El estallido de la burbuja congela el negocio inmobiliario valenciano

ELPAÍS* : Y el tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria llegó. Si la legislatura de 2003 a 2007 fue la del cemento y el tsunami urbanístico, la que ahora termina ha sido la del parón y la crisis. Promotores y constructores, algunos famosos, se han quedado por el camino. Como decenas de urbanizaciones de costa y macroproyectos residenciales, que duermen el sueño de los justos en un cajón, cuando no se han abandonado definitivamente. Las entidades financieras cerraron el grifo de los préstamos y el castillo de naipes se vino abajo.
¿Qué ha sido de macroproyectos como Gran Manises (10.000 nuevas casas), Nou Mil·leni (con otras 12.000), Marina d'Or, en Castellón o el plan Rabassa, en Alicante. ¿Y de Sociópolis?, proyecto que el Consell vendió como paradigma de nuevo barrio urbano.
Este es el estado de cada uno de esos ambiciosos programas urbanísticos en la actualidad.

Sociópolis (Valencia). Este proyecto lleva el sello de la Generalitat, que se propuso al promoverlo construir un nuevo modelo de barrio de vivienda asequible, con nuevo entornos habitables e integrando la huerta. Sociópolis se presentó en 2003 como un proyecto en el que participaron 13 arquitectos internacionales. Eran 2.800 viviendas protegidas (650 en regimen de alquiler), al sur de la ciudad de Valencia, en la pedanía de La Torre, situado entorno al nuevo cauce del Turia, en una superficie de alrededor de 350.000 metros cuadrados. Territorio aprobó el plan especial del barrio en 2005 e incorporó a los planos viviendas de renta libre y concertada, algo que no estaba previsto originariamente.

Ahora este barrio solo tiene en ejecución seis de sus dieciocho promociones y el resto se ha ralentizado, sobre todo por los problemas de los promotores para conseguir financiación con la que levantar los pisos. Algunas constructoras han pedido incluso a los adjudicatarios de estos pisos, que renuncien a su vivienda.

Gran Manises (Manises). Este plan urbanístico tiene prevista la construcción de cerca de 10.000 viviendas -un 65% de protección oficial (VPP), sobre una superficie de cerca de 1,4 millones de metros cuadrados. Fue promovido por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) junto a la promotora alicantina Ortiz e hijos.

Su tramitación ha sido accidentada. Se aprobó condicionado a una serie de mejoras, ha sido investigado por la Unión Europea -tras la denuncia de un colectivo de vecinos-. Nada se sabe de la macrourbanización.

Nou Mil·leni (Catarroja). Este proyecto, capitaneado por el IVVSA y la promotora Llanera, preveía la construcción de 12.000 nuevas casas -la mitad protegidas- en esta localidad de 22.000 habitantes. Después de muchas vicisitudes, el proyecto se encuentra suspendido por el Tribunal Supremo, por lo menos en lo que se refiere a colocar un solo ladrillo. El alto tribunal acaba de desestimar los recursos de casación presentados en su día por la Generalitat, el Ayuntamiento de Catarroja y la constructora contra un auto dictado por el TSJ valenciano. Los socialistas interpusieron un recurso contra la aprobación definitiva del plan y cifran en 70.000 euros lo que el equipo de gobierno local del PP-UV lleva gastados en defensa de este PAI.

PGOU Castellón. En Castellón, las formas para el diseño del urbanismo en Castellón también han topado con los tribunales. Aunque la aprobación del PGOU de la capital de La Plana se remonta a 2000, ha sido en esta legislatura cuando, tras un largo y complejo litigio, se ha resuelto el pleito que ha provocado una de las más severas condenas al ayuntamiento. La vulneración del proceso de participación ciudadana en la aprobación de aquel PGOU, cuando era concejal de Urbanismo el actual alcalde, Alberto Fabra, supuso que, en diciembre de 2008, el Tribunal Supremo anulara la aprobación de todo el planeamiento y suspendiera y dejara sin posibilidad de desarrollo el plan durante casi un año, hasta que fue aprobado de nuevo con los trámites cumplidos. La suspensión del PGOU coincidió con el parón en la construcción a causa de la crisis, con los que sus consecuencias apenas se percibieron. En cualquier caso, sirvió de excusa para que la Generalitat paralizara algunas inversiones previstas en las zonas afectadas por la sentencia judicial.

