ELCORREO/Cantabria* : El número de edificaciones bajo sospecha en Castro se ha incrementado alarmantemente en los dos últimos años. El municipio acumula 630 viviendas y dos colegios con procedimientos jurídicos abiertos. Los ejemplos de actuaciones al margen de la ley abundan: promociones construidas sin licencia, edificios levantados sobre el cauce de un arroyo, en suelo rústico o público... Hasta urbanizaciones cimentadas encima de la autovía. La investigación de todas estas iniciativas comenzó en 2008 . En esta larga lista de obras ahora paralizadas, el juez detectó indicios de delito contra la ordenación del territorio y del patrimonio histórico, así como de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. También se detectó malversación de fondos públicos, falsedad documental, estafa y destrucción de pruebas.
Precisamente por esta última infracción ingresó en prisión el alcalde de Castro, Fernando Muguruza, en febrero de 2010, al encontrar el juzgado «sospechas de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de las competencias de urbanismo». Esta detención se enmarcó dentro de las diligencias abiertas en la zona de La Loma tras la denuncia del primer edil de la pedanía de Santullán, Julián Revuelta, por la presunta invasión de suelo rústico y viales públicos. A instancias de la Fiscalía Superior de Cantabria, un juez ordenó la paralización de las obras de 196 chalets y del colegio Menéndez Pelayo.
También fue llamada a declarar la plana mayor del Ayuntamiento de Castro y algunos de los concejales y varios técnicos municipales fueron inhabilitados. Falta de alumbrado, nula limpieza de las calles y mala instalación del cableado son algunas de las múltiples denuncias que los residentes de La Loma han presentado en reiteradas ocasiones. Los afectados poseen, incluso, un informe de Sanidad que advierte de la presencia de contaminación fecal y ausencia de desinfectante en el agua de sus casas,
Pedro Sainz, abogado de los vecinos de la zona, explica que la situación en La Loma es realmente «dramática». Casi 200 hogares incumplen la normativa urbanística vigente al no acometer los promotores sus obligaciones contractuales. «Estas familias están viviendo ilegalmente en sus casas. Tienen sus escrituras porque han formalizado sus contratos con el constructor y con el banco, pero no tienen licencia de primera ocupación, al estar las obras paralizadas». Sainz añade que ahora el problema lo tienen quienes han pagado porque «el promotor no quiere saber nada».
Goteo de procesos
Otro ejemplo del «caos» urbanístico se localiza en el centro de la ciudad, en los alrededores del polideportivo Pachi Torre y Santa Catalina. En febrero de 2009, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la actuación urbanística del Ayuntamiento de Castro. Entre ellas, la modificación no autorizada del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamientos públicos. Como consecuencia del estudio, el Juzgado de Instrucción número 2 ordenó a las promotoras Izarra, Urdicam, Promociones Cotolino y Castro Varduliex la paralización de 302 viviendas ante la sospecha de que estuviesen edificadas sobre el cauce de un arroyo.
A partir de ahí, el goteo de procesos judiciales es interminable. A primeros de septiembre, el juez ordenó a la empresa Proconor 2000 detener la construcción de 51 viviendas en la zona de Santa Catalina. Y hace cuatro meses, la empresa Azagra tuvo que abandonar -también por orden judicial- los trabajos de construcción de otros 81 pisos que se levantan a unos metros de la promoción de Proconor 2000, junto al colegio Santa Catalina, que igualmente se vio afectado por las medidas cautelares dictadas.
El magistrado que inició la causa alertó hace un mes en un auto de que las irregularidades urbanísticas que investiga podrían llevar al Ayuntamiento a la quiebra. Ha cifrado en 9,6 millones de euros el perjuicio causado al Consistorio sólo en el caso de La Loma. El auto subraya que la responsabilidad civil para compensar a los compradores de viviendas en esa zona podría superar los 30 millones de euros. Además, avisaba de que, si a esa cantidad se suman las indemnizaciones que podrían derivarse de otras causas abiertas, el gasto total «puede ocasionar la quiebra» del Consistorio.
