LEVANTE* : Sólo 26 municipios de los 263 municipios que componen la provincia de Valencia han cumplido con la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo que poseen fruto de la actividad urbanística de los últimos años. Los ayuntamientos han de declarar cada año, a lo largo del primer trimestre, cuántos solares componen el patrimonio público de suelo que acumulan por las cesiones de suelo (el 10% de cada plan urbanístico), expropiaciones o permutas. Unos solares que, además, tienen un destino finalista por ley. Los terrenos que componen el patrimonio municipal de suelo sólo pueden destinarse a construir viviendas de protección oficial. A no ser que la oferta de VPO sea tan elevada que la Generalitat les pueda eximir de este destino.
El registro se creó con una modificación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2003. Y se concretó mediante un decreto aprobado en 2004 (aunque el concepto del patrimonio público de suelo es tan viejo como la primera ley del suelo franquista de 1956).
Por tanto, los ayuntamientos están obligados a declarar cuánto suelo atesoran como fruto de su actividad urbanística que, en muchos casos, ha sido frenética en la última década.
Sin embargo, municipios tan activos desde el punto de vista urbanístico como Valencia, Xàtiva o Gandia ni aparecen en el Registro Autonómico de Suelo de la Provincia de Valencia. Desde que se creó, directamente han ignorado esta obligación legal que se mantuvo en la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Esta misma legislación preveía, en el artículo 266.5, que si "un ayuntamiento no procede a enajenar en el plazo de dos años, a partir de la vigencia de la presente ley (fecha que se cumplió el 1 de febrero de 2008), al menos el 50% de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, la Generalitat a través del órgano competente, procederá a iniciar expediente de expropiación forzosa con carácter urgente para proceder a la construcción de manera directa o indirecta de viviendas de protección pública".
¿Cuántos metros cuadrados se han expropiado? Ni medio. La directora general de Vivienda, María Jesús Rodríguez, admitió que "expropiar es inviable" en noviembre de 2007, cuando ya llevaba casi medio año en el cargo. Entonces no dio más razones pero son obvias: se aumentaría la conflictividad con los municipios, haría falta un elevado volumen de dinero para afrontar la expropiación y, después, habría que cumplir con el mandato legal y construir VPO o vender las parcelas.
Sagunt es el más cumplidor
Así pues han pasado casi seis años desde que se creó el registro y cinco desde que se reguló pero 235 municipios de la provincia de Valencia se saltan a la torera la legislación, según pudo comprobar este periódico en el documento (que es público y gratuito pero sólo se puede consultar, en formato papel, un día a la semana).
Los cuatro municipios que se han incorporado al registro autonómico de suelo desde 2008 han sido Algimia de Alfara, Massamagrell, Picassent, Rafelbunyol. Algunos han aumentado sus parcelas, aunque municipios tan activos urbanísticamente como Cullera, Paterna o Requena apenas declaran un solar. El más cumplidor sigue siendo el Ayuntamiento de Sagunt, que declara 32 parcelas de sueño.
* Levante-emv.com - L. Ballester Beneyto, Valencia - 23.03.09
Valencia, Xàtiva y Gandia vulneran la ley al no declarar el suelo público obtenido con los PAI
Andalucía: El TSJA derriba pilares urbanísticos
ELCORREO* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en los últimos años en contra de algunos de los pilares básicos aprobados por la Junta para la ordenación urbanística y del territorio andaluz. Alegando defectos de forma o entrando en el fondo de leyes y planes básicos, el alto tribunal han derribado puntales del control del urbanismo.
Las reformas legales emprendidas por la Junta la pasada legislatura para endurecer el control urbanístico y poner coto a los desmanes del ladrillo se han dado ya en varias ocasiones de bruces con un juez. El Gobierno acumula varias sentencias en su contra falladas por varias salas del alto tribunal andaluz. Algunas cuestionan aspectos básicos como que la Junta pueda, a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), imponer restricciones al crecimiento de suelo urbano o la población de un municipio. Atacan el fondo de una norma duramente cuestionada, y recurrida, por los empresarios.
Otros fallos ponen el acento en los plazos de tiempo excesivamente largos empleados por el Ejecutivo al aprobar planes subregionales de ordenación territorial. Retrasos que, según el alto tribunal, puede crear inseguridad y contradicciones que perjudiquen a ciudadanos y empresarios.
Pero no siempre se cuestionan por exceso de intervencionismo las normas de la Junta, también hay fallos –como los emitidos por el hotel Algarrobico– que precisamente subrayan controles laxos y manga ancha al suelo urbanizable. Toda una marabunta de sentencias judiciales que responden a denuncias de alcaldes, empresarios y organizaciones ecologistas.
