por tanto, voy a demostrar, en cuanto comparezca ante las instancias judiciales, la falsedad de esa acusación, como es falsa también la de los asesores», remachó Pacheco.
Pacheco lo desmiente
También negó el exalcalde las acusaciones de que la venta de las instalaciones públicas no se hicieron al precio real ni con la publicidad debida. Hay que recordar que según la Agencia Tributaria detrás de las sociedades que optaron al concurso se encontraba el mismo comprador: José Luis López 'El Turronero' y su socio, Francisco Chaves, que también deberán declarar como imputados a finales de mes.
Sea como fuere, los frentes judiciales se le acumulan al también exdelegado de Urbanismo. En el caso de los asesores, sin ir más lejos, el fiscal le imputa tres presuntos delitos de malversación, tres de prevaricación y dos de falsedad documental. La fiscal Virginia Alonso asegura en el documento que Pacheco, valiéndose de sus cargos como presidente y vicepresidente de Speed Festival y sin cumplimiento de requisito alguno, dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de José López. Unos hechos que se desarrollan entre los meses de marzo y septiembre de 2005 y que según el Ministerio respondían a supuestos trabajos de asesoramiento en la sociedad Speed Festival que nunca se llegaron a realizar.
Estas cantidades ascienden a 32.407 euros, a lo que hay que sumar otros 74.580 euros procedentes de dinero público que tampoco se llegaron a justificar, según la denuncia de la fiscal, y que tienen que ver con un contrato de consultoría con José López en 2005 para proyectos urbanísticos.
En lo que respecta al otro imputado, Manuel Cobacho, el documento fiscal asegura que llegó a percibir 99.846 euros procedentes de Emusujesa «a cambio de no efectuar ejecución de obra o servicio alguno». Por ello, se fija en 106.987 euros la cifra que Pacheco y López tendrían que abonar como indemnización de forma solidaria a la sociedad Speed Festival; y 99.846 la que deberían pagar Cobacho y el exalcalde a Emusujesa.
Pero de más envergadura parece la denuncia formulada por Anticorrupción contra los supuestos responsables de un pelotazo urbanístico con cuatro imputados: Pacheco, José Luis López 'El Turronero', su socio Francisco Chaves López, y el exgerente de la empresa pública de suelo (Emusujesa), Miguel Ballesteros. El caso se remonta a julio de 2010, cuando Anticorrupción presentó denuncia ante los juzgados jerezanos por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. El escrito se sustenta en un informe de la Agencia Tributaria que durante una inspección en la facturación de varias empresas se topó con ciertas irregularidades, por lo que esta vez, pese a las críticas de Pacheco, nada indica que su enemiga Pilar Sánchez esté detrás de las acusaciones.
La lupa se deposita en la sociedad Ingeniería Jienense S. L., la firma que se hizo el 1 de marzo de 2006 con la antigua estación de autobuses en un proceso de adjudicación sin concurso ni publicidad, según el fisco y la Fiscalía. El precio de compra fue de 2.765.000 euros; muy por debajo del valor de mercado que establece la investigación en 4.460.000 euros. Según el Ministerio, la propiedad estuvo en manos de Ingeniería Jienense S. L. solo siete meses. Luego la empresa vendió a la sociedad Bogaz y se embolsó 3.180.000 euros, unos 400.000 euros de beneficios limpios.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene asimismo que detrás de esa sociedad están el empresario ubriqueño José López 'El Turronero' y su socio, amigos del exalcalde Pedro Pacheco.


* La Voz Digital - 18.03.12 - ENRIQUE ESTEBAN
Foto: Jerez, Pacheco en juzgado - lainformacion

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Las mayores fianzas impuestas a políticos por casos de corrupción desde 2000

EFE/Sevilla* : La titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que impone una fianza de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en relación a la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía. Una fianza infinitamente superior a los tres millones de euros impuestos a Jaume Matas en 2010, que, hasta hoy, era la más elevada en la historia de España.
Esta es la relación de fianzas más altas impuestas a políticos implicados en casos de corrupción de España democrática, para eludir la cárcel...

Jaume Matas: caso Palma Arena
La fianza más alta impuesta a políticos implicados en casos de corrupción ha sido de tres millones de euros, exigida el 30 de marzo de 2010 a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, implicado en el caso Palma Arena, que la abonó el 7 de abril. El juez instructor, José Castro, le imputó doce delitos de corrupción durante su último mandato en el archipiélago (2003-2007).

Roca: caso Saqueo I
Esta misma cantidad se le impuso el 23 de abril de 2008 a Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella, vinculado a Jesús Gil, aunque no era cargo electo. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, lo implicó en el caso Saqueo I, relacionado con la corrupción en el ayuntamiento marbellí. Roca nunca abonó esta cantidad para eludir la cárcel, ya que estaba en prisión por otros delitos de corrupción.

