El Correo Gallego* : "Cada vez son más los ciudadanos que acuden a la vía penal para denunciar presuntos delitos contra la ordenación del territorio o medioambiente. Esta es la tendencia detectada el pasado año en la provincia de Pontevedra, de acuerdo con los datos de la Memoria Fiscal que hizo pública César del Pozo, fiscal jefe en esta provincia. De las treinta y tres denuncias de 2005, se pasó a las 54 del pasado año. No obstante, Del Pozo matiza que muchas de ellas no llegan a juicio al no detectarse materia delictiva.
En opinión del fiscal, son muchos los que en "el fragor de que en Marbella hay mucho delito de este tipo, piensen que todo es Marbella y que cualquier actuación, de cualquier alcalde, merece el reproche penal", dijo César del Pozo, que matizó que "no toda licencia para construir un muro puede ser constitutiva de delito". Por ello, el fiscal entiende que en los últimos tiempos se está "abusando" de la vía penal para resolver problemas cuando lo adecuado es recurrir al contencioso administrativo.
Observa Del Pozo que, cada vez más, son más los ciudadanos que señalan a sus alcaldes. Aunque el fiscal jefe no quiso precisar en que ayuntamientos de la provincia se han presentado más denuncias, sí subrayó que "muchas veces no podemos saber si el ciudadano es el adversario político disfrazado. En ocasiones es directamente el partido político pero otras es el ciudadano que está enfadado porque no le dio una licencia". También hay vecinos que repiten las denuncias contra muchos alcaldes porque "tienen mucho tiempo libre".
*El Correo Gallego - 25.04.2007
Foto: A Estrada /elconfidencial.com
Crecen en Pontevedra las denuncias contra alcaldes por urbanismo
El gobierno municipal de Úbeda aprueba por vía de urgencia un complejo urbanístico en suelo protegido
G.DONAIRE.- El País* : "El equipo de gobierno municipal de Úbeda (Jaén), compuesto por PP y PA, aprobó ayer por vía de urgencia y en el último pleno del actual mandato, el convenio que permitirá la construcción de un campo de golf en un espacio natural calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona de interés biótico y suelo rústico de especial protección. El complejo incluye la construcción de 1.159 viviendas y un hotel de lujo.
El portavoz del grupo socialista y candidato a la alcaldía, Marcelino Sánchez, criticó la "urgencia" con la que se aprobó este convenio, que tachó de "ilegal". Según dijo, el complejo no cuenta con los informes medioambientales favorables y, por el contrario, fue descalificado por el secretario de la Corporación.
El proyecto, afirmó el socialista, "acabará con uno de los pocos testimonios de bosque mediterráneo que se conservan en la comarca".
Sánchez acusó al PP-PA de "saltarse" el PGOU de la ciudad y afirmó que el alcalde, Juan Pizarro (PP), y el edil de Urbanismo, Francisco Mendieta (PA), "tras la aprobación de este convenio, ocultan una operación de especulación urbanística".
El PSOE mostró su convencimiento de que el siguiente paso del PP-PA será modificar el PGOU de Úbeda para desproteger este paraje y poder hacer viable el proyecto, "provocando la destrucción de los valores medioambientales patrimonio de todos los ciudadanos".
66 millones de euros
El convenio urbanístico se localiza a menos de 10 kilómetros de Úbeda, en el paraje conocido como la Torrecilla de Monsalve, y afecta a 103 hectáreas, un buen número de éstas de bosque mediterráneo. El concejal de Urbanismo, Francisco Mendieta, lo defiende en base a la creación de riqueza, destacando la inversión de seis millones de euros para las instalaciones del campo de golf y 60 millones de euros para la urbanización anexa, incidiendo en que toda la inversión será privada y que todos los gastos de mantenimiento correrán a cargo de los propietarios.
Mendieta argumenta que existirá un aumento de patrimonio para el Ayuntamiento con 500.000 metros cuadrados de zona verde correspondientes a la cesión obligatoria, 24.000 metros residenciales que también serán cedidos en favor del Consistorio y el ingreso de tres millones de euros en licencias municipales.
También dijo que el consumo de agua será mínimo y que el riego se hará, principalmente, con agua de la red de saneamiento. Recordó que el consumo estimado por hectárea de un campo de golf es similar al de una explotación agrícola intensiva. De esta manera, concluyó Mendieta, Úbeda entrará en el circuito europeo de golf y en las campañas publicitarias de la Junta sobre turismo de golf, y podrá crearse una escuela municipal de este deporte.
