Detenidos un funcionario de Alicante y dos promotores por supuesto cobro de comisiones en obras del Plan E

ELPAÍS* : La Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha arrestado a un funcionario y dos promotores por el supuesto cobro de comisiones en obras que encargó el Consistorio financiadas con fondos del Plan E. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los arrestados, que hoy declararán ante el juez de guardia, de los supuestos delitos de cohecho y malversación. El PP gobierna el Ayuntamiento de Alicante con mayoría absoluta.
Este posible escándalo de corrupción en el Ayuntamiento alicantino se suma a la investigación, incluida en el "caso Brugal", de un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. En esta causa hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz. El fiscal acusa de cohecho a otras 14 personas, entre las cuales se encuentran Castedo y Alperi.

La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculados a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El fiscal observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado número 2 de Alicante, que ayer ordenó los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores implicados y reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el técnico municipal detenido.

Según fuentes del caso, el empleado municipal, José L. M., ingeniero técnico de obras públicas, asumía como suyos los proyectos presentados por los promotores para agilizar el expediente y asegurarse la adjudicación a cambio de dádivas.

Los dos proyectos del Plan E objeto de la investigación fueron sendas obras para remodelar la plaza de La Montañeta y el emblemático paseo de la Explanada, por un monto global de 3 millones de euros. Las firmas adjudicatarias fueron la mercantil Becsa y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS). La concejalía de Atención Urbana, que el número dos del gobierno de Castedo, el edil Andrés Llorens, ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. En concreto, Víctor López, jefe de servicio de este departamento fue imputado en tres ocasiones. También estuvo imputado el propio Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivo la causa.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/07/2011
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org

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Ingresa en la cárcel de Palma el quinto condenado por corrupción

ELPAÍS* : A los cuatro expolíticos corruptos presos en la cárcel de Palma, con condena firme (tres del PP y uno de UM), se acaba de unir una funcionaria, la recaudadora de Sineu, Mallorca. Ingresó ayer con una condena de cuatro años y medio de prisión y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos.
Martina Gelabert se apropió de 880.000 euros de fondos municipales para efectuar negocios particulares inmobiliarios, tras manipular las cuentas bancarias y desviar los ingresos de tributos y tasas. Asumió los hechos ocurridos entre 1999 y 2005, fue encarcelada 60 días y, finalmente, logró rebajar la pena de 13 años que la fiscalía reclamaba y evitar la condena por blanqueo de capitales contra su hijo. El Ayuntamiento recuperó casi 400.000 euros del Banco de Crédito Balear, del Banco Popular, condenado por su responsabilidad pasiva en la tutela de los fondos malversados.

En el centro penitenciario de Palma figuran como internos, reos por corrupción, el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el exdirector general del Gobierno de Baleares de Jaume Matas y jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, del PP. Están condenados en diferentes piezas penales del caso Andratx de corrupción urbanística.

Entre rejas está también el exnúmero dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, que también era del PP. Fue condenado por malversación de caudales por el uso de la tarjeta bancaria y cumple prisión por los delitos de abusos sexuales a menores. Finalmente, está preso el exdiputado Tomeu Vicens, exsecretario general de Unió Mallorquina (UM), por malversación de caudales y prevaricación.


* El País - 7.07.11
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com

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Vivienda Digna califica las propuestas del Gobierno sobre hipotecados de muy insuficientes

KAOSENLARED* : La Plataforma por una Vivienda Digna califica las recientes propuestas para proteger a los hipotecados con problemas como muy insuficientes, y exige a Zapatero que promueva los cambios necesarios para que la entrega del piso conlleve la cancelación completa de la deuda. El colectivo pide también que las soluciones para las personas en riesgo de desahucio no afecten a las correcciones de precios, y que se tomen de una vez medidas estructurales.
La Plataforma por una Vivienda Digna afirma que las propuestas del Gobierno para proteger a hipotecados con problemas tales como subir el salario no embargable y elevar al 60% el valor al que el banco se puede quedar el piso son positivas, pero muy insuficientes. En este sentido el colectivo pide eliminar por completo los injustos privilegios de los bancos en la tramitación de ejecuciones hipotecarias, en especial el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y buscar una vía que permita al desahuciado saldar su deuda íntegramente con la entrega del piso.

