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ELPAÍS/Lugo* : Ayer por la mañana, la familia Parada Buján, de Palas de Rei, se quedó sin casa. Desde primera hora, por si se calentaban los ánimos, un furgón de la policía hacía guardia con varios agentes en el lugar, pero la piqueta no empezó a actuar hasta bien pasado el mediodía. La empresa de demoliciones les había dado un margen a los propietarios para rescatar lo rescatable de la construcción, ventanas, puertas y otros elementos que, en el futuro, si la economía doméstica respira, reutilizarán en un nuevo hogar. Claro que, de momento, el panorama se presenta negro: los Parada, un matrimonio con dos hijos, vecinos de Ximonde (Vilar de Donas, Palas) de toda la vida, dormirán en adelante apretándose en casa de los abuelos porque José, el cabeza de familia, de 58 años, es parado de larga duración.
Lo cierto, según explicaba ayer un cuñado, es que "no tienen ningunas posibilidades económicas" y nunca las han tenido. Por eso, en 1996, empezaron a construir su vivienda "con una licencia para hacer un alpendre, como se hacían siempre las cosas aquí". Alrededor, "todo eran fincas libres, a prado", pero poco después otros vecinos "empezaron a plantar árboles" y en la última revisión el terreno "pasó a ser considerado masa forestal". "Nunca", desde el Ayuntamiento, "les llamaron la atención" a los propietarios, que "hasta tenían luz", traída hasta la casa "con permiso" del consistorio. Nunca pensaron que la piqueta, tan poco activa con las ilegalidades perpetradas en Galicia, fuese a tirárselo todo.
Pero hace unos dos años, porque no habían podido pagarla antes, "le pusieron la cubierta". Y entonces, vino "la denuncia" por parte de "alguien" que la familia no quiere especificar para no buscarse más "problemas". "No fueron los vecinos, y tampoco el Ayuntamiento", aclaran. La cuestión es que "hace año y medio", según los propietarios, el juzgado dictó la orden de derribo, pero no volvió a saberse nada hasta ahora, cuando de forma precipitada tuvieron que recoger los bártulos de su vida. "Nos avisaron hace una semana de que iban a demoler la casa", explicaban ayer, afectadísimos, mientras veían cómo lo perdían todo.
* El País - 22.10.10
Foto: Derribada en una aldea de Palas la vivienda de una familia en paro - elpais
Derribada en una aldea de Palas la vivienda de una familia en paro
El colectivo 'Córdoba, ahora o nunca' reclama la demolición del cien por cien de las naves de Colecor
20MINUTOS* : El colectivo 'Córdoba, ahora o nunca', constituido en Facebook y con cerca de 600 'amigos', ha hecho pública una demanda, suscrita por una treintena de sus miembros, entre ellos arquitectos, arqueólogos, ecologistas, políticos y ex responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, reclamando la demolición del cien por cien de las naves de Colecor.Dicho escrito, colgado en la página de Facebook de dicho colectivo y publicado este jueves como artículo de opinión en 'El Día de Córdoba', expresa su "más rotundo desacuerdo" a "la aprobación, por parte el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, del Plan Especial de la Carretera de Palma", ya que "dará cobertura legal a las naves construidas ilegalmente por Rafael Gómez Sánchez".
Por ello, antes de que el Pleno municipal refrende dicho acuerdo, se hace esta denuncia pública por los firmantes del mencionado escrito, entre los que se encuentran el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento José Rafael Navarro (IU), la abogada, ex secretaria general de la GMU y ex delegada de Justicia y Administración Pública de la Junta en Córdoba, Mercedes Mayo (PSOE), el ex edil y ex senador socialista y hasta hace poco presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Pedro Rodríguez Cantero, o el histórico ecologista y dirigente de Los Verdes de Andalucía, ex edil y ex director general de Educación Ambiental de la Junta y ahora coordinador general del Foro para el Desarrollo Sostenible de Andalucía, José Larios, entre otros.