Marina d'Or. Después de años de tramitación, en junio de 2010 el Consell aprobó el PAI Marina d?Or Golf, la que será la macrourbanización más grande de la Comunidad Valenciana, sobre una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados, entre Oropesa y Cabanes. Pese a la crisis, su promotor, Marina d?Or, nunca dejó de reclamar la aprobación de este programa, que se presentó con la excusa de dar cobertura a un parque temático que había de ser impulsado por la administración y cuya ejecución está, de momento, descartada. Marina d?Or Golf tiene prevista la construcción de tres campos para la práctica de dicho deporte, siete hoteles, más de 30.000 viviendas y zonas de ocio y comerciales. Sin embargo, su promotor ya ha reconocido que tardará más de 20 años en ejecutarse. De momento, está aprobado y la población potencial que arrastrará multiplicará por más de diez la suma de los actuales habitantes de Oropesa y Cabanes.

Plan Rabassa. Se planteó como el programa urbanístico más ambicioso de la historia de la Alicante y, a la postre, también ha devenido en el más polémico. Su gestación se remonta a 2002, cuando el promotor Enrique Ortiz proyecto urbanizar las Lagunas de Rabassa, en la perifería norte de la capital. Tras varias modificaciones, finalmente el Consisitorio autorizó un macroprograma que prevía levantar 13.503 casas (8.000 VOP) sobre 41, 1 millones de metros cuadros. El proyecto generó un amplio rechazo social, canalizado a través de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. El PAI está pendiente también de la resolución de Tribunal Superior de Justicia acerca de su legalidad. Inicialmente, el alto tribunal decretó la suspensión cautelar, pero a los tres merses retiró el vetó. No obstante, el promotor no ha movido ni una piedra. En los últimos meses el plan Rabassa ha vuelto a saltar a la palestra por la iniciativa del Ayuntaimiento de instalar una tienda de IKEA.

La Nucía y Altea. En la provincia de Alicante el parón del ladrillo ha dejado en el dique seco decenas de PAI, prácticamente no había localidad que no contará con una propuesta para levantar una macrourbanización. La Nucía y Altea merecen una mención especial. La primera, con el PAI de la Serreta, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana con unas 4.000 casas, y en Altea, el PAI de L'Algar, con otras tantas viviendas.

La legislatura de la crisis
- Estrategia Territorial. El Consell aprobó el pasado enero la hoja de ruta que debe guiar el urbanismo valenciano hasta 2030. Eso si, nace sin presupuesto ni el consenso de la oposición. Es pronto para evaluar su aplicación.

- Reforma de la LUV. Las modificaciones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), todavía pendiente del dictamen de la Comisión Europea, se anunciaron pero no se han hecho. El Consell esperará a que Europa se pronuncie.

- Planes prorrogados. En verano de 2010 y a la vista del retraso que arrastraban muchos de los PAI (Programas de Actuación Integrada) presentados a la Generalitat, el Consell decidió que se prorrogaran automáticamente, salvo que los Ayuntamientos decidan lo contrario


* El País - 2.05.11
Foto: Vista de uno de los edificios en construcción de Sociópolis - elpais

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Escándalo en El Ejido: Candidato del PP se recalificó un terreno para ganarle 1,2 millones de euros

TELEPRENSA/Almería* : Francisco Góngora, candidato a la alcaldía de El Ejido por el Partido Popular y concejal de urbanismo durante varios años en los anteriores gobiernos de Juan Enciso, se ha convertido en el epicentro de un nuevo escándalo que ha puesto patas arriba la campaña electoral en la capital del poniente almeriense. Según una información publicada por Ejido TV “el candidato del Partido Popular a la alcaldía de El Ejido, Francisco Góngora, dio un pelotazo urbanístico siendo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido. Aprovechando su cargo y la información privilegiada como responsable del área de Urbanismo compró en el año 2000 una finca rústica por 300.000 euros, que después de recalificarla la vendió como suelo urbanizable por más de un millón y medio de euros”.
En la información facilitada por el canal de televisión local se muestra una copia del contrato a una de las empresas más importantes de la localidad, compañía con la que Góngora negociaba en esos momentos diversos planes y licencias como representante del Ayuntamiento.

Por el momento no hay desmentido alguno desde la sede del PP y el candidato no ha hecho declaraciones en este sentido, aunque diversas fuentes señalan que Javier Arenas ya ha sido informado del escándalo y se estudian las acciones a tomar, ya que en situaciones similares otros partidos han apartado de manera fulminante a políticos implicados en este tipo de maniobras urbanísticas. Independientemente de la actuación del partido, los hechos pueden derivar en una investigación de la Fiscalía, ya que la información ha sido colgada por el canal de televisión en internet, convirtiéndola en un informe totalmente accesible.

