ELOÍNA TERRÓN* : Los datos de desahucios de familias por impago de hipotecas son un goteo constante y alarmante por las graves consecuencias que tienen para la vida, estabilidad y futuro de las personas. El drama para estas personas, para estas familias, no sólo es el desahucio. Perder tu domicilio tiene consecuencias múltiples y acumulativas sobre el empleo, la salud, las relaciones sociales, los derechos cívicos, y la vida personal y familiar. Es por esto que la vivienda es un derecho humano universal básico, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución y en los Estatutos de las propias Comunidades Autónomas. Las entidades financieras de inversión y bancarias son en parte responsables de la actual crisis que está dejando a las personas sin empleo para hacer frente a sus propias hipotecas, provocando múltiples desahucios. Izquierda Unida ha venido pidiendo en el Congreso de los Diputados una modificación de la actual ley hipotecaria que permite que estas entidades bancarias sigan cobrando la hipoteca incluso a quienes son desahuciados. En este sentido, en Junio de 2010 presentó una proposición no de ley para que se modificara esta ley hipotecaria.
Afortunadamente la audiencia provincial de Navarra en el AUTO Num 111/2010 ratificó la decisión de un juez que se niega a que un banco, que previamente había ejecutado la hipoteca y se había adjudicado el inmueble por el 50% del valor de tasación, continúe reclamando la deuda restante a la familia. Ante la demanda de una entidad bancaria de proseguir con la ejecución de la deuda, el tribunal estima que no ha lugar y fundamenta su argumentación en que el banco había tasado el activo inmobiliario por una cantidad que satisface con creces la deuda hipotecaria que recaía sobre la familia. Es más, le recuerda el tribunal, que las entidades bancarias tienen una responsabilidad insoslayable en la crisis que estamos padeciendo, y que es precisamente esta crisis la que ha dejado en paro y sin ingresos a muchas familias que en estos momentos no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.
Aunque, como recuerda la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es lamentable sin embargo que sea desde un juzgado y no en las cortes legislativas donde se vislumbre una posible salida para las miles de familias inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria. Es un síntoma más de una democracia débil que ha claudicado frente al poder y el chantaje de las entidades financieras.
Hemos vivido unos momentos de fuerte “presión” sobre las familias para que adquirieran una vivienda en propiedad. Se potenció así un sobreendeudamiento al evitar poner reglas al sector financiero hipotecario para que los créditos concedidos no superaran el 80% del valor de tasación, y estimulando los créditos por encima y por más años, para que no se notara tanto en los créditos mensuales a pagar.
Como consecuencia de esta especulación de riesgo de las entidades financieras, muchas familias, a las que el desempleo o la pérdida de ingresos les ha golpeado fruto de una crisis económica en la que ellas no han participado, han sufrido el embargo de la vivienda en la que fueron invirtiendo lo que conseguían ahorrar.
El problema añadido es que nuestra legislación hipotecaria está arrastrando a la exclusión social a muchas de las familias que han sido desahuciadas. Si una familia no puede hacer frente a la hipoteca, la vivienda sale a subasta. Si no se presenta nadie a la subasta y la subasta queda desierta, el banco acreedor del préstamo se queda la vivienda por el 50% de su valor de tasación, tal como establece la ley. La hipoteca, por tanto, es subsumida por la entidad financiera a mitad de precio. Pero, y esto es lo más grave, la entidad bancaria se queda con la vivienda sin perjuicio del cobro del resto de la deuda pendiente y los intereses. Es decir, el restante 50%, más las costas del proceso de ejecución, lo tiene que seguir pagando la familia desahuciada o quienes le avalaron en su momento (generalmente los padres). Para cubrir la deuda el banco puede embargar parte de la nómina de la persona afecta, o del avalista. De lo contrario, el banco retendrá el resto de bienes disponibles. Así, el drama de una familia, que ha perdido su piso, se prolonga aún más y ésta es la causa que está arrastrando a la pobreza, a la exclusión social y a la desesperación a tantas familias. Por eso IU ha planteado una modificación de la Ley hipotecaria.
La propuesta de IU es clara: que si se acredita la buena fe del deudor; si se acredita que la causa que ha llevado a la imposibilidad de pago es ajena a su decisión, y que es derivada de pérdida de empleo, enfermedad, etc.; si se acredita que la vivienda es su única residencia habitual, se propone que se establezca por ley la “dación” de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda. Es decir, que el hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca suponga quedar libre de toda deuda. También se propone que las entidades financieras que acceden a créditos ICO o ayudas del FROB (Fondo de ordenación para la reestructuración bancaria) estén obligadas a aceptar la dación en pago, de tal forma que si un ciudadano o ciudadana no puede pagar su hipoteca, entregue al banco su vivienda y con ello se dé por cancelada por completo su deuda, medida que ya existe en otros países europeos como Francia o Inglaterra.
IU exige que se modifique, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que "sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido", y por otro, que se incluya la dación en pago en el Código Civil como "procedimiento preferente" para liquidar los impagos de un crédito.
Además de estas propuestas, IU considera que hacen falta medidas políticas de protección a las personas y a las familias, que primen las necesidades humanas por encima de los beneficios económicos de las entidades bancarias, entre ellas la suspensión de los desahucios, cuando uno de los miembros de la familia está en paro y no se puede pagar la hipoteca temporalmente.
Es inmoral que, en función de los dictados del mercado, se deje sin cobertura social para las personas en situación de desempleo, recortándoles los 426 € y, encima desahuciarles de las viviendas, obligándoles, para mayor escarnio, a pagar una deuda de por vida con la entidad bancaria a la que se ha rescatado con sus propios impuestos.
Es necesario y urgente corregir el rumbo de la política actual del gobierno, más al servicio de las entidades financieras y la gran banca, que al de las personas más necesitadas y en situaciones laborales más frágiles y precarias. La política debe estar al servicio de la ciudadanía, articulando respuestas ante el desempleo y la falta de medios económicos para sobrevivir.
* Eloina Terrón Bañuelos es responsable Política Social IU Provincial de León
* Rebelión - 29.01.11
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