El fiscal imputa a 13 empresarios y políticos por el ‘caso Gürtel’ en Boadilla

El caso Gürtel de corrupción urbanística parece no tener fin. La rama madrileña tiene en Boadilla uno de sus epicentros, con los gobiernos municipales 'populares' como principales implicados en la trama mafiosa. Como suele ocurrir, la concesión de contratos de obras y servicios públicos a cambio de comisiones a políticos, es el asunto que ahora está llevando la justicia con 13 imputados por ello.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, que tome declaración como imputados a 13 políticos y a empresarios relacionados presuntamente con las adjudicaciones de obras y servicios en Boadilla del Monte. El ministerio fiscal sospecha que los acusados han cometido presuntos delitos contra la Administración pública —cohecho, prevaricación, malversación y fraude—, además de delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales. Entre los imputados se encuentra el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, del PP, al que el fiscal acusa de haber desviado los fondos obtenidos ilegalmente a Suiza, Panamá, Miami, Madeira y Marruecos.

El fiscal, en su relato al juzgado, describe el modus operandi de la trama. “Al menos desde 2000 y hasta febrero de 2009, desde el entorno de Francisco Correa Sánchez se habrían entregado dádivas en forma de regalos —como viajes y artículos de joyería— o efectivo a funcionarios y autoridades [municipales] con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública para obtener adjudicaciones bien para sus empresas, bien para empresas de terceros”. Así, los cargos acusados están vinculados al Ayuntamiento de Boadilla o a su empresa de suelo y vivienda. El ministerio fiscal apunta directamente contra el exalcalde Arturo González Panero; el exdiputado Alfonso Bosch Tejedor; el exvicepresidente de la empresa de suelo, César Tomás Martín Morales, y el exconcejal José Galeote Rodríguez, así como contra el también exalcalde de Boadilla Juan Siguero Aguilar, que “habría cooperado en la adjudicación irregular de determinados contratos”.

Según el fiscal, las sociedades de Correa (Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimetrico y Servimadrid) obtuvieron “numerosos contratos en cuya adjudicación se habría vulnerado la normativa de contratación pública”. ¿Y cómo lo hacían? Mediante una adjudicación directa, “incluso con posterioridad a la prestación del servicio”, participando en la elaboración de los pliegos o fraccionando por debajo de los 12.020,34 euros los contratos para poder adjudicarlos directamente sin concurso.

Pero también, según el fiscal, hubo empresas de terceros que se beneficiaron de las adjudicaciones “a cambio de comisiones abonadas” a los cargos públicos. Entre ellas, destacan Constructora Hispánica, Eoc de Obras y Servicios, Teconsa, Sufi y UFC.

De esta manera, según los acusadores públicos, obtuvieron la ejecución del Parque del Deporte y la Salud, la remodelación de la calle de José Antonio, la glorieta de la calle de Bárbara de Braganza y la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio. Teconsa, que habría pagado comisiones por valor de 1,8 millones de euros, obtuvo gracias a la red las obras de piscina municipal cubierta de Las Eras, la redacción y edificación de 98 viviendas de protección pública, la ejecución de las obras de dos colegios, la edificación de 80 viviendas, 80 trasteros y 160 plazas de garaje en el sector S.4, y otros 57 pisos, 57 trasteros y 97 plazas de garaje en la avenida de Julio Fuertes.

Sufi, por su parte, obtuvo la recogida de residuos urbanos, de los que abonó 98.369,42 euros a la sociedad Special Events, que “se habrían destinado a sufragar los gastos personales de Arturo González Panero”. Igualmente, la trama se quedó con los derechos de superficie de tres parcelas del Residencial XXI. Estos terrenos eran en realidad propiedad de los implicados, que crearon sociedades interpuestas para ocultarlo. La fiscalía sostiene que Correa pagaba a González Panero sus servicios mediante regalos y dinero con facturas “cuyo destinatario real era” el exregidor.

Los regalos y entregas en efectivo ascendieron, en el caso de González Panero, a 600.000 euros; a César Tomás Martín y a Alfonso Bosch les correspondieron 250.000, y a Jesús Galeote Rodríguez, 500.000 euros. Según la fiscalía, estos pagos “no habrían sido declarados en sus correspondientes declaraciones tributarias”.

“Más aún”, escribe el ministerio fiscal, Galeote y González Panero invirtieron “parte de estos fondos”, junto a otros imputados, “ocultándose tras una \[sociedad\] mercantil, que les habría puesto a disposición Francisco Correa, en Madeira. Se trata de la sociedad llamada Freetown Comercio e Serviços. “Esta inversión se habría transferido posteriormente a la cuenta del HSBC de Ginebra a nombre también de otra sociedad, esta vez panameña, Itelsa Development Group Corp”.

