El juez del 'caso Malaya' destapa un pelotazo en El Puerto del empresario Lores

LAVOZ/Cádiz* : Los negocios inmobiliarios del empresario portuense Manuel Lores vuelven a estar bajo sospecha. El juez que instruye el caso Malaya por corrupción urbanística en Marbella ha elevado a los juzgados de El Puerto de Santa María la documentación sobre una operación de compraventa de terrenos realizada por Lores a la empresa municipal suelo y vivienda de la localidad, Suvipuerto, y de la que obtuvo un importante beneficio tras venderla de inmediato a otra sociedad inmobiliaria.

El juez del caso Malaya ha separado esta operación del resto de actuaciones que se siguen por los casos de corrupción en Marbella.
Manuel Lores, empresario de la construcción y ex presidente del Rácing Portuense,, se encuentra procesado en la tercera fase del caso Malaya y eludió la prisión tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Ahora, serán los tribunales gaditanos los que estudien si hubo o no un delito de prevaricación administrativa en la compra de suelo para la construcción de pisos. Lores compró cinco fincas a la empresa municipal Suvipuerto en la zona conocida como Caja de Aguas, en la avenida de Diputación, por 10.621.654 euros y las vendió el mismo día de su adquisición, 8 de junio de 2007, según el auto del Ministerio Fiscal, a una inmobiliaria por 3,5 millones de euros más.
La construcción de viviendas en el paraje Caja de Aguas, a tiro de piedra del Carrefour de El Puerto, se remonta al 15 de septiembre de 2005 cuando el Ayuntamiento, presidido entronces por el independiente Hernán Díaz, compra a través de Suvipuerto dicho solar a los hermanos Ruiz Herrera por cuatro millones de euros. El Consistorio destinaba esta zona a la promoción de vivienda pública.
Sin embargo, tres meses después, el 19 de diciembre de 2005, el propio Hernán Díaz proponía en un Consejo de Administración de Suvipuerto la venta de esta parcela al empresario Manuel Lores para la promoción tambien viviendas de renta libre. De esta forma, Suvipuerto se encargaría de la urbanización y de la construcción de viviendas protegidas, mientras que Lores haría también VPO y pisos de renta libre. Esta iniciativa quedó sobre la mesa al pedir el resto de grupos políticos un concurso público para su adjudicación.
Dicho y hecho. Hernán Díaz convocó un nuevo Consejo de Administración de Suvipuerto para el 12 de enero de 2006, donde se presentaron cuatro empresas a la oferta. Se trataba de Promociones Lorcrimar, Décima Res SL, Chiclana 2000 y Hogar Sur. El concurso de venta se adjudicó a Promociones Lorcrimar por 8.778.225 euros más IVA, con la abstención de IU. Se trataba de cinco parcelas que suman una superficie de 20.000 m2. Según el Consistorio, Promociones Lorcrimar había persentado «la oferta más solvente» y se vendía a precio de mercado. Lores participaba en este concurso con otras dos empresas: Décima Res y Chiclana 2000.
El contrato establecía la construcción de 275 viviendas, de las que 157 levantaba Lores y el resto Suvipuerto para sortearlas como viviendas protegidas de priomoción pública. Suvipuerto se comprometía ademá a urbanizar la parcela, conocida como el Peri CC-17.
Esta operación creó polémica y fueron los concejales de IU quienes denunciaron el caso por falta de trasparencia. Por su parte, el ex concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, declaró ayer que la operación se hizo por concurso público y «Suvipuerto puso precio de mercado y se actuó con legalidad».
El juez del juzgado de Instrución Número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado abrir una pieza separada y desglosar de la causa de corrupción en Marbella esta actuación e incide, según el auto, en la venta de estos terrenos. Lores cristalizó la compra de los terrenos adjudicados un año después, justo cuando se aprobó la urbanización de Caja de Aguas, y consta en el auto judicial que el mismo día vendió la parcela a una sociedad inmobiliaria por 14.729.000 euros. La ganancia de Lores en un día fue de 3.533.056 euros, lo que supone, según el juez, una minusvaloración en el precio de venta por parte de Suvipuerto de 38,58%.
El juez decano de El Puerto tiene la documentación enviada desde Málaga para su investigación.
Hoy, en este suelo de Caja de Aguas, la empresa a la que vendió Lores la parcela sigue con la construcción de pisos y Suvipuerto ultima la urbanización del entorno.







* La Voz Digital - JAVIER RODRÍGUEZ / HUGO SIMÓN
| CÁDIZ / MÁLAGA - 30.06.09
Foto: Anuncios de Suvipuerto en el paraje Caja de Aguas en la parcela, objeto de la compraventa. / ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es

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Arona: El alcalde, acusado de tráfico de influencias y malversación

LAOPINIÓN/Tenerife* : Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación son los tres delitos imputados hasta ahora al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, en el marco del conocido como Caso Arona, según trascendió ayer al hacerse pública la decisión del juez instructor de ese procedimiento, el aronero y chasnero Nelson Díaz Frías, de levantar el secreto de sumario de esta causa que se empezó a instruir en marzo de 2007...
... a raíz de la documentación que el portavoz del PSC aronero, Francisco García Santamaría, entregó a la Audiencia y que desencadenó que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo interpusiera la querella que derivó en la imputación de los ocho integrantes de la Junta de Gobierno aronera de la etapa 2003-2007 por delitos de prevaricación simple y continuada contra la ordenación del territorio.
Ese levantamiento de secreto también ha permitido confirmar que el que fuera edil de Urbanismo de Arona entre 1999 y 2003, actual consejero insular y edil de la oposición aronera, Félix Sierra Melo (PP), está imputado por presuntos delitos de cohecho, trafico de influencias y prevaricación.
Entre las novedades figura la imputación de nuevos ediles incorporados al gobierno aronero este mandato, entre ellos el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Sosa Carballo, que acumula sobre sí los mismos cargos que el alcalde (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación).
En el bloque de nuevos imputados están también la edil de Servicios Sociales, Clara María Pérez Pérez, acusada de presuntos delitos prevaricación y tráfico de influencias, así como el edil de Personal y Policía Local, Manuel Reverón, y la concejal de Hacienda, María Candelaria Padrón González, quienes han sido imputados por prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar. Además, ha sido imputada por esos mismos delitos Gladys Tacoronte Sánchez, jefa de Alcaldía, mano derecha y cuñada del alcalde.
Asimismo, están imputados varios trabajadores del Ayuntamiento (incluyendo tanto a técnicos como a encargados de concesionarios), técnicos externos, policías locales (incluso mandos) y empresarios. Se baraja también la imputación de personal de banca.
Este procedimiento arrancó poco antes de las elecciones de 2007 con la imputación de los ocho integrantes de la anterior junta de gobierno (CC, PP y CAN) por presuntos delitos de prevaricación. En diciembre de ese año un testigo relató al juez una supuesta trama de cobro de comisiones vinculada a la concesión de licencias urbanísticas, provocando (además de la declaración del secreto de sumario ahora levantado) el encarcelamiento del entonces arquitecto jefe de Urbanismo, Eliseo de la Rosa, del aparejador municipal, Roberto de Luis, del empresario Arsenio Zamora y del arquitecto Zenón Rodríguez (citados para volver a declarar el próximo 6 de julio).
Habrá que esperar a que trascienda el contenido de ese sumario para saber si permanecen imputados los ediles de la anterior junta de gobierno (Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso, Manuel Barrios, José Luis González, Daniel Martín) y para saber la lista completa de imputados hasta ahora en este proceso que deparará novedades a partir de la semana que viene, ya que arranca una ronda de citaciones judiciales que se prolonga hasta septiembre. El alcalde ha sido citado para el día siete, Sierra para el ocho, y los nuevos políticos imputados para los días sucesivos.






* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR | ARONA - 30.06.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com

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España, a la cola de Europa en la lucha contra la corrupción

LEVANTE* : España es uno de los peores países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial (BM) publicado hoy, que evalúa la situación en más de 200 países. La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" muestra que España no sólo no ha mejorado en la última década en los seis parámetros que evalúa el estudio, sino que ha empeorado en apartados como el de la "Efectividad gubernamental", que mide el funcionamiento de la burocracia estatal.

En general, en todas las dimensiones de gobernabilidad, España está por debajo de la media de la OCDE, aunque figura por encima de países como Italia, Grecia y Chipre.

Para Daniel Kaufmann, ex director anticorrupción del BM y coautor del informe junto con el economista del Banco Mundial Aart Kraay, el que un país haya logrado entrar en el club de los ricos de la OCDE "no garantiza que es un modelo de buen gobierno".

"Países como Italia, Grecia, España y EEUU, por nombrar sólo algunos, afrontan desafíos en varias dimensiones de gobernabilidad y no son siempre modelos a seguir como algunos de los países nórdicos o Nueva Zelanda, por ejemplo", dijo a Efe Kaufmann, en la actualidad analista del centro de estudios Brookings Institution.

Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.

A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.

El estudio, en el que participaron decenas de miles de personas de todo el mundo, desde ciudadanos de a pie, hasta expertos del sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes del sector público, incluye seis grandes apartados.

El primero es el de "Voz y responsabilidad", que determina hasta qué punto los ciudadanos de un país son capaces de participar en la selección de sus gobiernos, así como de disfrutar de libertad de expresión, asociación y una prensa libre.

España ha tenido estabilidad en esa categoría durante la última década con un rango percentil de casi el 87 en el 2008, lo que implica que hay 25 países mejores, entre ellos Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y Luxemburgo.

El segundo capítulo, que analiza la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", muestra a España con una puntuación baja debido al problema planteado por ETA.

Uno de los puntos más preocupantes para España es el de la "Efectividad gubernamental", en el que ha habido un deterioro significativo desde 1998, cuando el país estaba entre los 20 mejores del mundo y en línea con la media de la OCDE.

En la actualidad, no se encuentra ni siquiera entre los 40 mejores, con un rango percentil de 80 durante el pasado ejercicio, lo que lo coloca por debajo de países en desarrollo como Chile.

En "Calidad regulatoria", que determina la habilidad de los gobiernos para poner en marcha regulaciones que impulsen el sector privado, España se ha mantenido estable y está entre los 25 mejores países del mundo.

Otra categoría estable es la de la "Aplicación del derecho" que refleja la confianza en el sistema legal y el cumplimiento de las normas establecidas. España es el 30 de la clasificación.

La última categoría, el "Control de la corrupción", determina hasta qué punto el poder público actúa en beneficio del conjunto de la ciudadanía, al luchar contra la corrupción a pequeña y gran escala y contra la "captura" del estado por las elites económicas y los grupos de interés.

España mejoró gradualmente entre 1996 y el 2003, desde un rango percentil de 84 en 1996 a 90,3 en el 2003.

La situación se deterioró en el 2006, con un registro de 83,5 y mejoró ligeramente en el 2008, hasta 85, lo que deja a España prácticamente en el mismo lugar que hace 10 o 12 años, es decir en una buena posición pero no estelar, ya que hay 35 países mejores.







* Levante-EMV - EFE - 29.06.09
Viñeta: El Roto - corrupción (El País)

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Palma: La alcaldesa deberá pagar 1.000 euros al mes de multa si no derriba unas obras ilegales

DIARIODEMALLORCA* : La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, dispone del plazo de dos meses para que dé las instrucciones oportunas a los servicios jurídicos y técnicos municipales para que éstos establezcan una "hoja de ruta" para la ejecución de una orden de demolición de unas obras ilegales que se realizaron hace más de 20 años.

Así lo establece la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en un auto dictado a principios del presente mes de junio, aunque conocido ayer. La resolución judicial establece que, en caso de incumplimiento, la alcaldesa deberá hacer frente con "su patrimonio personal" a multas pecuniarias coercitivas, previa audiencia de la afectada, a razón de 1.000 euros mensuales durante los tres primeros meses, y de 600 euros semanales hasta el total cumplimiento de lo acordado.
La demolición afecta a unas obras de parcelación ilegal iniciadas en 1987 "en el ángulo obtuso" de la calle Tarragona, situada en la barriada de Son Anglada. Si bien inicialmente las obras consistían en la apertura de dos viales, la ejecución de una zanja y la supresión "de unos 15 almendros", ahora, tras más de 20 años, se levantan un total de 14 viviendas, todas ellas ilegales, y que cuentan también con expedientes de infracción urbanística abiertos.
La sentencia que el auto del TSJB obliga a la alcaldesa a ejecutar incluye expresamente "la demolición de las obras realizadas en dichos terrenos de parcelación ilegal", hecho que, en principio, afectaría también a las 14 viviendas. No obstante, desde el Ayuntamiento han solicitado una aclaración de la resolución en este sentido, por cuanto, si bien todas las casas cuentan con expedientes de infracción, ninguno de ellos ha llegado al punto de ordenar el derribo.
El Alto Tribunal es consciente de la "complejidad" de la ejecución de la demolición, aunque insiste en que "es preciso fijar pautas temporales para la completa ejecución de la sentencia dado que el Ayuntamiento ha mostrado hasta la fecha un absoluto abandono del deber de restitución de la legalidad que, por ley, le viene impuesto".
Por ello, "a efectos de ordenar esa compleja ejecución" se concede al Ayuntamiento el plazo de dos meses para que los servicios técnicos y jurídicos establezcan una "hoja de ruta" con las sucesivas etapas por las que la ejecución deba atravesar.
No obstante, la sala considera que la ejecución de la sentencia debe realizarse en el plazo máximo de 24 meses. En diez días Cort deberá identificar ante la Sala a los actuales propietarios de los terrenos afectados con sus correspondientes parcelas. La Sala establece también que el Ayuntamiento debe notificar a los propietarios afectados.
Las obras ilegales fueron denunciadas por la asociación de vecinos de Ses Cases de Son Anglada en 1987. Un informe del celador municipal que data de septiembre de este mismo año constata la ilegalidad de las obras. Con posterioridad, este mismo mes, la gerencia de Urbanismo ordena la paralización y, en junio de 1988, la demolición de las obras.
El alcalde Ramón Aguiló designó en junio de 1989 a la empresa para ejecutar la demolición. En 2001 se dicta un decreto para disponer la ejecución subsidiaria y, desde esta fecha hasta febrero de 2009, el expediente ha estado paralizado durante ocho años.







* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA - 30.06.09
Foto: Las obras ilegales están situadas en la calle Tarragona de Son Anglada Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es

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52 Detenidos por ocupar el Casino de Madrid para denunciar especulación

ADN* : La Policía Nacional ha detenido a 52 personas que han participado esta mañana en la ocupación del Casino de Madrid, a las que acusa de coacciones, allanamiento y desórdenes públicos durante una protesta para denunciar que "la crisis no la pagan quienes se benefician de la especulación".

Según ha confirmado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, las detenciones se han practicado durante la citada ocupación, que comenzó a las once de la mañana en el edificio del Casino, ubicado en la céntrica calle de Alcalá, por parte de un centenar de personas que entraron en el mismo y colgaron una pancarta con la leyenda "Por estas puertas no entra la crisis".

Media hora después la Policía Nacional ha intervenido y, aunque no se han registrado incidentes, ha detenido a 52 personas que han sido trasladadas a dependencias de la Brigada Provincial de Información.

El colectivo "Rompamos el Silencio", convocante de la ocupación, ha explicado que se ha tratado de un acto pacífico y que "no ha habido violencia ni sobre las cosas ni sobre las personas", por lo que creen que no hay motivos para las detenciones.

Esta protesta se enmarca en la semana de movilizaciones convocada por el citado colectivo para, entre otros objetivos, reivindicar la creación de espacios autogestionados y denunciar la privatización de servicios públicos como la enseñanza o la sanidad.

El primer acto tuvo lugar el pasado sábado, cuando una treintena de personas ocupó el edificio de los antiguos cines Luna de Madrid, en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta.






* ADN - EFE - 29.06.09
Foto: Casino Madrid - centrodemedios.org

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La Unesco pide parar la Torre Pelli

ELPAÍS/Sevilla* : El Comité Anual del Patrimonio Mundial de la Unesco aprobó ayer en su 33ª reunión una resolución en la que pide a España que "cesen todos los trabajos de construcción [de la Torre Pelli] hasta que el Estado haga una evaluación completa del impacto del proyecto de desarrollo sobre el valor universal de los bienes patrimonio mundial".

Es decir, la Unesco quiere que España detalle el impacto del edificio de 178 metros sobre la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.

La resolución 33 COM 7B. 123 referente a Sevilla fue aprobada ayer por asentimiento. En cuatro puntos, el Comité de Patrimonio Mundial expresa "su preocupación en cuanto a la ausencia de información remitida por el Estado parte [España] respecto al proyecto de Cajasol". De este modo, el informe que previsiblemente encargue España, lo analizará el comité internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que dará su parecer al Comité de Patrimonio Mundial en su próxima edición que se celebrará en Brasilia en 2010.

"El paso dado ayer es como cuando un juez admite a trámite una querella. Tras la oposición de Icomos a la torre Cajasol, ahora se ha admitido a trámite y luego entraría en la lista del patrimonio en peligro, en caso de que ignoraran las resoluciones", subrayó uno de los expertos reunidos esta semana en Sevilla. La capital andaluza atesora esta distinción sobre su conjunto artístico desde 1987. Un ejemplo de que la Unesco cumple sus amenazas se dio el pasado sábado, cuando los 21 países que forman este órgano decidieron expulsar de la lista del Patrimonio Mundial al valle del Elba, en Dresde (Alemania) por la construcción de un puente.