* El Correo.com - 10.01.11
Foto: La plataforma 'Tolerancia cero contra la corrupción' se concentra habitualmente en los bajos del Ayuntamiento castreño.- elcorreo
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ELCORREOGALLEGO* : La planificación urbanística sigue siendo una asignatura pendiente en los municipios de Costa da Morte, especialmente en los de las comarcas de Terra de Soneira y Fisterra, donde tan sólo Zas cuenta, desde el año 2007, con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). De los nueve concellos restantes, sólo Fisterra y Muxía aprobaron inicialmente el documento, si bien ninguno prosperó hasta la fecha. En el municipio fisterrano, la Corporación aprobó el plan en diciembre de 2007, pero los informes desfavorables de Patrimonio debido a la protección de Camino de Santiago siguen frenando la aprobación definitiva. El alcalde, José Manuel Traba, señaló que ahora el primer reto es aprobar el plan especial del casco histórico (PEPRI).
Muxía también llegó a aprobarlo a finales de la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP, pero el plan no superó las exigencias de la Xunta. El nuevo ejecutivo local (PSOE) introdujo modificaciones, pero ahora se ha topado con el Plan de Ordenación do Litoral que, según Samuel Lago, edil de Urbanismo, "tal y como nos lo plantearon dejaría a Muxía sin posibilidad de crecimiento". El objetivo del gobierno local es preservar la zona costera exterior, como propone Urbanismo, "pero al menos deben permitirnos que la capital municipal pueda crecer por el área interior". Ahora están a la espera de una "solución" por parte de la Xunta.
Al otro lado de la ría, en Camariñas, el documento urbanístico también lleva atascado varios años, si bien el alcalde, Manuel Alon- so, confía en que antes de finales del próximo mes de enero, el pleno pueda aprobar inicialmente el PXOM. Antes deberán incorporar al documento los catorce cambios propuestos por la Consellería de Medio Ambiente. El regidor asegura que se trata de cuestiones fácilmente subsanables, pero desde la oposición, el portavoz del PP, Daniel Rego, dice que son correcciones de calado, y pide al gobierno local que "informe a los vecinos".
En otros municipios de la zona, como Vimianzo o Corcubión la ordenación urbanística "sigue en el cajón" por falta de consenso entre los distintos grupos políticos. En la pasada legislatura, el gobierno local encargó la elaboración de un documento pero la propuesta no convenció a la oposición, y desde entonces el planeamiento sigue parado.
En Corcubión, por su parte, el gobierno local (PSOE), que está en minoría, elaboró asimismo un documento que remitió directamente a la Xunta para que emitiese un informe acerca del mismo, pero la falta de apoyos desde la oposición (BNG y PP), mantiene frenada la planificación.
En Bergantiños todos los concellos disponen de un plan urbanístico, con la única excepción de Malpica, que se rige por unas normas subsidiarias del año 1995. No obstante, el Plan Xeral de Carballo, aprobado en 2003, podría quedar invalidado si el Tribunal Supremo no avala el recurso presentado por el Concello contra una sentencia que anuló el acuerdo plenario en el que fue aprobado en su día. Asimismo, el PXOM de Laxe tan sólo ha sido aprobado de forma parcial por parte de la Xunta, a expensas de que se modifique la planificación que afecta al casco urbano.
* El Correo Gallego - 10.01.11
Foto: Las normas urbanísticas que están vigentes en el municipio de Malpica datan del año 1995 - elcorreogallego
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ELPAÍS* : El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado tasar el lujoso chalé que el líder de la trama, Francisco Correa, compró y amplió con dinero opaco y sin licencia previa en Punta Grossa (Ibiza), y que inscribió a nombre de una de sus sociedades, Osiris Patrimonial, para que nadie supiera que era suyo. Un informe policial fechado el pasado 15 de noviembre revela que faltan documentos clave en el expediente que los agentes reclamaron y les fueron remitidos por el Servicio de Costas y Litoral de la Consejería de M.A.de Baleares, para determinar de dónde salió el dinero y cómo es posible que se permitieran esas obras de ampliación en un lugar protegido de la isla y pese a las feroces denuncias de vecinos. Los investigadores sostienen que parte del dinero de las obras del chalé salió del empresario leonés dueño de la firma Teconsa e implicado en el caso, José Luis Ulibarri, amigo de Correa y beneficiario, entre otras obras, de parte del montaje escenográfico de la visita del Papa a Valencia en 2006, que la trama amañó con la Administración valenciana y por el que cosechó más de un millón de euros en comisiones.