Hoy Panero declarará ante Ruz. En los próximos días lo harán César Tomás Martín, Alfonso Bosch, José Galeote y los empresarios Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Gonzalo Naranjo, Rafael Naranjo, Ramón Blanco, Rodolfo Ruiz y Luis de Miguel. José Martínez está a la espera de un informe forense.


* El País - VICENTE G. OLAYA - 16.7.13
Foto: Boadilla del Monte (Madrid),  sede_Ayuntamiento - elpais



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Santa Cruz.- La excúpula de Urbanismo, imputada por estafa y falsedad

Seguimos con el urbanismo ilegal en Santa Cruz de Tenerife, ahora hay que irse casi 20 años atrás cuando el ayuntamiento concedió una licencia que luego fue anulada por la justicia, obligando a la demolición de lo construido, algo que todavía no se producido, por lo que existe una grave acusación judicial contra la excúpula de urbanismo.
"ELDÍA* : El exconcejal de Obras Públicas Norberto Plasencia, el exconcejal Urbanismo Manuel Parejo, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el exsecretario municipal Víctor Reyes están imputados por prevaricación administrativa, estafa procesal y falsedad en documento público por conceder una licencia de obra irregular y no acatar el fallo judicial que ordenaba la demolición de una parte de un edificio en la calle Rubens Marichal López, nº12, según un auto judicial al que tuvo acceso este periódico.

Además, también está imputada la presidenta de la comunidad de propietarios a finales de los años noventa.

Los hechos se remontan a 1994, cuando Norberto Plasencia, como director de la gerencia de Urbanismo, otorgó a Explotaciones Agropecuarias y Constructoras POL SA licencia para la construcción de un edificio de tres plantas sobre rasante y dos bajo rasante en la calle Rubens Marichal López, número 12. Esta licencia motivó un recurso que fue desestimado, por lo que se inició la vía judicial. El Contencioso-Administrativo falló el 26 de noviembre la nulidad del acto administrativo de concesión de licencia.

Según el escrito de la Fiscalía, "a partir de ese momento, los imputados Manuel Parejo y Norberto Plasencia, como responsables de la Gerencia de Urbanismo, llevaron a cabo sucesivas actuaciones dirigidas a entorpecer e imposibilitar la eficacia de la resolución recaída, omitiendo por tanto ordenar la oportuna demolición [...], todo ello a pesar de ser plenamente conscientes de la ilegalidad de su proceder".

Entre estas actuaciones, menciona que Plasencia presentó "un proyecto de demolición en el que se alteraba maliciosamente las mediciones y distancias de la construcción controvertida respecto al espacio público, con la clara y única finalidad de evitar demoler una parte del inmueble en evidente contradicción con el contenido del fallo judicial". Así, se certificó que solo invadía dos metros de espacio público, en vez de los 5 que estaban ratificados desde un principio, con la particularidad de que los dos metros que debían demolerse solo afectaba a las terrazas, según pudo saber este periódico.

El tribunal instó nuevamente a la demolición, por lo que los acusados "llevaron a cabo una simulación en el ámbito" de un proceso civil. El fiscal especifica que la presidenta de la comunidad de propietarios Rubens Marichal López, número 12, "presentó demanda justificando el terreno del terreno controvertido sobre unos documentos y planos en los que se alteraban maliciosamente los lindes".

La Fiscalía considera que tanto Tomás Martín como Víctor Reyes y Manuel Parejo "transigieron con el planteamiento de la parte demandando, no dando las instrucciones oportunas a sus servicios jurídicos para oponerse a los planteamientos de la parte demandante, desistiendo igualmente de la interposición de recurso".

El fraude que supuso ese proceso civil provocó que no se pudiera ejecutar la demolición, ordenada judicialmente hace ya dieciséis años.

Imputados habituales

El exconcejal Norberto Plasencia también ha sido imputado por prevaricación en el caso Siliuto, en el que se compró el inmueble por encima del valor del mercado, y en el caso mamotreto, también por el mismo delito. Víctor Reyes fue imputado en el caso Las Teresitas y también lo ha sido en el caso Siliuto y en el Parque Marítimo. En este último, por tráfico de influencias.

La Ley, 16 años después

Dieciséis años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenara la demolición de una parte de un edificio, este no se ha producido. El Juzgado de Instrucción número 3 es quien se ha hecho cargo de los cargos de prevaricación y demás.


* El Día - 10.7.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity



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