El primer kilómetro de costa en Galicia soporta 223.000 edificaciones

LAVOZDEGALICIA* : El 60% de la población gallega reside en alguno de los 85 municipios costeros de la comunidad. La presión que ejerce dicho contingente poblacional sobre el litoral gallego propició que justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria hubiese acumulados proyectos para construir 800.000 nuevas viviendas a lo largo de toda la costa. La crisis y las nuevas normas que regirán la ordenación del litoral dejarán gran parte de esos proyectos en el olvido, pero la densidad constructiva que soporta la primera línea terrestre es ya significativa y origen de su histórico maltrato. Según los datos obtenidos vía satélite por la Administración gallega con el programa Sitga, un total de 223.848 edificaciones se encuentran dentro del primer kilómetro de costa, ocupando 5.066,31 hectáreas de terreno en conjunto y un 3,86% de la franja litoral en dicho ancho desde Ribadeo hasta A Guarda. Ampliando el foco, los primeros 500 metros de suelo desde la línea marítima albergan 142.287 edificaciones, y 63.159 si se tienen en cuenta los primeros 200 metros.

Pese a que según esos datos Galicia cuenta aún en el primer kilómetro de la franja costera con 126.116 hectáreas sin asentamientos -aunque soporta en ese espacio viales, muelles y otros equipamientos-, el estado del litoral de la comunidad dista mucho de presentar un estado óptimo. Unas 25.500 hectáreas de mar se han rellenado desde mediados de la década de los ochenta, según denuncia Greenpeace; se prevé duplicar el número de amarres deportivos, pese a contar con mayor volumen de ellos por embarcación que la misma Italia, y la extensión de las urbes grandes y medias busca en el litoral los mejores espacios.

La eterna pregunta

¿Está Galicia a tiempo de recuperar los espacios degradados de su costa o al menos preservar los que se encuentran en mejor estado? Manuel Borobio, director xeral de Sostibilidade e Paisaxe de la Xunta estima que sí, «incluso para proteger los últimos espacios urbanos costeros, que son los más valorados», asegura. El alto cargo de la Administración gallega considera que el Plan de Ordenación do Litoral (POL), que se prevé sea aprobado antes de final de año, se convertirá en la herramienta básica de ordenación de la costa «para todos, participado por todos y que será fuente de la seguridad jurídica que necesita el urbanismo en Galicia».

Borobio admite que es necesario que «los gallegos nos pongamos colorados reconociendo qué se ha hecho mal en la costa para a partir de ahí decidir qué queremos hacer en cada zona, sabiendo exactamente lo que tenemos, y eso lo aportará el POL», mantiene el coordinador de dicho plan.

Javier Garrido, presidente de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, asegura que el sector de la construcción y la sociedad gallega en general necesita saber qué se puede hacer en la costa y qué no. «Nosotros no tenemos suelo en reserva en el litoral. Los promotores proyectan edificaciones allí donde se permite construir y hay demanda, pero necesitamos saber qué se puede hacer en cada suelo y además tener la seguridad jurídica suficiente para invertir sin riesgos añadidos», apunta Garrido.

Uso turístico

Los promotores se sacuden «el efecto demonizador» que su presidente admite que soportan, «pero nosotros queremos lo mejor para Galicia y si entre todos decidimos que no se puede construir a 200 metros del mar y hay que hacerlo a 1.500, perfecto, pero con coherencia en los servicios e infraestructuras que deben acompañar esa medida y no acomplejándose de que esta comunidad debe explotar su potencial turístico en la costa, porque ya está bien de vender toda la vida el centollo y la vieira como únicos imanes para atraer turismo», concluye Javier Garrido, que considera el POL como una herramienta óptima de partida para ordenar un espacio clave para el desarrollo socioeconómico de Galicia.




