ELDIARIOMONTAÑÉS/Santander* : El fiscal Antonio Vercher, coordinador de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Tribunal Supremo, ha opinado hoy que el medio ambiente se ha constituido ya como un derecho fundamental, que se ha creado "jurisprudencialmente" y vive un proceso evolutivo "absolutamente imparable". Durante su participación en Santander en las Jornadas Internacionales de Medio Ambiente, organizadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria, el Ejecutivo regional y la Guardia Civil, ha reflexionado sobre la evolución que ha sufrido el medio ambiente hasta ser reconocido como un derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Para ello, se ha remontado a la adopción por el Consejo de Europa del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1950, por el que se fundó un sistema de protección internacional de los derechos humanos y su control judicial.
El fiscal ha explicado que, en el Convenio Europeo, el medio ambiente no figuraba "absolutamente en ningún sitio", al igual que otros derechos que han ido incorporándose con el paso de los años, algunos incluidos a través de posteriores protocolos.
Sin embargo, ha señalado que esta posición inicial fue cambiando "poco a poco", sobre todo a partir de 1972, tras la Conferencia de Estocolmo, la primera de carácter internacional sobre medio ambiente, que, según ha dicho, supuso "un antes y un después" en su protección.
A partir de ese momento, ha relatado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de varias sentencias, empezó a "mirar al medio ambiente con otros ojos" y, aunque lo sigue sin proteger porque no figura como derecho en el Convenio, advierte de que si se atenta contra él también pueden verse afectados otros derechos que sí estén incluidos en el mismo.
Aunque Vercher ha señalado que el derecho al medio ambiente no se recoge en ninguno de los catorce protocolos posteriores al Convenio, ha defendido que éste ha sido creado "jurisprudencialmente" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de sus sentencias.
Ha añadido que, cuando se ha planteado la posibilidad de un nuevo protocolo que incluya el derecho fundamental al medio ambiente, el Comité de Ministros ha considerado que no se trata de algo "prioritario" porque el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dicho que éste existe.
Vercher ha coincidido con la postura planteada por algunos expertos que mantienen que este órgano judicial ha creado "por la puerta de atrás" y "de rebote" un derecho al medio ambiente trabajando cada vez más en aspectos relacionados con su protección, a pesar de no figurar en el Convenio.
* El Diario Montañés - EFE - 9.11.10
Foto: Strasbourg (France),Tribunal Europeo Derechos Humanos - hazteoir
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MADRIDIARIO* : Ecologistas en Acción ha denunciado que la propuesta del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que ya ha finalizado su periodo de información pública, incumple la Ley de Parques Nacionales en diversos aspectos relacionados "con la fragmentación, estrangulamientos y la existencia de enclavados, convirtiéndose en el territorio más fragmentado de todos los parques nacionales de montaña existentes". Además, la morfología altamente irregular lo convertiría, a juicio de la organización ecologistas, en el más vulnerable de toda la Red de Parques Nacionales del Estado. A todo esto hay que añadir que la propuesta de Parque Nacional reduce en un 48 por ciento de la superficie inicial de la Zona Periférica de Protección, lo que "resulta inviable".
Ecologistas en Acción ha destacado el "estrangulamiento" que se produce entre los Montes Carpetanos y la zona sur del territorio, debido al enclavado de la estación de Valdesquí. "Estos dos amplios territorios sólo quedan conectados por dos estrechos pasillos de cerca de un kilómetro de ancho. De hecho, entre la Zona Especial de Navacerrada y la del Alto de Guarramillas (Bola del Mundo) apenas supera los 500 metros", ha detallado.
Otro punto que los ecologistas consideran "conflictivo" es el "estrechamiento" de la zona del puerto de Navafría donde el Parque Nacional propuesto, "forma un cuello de botella de tan sólo 185 metros de ancho, que además es atravesado por la carretera SG-612".
En cuanto a la fragmentación del territorio, han destacado la M-601. "Esta carretera divide prácticamente por la mitad la zona sur del Parque Nacional y al soportar un tráfico muy elevado crea un considerable efecto barrera. Otras infraestructuras que fragmentan los estrechos pasillos que unen el norte con el sur de la propuesta del Parque Nacional son la carretera M-604 del puerto de Navacerrada a Rascafría o el ferrocarril Navacerrada-Cotos", han agregado.