A juicio de los firmantes, "una actuación de este tipo, en la que la falta de diligencia de la Administración hace que 40.000 metros de naves se levanten delante de las narices de todos sin poder/querer evitarlo, que no se inicie y se haga seguimiento a un expediente impoluto que desemboque en la imposición y cobro de una multa ejemplar y la demolición de lo edificado, provocan desconfianza en una administración débil, que no es capaz de imponer el cumplimiento de unas normas básicas de funcionamiento de nuestra sociedad".
También se opone el colectivo a la aprobación final del Plan Especial "por la manifiesta ilegalidad en la que se esta incurriendo", ya que "la sentencia del TSJA dejó bien claro, en su fundamento de derecho décimo, que este Plan Especial, en tanto desarrolla las determinaciones del PGOU, no puede contradecirlo ni innovar sus determinaciones estructurales, de ahí que no pueda desconocer las prohibiciones de uso que para el suelo que ordena (suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir) establecidas en el propio PGOU, estando prohibido para este tipo de suelo las industrias de almacenaje que requieran un gran consumo de suelo".
En consecuencia, "cualquier informe que se haya hecho justificando esta circunstancia es un informe presuntamente ilegal a sabiendas de su ilegalidad y con una clara responsabilidad para el funcionario que la suscribe".
Además, tampoco es aceptable, "por la incoherencia en relación a las parcelaciones ilegales. ¿Qué le dirá el Ayuntamiento a partir de ahora o a quien le pida legalizar sus 120 metros cuadrados de vivienda?. Todo lo avanzado hasta el momento en la pugna con las parcelaciones ilegales, cuyos propietarios exigen derechos sin haber cumplido con sus deberes y por tanto sin razón, se viene abajo por esta actuación incoherente".
De hecho, según los firmantes, "los tres partidos con representación en el Ayuntamiento (IU y PSOE en el gobierno y el PP en la oposición) han llegado por distintas vías a la misma posición de facilitar cobertura legal a las naves y todos se equivocan defendiendo unos intereses que, ni son los de la mayoría de la población, ni coinciden con el interés general". El Plan Especial ha sido dictaminado favorablemente el consejo rector de la GMU con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención del PP.
En consecuencia, los firmantes concluyen solicitando "que sean revisadas las conclusiones del Plan Especial, con el fin de alcanzar la restitución de la realidad preexistente, esto es, la demolición del cien por cien de lo construido y a la nueva Consejera de Obras Públicas y Vivienda una actitud pro-activa en la consecución de este objetivo".
* 20 Minutos - EP. - 21.10.10
Foto: Córdoba, sede Arenal 2000 - córdoba
El Plan Urbano de Llanes anulado por el juez ni siquiera entró en vigor, según el Supremo
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LNE/Asturias* : El Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes no sólo está anulado, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2007. También es «ineficaz», es decir, en realidad nunca entró en vigor, según una sentencia reciente del Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso -administrativo del alto tribunal considera que el planeamiento urbanístico del concejo llanisco no tiene aplicación por un defecto de forma, al no haberse publicado correctamente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) el informe positivo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
El Supremo acepta, de esta forma, el argumento del representante legal de la Junta de Compensación del plan parcial de La Talá, el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, que recurrió en su día contra el Plan General. En primera instancia, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso, que ha sido admitido en casación por el Supremo.
A grandes rasgos, el alto tribunal cuestiona la costumbre de la CUOTA de publicar en el BOPA sólo la parte literaria de sus informes, dejando de lado los planos y fichas que normalmente acompañan e ilustran los textos. El Supremo precisa que «la línea jurisprudencial reciente señala que cuando las fichas incluyan determinaciones con un claro valor normativo resultan de obligada publicación».
«Quiere esto decir», recalca el tribunal, «que cuando las normas urbanísticas no resultan descifrables ni entendibles por sus constantes remisiones a las fichas, haciendo de éstas no un instrumento auxiliar de la norma, sino un elemento esencial para su comprensión, al tiempo que se les confiere un contenido normativo impropio (...) les alcanza la exigencia de la publicación, que se extiende a todo cuanto tenga contenido normativo».