* La Voz de Galicia - 1.12.10
Foto: La demolición de una estructura en Foz en el 2002 es hasta ahora la mayor realizada en la costa gallega - lavozdegalicia

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El ex alcalde de Alcorcón y sus ediles declararán por corrupción

PÚBLICO/Madrid* : El ex alcalde conservador de Alcorcón Pablo Zúñiga y todo su equipo de Gobierno tendrán que declarar los días 10 y 13 de diciembre en el Juzgado de Instrucción nº4 de esa localidad por un presunto delito de prevaricación. El fiscal les acusa de irregularidades urbanísticas en la aprobación, en 2002, de los planes parciales siete y 12, en la zona de Fuente Cisneros. Según la acusación, el equipo de Gobierno aprobó la construcción de más viviendas de las permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana, redujo el número de viviendas públicas obligatorias y permitió que los promotores no cedieran suelo para equipamientos públicos.

"De las 1.100 viviendas construidas, 550 deberían haber sido de protección oficial pero sólo se hicieron 155 dejando sin posibilidad de un piso de protección a 395 jóvenes", declaró a Público el actual alcalde de Alcordón, Enrique Cascallana. El regidor socialista destacó también que "se duplicó la edificabilidad máxima permitida".

El PP perdió las elecciones de 2003 y la nueva corporación socialista entregó a la fiscalía una serie de informes sobre las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el equipo de Zúñiga. El fiscal ha pedido la imputación del alcalde y de los 13 ediles del PP que votaron a favor de las recalificaciones.

Tendrán que declarar asistidos por un abogado y el juez decidirá si les imputa. De los 14 políticos citados, sólo tres continúan en el ayuntamiento, entre ellos el ahora portavoz de la oposición, Fernando Díaz, que entonces ocupaba la Concejalía de Urbanismo. El PP de Alcorcón declinó ayer pronunciarse.



* Público - 2.12.10
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org

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Ourense.- El Concello deberá asumir el coste por las licencias "mal concedidas" en su momento

FARODEVIGO* : El Concello de Ourense no tiene una estimación de los costes económicos de aquellos expedientes con sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), relacionados con licencias municipales "mal concedidas", pero tiene claro que deberá asumir las responsabilidades, aunque "esperamos que sea la menor posible", como explicó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Así, mientras que algunos casos el Concello tiene responsabilidades directas por haber concedido una licencia, que ampara a los promotores de las viviendas, en otros casos, la situación derivó en ira más allá de la propia licencia, por lo que el Gobierno municipal debe ejecutar la sentencia judicial, como es el derribo de los construcciones que "invadieron suelo urbano", que ejecutarán y cuyo cargo pasarán a los infractores, después de la elaboración del correspondiente proyecto de demolición.

Sostiene Soto que "son tantos los expedientes que tenemos que no hay técnicos suficientes para hacer tantas cosas". Así, aludió al caso del inmueble de la calle del Bierzo, con una sentencia del alto tribunal gallego, ya que cuenta con licencia de obra pero no de ocupación, que el Concello no puede conceder, debido a que se produjo una "alteración" de alineación.
La edil de Urbanismo explica que para poder contar con la correspondiente licencia "deberá modificar la fachada", y que pasaría por "cortar un poco en altura y en fondo", para de esa forma estar dentro de la alineación que concreta en un estudio de detalle que aprobó el Concello, y que podría ser revocado por el juzgado, al entender que debería estar dentro de una modificación del Plan Xeral de Urbanismo.
Otra de las incidencias relacionadas con el urbanismo, y que también se encuentran en el ámbito judicial, está relacionado con el edificio de Pérez Serantes, en el que unos trasteros se convirtieron en áticos. Áurea Soto, además de señalar que el mencionado inmueble se encontraba "fuera de ordenación", deberá corregir esa situación, y que pasa por "cerrar los áticos".
Por el momento, y aunque por parte del Concello se evita dar una cifra de lo que lleva desembolsado el Concello por "licencias mal concedidas", la responsable del área de Urbanismo no descarta que a corto plazo se deba afrontar las consecuencias económicas, como sucedió con la Plaza San Antonio, y que se podrían acentuar si al final, tal y como se prevé, el actual Plan Xeral de Ordenación, aprobado en 2003, es declarado ilegal por el Tribunal Supremo, al que recurrió en casación el Concello después de las sentencias del TSXG.