Diferencias con la capital

Góngora contaba hasta ayer con el apoyo incondicional de su presidente provincial, Gabriel Amat, pese a las diferencias que existen con el partido en la capital. Según una conversación telefónica grabada en el transcurso de la Operación Poniente entre el entonces interventor del Ayuntamiento y el concejal de la capital Francisco Amizián, queda claro que el partido de la capital tiene un rumbo distinto al que marca su presidente provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

Descalifican a éste, hablan de presuntos ofrecimientos de acuerdos a Alemán y se mofan de la estructura del partido en El Ejido, a quienes califica como “los más tontos de España”.

Amizián le traslada a Alemán que sabe como “joder” a Gabriel Amat, y que Luis Rogelio Rodríguez está al corriente de todos sus movimientos y “disfruta”, haciendo entender a Alemán que Comendador tiene montada una dirección paralela al partido, afirmando que el alcalde de Almería le dijo, textualmente, “ésta es mi gente, aquí está dando por culo, el Gabriel no sabe ni por dónde va, y mi gente queda a comer con quién le sale de los cojones”.

El conocimiento de la conversación por las bases del Partido Popular está generando una situación insostenible para Francisco Amizián, que presentó su renuncia a repetir en las listas de la capital, además, de haber puesto en un enorme compromiso a su mentor, Luis Rogelio Rodríguez, que aún no ha dado explicaciones sobre el contenido de la grabación.

El Partido Popular de Almería está presidido por Gabriel Amat, que ha brindado todo su apoyo a la nueva estructura de El Ejido comandada por Góngora para intentar quitar votos a Juan Enciso, también ex popular que protagonizó la escisión más dolorosa en el seno de la formación política y supuso la pérdida de varias alcaldías. El menosprecio de esa supuesta dirección paralela del partido en la capital hacia el proyecto del poniente es un duro golpe en esas aspiraciones, sobre todo cuando en la conversación hecha pública queda claro que Javier Aureliano García, secretario general del partido y hombre de la cuerda de Comendador, está al corriente de los movimientos de Amizian.

La aparición de un escándalo en el que se acusa directamente al candidato del PP en El Ejido de obtener 1,2 millones de euros gracias sus funciones como concejal de urbanismo al recalificarse un suelo rústico o agrícola en urbanizable, así como venderle éste con un sobreprecio espectacular a la empresa que mayor número de obras realizaba en la localidad y por tanto la que mayor trato tenía con él como concejal de urbanismo, puede debilitar no sólo al propio implicado sino a quienes le han apoyado hasta ahora.


* Teleprensa - 5.05.11
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info

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Madrid.- El TSJM anula el plan de rector del Parque Regional del Sureste

MADRIDIARIO* : Asociaciones ecologistas han anunciado este miércoles que el Tribunal Superior del Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo de pleno derecho el plan rector del Parque Regional del Sureste por vulnerar el principio de jerarquía normativa, ante una denuncia de unos propietarios de suelos que tenían un coto de caza en el lugar. La sentencia es de noviembre de 2010, pero se ha conocido ahora después de que una asociación recibiera parte de la sentencia a través de anónimo.
La Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del TSJM anuló el 2 de noviembre de 2010 el plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque Regional del Sureste, según han comunicado varias asociaciones ecologistas tras tener conocimiento de la noticia a través de un anónimo meses después de la sentencia. El tribunal argumenta que "el PRUG debería regular las indemnizaciones pertinentes en el caso como el presente de imposición de limitaciones incompatibles con la actividad cinegética en la modalidad de coto de caza que venía desarrollándose en las fincas de los actores y ello por imperativo legal y tal regulación resulta inexistente en el PRUG, infringiéndose con ello el principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 89 CE".

A continuación, mantiene que "ello acarrea la nulidad de pleno derecho del PRUG consecuencia de nuestro ordenamiento jurídico como se establece en el art. 62.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre", como se recoge en el fallo. Ante esta noticia que se ha conocido ahora, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a este digital que no se ha anulado el PRUG y que la Comunidad ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Según el departamento dirigido por Ana Isabel Mariño, hasta que no haya sentencia firme el plan sigue en vigor.