Asimismo, en la resolución aprobada ayer la Unesco pide a España definir un entorno de protección para los bienes de Patrimonio Mundial, y que este informe se envíe antes del próximo 1 de febrero de 2010. También el acuerdo aclara que es el Estado parte "el que tiene que mandar a la Unesco cualquier proyecto que pueda afectar al Patrimonio Mundial". Ahora será, previsiblemente, el Ministerio de Cultura el que encargue "la evaluación completa del proyecto" y reclame la paralización cautelar de las obras.






* ELPAIS.com - J. M.-A. / M. P. - Sevilla - 29/06/2009
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es

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Centenares de vecinos protestan contra las obras de la Brilat en los montes de Salcedo

FARODEVIGO* : “A veces parece que estamos gobernados por extraterrestres”, declaró un portavoz de la Organización Galega de Comunidades de Montes, al observar las obras que el Ministerio de Defensa realiza en los terrenos forestales de Salcedo. Unos setecientos vecinos de Pontevedra, Marín y Vilaboa le acompañaban en la manifestación convocada contra las obras de la Brilat.

El Ejército construye en estos montes comunales la recreación de una aldea afgana y un espacio urbano para el entrenamiento de los soldados. Las obras afectan a un yacimiento prehistórico, por lo que la Xunta de Galicia ha solicitado al ministerio que detenga los trabajos.
La movilización de ayer discurrió por las inmediaciones de la base militar General Morillo, sede de la Brilat, ante la vigilancia de la Policía Nacional y Militar. Los lemas de la protesta eran “Contra a franxa de seguridade”, “Contra as obras ilegais no monte”, “Contra a expansión da base militar”, “Contra o destrozo do medio ambiente e do patrimonio cultural”, “Pola defensa dos nosos montes comunais” y “Pola liberdade de vivir sin dependencia militar”. Acudieron, entre otros representantes públicos, el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, el parlamentario del BNG Bieito Lobeira, o los concejales de Pontevedra Demetrio Gómez y Luis Bará. También asistieron portavoces de colectivos como las comunidades de montes de Lourizán, San Xulián de Marín, Vilaboa, Figueirido, la Asociación pola Defensa da Ría, Briga, o el colectivo ecologista “Vaipolorío”, entre otros.
Los convocantes, vecinos y afectados de Salcedo, denuncian que el Ejército está “usurpando” el monte fuera de los límites del acuartelamiento de la Brilat, y que el Ministerio de Defensa está imponiendo una serie de normas preconstitucionales, como la franja de seguridad de 300 metros en torno al cuartel, que afectan a la calidad de vida de los residentes, al valor de sus propiedades y al desarrollo urbanístico en general de la parroquia y del municipio. Instaron por ello al Concello y a la Xunta de Galicia que “se deixen de cortesías entre institucións” y reclamen la devolución del monte comunal a sus “legítimos propietarios”.
La movilización discurrió ante la “aldea afgana” construida por el Ejército en el lugar de Muimenta y evitó adentrarse en el perímetro de seguridad del cuartel, cuyos accesos estaban custodiados por la Policía y los soldados de la base. Concluyó en el campo de fútbol do Casal, donde se había organizado una comida popular.
En la lectura del manifiesto final, los convocantes recordaron que son casi 29.000 hectáreas de terreno las afectadas por esta intervención del ministerio en los montes comunales y otras zonas incluidas en la franja de seguridad.

La “capitalidad”
El hasta ayer portavoz de la comisión de afectados, Fernando Pintos (deja el cargo para dedicarse a la presidencia de la Comunidad de Montes), apuntó que si el gobierno local y miles de pontevedreses se manifestaron el pasado 19 de junio “en defensa de la capital”, los terrenos “usurpados” por la base militar también forman parte de esa “capital”, y la afección que genera la base militar provocará que los jóvenes de la zona tengan que abandonar en el futuro las parroquias afectadas.
Recordaron una vez más que los montes vecinales en mano común son indivisibles, inalienables e inembargables, y que son propiedad de los vecinos y no de los concellos ni de las administraciones. “Son o exemplo máis puro de democracia que queda hoxe”, indicaron los manifestantes en la lectura del manifiesto final.







* Faro de Vigo - F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA
Foto: Una vista de la movilización vecinal que discurrió por los montes de Salcedo. Rafa Vázquez, farodevigo.es

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La investigación a Bárcenas revela una red de facturas falsas de una constructora del AVE

ELPAÍS* : La investigación de la trama corrupta vinculada a administraciones gobernadas por el PP ha destapado una red de empresas pantalla que emitían facturas falsas para justificar supuestos pagos de Constructora Hispánica (una de las empresas adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia) a proveedores ficticios. Un alto directivo de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red que dirigía Francisco Correa.

Parte del dinero, según los documentos de contabilidad interna requisados por la policía en las sedes de las empresas de Correa (reproducidos en el gráfico adjunto), acabó en manos de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que tanto Constructora Hispánica como las empresas pantalla con las que operaba han podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública.

La investigación arrancó de una conversación de Correa grabada sin que él lo supiera por quien entonces era su amigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid). "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova (sede del PP) y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación.
Tres testimonios

La Fiscalía Anticorrupción interpreta que los 1.000 millones de pesetas a los que se refiere "procederían de la labor de intermediación realizada por Francisco Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras".

Otro ex edil de Majadahonda expulsado por el PP, Juan José Moreno Alonso, ratificó la versión: "Oí decir a Correa que había entregado dinero al señor Bárcenas". La Fiscalía suma un tercer testimonio sobre estos pagos al tesorero. Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declaró al juez: "Siempre hablaban mucho, estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".

Los amigos del tesorero del PP siempre alegan en su defensa que fue él quien rompió con Francisco Correa en 2004, cuando supo que utilizaba su nombre para hacer negocios inmobiliarios en la sierra de Madrid.

Entre la documentación requisada durante la intervención policial contra la red corrupta hay unos folios, hallados dentro de una carpeta azul localizada en la casa del contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde se registraban algunas operaciones de cobro de comisiones a constructores. Entre ellos figuraba García Pozuelo, directivo de Constructora Hispánica, quien entre 2002 y 2003 hizo dos desembolsos de casi 1,6 millones de euros a la trama corrupta, que a su vez lo distribuía entre varias personas. Una de ellas era L. B., al que la investigación identifica como Luis Bárcenas, que habría cobrado un primer pago de 270.000 euros en 2002 y un segundo de 330.000 euros en diciembre de 2003.

Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también logró contratos del AVE. La investigación, que en realidad está en fase incipiente, según se destaca en varios documentos, aún no ha analizado esa vinculación de esta constructora con las obras del AVE.

El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal, o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, resultaron ilocalizables para Hacienda.

Precisamente Álvarez-Cascos es, según diversas fuentes del PP, una de las personas cercanas a Bárcenas que más está empujándole a que resista y no dimita, y el que con más ahínco defiende internamente la inocencia del tesorero, mientras la mayoría de los dirigentes prefiere que dimita cuanto antes para no hacer más daño al partido.






* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / C. E. CUÉ - Madrid - 29/06/2009
Foto: Tren AVE - cincodias.com

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El Foro de Urbanismo Crítico rechaza el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado sobre la Fábrica de Gas

ELCOMERCIO/Oviedo* : El Foro de Urbanismo Crítico rechazó hoy la resolución de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Asturias sobre la antigua Fábrica de Gas de Oviedo, así como el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico por entender que "destruirá un patrimonio industrial de más de 150 años de historia".

Según indicó a Europa Press el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz) en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, el Foro denuncia la "conjura" entre ambas administraciones por permitir "hacer viviendas millonarias pegadas a la Catedral cuyo objetivo es beneficiar a la empresa Hidrocantábrico en vez de preservar el terreno como espacio cultural para la ciudad".
El Foro también analizó y criticó la actitud de la empresa eléctrica que entiende que "lejos de favorecer a la ciudad pretende por segunda vez sacar rendimiento especulativo de unos terrenos como hizo hace diez años en Ciudad Naranco".

Por ello, desde el Foro de Urbanismo Crítico proponen al Ayuntamiento de Oviedo, al Gobierno del Principado y a la empresa que lleguen a un acuerdo para "devolver eses espacio como patrimonio cultural a los ciudadanos de Oviedo".

También acordaron hacer una asamblea y continuar con la recogida de firmas sin descartar llevar a cabo movilizaciones, entre otras actuaciones.







* El Comercio Digital - E.P. - 27.06.09
Foto: Oviedo, fábrica de Gas - rtpa.es

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Eibar: Un colectivo ciudadano califica Erisono de «atentado al patrimonio natural»

ELCORREO/Guipúzcoa* : Arrate Balle Bizirik Taldea, un colectivo de ciudadanos «preocupados por el urbanismo» en Eibar, ha expresado su preocupación por las obras de construcción del parque tecnológico que Tekniker proyecta en la zona de Erisono al considerar que constituyen «un atentado al patrimonio natural y una afrenta al sentido común».

En un comunicado que ha hecho público y ha distribuido durante estas fiestas, este colectivo considera que Tekniker «ha tenido y tiene más de una ubicación posible en zonas más adecuadas para ello, sin tener que causar el importante impacto al patrimonio natural que con esta ubicación se materializa».
Arrate Balle Bizirik Taldea denuncia, además, la forma en que se han ido realizando las obras hasta el momento, «saltándose las normas legales de impacto medioambiental». Y en ese sentido, creen que la población eibarresa «no ha sido ni está siendo debidamente informada de esta obra».

Visión a corto plazo
Por otra parte, manifiestan que en el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento para este ámbito se contemplan en Erisono una serie de edificios «de los cuales algunos alcanzan entre once y treces alturas que supondrán un efecto impactante añadido».

Desde este colectivo se dirigen duras críticas al Ayuntamiento de Eibar por considerar que esas decisiones en torno al proyecto de Erisono «reflejan una visión cortoplacista, que casa muy poco con el concepto de desarrollo sostenible que se dice defender, alejándonos de una ciudad más verde, más saludable y más racional, hipotecando una vez más el futuro de nuestra ciudad». En estos momentos, el proyecto se encuentra en la fase de excavaciones del terreno.






* El Correo Digital - 28.06.09 -
R. Z. - EIBAR
Foto: Fotomontaje de lo que será el polo tecnológico una vez materializado. / EL CORREO

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Alquerías históricas de Valencia peligran por falta de rehabilitación

ELPAÍS* : A los aspirantes a ordenanza del Ayuntamiento de Valencia les exigían hace unos años conocer la alquería de Volante por ser un edificio relevante de la ciudad. Hoy está abandonada en medio de las obras del AVE. Sufrió un incendio, al igual que otra alquería en Benicalap, una en Torrefiel y otra en San Isidro. La alquería Dels Moros se mantiene en pie con puertas y ventanas tapiadas, y los muros llenos de graffiti.

A poca distancia, la de La Torre se ha convertido en refugio de familias de gitanos rumanos. La alquería Del Pi en la pedanía de Casas de Bárcena se mantiene en pie porque está apuntalada. Llegó a incluirse en un circuito de puntos de interés turístico de L'Horta, pero hoy cuesta imaginar que fue "una atractiva factoría rural del seiscientos valenciano".

Esta descripción es del Catálogo de Arquitectura Rural de Valencia elaborado en 2003 con el fin de reforzar la protección del patrimonio vinculado a la huerta. La intención no pasó del documento, que incluye fotografías de una parte del más de un centenar de alquerías, casas rurales, molinos y otras edificaciones de valor histórico y artístico. En muchos casos, la comparación con el estado actual de los inmuebles es deprimente. La falta de rehabilitación ha acelerado su deterioro. Por el mismo camino de la ruina transitan otra cincuentena de inmuebles que se incluyeron en el catálogo circunscrito al suelo urbano, que también incluye un grupo de alquerías, además de joyas como la fábrica Ceramo en Benicalap o la Casa del Relojero junto a la catedral.

Ambos catálogos están por aprobar, como denunció recientemente el concejal socialista Juan Soto. Su petición de un plan de rehabilitación específico del patrimonio rural y de ayudas a los propietarios pinchó en hueso. El responsable de Urbanismo, Jorge Bellver, replicó que se han recuperado en los últimos años más de 20 alquerías para servicios públicos, con la fuerte inversión que implican estos proyectos. Será la revisión del plan general urbano (PGOU) la que dé "mayores garantías" para la conservación de alquerías y les conceda una protección mayor que la actual, añade.

Pero la protección legal no es suficiente, como demuestra el caso de la alquería Dels Moros en Benicalap, que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004 y está pendiente de restauración. "Se trata de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura señorial de los siglos XV y XVI", afirma el catálogo municipal, que destaca también la alquería próxima de La Torre, otra pieza básica de la arquitectura rural pendiente de recuperar. Esta casa, con un antaño fabuloso jardín, está propuesta junto a otras siete como Bien de Relevancia Local (BRL) del nuevo PGOU, lo que subraya su relevancia para el patrimonio.

Una parte de esas alquerías que gozarán de mayor protección está en manos públicas, como la Dels Moros y la Del Pi en Casas de Bárcena, mientras que otras, también necesitadas de rehabilitación, son privadas, como la del Rei (prevista para restaurante en la ampliación del Bioparc), la de Ferrer, la alquería Fonda o la de Rocatí, incendiada en mayo del año pasado. Unas y otras, según insisten los socialistas, necesitan un plan y un sistema de incentivos para no acabar en un montón de ruinas.

El plan territorial de protección de la huerta histórica de Valencia que ultima la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto al primer plano la importancia del patrimonio asociado a la cultura agraria de la ciudad y las comarcas de L'Horta, y puede suponer un impulso a su protección, tal vez el último posible. La revisión del PGOU necesariamente deberá coordinarse con el plan territorial, que incluirá las piezas de arquitectura rural más representativas que han configurado el paisaje de la huerta. En ese contexto, el término municipal de Valencia destaca con ejemplos de la "mejor arquitectura rural", entre otros motivos porque las grandes familias del reino vivían en la ciudad y solían construir una alquería a las afueras para las épocas de calor o pestilencias, según explica el arquitecto Miguel del Rey, autor del catálogo de arquitectura rural y autor, junto a otros especialistas de Alqueries. Paisatge i arquitectura en l'horta, editado por el Consell Valencià de Cultura. "La arquitectura rural es el símbolo de la raigambre de cualquier sociedad, es el icono básico al que hace referencia la memoria cuando necesita una imagen que simbolice el vínculo con la naturaleza", destaca la introducción del libro. Para no perder esa memoria es esencial que la huerta preserve ejemplos de los distintos tipos de casas, barracas y alquerías. En esa línea, Del Rey, que también colabora en el plan de la huerta de la consejería, subraya la importancia de que las rehabilitaciones sean cuidadosas y estén en manos de profesionales, que respeten las formas y características de los diferentes tipos de edificación. Son los "eslabones" de una cadena que recorre más de 700 años de historia. Que no se rompa.






* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 28/06/2009
Foto: La alquería de La Torre (en una imagen de finales de 2007) está abandonada y ha sido ocupada temporalmente en varias ocasiones.- TANIA CASTRO, elpais.com

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Ocupan los antiguos cines Luna para denunciar la especulación que "asola" Madrid

REBELIÓN* : Un centenar de personas, miembros del colectivo social "Rompamos el silencio", ocuparon ayer el edificio de los antiguos cines Luna, en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta (distrito Centro), para denunciar "los procesos especulativos que asolan Madrid y que están detrás de la crisis". Pablo, un portavoz del colectivo, explicó a Efe que el edificio ocupado es propiedad del Banco Espirito Santo, una de las entidades financieras más importante de Portugal "que se ha visto implicada en varios casos de corrupción, blanqueo de dinero y evasión de impuestos". Además, su propia condición de banco llevó a los miembros de "Rompamos el silencio" a elegir este inmueble como "símbolo de los principales responsables y beneficiarios" de la actual crisis económica actual.

La ocupación del edificio se produjo pasadas las 16.00 horas y supone el primer acto de los previstos en esta "semana de lucha social" que comenzó ayer bajo el lema "Somos vuestra crisis" y que concluirá el próximo sábado con una entrega simbólica de llaves a la Policía o a los propietarios del edificio. Ese mismo lema es también el adoptado en las protestas contra la cumbre del G8 que se celebrará en Lecce (Italia) a partir del 4 de julio.

En las inmediaciones del inmueble se reunieron agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo Nacional de Policía y seis furgonetas antidisturbios, según el mismo portavoz, quienes identificaron a las personas que se encontraban en la puerta principal del inmueble.

Pese a su estado "deplorable", la intención de los okupas es permanecer en su interior durante una semana para reivindicar la creación de espacios autogestionados y denunciar la privatización de servicios públicos como la enseñanza o la sanidad y el "negocio" de los centros de menores y "la represión" que en ellos se registra.

También denunciarán las "cárceles para inmigrantes" que, según Pablo, son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) así como el aumento de la exclusión y la disminución de los derechos de las mujeres en situaciones de crisis.

El colectivo "Rompamos el silencio" agrupa a diversas organizaciones sociales de Madrid y promueve "acciones directas no violentas", con el objetivo de "hacer visibles conflictos sociales que habitualmente permanecen ocultos".

Nació en 1998 en reuniones en la parroquia de San Carlos Borromeo y ha ocupado varios inmuebles de la capital en los últimos años.

Comunicado del Eje de Okupación Rompamos el Silencio 09

El propietario de este edificio, los célebres Cines Luna, es el Banco Espírito Santo, entidad financiera lusa que gestiona aproximadamente el 94% del poder adquisitivo de Portugal. La compañía reportó unos beneficios de 4.880 millones de euros en el año 2008, lo que supuso un incremento de cerca de un 45% respecto al 2007. En España, tiene depósitos por valor de 1.556 millones de euros, y créditos por valor de 1.832 millones de euros. Como probable comprador de este inmueble destaca Triball, una empresa dedicada a la compra de burdeles para su transformación en locales de exposición y venta de obras de jóvenes artistas. Su expansión por este barrio hace prever un plan para convertir este histórico cine en un centro comercial.