* Faro de Vigo - 30.11.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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Torremolinos declara la guerra a las mascotas: El alcalde popular de la localidad tiró a un gato a la calle desde la ventana de su piso

AD/Málaga* : La directora de la protectora Parque Animal de Torremolinos, Carmen M., detenida el pasado jueves acusada de maltrato animal por sacrificar “de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada” a hasta 2.230 animales aplicándoles bajas dosis de un fármaco letal que les mataba lentamente, era una miembro destacada del Partido Popular de la localidad. Amiga íntima y estrecha colaboradora del alcalde de la ciudad, el popular Pedro Fernández Montes, la presunta ‘perricida’ era una habitual de los actos políticos organizados por la formación conservadora. Asimismo, el regidor acudía a las galas organizadas anualmente por Parque Animal supuestamente para la recepción de fondos.

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, José Avila, se refirió en un programa local de televisión a una cena celebrada en casa del primer edil, a la que acudió junto a su esposa. “En mitad de la cena, se coló en casa del alcalde el gato del vecino. Mi mujer y yo nos quedamos horrorizados cuando el alcalde, sin pensárselo dos veces, cogió al animal y lo lanzó a la calle por la ventana de su piso, pese a la altura de éste”.

Asimismo, numerosos vecinos de Torremolinos han contactado con nuestra redacción para interesarse por el destino de algunas mascotas dadas en adopción a Parque Animal. “Nunca nos fiamos de esa señora. Cuando acudí al parque a conocer el estado del perro que había entregado solo unas horas antes, ella me dijo que el animal había sido entregado a una pareja de alemanes, aunque no existía un solo papel que validara esa supuesta entrega”, denunció a AD una de las afectadas.

Otras personas ponen el acento en las subvenciones que recibe Parque Animal del Ayuntamiento torremolinenses y urgen al alcalde a que ponga fin a su colaboración con los presuntos delincuentes. La Guardia Civil señaló en un comunicado que a la directora de la protectora se le imputa un delito de intrusismo profesional por inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello y otro de apropiación indebida por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción. También se le acusa de falsedad documental por supuestamente falsificar la firma de veterinarios y hacer uso fraudulento del número de colegiado y el sello oficial en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al ayuntamiento.

El supuesto maltrato cometido por la directora y el encargado consistía en sacrificar a los animales de manera “lenta y agónica”, según el comunicado del instituto armado. La directora denunció a un veterinario y a un peluquero canino por los sacrificios, pero la denuncia era falsa. Los sacrificios empezaron en 2009. Un veterinario que colaboró con la asociación denunció los hechos el pasado junio.




* 14.11.10
Foto: Torremolinos, alcalde - sur

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Valencia.- La Audiencia insiste en que Bellver pudo cometer prevaricación

ELPAÍS* : La Audiencia de Valencia ha vuelto a rechazar un recurso de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, imputado por supuesto delito de prevariación en relación con la autorización de las obras que permitieron construir un aparcamiento subterráneo que afecta a un bien protegido, los Jardines de Monforte, sin el informe de Patrimonio al que obliga la ley. El recurso de Bellver, en esta ocasión, pretendía que se rechazara la decisión del juez que instruye el caso, con idéntica posición del ministerio fiscal, de citar a declarar como imputados a 27 funcionarios del Consistorio. Primero, la sección segunda, discute la legitimidad del propio Bellver para solicitar eso. Al tiempo que deja claro que el Ayuntamiento, que en varios momentos ha tratado de actuar como parte, tenga derecho a formar parte del procedimiento, ya que puede ser responsable civil subsidiario si se depuran responsabilidades.

Entiende el tribunal que es procedente que hayan declarado en calidad de imputados todos los técnicos que ya lo han hecho (sobre la gran mayoría el juez ha retirado la imputación). Y lo cree así porque fue el testimonio de Bellver el que empujó al magistrado y al fiscal a esa situación. ¿Por qué? Porque señaló que firmaba lo que le ponían delante y que no sabía, a pesar de la exigencia del trámite de pasar por Patrimonio que recogen muchas de las licencias que puede conceder el área que él mismo dirige y que están, incluso, en la página web. Al margen de que Bellver y algunos de sus técnicos han tramitado y concedido licencias similares a la del aparcamiento que afecta a los protegidos Jardines de Monforte con la preceptiva exigencia de informe a Patrimonio incluida, como exige la ley.

Y el tribunal, en su auto, y recordando otro previo, recoge: "Una de las posibilidades de comisión del delito de prevaricación es la omisión de las exigencias procedimentales para eludir los controles que el propio procedimiento establece".



