A Coruña.- Derribarán tu casa para construir un puente a ninguna parte

La urbanización del llamado Parque Ofimático ya formaba parte del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña de 1989 y dará lugar a un polígono en el que se podrán construir más de 2.400 viviendas. Para Stop Desahucios, se trata de “un proyecto de 'nuevo barrio' que nunca fue necesario y que ahora mismo parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el mal estado de los barrios ya existentes y la miseria y pobreza que tiene que sufrir buena parte de la gente que los habita”. ¿Cuál es la necesidad de estas obras en una ciudad con una enorme bolsa de viviendas vacías y que, además, tiene una población en progresivo descenso? Parece claro que el motivo es puramente especulativo entre la Xunta y el Ayuntamiento, propietarios de gran parte de los terrenos y que, de paso, se llevará por delante unas cuantas viviendas habitadas,
como la de Isabel y Álvaro.
"ANA ÁLVAREZ* : Mañana jueves 27 de noviembre, a las 9 horas, está previsto el desalojo y derribo de la casa de Isabel López, de 72 años, y su hijo Álvaro Corral, por orden del Ayuntamiento de A Coruña. Su vivienda se encuentra afectada por la construcción del llamado Parque Ofimático que, aunque inicialmente preveía acoger un campo empresarial de oficinas, con el paso del tiempo se ha convertido en un proyecto de polígono con varios miles de viviendas.

Dicho plan urbanístico afecta a las viviendas situadas en el barrio coruñés de Lugar de Elviña, familias que pasarán de contar con casas en propiedad a recibir, en el mejor de los casos, “un piso de protección oficial en régimen de alquiler”, explican desde la plataforma Stop Desahucios de A Coruña, canalizadora de las protestas de los vecinos y vecinas desde hace meses.

Los afectados se reunieron el pasado lunes 24 de noviembre con el concejal de urbanismo Martín Fernández Prado, quien “remarcó que el desalojo se efectuará sí o sí a lo largo de esta semana”, explicaban desde Stop Desahucios. Y esto a pesar de que Álvaro e Isabel han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que no ha sido resuelto todavía, y que legalmente tiene que ser resuelto para poder iniciar las obras del plan. Desde Stop Desahucios hablan, una vez más, de “la lógica de la apisonadora, de la ley de los hechos consumados”.

Un plan urbanístico sin sentido

La urbanización del llamado Parque Ofimático ya formaba parte del Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad de 1989 y dará lugar a un polígono en el que se podrán construir más de 2.400 viviendas, según explica Ignacio Ferreiro para La Opinión de A Coruña. Para Stop Desahucios, se trata de “un proyecto de 'nuevo barrio' que nunca fue necesario y que ahora mismo parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el mal estado de los barrios ya existentes y la miseria y pobreza que tiene que sufrir buena parte de la gente que los habita”. Esto, unido a que en la ciudad de A Coruña se calcula que hay alrededor de 20.000 viviendas vacías, además de un gran número de viviendas inacabadas. Y a todo ello se añade un coste previsto de dicha obra mucho mayor al de cualquier otro proyecto anterior en la ciudad. “La orografía y los dos viaductos incluidos en estas obras hacen que resulte superior [el coste] al de cualquier urbanización anterior”, puntualiza Ignacio Ferreiro.

Otra diferencia respecto a polígonos anteriores es que, en este caso, no será de iniciativa privada sino pública, siendo las obras costeadas con dinero público y no por las empresas constructoras. “La Xunta de Galicia es la propietaria de más de la mitad de los terrenos y se desenvuelve por el sistema de cooperación, por el que la adjudicación de las obras de urbanización corresponde al Ayuntamiento, que repercute luego su coste entre los propietarios, de forma que más de la mitad de ellas se pagarán con dinero público, en la misma proporción en la que es propietaria la administración”, explica Ferreiro. Las obras suponen un desembolso para el Ayuntamiento de 42 millones de euros, en lo que ya es el contrato de mayor importe del historia de A Coruña.

¿Cuál es la necesidad de estas obras en una ciudad con semejante bolsa de viviendas vacías y que, además, tiene una población en progresivo descenso? El censo indica que la población de A Coruña es menor hoy que en 1991. No parece haber una necesidad real para la construcción de más viviendas, y mucho más cuando conlleva dejar sin casa a muchas familias. Desde Stop Desahucios se han hecho también estas preguntas: “Si las empresas constructoras (Aproinco, grupo de promotoras inmobiliarias de la provincia de A Coruña) prefieren retrasar el comienzo de las obras a que vengan tiempos mejores para las inversiones, las cooperativas tienen ya las parcelas que necesitan y en nada les afecta lo que se haga al otro lado de la Avenida Alfonso Molina, donde vive la familia de Isabel, además de que el Ayuntamiento tiene que endeudarse aún más para seguir llevando a cabo las obras interminables, ¿por qué mantienen la idea de demoler urgentemente las viviendas de la margen derecha, donde aún no hay un plan claro de lo que se pretender edificar?".