*ELPAIS.com - Jaén - 25/04/2007
Foto: Úbeda /Wikimedia.org
Castilla y León omitió el trámite legal para talar el refugio de aves de Navas del Marqués
R.MÉNDEZ.- El País* : "Los dos técnicos de la Junta de Castilla y León que abrieron ayer las declaraciones por el caso Navas del Marqués (Ávila) admitieron que la Junta de Castilla y León ignoró el trámite imprescindible para urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra, ya que modificaron los límites de protección para la especie sin justificación y para satisfacer al constructor. Aun así, el entonces jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, y el técnico de Impacto Ambiental, Alfredo Martín Ramírez, defendieron la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de 35.000 pinos. El Tribunal Superior de Castilla y León ya ha declarado ilegal ese plan por afectar a la cigüeña negra.
El caso Navas del Marqués comenzó ayer su andadura en el juzgado número 2 de Ávila. El Tribunal de superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que no se podía construir la Ciudad del Golf porque violaba la normativa urbanística. La urbanización estaba impulsada por el Ayuntamiento de Las Navas, la Junta de Castilla y León y la Diputación, todas del PP, que crearon una empresa pública con el fin de "proteger el monte" y se dedicaron a recalificarlo. El juzgado intenta ahora ver si los que impulsaron la urbanización en 210 hectáreas de pinar cometieron un delito, como ocurre en Marbella con los concejales que aprueban las licencias declaradas ilegales.
Hoy declararán como imputados por corrupción al director general del Medio Natural, alcalde, Gerardo Pérez, y el ex delegado territorial de la Junta en Ávila, Félix San Segundo.
Los dos técnicos que declararon ayer en calidad de testigos dejaron claro que la Junta decidió urbanizar 12 hectáreas de área crítica para la cigüeña negra -una especie en extinción-. Para urbanizar ese terreno, la Junta debió haber emitido una orden con un periodo de alegaciones, algo que habría recibido oposición ecologista y científica. En su lugar, la Junta optó por desprotegerla "de hecho" con un documento interno firmado por el director de Medio Natural, Mariano Torre, que hoy declarará como imputado por corrupción. Esa zona ocupa sólo el 5% del total de la urbanización pero era imprescindible para el promotor.
Alfredo Martín Ramírez afirmó que cuando el plan llegó a la ponencia técnica "no quedaba claro la afección al área crítica [para la cigüeña] si quedaba o no excluida" y que por eso "se solicitaron informes a la dirección de Medio natural". El técnico añadió: "La Ley establece que si se quiere excluir, y que si lo que querían es que se hiciera, se debería hacer mediante una orden". Y concluyó que estaba "a favor del proyecto, pero que consideraba que la forma de excluir el área crítica no era la correcta". En su declaración, Martín Ramírez minimizó el impacto del proyecto, y afirmó que nadie le presionó.
Tras él, declaró Sabas Yagüe, entonces jefe de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente en Ávila. A preguntas del abogado de la asociación Ecologista Centaurea, Yagüe afirmó "que varios vocales de la ponencia técnica, entre ellos él, tenían dudas sobre si esa parcela estaba en área crítica o no", en cuyo caso no se podría urbanizar. Esa duda se la transmitieron al director de Medio Natural, que a su vez le pidió un informe al propio Yagüe sobre el tema. Este emitió entonces, noviembre de 2003, un informe en el que "implícitamente sostiene que la parcela está en área crítica", según declaró ayer.
El director de Medio Natural, Mariano Torre, eligió las partes en las que Yagüe minimiza el impacto de la urbanización y dio luz verde a la Ciudad del Golf.
Yagüe reconoció ante el juez que esa parcela "no había perdido su valor y que no había razón objetiva" para que fuera excluida y admitió que "se recalificaron los terrenos del área crítica" y que en la evaluación "no se valoró" que el terreno es Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
A preguntas de la defensa, Yagüe restó valor a la pérdida de las 12 hectáreas. Las defensas de los imputado no intentaron defender el trámite de la recalificación, sino destacar que las 12 hectáreas suponen una parte muy pequeña de la zona de protección para las aves y que no es vital para la especie.
El Tribunal Superior declaró que el pinar no se podía urbanizar y que la legislación al respecto "lleva necesaria y regladamente a tener que clasificar dicho terreno como suelo no urbanizable con protección natural".
*ELPAIS.com - Madrid - 25/04/2007
Asamblea para la Vivienda Digna exige que se garantice la vivienda a todos al margen de la bolsa
Bottup* : "El Banco de España espera una desaceleración progresiva de los precios de la vivienda ante las fuertes caidas en la bolsa de constructoras e inmobiliarias... El portavoz de la Asamblea para la Vivienda Digna, Diego Pacheco, manifestó hoy que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda de todos los españoles, al margen de que la bolsa suba o se desplome. Pacheco manifestó a la agencia Servimedia que "debería dar igual que se desplome" la bolsa porque el Estado tendría que facilitar una alternativa "que garantizara que todas las personas, pase lo que pase, van a tener derecho a un techo".