* El País - 1.12.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia

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Anulan «por abusiva» la cláusula de un crédito hipotecario a un cliente

ELCORREO/Vitoria* : La entidad financiera cargó «más de 9.000 euros» a su cuenta en virtud de unos anexos sobre los que no informó al demandante. La suscripción de una hipoteca, ya de por sí gravosa, se convirtió en una pesadilla «por sorpresa». Un juzgado de Primera Instancia ha dado la razón a un vitoriano que demandó a su entidad de ahorro por considerar «abusiva» una cláusura del contrato, conocida como 'Swasp'. El hombre alegó que solo le informaron en dos folios de la cobertura y que cuando reclamó -tras recibir «una factura de 9.629 euros»- recibió un documento de veintiún hojas y dos anexos «que desconocía antes de firmar». Todo empezó en abril de 2007, cuando el demandante, para afrontar la compra de una vivienda, solicitó un crédito por 227.000 euros en una sucursal ubicada en Zaramaga.

Poco después le ofrecieron un «blindaje» por si el euríbor fluctuaba. Si sobrepasaba el 4,70%, el registrado en aquellas fechas, la entidad financiera le ayudaba con un pequeño porcentaje. Si bajaba, le tocaba apoquinar un extra. «Nunca me especificaron cuánto», asegura. La sorpresa llegó dos años después, cuando este índice de interés se desplomó. «Debía abonar 9.629 euros. No me lo podía creer», confiesa. Sus acreedores argumentaron su exigencia con un voluminoso informe de condiciones «que nunca había visto antes».
Apelar al Banco de España
Comenzó entonces un agotador recorrido por servicios de atención al cliente y la escala directiva de la entidad. Por esa vía no obtuvo ninguna muestra de «comprensión». Así que cambió de táctica y recurrió al Banco de España. Su servicio de reclamaciones le regaló el primer espaldarazo. «No han actuado con la transparencia exigible», rezaba su resolución. Lo malo es que este dictamen carecía de validez legal.
El hombre no desesperó y, con ese informe en la mano, acudió al Palacio de Justicia. Este otoño debía celebrarse el juicio, pero la entidad financiera se «allanó justo en el último momento». ¿Qué significa allanarse? «Que reconoció su error y retiró esa deuda de mi cuenta», certifica el demandante, que avisa de que «otras miles de personas en el País Vasco podrían estar en mi situación». Además echa de menos «algo más de elegancia por parte de la caja de ahorros, trataron de que las dos partes pagáramos por igual las costas. El juez les tuvo que obligar a abonarlas».

LA CRONOLOGÍA
Abril de 2007 La entidad financiera cita al cliente para explicarle un producto «para blindar» el tipo de interés de su préstamos. Le presentan dos hojas a modo de resumen.
Las condiciones. Si el Euríbor bajaba del 4,70%, debía pagar. Si subía, el banco le abonaba un pequeño plus.
La factura. Tras dos ejercicios recibiendo alrededor de 200 euros, le llega una orden para abonar «más de 9.000 euros».
La queja. Al pedir explicaciones, en el banco le enseñan un documento de veintiún hojas y dos anexos con «compleja información» sobre su préstamo. Para poder anularlo le exigían 9.000 euros.
El desenlace. El hombre apeló hace unos meses al Banco de España y a la Justicia. Ahora, ambos le han dado la razón. La entidad financiera se «allana» y asume su error.



* El Correo - 28.11.10
Foto: Imagen de la sentencia favorable al cliente. :: EL CORREO

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«Corrupción, quiebra y desempleo»

LAVERDAD/Murcia* : El Foro Ciudadano de la Región ha realizado un crítico análisis del estado de la Comunidad que dibuja un futuro desolador y del que culpa, casi en exclusiva, al Gobierno regional. La situación es tan negativa, considera la plataforma crítica, que si la Región fuera un Estado, sería como Irlanda, y si el presidente de la Administración regional, Ramón Luis Valcárcel, «tuviera vergüenza torera, tendría que hacer lo mismo que el presidente de la República Irlandesa, es decir, convocar elecciones y largarse». El informe del Foro Ciudadano, el tercero que realiza la plataforma desde 2003, ha sido elaborado por medio centenar de profesores de la Universidad, investigadores, médicos y representantes de asociaciones, que han analizado hasta 21 indicadores del desarrollo de la Región. En prácticamente todos los aspectos analizados, y especialmente en aquellos relacionados con el desarrollo, la Región de Murcia, denuncian los autores, se encuentra tres puntos por debajo de España.