“Las únicas que parecen ganar con esto son las empresas”, explica Héctor Tejón. “Hay una serie de redes ocultas invisibles que nosotros no llegamos a ver, pero esos 42 millones de euros han ido para alguien, eso está claro”, explica. Y va más allá: “¿Qué intereses tiene el Ayuntamiento, de repente, por acelerar todo esto en estos tres últimos meses? Ahí están las elecciones, en el mes de mayo. Ellos no tienen garantizado que vayan a revalidar la mayoría absoluta. Entonces quieren ir empezando todo para dejar comprometido y garantizado que se va a realizar la inversión”, apunta Tejón.

Las lagunas del plan del Parque Ofimático

El arquitecto Xoan Mosquera explica, dentro de la campaña para intentar paralizar la demolición de estas viviendas y con el plano de las obras previstas en la mano, que este viaducto, el que afecta a la vivienda de Isabel y Álvaro, “no es técnicamente viable”. Mosquera señala que no está definido el perfil del viaducto, ni siquiera del 'entronque'. “En el documento no se define el recorrido ni la rasante del todo, cosa que es necesaria para demostrar la viabilidad”. El puente sobre la casa de Isabel y Álvaro quedaría suspendido en el aire a 8 metros de altura, porque aún no está previsto dónde terminará, insisten desde Stop Desahucios.

El Ayuntamiento se escuda en el hecho de que el plan urbanístico ha sido aprobado y no puede ser modificado. “Curiosamente, cambiaron parte del Plan General para incluir una serie de variaciones que solicitaba ADIF. Los vecinos y vecinas de aquí, del Elviña, piden ser desafectados y les dicen que no se puede cambiar el Plan General. Pero sí se puede cambiar cuando los intereses son privados, de promotores y para un lucro, pero cuando son intereses de los vecinos parece que le molesta. Al Ayuntamiento parece que le molestan las personas”, denuncia Tejón.

A favor de Isabel y Álvaro está el gran apoyo popular. “Sabemos que la vecindad de aquí, de Lugar de Elviña, está a muerte, apoyando, mostrando su fuerza, siendo parte del movimiento de resistencia que estamos conformando”, se enorgullece el integrante de Stop Desahucios. También parece haber solidaridad por parte de toda la ciudad y de la opinión pública gallega. “A medida que se va acercando el día D sí que se va viendo un mayor acompañamiento y cómo esas redes existen y ahora se están haciendo más manifiestas. Hay una clara complicidad entre la vecindad, está todo el barrio implicado”, apunta Tejón.

La apuesta de vecinos y colectivos es clara por otro tipo de urbanismo, que ponga por encima de los anhelos de riqueza y las necesidades empresariales a la comunidad y las redes de vecindad, que parecen suponer “una molestia para el avance de un falso progreso económico que de social y comunitario no tiene nada y de prevaricación y engaño lo tiene todo”, reivindican desde Stop Desahucios A Coruña.

Por todo ello, vecinos y plataformas implicadas han convocado para esta tarde una concentración a las 20h. frente a la casa de Álvaro e Isabel, y a acudir mañana jueves 27 a las 8h. para parar el desalojo previsto por el Ayuntamiento.


* Diagonal - AA - 26.11.14
Foto: Protesta de stop Desafiunzamentos A Coruña sobre la avenida Alfonso Molina. / STOP DESAFIUNZAMENTOS A CORUÑA

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Un sacerdote de Valladolid declara por irregularidades urbanísticas

"Con la Iglesia hemos topado". Cerrando el círculo de la corrupción urbanística en este país, no podía faltar una institución tan consolidada e influyente como la Iglesia Católica. Si en otras ocasiones ha venido a este blog por motivos relacionados con ilegalidades en su inmenso patrimonio histórico-artístico, aquí, dando un paso más, es la especulación inmobiliaria pura y dura. En Valladolid, una Fundación religiosa escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico, en cuanto a irregularidades urbanísticas se refiere. La llegada de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo a la capital castellana disparó los oscuros negocios inmobiliarios, hecho por el que ya había sido denunciado por la propia Unesco cuando estuvo de obispo en Salamanca.
"DIAGONAL* : El sacerdote de la diócesis de Valladolid, Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid en calidad de imputado como consecuencia de las graves irregularidades urbanísticas relacionadas con dicha fundación.

El acto resultó muy breve, pues no estuvieron presentes ni el juez ni el fiscal y el imputado se negó a responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación particular.

