LAVANGUARDIA* : La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra.
Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.
Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad.
El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda.Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios.
Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.
* La Vanguardia - 7.02.11
Foto: Vivienda Digna, pancarta (archivo)- tener una casa es un derecho
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ELPAÍS* : La concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, lleva días restando importancia al problema de la contaminación de la capital: "El paro asfixia más", aseguró el miércoles. Ayer se ratificó y añadió que las propuestas para cerrar al tráfico la capital son "innecesarias" y supondrían "un gran impacto económico". El problema no existe. La alarma es exagerada. Su homólogo en Roma, Marco Visconti, sí reconoce que los niveles de contaminación son excesivos. De ahí que ayer, por cuarto día consecutivo, ordenara prohibir el paso a los vehículos más contaminantes. El mismo anticiclón afecta a España y a Italia, pero la respuesta en cada país es muy diferente. Más allá de si en Roma ha servido de algo la prohibición -en el centro nadie controlaba y el volumen de coches era más alto que un día normal, seguramente por la huelga de metro y autobús-, lo cierto es que junto con Milán, Turín y Nápoles, la capital italiana ha tomado medidas urgentes contra la contaminación. El peor problema de Roma estos días son las partículas en suspensión -no tanto el dióxido de nitrógeno que azota Madrid-.
Ayer todas las estaciones de la red romana superaron los niveles máximos de partículas. En dos estaciones se alcanzaron los 98 microgramos por metro cúbico, cuando el límite está en 50. Madrid registró el pasado viernes 57 microgramos de partículas de media en su red, por encima de los 50 microgramos a partir de los cuales Roma considera tomar medidas.
En Italia, la peor situación se vive en Milán, que se encuentra fuera de la normativa europea, con casi 200 microgramos de polvo en suspensión por metro cúbico, y ha agotado ya, desde el 1 de enero, los 35 días de exceso anual que permite la directiva europea.
Milán y su provincia, según comenta el profesor de la Universidad Bocconi Edoardo Croci, ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "se encuentran en este momento desbordadas" por la contaminación. Tras prohibir durante dos domingos seguidos el tráfico rodado en la ciudad, sin resultados apreciables, la asamblea de alcaldes de la provincia italiana suprimió ayer esa medida. Croci ve paralelismos entre la situación de Madrid y la de Milán. "En Milán el dióxido de nitrógeno lleva varios días en niveles muy elevados. Desde el día 6 al 10 de este mes, cuatro de las ocho estaciones de la ciudad han registrado cifras superiores a los 200 microgramos, que es el nivel que indica que hay que poner en marcha medidas de prevención". Ayer, la cifra más alta fue de 339 microgramos por metro cúbico, no lejos de los 400 que la UE considera de riesgo para la salud. Madrid ha llegado a tener estos días siete estaciones que marcaban más de 200 microgramos a la vez y el pasado domingo a las 22.00, la estación de Ramón y Cajal llegó a medir 395.
El ensayo/error preside la gestión de la emergencia. Los alcaldes improvisan restricciones al tráfico a los vehículos más contaminantes, pero pocos ciudadanos parecen conocer o cumplir las ordenanzas. Los alcaldes milaneses decidieron ayer no introducir las matrículas alternas hasta que la vecina Brescia, que ya prueba el sistema, compruebe si funciona.
Las medidas serán más o menos efectivas, pero existen. En Nápoles, se limitó el tráfico ayer y hoy entre las 7.30 y las 17.30, pero no se publicitó y quizá por eso ayer no se notó. Nápoles ha decidido también vetar a partir de hoy la circulación de los coches y las motos más contaminantes. Los autos diésel podrán circular solamente si a bordo viajan tres personas como mínimo. En paralelo, el Ayuntamiento ha subido un 20% el precio de los transportes públicos urbanos, y para completar la vena surrealista, los instrumentos de medición afirman que el lugar más contaminado de la ciudad es el bosque de Capodimonte, que en teoría es el enclave más verde. Bérgamo cerrará el centro histórico a los coches entre las 10.00 y las 18.00. Y Turín y su periferia industrial restringirán el tráfico rodado el domingo 20 de febrero (iba a ser el 13 pero se ha retrasado una semana).