¿Por qué les okupamos?

A este banco, no parecen serle suficientes los enormes beneficios que cada año obtiene, habiéndose demostrado varios casos de corrupción. En 1999 aceptó dinero de Augusto Pinochet en persona y de tres de sus empresas por valor de 2 millones de dólares. Por dos veces en 2005 (que estén demostradas) participaron en blanqueos de dinero, y en 2006, la Guardia Civil registró sus sedes en Madrid y Barcelona dentro de la “Operación Suéter”. El Banco también posee sedes en Las Islas Caimán, conocido paraíso fiscal del Caribe. La Fiscalía Anticorrupción bloqueó casi 1.500 millones de euros debido a las múltiples irregularidades encontradas en sus cuentas.

No sólo la corrupción es lo que hace de esta entidad un objeto de denuncia, es su propia condición de Banco, principales beneficiarios de la crisis. Por esto, y mucho más, juzguen ustedes mism@s.

Somos Vuestra Crisis

ROMPAMOS EL SILENCIO 2009

http://www.centrodemedios.org/comienza-la-semana-de-lucha-social.html






* Rebelión - ROMPAMOS EL SILENCIO - 28.06.09

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El sumario del caso Astapa constata la corrupción generalizada en Estepona

MÁLAGAHOY* : La investigación policial señala a José Flores, Juan Simón y Francisco Zamorano como cabezas visibles de la trama · Los agentes sostienen que se usaba dinero de empresas para financiar a los partidos políticos y actividades municipales.

Los informes policiales incluidos en varios de los primeros seis tomos del sumario del caso Astapa, sobre los que ayer se levantó el secreto, constatan la existencia en el Ayuntamiento de Estepona de una situación de corrupción generalizada que afectaba prácticamente a gran parte del entramado municipal y en la que destacaba de manera especial un "triunvirato" integrado por el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, al que se apunta como encargado de "buscar el favor" de los empresarios para lograr donaciones; su primo, Juan Simón, cuyo "poder sobre el Ayuntamiento" es tal que "podría parecer que es un miembro más de la ejecutiva local", y el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano, que tiene dos cuñados que logran adjudicaciones de proyectos de especial relevancia en el ámbito de la localidad. A ello se suma el papel del entonces alcalde, Antonio Barrientos, al que se le reconocen numerosas conversaciones solicitando a empresarios su colaboración económica.

Así se pone de relieve en la investigación realizada por la Policía Nacional y las numerosas escuchas telefónicas efectuadas a los implicados en el caso, recopiladas en seis de los 150 tomos que integran este sumario. Algunas de las conclusiones que se extraen de la parte ahora hecha pública, constatan de manera fehaciente el listado de presuntas irregularidades cometidas en el seno del Consistorio, que ha dado lugar a la imputación de 63 personas y a la detención de 25, entre ellas Barrientos, y entre las que se subraya la financiación de los gastos de las distintas delegaciones municipales y de los partidos políticos que en su momento integraron el equipo de gobierno (PES, PSOE y PA) mediante dinero aportado por empresarios.

De acuerdo con las aseveraciones realizadas por los responsables policiales, tales aportaciones se efectuaron "claramente como contraprestación económica con la firma de convenios urbanísticos, concesión de determinadas licencias, tratos de favor, adjudicaciones a dedo...". En las conclusiones se hace especial hincapié en "ciertas irregularidades" en la financiación de PSOE y PES, de las que "podrían incluso derivarse en actividades ilícitas".

Igualmente, se destaca cómo los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento podrían haber sido en su mayoría valorados "a precio inferior al de mercado", lo que permitiría a los responsables municipales disponer de "un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes...".

Así, un ejemplo de la práctica empleada es recogida en una de las conversaciones telefónicas grabadas al portavoz del PES, José Ignacio Crespo, que le pedía a su gerente de Urbanismo, Pedro López, que buscase 28.000 euros para pagar un concierto y le instaba a que le pidiera el dinero a la empresa a la que se le habían adjudicado las obras de construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO), insistiéndole a la mercantil en que en un futuro se tienen proyectadas más viviendas de este tipo.

A lo largo de buena parte de los tomos cuyo secreto sumario ha sido levantado se incide en la "precaria" situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento, con importantes deudas a proveedores y con dificultades para pagar las nóminas de los trabajadores. Asimismo, se constatan "frecuentes" conversaciones en las que los miembros del equipo de gobierno hacen "especial hincapié" en que se aprueben más convenios urbanísticos para "conseguir efectivo para el Ayuntamiento", extremo este prohibido de manera expresa por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El informe insiste en que muchas de estas deudas fueron abonadas por empresarios, como pudo ocurrir con los 800.000 euros que se debían al redactor del PGOU del municipio, Enrique Bardají, cantidad que parece que finalmente fue asumida por una mercantil.

Otro de los puntos en los que los investigadores abundan es el de las contrataciones de personas afines a los grupos que formaban parte del gobierno local. Concretamente, Zamorano contrató a la mujer de su hijo como monitora de una guardería con el beneplácito de la concejala de Educación, Mariví López, supuestamente sin pasar ningún tipo de proceso selectivo. En otra parte del documento, el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, según una conversación intervenida en relación al refuerzo de Playas, dice que las personas contratadas "al final son 40 tíos que controlas desde el partido".

Los informes policiales, además, incluyen otras irregularidades como la utilización de las competencias del Ayuntamiento para beneficio de los técnicos. En este punto, se destaca que hay "un gran número de técnicos, peritos y trabajadores en general que participan de los diferentes convenios que suscribe el Ayuntamiento", a muchos de los cuales se les vincula con acciones que podrían ser delictivas. En el listado se indican nombres como el de los arquitectos municipales Arturo Cebrián e Ignacio de la Hoz Pérez-Pla; el del jefe de Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores Gómez, y el secretario José Manuel Duarte Domínguez, entre otros.






* Málaga Hoy - 26.06.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Derio permite construir 200 chalés sobre un terreno contaminado

ELPAÍS/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Derio ha permitido levantar una promoción urbanística de 197 viviendas, casi todas ellas chalés, en un solar declarado contaminado por el Gobierno. La ley de Prevención de Contaminación del Suelo, en vigor desde mayo de 2005, obliga a tener aprobado un plan de excavación y un certificado de calidad del suelo para cualquier actuación urbanística en áreas potencialmente contaminadas, unos requisitos de los que carece esa promoción, como ha reconocido el propio consistorio.

El Departamento de Medio Ambiente, que ha iniciado una investigación sobre el caso, asegura que hace un año exigió a los promotores y al Ayuntamiento la certificación de la calidad "y no se ha hecho. Ni siquiera se respondió a la petición", aseguran fuentes de la consejería.

Este proyecto urbanístico se remonta a mayo de 2005, cuando la Diputación de Vizcaya aprobó el plan parcial en el sector denominado Rementeriñe, en la zona alta de Derio. Dado que en el solar existía una zona potencialmente contaminada, según el inventario del Gobierno vasco, la promotora de la mayoría de las viviendas, Arco Atlántico, presentó en 2007 un plan de excavación, como exige la citada ley. Dicho proyecto fue rechazado en 2008 por Medio Ambiente.

La normativa de prevención de contaminación del suelo señala en su artículo 17 que tras el plan de excavación es necesario un certificado de calidad del suelo. El texto agrega que, salvo proyectos pedidos con anterioridad a la ley "serán nulas de pleno derecho las licencias, autorizaciones y demás resoluciones" que no cuenten "previamente el procedimiento para declarar la calidad del suelo". El plan parcial urbanístico de esa zona fue ratificado por la Diputación de Vizcaya en mayo de 2005 nueve días después de la entrada en vigor de la normativa de contaminación del suelo.

Con las licencias municipales en la mano, los promotores iniciaron en 2007 las obras, que todavía prosiguen. Más de 100 viviendas se hallan en construcción y ocho recibieron del Ayuntamiento en abril la licencia de primera ocupación, según el acta plenaria, aunque el alcalde, el peneuvista Lander Aiarza, aseguró ayer que no están concedidas. El 6 de abril, un informe técnico municipal vinculó la concesión de la licencia de fin de obra a que contasen con el correspondiente certificado de control de calidad del suelo.

El portavoz del PSE en Erandio, Mariano Jiménez, quien empezó a denunciar estos hechos en el consistorio en abril pasado, asegura que la sociedad pública ambiental Ihobe, dependiente de Medio Ambiente, le ha comentado que desconocía que se hubiese acometido la urbanización de la zona y creía que, al denegarse el plan de excavación en 2008, la promoción se hallaba paralizada.

Fuentes de la consejería aseguraron que se ha iniciado una investigación y que hace un año se comunicó a la promotora Arco Atlántico y al alcalde de que, previamente a las obras, se debía realizar la certificación de la calidad del suelo. "Les dijimos que antes de cualquier movimiento de tierras tenían que tener el certificado, pero no se respondió", afirmaron.

El edil socialista apunta que, según sea la respuesta que dé la consjería, llevará el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción o la de Medio Ambiente. Jiménez afirma que "no es un tema puntual" y que la comarca vizcaína del Txorierri, "donde el PNV tiene mayoría absoluta en varios ayuntamientos, se ha convertido en un modelo generalizado la urbanización sobre áreas contaminadas".

La promotora Arco Atlántico se constituyó en el año 1996 y su presidente es José Ramón Odriozola, vinculado al PNV y máximo responsable hasta hace poco de Construcciones Balzola -ahora es el presidente de honor-, una de las compañías más potentes del sector en Vizcaya.








* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 27/06/2009
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com

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La Fiscalía lleva al alcalde de Écija ante el juez por presunta prevaricación

ELCORREODEANDALUCÍA* : La Fiscalía de Sevilla ha visto indicios de delito en los hechos presentados en noviembre de 2008 por el PA contra el alcalde de Écija, Juan Wic (PSOE), y ha elevado una denuncia ante el Juzgado Decano de Écija por la supuesta gestión irregular de fondos procedentes de convenios urbanísticos.

En la denuncia remitida al juez, la Fiscalía habla de indicios de prevaricación que se centran en la utilización de nueve millones que debían haberse destinado a proyectos urbanísticos, porque procedían de convenios relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que según el fiscal debían dedicarse a la financiación de otros proyectos urbanísticos, como obliga la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El PA presentó a la Fiscalía un listado en la que indica a qué ha dedicado el Ayuntamiento la totalidad de los nueve millones, según el cual el Consistorio destinó casi seis millones al pago de salarios, maquinaria y mobiliario, entre otros. De la parte restante, 2,6 millones fueron transferidos a la Empresa Municipal de Urbanismo para construir 103 VPO, y sólo se construyó el 20%, con lo que el PA dice que la parte restante se destinó a sueldos y otros gastos, según los andalucistas.

Un juez de Écija se encargará ahora de recabar los informes municipales sobre el destino de los fondos y, con seguridad, llamará a declarar como testigo al autor de la denuncia, el portavoz andalucista en el Ayuntamiento,Fernando Reina.

El PA de Écija emitió ayer una nota en la que mostró su “satisfacción por la decisión judicial adoptada por la Fiscalía de denunciar al alcalde” y aseguró que fueron ellos los primeros en denunciar públicamente “las graves irregularidades en la gestión urbanística y económica del gobierno local”.

“Durante toda la pasada y la presente legislatura lo hemos venido advirtiendo, fundamentalmente para evitar que se siguieran cometiendo las irregularidades y descapitalizando el Ayuntamiento, por lo que lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones”, afirman el PA, para el que la situación política en la ciudad es “cada vez más insostenible” y acusan al PSOE de “graves irregularidades y presuntos delitos”.

El primer partido de la oposición asegura que “ahora se da la razón a las sospechas y denuncias de graves irregularidades”. El PA asegura que esperará a conocer “el contenido de la denuncia” para ofrecer “en una rueda de prensa todos los datos”.






* El Correo de Andalucía - R.V. / M.R. - 26.06.09
Foto: Ecija (Sevilla) - wikanda.sevillapedia.es

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Cientos de personas marchan en Las Rozas contra el cierre norte de la M-50

MADRIDIARIO* : Unas 300 personas marcharon este sábado desde el municipio de Las Rozas hasta la Dehesa de Navalcarbón pidiendo que no se realice el cierre norte de la carretera M-50 que quiere acometer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según explicó el adjunto a la Secretaría de Medio Ambiente de CC.OO de Madrid, Luis Cuena, la marcha transcurrió con normalidad, y durante el recorrido portaron una pancarta que decía 'No al cierre norte de la M-50'.

Además, la reivindicación estuvo amenizada todo el rato por la actuación del grupo 'Tuque batuque', que ofreció una batucada a los asistentes. Una vez finalizaron el camino, los organizadores repartieron una gran paella entre los asistentes.

La marcha se enmarca en las manifestaciones que durante varios días están llevando a cabo CC.OO. Madrid y UGT Madrid, la Plataforma 'M-50 No' de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, la Coordinadora Salvemos la Sierra, el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida de Las Rozas e Izquierda Anticapitalista Sierra de Guadarrama.

El secretario de IU en Las Rozas, Jaime Rodrigues, aseguró que los ciudadanos no son conscientes del impacto medioambiental que puedan tener las obras. "En Las Rozas no son conscientes del alto coste medioambiental y de su salud que supone este cierre y piensan en que van a estar más cómodos", subrayó Rodrigues, al tiempo que indicó que desde hace tiempo los vecinos han pedido el cierre porque para acceder a Madrid tienen que pasar por la M-40 y la autovía de A Coruña, dando así más vuelta.

Por ello, el portavoz de IU explicó que quieren movilizar a la población porque son muchos los problemas que acarrean estas obras. Así, a su paso por esta localidad, la autovía discurrirá íntegramente por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que es el principal espacio protegido de la Comunidad de Madrid, y por el Monte del Pardo, donde se instalarán dos chimeneas de salidas de humo de los túneles.

Además, apuntó que el cierre norte de la M-50 abrirá la puerta a la recalificación del suelo actualmente protegido , permitiendo a medio plazo su urbanización. "Si construyen la autovía, se degradarán las condiciones ambientales que justificaron su protección y recalificarán los suelos para que se pueda edificar", subrayó Rodrigues.

Este domingo finaliza la fiesta con una manifestación en San Sebastián de los Reyes, que saldrá desde la Plaza de la Universidad Popular hasta el Parque de los Reyes. En esta zona, las organizaciones denuncian que el cierre destruirá el Parque El Retamar, de gran valor ecológico, con una extensión de 12 hectáreas; su aproximación a cielo descubierto a las viviendas de Dehesa Vieja y La Granjilla traerá más contaminación, ruido y tráfico; afectará al crecimiento y promoción de vivienda protegida en Cerro del Baile, y cortará y destruirá el Parque de Arroyo Quiñones, financiados con fondos de la UE.






* Madridiario - 27-06-2009 - MDO / E.P - 27.06.09
Foto: madridiario.es

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El promotor de la censura en Gondomar edifica un hotel ilegal

ELPAÍS/Pontevedra* : Martín Urgal Alonso, el candidato del PP a ocupar la alcaldía de Gondomar en la moción de censura contra el actual regidor nacionalista, Antón Araúxo, es propietario de un hotel inacabado pero con orden de demolición por su ilegalidad. Así lo develó ayer el aún alcalde, que vinculó a Urgal con la promotora Prodein Val Miñor, que realiza la citada obra.

"Nos lo presentan como un mirlo blanco, pero es un cuervo depredador y muy peligroso", dijo Araúxo, quien glosó el interés común de los firmantes de la moción de censura en rescatar el plan general de urbanismo de 2006, conocido como el "plan de la corrupción".

La moción de censura, que se debatirá el próximo 7 de julio, no aduce en su texto ningún motivo de justificación "porque los argumentos de quienes la presentan son inconfesables", dijo Araúxo.Martín Urgal, el candidato a la alcaldía de Gondomar, fue fichado para el PP por José Luis Mosquera, concejal de la anterior corporación actualmente procesado por cohecho, tras ser sorprendido in fraganti cobrando por la recalificación de unos terrenos en el citado plan general de 2006. Urgal, según Araúxo, es "el sucesor de Mosquera en la trama urbanística" y está llamado a cumplir un papel relevante en el cumplimiento de los compromisos que el anterior gobierno del PP adquirió en la tramitación del plan. Este plan legalizaría, a su vez, el hotel ilegal y cuatro chalés construidos por la misma promotora en una parcela colindante que también pertenecía a Urgal. En el solar del hotel había una casa tradicional que Patrimonio había ordenado preservar, pero fue derribada.

"¿Qué disciplina urbanística puede imponer este hombre cuando él mismo construye ilegalmente y desoye las órdenes de demolición?", se preguntó Antón Araúxo.

El plan general de 2006 reclasificó, a través de convenios, 600.000 metros cuadrados de suelo rústico y declaró urbanizables más de un millón de metros en las riberas del río Miñor, que en buena parte ya habían sido comprados cuando la corporación municipal, en marzo de 2007, a raíz de la detención de Mosquera y del concejal de urbanismo, Alejandro Gómez, acordó suspender la tramitación del planeamiento, aún sin aprobación definitiva. "Los promotores pagaron entonces las maquilas y ahora no se iban a quedar de brazos cruzados: eso es lo que subyace en esta historia", afirmó Araúxo.

A su juicio, Carlos Silva, cabeza de lista del PP y condenado a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación urbanística, no firmó la moción de censura "porque quedaba antiestético, aunque su abstención confirma que se reconoce corrupto".

