ELPAÍS* : El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha abogado hoy por restringir el tráfico rodado en el centro de Madrid, tal y como ocurre en otras ciudades europeas, como medida "urgente" ante la contaminación que desde el 29 de enero afecta a Madrid -y en menor media a Barcelona - y que cuenta con unos índices "altamente peligrosos", sobre todo para ancianos, niños y personas alérgicas. En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Castro ha defendido que los dirigentes políticos deben "tomar decisiones valientes" aunque estas sean "traumáticas e impopulares", ya que "el objetivo prioritario es el ciudadano". Ha apostado por adoptar medidas "con cierta urgencia" con el fin de aminorar la situación actual para después centrarse en otras "a más largo plazo", como pueden ser el desarrollo de planes de sostenibilidad.
Al ser preguntado por qué políticas deberían ponerse en marcha para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades, Castro ha destacado "la apuesta por el transporte público en detrimento del transporte privado" y la "descentralización de la vida en la ciudad". "Hay que sacar a las Administraciones a la periferia; no pueden llegar cuatro millones de madrileños todos los días a Madrid a hacer gestiones, trabajar o comprar", ha aseverado.
La entrevista a Castro ha tenido lugar en las horas previas a la reunión que mantendrá con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, con el objetivo de buscar soluciones a la mala calidad del aire. La ministra tiene previsto proponer a los alcaldes crear un grupo de trabajo que estudie una reforma del impuesto de circulación, el que se paga cada año y recaudan los Ayuntamientos, para penalizar los coches más sucios, informan Rafael Méndez y Carlos E. Cué.
La idea no es nueva y estaba previsto que se incluyera en la reforma de la financiación local, pero esta encalló ante la crisis. Con una reforma legal, el Gobierno daría vía libre a los alcaldes para que gravasen los vehículos más contaminantes y no se implicaría directamente. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, llegó a anunciar el cambio en 2009.
Durante la entrevista en RNE, Castro ha descartado que la FEMP vaya a sugerir una presión fiscal sobre los coches que más contaminan.
"El paro asfixia más"
Aguilar señaló ayer que la calidad del aire en la capital "no es buena", a juzgar por los medidores. La ministra replicaba así al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, que unas horas antes aseguraba en una entrevista en la SER que "el aire de Madrid es limpio, el más limpio en 10 años". Hace unos días, Aguilar calificó su calidad de "pésima", lo que desató una guerra, la enésima, entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central, y a la que se ha sumado Esperanza Aguirre en defensa de Gallardón. De nuevo ayer, la presidenta regional aseguró que es "absolutamente impresentable" que Aguilar critique al Ayuntamiento por su política contra la contaminación porque, según dijo, "lo único que se ha hecho es cumplir la ley".
La delegada de Medio Ambiente del consistorio, Ana Botella, terciaba ayer también en el cruce de acusaciones, declarando en una entrevista en la Cadena Cope que la capital está "lejísimos" de una alerta por contaminación, algo que, a su entender, "nunca se va a producir". Botella subrayó que España pasa por momentos en los que "la gente está deprimida por el paro". "Eso asfixia más", apostilló.
* El País - EP. - 10.02.11
Foto: Madrid, contaminación aire - elpais
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ELPAÍS/Huelva* : Los posibles delitos urbanísticos que se investigan en el Ayuntamiento de Ayamonte y que provocaron el registro del Consistorio el pasado martes podrían esconder una trama de compra y venta de licencias de construcción, además de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Fuentes cercanas al caso revelaron ayer que las posibles irregularidades urbanísticas detectadas derivarían de la denuncia interpuesta en 2009 por parte de un ciudadano anónimo, del PP y de Ecologistas en Acción a causa de un residencial construido en zonas verdes de Isla Canela, el núcleo costero perteneciente al municipio de Ayamonte. La causa se archivó el año pasado al considerarse que podría tratarse de un fraude pero no de prevaricación. Sin embargo, en el curso de la investigación, surgieron otras posibles vías relacionadas con otras parcelas y otras viviendas irregulares.