La Fundación Emilio Álvarez Gallego fue creada en 1973 por el sacerdote del mismo nombre. Su objeto inicial fue la ayuda a personas sordomudas y, con posterioridad, fue ampliado a protección y ayuda a todo tipo de minusválidos físicos. Para establecerse y llevar a cabo su labor se nutrió en su inicio de donaciones de terrenos hechas por el Ayuntamiento de Valladolid, que los expropió con ese fin. En ellos se crearon, por ejemplo, escuelas profesionales o salas de tratamiento para personas minusválidas.

Sin embargo, a partir del año 2002 todo cambió en la actividad de la fundación. Un factor clave en la deriva experimentada fue la llegada a Valladolid de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo. Éste había ejercido con anterioridad como obispo en Salamanca y en la capital charra ya se prodigó en negocios urbanísticos con las autoridades políticas de la ciudad y con las principales empresas constructoras, hasta el punto de protagonizar actuaciones que provocaron que la Unesco advirtiera de que si continuaba esa política urbanística agresiva con el patrimonio tendría que retirar a Salamanca la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En el primer número de Diagonal se relataron algunas de las actuaciones urbanísticas protagonizadas por Braulio Rodríguez Plaza en Salamanca, destacando la venta de la edificabilidad del vuelo de las tumbas del cementerio, dentro de la figura de 'transferencia de edificabilidad', procedimiento especulativo consistente en que los constructores compran suelo barato en los extrarradios y se lo entregan al Ayuntamiento a cambio de que la edificabilidad que les correspondía a esos solares fuese transferida a la zona centro, donde construir es mucho más lucrativo. Asimismo, se agregó a la edificabilidad de las parcelas allí existentes el aumentar las alturas o reducir zonas verdes, de forma que los barrios de la periferia se llenaron de solares sin construir, ya que su edificabilidad se trasladó, y en el centro alcanzó cotas altísimas que sobrepasaban los límites legales de densidad de población.

Como obispo, Braulio Rodríguez Plaza se apuntó a las trasferencias de edificabilidad y 'vendió' el vuelo del cementerio, la supuesta edificabilidad del mismo (teórica, que no real, pues allí no se iba a construir nada; el cementerio quedaba intacto, transfiriéndose la edificabilidad a otro lugar). Por tanto, la operación supuso embolsarse millones de euros a cambio de nada.

Para que todo ello fuese posible, el Ayuntamiento de Salamanca cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitiendo las transferencias de edificabilidad (que más tarde fueron declaradas ilegales por los juzgados) y recalificando el cementerio, que pasó de ser terreno no edificable a ser considerado terreno edificable. Esto hizo posible la firma del convenio urbanístico de 'venta' con el Obispado. Lo mismo ocurrió con el Campo de Tiro, del que eran accionistas cargos políticos del PP.

Con esa experiencia de tratar con los poderes públicos para cambiar los planes urbanísticos llega Braulio Rodríguez Plaza al Arzobispado de Valladolid. Lo primero que logró fue una segregación de parte de los terrenos del Seminario diocesano, calificados como suelo deportivo (en el lugar se encontraba un campo de fútbol), y como el PGOU no permite construir hacia arriba, pues idea hacerlo hacia abajo: un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para alrededor de 900 plazas. El alcalde, Javier León de la Riva, aprueba el proyecto y se lo adjudica a una empresa, Parkosa, creada días antes, con un capital de tan sólo 10.000 euros.

Este proyecto proporcionó unos altísimos beneficios (alrededor de 18 millones de euros) tanto al Arzobispado, al vender el subsuelo, como a los promotores, ya que cada plaza de garaje fue vendida por cerca de 29.000 euros al contado, o por algo más de 34.000 si se adquiría con financiación.

Según ha manifestado a Diagonal Ángel Ceballos, histórico dirigente de las asociaciones vecinales de Valladolid, “aproximadamente un tercio de esas plazas de garaje están embargadas, por lo que las mismas y la deuda generada pasarán previsiblemente al “banco malo” y acabará pagándose por todos los ciudadanos”.

Tal como indica Ceballos, “tras hacerse el parking subterráneo en los terrenos del Seminario se ha visto que han dejado hechos cimientos, lo que hace pensar que tienen intención de construir por encima en cuanto puedan cambiar la normativa. De momento está parado, pero seguro que un día lo retomarán y, suponiendo que tenga un mínimo de cuatro plantas, obtendrían un beneficio adicional de 40 millones”.

Respecto a la Fundación Emilio Álvarez Gallego, el Patronato consideró que actualmente las necesidades de las personas minusválidas ya las cubre el Estado, por lo que no es necesaria la labor de la fundación, y planea desmantelarla. Para ello entra en contacto con operadores inmobiliarios y con políticos.