"El PRUG ha prohibido la caza en algunas zonas del parque sobre las que no se decía nada en la ley que lo regula", explica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Por este motivo, los propietarios exigen que se les indemnice. A su vez, según esta asociación, el plan rector permite esta actividad en zonas donde la ley del parque no lo permite, motivo por el que las asociaciones ecologistas también recurrieron el texto aprobado en 2009 ante los tribunales.

Las asociaciones ecologistas consideran que la "sentencia pone de manifiesto la chapuza normativa dictada desde el Gobierno regional". En su opinión, el PRUG vulnera la ley del parque por varios motivos y lo han recurrido por "la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en el traslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras". Actualmente las demandas interpuestas por las asociaciones conservacionistas están siendo tramitadas en el TSJM.


* Madridiario - 4.05.11
Foto: Madrid, parque regional del Sureste- madridiario

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Un juzgado investigará si Mijas miró para otro lado en las viviendas irregulares

SUR/Málaga* : La situación de varias viviendas irregulares de Mijas está en los juzgados. Así, el abogado de la asociación que existe en el municipio, Ricardo Santandreu, informó ayer que el Juzgado nº4 de Fuengirola ha abierto diligencias a raíz de una denuncia colectiva interpuesta por diez vecinos, ante lo que consideran «la omisión de funciones y discrecionalidad que lleva realizando el Ayuntamiento en la última década». De esta manera, desde el colectivo quieren denunciar que el Consistorio ha cometido delito en cuanto a la situación urbanística de la localidad «por omisión de funciones».
El procedimiento actual es concretamente un recurso de apelación que se presenta ante la Audiencia Provincial de Málaga, tras la desestimación de un recurso de reforma presentado en noviembre del año pasado en el que se acordaba el archivo de la causa «por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito» que inició el procedimiento judicial, según recoge el documento de diligencias previas al que ha tenido acceso este periódico.

Así, el abogado de la asociación justifica este recurso «en la discriminación» que, a juicio de los denunciantes, se ha producido «a la hora de abrir o tramitar los expedientes sancionadores». La actuación judicial, que está en estos momentos en fase de diligencias previas y más concretamente en el proceso de documentación, contempla la obtención de información a través de todas las personas que han formado parte en este proceso, entre ellos, los alcaldes que han gobernado Mijas desde abril de 2000 hasta la fecha, es decir, Agustín Moreno y Antonio Sánchez. Desde el Ayuntamiento se confía en que finalmente el juez desestime la causa, como recuerdan que «ocurrió en el procedimiento inicial, porque no encontraron justificación alguna que sirviese de base a lo que estaban denunciando». Por otro lado, aseguran que «se ha actuado conforme a lo recogido por la ley».
Documentación inicial
El auto emitido por el juzgado, con fecha 10 de abril de 2011, recoge que pueden ser citados los agentes de la Policía Local que han sido miembros de la Policía Urbanística desde marzo de 2007 hasta la actualidad así como al jefe de la patrulla del Seprona. También tendrá que acudir al proceso el propio jefe de la Policía Local con objeto de facilitar copia de las denuncias efectuadas por la patrulla correspondiente en relación a las construcciones ilegales. Del procedimiento también forma parte la Diputación Provincial de Málaga, que deberá facilitar fotografías de reconocimientos aéreos del municipio elaboradas entre los años 2003 y 2006. En este sentido, desde el Ayuntamiento se va a facilitar toda la documentación que el organismo judicial demande. También se va a atender cualquier requerimiento que solicite el juzgado.


* Sur - 5.05.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur

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Anticorrupción investiga el pago de Camps a Calatrava por un proyecto fantasma

PÚBLICO/Valencia* : Un contrato público asignado sin concurso y pagos millonarios por obras que nunca se realizaron. Estas son algunas de las presuntas irregularidades que la Fiscalía Provincial de Valencia investiga en relación a uno de los contratos adjudicados por la Generalitat valenciana al arquitecto Santiago Calatrava. Se trata de las llamadas Torres de Calatrava, un complejo con varios rascacielos que se proyectó como anexo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Calatrava cobró 2,5 millones de euros, aunque la obra nunca se hizo. La encargada de llevar adelante la investigación será la sección Anticorrupción de la Fiscalía Provincial, según fuentes oficiales de este organismo.
IU (EUPV, Esquerra Unida del País Valencià), promovió la investigación a raíz de las primeras investigaciones sobre el caso reveladas por Público. El pasado 25 de marzo, la formación presentó un denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). EUPV se refirió a tres proyectos auspiciados por la Generalitat y asignados al arquitecto: el Centre de Convencions de Castellón, la ampliación de la dársena del puerto de Torrevieja y las Torres de Calatrava.