Manuel Núñez Sestelo, fundador del grupo independiente Move Gondomar tras ser expulsado del PSOE, ha sido otro de los impulsores principales de la moción. "Mosquera declaró, y así consta en el sumario", explicó Araúxo, "que el dinero que recibía no era para él, sino para pagar la campaña de Move Gondomar. Manuel Núñez anunció entonces una querella contra Mosquera, pero nunca la presentó".

A Alfonso de Lis, el hasta ahora portavoz socialista y virtual concejal de urbanismo del nuevo gobierno, en las negociaciones para el pacto de gobierno aseguran que le ofrecieron "de todo y nada le valía, decía que le daba miedo el BNG", prosiguió Araúxo. "Tenía miedo porque sabía que con el BNG no habría lugar al trapicheo urbanístico y él es deudor de su mentor y mecenas, su tío José Fajo, que es el promotor de cabecera del PP en Gondomar".

El regidor hizo un bosquejo de sus actuaciones para desmentir el "desgobierno" que aducen los promotores de la moción de censura y aludió a los trámites iniciados en el actual mandato para elaborar un nuevo plan de urbanismo con nuevo equipo redactor y financiación total de la Xunta (300.000 euros), que los firmantes de la moción han boicoteado sistemáticamente, "aunque ahí está, en marcha".

Araúxo estuvo acompañado en su comparecencia por el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, y otros cargos nacionalistas para señalar el "apoyo total" de la organización al alcalde. Vázquez subrayó que la alianza PP-PSOE se presenta sin programa alternativo de gobierno y atribuyó la operación a Rafael Louzán, presidente provincial del PP, "que pone a la zorra a cuidar las gallinas" y que, después de Mos, también lo está intentando en Porriño y Tomiño. "Tiene un maletín que, a su lado, el de Cristiano Ronaldo da risa", dijo Araúxo. Ambos dirigentes emplazaron al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, "a actuar con firmeza frente a la corrupción, como comprometió: aquí tiene una oportunidad, ya que la de Mos le pilló en Argentina", ironizaron.






* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 27/06/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Un imputado en la Gürtel tiene suelo valorado en 64 millones

PÚBLICO/Madrid* : La red de sociedades que está tras la promoción de viviendas de lujo que vende Jacobo Gordon en Majadahonda (Madrid), y que desveló este periódico el pasado lunes, suma más de 100 millones de euros en activos, de los que 63,9 corresponden a terrenos y proyectos inmobiliarios en curso. La sede de todas las empresas es un despacho en el número 128 de la madrileña calle Príncipe de Vergara.

La sociedad matriz, Real Estate Equity Portfolio, la preside Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, y ex socio del yerno del ex presidente del Gobierno. Gordon está imputado en la operación Gürtel como una pieza clave del entramado urbanístico con el que contaba la red corrupta dirigida por Francisco Correa.

Seis firmas y un negocio

Real Estate Equity Portfolio controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas, todas ellas dedicadas al negocio del ladrillo: Proyecto Elfo (100% de las acciones), Proyectos Inmobiliarios Altamira (100%), Avitante Proyectos Empresariales (99%), Proyecto Twain Jones (75%), Proyectos Inmobiliarios Proavitante (50%) y Proyectos Inmobiliarios Residenciales (24%).

Según los últimos balances de cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2007, las inversiones de estas firmas inmobiliarias van desde el citado edificio de pisos de lujo que se ofertan por un millón de euros en Majadahonda (Residencial Adriático), hasta promociones de viviendas en Ibiza valoradas en 13 millones de euros o terrenos en Colmenar Viejo, en la periferia de Madrid.

La sociedad con activos más importantes es Proyectos Inmobiliarios Residenciales, que sumaba 63 millones de euros, de los que 42 corresponden a terrenos, solares y obras en el Polígono Industrial Norte Los Alamillos de San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Para esta operación, Jacobo Gordon, al que Correa identifica en al menos dos grabaciones como su hombre en asuntos inmobiliarios, se alió con otras dos promotoras, Procasa y Proinsa.
Beneficiada en Boadilla

Esta última, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA, es la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel. Teconsa ha sido la gran beneficiaria de las adjudicaciones de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid), que dirigían los imputados Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, el diputado autonómico del PP que durante su etapa como concejal de El Escorial organizó la boda Agag-Aznar.

El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien va a investigar el Tribunal Supremo.

Teconsa ha logrado contratos allí donde ponía los pies la trama Gürtel, desde León a Valencia, pasando por distintos municipios de Madrid.

El vicepresidente de esta constructora, José Luis Martínez Parra, ha sido consejero de Real Estate Equity Portfolio, al igual que José Ramón Blanco Balín, amigo de José María Aznar y vicepresidente de Repsol en la etapa de Alberto Cortina al frente de la petrolera recién privatizada.

Blanco Balín está imputado en el caso Gürtel, al igual que el directivo al que sustituyó en Real Estate, el abogado Luis de Miguel. Ambos son sospechosos de haber organizado la trama de evasión y blanqueo de capitales de la organización que lideraba Correa. En cuanto a Procasa, en su consejo de administración aparece la familia Sarasola. De hecho, sigue figurando el ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi, el empresario que en los años ochenta se vio involucrado en el presunto cobro de comisiones en varios escándalos financieros durante la etapa de la denominada beautiful people, como el de las Torres Kio con los Albertos

Procasa, que se encuentra en situación concursal la antigua suspensión de pagos, también está asociada a Real Estate Equity Port-folio, la matriz de la red vinculada al caso Gürtel creada entre 2003 y 2005, en Proyectos Inmobiliarios Proavitante, que cuenta con 12 millones de euros en terrenos y promociones en Ibiza.

Hay un denominador común en la trama de empresas que hoy desvela Público y es que no cuentan con empleados, según refleja su contabilidad. Se trata de sociedades patrimoniales que mueven decenas de millones sin gastar un solo euro en salarios y, además, la mayoría de ellas declaran cuantiosas pérdidas año tras año. El juez Antonio Pedreira sospecha que los beneficios reales obtenidos por esta red de empresas han ido a parar a mercantiles constituidas en paraísos fiscales, por lo que estaríamos ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.







* Público - JAVIER CHICOTE - MADRID - 26/06/2009
Foto: Terraza con jacuzzi en una de las viviendas de Gordon que se ofertan por un millón en Majadahonda. J.Ch. - JAVIER CHICOTE, publico.es

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Historia de un pelotazo en Calp

ELPAÍS/Alicante* : La acusación consideró probado en un juicio celebrado ayer que en 1999 el ex concejal de Servicios Técnicos de Calp Manuel Roura -que pertenecía a EU pero tenía competencias bajo el gobierno del PP- utilizó información privilegiada para "pegar un pelotazo urbanístico" y obtener beneficios económicos en una permuta realizada por el Ayuntamiento para la construcción de una subestación eléctrica.

El fiscal añadió que Roura contó con la "permisividad" del resto de la corporación y comparó la gestión urbanística de esta última con la de Marbella.

Por este caso, que ha quedado visto para sentencia, además del ex edil de EU también está imputado su tío carnal, Jose María García Guijosa, quien era el administrador de la empresa Hariolus Europa, cuyas acciones, según el registro mercantil, eran compartidas al 50% por Roura y por su ex esposa, Francisca Sevilla, quien también trabajaba en el área municipal de Servicios Técnicos. En menos de 4 meses -entre noviembre de 1999 y febrero de 2000- Hariolus se las arregló para comprar a un propietario de Calp por diez millones de pesetas una parcela de suelo no urbanizable y vendérsela después a cambio de unidades de aprovechamiento urbanístico equivalentes a 60 millones al Consistorio para edificar la subestación. Por estos hechos, el fiscal imputa a los dos acusados los delitos de tráfico de influencia y negociación prohibida para autoridades, a los que la acusación popular añade el de uso de información privilegiada.

Según el relato d el fiscal, la trama comenzó a urdirse en julio de 1999, cuando Calp sufría constantes apagones de luz y exigía nuevas instalaciones que los remediaran. Justo este mismo mes, Guijosa gestionó la compra de Hariolus Europa, una empresa inactiva de un empresario de Ontinyent. El 25 de noviembre, Guijosa y Roura escrituraron esa firma en Alicante y sólo 24 horas después firmaron en el despacho profesional de Roura un contrato de compra con el propietario de la parcela de la futura subestación, un vecino de Calp de 87 años, al que pagaron 10 millones al contado.

El fiscal añadió que en la concejalía de Servicios Técnicos que Roura había dirigido hasta abril de ese año había información privilegiada que constaba que esa parcela era la idónea para que Iberdrola pudiera construir la subestación: "Por un lado, sabían de las necesidades que tenía Calp de mejorar su suministro de luz y por otro se aprovecharon de un señor muy mayor y poco conocedor de los cambios que había sufrido el PGOU para comprar la parcela". Según el ministerio público "todo estaba amañado": en aquel contrato actuaron como testigos una persona de confianza del área de Servicios Técnicos - que después acabó convertida en secretaria de Roura- y un trabajador de la concesionaria de la basura que actúo como intermediario.

A partir de ese instante, en todos los trámites sólo aparece Guijosa, pero la acusación cree que era Roura el que manejaba los hilos en la sombra y que su tío sólo era un testaferro. El 2 de febrero de 2000, Guijosa firmó el convenio de cesión de la parcela con el entonces alcalde, Javier Morató, y el edil de Urbanismo, José Perles, ambos del PP a cambio de 4.835 unidades de aprovechamiento urbanístico. El 15 de febrero, el pleno aprobaba ese convenio por unanimidad para ceder después la parcela a Iberdrola. Y el 15 de marzo Hariolus Europa vendía por 60 millones las unidades a un conocido empresario de Calp, Salvador Torregrosa quien, por cierto, una década más tarde aún no ha podido convertir esas unidades en viviendas debido a problemas con el registro, tal y como declaró ayer.

El fiscal se preguntó cómo era posible que los concejales que aprobaron en el pleno aquel convenio no supieran que Guijosa era tío de Roura y que por lo tanto se estaba urdiendo una trama. De hecho, ayer, Morató y Perles se contradijeron: el primero dijo que no conocía esa vinculación familiar y el segundo que sí, aunque la misma no constaba en el expediente. En la actualidad Morató es el primer teniente de alcalde en el ejecutivo del nacionalista Ximo Tur y Perles es de nuevo el concejal de Urbanismo.

Por su parte, Roura aseguró que se limitó a ejercer de abogado de su tío y dijo que ni él ni su esposa pertenecían a Hariolus y que si así constaba en el registro mercantil era por culpa de un error de su gestor. En la vista, su ex esposa añadió que "mi marido tenía tantas empresas que ni me acuerdo de si Hariolus era una de ellas". Roura también subrayó que la idoneidad de aquella parcela para la subestación "era conocida por todo el mundo, pues la homologación del PGOU estaba expuesta al público desde 1998". Y concluyó que no acudió a votar al pleno en el que se aprobó el convenio, con lo que no intercedió a favor de su tío.

Por último, la abogada de este último señaló que si Guijosa aceleró los trámites para comprar la parcela que después revendería al Ayuntamiento fue porque "mi cliente es un empresario, no una ONG". El propio Guijosa añadió que si compró una empresa inactiva como Hariolus era "porque estábamos en la época del boom de la construcción y había que darse prisa en tener sociedades para adquirir terrenos". Cuando el fiscal le hizo ver que la parcela en cuestión era suelo rústico y que no podría haber edificado en ella, matizó que "en realidad la quería para guardar herramientas, aunque después en un bar, me enteré de que allí se podía construir la subestación; en Calp, es en los bares donde se saben esas cosas"., concluyó el acusado.







* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Calp - 26/06/2009
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com

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Asturias: La Fiscalía critica que los ayuntamientos no denuncien los delitos urbanísticos

ELCOMERCIO* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, que dirige Joaquín de la Riva, hizo pública ayer su memoria de 2008 en la que resalta la nula colaboración que ofrecen los ayuntamientos a la hora de denunciar los posibles delitos cometidos en sus territorios. Según este documento, «son prácticamente inexistentes los supuestos en los que los ayuntamientos remiten a la Fiscalía denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, a pesar de las importantes competencias que tienen en materias como el urbanismo».

Y es que las relaciones con la Administraciones locales son las únicas que parecen fallar en el trabajo que desarrolla la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, ya que con el Principado existe un cauce de traslado de denuncias ya consolidado, especialmente en las investigaciones realizadas por las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado (Bripas). Igualmente, el Ministerio Fiscal considera fundamental el trabajo desarrollado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, y por los particulares que denuncian los hechos delictivos de los que son testigos.
De las 308 diligencias de investigación seguidas en 2008 por la Fiscalía asturiana, 147 lo fueron en materia de medio ambiente -28 más que el año anterior- debido al incremento de las investigaciones en materia de incendios forestales. Este trabajo redundó en 64 denuncias.
En materia de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente se presentó una denuncia en Ponga, mientras que por delitos contra la flora o la fauna hubo cuatro, por asuntos como colocar lazos para cazar, posesión de dos alimoches o realizar obras que perturban al urogallo. En cuanto a ordenación del territorio, hubo cuatro denuncias por construcciones ilegales en Llanes, Villaviciosa y el entorno de los Picos de Europa.
Peleas de gallos
Llaman la atención las dos denuncias presentadas por maltrato animal, ya que una fue por organizar peleas de gallos en Cuesta de Arco (Langreo) y la otra por tirar a un caballo moribundo a un vertedero de Riaño, también en el concejo de Langreo.
En cuanto a los juicios celebrados, los hubo desde por contaminar el río Pinzales (Gijón) hasta por cazar con lazos ilegales, arrastrar un perro desde el enganche posterior de un automóvil o envenenar con estricnina caballerías atacadas por lobos por si los cánidos volvían a terminar con esos animales. También hubo cinco juicios por construcciones ilegales en terrenos protegidos en distintos puntos de la región.
La memoria de la Fiscalía resalta el aumento de los incendios forestales en Asturias durante 2008. Fueron 1.741, frente a los 1.049 del ejercicio anterior. Esto dio lugar a 68 investigaciones sobre las causas de los siniestros. La Bripas facilitó 13 denuncias y la Guardería de Medio Natural otras cinco. Al final, se pudieron formular diez acusaciones. En 2008 hubo 15 juicios por incendios forestales, con el resultado de trece sentencias condenatorias y dos absoluciones.








* El Comercio Digital - MARCO MENÉNDEZ
| GIJÓN - 26.06.09
Foto: Ribadesella (Asturias), ayuntamiento - wikipedia.org

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El TSJA frena la construcción de veinte viviendas en Villa Fernanda

SUR/Málaga* : La construcción de unas veinte viviendas en las zonas no ajardinadas de la finca Villa Fernanda, en el paseo de Miramar, tendrá que esperar al menos tres o cuatro años. Según pudo conocer este periódico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió el pasado día 18 una resolución por la que acepta la suspensión cautelar del estudio urbanístico que amparó la licencia de obras para las casas, concedida por silencio administrativo por el Ayuntamiento a finales del mes pasado.

Esta suspensión fue solicitada en diciembre de 2008 por la comunidad de propietarios del edificio La Era, cercano a la finca.
Javier Such Martínez, de Gaona Abogados, explicó que el fallo del TSJA supone la paralización de cualquier obra de nuevas viviendas en Villa Fernanda ya que, aunque no anula expresamente la licencia municipal, sí suspende el estudio de detalle previo a ese permiso y en el que se basa su otorgamiento. Este letrado, que representa a los vecinos que presentaron el recurso para evitar la realización de las casas, también recordó que la pasada semana cursó una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo para solicitar la suspensión «cautelarísima» de la licencia de obras, concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo en base a que la ejecución de las viviendas, que ocuparían una antigua pista de tenis abandonada y una zona de césped y piscina de construcción mucho más reciente que las casonas de la finca, está permitida por el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Such anunció que va a comunicar al juzgado la resolución emitida por el TSJA para que la tenga en cuenta a la hora de estudiar la posible suspensión cautelar de la licencia de obras.
El acuerdo de la sala del alto tribunal andaluz supone como poco una demora de varios años en la ejecución del proyecto del propietario de Villa Fernanda. A partir de ahora, los vecinos tendrán que formalizar su demanda, tras lo que el TSJA dará traslado a las partes implicadas -el Ayuntamiento y el promotor-, para que se abra la fase de pruebas. Todos estos pasos pueden suponer que la conclusión final sobre el fondo del recurso tarde entre tres y cinco años.
El TSJA afirma en su resolución que «de no suspenderse la eficacia del referido instrumento de planeamiento de ordenación urbanística -el estudio de detalle- se abriría el camino al otorgamiento de posterior licencia para la construcción dentro del jardín del conjunto Villa Fernanda». Además, destaca que el citado estudio urbanístico fue aprobado por silencio, es decir, sin una resolución expresa.






* SUR - JESÚS HINOJOSA - 25.06.09
Foto: Aspecto parcial de la casa principal y el jardín, en el paseo de Miramar. / CARLOS MORET, diariosur.es
Foto: Málaga, villa Fernanda - laopiniondemalaga.es

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La Comunitat lidera la ocupación ´insostenible´ del litoral en España

LEVANTE/Valencia* : El informe anual sobre sostenibilidad ambiental elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), vuelve a situar el proceso de litoralización sufrido por la Comunitat Valenciana -los usos del suelo y la ordenación del territorio- como el indicador que más aleja a los valencianos de los objetivos de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible con la que, por otra parte, existen otros indicadores que apuntan a una creciente convergencia.

