+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Guipúzcoa* : El Plan Territorial Parcial (PTP) del área Donostialdea-Bidasoa, el principal instrumento para abordar la ordenación urbanística de este entorno, otorga a la bahía de Pasaia una relevancia "estratégica" y "capital", por lo que las intervenciones que se vayan a realizar en este enclave van a ser determinantes para el conjunto de Donostialdea-Bidasoa (13 municipios que suman 400.000 habitantes y una extensión de 376 kilómetros cuadrados).
Para el ámbito de Pasaia, donde se prevé la regeneración urbana de la bahía y la construcción de un puerto exterior, el PTP no da por definitiva la ejecución de este "macroproyecto", sino que recomienda el estudio de tres alternativas, de las cuales las dos primeras consisten en rehabilitar el interior de la bahía y "modernizar" el actual recinto portuario sin construir la dársena exterior. La diputada de Movilidad de Guipúzcoa, Arantza Tapia, recordó que la Diputación se decanta "claramente" por esta infraestructura, pero da prioridad a iniciar la regeneración urbana de Pasaia sin condicionarla al mencionado proyecto.
En todo caso, con o sin dársena exterior, el PTP recomienda que una parte de los suelos liberados de la deslocalización de las actividades portuarias se destinen a acoger nuevas actividades económicas y equipamientos públicos, frente a la tentación de "su reconversión sistemática como suelo residencial".
Otro de los grandes hitos del planeamiento de Donostialdea-Bidasoa es la prolongación del segundo cinturón de la AP-8 hasta la frontera, un proyecto que sólo se contempla "a muy largo plazo". Tapia aseguró que la Diputación no prevé acometer esta posibilidad a corto o medio plazo.
Respecto al aeropuerto de Hondarribia, se apuesta por alargar la pista y se entiende "improcedente" su posible deslocalización o eliminación.
El PTP, aprobado inicialmente por el Gobierno vasco y con una vigencia de 16 años, se somete ahora a las alegaciones de instituciones y particulares.
* El País - 22.10.10
Foto: Pasaia (Guipúzcoa) - wikipedia.org
El trazado urbanístico de Donostialdea alienta el debate de no construir el puerto exterior
El Consell subastará la parcela de las torres de Calatrava
LEVANTE/Valencia : El proyecto de los rascacielos se pospone pero no se descarta. La Generalitat prevé ingresar cerca de 393 millones con la venta de trece parcelas y cuatro edificios. El vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado que el Gobierno valenciano va a proceder a la venta mediante subasta del solar propiedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) en el que se iban a construir las denominadas torres de Calatrava y que en la actualidad se encuentra "claramente ocioso".
Gerardo Camps ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano en la que se han aprobado los proyectos de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y de Acompañamiento.
El vicepresidente ha indicado que el Consell es el titular de los proyectos básico y de ejecución de las torres y ha señalado que en "cualquier momento éstas pueden ser construidas" una vez cedidos esos derechos y "si así lo entendiera un particular o privado en cualquier solar de la ciudad de Valencia", en ese mismo solar de CACSA o en cualquier otro de la Comunitat Valenciana.
Ha señalado que si quien adquiriera la parcela "estuviera interesado en los proyectos de las torres de Calatrava" la Generalitat no tendría "ningún inconveniente en cederle los derechos para que las pudiera construir en ese solar".
"Si no fuera así, los proyectos siguen siendo titularidad de la Generalitat, junto con Santiago Calatrava, y se pueden realizar en el momento en el que lo permitiera el mercado inmobiliario en cualquier espacio de toda nuestra comunidad", ha apostillado. Ha asegurado que no habrá penalización económica por no ejecutar ahora las torres.
El conseller ha avanzado la puesta en marcha para el próximo ejercicio de un plan de "optimización" del patrimonio de la Generalitat y sus sociedades dependientes, que consistirá en la venta mediante subasta de inmuebles y solares "ociosos" y con el que la Generalitat prevé ingresar un total de 392,9 millones de euros.
La medida afectará a una serie de solares que constituyen "el dominio privado de la Generalitat, no están afectos a servicios públicos y no son necesarios para el cumplimiento" de sus fines, así como a "bienes de dominio público", destinados al uso general o "afectados directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos" de la Generalitat. Entre estos últimos se encuentran las actuales sedes de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social, que se trasladarán al nuevo Complejo Administrativo 9 de Octubre.
