QUÉ* : Miles de personas se han manifestado este jueves contra las "políticas de saqueo" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, explotando un globo como "símbolo de la rabia contenida", según ha informado a Europa Press el portavoz vecinal Pedro Casas. La manifestación, que ha comenzado en la Plaza de Callao, ha discurrido por la Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo hasta finalizar en la Plaza de Cibeles y ha sido organizada por asociaciones de vecinos, trabajadores municipales y otras asociaciones sociales. A la manifestación han asistido entre otros grupos de trabajadores, bomberos, de recogida de basura, policía municipal, de medio ambiente, asociaciones de vecinos de 11 distritos de Madrid, grupos de ecologistas, la plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, sindicatos (CC.OO., UGT, USO, CGT), además del sindicato de la Policía Municipal, entre otros, según ha señalado el portavoz.
Cada uno de estos grupos llevaban pancartas significativas con lemas como 'Barrios por a democracia', o 'No hay pan para tanto chorizo', entre otros.
Varios portavoces de los diferentes colectivos convocantes de la iniciativa han explicado que su objetivo es que la sociedad madrileña "reaccione" contra lo que ellos consideran la "soberbia" del Ejecutivo local en su trato tanto con los ciudadanos como con los empleados municipales.
Y es que tras ocho años de reivindicaciones por separado, ahora una veintena de grupos diversos han decidido hacer un frente común contra la "política autoritaria" del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Los portavoces vecinales Pedro Casas y Jesús María Pérez, el portavoz de Ecologistas en Acción Juan García, el bombero municipal José Luis Fernández, el policía Javier Pavar y el técnico de polideportivo Jerónimo Torres han puesto este martes voz y explicación a la convocatoria.
En definitiva, se trata de instar a la sociedad madrileña a que "reaccione" ante los "agravios" que causa el Consistorio y que han llevado a una situación que los convocantes definen de "catastrófica" en el plano económico y financiero, y de "colapso" de unos servicios sociales ya de por sí "insuficientes" para cubrir la demanda.
"Queremos mostrar que no tenemos intereses contrarios aunque la Administración lo haga ver. Si los trabajadores municipales consiguen mejoras, eso también repercute positivamente en el buen servicio a los ciudadanos", ha señalado Casas. Es por ello que en esta convocatoria se ha decidido no convocar ni a la FRAVM ni a los sindicatos.
RECHAZO A TODA LA GESTIÓN
Así, los manifestantes han protestado por la gestión en conjunto realizada por Gallardón. En el plano medioambiental, han considerado que es "insostenible" la situación del aire en Madrid, y han criticado también otras decisiones que han llevado, por ejemplo, a que los árboles se sequen al poco de ser plantados.
Además, consideran que el alcalde ha "hipotecado por decenios" las arcas municipales con sus gastos "megalómanos", que han llevado al "colapso financiero", aplacado únicamente gracias a que "las grandes empresas lo tapan" haciéndose cargo de unos retrasos en el pago de los cánones que se acumulan desde hace ya más de un año.
El déficit acumulado en el último ejercicio es otro de los puntos de la gestión municipal que critican, así como que se invierta en proyectos como el del Palacio de Cibeles mientras los distritos tienen un "déficit" de unos 700 equipamientos públicos, según sus cálculos.
También consideran un "auténtico despropósito, especialmente en época de crisis," que se hagan infraestructuras y equipamientos como la Caja Mágica o el nuevo Puente de Perrault en el río que luego comportan grandes gastos de mantenimiento, mientras se están privatizando servicios públicos y subastando viviendas de la EMVS, entre otros asuntos.
"Gallardón tiene mucha protección. En condiciones normales no podría haber durado en ese cargo", interpretan las asociaciones, que también critican que el Consistorio no aplique las sentencias judiciales en su contra que han dictado diferentes tribunales en asuntos tan variados como la Tasa de Vados, la ordenanza de Licencias, los parquímetros o la misma M-30.