Según el citado informe, elaborado por el OSE, del que forman parte la Universidad de Alcalá, la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, el control sobre el proceso de "artificialización del suelo" en la costa debe ser una "prioridad estratégica para España".
Según se asegura, "el proceso de urbanización descontrolado.. ha causado importantes impactos sobre los ecosistemas litorales, muchas veces irreversibles.
El proceso, ademas de provocar "desequilibrios significativos en términos de sostenibilidad ambiental del ecosistema costero, con visible pérdida de biodiversidad terrestre y marítima... genera también notables impactos socioeconómicos".

A la cabeza
Según el análisis regional que realiza el OSE, las provincias que más sufrieron un incremento de la "artificialización" del suelo en los primeros 10 kilómetros de la costa en el periodo 1987-2000 fueron Alicante, Valencia y Castellón, junto a las Islas Baleares, "todas superando incremento de ocupación del 30%".
El informe añade que las estimaciones de ocupación realizadas con posterioridad -basadas en imagenes de satélite que están siendo contrastadas todavía- reflejan "una tendencia continua de ocupación debido a la importancia de la construcción y el peso del sector inmobiliario".
"Un análisis tendencial realizado hasta 2005 ratifica que la Comunidades Autónomas del Mediterráneo siguen presentando los mayores índices de artificialización respecto a las comunidades interiores a excepción de la Comunidad de Madrid", concluye .

Impacto económico
El informe considera el fenómeno de "litoralización" -entendido como la concentración de la actividad económica en las áreas costeras como resultado del crecimiento urbano- como un "factor de riesgo de insostenibilidad global". Además de generar importantes impactos medioambientales "que se reflejan en la destrucción y desaparición de singulares áreas litorales, ricas en biodiversidad y con altos valores paisajísticos y patrimoniales", el trabajo universitario hace hincapié en la influencia que ha tenido en el desarrollo socioeconómico, sobre el que detecta también amenazas derivadas de la inercia generada por la elevada ocupación de suelo
El OSE advierte que la presión sobre las franjas litorales puede incrementase como consecuencia de "un nuevo impulso turístico derivado de la generalización de los enlaces aéreos de bajo coste" y advierte de sus consecuencias.
Así, el Observatorio de la Sostenibilidad recoge en su informe que el cambio del turismo tradicional al turismo residencial y el crecimiento de los mercados inmobiliarios en la franja litoral, son, en buena parte, responsables de la saturación de las franjas más cercanas al litoral-
"El auge de la segunda residencia , además de impactar sobre la rentabilidad inmobiliaria a largo plazo, repercute de manera negativa en la rentabilidad empresarial de la actividad turística ya que este tipo de turismo efectúa un menor gasto diario", añade el Observatorio, recordando el contenido del informe Deloitte-Exceltur, que estima para cada plaza hotelera 9.700 euros de actividad económica frente a los 1.341 euros de la residencial referido a datos del año 2005.
Aprobados en suelo protegido e incendios
Además del indicador sobre ocupación costera, el OSE incluye otros como la directiva sobre depuración de aguas residuales, el índice de calidad general de las aguas, el número de aves asociadas a distintos ecosistemas, los espacios naturales protegidos, los incendios forestales, la defoliación de los bosques o los cambios en superficie agrícola y forestal.
En casi todos los casos, la lectura que puede hacerse de la Comunitat Valenciana es muy favorable en relación a otras comunidades e incluso respecto a Europa. Destaca en esta dirección la distancia existente entre el número de conatos de incendio que se producen en comparación con otras comunidades y el escaso número de estos conatos que se convierten después en incendios de más de 5 hectáreas.
No obstante, el informe detecta algunas desviaciones como la pérdida en el ámbito del Júcar de varias estaciones con una calidad "excelente" del agua que han pasado a ser solo de calidad "admisible" o la existencia de pequeños "agujeros negros" en los que se ha detectado una importante concentración de especies amenazadas en territorios que no están cubiertos por ninguna figura de protección.








* Levante-EMV - 25.06.09
Foto: El abuso en la ocupación urbanística de la costa genera impactos económicos negativos. - vicent m. pastor, levante-emv.com

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ARCA critica que la Ley del Suelo se ha "convertido en un despojo normativo a favor de la especulación urbanística"

EP/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA criticó hoy que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria han convertido la Ley del Suelo "en un despojo normativo a favor de la especulación urbanística" y "no contentos con los destrozos urbanísticos ocasionados en el litoral, ahora han decidido que le toca el turno al interior de Cantabria, la zona mejor conservada desde el punto de vista paisajístico".

ARCA se pronunció así en un comunicado después de que el Parlamento regional aprobara el pasado lunes la modificación de la Ley del Suelo que permitirá construir viviendas unifamiliares, rehabilitar y cambios de uso en suelo rústico, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

La asociación recordó que la Ley del Suelo de Cantabria, conforme a su redacción original aprobada por el Parlamento en 2001, tenía entre sus objetivos someter las actividades que soporta el territorio a su previa clasificación y "a unas reglas de juego iguales para todos", vinculando el desarrollo del suelo rústico a que previamente se aprobara el Plan de Ordenación Territorial (PROT).

Pero a su juicio, "este principio democrático ha quedado dinamitado tras la reciente modificación de la Ley para construir viviendas y polígonos industriales en suelo rústico", más el anuncio hechos días después por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, de otra próxima modificación para permitir la construcción de campos de golf "sobre espacios en los que ahora está prohibido".

Además, agregó, "Gobierno y Parlamento no tienen empacho en seguir potenciando el uso y abuso de los proyectos singulares de interés regional (PSIR), una figura de excepción que sirve para autorizar a un determinado promotor construir sobre un lugar en el que la normativa se lo prohíbe al resto de los mortales".

ARCA acusa también al Ejecutivo y el Legislativo de "proteger el interés de los especuladores permitiendo el incumplimiento de la Ley del Suelo en cuanto a los plazos legales para la aprobación del PROT y para la adaptación de los planeamientos municipales a las determinaciones de la Ley de Suelo de 2001".

En este sentido, recordó que el PROT tenía como fecha límite para su aprobación abril de 2002 y que los ayuntamientos tenían como fecha límite para adaptarse a la Ley del Suelo julio de 2005, "pero en vez de hacer cumplir estas exigencias legales, lo que ha hecho la clase política de Cantabria es abandonar la tramitación del PROT y permitir sucesivas oleadas de modificaciones puntuales en los planeamientos municipales, siempre para incrementar los procesos edificatorios".

En su opinión, "la última perla al respecto es que el Gobierno y el Parlamento premian a los ayuntamientos que incumplen su obligación legal de adaptar su planeamiento a la Ley del Suelo con el privilegio de poder promover la construcción de polígonos industriales sobre suelos rústicos".

Por último, ARCA rompió una lanza a favor de los funcionarios y técnicos de la consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, que "pese a su elevada cualificación para hacer bien su trabajo, se están viendo obligados a servir a las directrices políticas" de un consejero y un director general de Urbanismo que siguen el lema "Cantabria Especulación Infinita".







* Europa Presss - 25.06.09
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org

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El Defensor lleva al alcalde de Almuñecar ante el fiscal

ELCORREO/Granada* : El Defensor del Pueblo denunciará ante el Fiscal al alcalde de Almúñecar por obstruir reiteradamente la labor de la institución y negar información sobre varios expedientes, la mayoría relacionados con el urbanismo. Es la primera vez que el Defensor se ve obligado a acudir a la justicia. Juan Carlos Benavides, el regidor de Almuñécar (Granada) podría acumular una causa judicial más.

Según la información a la que tuvo acceso la Cadena SER, por vez primera en la historia del Defensor del Pueblo Andaluz, esta institución ha comunicado al Parlamento que denunciará a un alcalde –es del partido independiente Convergencia Andaluza– ante el Ministerio Fiscal por negarse a facilitar información ante varias quejas que se tramitan desde hace varios años.

El Defensor del Pueblo, José Chamizo, se ha dirigido al Parlamento para advertir de “un supuesto de especial gravedad” ante la falta de colaboración del regidor sexitano. Una “actitud entorpecedora” que no es nueva, ya que según la institución es habitual que se haya tenido que hacer “un sin fin” de gestiones para obtener información ante cualquier queja ciudadana que afecte a este consistorio. En los informes del Defensor de 1999 ó 2005 ya se declaró la falta de colaboración de este gobierno local.

Chamizo se dirigió sin éxito al alcalde de Almuñécar dándole una especie de ultimátum el pasado mes de mayo. Una advertencia a la que, una vez más, ha hecho oídos sordos. Son un total de seis quejas ciudadanas las que el Defensor trata de atender sin éxito. La mayoría, según fuentes de la institución, están relacionadas con asuntos urbanísticos.

“Ya no se trata de una mera desatención, siempre rechazable”, advierte el Defensor en su escrito a la presidenta del Parlamento.En ese caso, simplemente se recogería una advertencia en el informe anual de la institución. Algo que ya se ha hecho con esta alcaldía en informes anteriores. “En esta ocasión, nos encontramos con un supuesto claramente diferente pues, junto a los graves antecedentes [...] nos vemos obstaculizados en el desempeño de nuestras funciones estatutarias cuando se omite de manera persistente el deber legal de información en las quejas” de los ciudadanos, recoge el escrito. Se incumple el Código Penal y la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz.

Según la legislación vigente, la persistencia en la falta de colaboración del alcalde “podría suponer el incurrir en un presunto delito de desobediencia que, tratándose de autoridad o funcionario público, podría conllevar la imposición de una pena de suspensión de empleo o cargo por un tiempo de seis meses a dos años”.

Benavides está imputado por varios delitos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Almuñecar y ha sido procesado por un posible delito de prevaricación y coacciones. El alcalde sometió a referéndum el PGOU diseñado por su ayuntamiento, que rechaza la Junta, y que prevé construir 30.000 nuevas viviendas en una zona costera supuestamente saturada por el ladrillo. El 32% del pueblo votó y el 77% apoyó el plan.







* El Correo de Andalucía - 24.06.09
Foto: Almuñécar (Granada) - motrildigital.blogia.com

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Málaga: La Junta diseña un parque en la playa donde De la Torre proyecta 664 casas

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía no se conforma con rechazar que se urbanice la última finca colindante con una playa que queda virgen en Málaga, sino que también tiene definida una alternativa para favorecer su uso como espacio público. Frente al empeño del Ayuntamiento que gobierna Francisco de la Torre (PP) de convertir Arraijanal en una urbanización con 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial; la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio puso ayer sobre la mesa el proyecto de un parque metropolitano que permitirá recuperar la formación dunar, la vegetación autóctona y los yacimientos arqueológicos, e incorporar además otras especies mediterráneas, un jardín botánico y determinadas instalaciones recreativas.

Con la presentación del proyecto, la Junta muestra que no hay marcha atrás posible. "Los valores de la zona, su posición estratégica y el interés público recomiendan la protección", explicó ayer el consejero Juan Espadas, quien apostilló que "la decisión está tomada". Es decir, que el Ayuntamiento ya conoce cuál es la decisión que tomará la autoridad a la que compete la aprobación definitiva de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tampoco es que sea precisamente una sorpresa. El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) protege esta parcela de más de 54 hectáreas. Además, el informe de impacto ambiental ya declaró la inviabilidad de la urbanización de Arraijanal en dos ocasiones, tras la aprobación inicial y la provisional del PGOU. Pero lejos de rectificar, el Ayuntamiento aprobó en marzo el plan de sectorización de la zona, trámite que como reconoció el consejero, ayuda a consolidar los derechos de aprovechamiento urbanístico de los propietarios de un suelo que aparece urbanizable en el PGOU en vigor pero no sectorizado. El consejero dijo que la Junta pudo impugnar aquel acuerdo, pero no lo hizo porque estaba en conversaciones con el consistorio y confiaba en que éste cambiara, algo que no ha ocurrido.

Espadas informó de que la Junta ha mantenido contactos con los propietarios del suelo -el 60% pertenece a Vallehermoso-, que están en "muy buena disposición" para llegar a un acuerdo y renunciar a construir, aunque evitó pronunciarse en qué términos. Sí dijo Espadas que la Junta puede declarar el proyecto de interés autonómico y expropiar el suelo, pero advirtió de que antes de llegar a eso lo deseable es alcanzar un acuerdo, en el que se implique también el Ayuntamiento, del que dijo tiene "poca colaboración", y al que pidió que no contemple el asunto con la principal preocupación de la indemnización o compensación que se debería pagar a los privados.

El alcalde, Francisco de la Torre, dijo ayer estar "encantado" con el proyecto, pero siempre y cuando no suponga coste alguno para el Ayuntamiento. Recordó que otros parques metropolitanos como El Alamillo, en Sevilla o Los Toruños, en la Bahía de Cádiz son mantenidos por la Junta.

Con la propuesta del Parque del Paisaje Litoral, Jardín de Plantas y Baños de Arraijanal, la Junta está convencida de que el Ayuntamiento ya no podrá reprocharle que obstaculiza e impide proyectos en la ciudad, y aspira además a que haya un debate ciudadano sobre el futuro de la última finca litoral virgen de la ciudad con dos modelos concretos, 664 casas o parque público.







* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 25/06/2009
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es

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Vecinos del Cabanyal piden a Camps y Barberá ´explicaciones sobre la rentabilidad´ de los grandes eventos

LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos del Cabanyal reclamó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá que "den explicaciones políticas a los ciudadanos sobre la rentabilidad económica que han supuesto su política de eventos descontrolados", según informó la entidad en un comunicado.

Así, los vecinos se preguntaron "cuánto dinero puede costar a los ciudadanos estas decisiones; y para qué van a servir todas las infraestructuras que habrá que demoler, porque no van a servir de nada", en relación a la construcción del circuito urbano de Fórmula 1.

De este modo, señalaron que no saben "si esto será motivo suficiente para que los valencianos les den la espalda en las próximas elecciones, pero lo que está claro es que en una empresa privada, les habría cesado hace tiempo por muchos motivos".

Desde la entidad vecinal lamentaron que se está "planificando el futuro de la ciudad sobre la base de una política de eventos que están fuera del control de la autoridades".

Asimismo, criticaron que, en la ciudad, "empiezan a cerrarse los hoteles el día después de su inauguración, se organiza el campeonato de fútbol playa sobre el asfalto de un circuito de Formula 1, que a su vez ha destrozado la urbanización de la America's Cup; se hacen demostraciones de hípica sobre un balsa de agua; o se quiere meter un campeonato el tenis en el último invento del arquitecto Santiago Calatrava, a golpe de horas extraordinarias", en referencia a la construcción del Ágora para la celebración del Open de Tenis.

Por otro lado, recordaron que, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS), el Ministerio de Cultura tiene que emitir un informe para explicar por qué en su día consideró que no había expolió en la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar por el barrio de El Cabanyal. Señalaron que "cada día que pasa" sin que se realice este documento "desaparece una casa" en el barrio.







* Levante-EMV - E.P. - 24.06.09
Foto: Valencia, el Cabanyal -elpais.com

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Casas sin gente, gentes sin casas

TEXTO DEL EJE DE OCUPACIÓN DE LA SEMANA DE LUCHA SOCIAL* : El nacimiento continúo de nuevos espacios sociales okupados, y la inusual consolidación de algunos de estos proyectos en la Comunidad de Madrid, son indicadores de que, a pesar de la constante persecución policial y legal de esta práctica política, la apuesta por poner en pie espacios autónomos atraviesa un relativo buen momento en la región, con una explosión de experiencias diversas en su composición y estrategias. Esta situación permite que los centros sociales logren con mayor éxito trascender sobre aquellos ámbitos en los que trabajan, así como profundizar en las dimensiones relacional y organizacional intrínsecas a esta práctica.

La okupación es una herramienta de acción directa y de lucha con una vigencia e importancia adicional en estos momentos de crisis sistémica, ya que ataca a la sacrosanta propiedad privada, elemento fundamental para entender la crisis que sufrimos en estos momentos. En un tiempo en el que miles de personas hipotecadas son expropiadas a causa del impago de las cuotas correspondientes, resulta más necesario y crucial abrir una brecha simbólica en la percepción social sobre la propiedad y sobre los usos especulativos del suelo y las edificaciones. Una sociedad como la madrileña, que se apuntó rápidamente y con gran interés al desarrollismo inmobiliario, encuentra ahora una “fotografía” de cientos de miles de viviendas vacías en barrios que ya estaban muertos antes de nacer.

Casas sin gente, gentes sin casas

Este clásico lema coreado en infinidad de manifestaciones puede llevar a una sencilla y necesaria respuesta: la apropiación de las viviendas por la población. Aunque esta no es la realidad que veremos a corto plazo, dependerá de cuanto más se agudice la crisis del empleo para que pueda pasar a ser una práctica que preocupe, no tanto por una conciencia política que se explicite al ejecutar el hecho en sí, sino por la enorme desigualdad existente, traducida en conflicto social, para solventar la dificultad que para millones de personas supone acceder a una renta suficiente para vivir por medios “legales”. Pero la creación de centros sociales mediante la okupación u otros medios transciende la mera reapropiación de espacios para vivir. Es una práctica de acción colectiva, es un medio legítimo de lucha y resistencia capaz de construir en el mismo corazón de la gran urbe espacios de socialización, de creación, de experimentación, de autoformación, de diversidad, de pensamiento político, de agregación social, de deseo… que prácticamente no existirían de otro modo. Los espacios okupados transforman edificios pensados para la obtención de riqueza ilegítima en espacios de gran vitalidad y potencia transformadora de la realidad.