La Fiscalía del TSJCV dividió la denuncia en tres casos diferentes y envió cada uno de ellos a las respectivas divisiones provinciales, que son las que deben decidir si se abre investigación o se archiva la denuncia. Hoy, la de Valencia comunicó a IU que "se han incoado las diligencias de investigación penal". Los delitos investigados, según la denuncia de EUPV a la que hace referencia el escrito de la Fiscalía, son "prevaricación, malversación y defraudación tributaria" presuntamente cometidos por los "intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3", en referencia al solar destinado a la construcción de las torres. Respecto a los otros dos proyectos, es cuestión de tiempo que las respectivas fiscalías se pronuncien al respecto.

En el proyecto de las Torres de Calatrava se aprecian varias irregularidades que, analizadas junto al resto de casos investigados en el País Valencià, desvelan la rutina seguida por el arquitecto y la Generalitat presidida por Francisco Camps cuando se trataba de firmar un contrato público para una obra millonaria. Este modus operandi se repitió, además, en el caso de la Ópera de Palma, por el que tanto el expresident balear Jaume Matas, también del PP, como Calatrava están imputados.

Todos los casos, los tres del País Valencià y el de la Ópera de Palma, se caracterizan por un hecho fundamental: Calatrava cobró sin que las obras llegaran, siquiera, a iniciarse. En total, el arquitecto se embolsó 6,7 millones de euros. En el caso de las Torres de Valencia, desde antes de firmarse el contrato en septiembre de 2005 se conocían las dificultades para que el proyecto llegara a ser una realidad: el solar que albergaría los rascacielos está situado en la senda de aproximación al aeropuerto de Manises y sujeto a un intrincado litigio judicial, por el que la Administración debe pagar una elevada suma de dinero a los antiguos propietarios de los terrenos para confirmar su titularidad sobre ellos. En el caso de la Ópera de Palma, el proyecto, firmado un mes antes de que se produjera el cambio de Gobierno, en abril de 2007, era también inviable según la Fiscalía Anti-Corrupción y el juez instructor.

Los pasos a seguir para la contratación del arquitecto por parte de sendos gobiernos del PP fueron los mismos. En primer lugar, se produce sin que medie concurso público. En el caso de las Torres de Calatrava, Gerardo Camps, conseller d'Economia del País Valencià, justificó la decisión de contratar a dedo a Calatrava en función del "objeto artístico". Ese fue el mismo argumento que Matas utilizó para hacer lo propio, y en su caso el juez instructor del caso Ópera de Palma concluyó en uno de sus autos que este argumento no es suficiente para acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Además, las negociaciones e incluso el anuncio del proyecto se hace, en los dos casos, meses antes de que se firmen los acuerdos. En ambos casos, además, la formalización del contrato se hizo a través de una empresa pública: Ibisec, en Balears, y CACSA, en el País Valencià.

Existe también similitud en la rapidez en los pagos: Calatrava cobró por el proyecto balear en un mes. En el caso valenciano, el contrato se firmó en septiembre de 2005, y en él se acordaron unos honorarios de 15

millones de euros. El arquitecto cobró 2,5 millones antes de que terminara el año. El informe del Síndic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) afeó a la Generalitat, en el informe correspondiente a ese ejercicio, que se hubiera efectuado el pago sin "un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar". Por último, en todos los casos, el dinero público ha llegado a una cuenta en Suiza, el país donde el arquitecto tiene establecido su domicilio fiscal.

Calatrava siempre gana

No se conocen más detalles del contrato referente a las Torres de Calatrava porque la Generalitat se niega a mostrarlo a la prensa o a la oposición con el argumento de que son confidenciales, porque así lo solicitó el arquitecto. Esta es una "práctica jurídica" habitual, según afirmó Gerardo Camps en marzo. El secreto deja libre, afirmó el conseller, "lo más importante, cuánto se va a pagar, cómo y dónde".