El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, reconoció ayer que el hallazgo de "hechos distintos a la causa principal, susceptibles de investigación, también urbanísticos y bastante sospechosos". Flores, sin embargo, no reveló detalles al haberse decretado el secreto en las actuaciones. El fiscal declaró haberse sorprendido de que el juzgado de Ayamonte no informara a la fiscalía de la intervención por sorpresa del Ayuntamiento. Durante casi cuatro horas, varios agentes recogieron más de 30 cajas con documentos relativos a movimientos urbanísticos en Isla Canela, desde 1993 hasta ahora. Fuentes del caso apuntan a que los supuestos delitos se habrían producido entre 2004 y 2005. La trama podría afectar, por tanto, al equipo de gobierno anterior, el de Rafael González (PSOE).
En los últimos cuatro años no se han concedido licencias para la construcción de residenciales en la zona que se está investigando. Las actuaciones se encuentran en la fase de diligencias previas y no hay detenidos. De probarse las sospechas primeras, se podría formular una acusación por cohecho pero, de momento, no hay pruebas que demuestren los supuestos pagos. Por otro lado, desde Ayamonte apuntan a otras posibles irregularidades por parte de la promotora Isla Canela S.A en los residenciales construidos en Las Garzas, Las Marismas, Los Pelicanos y Las Arenas.
* El País - 10.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ayuntamiento - diariocadiz
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DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, está convencido de que los desmanes urbanísticos sólo pueden evitarse con mucha más energía de la que se emplea contra ellos en la actualidad. Hace falta más mano dura contra quienes incumplen la legalidad urbanística. Y es más: apuesta por abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio". Así de claro se manifestó ayer Chamizo en el Parlamento, donde también insistió en el fortalecimiento de los servicios técnicos en materia de urbanismo de los ayuntamientos y de la Junta para que denuncien las construcciones y edificaciones no autorizables que se produzcan en suelo no urbanizable.
El Defensor del Pueblo Andaluz presentó ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda el informe especial elaborado por la institución en 2009 relativo a ordenación del territorio y urbanismo, que resalta el gran número de quejas recibidas por incumplimientos de la legalidad urbanística. En su intervención, el Defensor pidió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que impulse una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Chamizo aprovechó su comparecencia en la Cámara para advertir sobre el valor "excepcional" y la "extraordinaria" fragilidad del litoral andaluz, que se ha visto dañado por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que ha pedido una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
* Diario de Sevilla - 10.02.11
Foto: José Chamizo, ayer en el Parlamento.- diariodesevilla
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DIARIODEMALLORCA* : "Si nos quitan la casa, nos quitan los recuerdos de toda una vida". Francisco y Magdalena Hernández tienen 78 y 74 años respectivamente y comparten techo con dos hijos, un yerno y un nieto. Su residencia es una de las que pueden ser demolidas a causa de la ampliación del segundo cinturón de Palma que promueve el Consell de Mallorca. Un hecho que alcanza un tinte especialmente dramático para muchas de las familias afectadas a causa de su elevada edad.
Los propios vecinos no se ponen de acuerdo sobre el número de afectados por las expropiaciones previstas en el tramo comprendido entre las carreteras de Sóller y Valldemossa, aunque barajan cifras que se mueven entre los 12 y los 14. Pocos en número pero dispuestos "a todo" para no perder las viviendas en las que muchos de ellos han criado a todos sus hijos y ahora reciben ya las visitas de sus nietos. Por ello, han creado una plataforma contra las características del proyecto de Vía Conectora, que hoy será presentada bajo el eslogan Així no.
Uno de sus portavoces y presidente de la asociación de vecinos de Son Sardina, Tomás Balaguer, advierte que el problema radica en que este proyecto de prolongación del segundo cinturón ha adquirido finalmente "dimensiones desproporcionadas, con una futura rotonda en la carretera de Sóller en la que cabe un campo de fútbol". Por ello, se señala que la lucha no es contra la mejora del Camí dels Reis ni contra el carril bici que se prevé a su lado, sino que el objetivo es limitar su impacto y hacerlo "más humano". Para promover este cambio de planteamientos, ya se ha solicitado una entrevista con la presidenta del Consell, Francina Armengol.