La experiencia nos demuestra que tras los desalojos, los espacios permanecen en la impasible espera del barbecho especulador. Valga como ejemplo que de los cuatro espacios recuperados por Rompamos el Silencio en los últimos años, tres siguen en el mismo estado en el que se dejaron al concluir la Semana de Lucha Social correspondiente, pero, eso sí, con mejores medidas de seguridad. El cuarto espacio permanece aún okupado.

Desde este Eje queremos seguir proponiendo la necesidad de arriesgar para defender desde lo colectivo herramientas políticas como la okupación que permitan contribuir a la necesaria erradicación del sistema capitalista, en la ciudad, en nuestros barrios, y en nosotr@s mism@s. A través de la inclusión, la diversidad y participación horizontal en su gestión avanzamos sobre la práctica de la construcción permanente de un mapa para la acción, la reflexión y la transformación de la realidad social. Una realidad social compuesta por millones de vidas fragmentadas que sufren los mismos problemas, pero que en ocasiones son incapaces tan siquiera de reconocerse. Difícilmente lograremos articularnos para transcender la escala micro del cambio social si antes no nos reconocemos como semejantes.

Entendemos que la acción política tiene como acompañante el riesgo, visto éste de muchas formas diferentes, que afectan a lo individual, a lo colectivo y a la propia supervivencia de los espacios okupados. Un centro social es un espacio que necesita de apuestas arriesgadas para conseguir trascender a la realidad militante más cercana y abrir brechas y nuevas corrientes de pensamiento dentro del consenso social imperante. Para ello es necesario que los centros sociales apuesten por romper las barreras simbólicas que estigmatizan el activismo político, reconocer los modos de lucha como polifórmicos y multidireccionales, y entender el tejido de redes sociales como el germen de un proyecto que se configura desde lo subjetivo para conseguir una mayor fortaleza y capacidad de cambiar la realidad.

Los centros sociales son un mensaje

Estos espacios, liberados del afán especulador, son una interpelación a la sociedad: “si quieres, puedes”; si lo deseas y te organizas puedes cambiar tu realidad y su entorno más inmediato. Son un mensaje directo que se compone de deseos, rabia y proyectos. Un mensaje que llama a la desobediencia y al empoderamiento. Un mensaje lleno de mensajes acerca de cómo vivimos, dónde vivimos, quién y cómo gobierna, cómo funciona el sistema, cómo podemos organizarnos para cambiarlo… Un mensaje vivo, que cambia al ritmo que cambia el Mundo, pero que mantiene palabras de antes, de ahora y de siempre: Solidaridad, apoyo mutuo, creatividad, poder popular, libertad, autonomía, justicia, dignidad…

No hay mapa del tesoro,
El mapa es el tesoro
Construyámoslo.

::Fuente: Eje de Okupación de la Semana de Lucha Social 2009
::Web de Rompamos el Silencio





* NODO 50 - Rompamos el Silencio - 24.06.09

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Dénia: El TSJ anula la recalificación con la que el Consell permitía el balneario

INFORMACIÓN/Alicante* : Nueva constatación de que el Ayuntamiento de Dénia no estaba descargado de razones cuando, en 2007, recurrió las modificaciones introducidas unilateralmente por la entonces Conselleria de Territorio en el Plan General Transitorio (PGT) de la ciudad, a través de una corrección de errores.

Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad anula en otro de sus extremos aquella corrección de errores estimando todo el contencioso interpuesto por el gobierno local de la época (PSPV-Bloc).
Son ya tres las sentencias emitidas por el tribunal, y todas declaran contrarios a derecho otros tantos cambios introducidos por Territorio en el PGT. No habrá muchas más: como desveló la semana pasada el grupo socialista, el gobierno de Dénia (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de todos los contenciosos pendientes de fallar (un total de 10) contra aquella resolución del conseller. Con ello, el Ayuntamiento renuncia a reclamar más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 125 vivendas protegidas o a que se mantenga suspendido el planeamiento en más de un millón de metros cuadrados en los sectores Racons 1 y 2.
La nueva sentencia aborta los planes de la empresa Alcoymorand para llevar a cabo su proyecto de hotel-balneario junto al hospital comarcal, que preveía además un gran aparcamiento subterráneo y otras dotaciones, como una gran rotonda y una estación de servicio. Un proyecto que sólo era posible gracias a la recalificación de los terrenos que introdujo la conselleria con su corrección de errores, ya que el Plan los había pintado como no urbanizables. Pero la sentencia no sólo es un varapalo para los promotores del proyecto. Pone además en entredicho la decisión adoptada por el pentapartito de desistir del resto de recursos interpuestos en su día por la Gerencia de Urbanismo del gobierno anterior. Más cuando el TSJ ha fallado ya en todos los casos en el mismo sentido -a favor del Consistorio- y con similar argumento que el que emplea esta nueva sentencia: una corrección de errores "sirve para la corrección de errores materiales entre lo aprobado por el organismo competente y lo publicado".








* Información - SERGI GARCÍA - 24.06.09
Foto: Recreación del proyecto de hotel-balneario junto al nuevo hospital, promovido por la empresa Alcoymorand - INFORMACION

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La policía registra los ayuntamientos de Boadilla y Majadahonda por el 'caso Gürtel'

ELPAÍS/Madrid* : Agentes de la policía judicial de Madrid han llegado esta mañana al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP, para registrar la sede en busca de contratos con empresas de la trama Gürtel. Además, han requisado documentación de la empresa municipal de la vivienda.

El registro llega una semana después de que declarasen ante el juez el contable de la empresa municipal de la vivienda y la secretaria de Alfonso Bosch, ex presidente de esta e imputado en la trama. También han efectuado registros en el Ayuntamiento madrileño de Majadahonda.

El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), está imputado en la trama y el juez le ha impuesto una fianza civil de 1,8 millones de euros, la mayor del caso, por presuntamente rebicir dinero del entramado de Francisco Correa. En la contabilidad B (en dinero negro) de las empresas de Correa aparece una salida de dinero de 510.000 euros a nombre de El Albondiguilla -el apodo con el que se refería a él Correa- y con referencias a "América".

Los agentes han llegado al consistorio de Boadilla sobre las 9.40 y han pedido ver documentos de la empresa de la vivienda y de los contratos del municipio con las empresas de la red que dirigía Francisco Correa.







* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Boadilla del Monte - 24/06/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.esjpg

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El TSJ ordena derribar medio centenar de casas en la playa del Puig

LEVANTE/Valencia* : De forma inexorable y con la ayuda de los tribunales, el Ministerio de Medio Ambiente intenta recuperar el paisaje natural del litoral Mediterráneo, salpicado de construcciones masivas. En esta ocasión, se trata de las 49 casetas de la playa del Puig, unos edificios que datan de finales del siglo XIX y primeros del XX, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado derribar por invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, por estar encima de la playa.

La sentencia, con fecha de 13 de mayo, desestima el recurso presentado por los 41 propietarios de las viviendas que se levantan en la playa del Puig contra la orden de demolición dictada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004 a través de la Demarcación de Costas de Valencia.
Ello significa que da vía libre a Costas para la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la Ley de Costas de 1988.
Costas acordó recuperar de oficio la "posesión de bienes de dominio público marítimo-terrestre, indebidamente ocupado por 49 casas en la playa del Puig, calle Pescadores y paseo marítimo", ordenando su "demolición y la restitución de los terrenos a su primitivo estado".
Del expediente administrativo se desprende que los propietarios de estas viviendas "venían ocupando sus 49 casas litigiosas desde hace muchos años, de forma pública, continuada y de buena fe, estando ubicadas en parcelas del término municipal del Puig, junto a la playa, dentro de los hitos de la zona marítimo-terrestre".
La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo expone los motivos por los que el ministerio comenzó el expediente de recuperación y demolición.
Por un lado, la existencia de un deslinde de 1969, que incluía estos inmuebles en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Y, de otro lado, la denegación en 1982 de la legalización de esta ocupación de dominio público.
Los propietarios de las casas se opusieron alegando que las parcelas privadas de sus casas estaban "alejadas originariamente del mar, con títulos pacíficos y públicos". Añadían, además, que habían abonado los "correspondientes impuestos" y que lo que ha ocurrido es que ha "cambiado la morfología del litoral por causas naturales y humanas".

Alegaciones
Además, niegan que se trate de una "apropiación del dominio público", sino que son "propiedades privadas lícitas devenidas en públicas". Y añaden que, salvando alguna escritura aislada, "las propiedades se adquirieron de manera informal a finales del siglo XIX y principios del XX".
El tribunal se apoya en la Ley de Costas que "deniega la prevalencia de las inscripciones del Registro de la Propiedad" sobre unos terrenos que son del Estado. Y, añade, "no hay duda de que los terrenos y viviendas ocupan zona pública marítimo-terrestre" sin la debida autorización, ya que la Administración denegó la legalización de las casas. Esta decisión no fue nunca recurrida.
La sentencia hace especial mención a la Ley de Costas de 1988, que configura una nueva "concepción y naturaleza del dominio publico marítimo-terrestre y de la ribera del mar", con la que se persigue su "protección, conservación y uso público".
Por último, indica la sentencia que "la orden de demolición y la reposición de los terrenos a su primitivo estado no es sino la ineludible consecuencia de la recuperación posesoria de unos bienes demaniales, restaurando la legalidad costera vulnerada".






* Levante-EMV - REGINA LAGUNA - 23.06.09
Foto: Las casas del Puig que se van a derribar.- abelard comes, levante-emv.com

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Tres días de protesta contra el cierre norte de la M-50

MADRIDIARIO* : Asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos de izquierda convocan para el próximo fin de semana tres jornadas de protesta contra el proyecto del cierre norte de la M-50, bautizado por la Comunidad como M-61. Consideran que es una obra innecesaria que afectará al medio natural y a la salud de los ciudadanos.

La reunión de abril entre el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, desbloqueó el proyecto de conectar la A-1, la M-607 y la A-6, conocido como cierre norte de la M-50. Ahora que el Gobierno regional tiene vía libre, ocho organizaciones han programado una serie de actos contra la conexión.

"Es un proyecto tremendamente impactante que no va solucionar los problemas del tráfico y va a tener una gran afección sobre la salud de los vecinos", resumió Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Para dar a conocer los efectos negativos que, según afirman, tiene la construcción de esta autovía, y pedir la retirada del proyecto se celebrará una concentración-batucada en la Puerta del Sol el sábado a las 19.30 horas.

Además, habrá una marcha, con batucada y paella, desde la Plaza Mayor hasta Dehesa de Navalcarbón en Las Rozas el sábado a partir de las 12.00 horas; y una manifestación, con fiesta, desde la Plaza de la Universidad Popular hasta el parque de Los Arroyos en San Sebastián de los Reyes el domingo a las 11.30 horas.

Problemas de tráfico
Para las organizaciones convocantes, la M-61, como la bautizó la Comunidad, no va a solucionar el problema del tráfico, ya que las "nuevas autovías tienen efecto llamada" y es un despilfarro de fondos públicos. Paco Segura recordó que la última propuesta de la Comunidad ha sido costear la construcción de esta carretera, que tendrá un coste superior a 2.000 millones de euros, a través del peaje en sombra, es decir, que la Comunidad tendría que pagar a las concesionarias por cada coche que circulara.

El emblema de la oposición a la M-50 es el Monte de El Pardo. Para salvaguardarlo, la Comunidad decidió que sería atravesado por túnel. Sin embargo, esta propuesta perjudicaría al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que sufriría las obras y recibiría a través de una chimenea parte de los gases producidos por la circulación subterránea, según destacó este martes Jaime Rodrigues, de IU Las Rozas.

Afección a zonas verdes
El otro tramo de las obras, el situado al Este, afectaría o haría desaparecer varias zonas verdes de San Sebastián de los Reyes, como el parque de la Dehesa, recién construido con fondos europeos, o la Dehesa Boyal, un espacio protegido, según indicó Rafael Herguezabal, de la Plataforma M-50 NO. Además, la carretera pasaría a menos de 100 metros de un polideportivo y dividiría en dos el municipio.

En estos momentos, el proyecto, que recibió un aluvión de alegaciones, está pendiente de la aprobación de la declaración de impacto ambiental por parte de la Comunidad. En este documento, los topillos de cabrera, una especie protegida, podrían provocar que se cambiara el trazado, ya que un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas alertó al Gobierno regional sobre su presencia. "Si se obvia vamos a la Comisión Europea", sentenció el Foro de Movilidad Sostenible, que también se ha sumado a las protestas contra la M-50. Por su parte, CCOO subrayó que lo más importante es "la salud de las personas".






* Madridiario - 23-06-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es

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La Vila elude cumplir un fallo que anuló una operación urbanística

ELPAÍS/Alicante* : El gobierno de La Vila, del PP, engañó al juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante para no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló en 2008 la permuta de más de 10.000 metros de techo en primera línea de mar, de propiedad municipal, por el conocido como chalé Centella, 3.445 metros de zona verde contiguos a un colegio y 1,2 millones de euros de compensación por la diferencia de las valoraciones a favor del consistorio.

La permuta fue anulada porque la parcela edificable provenía del Patrimonio Municipal del Suelo y debió destinarse a la construcción de viviendas protegidas.

El consistorio comunicó en febrero al juzgado que la sentencia del TSJ era inejecutable porque "las fincas propiedad de la mercantil codemandada objeto de la permuta, así como la diferencia de valor (1,2 millones) han sido destinadas a la construcción e instalación de un museo arqueológico en el inmueble denominado chalé Centella y a la ampliación de las instalaciones del colegio público Mare Nostrum y a la renovación y electrificación del tramo Villajoyosa-Benidorm de la línea Alicante-Denia de FGV". Sin embargo, el chalé aludido, calificado en parte como zona verde, sigue como cuando se permutó y permanece cerrado sin actividad. Solo se usa esporádicamente para alguna exposición o como colegio electoral. Es más, el pleno de La Vila aprobó en mayo la ubicación del Museo Arqueológico en el antiguo colegio Doctor Esquerdo, no en el chalé, una reforma que pretende financiar con los fondos del Plan Confianza. Tampoco la parcela contigua al colegio ha sido habilitada como patio y sigue vallada, ni Valdeprocasa ha construido en el bien que recibió. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que la mercantil hipotecó con Bancaja el solar de primera línea y tiene ya solicitadas y pagadas las tasas de la licencia de obras, cuestiones que tampoco fueron comunicadas por las partes al juzgado.

Atendiendo a las circunstancias descritas por el Ayuntamiento vilero, el juzgado admitió en un auto de marzo la propuesta de La Vila para que "sustituya a metálico el reintegro del valor de los bienes afectos al Patrimonio Municipal del Suelo en su día permutados por importe de 7.578.224,21 euros". Es decir, que por no devolverle a Valdeprocasa 1,2 millones y revertir la propiedad de los bienes permutados, La Vila deberá pagar seis millones de más en los próximos 40 años. El edil nacionalista Vicent Serra, responsable de urbanismo antes de la moción de censura, sostiene que la sentencia es ejecutable y argumenta que "no se puede hipotecar el pueblo hasta 2049 por la mala gestión del anterior alcalde".

El terreno adjunto al colegio, de 3.455 metros y calificado como zona verde, del que fue expropiada una pequeña parte para el tren, ya fue objeto de un pelotazo en 2004. Lo compró una mercantil de Antonio Solana, Birmingham Inversiones, SL, por 420.780 euros. Menos de un año después fue vendido a Valdeprocasa, que luego culminó la permuta, dándole un valor de 3,11 millones de euros. Todo ello en la época del anterior alcalde del PP, José Miguel Llorca.

La Vila acumula varias sentencias contrarias por la enajenación de su patrimonio de suelo por un importe de más de 22 millones de euros, de las que solo ha ejecutado una. Con ese suelo que debió destinarse a viviendas protegidas, el gobierno de Llorca financió el Teatro Auditorio (9,6 millones), unas escaleras mecánicas para bajar a la playa (2,9) o las obras en el campo de fútbol (1,9). Otra decena de sentencias judiciales por impago, más intereses y costas, a contratistas suman casi dos millones de euros más.






* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 23/06/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es

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Un juzgado de Almería tumba otra licencia del Ayuntamiento de Roquetas y ordena el derribo de un edificio de 129 viviendas

TELEPRENSA* : Después de que en octubre de 2006 el TSJA revocase la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza, la Justicia ha vuelto a tumbar una licencia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, concedida en este caso a la promotora Aifos para la construcción en Playa Serena de un edificio de 129 apartamentos.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Almería, que ha sido ya objeto de recurso ante el alto tribunal andaluz por el equipo de Gobierno que encabeza el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, revoca la licencia otorgada en 2003 y ordena el derribo del inmueble al contravenir éste la normativa urbanística.

El edificio promovido por Aifos en dos parcelas de Playa Serena cuenta con cuatro alturas y con más de 8.600 metros cuadrados edificados, frente a los 1.342 que podían construirse según el Plan de Ordenación Urbanística. Además de multiplicar por seis la edificabilidad permitida para las dos parcelas sobre las que se alza el inmueble, éste debió albergar según la normativa no más de catorce viviendas cuya altura, a su vez, no podía exceder las dos plantas, frente a las cuatro edificadas.

La sentencia refrenda los argumentos de la administración andaluza, que ya transmitió sus reservas sobre la construcción de este inmueble que ahora peligra en el momento en el que el consistorio concedió la licencia a Aifos. Entonces, la Junta de Andalucía pidió al Ayuntamiento que revisara de oficio la licencia otorgada, algo que nunca se produjo, lo que motivó la apertura del procedimiento judicial que podría acabar con el derribo del edificio en una provincia en la que el 9 de enero de 2008 ya se ejecutó la demolición de una vivienda en Vera, cuyo consistorio otorgó una licencia que fue declarada ilegal un año después al afectar la vivienda a suelos no urbanizables y al haber sido cursada para una instalación de carácter agrícola y no para una vivienda habitual.