La comparación con España arroja algunas coincidencias pero quizá más diferencias. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que en la capital no se ha superado ningún límite legal . El nivel de aviso a la población para dióxido de nitrógeno se activa cuando dos estaciones de la misma zona superan los 250 microgramos por metro cúbico en dos horas seguidas. Esa situación no se ha producido, pero durante estos días ha habido picos de 300 y hasta casi 400 microgramos en algunos puntos. Tres estaciones de medición ya han superado el máximo que les permite Europa para todo un año. Ni Madrid ni Barcelona cumplieron en 2010 los límites fijados por Europa, pero la Comunidad de Madrid acusa a Ecologistas en Acción de alarmistas por insistir en la mala calidad del aire.
La política vive de gestos y declaraciones. En general, los miembros del Gobierno acusan al Ayuntamiento de Madrid de fomentar el uso del coche -el ministro Miguel Sebastián le acusó de "atraer coches al centro" y de ser "poco serio" con la polución-. Mientras, los políticos de Madrid culpan al Gobierno por primar fiscalmente al diésel y esperan a que el viento disperse la nube negra.
La reunión ayer entre la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el presidente de la Federación de Municipios, Pedro Castro, acabó con pocas medidas concretas para combatir la contaminación de las ciudades. Se comprometieron a colaborar en la elaboración del plan nacional de calidad del aire previsto en un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero. La ministra confirmó que ha retomado la idea de reformar los impuestos relacionados con el automóvil para penalizar a los vehículos más contaminantes. Y aseguró que propondrá a los otros ministerios que tienen competencias, "ya que Economía y Hacienda e Industria tienen mucho que decir", que vayan estudiando una reforma.
El aire sucio envuelve la política
- Ana Botella, edil de Medio Ambiente de Madrid: "Que le pregunten al 20% de parados si le preocupa la contaminación. El paro sí asfixia".
- Ignacio González, vicepresidente de Madrid, definió la contaminación como un "fenómeno natural" propio de esta época del año.
- Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ayer se reunió en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar: "Venía a Madrid con los pulmones oxigenados y tan solo una hora después ya noto la polución en la garganta y tengo problemas para hablar".
- Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, sobre un posible cambio fiscal para penalizar a los coches más sucios: "El Gobierno no piensa en recaudar más, sino en contribuir a mejorar la calidad del aire en la parte que le corresponde".
- Cristina Garmendia, ministra de Ciencia: "No podemos vivir con este nivel de contaminación".
- Miguel Sebastián, ministro de Industria: "La responsabilidad de mantener el aire limpio es de los Ayuntamientos, pero algunos se escaquean".
* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais
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EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han denunciado que con las dos Proposiciones de Ley, promovidas por CiU y PP, que se discuten en el Senado para reformar la Ley de Costas, se pretende consolidar el "urbanismo descontrolado" en el litoral. Asimismo, las organizaciones ecologistas consideran que esta maniobra política es "un nuevo ataque al derecho del uso público de la costa". El coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, ha señalado que "los distintos grupos políticos están constantemente promoviendo rebajas a la carta en la Ley de Costas, el principal marco jurídico de protección del litoral y la única garantía de uso público de los espacios costeros". Igualmente, ha advertido de que "si estas Proposiciones de Ley salen adelante, cada Comunidad Autónoma podrá decidir los espacios costeros que serán privatizados y se abrirá una nueva vía legal de especulación en la costa".
En concreto, ha explicado que la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo "perpetuar indefinidamente las concesiones", lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Por su parte, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha indicado que estas modificaciones supondrían un "inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental". Además, ha subrayado que la Proposición de CiU promueve "redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT". En ese sentido, ha subrayado que pretenden, bajo el concepto de 'ciudad navegable', que urbanizaciones como la Marina d'Empuriabrava (Castelló d'Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S'Abanel escapen a la Ley de Costas.
El director del Programa Marino de WWF, José Luis García, ha destacado que "no se puede permitir la revisión de la Ley de Costas a la carta con el fin de garantizar los diferentes intereses privados". La definición de 'ciudad navegable' se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que "provocaría un claro proceso de privatización de la costa", ha concluido.
Finalmente, las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a playas y acantilados españoles. Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que "rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral".
* Europa Press - 9.02.11
Foto: Empuriabrava (Girona), deslinde costa - lavanguardia
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LASPROVINCIAS/Valencia* : La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido revocar la inadmisión a trámite de una querella presentada por la Comunidad de Regantes de la Acequia de Manises contra el alcalde de la localidad, Enrique Crespo, y la concejal de Urbanismo, Amparo Valldecabres, por «los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y usurpación, entre otros». Los hechos se remontan a hace un año, cuando el Ayuntamiento puso en marcha unas obras de construcción de una tubería que debía recoger las aguas pluviales cerca de la plaza de la Leña, en una zona que delimita con la huerta del municipio. Los trabajos cruzaron la acequia de Manises sin que «en ningún momento se pidiera permiso a la comunidad de regantes, propietaria de esa conducción».