Por todo ello, los vecinos y asociaciones civiles reivindican, entre otras cosas, una "descentralización" tanto de recursos económicos y competencias, como política, con la creación de 'ayuntamientos de distrito' al estilo de los que existen en París o Bruselas, para que los pocos recursos que reciben las Juntas no los gasten los "procónsules del César imperial" de forma "insostenible".
TRABAJADORES MUNICIPALES
Desde el punto de vista de los trabajadores municipales, bomberos, policías, agentes de movilidad y otros empleados de servicios públicos, limpieza, jardinería, escuelas infantiles o conserjes también se quejan de la falta de personal y medios y de las privatizaciones de muchos ámbitos de la administración.
Unas decisiones que son "más caras y no de mejor calidad" que cuando el servicio se presta de forma pública, y que además han afectado a "más ámbitos de los que la gente conoce", como por ejemplo el Registro, el Padrón, el Teatro Español, el 010, las cabalgatas, y hasta los ordenanzas, según han enumerado.
Y eso, además, "incluyendo en los pliegos de condiciones cláusulas por las que el Consistorio compensa a las adjudicatarias si sufren pérdidas o si no llegan a un tanto por ciento de beneficios", han asegurado, apostillando a renglón seguido que las privatizaciones también han sido la causa de la amortización de 1.300 puestos públicos.
"Hace falta que la gente reaccione. Aunque en las crisis suene bien atacar a los funcionarios, en esta Administración se usa la soberbia de forma general para tratar con los trabajadores, pero también con los vecinos. Somos maltratados por Gallardón y su política, que está dando pie a una élite paralela de altos cargos que crea un gasto enorme. El Ayuntamiento antes funcionaba sin estos asesores nombrados a dedo", ha reclamado Pallar.
* Qué - EP. - 31.03.11
Foto: Madrid, cartel manifa contra políticas Gallardón 31Mar11
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La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el sobreseimiento acordado por un juzgado de Aranjuez de una denuncia interpuesta por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* por la construcción de una vivienda en zona verde en Colmenar de Oreja. En el Auto judicial, la Audiencia Provincial, insta al juzgado a reabrir la causa, investigar la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios municipales, así como a tomarles declaración como imputados. Ecologistas en Acción lamenta el desinterés y desconocimiento sobre delitos urbanísticos que muestran numerosos juzgados madrileños, obligando a pronunciarse en vía de recurso a la Audiencia Provincial, con el gasto y demora que conlleva.
En el año 2007, Ecologistas en Acción, comprobó la existencia de numerosas ilegalidades urbanísticas en la urbanización Balcón del Tajo Oeste, en el municipio de Colmenar de Oreja. Estos hechos fueron denunciados ante la alcaldesa de la localidad, Dña. Pilar Algovia Aparicio, resaltando el uso inadecuado que se estaba dando a numerosas zonas verdes en la urbanización (construcciones, almacenamiento de materiales, vertidos, etc). En concreto en agosto de 2007 se puso en su conocimiento que en la calle Cedena se estaba construyendo una vivienda de dos plantas ocupando parte de una zona verde. A pesar de ello, el Ayuntamiento, concedió licencia de construcción en octubre de ese mismo año sin tomar medida alguna contra los hechos denunciados.
Ante la pasividad y la aparente connivencia municipal con la irregularidad denunciada, Ecologistas en Acción, denunció los hechos ante los juzgados de Aranjuez que ordenaron la paralización de la obra. Sin embargo finalmente se acabó archivando la causa.
Ecologistas en Acción recurrió el archivo ante la Audiencia Provincial quien, en enero de 2010, revocó el archivo e instó al juzgado a investigar la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios municipales al conceder licencias contrarias a las normas urbanísticas. Por ello, el juzgado tomó declaración como testigos a la Alcaldesa de Colmenar de Oreja, al arquitecto municipal y al arquitecto del proyecto, tras lo cual, en mayo de 2010, volvió a archivar la causa sin dar la oportunidad a la acusación de estar presentes en esas declaraciones.