La PVD critica además que el Gobierno sobreactúe con este tema para aparentar que se están aplicando soluciones, cuando sólo se trata de propuestas que no cambian nada si no son aprobadas por el Congreso. Además, reclama que se aproveche la tramitación para incorporar cambios que acaben con la arbitrariedad en los tipos de interés que se aplican en las ejecuciones hipotecarias, pues es escandaloso que puedan acercarse al 30% en algunos casos. También deben reformarse la cuantía y asignación de las costas judiciales, que en el caso de deudores de buena fe y sin otras propiedades deberían ser asumidas por las entidades financieras.

La PVD, que comparte los principales objetivos de movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, quiere recordar a todos los hipotecados con problemas de pagos que con las leyes actuales los procedimientos de embargo y desahucio son tremendamente injustos y dañinos para el deudor, por lo que es importante intentar buscar cualquier solución antes de permitir que la hipoteca sea ejecutada.

En ese sentido, y como sugiere también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los afectados deben buscar vías como activar el seguro de desempleo si la hipoteca lo tuviera contemplado, renegociar con el banco, o acudir a los servicios sociales. Para la PVD es incluso interesante intentar vender el piso por un precio menor al de compra si el contrato lo permitiera, ya que el precio de venta probablemente sea algo mayor al 50% por el que se lo puede quedar la entidad financiera (a falta de consolidación de las propuestas del Ejecutivo) y el deudor cancelaría así más deuda. La PVD pide al Gobierno y las Comunidades Autónomas que desarrollen canales de información y asesoramiento sobre este asunto para personas en riesgo de desahucio, incluyendo también a personas en alquiler.

En cualquier caso, esta asociación quiere alertar de que según sus previsiones, además de unos 90.000 desahucios por impago de hipotecas se producirán este año cerca de 60.000 desahucios por impago del alquiler y sin embargo, por alguna razón sobre la que merece la pena reflexionar, éstos últimos no están teniendo la misma cobertura mediática.

La PVD, que lleva desde 2003 trabajando por el objetivo de una vivienda digna, advierte además de que hay muchos tipos diferentes de hipotecados con dificultades, y una detención generalizada de desahucios hipotecarios podría trasladar a la sociedad la idea de que “hipotecarse a cualquier precio sale bien”, y suponer el fin de las caídas de precios, lo que en vez de solucionar un problema, sólo lo cambiaría de personas. Según el Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI), en España hay más de 2 millones de jóvenes de entre 25 y 34 años que siguen viviendo con sus padres, y la continuidad en la corrección de los precios es imprescindible para facilitar su derecho a disfrutar de una vivienda digna en un futuro cercano.

En ese sentido, la PVD pide al presidente Zapatero que si se dan nuevas medidas para proteger a los hipotecados, además de no suponer más gasto público para beneficiar a los bancos, no acaben siendo la excusa para nuevas hipotecas temerarias o el fin de las correcciones de precios. Debe ser posible conciliar el derecho a techo de las personas desahuciadas o en riesgo de desahucio que no tengan a dónde ir, muchas necesitadas de una solución urgente, con un marco que no infle de nuevo la burbuja, para que el derecho a una vivienda digna y asequible pueda convertirse un día en una realidad para todos.

La plataforma recuerda también que las principales causas del problema de la vivienda en España siguen “escondidas bajo la alfombra”, y exige que se produzcan de una vez los cambios estructurales para garantizar el derecho a la vivienda de forma generalizada. Entre estos cambios: el fin de las desgravaciones por compra y de las ayudas directas (que acaban pagándose a través de un mayor precio); limitación de cuantía y plazos de hipotecas; tasación pública independiente; penalización de la vivienda vacía (en vez de ocultarla en las nuevas estadísticas); parque público de alquiler a precios bajos y sin impacto ambiental (nuestro parque público de alquiler es de los más pequeños de Europa); reforma de la ley del suelo para evitar la especulación; bajadas de los módulos VPO; separación del urbanismo de los ingresos de los ayuntamientos; control estricto de la corrupción, especialmente la que afecta a la toma de decisiones; y una transparencia total en la financiación de los partidos políticos.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org


