Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales

ELPAÍS* : El Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.

Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.

El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.

Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.

Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.

Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.

Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.

El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.

La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición y cómo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscalía de Cádiz resalta la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística [...] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos [...] se financie con fondos públicos”.

En enero pasado, la Junta de Andalucía, del PSOE, aprobó un decreto que daba “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El documento de Fomento también plantea un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la aprobación de ciertas obras en las comunidades de vecinos. Para instalar obras de telefonía o paneles solares, solo hará falta un tercio de los votos de los propietarios, frente a los tres quintos actuales. Para los postes de recarga de coches eléctricos en el aparcamiento bastará con notificarlo a la comunidad.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 30 MAY 2012
Foto: Vista aérea de urbanizaciones levantadas en Marbella. / JULIÁN ROJAS

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Baleares.- El Parlament aprueba la reforma que abre la puerta a construir más en rústico

ÚLTIMAHORA* : El pleno del Parlament aprobará hoy, con los votos del PP, la ley de medidas urbanísticas urgentes que abre la puerta a un nuevo marco territorial y a la posibilidad de construir más en suelo rústico, que legaliza urbanizaciones fuera de ordenación y pone en marcha nuevas figuras territoriales. Para la oposición, algo que se niega desde el PP, esta ley permitirá reactivar proyectos que fueron paralizados en la época del anterior Ejecutivo.
La ley de medidas urbanísticas urgentes es una ley promovida desde la macroconselleria que dirige Biel Company, que el viernes anunció su incorporación al PP para ocupar un cargo en la dirección. «Esta ley es un asalto a la arquitectura territorial de Balears», dijo el portavoz adjunto del PSIB.

La era Matas
Más duro se mostró el diputado Antoni Alorda (PSM-IniciativaVerds-Entesa), que señaló que «volvemos a las normas de Jaume Matas y a las de su director general, Jaume Massot, que ahora está en la cárcel». Mabel Cabrer (PP) dijo que esta declaración es una muestra de «la demagogia» de la oposición.
La diputada popular Virtudes Marí explicó que se han aceptado algunas enmiendas de la oposición, como una del PSM para dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan multar a los propietarios de los edificios que no quieran pasar inspecciones técnicas. «Los ayuntamientos no podían poner sanciones y todo quedaba en papel mojado y ahora se crea esta nueva infracción urbanística, que es un tema muy importante para mejorar la calidad del parque de viviendas», indicó Marí, que señaló que también han llegado a un acuerdo con el PSOE para que las cesiones en suelo urbano y urbanizable sean del 15% y para la simplificación de los trámites en la delimitación de ámbitos de actuación. Asimismo, se ha pactado otra enmienda con el PSM sobre las competencias de tramitación de los expedientes de disciplina urbanística.


* Última Hora - T.B./C.R. | Eivissa | 28/05/2012
Foto: Palma, parlamento balear fachada - fotonoticia

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Sevilla.- Vecinos del Prado reclaman al TSJA que el fallo de la biblioteca se cumpla "en sus justos términos"

ELCORREOWEB* : La representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la pretensión vecinal de que el fallo se cumpla "en sus justos términos y sin más demora".
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.

Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según indicó a Europa Press el presidente de la comunidad, José Cubiles, que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla , y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".

La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".

Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.

Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.

Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.


* El Correo de Andalucía - EP - 29.5.12
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado (archivo) - elpais

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