El director insular de Carreteras, Ernesto Santamaría, considera que esta indignación vecinal es prematura. Aunque el diseño global de la denominada Vía Conectora ya se ha presentado públicamente, el proyecto en ese tramo todavía no está aprobado. Al ser el Camí dels Reis una vía urbana, el Consell está a la espera del informe del Ayuntamiento, ya que no se puede hacer nada sin su visto bueno, y también se necesita una comunicación favorable por parte de la conselleria de Medio Ambiente.
Santamaría señala que previsiblemente la aprobación inicial de esta obra podría darse durante los próximos meses de marzo o abril, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública en el que los vecinos podrán presentar las alegaciones que crean pertinentes. "Y si nos hemos equivocado, siempre podremos rectificar", asegura.
En cualquier caso, admite que no se puede desarrollar una reforma viaria de esa envergadura sin afectar a algunas personas, "y de lo que se trata es de que sean convenientemente compensadas". Pero recuerda el enorme tráfico existente entre los polígonos de Son Castelló y Can Valero, "que el hospital de Son Espases ha venido a agravar", por lo que defiende la necesidad de aplicar las reformas previstas para desdoblar esa vía.
Hay que recordar que la institución insular tiene previsto destinar 15 millones de euros para pagar todas las expropiaciones previstas para el desarrollo del conjunto del proyecto de ampliación del segundo cinturón, desde el Coll d´en Rabassa hasta Can Valero, aunque se ha matizado que en la mayoría de los casos el suelo afectado es rústico y no tiene impacto sobre viviendas.
"¿Dónde vamos a ir? No podemos vivir bajo un puente"
Bartolomé Hernández y María Sampol tienen 78 y 75 años respectivamente y llevan 50 viviendo en el número 413 del Camí dels Reis, al que fueron a vivir recién casados y donde han criado a sus tres hijos. Y su casa es una de las que debe ser derribada. "¿Dónde vamos a ir a nuestra edad? No podemos vivir debajo bajo un puente", se lamenta él. Pero su esposa es rotunda al afirmar que "llegaremos hasta donde haga falta para que no nos quiten nuestra casa".
Bartolomé Hernández no oculta que está dispuesto a aceptar "el mal menor". "Podemos aceptar que nos quiten un par de metros del terreno, pero no la casa", y afirma también que de momento nadie les ha informado sobre la indemnización que podrían recibir
"Mis hijos me han dicho que me colocarán en sus casas"
Mercedes Porcel nació en Argentina hace 84 años, pero a la edad de cinco se trasladó con sus padres a Almería, más tarde a Granada, y hace 40 viajó a Mallorca con su marido y sus cinco hijos. En 1985 su esposo y un hijo fallecieron con pocos meses de diferencia "y en ese momento me hubiera gustado morir. Pero ahora quiero vivir y hacerlo en mi casa, donde he sido feliz durante muchos años". "A mi edad, yo me arreglo sola, no tengo a nadie que me ayude con los trabajos del hogar y me desenvuelvo perfectamente", destaca con orgullo. Y aunque sus cuatro descendientes se han comprometido a alojarla por turnos en el caso de que finalmente pierda su residencia, ella se resiste a dejar su casa del 415 del Camí dels Reis. "En su momento ya me hablaron de venderla para irme a un piso más pequeño, pero lo rechacé".
Aunque ha acudido a las reuniones que se han mantenido para crearla plataforma que deberá defender sus intereses, reconoce que sigue teniendo problemas "para entender todo lo que dicen, porque hablan en mallorquín", pero destaca que para hacerse una idea del alcance del proyecto ha contado con la ayuda de sus hijos, "que están pendientes de mí". También se declara dispuesta a aceptar la pérdida de un metro del jardín existente ante su vivienda, pero no a perder esta última.
"No podemos llevarnos a un piso todos los recuerdos"
Francisco y Magdalena Hernández también superan los 70 años de edad y viven en el número 417 del Camí dels Reis junto a dos hijos, un yerno y un nieto. Y advierten que aunque se les intente compensar por el valor económico de su residencia, nadie les podrá restituir los recuerdos de toda una vida vinculados a esa vivienda, ni podrán llevarse a un piso pequeño todas aquellas cosas con las que han ido llenando su hogar.