* KaosEnLaRed - Vivienda Digna - 6.07.11

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Nueva Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo

AGENTESFORESTALES* : La Memoria 2010 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente Urbanismo, certificó en 2010 la existencia de 5.284 procedimientos judiciales con 687 sentencias condenatorias. De los delitos, 596 lo fueron en Medio Ambiente, 1.710 en Ordenación del Territorio y Urbanismo, 231 en Patrimonio Histórico, 786 en Flora y Fauna, 1.7807 en Incendios Forestales y 181 relativos al Maltrato de Animales Domésticos. Cifras que constatan especialmente el crecimiento de los procedimientos relativos a Flora y Fauna y Patrimonio Histórico, registrándose en el resto ligerísimas disminuciones respecto al año precedente.
Respecto a las sentencias condenatorias, en 2010 se tiene constancia de un total de 687 sentencias, de las que 31 lo fueron en Medio Ambiente, 426 relativas a la Ordenación del Territorio y Urbanismo, 10 a Patrimonio Histórico, 96 a Flora y Fauna, 96 a Incendios Forestales y 28 a Malos Tratos a Animales Domésticos.

A estas cifras habría que añadir igualmente 4 sentencias de condena dictadas por el Tribunal Supremo, de las que 1 es en incendios forestales, 2 en medio ambiente y 1 sobre ordenación del territorio y urbanismo. Destaca el incremento de las sentencias condenatorias en prácticamente todas las materias y, especialmente en Ordenación del Territorio y Urbanismo en 2010 respecto a 2009.

Por lo que a sentencias absolutorias se refiere, en 2010 se dictaron 282 sentencias absolutorias, de las que 32 lo fueron por delitos relativos al Medio Ambiente, 165 por delitos sobre la Ordenación del Territorio, 16 relativas al Patrimonio Histórico, 23 por delitos relativos a la Flora y Fauna, 34 relativas a Incendios Forestales y 12 a Malos Tratos a Animales Domésticos. En este caso, no hay constancia de sentencias absolutorias en la materia de dictadas por el Tribunal Supremo.


* Agentes Forestales - 7.07.11
Foto: Contaminación ríos, peces muertos - agentesforestales

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Cartagena.- Una plataforma vecinal gestiona un polideportivo público para que no lo privaticen

LAVERDAD* : «Mientras están jugando no están pensando ni en alcohol ni en drogas». Suena a tópico pero ése es el lema que ha tomado por bandera la asociación sin ánimo de lucro Club Deportivo Playa Paraíso, compuesta por quince colectivos de vecinos de la diputación del Rincón de San Ginés para gestionar el nuevo polideportivo del Mar Menor y evitar su privatización. El complejo fue inaugurado el pasado mes de noviembre, y desde entonces un grupo de vecinos dirige las pistas deportivas, a las que ya están inscritos decenas de niños, jóvenes y adultos de toda la zona de La manga. Se trata de una plataforma vecinal que quiere evitar a toda costa que el Ayuntamiento de Cartagena, propietario de las instalaciones, conceda la gestión a una empresa privada, como es su intención, según los vecinos.
«Antes de que lo lleve alguien que sólo busca un interés económico, queremos gestionarlo nosotros, que solo pretendemos que los jóvenes tengan un sitio para entretenerse», explicó a este diario el presidente de la recién creada plataforma, Manuel Macedo.

