Madrid.- Descarrila la Operación Chamartín

La controvertida Operación Chamartín se ideó en 1993 para soterrar las vías y ampliar sobre ellas la Castellana hacia el norte. Sin embargo, la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el plan hasta 2008. Aunque la complicada operación, gracias triquiñuelas legales, todavía tiene recorrido por delante y, de nuevo, volverá a tener que ser la justicia quien la dé validez o no, como ha ocurrido otras veces.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Renfe, Adif y el BBVA para soterrar las vías de la estación de tren de Chamartín, prolongar el paseo de la Castellana y la línea 10 de metro, y construir 17.000 viviendas con las que sufragar todas esas obras. Como sucedió en enero de 2012 con la operación para tirar abajo el estadio Vicente Calderón y construir pisos con los que pagar la reforma de La Peineta, los magistrados han dictado que el desarrollo de la Castellana vulnera la Ley del Suelo aprobada en 2007 por la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP), que limita a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan de la Castellana, aprobado en marzo de 2011, prevé levantar una veintena de torres de más de 20 pisos.

Este obstáculo legal podría solventarse mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, como se ha hecho en el caso de la Operación Calderón, puesto que el Gobierno regional aprobó en junio un cambio en la Ley del Suelo que presumiblemente desbloqueará ambos desarrollos.

Pero la prolongación de la Castellana, que lleva más de 20 años varada, parece gravemente tocada: el plan estipulaba que, a cambio de levantar los pisos, los propietarios del suelo ampliarían cinco paradas la línea 10 de metro y construirían un túnel entre la Castellana y el barrio de Las Tablas. Los magistrados han estimado, sin embargo, que no se les puede obligar a sufragar las obras.

La Operación Chamartín se ideó en 1993 para soterrar las vías y ampliar sobre ellas la Castellana hacia el norte. Sin embargo, la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el plan hasta diciembre de 2008, cuando el Ministerio de Fomento (entonces, socialista, y ahora del PP), la Comunidad de Madrid (PP), el Ayuntamiento de la capital (PP), Renfe, Adif y la sociedad anónima Desarrollo Urbanístico Chamartín (el 72,5% pertenece al BBVA, y el resto a la constructora San José) firmaron un convenio para desarrollarlo.

El Ayuntamiento aprobó en marzo de 2011 el plan parcial urbanístico, que fue recurrido ante la justicia por un estudio de arquitectura seis meses después. Ese plan prevé liberar (mediante el soterramiento de las vías) 3,1 millones de metros cuadrados para hacer 17.000 viviendas (4.000, protegidas). En 15 años, ya acabadas, albergarán a 50.000 personas. La intervención irá acompañada por una inversión de 11.000 millones de euros por parte de las tres Administraciones, que será sufragada íntegramente por las plusvalías de la operación inmobiliaria.

Así, se extenderá 2,8 kilómetros la Castellana hasta conectarla con la M-40; se construirán 53 hectáreas de parques y 81 hectáreas de equipamientos públicos; se ampliará 100.000 metros cuadrados la estación (que pasará de 21 a 32 vías para llevar las líneas del AVE de Atocha al norte de la ciudad); la línea 10 de Metro crecerá 4,4 kilómetros con cinco nuevas estaciones; se hará un nudo norte de conexión con M-30, A-1, M-11, y M-607; y se enlazará con un túnel el barrio de Las Tablas y Fuencarral-Tres Olivos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, fechada el 21 de junio y adelantada por la web VozPopuli, considera sin embargo que, al contrario de lo que dispone la Ley regional del Suelo, no se puede obligar a los propietarios del suelo a costear todas esas infraestructuras. Basándose en la doctrina del Supremo (lo que dificultará un eventual recurso ante ese tribunal), los magistrados eximen a estos de sufragar la ampliación del metro (valorada en 207 millones de euros) y el túnel de Tres Olivos (37,5 millones).

El coste de esas obras recaería pues en las Administraciones, pese a que el acuerdo con la sociedad anónima Desarrollo Urbanístico Chamartín estaba diseñado para que las plusvalías inmobiliarias cubrieran el gasto; tanto es así que el Ayuntamiento incluso incrementó la edificabilidad del suelo “para poder cubrir el excepcional coste económico de las infraestructuras”.