Como en los casos anteriores, aseguran que "si nos quitan medio metro de terreno no protestamos, pero que nos dejen nuestra casa, porque no tenemos otro sitio a donde ir". Y en relación a este tema, Francisco Hernández recuerda que a sus 78 años y a los 74 de su esposa las entidades financieras no conceden hipotecas para poder comprar otro inmueble, y que para dos jubilados resulta imposible poder empezar desde cero.
Por ello, añade a sus reivindicaciones el que se les garantice una vivienda digna en el caso de que la que tienen en estos momentos tenga que ser demolida.
"Me autorizan a reformar la casa y ahora la quieren tirar"
Pilar Real tiene 35 años y vive en el 401 de este eje viario junto con su marido y su hijo pequeño. Hace dos años tramitó ante el ayuntamiento de Palma todos los permisos necesarios para poder reformar su casa, levantar una planta más y construir una piscina. Pero cuando apenas le falta un 15% del proyecto por concluir, le comunican que su residencia va a tener que ser derribada. Y no da crédito. "Hemos pagado a Cort todas las tasas y permisos, nos hemos gastado un montón en la reforma, y todo para nada".
Pese a lo expuesto, no se considera la más perjudicada, "porque a nuestra edad todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo". Pero lamenta el caso de su vecina Isabel, de más de 80 años, y que vive sola en la casa colindante "desque que era una niña". Pilar no oculta su preocupación por la mujer que reside a su lado ya que desde que se le notificó la posible demolición "no deja de llorar".
"Me expropian la vivienda y también la de mi madre"
Juan Manuel García y Alicia Martín se trasladaron hace 21 años al inmueble que había pertenecido al abuelo de él y "aún estamos pagando la última reforma que hicimos". En ella residen junto a su hijo, que es alumno del instituto de Son Pacs, situado en las inmediaciones. Aunque su posible traslado "no será un drama por nuestra edad, sí va a tener un coste emocional muy alto", aseguran.
Su caso alcanza una relevancia especial porque a la expropiación de su inmueble en el número 402 del Camí dels Reis se va a sumar la casa de la madre de Juan Manuel, en el número 1 de Lleonets, también afectada por la ampliación del segundo cinturón. "Tiene 76 años y es viuda. Y en esa vivienda nos hemos criado sus tres hijos".
"Mi casa va a quedar encajonada por la reforma"
José Roig no va a perder su casa del Camí dels Lleonets, pero ésta "va a quedar encajonada al quedar pegada a la nueva vía", lamenta. Se trasladó a esta zona hace siete años al nacer el último de sus tres hijos "porque queríamos ganar en calidad de vida". Para ello, adquirió un inmueble que ha reformado con "muchas horas de trabajo que yo mismo he dedicado". Y no oculta que se siente engañado, porque "el proyecto que nos explicaron era más reducido".
* Diario de Mallorca - 9.02.11
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
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LAVOZDEGALICIA* : La delegada de Urbanisno del Concello de Lugo, María Novo, está citada a declarar en calidad de imputada el día 28 de abril ante el juzgado de instrucción nº2 de Lugo, tras las denuncias presentadas, por supuestas irregularidades urbanísticas, por Alpul, debido a los cambios de calificación de suelo en el PXOM entre las aprobaciones inicial y provisional, y por la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro. El juzgado también cita a declarar el mismo día 28 de abril al constructor Manuel Vázquez Corredoira, dentro de las mismas diligencias. El caso se abrió el año pasado tras varias denuncias de los dos colectivos, y tomó forma el pasado día 3 con la declaración de las dos arquitectas redactoras del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tras las declaraciones de las dos técnicos, que acudieron a declarar desde Madrid, el siguiente movimiento del juzgado fue la imputación de la delegada y de este constructor lucense.
Pide los planes al Concello
El juzgado ordena enviar un escrito al Ayuntamiento para que le remita la documentación del Plan Xeral de Ordenación Municipal correspondiente a la aprobación inicial (2006) y la del aprobado provisionalmente (2009). Hay que señalar que sobre el plan aprobado provisionalmente se hicieron cambios para atender las indicaciones de la Xunta, que fueron aprobadas por el pleno de la corporación municipal el 30 de diciembre pasado.