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena les cedió la gestión el mismo día que se pusieron en marcha las instalaciones, y desde entonces se autofinancian con el alquiler de las pistas deportivas, con las cuotas del gimnasio, al que están inscritos más de cien personas, y con las ayudas que reciben de varias empresas de la zona.
Son todo un ejemplo de gestión eficiente y si ánimo de lucro. Lo que intenta la plataforma es que «los niños tengan un sitio para hacer deporte y no se enganchen a hábitos poco saludables. De esta forma a la vez que disfrutan y juegan los tenemos controlados», dijo el presidente del colectivo.
Fútbol, tenis, pádel y vela
Creen que si el Ayuntamiento concede la gestión a una empresa privada. ésta subirá los precios y muchos niños no podrán disfrutar de las instalaciones. «Hay muchas familias que con la crisis no se pueden permitir pagar para que sus hijos disfruten del polideportivo. Con nuestra gestión todos podrán usarlas, pero si se mete una empresa, ésta buscará su propio beneficio y solo podrá entrar el que pague», añadió Manuel Macedo.
Este complejo polideportivo dispone de un campo de fútbol 7 con superficie de césped artificial, tres pistas de pádel (una de ellas con cerramiento de cristal) dos de petanca y dos de tenis. El edificio central tiene dos salas más destinadas al gimnasio, una zona de cafetería y vestuarios con duchas.
A ello se le une otro edificio destinado a deportes náuticos, con acceso directo a la playa. Por ahora es el único servicio que no tiene abierto al público, porque aún no han conseguido los permisos que necesitan.
Autofinanciación
Manuel Macedo asegura que a pesar de que pueden autofinanciarse con lo que sacan de las pistas, necesitan al menos que el Ayuntamiento les pague la luz y el agua, «del resto nos podemos hacer cargo nosotros». Si al final la Concejalía de Deportes, que ahora dirige José Cabezos, opta por dejarles la concesión, el presidente de la plataforma está seguro de que el complejo en pocos años no necesitará de ningún tipo de subvención. «La administración local lo que necesita son gestores como nosotros, que no le costamos ni un euro», señaló.
El complejo polideportivo costó 1.500.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de Cartagena y la Mancomunidad de Municipios Turísticos del Mar Menor
En marzo de 2007 se anunció la obra, pero no fue hasta abril de 2008 cuando el entonces consejero de Turismo y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán, aprobó un plan de actuaciones de mejora para todos los municipios de la Mancomunidad por valor de 1.064.000 euros, en el que se detallaba las obras del polideportivo y la cuantía que tendría, 80.100 euros. Las obras comenzaron, con nuevas partidas presupuestarias, pero al poco tiempo se paralizaron hasta mediados del año pasado que se retomaron. Finalmente en noviembre se abrieron al público.
A pesar de que los trabajos acabaron, las instalaciones se quedaron con varias deficiencias. El gimnasio no se acondicionó y tuvieron que ser los vecinos los que compraron las máquinas y lo pusieron en marcha. Además, los accesos están sin terminar: falta el asfaltado de las calles y el adelantamiento de las aceras, según denunció el presidente de la Asociación de Vecinos de Playa Paraíso, José Antonio Moreno.


* La Verdad - 08.07.11 - ANTONIO LÓPEZ
Foto: Usuarios del polideportivo jugando en una de las pistas de pádel.- laverdad

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¡Más cemento, es la política!

XOSÉ MANUEL PEREIRO/Galicia* : Días pasados hemos experimentado una auténtica inaugurorrea infraestructural. Presentaciones, licitaciones, adjudicaciones, primeras y últimas piedras de caminos, canales, puertos, aeropuertos y la gama completa de obra civil. Todo con la natural satisfacción de fuerzas vivas, el legítimo orgullo de las autoridades (o la envidia, dependiendo de la orientación política) y el aplauso mediático. Sin embargo y pese a todo ello, no son temas que presidan las conversaciones ciudadanas, como se le recriminaba a asuntos como la reforma del Estatuto. Creo que la paradoja se le puede atribuir a una de las numerosas brechas que se agrandan en nuestra sociedad entre el discurso oficial y superestructural y la realidad.
Por razones históricas, sobre todo en Galicia, la obra civil era un bien tan escaso como arbitrario. Como se necesitaba de todo, el político valorado era el que traía algo, viniera a cuento o no. La continuidad de esa "política del lavadero" (la obra civil más conseguible) fue la proliferación de rotondas y polígonos industriales a discreción en la etapa Fraga. Su consagración fue el Plan Galicia, un cuerno de la abundancia de proyectos prometidos no en base a la satisfacción de necesidades reales, sino como compensación dadivosa por una catástrofe. Los políticos prometen puentes aunque no haya río, reconocía Nikita Kruschev, a pesar de que no dependía precisamente del favor del electorado.
Y en ello seguimos. Pese a que uno de cada dos gallegos vive en un radio de 15 kilómetros del centro de las ciudades, el transporte público de cercanías ni alcanza la eficacia de aquellas rutas de coches de línea diseñadas para entierros y cabodanos.
Al contrario, las necesidades perentorias son la autovía de la Costa da Morte, de coste dilatable y cuya utilidad, según los papeles que repartían cuando presentó el proyecto en Muxía el presidente Pérez Touriño, será acortar la duración del viaje A Coruña-Cee en diez minutos. O el AVE, por mucho que haya estudios que establezcan que por debajo de los seis o siete millones de pasajeros al año no es socialmente rentable, o que, en base a la experiencia francesa o japonesa, producirá un "efecto succión" (beneficiar la economía del polo más desarrollado de los que conecta, en detrimento del menos, o sea el nuestro).