Ecologistas en Acción volvió a recurrir el nuevo archivo, en junio y en septiembre de 2010. Ahora, mediante auto de fecha 10 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial, revoca nuevamente el archivo de la causa e insta, una vez más, al juzgado a investigar la responsabilidad de autoridades y funcionarios municipales en la concesión de licencias. Para ello, indica que los posibles responsables municipales deberán ser llamados a declarar en calidad de imputados para que puedan estar asistidos de letrado y sean informados de los derechos que les asisten.
Ecologistas en Acción valora muy positivamente la reapertura de la causa pero lamenta el desinterés y el desconocimiento, en materia de urbanismo, del que adolecen muchos jueces, impidiéndoles juzgar adecuadamente las denuncias por delitos urbanísticos y obligando a pronunciarse en vía de recurso a la Audiencia Provincial, con el gasto y demora que conlleva.
* Ecologistas en Acción Madrid - 31.03.11
Foto: Colmenar de Oreja (Madrid) - cosasdemadrid.es
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SUR/Málaga* : El abogado Fernando del Valle, principal acusado en la operación contra el blanqueo 'Ballena Blanca', ha sido condenado esta mañana a un total de seis años de prisión. Según la sentencia, Del Valle ha sido condenado a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales y otros tres años por un delito contra la Hacienda Pública. El abogado tendrá que pagar una multa de 1,5 millones de euros el delito de blanqueo más un millón por el delito contra la Hacienda Pública. Además tendrá que indeminizar a la Haciendo Pública con casi 343.000 euros. Del Valle ha sido absuelto del resto de delitos de los que había sido acusado. El Tribunal encargado del caso 'Ballena Blanca' considera en su sentencia que el principal acusado, Fernando del Valle, utilizaba un sistema para facilitar inversiones, a través de sociedades creadas en España y participadas por otras de Delaware, que facilitaba que los clientes podían "asegurarse su anonimato", pero dice que "no consta" que, a parte de determinadas operaciones, hubiese puesto este sistema "al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado con la finalidad de ocultar ganancias de actividades ilícitas".
Según se declara probado en la resolución, el despacho en Marbella se había especializado en inversiones en inmuebles por parte de personas no españolas y uno de los sistemas utilizado era el de la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España, que estarían participadas por los inversores, bien directamente, bien por medio de otra sociedad extranjera, por lo general, constituida en el estado norteamericano de Delaware.
Se precisa que la legislación de dicho estado "permite que los últimos beneficiarios y dueños de la inversión no aparezcan en la escritura o título constitutivo" y se añade que los clientes que aceptaban este sistema "podía asegurarse su anonimato, ya que la inversión formalmente procedía de una sociedad norteamericana". La investigación reveló que Del Valle tenía participación en 194 sociedades extranjeras.
De éstas, 143 eran en Delaware y 39 de territorios considerados paraísos fiscales --de ellas 25 de Gibraltar, tres en la Isla de Man, tres en Panamá y dos en Islas Vírgenes Británicas--. No obstante, "no consta" para el Tribunal que el letrado, con la colaboración de sus empleadas, Estela Herrera y Beatriz Segurado, acusadas también en esta causa, hubiese puesto en marcha este sistema de inversión "como medio para eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales".
Tampoco consta, según se declara probado, que el sistema "lo hubiese puesto al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado o que hubiesen delinquido con la finalidad de ocultar ganancias procedentes de actividades ilícitas", más que en las operaciones que se detallan, ni que "representándose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de actividades delictivas de algunos de sus clientes hubiese consentido en proporcionarle su asesoramiento y ayuda".
Los indicios de delito
No obstante, la Sala sí ve delito en dos de las conexiones que fueron investigadas. En concreto, en el caso del acusado Sophian Hambli, que ya había sido condenado en Francia por narcotráfico, se indica que éste "para la inversión de los fondos obtenidos mediante el tráfico de drogas", se sirvió del despacho de Del Valle, que ha sido condenado por delito continuado de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública, el cual, "conociendo la procedencia del dinero, aceptó el encargo".