Burguillos. En una sentencia con fecha del pasado 26 de enero, la sala del TSJA de lo contencioso administrativo de Sevilla dio un sonado varapalo a la Junta al fallar a favor del Ayuntamiento de Burguillos. Este pueblo de la Sierra Norte sevillana, gobernado por el PSOE, denunció que el Gobierno andaluz amputara 2.300 viviendas de su PGOU. La Junta se amparó en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) –aprobado en el Parlamento en noviembre de 2006–, que impone un límite del crecimiento del suelo urbano del 40% y del 30% de la población en un periodo de ocho años. El alto tribunal cuestiona estas restricciones, asegura que sólo podrían aplicarse con razones muy fundadas y duda de que la Junta pueda controlar el crecimiento. En este punto señala una invasión de las competencias municipales. Además cuando la Junta bloqueó el PGOU aún no se había aprobado formalmente el POTA.
La patronal impugnó el POTA tras ser aprobado en la Cámara. Precisamente los empresarios arremetían contra esos límites impuestos a través del POTA, que endurecía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Ensanche Sur. Es uno de los contenciosos urbanísticos más largos que ha tenido la Junta con un Ayuntamiento, en esta ocasión el de Huelva, gobernado por el PP. Finalmente, y cuando ya ambas administraciones estaban negociando una salida con la construcción de 900 VPO y varios equipamientos públicos, el TSJA –en diciembre de 2008– falló como “factible” el desarrollo urbanístico previsto por el consistorio en esta zona de la capital onubense. Era la quinta sentencia en cinco años y la que puso el punto y final. La Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento y determinó que el desarrollo de esa zona correspondía al consistorio sin necesidad del visto bueno de la Junta.
Chiclana. El TSJA anuló el pasado enero el plan urbanístico de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por su tramitación errónea. El PGOU, diseñado por el ayuntamiento, tenía el visto bueno de la Junta. El futuro urbanístico de una ciudad donde proliferan las irregularidades volvió a quedar en el aire. Dos años después de que la Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz diera su visto bueno, en marzo de 2007, el TSJA se pronunció a favor de los recursos presentados por particulares alegando que el texto en ningún momento se sometió en su totalidad a información pública. El Ayuntamiento recurrió al Supremo.
Costa de Huelva. El TSJA dictó sentencia en julio de 2008 declarando nulo el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Litoral Occidental de Huelva. La previsión inicial, de 1999, es que el plan se formulará en un año y finalmente vio la luz en 2006, siete años más tarde. El alto tribunal alegó defectos de forma y no entró en el fondo. Consideró que los criterios que se tuvieron en cuenta al elaborarlo podrían haber cambiado por el propio dinamismo territorial. Fue el entonces alcalde de Punta Umbría, el popular Carlos Hernández Cansino, quien denunció el POT. La Junta recurrió al Supremo.
Bahía de Cádiz. El TSJA también suspendió por defectos de forma en 2006 el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz. También tardó años en elaborarse.
Las Aletas. El alto tribunal dio en marzo de 2008 un mazazo al Parque Industrial de Las Aletas, en Cádiz. Anuló el Plan Especial de la Consejería de Obras Públicas por el que se delimitó una zona de reserva de 527 hectáreas que se declaró de interés público, lo que permitía la expropiación de 120 hectáreas a medio centenar de propietarios. El TSJA aseguró que no había suficiente fundamento para esa expropiación forzosa.
El Algarrobico. La Justicia volvió a dar la semana pasada un varapalo a la Junta por el hotel de El Algarrobico. El alto tribunal suspendió la consideración urbanística fijada por la Junta en 2008 para las zonas de Níjar y Carboneras dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en 2008. El fallo, que responde a una denuncia de Salvemos Mojacar, asegura que el plan “legaliza obras ilegales” y amplía suelo urbanizable. Ya el TSJA tumbó en noviembre de 2008, y respondiendo a una demanda de Greenpeace, la protección del PORN en el sector de El Algarrobico al no impedir el hotel.
* El Correo de Andalucía - Isabel Morillo - 22.03.09
Foto: tribunaljusticia andalucía - junta
Bruselas votará el jueves si congela los fondos a España si no se pone fin a los abusos urbanísticos
DIARIODIRECTO* : El Parlamento europeo votará el próximo jueves un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.
La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.
El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas.
La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles. También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.
La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español, se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos, y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola. Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.
En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
Acusaciones
Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.
Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.
Corrupción endémica
El informe Auken denuncia que "todas las administraciones -central, autonómica y locales- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.
Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero". Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".
* Diario Directo - T.León - 22.03.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
La Comunidad Valenciana construyó un 10% de su costa en sólo seis años
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ELPAÍS* : Málaga, Barcelona y Alicante tienen más de la mitad del litoral cementado, según un informe hecho con imágenes de satélite entre los años 2000 y 2005. Juan Antonio Ramírez recuerda cómo hace sólo tres años "las oficinas de los promotores inmobiliarios de Huelva eran como las churrerías. Había cola para comprar un piso en la costa", según evoca este agente inmobiliario afincado en la costa onubense, donde "aún se pueden comprar casas a 150 metros del mar", apunta.