Respecto a la limitación a cuatro alturas prevista en la ley regional, la Comunidad aprobó en junio una disposición adicional (colada de rondón en la Ley de Patrimonio Histórico) que exime “al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor” de la norma en 2007. Con este cambio, teledirigido quirúrgicamente para solventar los reveses de la justicia a cuenta de la ley regional, debería quedar solventado el conflicto de interpretación entre los magistrados y el Ayuntamiento, pendiente en cualquier caso del dictamen del Supremo a cuenta de la Operación Calderón.


* ElPaís - BRUNO GARCÍA GALLO - 9.7.13
Foto: Chamartín y las vías que la operación urbanística pretende soterrar. / ÁLVARO GARCÍA

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Málaga.- Arquitectos llevan al juzgado a Urbanismo por un presunto delito contra el patrimonio

Los colegios profesionales de arquitectos parece que se mueven, pero en realidad habría que ver si lo hacen motivados por la defensa del Patrimonio Histórico, o, por el contrario, la motivación es más por una cuestión de legalidad profesional a cuenta de la injusta e inaudita reforma del gobierno de la Ley que autoriza a otras profesiones realizar trabajos de Arquitectura. En cualquier caso, desde aquí reciban todo nuestro apoyo.
"MÁLAGAHOY* : Las relaciones del Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Málaga siguen inflamándose. Después de que el colectivo profesional haya puesto en duda en varias ocasiones los procedimientos administrativos seguidos por la Gerencia de Urbanismo en proyectos como la reurbanización de la plaza Camas y de la promoción de VPO en la calle Nosquera, ahora da un nuevo giro de tuerca y acude a los tribunales para denunciar un posible delito contra el patrimonio histórico por parte del ente municipal.

El motivo de la acción, formalizada el pasado 30 de abril y que ha supuesto la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, son los trabajos de rehailitación contratados en la iglesia de San Pedro, inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). De acuerdo con los escritos oficiales a los que tuvo acceso este periódico, el Colegio de Arquitectos toma como base de su demanda la decisión de Urbanismo de informar favorablemente un proyecto elaborado por un arquitecto técnico, que asume además la dirección de obra y la coordinación de seguridad, cuando estas atribuciones "son de la exclusiva competencia de los arquitectos".

"Un arquitecto técnico no es técnico competente para proyectar y dirigir unas obras de edificación destinada a uso religioso, como es el caso de la iglesia de San Pedro", señala el escrito. A juicio del colegio, el que la Gerencia informase favorablemente y concediese licencia de obras para la restauración de este edificio, en base a un proyecto arquitectónico redactado y dirigido por un arquitecto técnico, lo que incumple la Ley de Ordenación de la Edificación y el propio Plan General de Ordenación Urbanística.

Por ello, sostiene que "todas las personas que hayan intervenido informando favorablemente o autorizando las obras de restauración" habrían incurrido "en un presunto delito contra el Patrimonio Histórico", que fija posibles penas de seis meses a dos años de prisión o la multa de doce a 24 meses. En la demanda, la representación de colegio pide al juzgado que remita testimonio íntegro de todo el expediente administrativo y que requiera a Urbanismo que identifique a las personas que han informado favorablemente de esta licencia.

En la documentación consta, igualmente, un escrito del Juzgado de Instrucción número 5, fechado el 21 de mayo pasado, en la que se alude a que se está a la espera de que llegue una copia del expediente administrativo "para la concesión de diligencias". Para los representantes del colegio, ese paso supone la existencia de una investigación por parte del juzgado al detectar "indicios de que pudiera haber un delito contra el Patrimonio". "Por eso requiere al Ayuntamiento que aporte el expediente administrativo completo", añadieron. Desde Urbanismo se defiende el procedimiento seguido y se insiste en la capacidad de contratar a un arquitecto técnico para estas tareas.


* Málaga Hoy - S. SÁNCHEZ - 8.7.13
Foto: Málaga, iglesia de S.Pedro - malagahoy



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