Se estima que la cantidad canalizada por Hambli a través del bufete fue de 835.081,32 euros, condenando también a María Dolores León, que mantuvo una relación con éste y que, según se declara probado en la resolución, entregó dinero que la acusada sabía procedía "de las actividades ilícitas a las que se dedicaba Hambli", al que había ido a visitar en prisión.
En el caso del matrimonio Voutilainen, condenado él en 1998 por delito fiscal, la sentencia señala que con la intención de transformar una sociedad suiza, titular de varios inmuebles, en otra española, este acusado y su esposa fueron en 1995 al despacho de Del Valle, "quien no consta tuviese conocimiento de los hechos que motivarían la condena de aquél". "La cantidad blanqueada en este caso se estima en 765.744,25 euros", se añade.
En estos dos casos, la Sala estima que "estamos ante un efectivo delito antecedente y no ante una mera sospecha, como ocurre en la mayoría de los supuestos que se examinan en esta causa". De hecho, en otra de las conexiones se indica que no hay constancia de que hubiese imputación, mientras que en otros casos se señala que no la hay de que los fondos usados fuesen ilícitos o de que Del Valle supiera de las actividades.
Falsedad
Sobre los delitos de falsedad por los que se acusaba también a Del Valle, por la confección y presentación del impuesto de sociedades, haciendo constar datos de una empresa concreta o de él o sus empleadas, que luego se corregían, para el Tribunal "no consta que esta conducta hubiese tenido por finalidad introducir de propósito datos falsos en las bases de datos de la Agencia Tributaria", destacando "la imposibilidad de establecer cuál podría ser la ventaja", sin poderse afirmar que se pretendiera la ocultación.
Los dos notarios acusados han sido absueltos al considerar la Sala que no está acreditado que "estuviesen al tanto de la supuesta intención de Fernando del Valle de ocultar al titular de los fondos por medio del empleo de sociedades de Delaware o de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales" y se añade que no se ha probado que "hubiesen llegado a tener oportunidad de conocer la posibilidad de que el dinero invertido y/o los bienes aportados en el acto de constitución pudiese provenir de actividades ilícitas".
Asimismo, se apunta a que "en ningún caso se estima probado que los notarios hubiesen incumplido la obligación de comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) establecida con arreglo a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales vigente en cada momento".
La instrucción
La Sala estima la cuestión previa presentada sobre las escuchas y declara nulas las autorizaciones de las intervenciones telefónicas, al considerar por unanimidad "que cuando fue solicitada la autorización no se habían agotado otros medios de investigación". No obstante, se precisa que por el carácter "meramente complementario" de éstas, "ningún efecto ha de tener dicha declaración sobre las pruebas que directa o indirectamente pudiesen derivar de las intervenciones pues, sencillamente no las hay".
Sí se hace mención en la sentencia a la "dificultad" para localizar informes y documentación bancaria y se apunta a que como consecuencia de esta situación "los interrogatorios de los testigos o testigos-peritos por parte del ministerio fiscal han puesto en evidencia la fragilidad de muchas de las opiniones y/o conclusiones expuestas en los informes policiales".
"Rara vez pudieron ser constatadas documentalmente por medio de la exhibición de los correspondientes soportes habiéndose limitado aquellos a asentir a las preguntas del representante del ministerio público", se indica en la resolución, en la que se pone como ejemplo la intervención de un funcionario de la Agencia Tributaria, quien en su primera declaración "lejos de atenerse a la aportación de los datos que pudiesen apoyar las conclusiones policiales, no dejó de dar su propia opinión basada en documentos que en ningún momento le fueron exhibidos".
Asimismo, la Sala se refiere a la documentación y señala que "las características de la investigación, dominada por la iniciativa policial, han llevado al juzgado --Instrucción número 5 de Marbella-- a descuidar tanto la custodia de la referida documentación como su organización con vistas a la posterior celebración del juicio oral, a cuya preparación está orientado por ley", por lo que, añade, en el inicio del juicio "este Tribunal hubo de adoptar medidas propias de la instrucción para subsanar un grave defecto".