Así, «si los argumentos que utiliza el PP para decirle al Gobierno de España que deje ya de dar la lata y que convoque elecciones son rigurosos, en la Región tienen un 3% más de razones para dimitir», argumentó el miembro del Foro Social y profesor titular de Economía de la Universidad de Murcia (UMU), Manuel Tovar, quien presentó el informe acompañado por el presidente del Foro Social, Patricio Hernández, y los coautores de la obra Julia Martínez y Antonio Campillo. Éstas son algunas de las conclusiones del estudio.
Sombras de la modernización
La tasa de paro se dispara
Las tasas de desempleo de los últimos años se sitúan dos o tres puntos por encima de la media de España. El promedio de los dos primeros trimestres de 2010 indica que «la ocupación regional sigue decreciendo a mayor ritmo que la de España. La creación de empleo tiene muchos padres y madres, pero de la destrucción nadie quiere saber nada».
Pobreza y exclusión
La mitad la ha conocido
La tasa de pobreza de la Región ha crecido medio punto entre 2004 y 2008, y pasa del 24,5% de la población afectada al 25%, un porcentaje igual o inferior al de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Ceuta y Melilla. Entre 2004 y 2008, más del 50% de los murcianos confiesa haber sido pobre alguna vez, frente al 35% de media en España.
Inmigración
'Racismo de crisis'
La crisis del trabajo, reseñan los autores del informe, está imponiendo «tremendos obstáculos» para la integración social de los inmigrantes. Las políticas comunitarias, nacionales y regionales, «han expandido una imagen de peligrosidad social relativa al inmigrante que es un caldo de cultivo para el 'racismo en crisis'».
Urbanismo y transporte
'No typical'
Para los autores del informe, «los intereses de las grandes promotoras, de los propietarios del suelo y de los ayuntamientos siguen sin ser cuestionados pese al estallido de la burbuja». La «dejación de funciones sí que puede calificarse de 'No typical'», concluyen. Sobre el aeropuerto de Corvera, alertan sobre los desacuerdos entre Aena y el Gobierno regional.
Medio ambiente
La 'huella ecológica' se duplica en diez años
La llamada 'huella ecológica' es un indicador que manifiesta si el modelo productivo es sostenible o no en función de muchas variables. Para ser sostenible, la huella ha de ser equivalente al tamaño del territorio. La 'huella ecológica' en la Región de Murcia en 1995 era más dos veces superior al tamaño de la Comunidad, mientras que en 2004 se sitúa en más de cuatro veces el tamaño de la Región.
Salud y sanidad
Menor esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer de un murciano es de 79,6 años, medio año menos que la media nacional, con una mortalidad ligeramente más elevada y mayor grado de discapacidades, denuncian. La media de camas de hospitales pertenecientes al Servicio Murciano de Salud por cada mil habitantes es de 2,05, oscilando entre 1,0 y 3,52. Esta cifra, resaltan, es mucho más baja que la media nacional, de 3,38 camas por cada mil habitantes.
Educación
Diez años después de las «(in)competencias»
El estudio recoge varias cifras que ponen de manifiesto el «deterioro» del sistema educativo diez años después del traspaso de competencias a la Administración regional. Entre ellos destacan la tasa de abandono escolar temprano en la Región, que se situó en 2009 en un 37,3%, seis puntos por encima de la media nacional; o el hecho de que el 49% de los murcianos de entre 20 y 24 años no tiene ningún título de Secundaria.
La situación política
Monopolio y corrupción
Para el Foro Ciudadano, la situación política en la Región puede ser definida como un «régimen de partido-cuasi único, dado el control monopolístico que el partido gobernante ejerce». Sobre la corrupción, denuncian que «es generalizada y supone la punta del iceberg de un régimen municipal y autonómico de baja calidad democráctica».



* La Verdad - 1.12.10

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