Viñeta: El Roto, arena derribó pirámide - elpais.com 20100705
La arena derribó la pirámide - El Roto
Barcelona.- La Guardia Civil vincula a más cargos públicos en el 'caso Pretoria'
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ELPAÍS* : La Guardia Civil ha concluido el grueso de las investigaciones del caso Pretoria -la trama de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona- y ha entregado un detallado informe de 319 páginas a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que vincula a nuevos cargos públicos, funcionarios y empresarios. La investigación abre la puerta a nuevas imputaciones al definir con detalle los supuestos delitos cometidos en varias operaciones urbanísticas y se inclina por descartar la existencia de irregularidades en L'Hospitalet por la compraventa de dos edificios.
El informe señala que el secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Javier Ezquiaga dio cobertura a todos los trámites de la Operación Pallaresa, el primer pelotazo de la trama que generó un beneficio de 12,9 millones, a sabiendas de que beneficiaría a unos particulares.
El informe también señala a Imanol Pujana, actual gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y entonces director de Proyectos de la alcaldía de Santa Coloma. "Informó favorablemente de las plusvalías" pese a que estas "suponían un beneficio directo para la empresa promotora", afirma el informe, en el que también se recuerda que Pujana se reunió en 2009 con el cerebro de la trama, Luis Andrés García, Luigi, para amañar supuestamente el concurso de un tanatorio en Sant Adrià de Besòs.
Intereses coincidentes
Otro cargo al que la Guardia Civil relaciona con el caso es Enric Camps, "economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal durante la modificación" para el pelotazo de la Operación Pallaresa. Cuando declararon como testigos, Camps y Ezquiaga explicaron que la modificación adoptada en el pleno "fue la menos gravosa para la continuación del proyecto". Los investigadores, sin embargo, destacan que "la verdadera realidad" es que "esta posición coincide plenamente con los mejores intereses de Luigi.
Las operaciones supuestamente delictivas se tramaron en torno a la empresa municipal Gramepark de Santa Coloma de Gramenet. Manuel Sierra, su gerente, fue destituido hace unos meses por la Oficina Antrifraude de Cataluña. La Guardia Civil también ha puesto el foco sobre él, así como sobre el director financiero, Pere Massenet.
* El País - 5.07.10
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ayuntamiento - foro-ciudad.com
El presunto espía que surgió de Mendaro
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ELCORREO/Guipúzcoa* : «Dinámico, activo, resolutivo, osado..., pero también temerario». Este es el retrato robot que hacen personas que conocen de cerca a Antton Zubiaurre; un «personaje» -así lo definió el viernes Josu Erkoreka, portavoz jeltzale en el Congreso- cuyo curriculum está lleno de estadios variopintos. Maestro industrial de formación, administrativo en la cooperativa de máquina-herramienta Danobat, alcalde de Mendaro por el PNV, director general de Sprilur -la sociedad del Gobierno vasco dedicada a la gestión de suelo industrial-, padre de un futbolista que se hizo más famoso en los juzgados que en el terreno de juego y, más recientemente, presunto espía.
Él es el principal sospechoso en una supuesta trama de seguimiento informático a la actividad del actual Ejecutivo, descubierta por una investigación judicial desarrollada por la Ertzaintza y que, según ha trascendido hasta ahora, ha afectado a altos cargos de la Spri, un grupo dependiente del Departamento de Industria. Sus ordenadores habían sido manipulados con un programa espía, que permitía el acceso no autorizado desde el exterior y la visualización de su contenido.
El director técnico de Sprilur, Pedro García, fue el primero en detectar algo extraño. Un domingo de marzo había enviado desde casa, a través de su portátil de trabajo, un email. Al día siguiente, al llegar a su despacho, encontró en su bandeja de correo electrónico una notificación de «mensaje recibido»; pero no la remitía su interlocutor, sino Zubiaurre, que está en libertad con cargos, al igual que su ex chófer I. U., después de haber prestado declaración ante la juez que lleva el caso.
¿Cuál es la conexión de este experto en gestiones urbanísticas con la informática? Nadie la conoce todavía. Ésa es una de las muchas preguntas que se esconden tras el secreto del sumario.