Traslado al complejo 9 d'Octubre
Gerardo Camps ha precisado que este supuesto se encuentra amparado por la ley de Patrimonio valenciano y se enmarca en el futuro traslado a las nuevas dependencias del Complejo Administrativo 9 de Octubre de Valencia de determinadas oficinas administrativas de la Generalitat.
Ha señalado que dada la proximidad de la finalización de las obras de esta infraestructura --prevista para finales de 2011-- "resulta aconsejable que se produzca la transmisión de los inmuebles que en breve plazo van a quedar ociosos". "Los solares ya lo son y esos inmuebles, en apenas un año, también lo van a ser", ha remarcado.
Asimismo, ha indicado que hasta la efectiva ocupación del nuevo complejo administrativo y "en caso de que fuera necesario", la Generalitat podrá seguir ocupando los inmuebles enajenados en calidad de arrendatario, por lo que no habrá "en ningún momento una merma en la prestación del servicio público".
Ha remarcado que 90.000 metros cuadrados de los 110.000 con los que cuenta la nueva infraestructura van a ser ocupada por dependencias administrativas que en estos momentos se encuentran en inmuebles en régimen de alquiler, por lo que ha augurado que habrá "un ahorro muy importante de costes". Quedan libres 20.000 metros en los que se ubicarán dependencias que se encuentran en edificios propiedad de la Generalitat.
En concreto, se trasladarán al complejo las oficinas de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social. De hecho, los inmuebles de dominio público afectados por el nuevo plan de optimización son las actuales sedes de las consellerias de Industria, en la calle Colón, y Agricultura y Bienestar Social, en la Alameda, en edificio conocido coloquialmente como 'La Cigüeña'; y dos locales comerciales de las consellerias de Industria y Bienestar Social, en las calles Guardia Civil y Náquera, respectivamente. El valor de tasación de estos inmuebles es de 105 millones de euros y tienen una superficie total de 17.642 metros cuadrados.
Por su parte, los solares afectados son un total de 12 repartidos por toda la Comunitat y suponen un importe global de alrededor de 20 millones de euros.
Gerardo Camps ha remarcado que el Consell "no ha decidido proceder ahora a la venta de patrimonio titularidad de la Generalitat porque la situación económica nos obliga a ello, eso sí que lo hace alguna comunidad gobernada por el PSOE", y, al respecto ha citado el caso de Andalucía, donde en sus presupuestos "aparece venta de patrimonio por valor de más de 900 millones de euros" a través de "una jugada de contabilidad financiera".
Ha destacado que como la Generalitat "ha hecho el complejo administrativo más importante y más grande de todas las comunidades autónomas nos podemos permitir el dejar la práctica totalidad de los locales arrendados o alquilados y además proceder a la venta de inmuebles" que se encontrarán vacíos una vez se produzca el traslado.
* Levante - 22.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Los técnicos de urbanismo aseguran sentirse presionados
LAOPINIÓN/Tenerife* : "Miedo a las denuncias de los colectivos sociales, ninguno. En todo caso, lo que sí se reciben son presiones políticas para agilizar los trámites, aún cuando en ocasiones hay razones para los reparos". Javier Galván, uno de los principales responsables en Canarias de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), respondió con estas palabras a las acusaciones lanzadas por Antonio Plasencia, presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), de que los técnicos urbanísticos de las administraciones públicas bloquean los proyectos al estar atemorizados por la permanente amenaza de los colectivos sociales de acudir a los tribunales.
"Los técnicos están atemorizados y echan para atrás cualquier solicitud que les llegue. Tienen miedo de perder el puesto de trabajo o de verse en los tribunales", matizó Plasencia al referirse a la parálisis del Plan General de la capital tinerfeña. La apreciación, con la que están de acuerdo otros muchos representantes de las principales asociaciones empresariales de la Isla, ha generado indignación, según el portavoz del sindicato CSIF, entre los funcionarios que controlan el buen hacer urbanístico de los responsables públicos.
Responsables
"Estos trabajadores no tienen miedo a las denuncias. Ya son de por sí perfectamente responsables y conocedores de su función, que no es otra que velar por la legalidad de las diferentes iniciativas urbanísticas de acuerdo con el marco normativo vigente. Saben que no hacerlo puede depararles consecuencias ante la Justicia. Y que nadie dude de que si alguno de ellos pone reparos o no da el visto bueno es porque observa suficientes indicios de irregularidad como para hacer valer su cometido", explicó Galván.