Lamentó que, aunque baje la bolsa, los pisos seguirán siendo muy caros, tanto para "los jóvenes mileuristas que no pueden pagar un alquiler como los que están en la calle, porque no pueden acceder a nada y nadie les da una vivienda digna".
El portavoz de la Asamblea para la Vivienda Digna exigió a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que deje de hacer declaraciones sobre "si los pisos cuestan un 10% más o menos" porque el problema estriba en que "la vivienda es un derecho y se está tratando como un negocio".
A su juicio, el Gobierno actual y los anteriores han aplicado una política que considera a la vivienda como un bien de especulación "para lucrarse".
"Hemos entregado toda la vivienda a lo privado, no hay nada público. En el momento en que lo privado empiece a fallar, veremos lo que hay detrás, y nosotros creemos que no hay nada", señaló.
¿El pinchazo de la burbuja inmobiliaria?
A pesar de la fuerte caída bursátil de ASTROC el Banco de España espera una desaceleración progresiva de los precios del mercado inmobiliario. Según el gobernador del Banco de España se prevé una "desaceleración suave y gradual", al margen de que las compañías del sector de desplomen.
El Ibex 35 se dejó en la jornada de hoy un 2,73% y descendió hasta los 14.578,70 puntos, arrastrado por la caída de constructoras e inmobiliarias, que se extendió al conjunto del selectivo, en el que todos los valores cerraron la sesión en negativo.
Entre las mayores caídas, la registrada por Inmocaral, que retrocedió un 11,27%; mientras que Sacyr cayó un 8,15%; FCC se dejó un 6,7%; Bankinter un 5,24%; Acciona un 5,07%, y el Banco Sabadell un 5,05%.
Del sector inmobiliario y constructor, sobresalen, asimismo, los descensos de Metrovacesa (-4,55%); ACS (-3,99%), y Ferrovial (-3,62%).
*Bottup - 24 de abril de 2007
Contra la macrourbanización Ciudad del Medio Ambiente de Soria
Los directores de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF/ Adena, acompañados por miembros de los grupos ecologistas locales ASDEN- Ecologistas en Acción y SEO- Soria, han visitado hoy el Soto de Garray (Soria), emplazamiento elegido por la Junta de Castilla y León para la construcción de un macroproyecto urbanístico de 550 hectáreas, con un número todavía indeterminado de viviendas (780 la última cifra facilitada por la Junta), hoteles e instalaciones deportivas, incluido al menos un Centro de Hípica, supuestamente de referencia nacional, en una zona de enorme valor ecológico y estrictamente protegida. Por este motivo, la denominada “Ciudad del Medio Ambiente” ha originado una gran polémica a nivel estatal y regional y una gran contestación social en la propia provincia de Soria.
Los representantes ecologistas han comprobado en directo la extraordinaria riqueza y calidad del hábitat de las fincas que serían afectadas por el proyecto, destacando entre otros valores ecológicos el buen estado de conservación del soto fluvial del Duero y las masas de fresno y abedul, así como la existencia de una de las colonias más grandes de cigüeña blanca de toda la provincia de Soria y la presencia de varias especies de rapaces amenazadas, como el milano real, el milano negro, águila calzada, azor y el alimoche, entre otras. Como dato de referencia, en el día de ayer, se constató la presencia de cigüeña negra en dicho espacio. Todo ello, ha merecido la protección especial de la zona como Red Natura 2000, y en consecuencia impide la realización de proyectos que no sean derivados de “razones imperiosas de interés público de primer orden”.
En la rueda de prensa celebrada en la tarde de hoy, las organizaciones ecologistas han sido unánimes al tachar de “auténtico despropósito” la denominación elegida para este proyecto. “No se puede llamar Ciudad del Medio Ambiente a un proyecto urbanístico insostenible que arrasará uno de los espacios ribereños más importantes de nuestro país”.
Consideran que la aprobación de esta urbanización como Proyecto Regional por las Cortes de Castilla y León en su última sesión, no es más que un intento de burlar la normativa europea de obligado cumplimiento por todas las administraciones, por lo que estas organizaciones han denunciado ante Bruselas este proyecto.
Los directores de las organizaciones ecologistas han pedido a Caja Duero, entidad propietaria de buena parte de los terrenos que los preserve y no los no venda para su destrucción.