Operación Pretoria
En la Operación Pretoria, contra la corrupción urbanística en Barcelona, ordenada por el Juez Garzón en octubre de 2009, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, salieron en libertad el 7 y 8 de diciembre tras pagar una fianza de un millón de euros cada uno. El 19 de febrero de 2010 la Audiencia Nacional redujo la fianza a 200.000 euros.

El ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, debió abonar una fianza de 500.000 euros. Además el juez dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.

El 12 de abril de 2010 salió de prisión el ex diputado del PSC, Luis García Saez, presunto "cerebro" de la trama, tras pagar una fianza de 500.000 euros, impuesta por el juez Garzón el 1 de abril.

Caso Cienpozuelos
En el caso Cienpozuelos, por presunto blanqueo de dinero en Andorra, el entonces alcalde de esta localidad madrileña, Pedro Torrejón abonó 900.000 euros de fianza para salir de la cárcel el 14 de diciembre de 2006, donde permanecía desde noviembre.

También le fue impuesta la misma fianza al ex alcalde de la misma localidad, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.

Jesús Gil: caso Saqueo I
En el caso Saqueo I, el juez instructor, Juan del Olmo, impuso en abril de 2002 una fianza de 7000.000 euros a Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella para eludir la cárcel. Esta misma medida fue adoptada para otras siete personas relacionadas con el ayuntamiento, entre ellas, el entonces gerente de urbanismo Juan Antonio Roca.

Caso Son Oms
El caso Son Oms (Mallorca), relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa, afectó al ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens y al ex secretario general de Unión Mallorquina (IU) Damià Nicolau, dentro de una pieza separada del caso.

El 23 de diciembre, Vicens eludió la cárcel tras abonar dos fianzas por un total de 200.000 euros, por esta pieza y por otra separada dentro del mismo caso, denominada "Maquillaje".

Roca: caso Malaya
El caso Malaya, uno de los de mayor repercusión mediática, sobre corrupción en el ayuntamiento de Marbella, ha tenido como principal inculpado a Juan Antonio Roca, ex asesor de urbanismo del ayuntamiento, para el que la Audiencia Provincial de Málaga dejó sin efecto el 20 de mayo de 2008 la fianza de un millón de euros, impuesta por el instructor.

El político que debió pagar una fianza más alta en este caso fue Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de este municipio, 200.000 euros, por lo que salió el 8 de enero de 2008, aunque antes, el 11 de octubre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga había fijado una fianza de un millón de euros para su excarcelación.

El 13 de septiembre de 2006 el juez decretó libertad bajo fianza de 60.000 euros para la ex alcaldesa Marisol Yagüe, y los ex ediles Isabel García Marcos y Victoriano Rodríguez.

Caso Ballena Blanca
En el caso Ballena Blanca, Pedro Tirado, alcalde de Manilva (Málaga), abonó 250.000 euros y salió en libertad el 21 de de diciembre de 2005, por su presunta vinculación con una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Caso Andratx
En el caso Andratx, la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, han estado implicados diversos políticos.

El 23 de diciembre de 2008 Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio, salió de prisión tras satisfacer una fianza de 200.000 euros. Dos años antes, el juez instructor decretó la puesta en libertad de Eugenio Hidalgo, alcalde popular de Andratx, con una fianza de 100.000 euros.

Caso Inestur
El caso Inestur ("operación Voltor"), en el que se investiga la supuesta corrupción en empresas públicas del Govern balear en la presente legislatura, se inició a principios de febrero de 2010, en el que están imputados varios responsables de Unió Mallorquina.

El 9 de febrero, Miquel Nadal, concejal y ex conseller de Turismo, Angel Flaquer, ex presidente de UM, Antoni Oliver y Joan Sastre, ex directores generales, eludieron prisión tras depositar fianzas de 100.000 euros. Un mes después, el 15 de marzo, en una nueva fase de la operación, la Policía detuvo a otro ex conseller de Turismo, Francisco Buils (UM), que quedó en libertad dos días después tras depositar la misma fianza.

Caso arcos
En el Caso arcos, de corrupción urbanística, el 4 de junio de 2009, la jueza dictó libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín, (Málaga) José Manuel Martín, del PSOE, único encarcelado que quedaba por esta causa en la que imputaron a 29 personas.

Operación Troya
El la Operación Troya, en enero de 2007 detuvieron al alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores a veintitrés personas, entre ellas al asesor jurídico del Ayuntamiento y al arquitecto municipal. Juan Martín Serón y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros el 19 de enero de 2007.

Caso Faycan
En el Caso Faycan, que investigó la presunta corrupción del gobierno municipal del PP en Telde, Gran Canaria, la principal imputada fue la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien quedó en libertad provisional el 4 de mayo de 2006 bajo fianza de 100.000 euros después de permaner en prisión durante 62 días, acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.


* ABC - EFE - 16.3.12
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters

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