También reclama la titular del citado juzgado, Natalia Paz Domínguez Pernas, las actas de los acuerdos adoptados por la sociedad Club de Golf de los años 2006 a 2008, ambos inclusive. Hay que recordar que uno de los aspectos más polémicos del PXOM es la recalificación de terrenos en Fixós, en el entorno del campo de golf.
Los papeles de Liñares
La jueza ordena incorporar a estas diligencias la documentación aportada por el ex concejal Francisco Fernández Liñares (entre otras delegaciones del alcalde tuvo la de Urbanismo), a petición del propio juzgado.
Hay que recordar que el PXOM se envía a la Xunta de Galicia, para que si lo cree procedente le dé el visto bueno definitivo. Es probable que la Xunta no agote el plazo de que dispone para tal fin.
* La Voz de Galicia - 9.02.11
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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MÁLAGAHOY* : El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, intentó durante 2000, 2001, 2002 y 2003 que los convenios y compensaciones que se negociaban con los promotores inmobiliarios fueran valorados por los técnicos municipales. Nunca lo consiguió. Castro, que declaró ayer como testigo en el juicio del caso Malaya por presunta corrupción política y urbanística en Marbella, indicó que a partir de 2000 siempre que se firmaba un convenio emitía un informe reclamando que fuera el personal municipal el que se encargara de valorar si eran adecuados los aprovechamientos que se pactaban para el Ayuntamiento en compensación por la recalificación de las parcelas. Sin embargo, esa tarea la realizaban sin excepción técnicos externos contratados por el GIL expresamente para esa labor. Juan Antonio Castro precisó que ésta era una función a su juicio "complicada" porque exigía conocimientos de derecho urbanístico y que pretendía que se hicieran tasaciones internas "para garantizar el interés público municipal". Descartó que sus condicionantes respondieran a la desconfianza que le merecían los profesionales ajenos al Ayuntamiento. Nunca nadie atendió esos requerimientos. Es más, cuando la cuestión se elevó a dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía la respuesta que se obtuvo era las valoraciones externas eran perfectamente válidas.
Este funcionario de habilitación nacional, al que le corresponde velar por la legalidad de las cuentas municipales, precisó también que el convenio de Crucero Banús, desde su punto de vista, "quedó sin efecto" desde el momento en que la comisión de gobierno lo aprobó a condición de que se completaran los informes que había requerido el interventor. Desde su punto de vista el acuerdo "carecía de ejecutividad" puesto que la ley sólo contempla que se ratifiquen o rechacen este tipo de acuerdos, no que se aprueben condicionados. Cree, por tanto, que para que hubiera sido aplicable primero tendrían que haberse completado esos informes y, posteriormente, volver a ser sometido a aprobación en la comisión de gobierno.
Pero esa tramitación posterior no se produjo. Al amparo de la ratificación, el equipo de gobierno expidió una licencia de obras condicionada que dio lugar al inicio de los trabajos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no sin esfuerzo, logró que se paralizaran. No obstante, a preguntas de la defensa de Juan Antonio Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, el interventor admitió que el convenio de Crucero Banús, a pesar de todo, no produjo perjuicios al Ayuntamiento porque las obras no se pudieron completar. El convenio, firmado en octubre de 2002, pasaba de comercial a residencial la finca, ubicada en Puerto Banús, y le elevaba el techo edificable de 500 a 11.000 metros. Además, tasaba en 240 millones de pesetas las compensaciones municipales derivadas de la recalificación. Esto permitió que un solar comprado por 4,3 millones de euros pudieran venderlo en menos de un año el ex teniente de alcalde Pedro Román, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, el comisario retirado Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann por 10,3 millones de euros, generando beneficios netos de 6 millones de euros.
Esa falta de perjuicio para las arcas municipales derivaría de que nunca se pudieron construir las 114 viviendas previstas y que a día de hoy, el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella cataloga reserva la finca para zona verde y equipamientos municipales. Las compensaciones nunca cobradas por convenios urbanísticos generaron en la contabilidad local una ficción en la que ahora el equipo de gobierno trata de poner orden. El interventor de Marbella precisó ayer que se han tenido que detraer 74,7 millones de euros que figuraban en el remanente de tesorería municipal como derechos de cobro que nunca se han ejecutado y que son imposibles de ejecutar.