Denuncia
Más interrogantes sobre episodios similares se abrirán en los próximos días. Juan Gárate, responsable de la empresa Gurelan, de Mendaro, tiene el propósito de pedir formalmente a la Ertzaintza que reabra una investigación cerrada sin resultados hace varios años para comprobar si tiene alguna vinculación con lo que ha sucedido ahora en la Spri. La compañía, dedicada a la fundición a presión, presentó una denuncia ante la Policía autónoma después de que intentase 'bombardear' su sistema informático alguien que, a través de una llamada telefónica, se hizo pasar como un posible cliente. El interlocutor se comprometió a enviar un archivo informático con los planos de una pieza para que Gurelan le presupuestase su fabricación. El archivo llegó desde una dirección difícil de ubicar -un hotmail-, pero su contenido era en realidad un virus, según pudo verificar Panda Software, una firma especializada en seguridad informática. Una posterior llamada con un mensaje enigmático que hablaba de rencillas, peligros y persecuciones, y un nuevo reenvío del virus pusieron punto y final a la peripecia.
La Ertzaintza no fue capaz de trazar el origen de aquel email envenenado. Responsables de Gurelan siempre pensaron que detrás de aquella maniobra se encontraba una «mano negra».
El empresario Juan Gárate movilizó a buena parte de Mendaro en las elecciones locales de 2003 para descabalgar al PNV del Ayuntamiento y acabar con los «manejos urbanísticos» en la localidad. En aquellas fechas, Zubiaurre era concejal de Urbanismo, un cargo que ejerció durante cuatro años tras haber abandonado la alcaldía en 1999. La operación culminó con éxito ya que, de los 9 concejales en disputa, los jeltzales sólo consiguieron 3 y la candidatura MTI -Mendaroko Talde Independientea- se hizo con los 6 restantes.
Apoyado por el GBB
Tras desempeñar esas funciones, Zubiaurre dejó la Corporación para dedicarse a la dirección de Sprilur. Fue el Gipuzku buru batzar (GBB) quien aconsejó al lehendakari Juan José Ibarretxe que incorporase a este militante a su equipo al considerar que había hecho «una gran labor» en el desarrollo de polígonos industriales en Mendaro y merecía una 'promoción' profesional.
Ese aterrizaje con el aval de la ejecutiva guipuzcoana del PNV explica que hasta 2008, cuando fue apartado de la gestión pública, ejerciese como una especie de rey Midas en su pequeño pero influyente territorio de Sprilur. «Hacía y deshacía a su antojo. Ninguno de los directivos de la Spri -el grupo del que depende la sociedad que gestionaba- tenía capacidad de control sobre él. Iba a su aire, nadie le frenaba», asegura un ex alto cargo del Departamento de Industria de la época. «Tenía una gran autonomía para contratar las obras de Sprilur -recuerdan en la Administración vasca- y la mayor parte de las adjudicaciones se las dio siempre a dos constructoras muy ligadas al PNV. Una de Guipúzcoa y otra de Vizcaya».
Pero en 2008 la consejera Ana Agirre se cansó y aprovechó que Zubiaurre había perdido todos sus apoyos políticos en el aparato jeltzale -al que llegaron insinuaciones sobre supuestas irregularidades en su gestión- para pactar una retirada honrosa. Los tres infartos que había sufrido ofrecían una cobertura perfecta para justificar su relevo «por razones de enfermedad» y permitían echar tierra sobre algunos episodios preocupantes.
El último, ocurrido tan sólo unas semanas antes de su cese, fue la decisión de Zubiaurre de enviar un correo electrónico con el logotipo de Sprilur a numerosos directivos de empresas privadas, «recomendando» la contratación de una operadora de telefonía de la que aseguraba ser accionista, según las fuentes consultadas.
Operación inmobiliaria
«Cuando llegó a Sprilur -asegura un vecino de Mendaro que conoce bien las andanzas de su ex alcalde- Zubiaurre no tenía un duro. Pero poco a poco comenzó a ser un personaje que manejaba mucho dinero. Pronto apareció con un Audi A-8, jactándose de que le había costado 14 millones de pesetas. Luego vino un chalet nuevo con la última tecnología en domótica. Las comidas en el Landa -un restaurante conocido de la localidad- también empezaron a ser habituales e incluso alguna que otra fiesta salida de tono con la cuadrilla».
