Ourense.- Una sentencia anula el plan parcial que preveía 460 viviendas en A Cuña

LAREGIÓN* : El Tribunal Superior de Xustiza vuelve a dejar en evidencia la ordenación urbanística de la ciudad al anular el plan parcial del sector de suelo urbanizable 18 en Cantareliña (en la zona de A Cuña), en la ciudad, en el que se contemplaba la construcción de 467 viviendas, de las que 387 eran edificación plurifamiliar y 80 unifamilares. En este mismo proyecto se incluían dos parcelas para sendos equipamientos públicos, uno sin un uso definido, y el otro de carácter deportivo.
La sentencia, que estima parcialmente el recurso presentado por el propietario de un terreno afectado por ese plan parcial, basa principalmente su fallo en la nulidad del planeamiento urbanístico que lo sustentaba (el de 2003).

'Una vez que esa sentencia (la que anula el Plan Xeral) ha ganado firmeza con su confirmación por el Tribunal Supremo, ya no es sólo que no sea necesario pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de tal plan, sino que su previa anulación afecta a la modificación operada en el año 2006 y al plan parcial al que servía de cobertura'.

RECLAMACIÓN

Aunque por el estado en el que se encontraba la tramitación urbanística -restaba por aprobar los proyectos de compensación y urbanización- el desarrollo de la zona se veía ya afectado por la anulación del Plan Xeral, este suelo es uno de los 33 sobre los que se han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Concello por la caída del Plan Xeral de 2003, la misma que ahora sustenta la nulidad de su plan parcial. De esta forma, la indemnización solicitada por el cambio de clasificación del suelo a raíz de la entrada en vigor del anterior planeamiento, de 1986, asciende a más de 12,9 millones de euros.

Las defensas del Concello de Ourense y de la promotora alegaban que la anulación del Plan Xeral no afectaba a los actos ya firmes -como era la aprobación definitiva del plan parcial, producida en marzo de 2010-, pero el tribunal entiende que 'ni existe firmeza ni se ha impugnado un acto singular, sino general', de forma que si 'tras aprobarse el plan de 2003 vino su primera modificación puntual en el año 2006 y la aprobación de un plan parcial en 2010, lo que procede es anular ambos'.

Por su parte, el abogado recurrente, Antonio Feijóo, matiza que su representado ha recurrido el plan parcial 'por considerarse perjudicado por el contenido del mismo, por la edificabilidad que se planteaba y la ordenación urbanística que se diseñaba, que afectaba a sus derechos'. El desarrollo de este suelo llevaba consigo también la construcción de una glorieta en la carretera de Seixalbo.


* La Región - 1.04.12
Foto: Zona de Cantareliña, en cuyas inmediaciones se preveía construir más de 400 viviendas. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)

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Andalucía.- Culmina la ordenación del litoral

ELPAÍS* : Al cabo de 18 años de aprobarse la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía , el mapa de la planificación territorial que contemplaba está prácticamente cerrado. El objetivo llega tras una prolífica legislatura en la que la administración autonómica se propuso culminar un proceso jalonado de dificultades y controversias políticas partidistas y localistas y que se ha saldado con la aprobación de más de la mitad de los planes en vigor.
Con los nueve planes subregionales aprobados en estos últimos cuatro años, toda la franja litoral y las principales aglomeraciones urbanas de la comunidad autónoma tienen un instrumento de planificación con directrices para ordenar su crecimiento. Otros dos, los de Huelva y Jaén, están en su última fase de tramitación.

Desde el año 2000, cuando se aprobó el primero (Aglomeración Urbana de Granada), hay ya en vigor 17 Planes de Ordenación Territorial (POT) que afectan a 245 municipios. Estas localidades, pese a no representar ni la tercera parte del territorio (32%), concentran al 66% de la población andaluza, más de 5,5 millones de habitantes.