En este sentido, se señala que el sistema de bridas "seguido por la Policía y por el juzgado condujo a crear un grado tal de confusión que varias bridas no se incorporaron efectivamente a este procedimiento sino que fueron consideradas parte de la causa conocida como caso 'Malaya' y remitidas al Tribunal que debía enjuiciarla". También se hace mención del "defectuoso conocimiento del contenido de los discos".
En su fallo, la Sala ha declarado nulas las escuchas telefónicas relativas a dos números, y ha desestimado el resto de cuestiones previas planteadas por las defensas de los 19 acusados. De los 19 acusados, solo cinco de ellos han resultado condenados, con penas que van de uno a tres años de cárcel. Esto cinco procesados que han sido condenados por el tribunal suman diecisiete años de cárcel -que equivale a la pena que había pedido el fiscal para el presunto cerebro de la trama-, y multas por importe total de 6,88 millones de euros. Para estas penas cabe recurso de casación. Entre los 14 absueltos, están los dos notarios acusados.
Los condenados
Además de Del Valle, han sido condenados Sophiane Hambli (tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales), María Dolores León (un año por blanqueo), Aimo Veikko Voutilanen y María Leena Voutilainen (ambos a tres años y tres meses de cárcel por delitos continuados de blanqueo).
Hambli fue detenido en marzo de 2009 en Marbella cuando tenía en vigor dos órdenes de detención por su presunta implicación en este caso y en el denominado "Hidalgo", también contra el blanqueo de dinero. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Francia, donde fue condenado en rebeldía a una pena de 18 años de prisión por tráfico de estupefacientes. Tras ser extraditado a Francia en 2002, consiguió fugarse de la prisión de Metz un año después tras amenazar con una pistola simulada a los funcionarios que lo custodiaban.
Contra esta sentencia, que ha sido leída hoy ante abogados, acusados y medios de comunicación, cabe un recurso de casación, posibilidad que el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, estudiará en los próximos días, según ha manifestado a los periodistas.
Un año de juicio
El juicio por 'Ballena Blanca' comenzó el 15 de marzo de 2010. Según la Fiscalía Anticorrupción, el letrado creó una red de estructuras societarias "para ocultar su verdadero patrimonio" y diseñó un "entramado internacional de empresas para eludir a la Hacienda". La acusación sostuvo que su bufete se especializó en dar a los clientes cobertura para garantizarles el anonimato de sus inversiones.
Asimismo, el ministerio público mantuvo que a lo largo de la investigación se puso de manifiesto la existencia de un determinado número de clientes del despacho marbellí que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos", los cuales estarían relacionados presuntamente "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".
La Fiscalía Anticorrupción, en sus conclusiones definitivas, elevó a 17 años de prisión la petición de pena para el letrado, al que acusó de delitos de falsedad de carácter continuado, de blanqueo de capitales, de falso testimonio y delitos contra la Hacienda Pública, introduciendo en éstos un tipo agravado por utilización de sociedades. Según la Fiscalía, Del Valle, diseñó un entramado internacional de sociedades con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos y el propio imputado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
La operación "Ballena Blanca" se destapó en 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades, entre ellas varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.