Según el secretario de la comunidad de regantes, Juan Sanmartín, la Audiencia sí ha visto indicios de delito, ya que el Consistorio realizó «una expropiación ilegal, y además cometió un delito de desobediencia», después de que un juez «ordenara paralizar la obra sin que hubiera una respuesta por parte del Ayuntamiento».
Según el auto de la Audiencia, «existen al menos indicios que podrían dar pie a considerar algunas de las conductas constitutivas de delito. La comunidad de regantes tiene una serie de derechos adquiridos que merecen unas mínimas diligencias de investigación en el marco del proceso penal, para poder clarificar en un principio los indicios racionales de criminalidad».
Conversaciones
Sanmartín explicó que durante el proceso que duró las obras se intentaron mantener conversaciones con el Consistorio «para que realizara de forma correcta unos trabajos que afectaban a una acequia centenaria».
Sin embargo, el secretario de la comunidad de regantes acusó al Consistorio de no tomar en cuenta, ni siquiera una orden de paralización del proyecto por parte de un juez, por lo cual también se acusa al alcalde y a su edil de Urbanismo de un delito de desobediencia civil.
* Las Provincia - 10.02.11
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El efecto Marbella parece haberse extendido a Galicia. La fiebre del urbanismo desaforado en la comunidad alcanzó también a la zona cero del Prestige. Las ayudas por la mayor catástrofe ecológica que sufrió la costa gallega dieron paso al boom inmobiliario en A Costa da Morte, donde municipios como el de Fisterra experimentaron desde la marea negra de noviembre de 2002 una construcción desenfrenada de urbanizaciones que en su mayoría permanecen desocupadas. El boom urbanístico de los últimos años sitúa a Galicia como una de las comunidades más afectadas por la marbellización de su territorio. Junto con los ayuntamientos de Fisterra, Cee y Mazaricos, ahora en el punto de vista de la Justicia por un presunto delito de prevaricación y cohecho, decenas de municipios gallegos están bajo sospecha. Y con ellos, más de un centenar de alcaldes, concejales y diputados provinciales.
En los últimos años, la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto cerca de un centenar de investigaciones contra políticos de la comunidad, la gran mayoría relacionados con delitos urbanísticos. Las últimas a tres regidores, dos ediles y tres empresarios de A Costa da Morte.
Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... Y ahora, Fisterra, Cee y Mazaricos. La corrupción no entiende de colores políticos. En ayuntamientos gobernados por PP, PSdeG, BNG, o independientes, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo urbanístico. La mayoría de las causas abiertas por la Justicia gallega en los últimos años corresponden a cargos del PP (54%), seguidas de políticos del PSdeG (35%).
Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad, fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei. El despliegue policial en este municipio de apenas 5.800 habitantes fue similar al utilizado en la operación Orquesta el lunes en A Costa da Morte. En octubre de 2009, la Policía arrestó al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-.
En Oleiros, el alcalde, Ángel García Seoane, también fue citado a declarar como imputado en el procedimiento abierto tras la denuncia que presentó contra él la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación fue abierta a raíz de informaciones publicadas por este diario sobre sus supuestos negocios inmobiliarios. En Arteixo, la Fiscalía también estudió la situación creada en el Ayuntamiento como consecuencia de las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el anterior alcalde, Manuel Pose, a través de empresas constructoras de las que era propietario y que trabajaban para el municipio.
En Gondomar, dos ediles del ayuntamiento, la novia de uno de ellos y un arquitecto fueron detenidos en 2007 por un delito de cohecho que los relacionaba con unos supuestos sobornos a funcionarios y el cobro de comisiones por la concesión de diversas licencias urbanísticas.
En Nigrán, la Fiscalía también presentó una denuncia penal contra el alcalde Alfredo Rodríguez y cinco ediles por un supuesto delito de recalificación de doce fincas adquiridas por el presidente del Celta.
