El ruido, asignatura pendiente de las ciudades españolas

20MINUTOS* : El ruido es uno de los enemigos más insistentes de la salud de quienes viven en las ciudades. ¿Se construyen y gobiernan las ciudades españolas teniendo en cuenta este problema? Todo parece indicar que no, que ni el modo de construir, ni el modo de habitarlas, ni nuestro modo de usar la ciudad tienen en cuenta la producción de ruido.
Así, no es de extrañar que España sea el segundo país más ruidoso del mundo. Este miércoles se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Según la encuesta sobre la calidad acústica de la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), los ruidos de los vecinos son la principal molestia que sufren los españoles en sus casas.

Además, cerca de la mitad de los encuestados (48%) considera que su barrio es ruidoso o muy ruidoso. El tráfico urbano, las aglomeraciones de personas y las obras siguen siendo los ruidos considerados más molestos en nuestros barrios.

Según AECOR, el 32% de los ciudadanos están sometidos a un nivel de ruido ambiental superior a los 55 decibelios (dBA) durante la noche y el 24% reciben un impacto que supera los 65 dBA en el promedio de las 24 horas del día.

Las ciudades, obligadas a tomar medidas

Una directiva europea señala que los ayuntamientos de poblaciones grandes y medianas deben adoptar medidas contra los principales focos de contaminación acústica. Para ello deben realizar mapas estratégicos de ruido.

En teoría, a finales de junio de este año 63 municipios de más de 100.000 habitantes (un 41% de la población española) deberán presentar sus mapas de ruido. Ya en 2013, sobre esa base, tendrán que diseñar un plan de acción.

Además, los municipios de más de 250.000 habitantes, que elaboraron sus mapas de ruido en 2007, deberán actualizarlos también para esas fechas.

AECOR cree probable que la mala situación económica de las Administraciones ha dificultado la realización o cumplimiento de los planes anteriores, pero confía en que ahora finalmente todos entreguen su diagnóstico de la situación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ruidos en casa

Si sufrimos mucho el ruido del exterior, la solución más práctica es la colocación de ventanas insonorizadas. Como explica Consumer, las ventanas de doble acristalamiento o la doble ventana son el procedimiento más frecuente.

Las primeras realizan una función aislante mientras que las dobles ventanas duplican los cierres acristalados para crear una cámara de aire entre ambos. Estas últimas reducen las filtraciones de aire y el nivel de ruidos procedentes del exterior.

Si la ventana es de madera y no encaja, se pueden utilizar tiras de caucho para que ventana y marco estén más juntos e impedir así el paso del aire.

El uso de persianas y cortinas gruesas son métodos más rudimentarios pero pueden ayudar a amortiguar algo los sonidos.

Obras, coches y viviendas

Según una encuesta, de la que da cuenta la empresa Oi2, 8 de cada 10 españoles creen que el Gobierno debería endurecer la ley para regular los niveles de ruido.

El País Vasco (83%), la Comunidad Valenciana (71%) y Andalucía (75%) son las tres comunidades autónomas con mayor índice de contaminación acústica. En cuarto y quinto lugar se sitúan Madrid (71%) y Cataluña (70%). Por el contrario, Aragón (63%), Canarias (67%) y Baleares (69%), son consideradas las comunidades menos ruidosas según los encuestados.

Según los españoles, las obras (18%), el ruido generado por los vehículos (17%) y la escasez de materiales aislantes en las viviendas (17%) son los principales factores que contribuyen a producir un mayor nivel de contaminación acústica.


* 20 Minutos - 25.04.2012
Foto: Ruido en las calles - 20minutos

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El supuesto cohecho permitiría ejecutar el mayor proyecto urbanístico de Valdoviño

LAVOZ/A Coruña* : El proyecto del supuesto cohecho de Valdoviño era la actuación urbanística más importante de toda la historia local. En 5.500 metros cuadrados, situados en la Puerta del Sol, se preveía levantar 300 viviendas en bloques en torno a una plaza. Con ello se buscaba darle centralidad al núcleo urbano, actualmente formado solo por edificios y casas a ambos lados de la carretera Ferrol-Cedeira.
La parte polémica del asunto correspondería a 98 viviendas que iba a levantar Coinasa, dentro de toda la actuación de 300 pisos. Cuando se produjo el supuesto intento de cohecho, el marido de la alcaldesa de la localidad en el año 2005, la independiente Concepción Sanesteban Raposo, habría pedido una contraprestación económica de 450.000 euros (se hablaba de 75 millones de pesetas) por mejorar le edificabilidad en este sector del conjunto.

La denuncia por el supuesto cohecho, presentada por el concejal Gonzalo Doce Vergara (CG) en el 2011, entonces edil de Urbanismo, ha llevado al pleno local a acordar el pasado viernes personarse en la causa penal incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol.
Sobre la parcela en cuestión no se ha hecho nada. Aparece la explanada con carteles de promociones urbanísticas, pero no se acometió la ejecución de proyecto alguno, a pesar de que hubo varios. Según Gonzalo Doce, incluso hubo uno «encargado por la alcaldesa» que fue cuestionado por los técnicos municipales por las alturas superiores a las permitidas en el planeamiento local. La denuncia ante la Fiscalía pasó al juzgado correspondiente. Una jueza sustituta recibió al denunciante para que se ratificase y entregase copia del cedé con el contenido de las grabaciones. Es lo único actuado, por el momento, por el juzgado de instrucción.
En una citación emitida para convocar al denunciante, el secretario judicial indica que están abiertas diligencias por un supuesto delito de cohecho y le recuerda a Gonzalo Doce que tiene derecho a nombrar abogado y procurador y que, de no hacerlo, «el Ministerio Fiscal ejercitará en su nombre las acciones civiles que pudieran corresponderle». El concejal y su compañero Manuel Bacorelle propusieron entonces el personamiento del Concello de Valdoviño.