Acusado Condena Delito
Fernando del Valle 3 años, 3 meses y 1 día, inhabilitación para el ejercicio del derecho pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.503.146,37€ por el primer delito; prisión de 3 años, igual accesoria y multa de 1.096.912,70€ por el segundo Blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Sophiane H. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, igual accesoria y multa de 1.503.146,37€ con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito continuado de blanqueo de capitales
María Dolores L. 1 año de prisión, igual accesoria y multa de 30.000€ con 1 mes de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito de blanqueo de capitales
Aimo Veikko V. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, igual accesoria y multa de 1.378.339,65€ con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito continuado de blanqueo de capitales
María Leena V. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, igual accesoria y multa de 1.378.339,65€ con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago Delito continuado de blanqueo de capitales
Harvey J.L. Absuelto
Karen L. Absuelto
Alvaro E. R. Absuelto
Amelia B.M. Absuelto
Paul Antoine Leon C. Absuelto
Othan S. Absuelto
Yolanda V. M. Absuelto
Ghali L. Absuelto
Beatriz S. Absuelto
Estela H. Absuelto
Sonia María R. Absuelto
Aki. J. Kurjala Absuelto
German P. Absuelto
Irina G. Absuelto
* Sur - 31.03.11
Foto: Del Valle, a la salida de los juzgados.- SUR
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ELCORREO* : El Gobierno vasco ha decidido asumir ya en su contabilidad una pérdida de 5 millones de euros –832 millones de las antiguas pesetas–, como consecuencia de algunas «extrañas» operaciones inmobiliarias que realizó el exdirector de Sprilur, Antton Zubiaurre, sobre el que pesan al menos dos investigaciones judiciales abiertas. Sprilur, la sociedad pública de la Administración vasca dedicada a la gestión de suelo industrial, tiene en su inventario tres terrenos –uno de ellos en la localidad vizcaína de Santurtzi y otros dos en un municipio aún no desvelado de Guipúzcoa– adquiridos bajo el mandato de Zubiaurre, con calificación de rústicos y en los que no hay proyecto alguno de recalificación. Esto es, sirven para cultivar puerros –actividad no contemplada aún en el objeto social de la sociedad que depende del Departamento de Industria–, pero no para edificar talleres o almacenes.
El consejo de administración de Sprilur ha decidido esta semana asumir, sin más dilación, el impacto económico que tienen unas operaciones calificadas como «ruinosas». Por ello, ha decidido realizar una «provisión» en su cuenta de resultados de 2010 por un importe de 5 millones de euros. La cifra supone en torno al 85% del precio que se pagó por los terrenos, ya que la adquisición se hizo con tasaciones propias de terrenos industriales y no con calificación rústica. La provisión es una operación contable que, en la práctica, supone reconocer como pérdidas una cantidades que se consideran ya irrecuperables. Y ello porque Sprilur estima que no hay opciones de recalificar esos terrenos –los municipios en los que están jamás habían considerado esta posibilidad– y que, por lo tanto, no podrá darles un valor que justifique el precio de adquisición. Menos aún la posibilidad de obtener alguna plusvalía sobre ellos.
Rebajar el valor
De los cinco millones de euros que ahora se anotan como pérdidas, 1,9 millones corresponden a la adquisición de dos terrenos en Guipúzcoa. Desde la Administración vasca no se han facilitado detalles sobre los mismos ya que, apuntan, aún se está analizando la situación. El Gobierno quiere comprobar si en algún momento se estudiaron recalificaciones para esas zonas que, aunque fracasadas, hicieron pensar a los directivos de Sprilur que la promoción de un parque industrial en ellos era posible.
Los 3,1 millones de euros de pérdidas restantes corresponden a una operación que ya motivó el pasado mes de julio la presentación de una denuncia del grupo Spri ante la Ertzaintza, debido a las sospechas de que se trató de una operación «irregular». El terreno, de aproximadamente 100.000 metros cuadrados, fue adquirido en 2007, un año antes de que Zubiaurre abandonase la dirección de Sprilur argumentando «problemas de salud». Está situado en las faldas del monte Serantes, en las inmediaciones de una zona residencial conocida como ‘La Pólvora’. Cuando el nuevo equipo de Industria se hizo cargo de la gestión del grupo Spri, después de asumir el PSE la responsabilidad de formar Gobierno, realizó una revisión de los terrenos que Sprilur tenía en cartera y sobre los que se podía actuar a corto y medio plazo para promocionar parques industriales.