La burbuja inmobiliaria se ha cebado con el litoral. Entre 2000 y 2005 la superficie urbanizada en los dos primeros kilómetros de costa creció un 22% en toda España (un ritmo que duplicó el del anterior periodo analizado, 1987-2000). Pero el detalle de los datos acumulados por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, organismo del Ministerio de Medio Ambiente y de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), revela que Valencia (53,5% de incremento), Huelva (48,1%) y Alicante (37,4%) son las provincias en las que más aumentó la urbanización. El ladrillo castigó mucho a la Comunidad Valenciana, que en sólo seis años cementó el 10,66% de sus dos primeros kilómetros de costa, por el 8,71% de Málaga y el 7,39% de Cataluña.
En Huelva aumentó mucho la urbanización porque mantiene uno de los litorales menos construidos de España: tiene urbanizado el 14% en los dos primeros kilómetros, y sólo en el periodo analizado urbanizó el 4,52% del litoral, menos que otras provincias. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Huelva, Alfredo Flores, señala: "Esto no es Benidorm. Se ha construido en la costa, pero los principales problemas urbanísticos los tenemos en el interior".
El informe, hecho con imágenes de satélite para el estudio Corine Land Cover, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, es comparable con datos de 1987 y 2000. No es el más preciso (cuando se hace con más detalle la superficie urbanizada suele ser aún mayor, por lo que no se le puede acusar de exagerar la realidad), pero sí resalta las tendencias. Pese a que la investigadora del estudio anunció públicamente que lo presentaría antes de enero, un portavoz del Observatorio de la Sostenibilidad aseguró el viernes que dicho estudio "no existe". Este organismo fue creado en 2004 con el objetivo principal de "producir y difundir" un informe anual sobre el medioambiente, lo que no hizo en 2008. El Gobierno acaba de prorrogar su subvención al Observatorio (180.000 euros anuales durante la pasada legislatura).
Además, el informe confirma la situación que se describe en el plan llamado Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, que anunció la ex ministra Cristina Narbona en 2007 y que sigue sin ser aprobado. "Asistimos al desbordamiento de la capacidad de carga de la costa. El 44% de la población vive en municipios costeros que apenas representan el 7% del territorio", se indica en el citado plan.
El catedrático de Gestión de Zonas Costeras de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, afirma: "La sociedad se ha emborrachado de cemento. Cuando dentro de unos años miremos atrás y veamos lo que hicimos con la costa durante la burbuja inmobiliaria nos daremos cuenta de que fue un disparate. Unos pocos han ganado muchísimo a costa de un patrimonio común", destaca, y añade: "El litoral ha perdido valor. El turismo de calidad no busca cemento, que eso ya lo tiene en Düsseldorf, sino playas cuidadas, y cada vez quedan menos".
En Málaga y Alicante, el 52% de sus dos primeros kilómetros de costa están ya construidos; en Barcelona, el 68%. En cambio, la ocupación en el Cantábrico y Galicia es muy inferior (entre el 24% de Pontevedra y el 6% de Lugo), si bien se aprecian tensiones alcistas. Es lo que Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, define como "mediterranización del Cantábrico". Entre las ocho provincias en las que más aumentó la urbanización están Asturias (un 38%) y Vizcaya (30,3%). "No puede ser que sólo en Cádiz haya 50.000 viviendas ilegales en 17 municipios costeros. Eso no ocurre en ningún país de Europa", denuncia Barragán.
Y es que la burbuja inmobiliaria ha generado un daño estructural al litoral, aunque la tendencia ahora se esté invirtiendo. Ramírez, el citado vendedor de Huelva, ya no vende tres casas a la semana, sino tres al mes. Aun así, los expertos temen un efecto rebote: el terreno sigue calificado como urbanizable, esperando tiempos mejores.
Y existe el riesgo de que, si alguien tiene dinero para construir, ninguna administración le va a poner pegas, dada la crisis. Medio Ambiente ya ha frenado el derribo de un hotel ilegal que bloquea el acceso a una de las grandes playas de Lanzarote.
El gran ladrillazo
- El 44% de la población española vive en los municipios costeros, el 7% del territorio.
- El 80% de los 60 millones de turistas que visitan España va al litoral.
- El ritmo de urbanización en la primera línea de playa se duplicó con la burbuja inmobiliaria (2000-2005) respecto al periodo 1987-2000.
- La superficie construida en los dos primeros kilómetros oscila entre el 68% de Barcelona y el 52% de Málaga. En Lugo es el 6%, mientras que en Almería o Huelva sube al 14%.
- La urbanización creció un 22,8% en el Atlántico.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 23/03/2009
Foto: Marina D'Or (Oropesa del Mar - Castellón), vista aérea - F. Garrido, elmundo.es