Mención especial al llamado sistema aeroportuario gallego. Fuera de intentos como el de centenares de personas que se manifestaron en 1932 en Monforte tras una pancarta que rezaba "¡exigimos un aeródromo!" o el que habilitaron los alemanes en Rozas, su primer y principal aeropuerto nació como nació y dónde plugo, fruto de un galleguísimo duelo de hipótesis entre el general Franco y el cardenal Quiroga Palacios ("Por si viene el Papa"/ "¿Y si no viene?" / "¿Y si viene?"). La realidad es que ahora tenemos tres, como dijo el otro día el ministro José Blanco con más resignación que alarde, pero ¿realmente es necesario ampliar ahora las terminales, o se va a hacer realmente para ocupar los aparcamientos recién ampliados? "Las necesidades más dispendiosas son las que nos impone la opinión", profetizó Jean-Jacques Rousseau las relaciones entre infraestructuras y electorado.

Con todo, pese al bombardeo de autoridades y titulares, buena parte de la ciudadanía cuestiona sensatamente en privado la necesidad de esos proyectos. Y lo que es más sorprendente, muchos altos cargos con responsabilidad en infraestructuras confiesan ese mismo descreimiento en la intimidad -no creo que tengan el detalle de confesármelo exclusivamente a mí en consideración a como creen que opino. "La opción del AVE para el transporte ferroviario es como un médico que se obstina en recetar sólo penicilina" fue la opinión de un experto (no digo cuál, porque ahora es alto cargo), uno más de los comentarios mucho más contundentes que colecciono. Es decir, muchos lo sabemos y muchos lo saben, pero nadie argumenta a priori las necesidades que satisfará una obra concreta, y a qué costes, salvo que "ayudará al progreso de X". Y no pasa nada, aunque se inauguren aeropuertos en el aire, nunca peor dicho, como el de Castellón, o se anulen trayectos del AVE como el de Toledo-Cuenca-Albacete (18.000 euros de coste diario para nueve pasajeros) sin que ninguno de los demandantes o promotores considere que tiene que dar explicaciones, o se las pidan.

Como mucho, hay esclarecimientos como este de Aznar, en julio de 1998, sobre el caos aéreo: "Los aeropuertos tienen muchos problemas que tampoco son exclusivos del aeropuerto de Barajas, porque basta viajar un poco para darse cuenta de que otros aeródromos también tienen sus problemas. Sería bueno contar con la colaboración de todos, porque realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo por algunas razones. Puede haber razones, puede haber problemas de otro tipo de razones en el espacio aéreo y, en fin, puede haber otros problemas". Por poder, puede que en la obra pública haya que poner su coste por kilómetro o metro cuadrado, como en algunas recetas médicas y servicios sanitarios. No sé con qué razones un gobierno puede decidir recortes en salud o educación y mantener los gastos en infraestructuras. Quizá con las mismas con las que Oscar Wilde pedía: "A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo". Wilde no era un político, pero un siglo antes alguien que sí lo era, Benjamin Franklin, había advertido: "El que compra lo superfluo, pronto tendrá que vender lo necesario".


* El País - Opinión - 7.07.11

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