Por otra parte, Ecologistas en Acción han criticado la existencia de "enclavados sin justificar", como las estaciones de esquí alpino de Valdesquí y Navacerrada, el complejo de antenas de la Bola del Mundo o, como el enclavado de facto de la Solana de la Garganta, tampoco se ajusta a la Ley de la Red de Parques Nacionales.
El más vulnerable
En cuanto a la morfología, altamente irregular, la organización ecologista ha señalado la propuesta del parque nacional lo convierte "en el más vulnerable a factores externos" de toda la Red de Parques Nacionales del Estado, "lo que dificultará que, aún duplicando la superficie mínima legal de un parque nacional, permita la evolución natural manteniendo sus características y asegurando el funcionamiento de los procesos ecológicos".
Por último, según explicaron, la propuesta del Parque Nacional "reduce, sin justificar, la superficie de la Zona Periférica de Protección en un 48 por ciento", con respecto a la que recoge el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que en estas condiciones, la propuesta de Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, "resulta inviable y no debería ser admitido por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino".
* Madridiario - 8.11.10
Foto:
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes), Ignacio García de Vinuesa(PP), deberá declarar como imputado el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Alcobendas, que ha admitido a trámite una querella del PSM de este municipio que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez ha visto indicios de delito en la recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP), tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas por aprobar una operación urbanística en la que el Consistorio ha perdido más de 12 millones de euros, según consta en la querella presentada por el PSM-PSOE de este municipio. Los socialistas consideran que el primer edil popular, que fue quien impulsó la operación urbanística investigada, cometió los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios al promover la recompra de unos terrenos al mismo precio por el que se habían vendido en 2007, año en el que los precios del suelo estaban por las nubes al no haber estallado la crisis.
Los socialistas mantienen en la querella que el alcalde, de manera "consciente" y "voluntaria", "se apartó" de la normativa aplicable, y "prescindió" de los informes técnicos y valoraciones necesarias sobre la viabilidad de la operación. "Y todo ello con el conocimiento del perjuicio que dichos actos estaban ocasionando a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)". La querella de los socialistas es la base de la decisión del juez, que ha llamado al alcalde a declarar como imputado al observar indicios de los mencionados delitos en la recompra de las fincas.
La operación del Ayuntamiento consiste en la adquisición en 2009 por 25 millones de dos parcelas que habían sido vendidas en 2007 a la sociedad Sotohenar por el mismo precio inicial. El perjuicio viene, según los socialistas, en que dichas fincas, que han vuelto a ser propiedad del Consistorio que encabeza García de Vinuesa, han perdido en estos tres años un 50% de su valor real, pasando de los 25 millones de 2007 a los poco más de 12 millones por las que fueron tasadas tras aprobar el equipo de gobierno esta operación financiera.
El expediente de la recompra de la parcela se inició el 27 de abril de 2009, día en el que el Consejo de Administración de Emvialsa solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la autorización para la subrogación de un crédito que había suscrito en 2007 la entidad Sotohenar para la compra de las fincas. Según la querella del PSM, la decisión de la empresa de la vivienda municipal, cuyo presidente es también el alcalde, no fue motivada y no existían razones "objetivas" para llevarla a cabo. Este acuerdo, adoptado gracias a la mayoría del PP, se plasmó posteriormente en un acuerdo de Pleno, que se celebró el 26 de mayo de 2006, por el que se autorizó la recompra de los terrenos. En 2007, la empresa ahora beneficiada se había comprometido a abonar en metálico 11,5 millones de euros, al igual que acordó pagar en especie el resto de la cantidad prevista entregando además un edificio de oficinas valorado en más de 13 millones. En total, pagaba 25 millones.
Con la recompra de las parcelas, el Ayuntamiento da marcha atrás a una operación ventajosa, que ahora libera a la empresa de sus obligaciones contractuales, como por ejemplo la construcción del edificio de oficinas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hace cargo del crédito que estaba pagando la empresa, cuyo importe había utilizado la mercantil para abonar al Consistorio los primeros 11,5 millones. Es decir, que el Ayuntamiento, en virtud del acuerdo de recompra de las parcelas, está obligado ahora a construir un edificio de oficinas y a pagar un crédito de 13 millones de euros, dos millones menos que la cantidad que recibió de Sotohenar en 2007.
La querella presentada por el PSM-PSOE en el juzgado explica también que la recuperación de las fincas la aprobó el equipo de gobierno del PP sin haber realizado antes una valoración actualizada del precio de las mismas. De hecho, esta tasación no llegó a realizarse hasta después de cerrarse la transacción, poniendo de manifiesto que el precio de las parcelas había caído un 50% por los efectos de la crisis.