En el seno del Gobierno vasco están convencidos de que, al menos en parte, el espionaje sobre los ordenadores de la dirección de la Spri tenía motivaciones políticas no del todo definidas. En el PNV, sin embargo, creen que se trata de «una peripecia más de alguien que cogió velocidad y perdió los frenos». Después de lo acontecido con el ex senador jeltzale Víctor Bravo -inmerso junto a su hermano en varios escándalos de supuesta corrupción ligados a la Hacienda foral guipuzcoana-, en la dirección del partido se ha instalado una especie de reflejo condicionado de Paulov: cada vez que un militante que ocupa un cargo público aparece conduciendo un Porsche, se encienden las alarmas. Zubiaurre se compró uno hace un par de años.
«Quiso hacer en Mendaro una operación inmobiliaria al estilo Marbella», recuerdan en la localidad. Primero como alcalde, y luego como concejal de Urbanismo, impulsó la modificación del planeamiento del pueblo para recalificar como urbanizable una importante extensión de terreno rural. «Era una barbaridad. En aquellos momentos Mendaro tenía poco más de 700 viviendas y se planteaba la construcción de más de 800», apuntan personas que le han tratado. La operación, que acabó en los tribunales y que la Corporación gobernada por los independientes consiguió reconducir para anular la recalificación, tenía un pequeño detalle: una parte importante de los terrenos afectados eran propiedad del propio Zubiaurre y de su familia.
Hay quien asegura que «si ha perdido los frenos» es por las dificultades económicas que se derivaron del escándalo judicial que rodeó el tortuoso fichaje de su hijo Iban por el Athletic, cuando aún estaba ligado por contrato con la Real Sociedad y que ha costado al futbolista 2,5 millones de euros de indemnización al club guipuzcoano, los abultados honorarios de abogados y varios pleitos pendientes de reclamaciones de cantidades por parte de su representante.
¿Está implicado Zubiaurre en el espionaje a la Spri? ¿Qué beneficio podría sacar de ello? Esas preguntas son las que trata de aclarar la juez.
* El Correo - 4.07.10
Foto: Mendaro (Guipúzcoa) - wikipedia.org
A Coruña.- Parking O Parrote: ¿Y ahora quién va a tapar este boquete?
ELMUNDO* : Corría el año 2002. La ciudad de A Coruña se enfrentaba a uno de sus grandes retos, la construcción definitiva, la panacea de la modernidad: un enorme parking situado en pleno casco urbano, destinado a acabar con el via crucis de comerciantes y residentes que no encontraban dónde dejar su coche en una de las ciudades de mayor concentración urbana en Europa. A Coruña soñaba con el parking de O Parrote. Tardó más de lo esperado, pero por fin empezaron a sonar excavadoras y las palas mecánicas retirando la tierra del inmenso solar. Se hizo el ansiado boquete pero nunca se llegó a tapar. ¿Las razones? Burocracia, por un lado e intereses económicos, por otro.
Falta de entendimiento entre el Ayuntamiento, responsable de la licitación de la obra, y la Autoridad Portuaria, concesionaria de los terrenos. Y la guinda del pastel: un hallazgo arqueológico que propició la aparición de la Xunta de Galicia y su Dirección de Patrimonio Histórico.
Ha pasado el tiempo, los sillones de gobierno han visto cómo iban y venían diferentes arquitectos, políticos y constructores. A Coruña lleva con las tripas abiertas más de ocho años. Ésta es la cronología de su agujero negro.
Año 2002
En 2002 la Autoridad Portuaria avisa de la convocatoria de un concurso para la construcción de un parking en O Parrote, una zona situada en pleno casco histórico, muy cercana al mar y a las calles más turísticas de la ciudad. A los concursantes se les pedían tres condiciones: estacionamiento para 700 coches, prever una instalación de un centro comercial de dos plantas y un vial subterráneo que ocultara el tráfico para convertir La Marina, la zona más fotografiada de A Coruña, en peatonal.
Año 2003
El 31 de julio de 2003 se otorga la construcción a Copasa. Y se anuncia la construcción de dos parkings subterráneos, no sólo uno: el de O Parrote, con una inversión de 9,4 millones de euros, y el de As Ánimas, de 4,9 millones. En total más de 800 plazas de aparcamiento en una misma zona que, poco después, comenzaron a venderse a unos compradores que no sabían la que se les venía encima.
La concesión de las obras tardó más de un año en ser adjudicada. Su comienzo tardaría cuatro años más.
De 2004 a 2007
Durante este tiempo, los protagonistas del proyecto se pasan el problema de unos a otros como una patata caliente.