El gobierno que preside la popular Ángeles Muñoz aprobó en julio pasado el informe del interventor para eliminar estos apuntes contables derivados de los convenios firmados por los sucesivos equipos del GIL entre 1991 y 1996. En conjunto eran 156 acuerdos urbanísticos. En 128 se modificaba el planeamiento y se establecían pagos al Ayuntamiento por valor de 64,1 millones. Otros tres eran relativos a la venta de viviendas y solares y ascendían a 9,6 millones de euros.
El juicio por el caso Malaya, centrado en esta fase en la conocida como operación Crucero Banús, continúa hoy en una sesión en la que está previsto que declaren el jefe de la Policía Local de Marbella y el secretario general de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
* Málaga Hoy - 9.02.11
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento (archivo) - laopiniondemalaga.es
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INFORMACIÓN/Elche* : Quería comenzar este artículo por comentar la base desarrollista del documento suministrado por la Fundación Metrópoli que debe servir de base para una discusión sobre el futuro Plan General. Comenzaré diciendo que nuestro ordenamiento urbanístico ha dado un cambio sustancial al dar cabida a otras visiones del problema urbano que no estaban contenidas en el propio discurso interno del urbanismo. También nuestra entrada en Europa nos ha llevado a tener que recoger las directivas europeas y en ese sentido se ha dado entrada a ese concepto de "desarrollo sostenible" recogido en el informe Brundtland. El desarrollo sostenible tiene poca base académica y mucha base política. Como dijo Ramón Margalef cabeza de la ecología universitaria "desarrollo" y "sostenibilidad" son dos conceptos opuestos. Al unirlos resulta un oximorón. O sea un elemento poético pero contradictorio semejante a disertar sobre la blancura de lo negro. Además de esta visión de relación con el medio natural que se materializa en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, es decir en el estudio de las repercusiones que tiene el crecimiento urbano sobre el medio ambiente, existe otro punto de vista en nuestra ley que proviene del paisajismo anglosajón. Establece el estudio del paisaje como herramienta básica en la ordenación territorial.
Y tengo que decir que sobre estos aspectos no he visto nada en la documentación expuesta. El documento que pudimos ver se parece más a un Plan de Desarrollo que a esos estudios más actuales que comienzan el análisis del territorio por una concienzuda visión de las unidades de paisaje.
Pero sea lo que sea el documento en redacción, aunque no resulte otra cosa distinta a un elemento para la discusión pública del urbanismo ilicitano, bienvenido sea. Lo curioso es que en Elche ya tenemos experiencia de ese tipo de extraños documentos que con antelación a la redacción de un plan general se encargan desde la corporación municipal.
Hay que recordar el encargo por el anterior ayuntamiento a Tony Díaz, un desconocido urbanista, de sendos estudios sobre la ciudad y el campo de Elche. Solo conozco a Tony porque publicó un libro "Incertidumbres", atribuyéndose las obras realizadas por el estudio de Damián Quero, hecho que terminó en demanda judicial y retirada del libro. Como me apresuré a comprarlo creo ser de los pocos que posee un ejemplar de tan ínclito autor.
Pues, bien, decía que a este urbanista se le encargó por la anterior corporación un estudio similar al actual que devino en dos documentos llamados POTE y POCE. ¿Y donde están esos estudios? Lo digo porque algo que falta en el urbanismo de Elche es memoria histórica. Ni siquiera existe un buen archivo sobre documentación urbanística que recoja el conjunto del planeamiento, ya sea ejecutado o simplemente ideado. Pues bien, ¿dónde están? Seguramente duermen en algún cajón de ese cementerio de elefantes que es el conjunto de documentos urbanísticos redactados y no aprobados.
Parece ya es buen momento para comenzar una discusión sobre algunas de las conclusiones que haya obtenido la Fundación Metrópoli sobre la ordenación territorial del municipio de Elche y la estructura de su futuro desarrollo. Las conclusiones son poéticas, pero no se ajustan demasiado a lo que hoy entendemos por un estudio territorial. Da la sensación de un rebautizar con atractivos eslóganes la vieja problemática de nuestra ciudad designando en un juego logo mágico como el diamante de la ciudad el cluster de la sanidad, el área 124, etc.
* Información - Opinión - 8.02.11
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