La corrupción alimenta la crisis, alerta Transparency International

ELPAÍS* : La corrupción y sensación de corrupción en los poderes públicos que desespera a los españoles tiene a dos de cada tres convencidos de que España es el país más corrupto de Europa y al 81% pensando que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Otros tienen una opinión parecida de sí mismos (el 65% de los italianos otorgan a su país la medalla de oro en corrupción, con idéntico criterio que los españoles sobre sus partidos). A todos da la razón Transparency International (TI), la entidad sin ánimo de lucro volcada en la lucha contra la corrupción, que en su último informe destaca que España, junto a sus primos de Grecia, Italia y Portugal, adolece de una grave carencia de responsabilidad de los poderes públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción tan enraizadas como faltas de control o sanción. “Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países”, señala Transparency.

La entidad, radicada en Alemania, se ha hecho un nombre por sus estudios y revelaciones sobre cloacas políticas y económicas en todo el mundo. En el informe, que hoy hace público, titulado Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europa (Dinero, política y poder. Peligros de la corrupción en Europa), Transparency se centra en la falta de claridad con que se adoptan decisiones en los países europeos.

Ya a primeros de año un Eurobarómetro revelaba que tres de cada cuatro europeos consideran que la corrupción es un grave problema en su país y cómo la mitad de ellos considera que la corrupción no ha hecho sino ir a más en los pasados tres años. La inmensa mayoría de los europeos estima que sea cual sea el nivel político institucional (local, regional o nacional) está minado por la corrupción y que políticos y responsables de los concursos públicos enseñorean a placer ese patio de Monipodio, que solo en la faceta de concurso públicos mueve del orden de 1,8 billones de euros anuales a escala comunitaria. Hace unos días, el Pew Research Center, un centro de estudios de Estados Unidos, revelaba que italianos (65%), españoles (63%) y griegos (52%) se tienen a sí mismos por los más corruptos de Europa.

En el año 2011 hubo destacados juicios sobre corrupción en Francia e Italia y escándalos que sacudieron a las opiniones públicas en el Reino Unido (gastos privados de parlamentarios cargados como públicos), Noruega (fraudes en pensiones), República Checa y Rumania (clientelismo puro y duro) y Bulgaria, Finlandia y Eslovenia (conflictos de intereses). La corrupción y los indicios racionales de corrupción llevan años campando por sus respetos en España, sin ahorrar poderes e instituciones. El 80,8% de los españoles tiene para sí que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos, según TI. El mismo porcentaje que en Italia, superados ambos ligeramente por la frustración de rumanos y por mucho por los afligidos griegos (87,9%).

Dice Transparency, refiriéndose a los países del sur de Europa, que en ellos “la corrupción consiste con frecuencia en prácticas legales pero no éticas” fruto de la opacidad en las reglas que rigen a los grupos de presión, el tráfico de influencias o la permeabilidad entre los sectores público y privado.

El informe subraya que la financiación de los partidos políticos no está debidamente regulada en Europa, pese a ser un área de alto riesgo de corrupción, y que los códigos de buena conducta de que se han dotado algunos parlamentos (no todos) están llenos de agujeros. Quienes hacen la ley hacen la trampa, viene a decir Transparency que en el suculento negocio de los contratos públicos constata que las legislaciones nacionales se ajustan a las directivas de la UE “aunque es un secreto a voces que en muchos países estas normas con sistemáticamente burladas y que eso se hace con impunidad”.

“Hay demasiados Gobiernos que escabullen su responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas y de los concursos públicos”, indica TI. “Peor incluso, solo dos países [Noruega y Reino Unido] protegen adecuadamente de represalias a quienes deciden denunciar presuntos delitos o conductas no éticas”.

Transparency hace notar cómo la frustración popular con la gestión de la cosa pública lanzó en 2011 a millares de jóvenes a las calles “indignados (…) por la incompetencia y la corrupción de los políticos” en España, Grecia, Italia y Portugal. “Las administraciones públicas de estos países carecían del marco legislativo para responder de sus actos y de mecanismos de integridad y de modos para su puesta en práctica efectiva”, apunta TI. “España, Grecia y Portugal son casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”.