La Autoridad Portuaria acusa al Ayuntamiento local del retraso de la obra. El Ayuntamiento, a cuyo frente se encontraba entonces el socialista Francisco Vázquez, da largas a la actuación. ¿La razón? Multitud de contratiempos: pequeños hallazgos arqueológicos, vecinos que recurren a los tribunales y cambios en el proyecto inicial. ¿El resultado? En mayo de 2005 las obras del aparcamiento de O Parrote ni siquiera tenían licencia municipal.
2007 y 2008
Comienzan por fin las obras, que no tardarán mucho en detenerse. Los peones que trabajaban en la excavación se encuentran ese verano con algo extraordinario: aparecen los restos arqueológicos de una muralla que protegía la ciudad, un auténtico baluarte del siglo XVIII.
La presencia de esta fortaleza está perfectamente documentada desde hace más de un siglo, pero los responsables de la Autoridad Portuaria insisten en que su hallazgo fue toda una sorpresa. Ni siquiera se advirtió de su posible existencia durante la prospección del terreno.
Entra en escena la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que exige la protección y conservación de los restos arqueológicos. Como consecuencia, hay que rediseñar el proyecto y limitar el número de plazas de aparcamiento programadas, lo que reduce la rentabilidad del aparcamiento de O Parrote.
Las obras se detienen. Tanto, que a día de hoy no se han reanudado.
2009
2009 fue el año de los buenos propósitos. Empezó con la propuesta de la empresa Klaus Iberia de crear un parking robotizado para apilar los coches. La idea contó con el beneplácito de la Xunta y del gobierno local: resultaba más barata y se añadían unas 200 plazas más. No siguió adelante.
A finales de ese año, también un grupo de arquitectos presenta otra alternativa al problema. PP, PSOE, BNG, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento fueron todo oídos. Según ellos, lo importante era tapar el agujero cuanto antes. Tampoco esta propuesta vio la luz.
Lo que sí ocurrió es que O Parrote se convirtió en el parking de las dagas voladoras, de echar la culpa al vecino porque nadie quería hacerse responsable.
Javier Losada, heredero del mandato de Francisco Vázquez y actual primer edil coruñés, aseguraba que el parking era “competencia de la Autoridad Portuaria y de la Xunta de Galicia” por dictaminar que se conserven las murallas encontradas. Desde el consistorio de María Pita se desvinculaban así del problema.
El Puerto lo tenía claro: la culpa era del Ayuntamiento, que pospuso el comienzo de las obras hasta 2007, aunque su adjudicación se había hecho en 2003. Todo un récord en licitación de proyectos.
2010
Y llegamos al presente año, marcado por diferentes propuestas por parte de la Autoridad Portuaria, ninguna de ellas plenamente satisfactoria para vecinos, gobierno local y partidos políticos.
El Puerto arranca el año lanzando una nueva idea. Debido al recorte de las plazas de aparcamiento pedía repartir sus 3.000 metros cuadrados de superficie comercial en seis edificios distintos.
El problema era que uno de ellos superaría la rasante del Parrote y, por lo tanto, tapaba las vistas al océano de una zona monumental. El Ayuntamiento advierte de esa barrera visual y el Puerto decide enviar el borrador, aún así, a Urbanismo.
En marzo, la cuestión gira en torno a esta superficie comercial; el PP se opone en redondo. Carlos Negreira, su portavoz municipal, insiste en que hay que dejar libre un área “emblemática y esencial para la ciudad”. Los colectivos vecinales se llevan las manos a la cabeza: ¿cómo van a tapar las vistas al mar por un centro comercial más? Según ellos, sobran.
Desde la Xunta, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, tampoco se muestra entusiasmado con el tema. Un mes después el Ayuntamiento lo rechaza. Obdulia Taboadela, concejala de Urbanismo, da dos opciones a la Autoridad Portuaria: indemnizar a Copasa por la pérdida de plazas de aparcamiento por la muralla o prolongar el número de plazas de manera subterránea por el paseo marítimo para no desembolsar ese dinero.
El último episodio
El Puerto se sienta por enésima vez a rediseñar el proyecto, esta vez sin centro comercial. Pero días después su presidente, Enrique Losada, confiesa que la Autoridad Portuaria no tiene liquidez para pagar la indemnización a Copasa.