El representante del CSIF considera "graves" y "absurdas" estas acusaciones y precisa que las presiones vienen, en todo caso, de los mismos líderes políticos. "Yo sí le puedo hablar de casos de funcionarios que fueron apartados de sus funciones y hasta denigrados y acosados por actuar con profesionalidad". Galván precisó que "las coacciones", que pueden llegar a ser motivo de denuncia, "no sólo se limitan a las diferentes áreas de Medio Ambiente", sino también se dan en multitud de ayuntamientos, sin querer precisar si el de Santa Cruz de Tenerife está entre ellos.
Plan General
Ahora, no tiene "la menor duda" de que si los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), del Gobierno de Canarias, han elevado 187 reparos al Plan General de la capital chicharrera y han decidido suspender la aprobación del documento, es porque son puntos que chocan con la ley o con los diferentes planeamientos que se deben tenerse en cuenta en la valoración sobre el municipal.
"Las acusaciones de estos grandes empresarios son absurdas y faltan al respeto a la honestidad que en general rige la labor de los profesionales que controlan las buenas prácticas en las diferentes administraciones. No entiendo qué propósito tienen, si a lo mejor lo que querrían esos empresarios es que se hiciera la vista gorda. Hay técnicos y técnicos, pero la gran mayoría tienen un comportamiento intachable", defendió el representante del CSIF.
Javier Galván rechazó que se creen chivos expiatorios para ocultar la incapacidad de los políticos para sacar adelante los planeamientos urbanísticos o determinados proyectos sensibles.
* La Opinión Tenerife - 21.10.10
Foto: Manifestación contra el PGO frente al Ayuntamiento.
Murcia.- El juez cita como imputados a la directora del servicio jurídico y a otro ex jefe de Urbanismo
LAVERDAD* : La jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, Ana María Vidal Maestre, y el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo y actualmente asesor adscrito al servicio municipal de Patrimonio, Pedro Morillas, tendrán que prestar declaración en calidad de imputados, en los próximos días, en el Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Umbra'. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a 'La Verdad' que estos dos altos funcionarios municipales ya han sido formalmente citados por el magistrado David Castillejo, quien les ha advertido de que comparecerán en calidad de imputados; una figura que supone que deben acudir acompañados de su abogado y que, básicamente, constituye una garantía frente a los cargos que puedan imputárseles durante el interrogatorio.
Se da la circunstancia de que Ana María Vidal acompañó en todo momento al concejal Fernando Berberena, también imputado en esta causa, durante el registro que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuaron el pasado día 5 en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, en plena plaza de Europa de Murcia. «No tenemos idea de lo que están buscando», se limitó a señalar la letrada municipal al ser interrogada al respecto por este periódico.
Por lo que se refiere a Pedro Morillas, se trata de uno de los especialistas más conocidos de la Región en materia urbanística y durante unos años dirigió la Gerencia de Urbanismo. Fue la época en que se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en que se firmó el convenio de Nueva Condomina (2001). Después de aquello pidió la excedencia -fue sustituido por Alberto Guerra, también imputado- y fichó por la empresa privada, en la que ha sido director de la firma Estudios, Proyectos y Planificación S.A. (Epypsa), compañía que redactó el estudio de viabilidad del tranvía; ha dirigido la consultora y asesoría jurídica Pemori 4 Srl., ha ejercido como profesor de la Universidad de Murcia y es director del Máster de Estudios Urbanísticos e Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ENAE, según informa Manuel Madrid.
Hasta el pasado abril estuvo volcado con la empresa privada, pero en esa fecha fue recuperado como asesor por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, aunque se le adscribió al servicio de Patrimonio. Entre las atribuciones que recibió de la Alcaldía destacan la supervisión, redacción y gestión de convenios urbanísticos, y las relaciones entre Patrimonio y la Gerencia de Urbanismo. «Es un hombre muy válido y el alcalde, con muy buen criterio, lo ha incorporado a su equipo», fueron las palabras con las que el concejal de Presidencia, Francisco Porto, saludó entonces su 'fichaje'.