El juez también ha pedido que se investiguen las facturas de las obras y su procedencia. A la policía le resulta "extraño" que del expediente remitido por el Gobierno balear falten la escritura de compraventa del chalé y la licencia de la piscina, así como el proyecto técnico que redactó el arquitecto José Torres para intentar legalizar las obras una vez que ya estaban hechas. Según el informe policial, Torres tiene declarado y acreditado que remitió toda la documentación "al señor José María González Ortea, jefe del servicio de Costas y Litoral". Los agentes se pusieron en contacto con González el pasado 10 de noviembre para pedirle explicaciones por la falta de los papeles. Este les manifestó que desconocía "donde puede estar dicha documentación", y que todo lo que "ellos tenían en su poder" sobre ese expediente lo habían "aportado al expediente". Los agentes le preguntaron por qué el último trámite de ese expediente tenía fecha de marzo de 2009, y si nada se había movido desde entonces. El jefe de Costas, según la policía, les indicó que "efectivamente no hicieron más trámites porque no sabían cómo continuarlo al no poder comunicar el estado del expediente a ningún responsable del mismo". Añadió, además, que decidieron "dejarlo parado" al saber que "tenía relación con el caso Gürtel".
La policía dispone de un documento enviado por González sobre el chalé de Correa al Ayuntamiento balear de San Joan de Labritja en el que reconoce haber recibido del arquitecto toda la documentación, incluida la que ahora dice no hallar por ningún sitio. Precisamente, el pasado 26 de mayo, ya con el caso en plena efervescencia pública, ese Ayuntamiento denegó la licencia de obras al chalé de Correa alegando que faltaba esa documentación.
* El País - 10.01.11
Foto: Ibiza, punta Grossa, casa Correa - habitaclia
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LEVANTE/Alicante* : El juzgado de lo penal nº5 de Alicante ha condenado al ex alcalde de Petrel, José Antonio Hidalgo López --EUPV--, a una pena de seis meses de prisión por no ordenar la demolición de unas infracciones cometidas en unas viviendas construidas en 1998 que cumplían los retranqueos mínimos. El titular del Juzgado ha considerado que José Antonio Hidalgo López es autor de un delito de prevaricación urbanística por el que le ha condenado a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a indemnizar con 6.276 euros al perjudicado por las obras no demolidas. Así mismo, el juez ha decidido absolver al que fuera arquitecto municipal en el momento de los hechos al prescribir los delitos de prevaricación urbanística de los que estaba acusado
Los hechos se remontan a julio de 1995 cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Petrel, presidida por el acusado, José Antonio Hidalgo López, concedió una licencia para construir 12 viviendas unifamiliares. El 30 de octubre de 1996, un vecino de las obras solicitó que el arquitecto municipal comprobara unas anomalías en la ejecución.
Así, el inspector municipal de obras constató el 14 de noviembre de 1996 que las obras no cumplían los retranqueos mínimos marcados en la licencia, que eran de 1,60 metros por el lado del edificio y de 80 centímetros por el lado de la pérgola.
El arquitecto municipal emitió dos informes en los que constataba que se había producido un incumplimiento en la distancia de retranqueo obligatoria de la edificación, que no era legalizable porque se había construido en un espacio libre de parcela.
En este sentido, José Antonio Hidalgo López, el 6 de mayo de 1997, dictó un decreto que resolvía suspender la obra e iniciar un expediente sancionador, y en el que indicaba que el órgano competente para resolver el expediente es el alcalde y el de la demolición es el Ayuntamiento y subsidiariamente el alcalde.
De este modo, el 20 de junio de 1997 el ex alcalde requirió al propietario de la obra que en un plazo de 15 días la demoliese y restaurara el orden urbanístico vulnerado, y le hizo saber que de no hacerlo de forma voluntaria, se procedería por la Administración municipal a la ejecución subsidiaria de este requerimiento, algo que no se hizo.