En concreto, la sentencia del Supremo critica que no vengan detallados en el informe publicado «los distintos ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado», ni se precisen «las características básicas específicas de cada uno de ellos, como el aprovechamiento urbanístico, usos o niveles de intensidad». Esa información está contenida en las fichas no reflejadas en el BOPA, con lo que el tribunal concluye que la publicación del informe es «incompleta».
En consecuencia, el Supremo acepta el recurso contra el acuerdo de la CUOTA que aprobó el Plan Urbano, «que declaramos ineficaz hasta que se proceda a su completa publicación, incluyendo las fichas y planos con contenido normativo».
La sentencia no sólo tiene relevancia en el concejo llanisco, ya que en teoría inhabilita al Ayuntamiento a conceder licencias urbanísticas por carecer de Plan Urbano, sino que abre la puerta a posibles recursos contra los planeamientos de otros concejos.
Los tropiezos jurídicos del urbanismo de Llanes no se limitan al plan anterior. Hace unas semanas se conoció que otra sentencia, en este caso del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo, anulaba la adjudicación de la redacción del nuevo PGO al Grupo Malt, S. L., declarando nula la resolución de la Alcaldía a tal efecto y admitiendo el derecho de la parte recurrente a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Llanes con la cantidad de 19.200 euros.
* La Nueva España - 22.10.10
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com
La juez del 'caso Mercasevilla' imputa al primer alto cargo del Ayuntamiento
ELPAÍS* : La juez del caso Mercasevilla ha imputado al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena. Actual vicepresidente de la Asociación de Interés Económico de las empresas municipales, Marchena es uno de los dirigentes de máxima confianza y amigo personal del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). La magistrada ha imputado asimismo a la subjefa del Servicio de Licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, técnica responsable del área y pone en entredicho la gestión de ambos. Con las imputaciones, la juez busca aclarar el proceder de Urbanismo respecto a los suelos municipales de Mercasevilla, su concurso público, y las acusaciones realizadas por el promotor de Larena98, Antonio Pardal, en contra de Marchena.
Larena98 poseía los derechos de suelo de Mercasevilla y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero nunca obtuvo la licencia de obra para construir en ese terreno. Finalmente, tras los desacuerdos con Urbanismo, en 2005 la promotora renunció a los terrenos en favor de Sando. La constructora malagueña logró los derechos del suelo por un millón de euros, al año siguiente ganó el concurso público, obtuvo la licencia de obra, y construyó las naves proyectadas. La juez busca aclarar el concurso que considera "fraudulento" y por qué Urbanismo concedió la licencia a Sando cuando se la había denegado en repetidas veces a Larena98. "Los inculpados resolvieron (...) elaborar un pliego de condiciones que favorecieran claramente a Sando frente al resto de participantes, aunque su oferta económica fuera inferior", cree la juez. Sando se alzó con el concurso pese a que ofreció 106 millones y la constructora Noga 158 millones.
Marchena, uno de los directivos públicos mejor pagados de Andalucía (en 2009 declaró 170.749 euros), difundió ayer un comunicado en el que alega que ya se puso a disposición de la juez el pasado febrero, cuando acudió "de forma voluntaria" a los juzgados para declarar. Pero no llegó a comparecer porque la juez no lo consideró pertinente. "Sigo estando a disposición de la juez para aclarar lo que estime oportuno (..) No he cometido ninguna irregularidad en mi gestión pública y desconozco las causas de la imputación", puntualizó Marchena. El vicepresidente de las empresas municipales, que no quiso hablar más allá de lo aclarado en el comunicado, pedirá personarse en la causa para acceder al sumario.
La concesión de la licencia de obra a Sando es la principal razón de la imputación de Marchena, según fuentes del caso. Pero el directivo también deberá aclarar las acusaciones del promotor Pardal, que aseguró que Marchena le ofreció amañar el concurso de Mercasevilla. "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados", declaró Pardal en sede policial y luego ratificó en el juzgado. El promotor abandonó el despacho de Marchena con los impresos para las ofertas "por cortesía", pero sabía que no participaría porque "su empresa no se dedica a construir viviendas".