Pese a este antecedente, en el que se optó por ejecutar la orden de derribo que meses después sería anulada por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el futuro del edificio de Playa Serena seguirá siendo durante meses una incógnita, puesto que el recurso planteado por el consistorio tendrá que ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Éste fue precisamente el órgano que en octubre de 2006 revocó la licencia del centro comercial Gran Plaza que, sin embargo, sigue en pie pese a haber admitido los tribunales que contraviene la normativa urbanística.







* Teleprensa - 23.06.09
Foto: Almería, juzgados - teleprensa.es

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Manifiesto para que se le dé un uso cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo

RTPA* : Unas sesenta personas del mundo académico y cultural de Oviedo y más de una decena de organizaciones sociales y políticas han suscrito un manifiesto en el que solicitan que se dé un uso público y cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo y a los chalés de la Fábrica de La Vega. El documento señala que ambos espacios son dos de los más significativos y emblemáticos del pasado industrial de la ciudad y se hallan "desprotegidos y amenazados por la especulación urbanística".

El manifiesto, remitido al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno regional, emplaza a ambas instituciones a ponerse de acuerdo para proteger ambos conjuntos arquitectónicos y a ponerlos al servicio de la ciudadanía "tal y como se ha hecho en otros muchos lugares de España y del resto del mundo con antiguos edificios industriales".

Así, piden la rehabilitación de la Fábrica de Gas y su transformación en un centro cultural y artístico multidisciplinar, y locales para asociaciones, ONG's, entidades juveniles y culturales, así como equipamientos para el barrio en el caso de los chalés de La Vega

Entre los firmantes figuran personas del mundo académico como el decano de la Facultad de Geografía e Historia Octavio Monserrat y otros profesores de la Universidad de Oviedo como Lluis Xabel Álvarez,Benjamín Rivaya, Pilar García Cuetos, Aladino Fernández, Sergio Tomé, Rubén Vega y Amparo Pedregal.

Asimismo lo suscriben críticos teatrales como Boni Ortiz, actrices como Sheila Montes o Paula Alonso, músicos como Jorge Otero, Xabel Vegas, Dark laEme, Garikoitz Gamarra, Marcos Montoto, cineastas como Alberto Arce, artistas como Fernando Alba o Bernardo Sanjurjo y escritores como Sofía Castañón o Manolo D. Abad.

Entre los colectivos que se han adherido a esta iniciativa se encuentran el Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, Cambalache o Xente Gai Astur.







* Radio Televisión del Principado de Asturias - 23.06.09
Foto: rtpa.es

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El fiscal sostiene que Barberá favoreció los intereses del Valencia

ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia sostiene que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y dos concejales favorecieron los intereses del Valencia CF en la permuta del solar sobre el que se levanta el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones.

Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá.

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa.

La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior.

El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse.El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó ayer el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero.

Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer ayer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas, informa Lidia Maseres. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol.

Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular".

Fuentes del Valencia CF achacaron ayer a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros, informa Nadia Tronchoni.

Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada.

Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis".







* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO / CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 23/06/2009
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (archivo) - kaosenlared.net

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Tenerife: Defensa desoye a la Justicia

ABC* : El Ministerio de Defensa ha iniciado la «expropiación forzosa» de unos terrenos, situados en Tenerife, que el departamento de Chacón debería haber entregado o pagado a los herederos de su inicial propietario, tal y como estableció el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2007.

La decisión de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 16, se produce después de que un juez canario volviera a dar la razón a los legítimos dueños y fijara un plazo de seis meses para que el Ministerio cumpliera la sentencia del Supremo, que es firme. Defensa señala que esos terrenos son «necesarios» para mantener «en su actual ubicación» la base militar de Hoya Fría.
Fuentes jurídicas han explicado que la expropiación es, en este caso, un acto «radicalmente nulo», pues no hay duda de que su finalidad es no obedecer al Supremo. La ley que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa afirma en su artículo 103.4 que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Para buscar el origen de este contencioso hay que retroceder hasta el 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil. Ese día, Álvaro Rodríguez López hizo entrega ante notario al entonces jefe del Estado de unos terrenos (dos fincas con una superficie de 470.000 metros cuadrados) valorados en 22.188 pesetas. Allí se instalaría el «Campo del general Franco» -hoy base de Hoya Fría- destinado a instrucción militar y de tiro.
Pasaron la guerra y los cuarenta años de dictadura. Y llegó el año 1997, fecha en la que Defensa sacó a subasta pública una parcela, que fue finalmente adjudicada a la cooperativa de viviendas «Hespérides». Fue entonces cuando los herederos de Álvaro Rodríguez López reclamaron la devolución de los terrenos (o el pago de su valor actual). El motivo: el Ministerio había modificado el uso para el que las fincas fueron donadas.
La reclamación llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los demandantes y recordó a Defensa que la donación «nunca se pensó» para la construcción de viviendas ni para la «transmisión con ánimo de lucro». Antes de vender, el Gobierno debía haber devuelto las fincas a sus propietarios. Pero la sentencia es papel mojado para Defensa que, dos años después, ni ha devuelto los terrenos ni ha pagado a los demandantes. Es más, ha pasado al contraataque con la amenaza de expropiación.
Fuentes del Ministerio señalaron a ABC que es «del máximo interés» mantener la propiedad de los terrenos y que la controversia se refiere a una parcela de 191.000 metros cuadrados, cuando la finca tiene 700.000.
Según los demandantes, la reclamación afecta a unos 235.000 metros cuadrados, cifra resultante de restar a la superficie donada en 1937 los 170.000 metros adjudicados a «Hespérides» (la cooperativa ya ha saldado de forma amistosa su deuda con los demandantes) y los 65.000 que ahora ocupa una autopista.
En la demanda de ejecución de sentencia, la familia explica cómo desde 2007 hasta ahora ha intentado ponerse en contacto con Defensa para, «de forma amistosa, leal y recta, llegar a una solución extrajudicial (...) sin que se haya obtenido la más mínima atención ni respuesta».
Petición del Congreso
Los demandantes no son los únicos interesados en que Defensa desaloje la finca. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso aprobó en mayo de 2007 una proposición no de ley en la que insta al Gobierno «a iniciar los trámites oportunos para el traslado, en el menor plazo de tiempo posible», de la base. La Cámara responde así a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Santa Cruz de Tenerife.







* ABC - NIEVES COLLI - 22-06.09
Foto: abc.es

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'Aljarafe Habitable' pide que Cultura "recapacite" sobre Montelirio tras el aviso de la Fiscalía

QUÉ/Sevilla* : La organización conservacionista 'Aljarafe Habitable' reclamó hoy al delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, que "recapacite" sobre la gestión desplegada en el dolmen de Montelirio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en una finca de 16.000 metros cuadrados de Castilleja de Guzmán (Sevilla), advirtiendo de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha "confirmado" las quejas de los colectivos ciudadanos en su memoria del año 2008.

Después de que dicho departamento, coordinado por Javier Rufino, se viera obligado en 2008 a recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al no obtener una "respuesta pormenorizada" de la Consejería de Cultura, en el marco de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número siete "por posibles daños" en el entorno del dolmen, el activista conservacionista Eduardo Apellániz dijo a Europa Press que la advertencia de la Fiscalía "confirma lo mal que se está tratando este asunto".

"Es gravísimo, hasta con la Fiscalía", señalaba Eduardo Apellániz en cuanto a la política de la Consejería de Cultura con este dolmen que constituye uno de los principales activos patrimoniales de la provincia en lo que al calcolítico se refiere. Al respecto, explicó que la Fiscalía ha venido a reconocer "lo que era un escándalo a voces". "Bernardo Bueno tendría que recapacitar", dijo este activista de 'Aljarafe Habitable' en cuanto a los aspectos que la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía recoge en 2008 sobre el dolmen de Montelirio.

Según esta memoria, recogida por Europa Press, al departamento que coordina Javier Rufino no le fue "factible" obtener una "respuesta pormenorizada" por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura en un procedimiento incoado por el Juzgado de Instrucción número nueve por "posibles daños en la zona" del dolmen de Montelirio, en cuyos aledaños a comienzos de 2008 se descubrió una necrópolis y otros vestigios históricos amenazados por un planeamiento urbano posteriormente suspendido.

"Tal vez por falta de medios", la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico no obtuvo "una respuesta pormenorizada" por parte del departamento de Bernardo Bueno, por lo que se vio en la "necesidad de acudirá a la investigación del Seprona".







* Qué.es - 22-06-09
Foto: Castilleja de Guzman (Sevilla), dolmen - Pérez Cabo (ELPAIS.com)

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Los Monegros No Se Venden: Derecho a discrepar

LMNSV* : El Ayuntamiento de Fraga denuncia a miembros de Stop Gran Scala Baix Cinca: ataca ideas y arremete contra la libertad de expresión. Entendemos por ello que el Ayuntamiento de Fraga no nos reconoce como ciudadanos libres de un estado democrático y se posiciona defensora y al servicio de los intereses de unos dudosos promotores, pretendiendo acallar las voces críticas al proyecto de Gran Scala.

Estamos perplejos al ver como un proyecto indefinido se apodera de nuestro derecho a la libre expresión y que también se apodera del poder legislativo con la cercana aprobación de la ley de centros de ocio de gran capacidad. Si perdemos nuestro derecho a opinar y de decidir sobre nuestras leyes, partiendo de intereses económicos y especulativos y no de la voz de los ciudadanos, haciendo leyes a la carta, rompiendo el consenso de una ley del juego, aprobada hace pocos años, para proteger a los ciudadanos de los problemas que ocasiona en la salud el juego, perdemos nuestra condición de ciudadanos. Una ley de centros de gran capacidad de ocio completamente desorbitada, fruto de políticas desordenadas e irresponsables, en plena crisis y entre tormentas de escándalos de corrupción en el Aragón surrealista. Por ejemplo Euro-disney no supera las 100 hectáreas y aquí las mínimas exigidas para un centro de ocio son 1300 hectáreas. Esta sinrazón es apoyada por el PAR, PSOE y el PP, todo por una idea que unos promotores, con un escandaloso pasado de estafas por Bolivia y España, falsos motores milagrosos, utilización ilegal del logotipo de la DGA, repetidas promesas incumplidas en las que por definición podemos llamarles estafadores y un largo etc., consiguieron engatusar al PAR con cenas, coches y Jets privados. El senador Mur y Muniesa, a quienes la revista Interviú señala relacionados en una estafa millonaria internacional a una empresa China, sirvieron como enlace entre los ubicados en paraísos fiscales y los ubicados en un sillón del Pignateli.
Nosotros no dudamos de nuestra condición de opositores a Gran Scala, no cederemos nuestra libertad ante los políticos que no queréis representarnos por ser capaces de discrepar, de unos presuntos promotores, que tan sólo han vendido humo, actividad que es una acepción del verbo estafar. Ahora hemos concedido nuestras leyes ante un humo, una idea que hace mucho tiempo fracasó en atraer operadores de la magnitud necesaria para llevar a efecto Gran Scala. Nos encontramos otra vez viendo como la DGA vuelve desesperadamente a avalar la idea de Gran Scala, para ver si algo se puede conseguir, pero no nos engañemos más, la imagen del gobierno de Aragón se encuentra muy devaluada, enturbiada en casinos que se deshacen en el aire, en escándalos como La Muela, de un casino en Panticosa que se esfuma…
ILD, los promotores de Gran Scala, quería una alfombra roja y encontró a unos representantes que estaban dispuestos a extendérsela. Ahora se suma el PSOE y el PP, en una aventura de mentiras, de falsas oficinas en Plaza, de ampliaciones de capital inexistentes, de avales que ni se molestaron en presentar, de plazos incumplidos una y otra vez .Nadie se acuerda de La Almolda, ni de Castejón de Monegros, nadie se acuerda de los pueblos de Aragón que se despueblan cada día. Se defiende Gran Scala desde la inmoralidad manifiesta por el vicepresidente de Aragón, quién dijo que el gobierno no iba a ser moralista. Se acepta Gran Scala con la sensacionalista excusa de los puestos de trabajo y no deja de asustar tal convicción que justifica desmanes por trabajo, guerras por puestos de trabajo en armamento. Justificación que opta por ser sumisa a los primeros oportunistas, que por enseñar unos dibujitos ya deseamos ser la tierra de los casinos, de las leyes a su merced y a quienes se atrevan a discrepar: ¡tranquilos! que los incorruptos poderes públicos en su imparcialidad y deber democrático no permitirán que la mafia nos domine, para eso ya están ellos.

Otro Aragón es necesario ya!!! Y No a Gran Scala

* Los Monegros No Se Venden







* alasbarricadas.org - 19-06.09
Foto: alasbarricadas.org

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La Fiscalía critica la lentitud judicial para demoler construcciones que son ilegales

ELCORREODEANDALUCÍA* : La Fiscalía de Medio Ambiente lamenta la lentitud con que los juzgados de lo Penal ejecutan las demoliciones de las construcciones ilegales. En su Memoria Anual de 2008 el Ministerio Público destaca que los delitos urbanísticos siguen aumentando: un 28% con respecto a 2007.

La saturación de los juzgados de lo Penal y la lentitud en ejecutar sus sentencias se está apreciando en los casos en los que se ordena la demolición de una construcción ilegal en un paraje natural. Ésta es una de las quejas de las que se hace eco la Memoria Anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.

Según explica su coordinador delegado, Javier Rufino, el año pasado los juzgados sevillanos dictaron “una treintena” de sentencias firmes en las que se ordenaba la restauración del suelo a su estado originario en diversos puntos de la provincia. A juicio del fiscal en algunas ocasiones “la efectividad de la demolición se retrasa innecesariamente” por los plazos “injustificadamente amplios” que marcan los juzgados, aunque también reconoce que estos retrasos se deben muchas veces a la “falta de colaboración” de los condenados y hasta de los propios ayuntamientos.

Para garantizar la efectividad de la sentencia, Rufino propone que se inste al derribo y restauración del suelo en “un breve plazo de dos meses”, tiempo suficiente para realizar un proyecto de demolición, ya que suelen ser construcciones de escasa envergadura. También se opone a las suspensiones de las penas de prisión hasta que el procesado no deposite una cuantía que cubra los gastos del derribo, y a que las condenas se sustituyan con multas si no se produce la demolición, pues esto demuestra “la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado”.

Por otro lado, en cuanto al número de asuntos registrados el año pasado en esta Fiscalía, éstos han ascendido un 5%, pasando de las 282 diligencias incoadas en 2007 a las 298 durante el año pasado. Por el tipo de delitos, la Fiscalía alerta de una importante subida de los referentes a la ordenación del territorio, con un 28% con respecto a 2007. En este sentido, Rufino destaca que este tipo delitos acapara el 85% de las investigaciones que se iniciaron el año pasado por los fiscales de Medio Ambiente, ya que de las 298, un total de 255 fueron por infracciones urbanísticas.







* El Correo de Andalucía - Rocío Velis - 22-06.09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es

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Dénia claudica y renuncia a proteger Racons y a crear VPO y zonas verdes

INFORMACIÓN/Alicante* : Desde que el pentapartito tomó el poder por la fuerza han pasado cosas muy graves, pero esto ya es un escándalo". La frase la pronunció ayer la portavoz del PSPV en Dénia, Paqui Viciano, y su compañero de grupo Vicent Grimalt coincidió en emplear el mismo calificativo. Los socialistas, en la oposición desde julio del año pasado, desvelaron que el equipo de gobierno (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de los contenciosos planteados por el anterior gobierno PSPV-Bloc ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por 10 modificaciones del Plan General Transitorio (PGT) introducidas unilateralmente por la Conselleria de Urbanismo en 2007 por medio de una corrección de errores.

Y eso significa que el pentapartito renuncia a seguir defendiendo la postura municipal, justo cuando habían empezado a salir las primeras sentencias, todas a favor del Ayuntamiento. Pero lo más significativo es que el Consistorio claudica cuando todo apuntaba a que iba a ganar los pleitos.
Hasta el momento, el TSJ había anulado ya, atendiendo los recursos municipales, dos de las modificaciones hechas por la conselleria en el PGT (la declaración del Pinaret de Jesús Pobre como urbano y el incremento de una altura de edificación en primera línea de les Marines). No pasará lo mismo con las 10 restantes, pues como desveló el PSPV, el pentapartito acordó en Junta de Gobierno Local el pasado día 3 desistir de sus recursos "cuando ya estaban vistos para sentencia y, en buena lógica el TSJ iba a fallar en la misma línea, anulando las decisiones de la conselleria".
Uno de esos contenciosos era el interpuesto contra la decisión del Consell de levantar la suspensión de planeamiento que pesaba sobre el más de un millón de metros cuadrados de los sectores 1 y 2 de Racons. El sector 2 (512.847 m2) era propiedad del actual concejal del PSD, Juan Sancho, que lo vendió apenas unas semanas antes de que la conselleria diera luz verde a su urbanización. Vicent Grimalt calificó ayer de "muy curioso" que Sancho vendiera los terrenos cuando no se podían urbanizar, "a no ser que tuviera indicios de que se iba a cambiar" su calificación.
En un segundo contencioso ahora retirado, el ayuntamiento recurruó la anulación de las otras 9 modificaciones. En términos globales, implican la supresión de más de 125 VPO previstas fuera del casco urbano (en el Montgó o les Marines), y la eliminación de más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes. Paralelamente, se incrementa la edificabilidad en algunos sectores, como Pedrera Azahar o se suprime un vial en les Marines.