El juez considera que el acusado, "con pleno conocimiento del expediente infractor y con un arbitrario y consciente abandono de sus competencias en materia de disciplina urbanística, no realizó acción alguna tendente a la ejecución voluntaria o subsidiaria de la orden de demolición expresa y claramente impuesta".
El titular del Juzgado ha estimado, respecto a la medida de demolición, que el promotor no la realizó de forma voluntaria, y que "no se impusieron multas coercitivas como medio de ejecución forzosa y tampoco se procedió a la ejecución subsidiaria de la demolición", por lo que se dejó transcurrir "el plazo de cuatro años, en la más absoluta inactividad, hasta que prescribió la infracción" y se produjo la "legalización tácita de lo indebidamente construido", para lo que ya se había concedido licencia de primera ocupación "con la justificación jurídica de que esta licencia es un acto reglado".
La sentencia recoge que, durante la celebración del juicio, José Antonio Hidalgo López señaló en su defensa que firmaba "cientos de decretos mensuales" y que las competencias de urbanismo las delegó "en un concejal". Destacó además que, "en caso de proceder a una orden de derribo, no es competencia del alcalde" ejecutarla, sino que "tendría que ser un órgano superior, como es el Pleno de la Corporación", quien la lleve a cabo.
Sobre esto el juez ha indicado que el acusado era conocedor de que le correspondía a él ejecutar esa orden de demolición y que de forma "consciente" no hizo nada para que esta se llevara a cabo.
* Levante - 10.01.11
Foto: Petrer (Alicante) - wikipedia
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ELPAÍS/Pontevedra* : Residencial Marina Atlántica, la promotora del puerto deportivo de Cangas do Morrazo, en el ámbito de la conservera Massó Hermanos, para llevar a cabo ese proyecto compró "en pleno dominio y como cuerpo cierto" una finca de 16.992 metros cuadrados que era, y sigue siendo, de dominio público y, por tanto, intransferible. La escritura de compraventa ha sido conocida ahora, al hilo del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Pontevedra por la obstrucción, el año pasado, de las obras de dicho puerto. La operación de compraventa de la citada finca estuvo precedida de otra extraordinariamente larga y compleja, vinculada a la crisis y liquidación en los años 90 de la conservera, que sometió el conjunto del solar que ocupaban sus instalaciones -incluida la finca de dominio público marítimo-terrestre- a sucesivas hipotecas para obtener liquidez.
Los embargos fueron acumulándose y los terrenos con las concesiones, subastados en diversos lotes, pasaron finalmente a dominio de los ex trabajadores de la conservera como compensación de la deuda salarial que tenían contraída.
Todos los inmuebles, con sus derechos y cargas, fueron adquiridos después a los ex trabajadores de Massó por Conservas y Frigoríficos del Morrazo, que anunciaba su propósito de desarrollar en ellos un proyecto industrial que daría continuidad al que Massó Hermanos había iniciado en los años 30 del siglo pasado. En 2003, sin embargo, Frigoríficos del Morrazo presentó un "proyecto básico de remodelación y adecuación ambiental de las instalaciones portuarias de la factoría Massó para usos náutico-recreativos", que la Autoridad Portuaria sometió a información pública el 31 de julio de 2004. El día anterior su consejo de administración ya había aprobado el cambio de titularidad de la concesión que ostentaba Frigoríficos del Morrazo a favor de Marina Atlántica.
El cambio de titularidad se registró ante el notario José Luis Prieto Fenech el 22 de octubre de 2004 en dos escrituras distintas. En la primera no es posible concluir la superficie total que Frigoríficos fue adquiriendo a los particulares; Marina Atlántica pagó por ellos unos 580.000 euros. En la otra escritura, por la compra de los 16.992 metros de superficie del dominio público marítimo-terrestre, que Frigoríficos había comprado a los ex trabajadores de Massó por 65 millones de pesetas (unos 391.000 euros), Marina Atlántica pagó 1.127.080 euros.
De esta segunda escritura no había constancia en la Autoridad Portuaria ni en el Ayuntamiento de Cangas, según se deriva de sus respectivas respuestas a las peticiones de que la aportaran para incorporarlas como prueba a los procedimientos judiciales abiertos. Esa opacidad ha contribuido a alentar las sospechas de que se estaba ocultando algo. Finalmente ambas escrituras han sido remitidas al juzgado por Marina Atlántica, tras reiterados requerimientos.
