La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década

Un estudio realizado por la Universidad de La Laguna (Tenerife) da esta cifra escalofriante que, sin embargo, da la impresión de quedarse algo corta después de haber visto otras informaciones al respecto. Lo que es indudable es que en la gran mayoría de autonomías la corrupción urbanística de la clase político financiera ha conseguido transformar a peor el paisaje territorial, con grave perjuicio, además, para las arcas públicas.
"ELPAÍS* : No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13 años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.

Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que seguir investigando.

Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000 y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.

El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año 2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006). Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100 agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un 63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de 2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.

Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals, voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007, complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565 municipios”.

En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.

“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos Ballena Blanca y Malaya.

Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su despacho exclusivamente a letradas.

El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se acreditaron 176 periodistas.

Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio, solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados y casi año y medio de duración?

La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.

La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.

Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos, una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los macroprocesos.

Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.

Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88% de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo (el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.


* El País - LUIS GÓMEZ - 17.6.13
Foto: Mapa de la corrupción - elpais

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Salamanca.- La sombra de 'Gürtel' también planea sobre el Parque Empresarial de Las Malotas

Entre los propietarios de los terrenos se encuentran la empresa y el constructor que levantó 'El Algarrobico' y al que se ha relacionado con la rama madrileña de este entramado de corrupción política. Así que los tentáculos de la trama 'Gürtel' se siguen extendiendo, mientras la justicia parece que no es capaz de descabezar ni enjuiciar a esta poderosa mafia urbanística.
"TRIBUNA* : Las actividades de los empresarios implicados en el proyecto de urbanización de Las Malotas, en el que pese a la repulsa general en la ciudad parece estar empeñado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, no dejan de deparar sorpresas. Hace unos días TRIBUNA publicaba las vinculaciones de algunos de estos propietarios de los terrenos con una de las tramas urbanísticas de corrupción más destacadas de la última década, como es el denominado ‘Caso Malaya’.

La empresa Área Logística Oeste S.L. se encuentra directamente relacionada a través de su entramado de sociedades con nombres que figuraron en el sumario, alguno de los cuales prestó declaración incluso en el procedimiento judicial. También publicaba este diario que entre los dueños de una buena porción de los terrenos se encontraba Pedro Díaz, el presidente de Gruposa, editora del periódico La Gaceta Regional de Salamanca, en este caso a través de otra empresa denominada Los Llanos de Valdelobos S.L.

Pues bien, dentro del entramado societario de Área Logística Oeste S.L., aparece una empresa denominada Azata Patrimonio S.L., propiedad de José Domingo Rodríguez Losada. Este afamado constructor lo es, en gran parte, por haber desarrollado su labor e ingente patrimonio al abrigo del boom urbanístico en la localidad malagüeña de Marbella, epicentro de la operación Malaya.
Pero Rodríguez Losada es mucho más conocido por otras cuestiones relacionadas siempre con el ámbito urbanístico, en otros puntos del país. Así, AZATA del Sol, otra de sus empresas, fue la promotora del macrohotel denominado El Algarrobico, que durante la última década ha sido fruto de una agria polémica urbanística y social en España, en el ámbito de la discusión de la Ley de Costas y de la invasión del litoral español por la burbuja inmobiliaria.

Finalmente, el hotel levantado en la playa de Carboneras, en pleno Cabo de Gata, cuya demolición fue solicitada por movimientos ecologistas y sociales durante más de una década, y que en algunos trámites judiciales llegó a ser ‘indultado’ parcialmente, será demolido.

Con antecedentes como este, no es de extrañar que los tentáculos de Rodríguez Losada se hayan extendido por otros puntos de la geografía española. Entre ellos, y especialmente en los últimos años de la década pasada, en el conocido como ‘cinturón madrileño de la Gürtel’, integrado por los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo, Arganda y Valdemoro, entre otros.

Su proyecto estrella en Boadilla del Monte, cuyo alcalde Arturo González Panero es uno de los primeros imputados en la rama madrileña del caso Gürtel y tuvo que dimitir de su cargo e ingresar en prisión, fue la urbanización de lujo denominada inicialmente ‘La Alcazaba de Boadilla’, que también levanto la repulsa social de diversos movimientos en el municipio al afectar su construcción al bosque mediterráneo que da precisamente nombre al municipio. La celeridad en su tramitación municipal y el aprovechamiento de algunos cambios normativos aplicados por el ayuntamiento madrileño que bordeaban la legalidad, alentaron la promoción de una urbanización de ‘altos vuelos’ y 219 chalets de lujo.

Curiosamente, el desarrollo del sector en el que se encontraba esta promoción fue promovido por el Ayuntamiento de Boadilla a través del mismo mecanismo urbanístico que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, pretende hacer también efectivo en Las Malotas.

Por la documentación que en estos momentos sigue analizando TRIBUNA también se desprende que no es este el único vínculo existente entre los propietarios de Las Malotas y el entramado Gürtel, cuyo sumario aún sigue abierto, y así lo irá revelando este diario próximamente.

El SUEGRO DE UNA PROMESA 'FUGAZ' DEL PP

Se da la circunstancia de que José Domingo Rodríguez Losada fue en su día suegro de una de las grandes promesas del PP de aquellos años, Juan José Güemes, que se casó en primeras nupcias con la hija del constructor. En el segundo intento, Güemes formalizó matrimonio con la también diputada popular Andrea Fabra, hija del ínclito Carlos Fabra y conocida por su expresión grabada por las cámaras en el congreso “¡Que se jodan!”, en pleno anuncio de Rajoy de nuevos recortes a los desempleados por parte del Gobierno.

Juan José Güemes, que llegó a ser consejero del gobierno de Esperanza Aguirre en varias ocasiones y secretario general de Turismo pese a su juventud, pasó a la empresa privada en 2010, aduciendo ‘motivos personales’ y abandonó la política activa.


* La Tribuna Salamanca - 17.6.13
Foto: Salamanca, futuro parque empresarial Las Malotas - salamanca24horas



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