Camps y Sebastián pactaron en junio la llegada del cementerio nuclear a Zarra

LEVANTE/Valencia* : Todo está atado, y bien atado. El pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno socialista, el grupo popular en el Congreso y la Generalitat para que el municipio valenciano de Zarra, localidad de 566 habitantes del Valle de Ayora, acoja el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde se depositarán todos los residuos de las centrales nucleares españolas. La dimisión como jefe del Consell de Francisco Camps el 20 de julio y la convocatoria de elecciones generales, que hizo 9 días después el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, frustraron el anuncio de la decisión definitiva sobre el emplazamiento del ATC.
Un acuerdo que, si no cambian de parecer sus tres actores principales —PSOE, PP y Consell—, deberá hacer público cuanto antes el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy pues cada día que pasa le cuesta 60.000 euros al exhausto erario público.

Esa es la cantidad que abona España a Francia desde el primer día de 2011 por guardar los residuos atómicos que ya no caben en las saturadas piscinas de nuestros reactores nucleares. Es decir, que hasta hoy, cuando faltan dos días para acabar el año, el Gobierno ya ha tenido que pagar 21,78 millones de euros por utilizar los silos nucleares galos.

'Embajador' del PP en el Consell
Según ha podido saber Levante-EMV el mediador de esta triple entente fue el exministro Federico Trillo, entonces y ahora también diputado del PP por Alicante. Trillo, por orden de Rajoy, fue el interlocutor del grupo Popular en el Congreso con el a la sazón ministro de Industria, el socialista Miguel Sebastián, y quien hizo de puente entre el Gobierno de Zapatero y Camps. Cabe recordar que Trillo, coordinador de Justicia del PP, también fue el hombre al que Rajoy designó para que convenciera a Camps de que aceptara declararse culpable, pagar la multa y así impedir el juicio que actualmente afronta por los trajes que supuestamente recibió de la trama Gürtel.

Las negociaciones por el ATC comenzaron a principios de junio y en apenas dos semanas, el martes 14, ya se había llegado a un acuerdo. Ese día, la multinacional Ford unió en un acto en l’Hemisfèric de Valencia al ministro y Camps. En dicho encuentro, en el que la marca del óvalo anunció la mayor inversión en la historia de España en el sector del automóvil al revelar que destinará 812 millones de euros a la planta de Almussafes para la nueva generación del todocamino Kuga y el vehículo comercial Transit Connect, fue la última vez que hablaron en persona Sebastián y el entonces jefe del Consell. Fue allí, en un aparte lejos de cámaras y periodistas, donde ambos ratificaron un pacto que iba a traer otra inversión de más de 700 millones a la Comunitat Valenciana, pero esta vez en forma de cementerio nuclear.

Con la holgada mayoría absoluta en las Corts obtenida en los comicios autonómicos de apenas tres semanas antes, el Consell no consideraba una amenaza para su popularidad el rechazo ciudadano a un segundo complejo nuclear próximo a la central de Cofrentes. Lejos quedaba ya la precampaña electoral en la que el entonces vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, aseguraba que la Generalitat «interpondrá todos los recursos que sean oportunos» contra el Ministerio de Industria si finalmente elige a Zarra para el ATC.

En junio la predisposición a negociar la ubicación de futuro cementerio nuclear era muy distinta a la de 9 meses antes cuando el Consejo de Ministros estuvo a punto de tomar la decisión pero la dejó sobre la mesa tras la negativa de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La diputada socialista por Valencia exigía que Sebastián llegara a un acuerdo con el jefe del Consell.

Marcha atrás de Alberto Fabra
Ahora, en el reciente traspaso de poderes, Sebastián ha recordado al nuevo titular de Industria, José Manuel Soria, el pacto alcanzado en junio con el PP y la Generalitat. Sin embargo, el sustituto de Camps al frente del Consell, Alberto Fabra, se desmarcó el martes de dicho acuerdo sobre el ATC al declarar que «el posicionamiento de la Generalitat fue muy claro en su día y es que no queremos —que Zarra- sea utilizado como cementerio de este tipo de residuos». Negativa que Fabra asegura que ya ha trasladado al nuevo ministro.

Finalmente, El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Lluís Torró, instó ayer a Soria a «descartar definitivamente» el silo nuclear en Zarra.

Un maná atómico en forma de más de 700 millones y 350 empleos
El 14 de junio, una vez Camps dio el sí definitivo al entonces ministro de Industria socialista, el «parto» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) tocaba a su fin. Si se mantiene el pacto entre PSOE, PP y Consell, el futuro cementerio nuclear traerá un pan debajo del brazo para Zarra y otros cuatro municipios en 20 km a la redonda: Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Ayora.