Frigoríficos del Morrazo, según la escritura de compraventa, "es dueña de la concesión administrativa" que describe, con la citada extensión de 16.992 metros en la zona marítimo-terrestre de Cangas; a término seguido, la escritura señala que ambas partes (Frigoríficos y Marina Atlántica) "tienen convenida la compraventa de la finca descrita", para concluir, en la primera de las cláusulas, que Marina Atlántica "compra y adquiere, en pleno dominio y como cuerpo cierto, la finca y la concesión descritas".
Fuentes de Marina Atlántica consultadas al respecto desmienten "categóricamente" que, pese a la literalidad señalada, la escritura registre una transmisión de los terrenos, que solo se refieren en el documento como el emplazamiento físico de la concesión que se transfiere. A mayor abundancia, señala la misma fuente, esa finca mantiene en el proyecto de puerto deportivo su uso público, ya que se le da un uso de paseo marítimo.
Fuentes de la cofradía de pescadores, opuesta a la construcción del puerto deportivo, subrayan sin embargo una serie de incongruencias que subrayarían "la chapuza administrativa y jurídica" que ha acompañado el desarrollo, hasta donde ha llegado, del proyecto de Marina Atlántica. Así, que el "pleno dominio" cabe aplicarlo a bienes raíces, como los suelos, pero no a una concesión administrativa, de la que se es meramente "titular" o "concesionario".
Además, la concesión administrativa que Frigoríficos del Morrazo vende a Marina Atlántica es la que previamente había comprado a los ex trabajadores de Massó, dedicada a fines industriales pesqueros y que, en el momento de esa primera compra, ya había caducado por falta de uso: sindicatos y Administraciones fabricaron en su momento la componenda para permitir a los ex trabajadores de Massó percibir parte de los salarios que se les adeudaba, pero "¿cómo puede una concesión administrativa caducada valer más de un millón de euros?", preguntan desde la cofradía de pescadores, para concluir que ese precio que pagó Marina Atlántica "solo puede referirse a los terrenos".
En consecuencia, según la cofradía de pescadores, la escritura sería "nula de pleno derecho" y motivo suficiente para anular los expedientes derivados de su reconocimiento.
Parcela incluida en un convenio urbanístico
Residencial Marina Atlántica obtuvo la concesión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo en O Salgueirón, la finca antes ocupada por el complejo conservero de Massó Hermanos, en marzo de 2005. El proyecto se complementa, junto con esa variable para la lámina de agua, con el desarrollo en tierra de un conjunto residencial y terciario diseñado por el arquitecto Norman Foster. Pero no acaba de salir de la incertidumbre.
El proyecto náutico está pendiente del fallo del Tribunal Supremo, al que recurrieron la cofradía de pescadores y el Foro Social de Cangas por considerar que la tramitación del cambio de usos de la concesión -de industrial pesquera a náutico recreativa- incumple requisitos normativos imprescindibles, tanto de competencia de la Autoridad Portuaria (inexistencia de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios) como municipal, en su variante urbanística.
A su vez, el proyecto de urbanización residencial y terciaria en tierra ha sido llevado a un limbo poco menos que inextricable, máxime con la sucesión de disposiciones autonómicas que afectan a la ordenación del litoral. Inicialmente, en el anterior mandato municipal, dio cuerpo a un convenio urbanístico aprobado por Frigoríficos del Morrazo y el Ayuntamiento y luego asumido por Marina Atlántica, que adelantó al Ayuntamiento más de un millón de euros para la construcción de una piscina municipal que no ha llegado a materializarse. La eficacia de este convenio estaba supeditada a la aprobación de un plan general de urbanismo que finalmente fue retirado. El nuevo plan general duerme en los cajones municipales y ni siquiera ha pasado la fase de aprobación inicial.
Frigoríficos del Morrazo incluyó los 16.992 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en el convenio urbanístico, lo que reforzaría la tesis de la cofradía de pescadores de que los consideraba privados. Un informe de la Dirección General de Costas sobre el particular, en 2005, reforzó esa tesis al observar que tales terrenos de dominio público "deberán quedar excluidos" del polígono incluido en el convenio.