Pardal aseguró haberse reunido con el alcalde cuatro veces para intentar desbloquear la situación. Pero le exculpó de conocer la oferta de concesiones ilícitas. "Me dio la impresión de que era un hombre desbordado por los acontecimientos. Se mostró harto del asunto", dijo sobre Monteseirín a la juez. El empresario acusó también a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey, a lo que accedió y "aportó cuatro o cinco millones de pesetas".
Las acusaciones de Pardal contra Marchena están basadas en su relato, al cual podría oponer su versión el ex gerente de Urbanismo y tumbar sus argumentos, ya que de momento no existen más pruebas en su contra porque Larena98 no ganó ningún concurso de VPO, según fuentes del caso.
* El País - 22.10.10
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
El Concello de Vigo abre la vía para legalizar las torres de García Barbón
LAVOZDEGALICIA* : La Gerencia de Urbanismo de Vigo ha aprobado esta mañana la concesión de licencias para las torres de García Barbón, edificios que tienen una orden de derribo desde 1996 por no ajustarse al anterior PXOM. Con este trámite, el Concello de Vigo abre la vía de la legalización de las torres Ifer, de 17 alturas, cuyo derribo había sido ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza a pesar de su inclusión en el actual plan urbanístico.
Además de la concesión de las licencias de las torres, donde está la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, se va a presentar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un incidente de inejecución, esperando que la Justicia acepte la solución y anule la orden de demolición del edificio, que alberga 170 viviendas.
Aunque el Concello trató de legalizar las torres incluyéndolas con su actual configuración en el nuevo Plan Xeral, al igual que hizo con otros casos como el del edificio de Jacinto Benavente, el Tribunal Superior de Xustiza consideró que no era suficiente. En la sentencia recordaba que el edificio supera en altura la que autorizaba el estudio de detalle de la zona y también el máximo previsto por el Plan Xeral anterior, vigente cuando se aprobó y ejecutó este proyecto. Una segunda causa de anulación fue la falta de la firma del secretario municipal en el estudio de detalle y, finalmente, que las torres solo podían construirse si en paralelo se tramitaba la urbanización del terreno de la vecina fábrica de A Metalúrxica, cuyo solar sigue vacío todavía ahora.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha querido matizar esta mañana que esta decisión se ha tomado por imperativo legal y no por voluntad política. El regidor ha insistido en que la ley obliga a adaptarlo al nuevo PXOM y ha querido dejar claro que ha llegado el momento de que en Vigo se acabe la impunidad contra los que incumplen la ley en materia urbanística.
En la sesión de la Gerencia de Urbanismo de hoy también se ha aprobado la suspensión de licencias en el ámbito de la Panificadora y la modificación del Pepri para que el edificio se pueda conservar en su totalidad y se pueda destinar a uso dotacional, es decir, público.
* La Voz de Galicia - 21.10.10
Foto: Vigo, torres - mundoanuncio
Murcia.- Imputan a otras cinco personas en el caso Barraca por su relación con Peñalver
LAOPINIÓN* : La investigación del caso Barraca, la presunta trama de corrupción urbanística que tiene como principal protagonista a Joaquín Peñalver, arquitecto y ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo desde 1999 hasta 2006, avanza en paralelo a la operación Umbra. Otras cinco personas más acaban de ser imputadas por el Juzgado de Instrucción nº4 de Murcia, que instruye el sumario, por su supuesta relación societaria con el que fuera número tres de Urbanismo y acusados de un delito de cohecho y tráfico de influencias.
El auto dictado por el juzgado, al que ha tenido acceso esta redacción, establece que los nuevos imputados son Evaristo Vicente Candela, ex administrador de Promociones Broncho, Imagen Valenciana y Promociones Bamendi; Antonio Paredes Coves, administrador de Salpa Milenium; José Díaz García, presidente de la mercantil José Díaz García y Juan Carlos Zapata Triviño y Francisco Ginés Zapata Triviño, administradores mancomunados de la mercantil Promociones y Construcciones Zapata.