La depreciación de los terrenos no tuvo que coger por sorpresa al alcalde de Alcobendas, porque antes de que se cerrara el trato fue advertido por una funcionaria del hecho de que esta depreciación podía haberse producido. La interventora municipal, Beatriz Rodríguez Puebla, firmó un informe en el que alertaba de la necesidad de que antes de que se aprobara la recompra se tenía que realizar una valoración actualizada de los bienes: "Debería constar en el expediente una valoración actualizada de los bienes que se adquieren con el fin de garantizar que se preserve el interés público mediante la gestión eficiente de los bienes y derechos del patrimonio municipal, sin que se produzca un menoscabo para la hacienda local". Pero el alcalde no le hizo caso.
La querella indica también que el contrato de compraventa de las parcelas suscrito en 2007 permitía la rescisión del contrato: "No se han aplicado las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones, documento plenamente vigente. Debemos entender que se ha incumplido la normativa aplicable al contrato entre la sociedad municipal y la mercantil Sotohenar, provocando un perjuicio valorado en más de 12 millones de euros, hecho que difícilmente puede tener justificación".
El portavoz del PSM-PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se mostró "preocupado" por la decisión del juez de Alcobendas de llamar a declarar al alcalde como imputado el próximo día 19: "García de Vinuesa ha perdido 12 millones en este mal negocio para la ciudad", aseguró. Por su parte, el teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, consideró que la querella del PSM es parte de una estrategia "bastarda" que tiene la intención de "hacer daño". Según Cubián, el equipo de gobierno decidió deshacer la venta "cuyo expediente inició el PSOE" después de tener conocimiento de que la empresa estaba a punto de presentar un concurso de acreedores.
* El País - 9.11.10
Foto: Alcobendas (Madrid), ayuntamiento - osiatis.es
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LEVANTE/Alicante* : Calp "genera", aproximadamente, 80.000 toneladas de basura al año. Esos 80 millones de kilos son mucha basura para los 29.666 habitantes que tiene el municipio, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009. Además, las cifras de basura de Calp distan un mundo de las de cualquier otra localidad valenciana con parecida población. En esta ciudad de la Marina Alta, cada habitante "produce" la asombrosa cantidad de 7,67 kilos de residuos sólidos urbanos al día. Los números de Calp, eso sí, están entre interrogantes desde que trascendió que una de las ramificaciones del caso Brugal es la del pesaje "manipulado al alza" (así consta en el sumario) en la planta de Colsur, S.L, la empresa de Ángel Fenoll, donde se trata y compacta la basura de este municipio. El pesaje al alza engordaría las facturas que esta mercantil ha cobrado del ayuntamiento desde 1998.
Una relación de facturas aprobadas y pagadas por el consistorio en diciembre, enero y febrero de 2009 recoge diversos pagos a Colsur, S.L., por cifras que oscilan en las 7.000 toneladas de basura al mes. Y eso que se trata de los meses de septiembre a diciembre, que es cuando hay menos turistas en el municipio. La mercantil de Fenoll logró el contrato del tratamiento y traslado de residuos de Calp en 1998, pese a que entonces la mercantil no tenía un vertedero legal y el contrato sí lo exigía. El empresario está imputado en la trama Brugal por diversos delitos relacionados con el fraude en los cobros a diversos ayuntamientos por la recogida y vertido de los residuos urbanos. Tres concejales en activo de Calp también aparecen en el sumario de la trama Brugal. Se trata del ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Javier Morató, el concejal de Turismo y Comercio y diputado provincial, Juan Roselló, y el edil de Hacienda, Fernando Penella. Se sospecha que inflaron las toneladas de basura facturadas y se repartieron, junto con el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, quien supuestamente ejerció de intermediario, y un ex edil de Izquierda Unida, Manuel Roura, "generosas cantidades de dinero", según consta en el sumario.
Un "chollo" de negocio
El PP de Calp, cuando contrató a Colsur, S. L., el tratamiento y el traslado de la basura (la empresa que la recoge casa a casa es Acciona), esgrimió que el precio por tonelada era, de lejos, el más competitivo. De hecho, por cada tonelada de residuos que la mercantil de Fenoll compacta y se lleva a su vertedero de Abanilla (Murcia), el ayuntamiento le paga 29,88 euros. Esa cifra es más económica que los 48 euros que les cuesta al resto de municipios de la Marina Alta llevar cada tonelada de basura a la planta de transferencias de Dénia, que es la planta comarcal del área XV del Plan Zonal de Residuos.