Los dos últimos planes en aprobarse han sido los del Sur de Córdoba y Campo de Gibraltar, pendientes aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Ambos pueden considerarse casos paradigmáticos de la evolución que ha experimentado la práctica de la ordenación del territorio en Andalucía. El del Campo de Gibraltar porque ha atravesado numerosas vicisitudes desde mayo de 1994. Fue el primer plan subregional en formularse; aunque luego el proceso se ha tenido que reiniciar en dos ocasiones más, la última en 2007. El plan del Sur de Córdoba es todo lo contrario. Apenas ha requerido dos años para completar todos los trámites, lo que, según la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, demuestra que el procedimiento de elaboración de los planes de ordenación no tiene por qué ser necesariamente largo.

Vega asegura que la consejería de Obras Públicas y Vivienda está muy satisfecha “porque se ha cumplido el objetivo y se ha cerrado una etapa de algo más de diez años en los que se ha conseguido un consenso político general sobre la importancia de la ordenación territorial, algo que ya es irreversible”. Recuerda que el proceso ha estado plagado de dificultades y que ha habido que aprender “sobre la marcha”, porque apenas había precedentes, y ahora mismo Andalucía es la comunidad que más ha avanzado en la ordenación.

Los POTs son instrumentos que establecen las directrices para un crecimiento armónico y ordenado en un ámbito determinado y sirven de marco de referencia para los municipios afectados. Estas localidades deben respetarlos en sus planes generales de ordenación urbana y tenerlos en cuenta en la coordinación de políticas sectoriales de las distintas administraciones, por ejemplo en materia de transportes, energía, o abastecimiento, ya que fijan las infraestructuras básicas necesarias, y localizan zonas estratégicas para el desarrollo.

Los POTs no califican suelo, pero si pueden determinar reservas de espacios para equipamientos estratégicos y de interés para todo el ámbito como parques, polígonos industriales, desarrollos turísticos, o equipamientos públicos educativos, sanitarios o de otro orden, o áreas recreativas. También establecen parámetros que los municipios deberán respetar en sus planes municipales concretos, y es que toda figura recogida en un plan subregional tiene que ser contemplada y desarrollada en la planificación urbanística que compete a los ayuntamientos.

Una de las notas destacadas de los POTs por ejemplo es que amplían hasta 200 metros el corredor litoral libre, de forma que multiplican por dos los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre que establece la Ley de Costas sin posibilidad de ningún uso. Además, donde aún es posible, no permiten ningún uso residencial ni industrial en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, de forma que solo serán permitidos equipamientos de uso público o de carácter turístico.

Precisamente uno de los elementos de dificultad para la ordenación territorial ha sido el conflicto de competencias planteado en algunos casos por municipios y resuelto hasta ahora con resoluciones judiciales que reconocen la competencia autonómica de la planificación de ámbito supramunicipal.

Conciliar los intereses localistas y partidistas no ha sido sencillo. La secretaria general reconoce que gran parte del atasco en la elaboración de los planes ha venido por el empeño de llegar a acuerdos. “Estos planes no tienen sentido si no reúnen un consenso, pero llegar al 100% es prácticamente imposible, y hemos atravesado momentos fáciles y otros más difíciles”.

Hay algunas cuestiones que son además objeto de especial discrepancia competencial, pero también ideológica o conceptual, de forma que hay cuestiones que se cierran y que son objeto de impugnación judicial por parte de algún ayuntamiento. Con todo, Vega insiste en que aunque son más sonados, “los conflictos son anecdóticos y aislados y por encima de todo ha habido mucho acuerdo”.

En los 12 años transcurridos desde la aprobación del primer plan se han atravesado varias etapas diferenciadas, condicionadas por la presión urbanística y las distintas expectativas de crecimiento y desarrollos residenciales y de actividad económica. Vega admite que ahora posiblemente haya que revisar cuestiones de algunos planes, pero que lo importante hasta ahora ha sido determinar la importancia de la ordenación y la práctica de los acuerdos.

Ahora, la Junta se propone iniciar un proceso de “armonización” de los planes y, por ejemplo, ya se ha iniciado la redacción de un segundo plan para el ámbito Bahía de Cádiz-Jerez.


* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 1 ABR 2012
Foto: Vista aérea del litoral de Benalmádena (Málaga) / JULIÁN ROJAS

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Eurovegas, un espectáculo provinciano

JORDI BORJA* : Mister Marshall ha llegado y anuncia puestos de trabajo y diversiones, luces y juegos, vicio y fornicio. Cerca del aeropuerto, a un cuarto de hora del centro de la ciudad. Prometen unos 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos. No se especifica el origen de estas cifras. Sin embargo, en todo el Estado de Nevada, que incluye Las Vegas y la lejana Reno existen 300.000 empleos en el sector del ocio. Solo Las Vegas posee 78 grandes hoteles con casino y en el Baix Llobregat se crearían 12 hoteles, seis con casino. Los números no salen. El impacto sobre el empleo no parece que en Las Vegas haya sido muy eficaz, pues llega casi al 13%, cuando la media de EE UU es poco más del 8%. Se trata de un empleo poco calificado: solo el 14% de la población joven alcanzó a iniciar estudios universitarios, cuando la media norteamericana es el doble. En Las Vegas están censadas 16.000 personas sin techo y 40.000 en la región metropolitana (gran parte de los datos citados proceden de un informe del blog latramaurbana.net).

El argumento del empleo no es convincente. Otros aspectos del modelo, aún menos. Las Vegas creció en un desierto a partir de la década de 1930 y especialmente de 1941, cuando un gánster, Bugsy Siegel (Warren Beatty en el cine), fue el promotor del primer hotel Flamingo con casino. Fue rebautizada como Sin City, Ciudad del Pecado. Sus promotores principales eran las mafias del este. En 1959 la ciudad inició un nuevo boom cuando el triunfo de la revolución cubana hizo que La Habana dejara de ser el gran casino y el superprostíbulo de los norteamericanos. El centro de Las Vegas, inicialmente ciudad compacta, fue perdiendo fuerza y la ciudad se expandió de forma difusa y segregadora. Gradualmente se ha ido privatizando, ha dejado de ser ciudad.

¿Eurovegas será la nueva versión del modelo Barcelona 92 y de Catalunya ciutat? A Madrid lo definió en los años cincuenta Camilo José Cela como una mezcla de Kansas City y Navalcarnero. ¿Seremos nosotros algo parecido medio siglo más tarde?

En EE UU era y es impensable que un Las Vegas se instale en la megalópolis del noreste (Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, etcétera), un continuo urbano con más de 55 millones de habitantes. El gran centro del ocio se creó a algunos miles de kilómetros del mercado más potente. Eurovegas pretende instalarse en un tejido urbano ya muy saturado que requiere proyectos de escala media, más acupuntura que cirugía. La copia local es menor que el original, pero se prevén 150 hectáreas para el complejo y 100 más para campos de golf, un estadio y otros equipamientos, más las cesiones de suelo público e infraestructuras y los complejos habitacionales que los promotores exigen, crear unos para su negocio y eliminar otros que no interesan. El impacto sobre el territorio será enorme. A la zona afluirán los desocupados locales y los que acudirán de otras partes como si se hubieran descubierto minas de oro. Sin contar a los centenares de miles de futuros clientes. ¿Es este el lugar adecuado o no correspondería más a los Monegros?

El despropósito que más llama la atención son las condiciones del promotor, que aparentemente no han sido cuestionadas por las autoridades españolas. Modificación de la Ley de Extranjería para importar trabajadores y del Estatuto de los Trabajadores para no depender de convenios colectivos, moratoria de dos años para pagar la Seguridad Social, exenciones de impuestos y tasas, flexibilizar las medidas destinadas a evitar el blanqueo de dinero, autorizar el ingreso de menores de edad y ludópatas, y el derecho de fumar, garantizar el crédito que se solicitaría al Banco Central europeo. Por vergüenza ajena, sin comentarios.

No creo que este proyecto fantasma llegue a cuajar, y menos en Cataluña. Pero reconozco que me dejará un recuerdo imaginario perdurable. Una inauguración presidida por las autoridades, algunos cardenales acompañados de políticos locales y financieros del Opus, rodeados de mafiosos y tahúres, traficantes de drogas y de dinero negro, empresarios de prostíbulos y gestores de la corrupción. Un espectáculo de risa amarga.

* Jordi Borja es urbanista.


* El País _ Opinión - 21.3.12

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