Caja Duero no debe especular con el Soto de Garray, sería tan responsable como la propia Junta de Castilla y León, “vamos a pedir a nuestros socios y simpatizantes, especialmente a los que son clientes de Caja Duero, que pidan a esta entidad un compromiso real por el medio ambiente y que no se desprenda de este patrimonio natural y cultural único”.
Las organizaciones ambientales presentes en Soria apoyaron expresamente la campaña desarrollada durante años por los grupos ecologistas y sociales de Soria contrarios a este proyecto y destacaron que este es uno de los casos más graves de especulación urbanística y de afección a los espacios naturales protegidos en toda la región, “sintomáticos de la poca sensibilidad de la Junta de Castilla y León hacia la conservación de la naturaleza”.
*Ecologistas en Acción - Soria, 24 de abril
El ex fiscal anticorrupción dice que el informe de la UE sobre urbanismo debería ser leído en los actos de campaña
EuropaPress.- Castellón* : "El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo aseguró hoy en Castellón que el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre presuntas irregularidades urbanísticas, "motivada, en el caso de la Comunitat Valenciana, por la denuncia de más de 15.000 firmas", deberían de ser leídas "en todos los actos públicos que se celebren en campaña electoral, sobre todo ante los votantes del PP e, incluso, del PSOE, pues hay cosas que hacen preguntarnos de qué país estamos hablando".
Jiménez Villarejo realizó hoy estas declaraciones antes de pronunciar una conferencia en la Universidad Jaume I de Castellón sobre 'Memoria histórica: justicia y dignidad'.
Según dijo, el propio documento del Parlamento Europeo "dice que no hay parangón en la UE de los 15 de una cosa semejante a lo que está ocurriendo en España y, concretamente, en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, las Islas Canarias y las Islas Baleares, aunque la primera que aparece en todos los ránkings es la Comunitat Valenciana".
Al respecto, manifestó que dicho documento "indica que a muchos ciudadanos en España, y fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, se les han conculcado legítimos derechos, y se han convertido en víctimas indirectas de un elevado número de desenfrenados proyectos urbanísticos basados en una legislación que favorece al urbanizador y despoja a las personas de su auténtica integridad".
"Cuando leo estas cosas --dijo-- pienso si la Comunitat Valenciana ha asumido claramente lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo aquí es el resultado de años y años de políticas corruptas que ha llevado a una explosión de ilegalidades".
En este sentido, el ex fiscal anticorrupción se preguntó si "ante esto, se puede seguir un criterio de elección de candidatos electorales como el que se viene manteniendo", y añadió que "lo que se debería de hacer es repartir este documento a todas las casas de todos los ciudadanos y que vieran lo que está pasando en la Comunitat Valenciana y, concretamente en Castellón".
"Los ciudadanos sabrán lo que tienen que hacer en las próximas elecciones, pero el camino emprendido es peligroso para el deterioro de la Comunitat Valenciana, y para los perjuicios que sufren al final los más débiles, ya que los más poderosos van a sufrir muy poco desgaste", matizó.
ADMINISTRACION LOCAL
Por otra parte, Jiménez Villarejo señaló que "si queremos que la Administración Local asuma un papel más activo del que está asumiendo hasta ahora, tiene que ser transformada sustancialmente, pues no puede ser que tengamos una Administración Local con el régimen de incompatibilidades más tolerante de toda España en relación a otros altos cargos de las administraciones autónomicas o del Estado".
Al respecto, señaló que, "tal y como dijo el Tribunal de Defensa de la Competencia, los ayuntamientos no pueden ser los principales agentes especuladores en España". "En la Administración Local española reina una cierta anarquía en la dirección de los asuntos urbanísticos, que ha llevado a la actual situación", apuntó.
Jiménez Villarejo señaló que la liberalización total del suelo "contribuiría a agravar el nivel de corrupción, ya que colocaría en un primer plano el poder de constructores y promotores", y añadió que "hay una serie de factores que expresan una debilidad del sistema de control democrático del propio sector inmobiliario, por lo que la Administración Local ha de conjugar eficazmente los intereses públicos y el interés privado".
"Lo que no puede ser --subrayó-- es que promotores y constructores sean los que marquen las pautas de lo que hacen los ayuntamientos, los cuales tienen que tener un control absoluto sobre el suelo, pues, de lo contrario, se convertirían en instrumentos de las promotoras y constructoras para los fines de lucro que persigan".
Así mismo, explicó que en el proyecto de Ley del Suelo que se está tramitando en el Senado "el PSOE ha introducido algunos retoques aprovechando la Ley de Base de Régimen Local" que "siguen siendo muy insufientes porque no establece ningún sistema de control ni vigilancia de aquellos que incumplen las obligaciones que se le imponen".
*hispanidad.com - 24 de abril de 2007
Foto: banderas archivo