Según consta en documentación entregada en el juzgado, Lino Collazos manifiesta que fue el propio alcalde quien se dirige a la fundación para tratar de la urbanización de los terrenos y locales que ocupa la misma fundación, en pleno centro de Valladolid.

En 2003 se lleva a cabo un estudio de detalle y se modifica de forma irregular el PGOU. La intención es demoler los edificios, reordenar el sector incrementando la edificabilidad y cambiando los usos a residenciales y hoteleros. Incluso una arquitecta municipal informa hasta en cuatro ocasiones en el plazo de tan sólo siete meses de que había serias contradicciones en el planeamiento del estudio de detalles, sin que el Ayuntamiento le hiciera caso.

Irregularidades

La primera actuación fue la venta del subsuelo por 6 millones de euros a la empresa Parkosa (la misma que se había hecho con los terrenos del Seminario), para que construyera otro parking subterráneo, de 454 plazas para automóviles y 28 para motocicletas, y de cuya venta está previsto obtener más de 28 millones de euros. Todo ello amparado en la figura de “aprovechamiento en subsuelo”, creada ad hoc y sin parangón en el ordenamiento jurídico.

La adjudicación se hizo mediante concurso restringido pese a que la normativa exigía que se hiciera mediante concurso abierto, y la venta se hizo sin la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones, organismo de la Junta de Castilla y León.

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Valladolid presentó denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), alegando que el subsuelo estaba tasado en más de 14,5 millones de euros, por lo que al venderlo por 6 se estaba provocando una pérdida patrimonial a la Fundación Emilio Álvarez Gallego de más de 8,5 millones de euros, a favor de la empresa Parkosa. Ese perjuicio a la fundación se añade al del valor de los edificios demolidos, sobre 35 millones de euros, por lo que el perjuicio a la fundación ronda los 44 millones de euros. El TSJCyL falló a favor de la federación.

El Arzobispo maniobró para hacer dimitir al presidente de esta federación, Luis Alberto Redondo, y presentó recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL, que fue desestimado.

También Julia Álvarez Arregui (sobrina del fundador), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y la Fiscalía Anticorrupción denunciaron los hechos.

Pese a la negativa del Protectorado de Fundaciones a autorizar la venta del subsuelo, las obras del parking se iniciaron, por lo que el proyecto está en el limbo (hecho el parking pero sin autorización), por lo que ha generado deudas de casi 15 millones de euros con la Caja del Círculo Católico (la Caja de la Iglesia). Ángel Ceballos indica a Diagonal que “si esa deuda acaba en el banco malo, de nuevo la pagaremos todos los ciudadanos”. Además, el Ayuntamiento no ha cobrado ni un solo euro por ningún concepto.

El Protectorado de Fundaciones, pese a no dar autorización, no se ha personado en la causa, habiendo dimitido el alto cargo responsable de este organismo.Y el Ayuntamiento vallisoletano, pese a todas las irregularidades, en su huida hacia delante ha firmado un convenio con la fundación para construir en sus terrenos un complejo hotelero, viviendas y oficinas.

Ángel Ceballos ha querido resaltar para Diagonal que “son los mismos protagonistas del expolio del aparcamiento del Seminario: el arzobispo, la empresa Parkosa (con Antonio Alberto Pastrana González como administrador único, dándose la circunstancia de que el arquitecto Elesio Gatón Gómez lo es tanto de Parkosa como del Arzobispado), el bufete de abogados Cantalapiedra (hermanos de la concejala Mercedes Cantalapiedra Álvarez, y bufete en el que curiosamente tenía su oficina el perito que realizó la tasación a la baja), y el alcalde como conseguidor. Parkosa es la misma empresa que adquirió un terreno industrial en el Pinar de Antequera y que el Ayuntamiento vallisoletano recalificó como residencial, tras una tala ilegal de árboles”.

Para Ceballos, “este escándalo escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico" y "se trata de una modificación fraudulenta del PGOU sobre bienes de una fundación que, aunque es de la Iglesia, no puede disponer de ella a su antojo porque se tiene que atener a los objetivos fundacionales, y si no los cumple el Ayuntamiento tendría incluso que exigir la reversión de los terrenos que en su día expropió para donárselos a la fundación, pero debido a esa confluencia de intereses está ocurriendo lo contrario".

Braulio Rodríguez Plaza ostentó el Arzobispado de Valladolid hasta 2009, año en que fue ascendido a arzobispo de Toledo y Primado de España.


* Diagonal - ALBA C. - 24.11.14
Foto: Parking del Seminario, en Valladolid.- diagonal

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