Irregularidades
Pero en torno al terreno de Santurtzi, todo fueron sorpresas. La calificación del suelo era la de rústico; el Ayuntamiento de Santurtzi aseguró que jamás habían existido planes para su recalificación, además de considerarlo «poco factible». Por si fuera poco, los técnicos de Sprilur llegaron a la conclusión de que el precio pagado por ese terreno, 3,54 millones de euros, podía calificarse como «desorbitado», ya que se situaba entre seis y siete veces por encima de las transacciones conocidas en esa misma zona. Por si fuera poco, la pendiente del terreno es importante lo que, según los especialistas, dificultaría su urbanización como parque industrial o, en su caso, supondría un coste extraordinario.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a este terreno está en manos de un juzgado de Bilbao. Una parte del importe de la transacción fue pagada por la Spri con un talón al portador, por importe de 460.000 euros. La investigación judicial ha permitido saber que fue cobrado por la sociedad Avalancha Proyectos, por la intermediación en la compra del terreno.
Por otra parte, Zubiaurre tiene pendiente otra investigación judicial por un supuesto espionaje en los ordenadores del grupo Spri, descubierto el pasado mes de junio por los directivos de la sociedad, asunto que provocó un enorme revuelo en el Departamento de Industria, que incluso llegó a encargar un barrido de todo el edificio que ocupan las sociedades públicas del Gobierno en la capital vizcaína.
* El Correo - 31.03.11
Foto: Antton Zubiaurre, en su etapa comodirector general de Sprilur - elcorreo
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PÚBLICO* : 6.500 usuarios de Facebook confirman su asistencia a una rave en las instalaciones. Carlos Fabra ya ha culminado su plan de visitas a su última gran obra: un aeropuerto sin aviones y sin permiso de navegación. "Se puede pasear por las pistas, lo que no se podría hacer si despegaran aeronaves", reconoció el presidente de la Diputación de Castellón el día de inauguración. A través de la página web del Aeroport Catello ya se han abierto las listas a las que los interesados pueden apuntarse. Como gran estreno, y de forma excepcional, podrán pisarse las pistas del aeropuerto menos transitado del mundo el lunes 4 de abril, de 10 a 14 horas. A partir de ese día se han establecido los martes, jueves, sábados y domingos, también de 10 a 14 horas, como días de visitas. Los miércoles se descansa.
"Podrá recorrer la terminal de pasajeros o llegar hasta la pista si prefiere hacerlo en una visita guiada" de hasta 8 personas, avisa el formulario. Los interesados tienen que facilitar sus datos y, en caso de que se quiera realizar una visita guiada para un grupo superior, deberá ponerse en contacto con el personal de Aerocas para concretar el mejor día.
Los que a buen seguro deberán reservar día son los casi 6.500 usuarios de Facebook que, hasta el momento, han confirmado su asistencia en la página de la "Gran fiesta rave inaugural y pública del aeropuerto de Castellón".
"Aprovechemos la oportunidad que nos brindan Fabra y Camps para pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que tan amablemente nos ceden. Podemos hacer fiestas, barbacoas, discomoviles, empinar el catxirulo o menjarnos la mona", animan los organizadores, que piden a los que tengan equipos de música "que los traigan", a los que sean "batuqueros" que "se vengan a animar". "Skaters, ciclistas, familias, domingueros, raveros... todos son bienvenidos tenemos una aeropuerto para disfrutar...".
La página está ilustrada con una imagen retocada de Fabra y Camps en la que aparecen con antifaces de fiesta y gorros de azafatas.
* Público - 31.03.11
Foto: Castellón, aeropuerto vacío - aerocas
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LAOPINIÓN/Málaga* : Los jueces tienen el mandato constitucional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, es decir, ejecutar la sentencia, pero ese trámite es tan complejo y requiere de tal minuciosidad por quien lo realiza que su concreción es incierta en la mayoría de los casos. Fuentes judiciales consultadas consideran que la ejecución «es la gran asignatura pendiente de la Justicia»; «si se ejecuta tarde un fallo, de qué sirve la tutela judicial efectiva». Las sentencias de los macrocasos «Ballena Blanca» y «Malaya», una vez que el Tribunal Supremo las declare firmes, podrían tardar años en ser una realidad. En las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial hay poco más de 2.200 sentencias sin ejecutar, según los cálculos del sindicato SPJ-USO, que habla de 20.000 en los catorce juzgados de lo Penal. En cada órgano hay dos o tres funcionarios gestionando la ejecución de fallos, pero su trabajo es tan inabarcable y requiere de tanta atención que muchos de ellos reconocen estar desbordados.