* El País - RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO Bruselas 6 JUN 2012

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El alcalde de Ayamonte y su antecesor declaran en calidad de imputados

HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), y su antecesor, el ex regidor municipal Rafael González (PSOE), comparecerán hoy ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 ayamontino para explicar su vinculación con la supuesta trama de irregularidades urbanísticas relacionada con el núcleo costero de Isla Canela. Ambos lo harán en calidad de imputados, según confirmaron ayer fuentes de la judicatura a Huelva Información.
El juez encargado de la instrucción del caso atribuye a Rodríguez Castillo un delito contra la ordenación del territorio, mientras que a Rafael González le imputa la comisión de delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, estafa y cohecho.

Se trata, eso sí, de imputaciones cautelares y provisionales, ya que el procedimiento está en su fase inicial. Junto con los dos ediles desfilarán entre hoy y mañana por el Palacio de Justicia ayamontino otras siete personas más, concretamente miembros de la Corporación municipal de González -de diferentes áreas y niveles de responsabilidad, desde técnicos a ex concejales de Urbanismo- y cuatro constructores y promotores.

Las pesquisas, llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), desembocaron en la práctica de un registro en febrero de 2010 en la casa consistorial de Ayamonte en el que se intervinieron documentos de gran calado. Tras examinarlos en profundidad, la Fiscalía halló en ellos indicios de la comisión de varios delitos relacionados con el urbanismo y decidió abrir diligencias informativas en marzo del año pasado para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que albergaba 800 viviendas.

Se trata de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de residenciales con vistas al mar.

El cambio de calificación fue respaldado en noviembre de 2004 por el grupo socialista municipal que entonces lideraba Rafael González, dando así el visto bueno a la elaboración de un estudio de detalle de las parcelas centrales de la Unidad de Ejecución 1A del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional de Isla Canela. Esta acción se hizo, presuntamente, a espaldas de la Junta de Andalucía, que obtuvo las primeras noticias sobre la maniobra urbanística en la primavera de 2008 y que corrigió al Consistorio en 2009, declarando la nulidad del estudio de detalle e instándole a revisar de oficio el planeamiento por considerar que éste significaba un atropello a la normativa vigente.

La Administración autonómica remitió al juez recientemente varios informes en los que manifiesta que se aprecia incumplimiento de la normativa de aplicación en 15 de los 19 estudios de detalle sometidos al análisis judicial, puesto que se habían elaborado sin el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y vulneraban, incluso, varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En los informes autonómicos la Junta deja claro que se ha producido una alteración de los usos y parámetros de edificabilidad, de la configuración de manzanas, parcelas y viario, en definitiva, de la ordenación pormenorizada establecida por la ordenación original del PGOU mediante las ordenaciones previstas en los proyectos de urbanización. Además, la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora de Fomento y Vivienda), recuerda al titular del Mixto 3 de Ayamonte que su gabinete jurídico se vio abocado a recurrir por la vía contenciosa la reiterada negativa municipal -Antonio Rodríguez Castillo llegó a emitir un decreto dejando clara su postura- a anular algunas de las modificaciones aprobadas por el Pleno ayamontino cuando dio luz verde a la edificación de viviendas en primera línea del litoral onubense.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil parte de 1993 y abarca los años sucesivos, tras la llegada a la zona de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística que desató el boom del ladrillo en el entorno privilegiado de Isla Canela, una zona marismeña rodeada de espacios protegidos.

Desde que hace poco más de un año la autoridad judicial decidiera abrir el melón urbanístico ayamontino el sumario ya acumula más de 4.000 folios de documentación, muchos de ellos fruto de los dos registros llevados a cabo por la Benemérita en el ayuntamiento. Durante las diligencias, los investigadores del Instituto Armado han llegado a tomar declaración a la ex mujer de Rafael González.

Sobre la mesa del instructor del caso está también la posible conexión de estas supuestas irregularidades urbanísticas con la ONG Ayamonte Solidaria, fundada por el propio ex alcalde y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala. El Seprona sospecha -y así se lo ha hecho saber al juez- que él y algunos colaboradores pudieron utilizar la ONG como una suerte de tapadera para ingresar presuntas comisiones urbanísticas enmascaradas de donaciones para enriquecerse y blanquear más de medio millón de euros.

A lo largo de las jornadas de hoy y mañana el juez podrá escuchar de primera mano los testimonios de los nueve imputados en la causa y decidirá si incrementa o disminuye el grado de implicación de cada uno de ellos.