Lo que no se conoce, en efecto, es el detalle de las disposiciones del contrato. Aunque es posible hacerse una idea aproximada a partir del contrato del Centre de Convencions de Castelló, al que EUPV consiguió acceder después de meses de peticiones. En este documento, se establecen cláusulas que favorecen al arquitecto frente a la Administración. La Generalitat aceptó pagar al arquitecto en función del precio final de la obra, lo que en la práctica supone premiar los millonarios sobrecostes en los que suele incurrir Calatrava. Además, se comprometió a pagar un millón de euros después del contrato.

Marga Sanz, candidata de EUPV a la Generalitat, pidió ayer "que sea la Justicia la que decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos".


* Público - 4.05.11
Foto: Valencia, las 3 torres de Calatrava descartadas - levante


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«Plan… rataplan»

AGUSTÍN BENEDICTO* : Ese era el título de un artículo escrito por un célebre urbanista barcelonés para comentar el entonces recién aprobado Plan General (PG) de Madrid, allá por mediados de los ochenta del pasado siglo. De aquellos planes heroicos de los primeros ayuntamientos democráticos a los actuales hay un largo trecho, gracias a Dios. Sin embargo, se mantiene vivo el espíritu omnicomprensivo y totalizador del plan. Se pretende presuponer la imagen que tendrá la ciudad, prácticamente como si de un proyecto de arquitectura se tratara.
Hoy por hoy, nada más ingenuo. La moda de las «modificaciones de elementos» así lo verifica (aunque hay algunos elementos en este campo del urbanismo que no hay manera de modificar ). Un maestro del urbanismo me dijo hace ya mucho tiempo que un Plan General son fundamentalmente tres cosas; unas protecciones («casco histórico» y paisaje), unas reglas del juego (completar ciudad consolidada y nuevos crecimientos) y un direccionamiento de infraestructuras. Probablemente fuera así.
En Barcelona se redactó un PG allá por los setenta. Se aprobó e inmediatamente, se guardó en una vitrina, como la que tiene la abuela en casa protegiendo las figuritas de Lladró. Se terminó llamando «el plan en el armario». Todos estaban tranquilos porque había Plan, pero ya se cuidaban mucho de no pedir la llave de la vitrina en cuestión. Ya entonces se veía la casi completa inutilidad de semejante mamotreto jurídico-urbanístico para el real desarrollo de la ciudad.

Fue por entonces cuando surgió la polémica de Proyecto contra Plan. Mientras unos seguían haciendo interminables trámites burocráticos (en esa administración urbanística que ríete de «El Castillo» de Kafka), otros reurbanizaban o creaban nuevas plazas, que por supuesto no contemplaba el PG. Hacían ciudad. Si consideramos el desarrollo de cualquier proyecto de área urbana (del tamaño que hoy exigen los operadores inmobiliarios) en su auténtica complejidad, coincidiremos en que son éstos proyectos urbanos, imprevisibles por su naturaleza en cualquier PG, los que dan finalmente los trazos reales del crecimiento y desarrollo de la ciudad.
La legislación francesa hace mucho tiempo que denominó estas áreas de una manera particular.

Y, lamentablemente, van mucho más allá en su concepción de los tan multiformes «planes especiales».
Por otra parte, si consideramos que es mayor el plazo de redacción de un PG que su vigencia real y que ya muy poco tienen que ver los aprovechamientos que fija con el valor real del suelo (son los bancos los que de verdad nos tasan un solar, ese es el aprovechamiento real, que pasa olímpicamente de «las previsiones» del plan), y finalmente no está nada clara la tan cacareada «seguridad jurídica» para los propietarios e inversores, creo que sería el momento de cuestionar la validez, la utilidad, de los marmóreos Planes Generales.

Y este brevísimo artículo no da espacio para entrar en la subjetividad que guía las decisiones morfológicas del planeamiento general en la ciudad consolidada (¿por qué doce plantas y no trece? ¿por qué se divide la ciudad con líneas que delimitan distintas zonas obviando la necesaria transición de unos tejidos urbanos a otros? ...etc. ) Necesitamos planificar con criterios objetivos y mensurables (luces en la calle, decibelios en el espacio público, control de generación de CO2 en los desplazamientos…).

Pero, aunque solo sea porque la aprobación de un PG supone el fin de un frente de disputa política entre partidos, ya hay que celebrar que el Plan General de Málaga se haya aprobado definitivamente. Porque si pensamos que el desarrollo futuro de la ciudad va a gestionarse con las 75.000 nuevas viviendas que se prevén vamos listos.
*AGUSTÍN BENEDICTO. ARQUITECTO

* La Opinión Málaga - opinión - 2.05.11

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