A cambio de guardar 7.000 toneladas de residuos nucleares de alta actividad durante 60 años, el Valle de Ayora recibirá un inversión directa de 700 millones de euros en la construcción del silo más otros 17 millones en carreteras y siete en impuestos que ingresarán cada año los cinco ayuntamientos. Además, generará unos 350 empleos directos entre vecinos de la comarca durante cinco años, reduciendo el paro a la mitad.


* Levante - RAFEL MONTANER - 29.12.11
Foto: Zarra (Valencia), manifa contra cementerio nuclear (archivo) - EFE

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El exalcalde de Gondomar, ante el juez imputado por prevaricación

ATLÁNTICO/Pontevedra* : Martín Urgal, ex alcalde de Gondomar, y Alfonso de Lis, ex concejal de Urbanismo, prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción nº4 de Vigo por el caso de las dos funcionarias municipales apartadas de sus funciones y la contratación de un asesor externo para emitir informes favorables a la concesión de licencias de obras. Ambos estaban citados a las diez de la mañana como imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa y no abandonaron las instalaciones judiciales donde fueron sometidos a un duro e intenso interrogatorio que se prolongó durante cuatro horas.
El ex regidor y el ex edil no quisieron realizar declaraciones a la salida del juzgado, aunque fuentes judiciales informaron a este periódico que durante sus declaraciones mantuvieron que la decisión de apartar a la secretaria municipal y la técnica de administración general se llevó a cabo con el único objetivo de reactivar la economía de un municipio que sufre más que ningún otro la parálisis del sector de la construcción.

En su defensa, se ampara en los informes favorables del Centro de Asesoramiento Municipal, dependiente de la Diputación.

La juez y la fiscal insistieron en las razones por las que retiraron a las funcionarias su potestad para tramitar los permisos urbanísticas, así como en el medio centenar de licencias concedidas posteriormente sin informes de las empleadas municipales.

Durante toda la mañana tanto Urgal como De Lis estuvieron acompañados por Manuel Gómez, concejal de Iniciativa por Gondomar (IXG) en cuya lista también concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo el ex edil de Urbanismo.


* Atlántico - 29.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org

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Mina de Zilbeti: Conservar el paisaje protegido o mantener puestos de trabajo

ELPAÍS/Navarra* : ¿Es compatible la extracción minera con la conservación de un paisaje? ¿Es entendible que se quieran prolongar puestos de trabajo en un momento económico tan complicado para mantener el desarrollo socioeconómico de una zona pero a costa de la posible destrucción de parte su territorio? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante una polémica encendida estos días en Navarra, donde la empresa Magna pretende llevar a cabo un proyecto de extracción de magnesita a cielo abierto en un hayedo de la Red Natura 2000, comprendido en una Zona de Especial Conservación (ZEC), Monte Alduide, y ubicada en el pirineo, donde se encuentran los últimos reductos del Pico Dorsiblanco, una especie en peligro de extinción. La mayoría de la población de la zona, y el propio Gobierno navarro, apoya el proyecto.
Aunque el plan lleva en marcha más de tres años, la polémica se ha avivado estas Navidades, cuando, según el delegado de SEO/BirdLife en la zona, Ramón Elosegui, Magna, “con nocturnidad y alevosía”, anunciaba el pasado 24 de diciembre que en unos días comenzaría a entrar en el terreno y a talar el hayedo protegido de Zilbeti. Así ha sido.

Entre el martes y miércoles se han talado ya más de medio centenar, dentro de un proceso que, según censuran, “está fuera del proyecto, no está aprobado por la declaración de impacto ambiental y la empresa lo sabe, por eso se ha decidido a hacerlo en días de vacaciones, cuando la contestación social puede ser menor”.

En este punto, la versión del Gobierno de Navarra es contraria y contundente: Estos trabajos de prospección en el terreno “no se salen de los márgenes del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal y la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobadas”. Según argumentan desde el departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo, su realización ha sido comunicada por la empresa tanto al Gobierno como a las entidades locales afectadas y el hecho de realizarse en Navidad “simplemente responde a la necesidad de la empresa de realizar unas pruebas del material que deben estar concluidas a mediados de enero”.

La empresa Magna tiene actualmente una cantera en Esteribar, un valle que es colindante a la ZEC Monte Alduide, pero lleva tiempo anunciando que la veta actual se le agota y que para mantener los 180 puestos de trabajo de la planta de Zubiri necesita abrir otra cantera. Según justifican, el mineral está en el monte comunal Legua Acotada, que hace un año consiguió la declaración favorable del Gobierno navarro al informe de impacto ambiental. Éste recibió más de 1.000 alegaciones y por ello la Coordinadora Monte Alduide y SEO/Birdlife decidieron a llevar el tema a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Vamos a llegar hasta el final, esto no ha hecho más que comenzar, estamos recogiendo firmas de apoyo y próximamente vamos a registrar queja en Bruselas”, explica.