* Huelva Información - R. RENDÓN · R. MORENO - 7.6.12
Foto: Ayamonte (Huelva), edificios Isla Canela - huelvainformacion.es

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La Fiscalía pide tres años de prisión para el alcalde de Ponga

ELCOMERCIO/Asturias* : El Fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, solicita la condena para el alcalde de Ponga por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación y uno continuado de desobediencia. El Ministerio Público pide para él una condena de tres años de prisión, multa de 9.720 euros, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una indemnización al Principado de Asturias de 37.185,04 euros. La vista oral está señalada para mañana, además de para los días 12, 19 y 21 de junio, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 9.30 horas. En el banquillo se sentarán igualmente otras dos personas, empleadas del Ayuntamiento pongueto, por un delito continuado de desobediencia.

Los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando, según recoge en su escrito la Fiscalía, el alcalde de Ponga, Cándido Vega, solicitó a la Consejería de Medio Rural y Pesca una autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del Caserío de Ventaniella al puerto de Ventaniella y de La Guaranga a Arcenorio. En junio de aquel mismo año se celebró un Pleno en el Ayuntamiento en el que regidor propuso la aprobación de la ejecución de los trabajos necesarios para la limpieza y acondicionamiento de las pistas de acceso a las majadas donde hubiera ganadería del concejo, a través de los empleados del Ayuntamiento y con la utilización de la maquinaria municipal. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta, siempre que se contara con los permisos preceptivos correspondientes.
El día 31 de julio de aquel año, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Rural comunicó al Ayuntamiento de Ponga que, a los efectos de determinar si era necesaria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, deberían remitir a dicho servicio un documento de evaluación medioambiental . Sin embargo, según se extrae del informe de la Fiscalía, Cándido Vega, pese a saber que no contaba con la preceptiva autorización, ordenó la realización de las obras. Así, el día 6 de agosto de 2008, un agente de la Guardería de la Consejería de Medio Ambiente observó que, en el Puerto de Ventaniella, una pala excavadora manejada por el acusado M. C. V., empleado del Ayuntamiento de Ponga, estaba procediendo a ensanchar un camino tradicional, empedrado en algunos tramos, de una anchura aproximada de 2 metros, convirtiéndolo en una pista de un ancho de 3,5 a 4 metros. Este agente levantó acta de adopción de medidas cautelares y ordenó al palista que parase su actividad de forma inmediata, retirando la pala del monte, a lo que se negó M. C. V., alegando que él sólo recibía órdenes del alcalde. Al día siguiente, la Guardería del Medio Natural comprobó que la pala seguía trabajando y que estaba 200 metros más arriba de donde se había mandado parar el día anterior. De nuevo se dirigieron los agentes al palista ordenándole detener las obras, haciendo éste caso omiso y continuando con las mismas. Los guardas se entrevistaron con el alcalde, advirtiéndole de la ilegalidad de los trabajos y comunicándole que se había dado orden de paralizar los mismos, pese a lo cual se continuó con los trabajos dentro del ámbito territorial del Parque Natural de Ponga, y del LIC y ZEPA Ponga-Amieva.
Similares hechos se desarrollaron también en agosto de 2008 en los Puertos de Arcenorio y Fonfría, y Sobrelafoz y Faeda, aunque en estos casos el operario era E. R. M. Tuvo incluso que intervenir la Guardia Civil para el precintaje de la máquina.
El acondicionamiento sufrido por los tres caminos descritos «conlleva un cambio en las condiciones de uso actuales de los mismos, dado que las actuaciones de mejora llevadas a cabo permiten el acceso con vehículos todoterreno hacia áreas que hasta la fecha no eran accesibles por estos medios, lo que supone un incremento de las posibilidades de frecuentación de la zona, y con ello un aumento apreciable de las posibilidades de interferir con el ciclo biológico de especies amenazadas, de que se generen incendios de forma accidental o intencionada, así como del furtivismo, tanto de especies cinegéticas como catalogadas», advierte la Fiscalía. Considera que Vega es autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación, y de un delito continuado de desobediencia. Del delito continuado de desobediencia se considera también autores a los acusados M. C. V. y E. R. M, para los que la Fiscalía pide la pena de diez meses de prisión a cada uno, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.


* El Comercio - ANA MORIYÓN - 5.6.12
Foto: Ponga (Asturias) - spainonline.com

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