El último capítulo del culebrón coruñés es una propuesta por parte del Puerto: están dispuestos a renunciar al aprovechamiento comercial siempre y cuando el Ayuntamiento les ceda un equivalente en otro lugar.
Ahora todos se preguntan qué va a ocurrir. Hace ocho años que empezó el problema, tres desde que los coruñeses renunciaron a pasear por una de sus zonas favoritas junto al mar.
La Autoridad Portuaria parece querer defender sus intereses con uñas y dientes a costa del bienestar de la ciudad. El Ayuntamiento defiende esos intereses a costa de mirar hacia otro lado.
El uno por el otro y el boquete sin tapar.
* El Mundo - 5.07.10
Foto: El aparcmiento arrastra una retahíla de denuncias - elmundo.es
El fiscal solicita un año de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Colmenar
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SUR/Málaga* : El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito sobre la ordenación del territorio. El fiscal considera que el regidor concedió una licencia sin ejercer sus competencias disciplinarias en materias urbanísticas ya que era conocedor de que la edificación que se iba a construir no era agrícola.
El ministerio público basa su acusación en que al solicitarse la licencia de primera ocupación se aportó por parte del solicitante un croquis de la distribución de la vivienda (salón-comedor, cocina, baño, aseos y tres dormitorios) "por lo que era evidentemente que no era una edificación agrícola".
En el relato acusatorio, se explica que existía un informe favorable de la arquitecto técnico municipal, (que también está procesada en este procedimiento) pero que el regidor "fue conocedor de la discordancia absoluta entre lo que se solicitaba y la normativa urbanística".
Además del alcalde en este procedimiento hay siete personas más imputadas, entre ellas, cuatro arquitectos, la pareja que promovió el edificio y el individuo que lo ejecutó.
En el escrito acusatorio se explica que la acusada, A.B.A., como arquitecto-técnico municipal del consistorio, informó favorablemente pese "a la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística".
Por ello, el fiscal pide en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Efe, que se le condene a un año de prisión por un delito sobre la ordenación del territorio. Para los otros tres arquitectos se les pide a dos de ellos, P.F.V. y J.P.P., un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos por un delito sobre la ordenación del territorio al ser los responsables de la dirección técnica y facultativa de la construcción de la vivienda.
Y al otro, M.A.L.G., cuatro años de cárcel, veinte meses de multa y que se le prohíba ejercer la profesión de arquitecto, técnico o superior durante el tiempo de la condena por un delito de falsedad.
Supuestamente este último arquitecto, confeccionó en julio de 2004 un documento "de forma ficticia" que atestiguaba que la construcción gozaba de una antigüedad superior a los cuatro años, pese a que las obras acababan de finalizar.
Con este documento, los dueños de la vivienda pretendía dar a lo ilícitamente construido, apariencia de legalidad y permitir el acceso de la construcción al registro de la propiedad, para gozar de las garantías y derechos que otorga la protección registral.
A la pareja que promovió la vivienda unifamiliar se les pide cinco años y seis meses de prisión a cada uno de ellos, por los delitos de falsedad y sobre la ordenación del territorio ya que actuaron "con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo fingido y por todos maquinado y planeado".
* SUR - EFE - 4.07.10
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es
¿Qué plan Rabassa?, o del urbanismo como materia literaria
MANUEL ALCARAZ RAMOS/Alicante* : Cinco años llevo ocupándome, como alicantino amateur, del bendito Plan Rabassa, que tan distraído es, y puedo asegurar que casi todas las novedades han ocurrido en períodos vacacionales, prevacacionales u otras fiestas de guardar. En ello veo su carácter de maldición bíblica, que nos obliga a algunos a ir con la lengua fuera buscando información, reelaborando argumentos y escribiendo artículos en vez dedicarnos al solaz y la contemplación. O sea, que pasadas las Hogueras y ascendido el Hércules, se nos dice que hay un Auto del TSJ que levantaría la suspensión cautelar sobre el plan. Como cuando escribo esto no conozco el contenido del Auto y ya bastante liada está la cosa jurídica, no me meteré en esas honduras, que nada hay más ingrato que glosar un texto legal ignorado y deducir de ello conclusiones definitivas. Los hay capaces de eso y de mucho más, pero yo no.