* La Opinión A Coruña - 2.02.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha mantenido durante años una actitud de atonía y de condescendencia con las administraciones autonómicas y locales infractoras en materia de calidad del aire. Por ello, Ecologistas en Acción le exige un papel mucho más activo en la tarea de garantizar que los españoles podamos respirar aire limpio. En este sentido, se aportan una serie de medidas que, a juicio de la organización ecologista, se deberían poner en marcha lo antes posible. A pesar de lo que afirman, muchas autoridades locales y autonómicas, una y otra vez –que nuestra calidad del aire es buena y que los ecologistas somos “alarmistas”– lo cierto es que los estudios científicos concluyen justo lo contrario. Pero más diáfano aún resulta el hecho de que la Comisión Europea va a llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la legislación de calidad del aire. Esta situación se viene dando desde hace años ante la escasa y timorata actividad del MARM para exigir el cumplimiento de la legislación ante las administraciones autonómicas, que son las competentes en la materia. El MARM puede y debe hacer mucho más para que los ciudadanos y ciudadanas españoles respiremos aire saludable.
Entre otras acciones que puede y debe adoptar, Ecologistas en Acción señala al Ministerio de Rosa Aguilar las que considera más relevantes:
- Elaborar y poner en marcha un Plan estatal de reducción de la contaminación, algo a lo que está obligado según el artículo 16.1 de la vigente Ley 34/2007 de calidad del aire. Este plan debe contener exigencias tajantes a las Comunidades Autónomas (CC AA) y Ayuntamientos en cuanto a la adopción de protocolos y medidas eficaces para reducir la polución.
- Elaborar y poner en marcha la Ley de Movilidad Sostenible, algo que se aplaza una y otra vez, a pesar de la evidencia de que reducir el tráfico es sinónimo de reducir la contaminación.
- Facilitar el acceso a los datos de contaminación de todas las ciudades y CC AA españolas a través de una página Web centralizada, que permita conocer la situación en cualquier lugar desde un único punto y con criterios homogéneos (hay páginas Web municipales y autonómicas que ponen como tolerables niveles que en otros lugares se consideran malsanos, etc.)
- Que el Ministerio denuncie a las CC AA o Ayuntamientos más infractores. Es una obligación para con los habitantes de estas zonas, que no tienen porqué sufrir en su salud la inacción de sus administradores.
- Auditar la correcta ubicación de las estaciones de medición. Hay demasiada picaresca para enmascarar la contaminación por el procedimiento de no medirla adecuadamente.
- Auditar los planes de reducción de la contaminación de las distintas CC AA (tanto en su diseño como en su puesta en práctica), claro que para eso es necesario que existan previamente, lo que no es el caso en la mayor parte de las ocasiones. También es necesario que se establezcan mecanismos de participación en el seguimiento de los planes de calidad del aire, en los que podamos participar las organizaciones ecologistas y ciudadanas.
- Servir realmente de contrapeso ambiental a las políticas insostenibles del Ministerio de Fomento, que están en la base de la creciente utilización del coche (crisis aparte) en nuestras áreas metropolitanas por su política desarrollista de autovías. Por ejemplo, a pesar de que la Comunidad de Madrid es récord europeo en kilómetros de autovías en relación a su superficie, a la población y al número de vehículos, récord en contaminación… Fomento está construyendo la nueva Radial-1 mientras sigue guardando en un cajón los proyectos de carriles Bus-VAO en las carreteras radiales.
En definitiva, Ecologistas en Acción exige al MARM que mantenga un perfil más activo y beligerante del mantenido hasta hace poco contra la contaminación atmosférica, para garantizar nuestro derecho a respirar aire limpio.
* Ecologistas en Acción - 10.02.11
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LAINFORMACIÓN* : El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo día 16 al actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, del PP. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedreira considera a Siguero presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias. Además señala que le interrogará "por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se le imputan" al exalcalde de esta localidad Arturo González Panero. El magistrado ha tomado la decisión de imputar a Siguero tras estudiar los últimos informes policiales sobre los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con empresas de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa.
En uno de esos informes remitidos a Pedreira el pasado mes de agosto, la Policía pidió la detención de Siguero y otros tres exasesores del Gobierno de la Comunidad de Madrid por intervenir en la adjudicación irregular de contratos a sociedades vinculadas con la red "Gürtel", aunque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta medida.
La Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) remitió al juez Pedreira los documentos intervenidos en los registros practicados en el Ayuntamiento de Boadilla, entre los que figuran facturas y contratos con varias empresas de Correa, como Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.
En otro de los informes de la UDEF relacionado con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, que también fue adjudicada al grupo de Correa, se afirma que Siguero, entonces concejal de Hacienda, intervino en el diseño de los pliegos técnicos y administraciones y que incluso la organización le indicó "la cantidad a proveer" en los documentos.
* La Información - EFE - 10.02.11
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
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