* El País - 10.01.11
Foto: Cangas (Pontevedra), protesta contra puerto Massó - elpais
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SUR* : La abogada del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Raquel Escobar, ha asegurado que si bien ella dependía orgánicamente del alcalde Jesús Gil, "mi jefe directo se puede decir que era el señor Roca, porque era el que ejercía de gerente de Urbanismo", afirmación en la que ha coincidido con María Castañón, colaboradora del principal acusado de la corrupcién en la empresa municipal, Planeamientos 2000, que ha declarado también como testigo esta mañana. La asesora ha dicho que cuando fue contratada por el Ayuntamiento no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencias. "El alcalde (Gil) lo había exigido; por eso solo se aportaba un informe técnico y con carácter general el informe jurídico elaborado por el letrado José Luis Sierra, que es el que se tenía en cuenta para otorgar las licencias".
En los turnos de declaraciones, abrió la sesión María Castañón, abogada de la empresa municipal Planeamientos 2000, cuyo testimonio ha supuesto el primer jarro de agua fría para el principal acusado del 'caso Malaya'. La empleada de Juan Antonio Roca ha responsabilizado directamente al presunto cerebro de la corrupción de ser "el que negociaba los convenios y de dirigir personalmente el urbanismo de Marbella".
María Castañón ha asegurado que en el despacho de Roca, en la sede de Planeamientos 2000, se celebraban unas reuniones previas, "pre-reuniones, las llamábamos, en las que se citaba a los concejales; allí se debatían los asuntos que iban a ir en el orden del día de las comisiones de gobierno". También era allí, según Castañón, "donde se firmaban los convenios por parte de Julián Muñoz", entonces alcalde accidental, que previamente "habían sido negociados por Roca con los promotores, que acudían a las oficinas de la empresa".
La colaboradora de Roca, que se encargaba de redactar las convenios que éste le ordenaba, ha explicado que la mecánica del convenio era la siguiente: "Roca me daba en un papel la calificación urbanística, los aprovechamientos que adquiría el particular, el precio y la forma de pago". Asimismo, ha recalcado que ella "no incorporaba a los datos del convenio una tasación previa, porque ésta no era determinante". En este sentido, ha asegurado de forma clara que "la tasación formaba parte de la negociación, y por eso los datos de la tasación se incorporaban más tarde, tras la firma del convenio. Las tasaciones coincidían con lo pactado por Roca".
Al convenio se le añadía un informe de los servicios de urbanismo, que con carácter general había diseñado el abogado José Luis Sierra para el urbanismo marbellí, por el que se pactaban las licencias en base a la revisión del Plan de Ordenación Urbana de 1998, aunque el plan vigente era el de 1986.
Sobre el convenio Crucero Banús, la abogada ha contradicho la declaración de Roca, quien a finales del pasado mes de diciembre responsabilizó a Jesús Gil de la negociación del mismo. María Castañón dijo que fue "Roca quien lo negoció con Pedro Román; él me dio los datos del acuerdo delante del propio Román" y que fue "muy rápido, en unos dos días".
Preguntada por la relación de Jesús Gil y Roca, Castañón ha dicho que era "muy estrecha", aunque "al alcalde lo veíamos muy pocas veces", dejando así claro que era el ex asesor quien, con carácter general, llevaba el peso del urbanismo y las negociaciones urbanísticas.
"Cuando Gil se involucraba en un convenio llamaba veinte veces y los acababa redactando. Por la confianza que tenía en él, el alcalde daba siempre por bueno lo que hacía Roca", ha afirmado la abogada.
Ha añadido que normalmente, en los acuerdos urbanísticos, los aprovechamientos se repartían al 50% entre los promotores y el Ayuntamiento, pero que en este convenio en concreto, el particular solo se hizo cargo del 25%. "Solo hay otro caso igual que yo recuerde, el de la casa de Sean Connery, que tampoco está con el 50% de los aprovechamientos".
* Sur - 10.01.11
Foto: Marbella, imputada María Castañón - sur
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