Pero, en lugar de ahorrar dinero con la basura, el Ayuntamiento de Calp ha pagado bastante más, ya que ese precio más barato se compensaba con cantidades supuestamente infladas de residuos. El "chollo" del negocio de la basura en la ciudad del Penyal d'Ifach estaba en la cantidad que no en el precio.
* Levante - 8.11.10
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
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SUR/Málaga* : El 'caso Alcaucín', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de este municipio, suma ya 38 imputados, según una resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico. En un auto fechado el pasado viernes, la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Vélez- Málaga, Irene Urbón, decretó levantar parcialmente el secreto que pesaba sobre el caso, que se desató el 27 de febrero del año pasado con una redada en la que fueron detenidos, entre otros el entonces alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, y un arquitecto de la Diputación Provincial.
Según el auto del juzgado, que fue notificado ayer a las partes, se acuerda el levantamiento del secreto de las actuaciones desde el tomo 10 hasta el 15 de la causa principal, y desde el 13 al 23 en lo que se refiere a la pieza separada de atestados policiales.
No obstante, la jueza acuerda prorrogar durante un mes más el secreto en relación con el tomo 16 y siguientes de las actuaciones, así como con el número 24 y siguientes de la pieza separada de atestados, debido a que la investigación que afecta a estas partes aún no ha concluido.
En este punto, la instructora señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se siguen realizando diligencias "derivadas de los últimos registros practicados y en relación con hechos que han sido recientemente denunciados", por lo que se prorroga el secreto ante el riesgo "de destrucción o manipulación de pruebas".
La operación policial, que se bautizó con el nombre de 'Arcos', comenzó el 27 de febrero del pasado año con la detención de trece personas, entre ellas el entonces alcalde José Manuel Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
En su declaración judicial, el ex alcalde, que salió de prisión tras pagar fianza, dijo que tenía ingresos "como alcalde, artista y albañil", pero no como mediador en compraventas; aunque los investigadores señalan que había ingresos en efectivo cuya procedencia está "sin justificar", que podrían ser "de comisiones". Hay que recordar que la Guardia Civil halló cerca de 160.000 euros en efectivo en el registro de su casa.
La jueza decretó, además, prisión para uno de los jefes del Área de Arquitectura de Diputación, José Mora, por presunto cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.
* SUR - 9.11.10
Foto: Alcaucín (Málaga), ayuntamiento - diariosur.es
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ElPAÍS* : La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez ordenó ayer la detención de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusó sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar detrás de esta operación para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operación, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de común acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.
Los agentes registraron desde las ocho de la mañana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registró, además, el domicilio particular de Samper, según confirmó él mismo, así como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucción número 8.
Los detenidos son el director y número dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcción Renato de Noce. Además de los tres detenidos, hay cinco imputados: el dueño del Real Murcia, Jesús Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver; Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques López, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.
El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado en el que manifestó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.
La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su día que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios. Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".
Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir del año 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces más de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.
Jesús Samper
- El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, lleva vinculado desde muy joven al mundo del fútbol. En 1978 comenzó a asesorar al Real Madrid y en 1979, a la Real Federación de Fútbol. En 1998 trasladó sus negocios a Murcia. Esta ciudad, de más de 400.000 habitantes, no tenía un equipo en la élite.
- Compró el Real Murcia a precio de saldo en Segunda B y firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del PP: construyó un estadio y, a cambio, el Consistorio le reclasificó unos terrenos rústicos, en los se podían construir 20.000 viviendas. Con esta operación ganó unos 160 millones de euros.
- Pero sus negocios no se acaban en Murcia. Es dueño de Santa Mónica Sports, propietaria de los derechos televisivos y el patrocinio de la Selección española, de la argentina, y de los derechos de imagen de personalidades como Dani Pedrosa, Fernando Alonso y Valentino Rossi.
* El País - 6.11.10
Foto: Murcia, estadio La Condomina (archivo) - gacetacartagonova.com
Pd.- En la información sobre la operación anticorrupción en Murcia que fue publicada el miércoles en primera página se dice en un sumario que ha sido detenido un concejal del PP. No es cierto. El concejal está imputado, pero no detenido. El detenido es el director gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia.
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