Estos nuevos imputados se suman a los otros catorce que ya había en este caso, algunos de ellos parientes del propio Peñalver, como su mujer, Sandra de la Puente; su padre, Joaquín Peñalver Ruiz, o su suegra, María Dolores Vázquez Sánchez, por lo que son ya 19 los acusados de integrar la presunta trama de corrupción, cuya investigación se inició hace casi cuatro años.
Según consta en el escrito fiscal que sirve de base al juzgado para ampliar las imputaciones en el caso Barraca, tanto Evaristo Vicente Candela como Antonio Paredes Coves, «tienen numerosas relaciones con Joaquín Peñalver y familia, al tiempo que gestionan la sectorización de suelos urbanizables que dependen del informe de Planeamiento del Ayuntamiento». También especifica que empresas relacionadas con estos nuevos imputados pagaron directamente al ex número tres de Urbanismo 86.000 euros en 2004 y 58.000 euros a su mujer en 2004.
Asimismo, entregaron 72.333 euros en 2004 a Francisco Peñalver Motas, hermano del ex jefe de Planeamiento, y 10.848 euros en 2005 a la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados, estudio de arquitectura de la familia del principal encausado en el caso Barraca.
Posteriormente, según relata el fiscal en su escrito, el estudio de arquitectos habría cobrado 1,1 millones de euros en 2005; 162.295 euros en 2006 y 1.2 millones de euros en 2007 de la empresa de uno de los imputados, «al tiempo que Arquitectos Peñalver y Asociados le compra bienes o servicios por valor de 12.000 euros en 2005 y 210.453 euros en 2006».
En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia establece, en el auto en el que detalla los nuevos imputados, que los acusados y sus empresas tienen relación con la compra-venta de terrenos afectados por modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, de las que informaba el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, que cinco días antes de que la Fiscalía abriera diligencias en marzo de 2006 se marchó de la concejalía de Urbanismo en excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años.
Joaquín Peñalver también ha sido imputado en la operación Umbra, que se desarrolló en Murcia el pasado cinco de octubre con la detención de uno de sus socios en el caso Barraca, Renato de Noce; del entonces gerente de Urbanismo, Alberto Guerra y del abogado Higinio Pérez Mateos (el caso Umbra lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 8).
* La Opinión Murcia - 21.10.10
Foto: Alberto Guerra, gerente de la concejalía de Urbanismo, detenido el pasado 5 de octubre en la operación Umbra - laopinión
Cambia el gobierno... ¿las políticas?
JUAN LÓPEZ DE URALDE* : Siempre que hay una remodelación de Gobierno, hay nuevos rostros y con ellos llega una cierta sensación de renovación. Sin embargo la cuestión relevante es si estos cambios suponen o no un giro real en las políticas. Mi punto de vista es que se tratará de una remodelación puramente cosmética, ya que, en general, son los mismos personajes que han acompañado a Zapatero en estos años: Rubalcaba, Trinidad, Pajín….Así que no hay que esperar cambios más allá de una operación fundamentalmente de renovación de caras y de carteras. Además elimina uno de los ministerios que más molestaban a la derecha, el de Igualdad. Ha despertado especial curiosidad el cambio em Medio Ambiente, por la llegada de Rosa Aguilar. Vaya por delante que el cese de Espinosa llega con dos años de retraso, pero en todo caso es bienvenido.
¿Qué va a hacer Rosa Aguilar en Medio Ambiente? Es una incógnita que debería resolver de manera rápida adoptando medidas que habían quedado relegadas. Alguna idea: demoler el Algarrobico, promover las renovables, 30% de reducción de emisiones de CO2….
En definitiva, no hay ya demasiado espacio después de la oleada de políticas antisociales y antiambientalesde ZP, para la esperanza en su nuevo gobierno. Ojalá me equivoque.
* Juantxo.org - 20.10.10