* La Voz de Galicia - F. VARELA - 25.4.12
Foto: Valdoviño (A Coruña), vista - google

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El Supremo ratifica la anulación del PGOU isleño dictada por el TSJA

HUELVAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo declaró el pasado dos de febrero de 2012 "la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Junta de Andalucía contra la sentencia del 27 de enero de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" que anulaba de facto la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Isla Cristina. El Plan había recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo en mayo de 2008.

El PGOU podía seguir en vigor en tanto en cuanto el Supremo no se pronunciara. Ahora lo ha hecho y contra los intereses de la Junta y el Consistorio isleño por lo que el planeamiento urbanístico recibe otro varapalo tras el ya sufrido hace apenas un año.

La resolución del Supremo declara firme la sentencia de enero de 2011 y carga las costas del proceso a la Junta andaluza, que tendrá que pagar los 600 euros correspondientes.

El problema que planteó el Tribunal en la instancia regional es que se necesita el pronunciamieno de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística porque el PGOU isleño sobrepasaba en un 25% el incremento del número de viviendas.

El PGOU isleño fue iniciado por el PA en tiempos de Francisco Zamudio como alcalde y seguido en la etapa de María Luisa Faneca. Ambos comparten ahora el Gobierno y el varapalo judicial, que cuestiona el desarrollo urbanístico de Isla Cristina, ya de por sí noqueado con la primera resolución del TSJA.

El documento municipal fue recurrido por 23 familias isleñas (Huertos de la Playa), varios colectivos y empresas.

Según la sentencia primera del Tribunal Andaluz, "la totalidad de las viviendas ascienden a 18.450, por lo que el 25% supondría 4.612 viviendas y al cifrarse el incremento en 5.570 el porcentaje ha sido superado sin que conste el preceptivo dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanismo".

Cabe recordar que el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) establece que con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incremento de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente". Y el PGOU rozaba el 53,04%.

El diseño del PGOU recurrido dejó fuera del cálculo hasta 616.756 metros cuadrados, 60 hectáreas de uso turístico y hotelero que deberían haberse sumado al total de la superficie del Plan, 1.888.162 metros cuadrados. Ese resultado, 2.504.918 metros cuadrados, superó los 1.888.939 que suponía el 40% de suelo urbano. Se infringía así el artículo 45 del POTA. Un asunto reconocido por Urbanismo en Isla Cristina, que apuntó que el PGOU no se regía por el POTA por la sencilla razón de que no existía en 2005.

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina aprobó en noviembre de 2007 (PSOE y la concejal Antonia Grao) el documento provisional de revisión y adaptación del PGOU. Fue confirmado en 2008 y en 2009 la Alcaldía aireó el texto urbanístico: La ciudad pasaría de los 21.000 habitantes a los 25.000 en ocho años. Y se anunció la construcción en ocho años de 5.665 nuevas viviendas, de las que el 30%, nada menos que 1.700 serían protegidas.

El Plan ocupaba casi todo el suelo que quedaba por construir en la franja litoral. Ahí situaba 5.672 plazas hoteleras de las 8.000 a construir. Además, quedarían disponibles 3.100 plazas de residencial turístico.

Los propietarios que recurrieron en 2005 recordaron en sus alegatos que el Ayuntamiento apostaba primero por la adquisición por expropiación de sus fincas en la Venta de la Era, alguna datadas en 1860. Pero en 2007, con la socialista María Luisa Faneca en el Gobierno, se cambió a la fórmula de expropiación por compensación. Y en junio de 2010, el Ayuntamiento dio luz verde a la Modificación número 1, que cambió el sistema de junta de compensación por cooperación. Esta fórmula, subrayaron los propietarios y recurrentes, ha beneficiado a un promotor que fue adquiriendo terrenos en las inmediaciones de la Venta de la Era.

El Consistorio siempre ha mantenido una versión: que la sentencia del TSJA no era firme y ha sido recurrida. Este argumento se lo acaba de tumbar, pero esta vez es el Tribunal Supremo.

Para la Alcaldía se trataba de un simple defecto de forma "fácilmente solucionable". Incluso se permitió la libertad de anunciar a los propietarios que las fincas de la zona pasarían a formar parte de un sistema general de espacios libres. Eso sí, dijo, "para disfrute de toda la población y no sólo para unos pocos como viene sucediendo hasta ahora".

Según el Ayuntamiento, las tierras en litigio se encuentran dentro de la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, regulados por la Ley 22/1988 de 28 de julio (Ley de Costas). Y el PGOU no podía ir contra esta norma. Por eso decidió la regularización de la situación de la finca y eliminar los usos residenciales en la servidumbre.

El Ayuntamiento argumentó en su día para quitar hierro a la decisión del TSJA que al mismo tiempo que la sentencia de enero de 2011 (ahora refrendada en el Supremo) había otra, fechada el 7 de marzo de 2011, que daba la razón (sobre el PGOU) al Consistorio y a la Junta y desestimaba las pretensiones de nulidad. De ahí que se esperara a la interposición y resolución de un recurso para lo que Faneca denominó "unificación de doctrina". Desde entonces no han cesado los llamamientos a la calma y a la tranquilidad de promotores, inversores y compradores de suelo.


* Huelva Información - R. RENDÓN-R. MORENO - 25.4.12
Foto: Isla Cristina (Huelva) - García Cordero (El País)

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