A juicio de Elosegui, “la única justificación aparente” del Gobierno es la mantener los puestos de trabajo. Se trata, añade, de una empresa minera y por tanto “finita”, que va a tener que cerrar “en el mismo momento en que se agote el mineral”. En su opinión, “hay que buscar el desarrollo económico a través de proyectos empresariales que no destruyan el territorio y que no sean pan para hoy y hambre para mañana”.

Apoyo de los vecinos

La clave para el desarrollo del proyecto de la cantera es la habilitación de un acceso a un túnel por el que se trasladará el mineral extraído para que no tenga que cruzar Zilbeti. Los municipios afectados debaten estos días la cesión de los 1.600 metros cuadrados de de los terrenos necesarios para esta apertura y la mayoría se muestran partidarios. Salvo Bildu, que ostenta la alcaldía de Baztan, el resto de fuerzas políticas ratifica la cesión.

A este respecto, el Ejecutivo señala que al plan inicial presentado por la empresa “se han añadido una serie de condiciones con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental que pueda tener la mina como, por ejemplo, la recuperación progresiva del entorno en la medida que se vaya extrayendo el material y la mitigación de los efectos de su transporte, que se realizará a través de un túnel”. Así, defiende que la explotación de esta nueva veta “permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, a lo que hay que sumar los efectos positivos que tendrá para la fijación de la población y el desarrollo rural de estos valles”.

En este mismo sentido se pronuncia también Enrique Garralda, alcalde de Erro: “Los que de verdad protegemos estos paisajes somos los que vivimos y trabajamos aquí y si no hay empleo el valle desaparecerá”. “Nosotros”, continúa, “apoyamos claramente el proyecto, que cuenta con todas las autorizaciones porque el daño al medio ambiente es menor y lo primero que hay que proteger es al humano”. “Claro que hay que cuidar el medio ambiente pero en este caso, el daño no es tanto como dicen y en los tiempos que corren hay que luchar por mantener los puestos de trabajo”. “Hoy en día ninguna empresa te asegura que va a dar trabajo en los próximos 40 años y ésta, lógicamente, tampoco”.


* El País - AMAIA ARRARÁS Pamplona 28 DIC 2011
Foto: Zona de Zilbeti donde están comenzando las talas para la explotación de una cantera. / LUÍS AZANZA -elpais

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El TS confirma la anulación de modificación urbanística de Las Navas

EFE/Ávila* : La sección 5ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló en 2008 la decimotercera modificación de las normas urbanísticas de Las Navas del Marqués, aprobada en 2006.
Este fallo, al que ha tenido hoy acceso Efe tras ser emitido por el alto tribunal el pasado 30 de noviembre, reitera la anulación de las normas subsidiarias en lo referente a su modificación puntual tan solo en lo que respecta a la "prohibición del uso extractivo -minero- en suelo rústico común".
De esta manera, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de esta localidad de 5.500 habitantes, situada cerca de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia dictada por el TSJCyL y que daba la razón a la mercantil "Sorce Granitos y derivados, S.L.".

Esta sociedad planteó inicialmente un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila el 27 de febrero de 2006, que aprobó definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Las Navas, en el aspecto referido a la prohibición de actividades extractivas en suelo rústico común.

Al ser rechazado, "Sorce" acudió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, que estimó su recurso, dando la razón a esta sociedad a la que la Junta otorgó en 2005 permiso de investigación por un periodo de tres años "para 89 cuadrículas mineras en el término municipal de Las Navas del Marqués".

Según recuerda en el fallo el Tribunal Supremo, dicho permiso "fue concedido cuando sobre el suelo rústico común comprendido en dichas cuadrículas no se encontraba prohibido en el planeamiento de Las Navas las actividades extractivas".

Además, el alto tribunal considera que "no se trata de que la motivación de la modificación fuera inexistente, sino que era insuficiente, al no venir amparada en informes técnicos y resultar contradictoria con permisos de explotación concedidos por la misma Administración regional, lo que enfatizaba aún más la necesidad de motivación en cuanto a que podía dejar sin efecto tales permisos".

Ya el TSJCyL había señalado en su fallo emitido en 2008 que el acuerdo adoptado en su día "no era conforme a derecho".

No obstante, el Consistorio navero decidió recurrir en casación ante el Supremo, que ahora da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al desestimar su recurso, obligando al Ayuntamiento a pagar las costas, "no pudiendo superar la minuta del abogad de la parte recurrida (...) la cantidad de 3.000 euros".


* ABC - Efe - 28.12.11
Foto: Navas del Marques (Avila), vista - turismo

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