Este sindicato cree que un macrocaso puede tardar en torno a un lustro en ejecutarse, al igual que STAJ: «Entre cinco y diez años mínimo, igual que ocurre con «Intelhorce», que tiene aún flecos sueltos».
Un ejemplo de la laboriosidad que requiere esta tarea es la sentencia del caso relativo a incineraciones irregulares, conocido popularmente como «Parcemasa». Este fallo fue declarado firme en diciembre de 2007; el Supremo absolvió a seis de los ocho encausados, pero también se declaró exentas de culpabilidad a dos aseguradoras, lo que ha propiciado que algunos de los afectados no hayan percibido aún sus indemnizaciones.
Los funcionarios de la Sección Primera sudaron tinta para buscar la forma de que éstos accedieran a sus merecidas retribuciones.
Ejecutar una sentencia no es sólo mandar al autor a prisión, sino, por ejemplo, localizar los bienes muebles e inmuebles de un condenado para que la víctima pueda cobrar la indemnización y el encausado haga frente a la multa. En cualquier caso, la insolvencia de los acusados es la tónica habitual: casi ninguna víctima percibe lo que le corresponde, según reconocen las fuentes consultadas por este periódico.
Es el ejecutor quien debe requerir a los procesados para que paguen, y el que coordina, con la supervisión del juez, todos los trámites iniciales para ver si se le suspende la condena a un procesado: si es condenado a menos de dos años de cárcel, no tiene antecedentes y ha pagado la responsabilidad civil –o es insolvente–, queda a discreción del juez su ingreso en la cárcel. Muchas veces no entra.
«Es un cachondeo: primero piden la suspensión del fallo teniendo en cuenta que no tienen antecedentes; si se les deniega, alegan que es inferior a dos años la pena impuesta; después piden la sustitución por multa, y así hasta el indulto parcial y total, llegando a alegar la prescripción de la pena», apunta otra fuente consultada.
«Y ahora, con los delitos de tráfico los juzgados de lo Penal ejecutan lo que les llega de los órganos de instrucción», aclara.
Hasta diez años
En «Ballena Blanca» y «Malaya», «la ejecución puede tardar años». Diez incluso. No sólo porque ha de instarse la entrada en prisión de los condenados, sino porque en la trama de corrupción se están levantando muchos embargos y para que respondan al pago de las responsabilidades pecuniarias habrá que buscarles nuevas propiedades y embargar algunas nóminas. «Se tardará años en ejecutar Malaya», dicen las fuentes consultadas, que proponen la creación de secciones especializadas en ejecución para hacer que se cumplan ambos fallos, algo que se quedará sólo en la buena intención de quien lo dice.
Los bienes hay que tasarlos, subastarlos, notificar el auto de adjudicación: «Es un mundo. No se puede comparar esto con una sentencia de tráfico. Si no pagan multa, hay que requerirlos, buscarles bienes, nóminas, etcétera, tasarlos, subastarlos y adjudicarlos. Es un procedimiento entero», dice con sorna otro de los consultados.
Otra fuente se queja de que en las ejecutorias se unen los aspectos penal y civil, lo que requiere una gran minuciosidad por parte de quien actúa. «Lo peor es cuando te dejan la indemnización a determinar durante la ejecución de sentencia». Eso supone un gran quebradero de cabeza para el tramitador o el gestor que tiene que manejar el fallo.
«Yo suelo tardar entre dos semanas y un mes en incoar la ejecutoria, pero con los macrocasos y los cada vez más presentes delitos económicos esto se ha complicado mucho», explica.
* La Opinión Málaga - 28.03.11
Foto: Imagen de un juzgado de lo Penal de la capital, en la que se puede observar el volumen de trabajo que soportan los funcionarios - laopinión
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