No han trascendido los cargos específicos que el juez imputa a Ana María Vidal y a Pedro Morillas, aunque todo apunta a que tendrán que dar explicaciones sobre informes que habrían redactado en su día respecto de convenios urbanísticos de la zona norte del término de Murcia, ahora bajo investigación.
LOS OTROS IMPUTADOS
Detenidos. El jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra (en libertad bajo fianza de 70.000 euros), el abogado Higinio Pérez Mateos (libertad con fianza de 100.000 euros) y el empresario italiano Renato de Noce (fianza de 120.000 euros).
Concejal. El edil de Urbanismo, Fernando Berbenera, en libertad sin fianza.
Empresarios. El dueño del real Murcia, Jesus Samper, y los promotores Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes Suárez, todos ellos en libertad sin fianza.
Otros. El ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver; su esposa, Sandra de la Puente, y la mujer de Alberto Guerra, María Isabel Fernández (jefa de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia).
* La Verdad - 22.10.10
Foto: El edil Berberena y la letrada municipal Ana María Vidal, durante el registro del día 5.- la verdad
La oración del corrupto
JOAQUÍN SÁNCHEZ* : «Señor, no me des, pero ponme donde haya»
"¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para este cambio de actitud respecto a la corrupción? Tal vez hemos hecho del dinero el único valor. El dinero lo justifica todo". La reciente Operación Umbra contra la presunta corrupción en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia nos devuelve de nuevo a la palestra la corrupción política. No es de extrañar que para los españoles, según las encuestas, los políticos representan el tercer problema después de la economía y el paro. Sí es verdad, que generalizar la corrupción política me parece injusto porque hay personas que en Ayuntamientos, Asambleas Regionales, Senado y Congreso de los Diputados actúan con honestidad y dedicación. Pero, a la misma vez, es verdad que existen muchos casos de corrupción política e intuimos que es sólo la punta del iceberg. Aunque resulte contradictorio, esta corrupción política viene acompañada de un cierto sentir en muchos ciudadanos que cuando se reprocha dicha actitud de corrupción, alegan: «¡Qué bueno! Que no pasa nada y que hacen muy bien, porque yo haría lo mismo, y tú cállate porque serías peor que ellos».
Recuerdo los años 80, cuando la corrupción no era tolerada ni en su legitimación y tenía consecuencias negativas para el partido político que la amparaba; más tarde o temprano repercutía en sus votantes. Lo que también recuerdo es que había un ambiente de no aceptación de estos hechos, una crítica social sobre las personas que presuntamente era imputadas por actuaciones contra la ética política. Se podía aceptar que un alcalde o un concejal tomaran una decisión muy cuestionable legalmente que afectara a un trámite administrativo, pero que beneficiara al pueblo y, por supuesto no hubiera dinero por medio ni ninguna otra contraprestación. Muchos alcaldes han tomado decisiones controvertidas para no perder una subvención o no perder un proyecto para su pueblo, porque las condiciones de la Administración pública son complicadas de cumplir al pie de la letra. Yo, personalmente lo acepto porque se juegan el puesto por el bien de su pueblo.
En la actualidad se ha intentado justificar la corrupción como algo que beneficiaba al crecimiento de una población, pero lo único que se han beneficiado han sido algunas cuentas corrientes y lo único que ha traído ha sido paro, destrucción del medio ambiente y pobreza. Desde los movimientos sociales y ecologistas se decían que todo esto era pan para hoy y hambre para mañana, y han acertado, no porque fueran unos iluminados, sino porque la codicia, la ambición y la soberbia que conlleva no ve más allá de sus propios intereses.
¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para este cambio de actitud respeto a la corrupción? Tal vez hemos hecho del dinero el único valor de nuestra sociedad. El dinero lo justifica todo porque nos permite vivir con lujo, confort y porque nos hace considerarnos alguien. La cultura, la educación y la solidaridad no son valores preferenciales.
No estaría mal que se recuperara la utopía de que la persona y su dignidad deben ser el centro de la humanidad y, por tanto, de la actividad política. Los políticos deben ser servidores públicos, entregados a fomentar los derechos sociales y laborales de sus ciudadanos, articulando estos derechos con obligaciones éticas que permitan una sociedad cimentada en la igualdad y la libertad, subrayando que la política como valor ético no puede ser profesionalizada ni mercantilizada.
* La Opinión Murcia - Opinión - 22.10.10