El asunto es que hoy el plan no estaría suspendido, mañana no lo sabemos y pasado tampoco. Porque aunque se levantara esa suspensión nada impediría al TSJ volverla a decretar inmediatamente, y tanto más cuando los recurrentes aún no han formulado sus demandas definitivas. La imagen de unos señores, ataviados de togas, en pleno verano, dilucidando todos los entresijos de una cuestión judicial más compleja que el Estatut de Catalunya, me provoca un escalofrío de solidaridad. Por nadie que pase. Aunque, vete tú a saber, la decisión ulterior puede tomarse para Navidad, o para las próximas Hogueras. Nadie es ya dueño del tiempo en esta cosa tan rara. Lo que nos aleja un paso más de la realidad y aproxima el Plan Rabassa a la materia literaria: escrita por Borges, KafkaCalvino es algo que dejo a los gustos del lector.
Pero eso no es lo más grave: la dilución absoluta de la realidad afecta al Plan Rabassa en sí, en cuanto que proyecto urbanístico, en cuanto que dibujo, en cuanto que álbum de infografías, en cuanto que máquina generadora de ideas autolegitimadoras. Porque los jueces, ahora o luego -y, desde luego, definitivamente será muy luego-, dirán lo que tengan que decir sobre un plan que, en su esencia, ya no existe. En realidad nunca ha existido. Porque nunca pasó por la cabeza de sus defensores principales que se fuera a construir esa aberrante ciudad que haría de Alicante su suburbio fundamental. Se trataba -lo dijimos, y nos atacaron unos cuantos- de controlar millones de metros cuadrados para estar en disposición de organizar otros muchos cotarros. Pero como no se podía asumir públicamente, se aludió a la urgencia de las casas, y, en especial, de VPO: ¿es preciso recordar las martingalas y promesas, todas incumplidas, que nos fueron colocando? Pero lo mejor estaba por llegar. Y llegó exactamente en el momento en que se produjo la aprobación del plan y los que controlaban, al fin, el suelo, podían pasar de las musas al teatro. Y se nos apareció Ikea, rodeada por dos ángeles megacomerciales. Good bye, VPO.
O sea: que lo que los magistrados tienen que enjuiciar es un plan que nunca se hará, por más que levanten la suspensión y lo bendigan con agua del Jordán. Si el Auto dice que bien, que, provisionalmente, puede tirarse para adelante: ¿veremos alguna excavadora preparando cimientos antes de que acabe el año? Por supuesto que no, que debajo ya no hay tesoros. Lo más que veríamos sería acelerar la tramitación de los centros comerciales que para eso Ikea se encarga de elaborar los informes pertinentes sobre tráfico e impacto comercial en una muestra exquisita de cuidado por lo público. ¿O alguien imagina que unos informes pagados por la multinacional desaconsejarán su instalación?
Pero es que lo que el TSJ tiene que decidir es la idoneidad jurídica de un planÉ ¡en el que no está Ikea! Para entendernos: de los 4,2 millones de metros el plan ya perdió varios centeneres de miles para uso ferroviario (AVE) y ahora Ikea y los macrocentros, con aparcamientos y viales, se llevaría otra parte considerable. ¿Qué queda, pues, de lo aprobado?, ¿qué queda de aquellos proyectos tan bonitos con los que se nos saturó publicitariamente hace unos meses? Más sustantivamente: ¿alguien puede decir cuántas viviendas caben tras estas cosas?, ¿cuántas serían VPO?, ¿cómo se redefinen las zonas verdes y otros equipamientos?, ¿existen estudios que nos digan cuándo habrá demanda de vivienda para lo que sea menester? El nuevo PGOU, el de los tristes destinos, se ha ido hacia la Generalitat sin haber arreglado la integración del plan, con o sin Ikea, y la inclusión de éste -nueva máquina de legitimar el desaguisado- precisa de una reforma del plan parcial: ¿pero cómo podrá hacerse si persiste la suspensión o si se presentan nuevos recursos?
¿Qué queda, después de todo esto, aparte de crispación, ilusiones perdidas y togas sudorosas? Pues no se sabe. Nadie lo sabe. Quizá un auto sacramental que regule macrocentros de protección oficial, lagunas trastocadas en fiordos suecos, 4 millones de viviendas o 14.000 aparcamientos. Basta con que baile un concepto para que lo que se suspenda, se apruebe o se prohíba, nos lleve directamente al País de Nunca Jamás. Pero, en fin, dejémoslo aquí: no debemos especular con el Plan Rabassa.
* Información - Opinión - 4.07.10
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