"Se han plegado a los promotores"

Para los socialistas de Dénia, la decisión del pentapartito tiene una clara motivación, que no es la defensa del interés general. Y apuntaron directamente a la propia conselleria y a algunos de los principales promotores de la ciudad como grandes beneficiarios de la decisión del equipo de gobierno. Y también, incluso, al edil Juan Sancho. Paqui Viciano ironizó con que "cada día está más claro a qué se refería el pentapartito cuando tomó el poder y dijo que lo hacía para salvar Dénia". Lo hacía, añadió, "para salvar a Dénia de las políticas urbanísticas del PSPV y Bloc" y apostar por un "ayuntamiento que está al servicio de la conselleria, y no de los ciudadanos, que quedan totalmente desprotegidos"; y "al servicio de intereses minoritarios". Vicent Grimalt situó la diana para apuntar más directamente a quienes considera principales beneficiados con este "escándalo" y se refirió a las empresas de dos de los principales promotores locales: Prominver, de Enrique Pla, y Mongomar, de la familia Caudeli.








* Información - SERGI GARCÍA - 19-06.09

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EL TSJ tumba un PAI de 300 viviendas en Enguera

ELPAÍS/Valencia* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha estimado el recurso del portavoz socialista. Alfredo Barberán,grupo socialista de Enguera y ha anulado las bases de un programa de actuación integrada (PAI) en Enguera.

El tribunal considera contraria a derecho la realización del pleno extraordinario de aprobación, tramitado por la vía de urgencia y cuyo expediente no fue facilitado al grupo socialista hasta el mismo día de la sesión.

El alcalde, Santiago Arévalo, del PP, considera "absurda" la sentencia, dado que la urgencia de una cuestión "es una juicio de valor, la determina el pleno, no un tribunal" y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. "Convocaremos otro pleno, volveremos aprobar el mismo expediente y ya está", avanzó el alcalde.

El proyecto de 24.108 metros cuadrados en los terrenos de la antigua fábrica textil Piqueras y Marín, promovido por la mercantil PL Madrid, SL, de Xàtiva, preveía la construcción de 300 viviendas en bloques de cuatro pisos.






* ELPAÍS.com - X. A. - Xàtiva - 21/06/2009
Foto: Enguera (Valencia) - lasprovincias.es

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Sevilla: La visita de la Unesco reabre el debate sobre la Torre Pelli

ELCORREODEANDALUCÍA* : En plena obra, el rascacielos de Cajasol encara otra semana de debate, y no por cuestiones técnicas. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco se reúne en Sevilla desde mañana lunes hasta el día 30 y está por ver si los colectivos en contra de su construcción logran que este organismo reconozca el impacto negativo de la torre.

El asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité en su cita de Sevilla, pero se tratará extraoficialmente, de ahí que los colectivos en contra del rascacielos de Cajasol ya hayan organizado un calendario de actos.

Sólo el tiempo dirá si la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares acaban en la lista de Patrimonio en Peligro por el impacto negativo de la torre, obra del arquitecto argentino –nacionalizado norteamericano– César Pelli con una altura de 178 metros, 80 más que la Giralda. La pérdida de la categoría de Patrimonio Mundial de estos monumentos, a priori, parece complicada.

No obstante, pese al apoyo de las administraciones y a la legalidad del rascacielos, lo cierto es que hay precedentes en los que la presión de la Unesco ha bloqueado un proyecto. A los casos ya conocidos de Colonia y Oviedo –en los que el organismo de la ONU desautorizó y consiguió parar proyectos urbanísticos con rascacielos– se une ahora el de Praga. Recientemente, la Unesco ha mostrado formalmente su preocupación por la construcción en el barrio de Pankrác de varios edificios de unos 100 metros.

Si la Unesco no respalda el proyecto, Sevilla podría seguir los pasos de Colonia, a la que el organismo de la ONU incluyó en 2004 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro ante la insistencia de las autoridades alemanas en construir en el barrio de Deutz un ambicioso proyecto urbanístico con cuatro rascacielos.

El tiempo apremia y la obra sigue su curso. El Ministerio de Cultura ha creado un comité de expertos para que analice la polémica y España se presente en la cita del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010 (en Brasilia) con una postura única. Para entonces ya estará lista la cimentación de los 43 pisos (tres bajo rasante). Y es que el tiempo corre a favor de Cajasol.

Los informes y las voces a favor y en contra se multiplican. El punto de partida fue un documento demoledor de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo consultivo oficial de la Unesco. Denunció el impacto que para el patrimonio puede tener el edificio, lo que motivó que el tema casi fuese incluido en la reunión de Sevilla, organizada para inscribir nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial y revisar los que están en peligro.

El promotor (Cajasol), el Ayuntamiento y la Junta defienden el proyecto y aseguran que no “agrede” al casco histórico. Es más, sostienen que da respuesta a lo planteado en el PGOU, que no tiene afección visual a pie de calle, en el corazón donde se ubican los monumentos protegidos, que los problemas de tráfico los solucionarán las administraciones con transporte público, que el edificio, pese a su altura, será “sostenible”, rentable y beneficioso para la economía de la ciudad.

En el otro lado del ring está la plataforma Túmbala, que pretende que los 178 metros se recorten. Este colectivo, que aglutina desde ecologistas hasta profesores universitario o entidades sociales de diversa índole, asegura que la torre “amenaza” los valores patrimoniales y paisajísticos del Centro; que va en contra del modelo de ciudad sostenible mediterránea; que su “errónea” ubicación creará un caos “espectacular” de tráfico e incluso que la especulación urbanística, en plena crisis, es éticamente “injustificable”, sobre todo porque viene “de una entidad financiera a la que se le supone una vocación social”. Además, apuntan que un rascacielos no moderniza una ciudad, ya que eso depende de la mentalidad de sus moradores.

Lo cierto es que el proyecto enclavado en Puerto Triana no se libra de la polémica y desde su nacimiento ha estado en la diana. Puerto Triana en sí arrancó en 1998, durante el mandato de Soledad Becerril (PP), como un ambicioso complejo con 87.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los que al menos 72.000 eran para centros comerciales y de ocio. Ricardo Bofill diseñó una torre de 80 metros para la sede de las cajas de ahorro. Todo debía estar listo en la primavera de 2003. Con 150 millones de euros, generaría 5.000 empleos.

El resbalón vino cuando en 2003 la Consejería de Obras Públicas redujo de forma drástica la edificabilidad a 45.000 metros cuadrados, destinados sobre todo a centros administrativos, lo que llevó a replantearlo como sede de oficinas. Entonces abandonó el proyecto Rodamco, grupo especializado en centros comerciales.

El segundo escollo fue político: al llegar al Gobierno local, IU se opuso al proyecto. Los socios privados salieron del mismo y las cajas de ahorro sevillanas compraron su parte, retomando las negociaciones con el Ayuntamiento. Pasado un lustro, Puerto Triana volvió a empezar de cero en 2003. Tres años después, la Gerencia de Urbanismo aprobó el Plan de Reforma Interior incluyendo la posibilidad de construir una torre de entre 150 y 225 metros o dos edificios de 90 metros.

El Ayuntamiento apostó por un rascacielos para liberar el resto del espacio y disponer de un símbolo arquitectónico de la Sevilla de siglo XXI. Las cajas, por su parte, recelaron en un primer momento porque levantar más de 22 plantas supone un enorme gasto. Pero la entidad financiera cambió de opinión. El 17 de julio de 2007 se puso la primera piedra, tras un concurso de arquitectura basado en el diseño de un gran rascacielos. Y ya se construyen las pantallas que rodearán el recinto.







* El Correo de Andalucía - Obreros trabajando ayer, sábado, en la cimentación de la torre / Paco Cazalla, elcorreodeandalucia.es

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La ciudad de Valencia pierde 30 millones en el solar del nuevo estadio

ELPAÍS* : El Valencia Club de Fútbol ganó 30 millones de euros en la permuta del solar sobre el que se construye el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. O lo que es lo mismo, la ciudad de Valencia pierde esa cantidad a causa de la tasación asumida en la operación por el equipo de la alcaldesa, la popular Rita Barberá.

Según un informe de la Gencia Tributaria incluido en la investigación que desarrolla la Fiscalía de Valencia sobre la permuta, la tasación de los más de 80.000 metros cuadrados de ese solar asciende a 75 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento acordó con el club un valor de 45 millones, tras asumir la más alta de las tres tasaciones que solicitó cuando el convenio estaba por firmar.

Esa sustancial diferencia, según la Fiscalía de Valencia, es producto directo de una decisión a sabiendas favorable para el club tomada por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente por Rita Barberá, alcadesa, y por los concejales Jorge Bellver, de Urbanismo, y Alfonso Grau, de Grandes Proyectos.

Si es o no sostenible una imputación contra la alcaldesa, aforada por su condición de diputada, es una cuestión que está en manos del fiscal general del Estado, que tiene sobre la mesa dos informes: uno, de la Fiscalía de Valencia considerando que sí; y otro, de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, competente para aforados, que opina lo contrario. Las diligencias se mantienen abiertas en espera de la respuesta de Cándido Conde-Pumpido.

El Ayuntamiento recalificó para uso deportivo privado la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas donde se construye el nuevo estadio del Valencia. Un informe de la Universidad Politécnica valoró esa parcela y sus nuevos usos en 33 millones de euros y dos informes privados en 43 y 45 millones de euros, respectivamente. La Corporación aprobó el acuerdo con el club con la tasación más alta, la de 45 millones. El club, a cambio, entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad. Esas parcelas están valoradas en 18 millones de euros. Los 17 millones de diferencia debían ser compensados por el club con un abono en efectivo. De momento, ni las parcelas ni el dinero se han entregado al Ayuntamiento. Sin embargo, sobre el solar previsto, aunque con las obras paralizadas por falta de fondos, ya se levanta el esqueleto del futuro estadio.Meses después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno el convenio, el club solicitó una recalificación parcial del solar, concretamente de los metros cuadrados que en el proyecto inicial conveniado estaban destinados a oficinas. Pidió permiso para poder disponer de una licencia de uso hotelero. Y el Ayuntamiento volvió a decir que sí sin hacerse ningún cuestionamiento sobre el impacto económico respecto del pacto entre las partes.

Una denuncia de los vecinos obligó a la Fiscalía de Valencia a abrir una investigación. Los denunciantes consideraron que el Ayuntamiento había dejado a los ciudadanos sin unos terrenos de uso público para acceder a los deseos de un club de fútbol que salía claramente beneficiado en la operación económica.

La Fiscalía inició las diligencias y llamó a declarar a varios técnicos del área municipal de Urbanismo. Además, reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda una nueva valoración sobre la parcela.

Esa valoración se eleva a 75 millones de euros. Ello significa, tal como consta en el informe, que el Valencia suma un beneficio de 30 millones de euros como consecuencia del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Valencia, una vez estudiada toda la documentación aportada por el Ayuntamiento y las explicaciones de los técnicos, considera que el equipo de Rita barberá que dirigió las negociaciones con el club de fútbol conocía indiscutiblemente las intenciones de solicitar una posterior recalificación para permitir un ventajoso uso hotelero en el complejo deportivo. De ello, responsabiliza a Grau, a Bellver y a la propia alcaldesa.

Precisamente, por el hecho de encontrarse con una aforada, la Fiscalía de Valencia tuvo que enviar el asunto a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Ésta reclamó en dos ocasiones informes complementarios para conocer el detalle de todo lo actuado.

Su criterio es diferente, ya que no ve claro que de ese beneficio sean responsables los dos concejales y la alcaldesa. Más aún, sin entrar demasiado en el fondo de la cuestión, entiende que hay falta de pruebas para sostenerlo.

A su juicio, la última recalificación, la que permite al Valencia disponer de una licencia de uso hotelero en el complejo, se produce con posterioridad a la firma del acuerdo. Ante la divergencia entre ambos, el asunto está en manos del fiscal general del Estado.







* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 21/06/2009
Foto: Valencia, nuevo estadio (archivo) - elpais.com

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Un millar de personas se manifiestan en Cangas en contra del puerto de Massó y los rellenos en la costa

FARODEVIGO* : Detrás de una pancarta con la leyenda “Tí que vives do mar, únete e defende o teu posto de traballo”, un millar de personas partieron ayer desde la Alameda Vella de Cangas para recorrer el centro urbano en manifestación contra el puerto deportivo de Massó y los rellenos en el litoral. La protesta, organizada por la cofradía “San José” y la red de colectivos “Galiza non se vende” estuvo encabezada por el patrón mayor, Evaristo Fernández, y otros miembros del cabildo, así como representantes del movimiento ecologista.

También participaron marineros y colectivos de otros municipios de la ría, con una nutrida presencia de jóvenes. La manifestación ralentizó el tráfico en la Avenida de Bueu, Alexandre Cribeiro, Avenida de Vigo y Castelao, donde los participantes se plantaron frente al Concello para desplegar sus pancartas y corear consignas contra el proyecto de Marina Atlántica, las autorizaciones de la Autoridade Portuaria y la pasividad del BNG y PSOE, especialmente la alcaldesa, para frenar las obras. “¡Veu máis xente da que esperaba. Imos seguir nesta guerra en defensa do noso mar e ímola gañar!”, proclamó el patrón mayor. “Para ser a primeira non está mal, pero detrás virán outras se isto non funciona”, añadió Antonio Fernández Cordeiro, portavoz del Foro Social.
La protesta comenzó en la Alameda Vella con los argumentos de los convocantes sobre el “atentado ecolóxico” que supone el proyecto para Massó, la “perda de 500 empregos no mar”, la “ilegalidade” de las obras y el “pelotazo especulativo” que representa esa “usurpación de terreos e privatización do mar”. El recurso a la Guardia Civil para proteger las obras, el “ataque frontal ao pequeno comercio” –los convocantes criticaron la ausencia de este sector en la protesta–, y, sobre todo, la “deixación de funcións municipais” y la supuesta connivencia de la prensa fueron otros de los mensajes más recurridos. En días previos, un coche con megafonía alertaba de la destrucción de empleos y la afectación a la playa de Rodeira.
Entre el público se encontraba el concejal de Urbanismo, artífice político de la movilización contra el proyecto de Marina Atlántica. Abalo cifró en “mil persoas” las que le acompañaban y cuyo mensaje resumió como “a necesidade de recuperar a unidade de acción no goberno en defensa dos traballadores e do sector mariñeiro”. También acudió el edil de Cultura e Patrimonio Xosé Manuel Pazos, de Esquerda Unida (que forma parte de ACE). El BNG no acudió a la manifestación, aunque su portavoz, Óliver Álvarez, comunicó que “respetan” a los asistentes, “pero tamén aos moitos que non asistiron”, e instó a Abalo a “sentarse con Marina Atlántica e a Autoridade Portuaria para resolver o problema”. La edil no adscrita, Begoña Pérez, se dejó ver al principio de la manifestación, mientras que el PSOE no compareció.
Desde el Foro se hizo un llamamiento a mantener la “guardia permanente” en el vial de A Congorza para evitar el suministro de materiales a la obra y a acudir a los plenos que se celebren. La sesión ordinaria de junio, prevista para el viernes, se traslada al jueves siguiente. “Iremos a preguntarlle catro cousas a un partido que dí que é socialista e obreiro, e tamén aos que teñen alí a alcaldesa, a ver se non pensan mover un dedo”, manifestaron sus portavoces.

Reivindicación pacífica
A pesar de las tradicionales consignas “se isto non se asume, lume, lume, lume!” o “se isto non se amaña, caña, caña, caña!”, y de mensajes dispersos contra la Guardia Civil o el uso de métodos de protesta más contundentes, la manifestación finalizó sin incidentes. “Imos a seguir nesta batalla e ímola gañar, pero desde o respeto e de forma pacífica”, proclamó el patrón mayor.






* Faro de Vigo - G.M.P. - 21.06.09
Foto: Marineros de Cangas y de otras cofradías de la ría encabezaron la protesta por las calles del centro urbano cangués. - Gonzalo Núñez, farodevigo.es

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Vecinos y usuarios piden el derribo del aparcamiento de Las Teresitas

CANARIAS7/Tenerife* : Alrededor de dos centenares de personas, la mayoría vecinos del barrio de San Andrés y usuarios de la playa de Las Teresitas, se manifestaron hoy para reclamar el derribo de las obras del aparcamiento en construcción a pocos metros de la arena, paralizadas por carecer de permisos.

La protesta fue convocada por colectivos vecinales y por Asamblea por Tenerife, que denunciaron que este aparcamiento, popularmente conocido como "mamotreto", es el primer paso en un proyecto de desarrollo urbanístico promovido por el Ayuntamiento y que incluye un hotel, un centro comercial y un puerto deportivo.

"Contra la corrupción urbanística" y "Zerolo dimisión", en alusión al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fueron algunas de las consignas coreadas por los asistentes, que recorrieron las calles de San Andrés.

El "mamotreto" debe ser derribado, por su "intolerable" impacto paisajístico a la entrada de la playa y porque actúa como una muralla entre el pueblo de San Andrés y Las Teresitas, según los organizadores de la protesta.

"No queremos un aparcamiento privado ni un centro comercial con restaurantes y bares que van a arruinar a los establecimientos del pueblo y darán lugar a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, rechazamos una construcción que, una vez finalizada, dejará al pueblo enterrado entre la montaña y el hormigón", según Asamblea por Tenerife.

En la manifestación se reclamaron aparcamientos gratuitos, una playa limpia, con baños y duchas decentes y kioscos dignos, "una simple reforma y acondicionamiento de la playa".

Leticia Armas, portavoz de los convocantes, denunció que se mantiene a la playa de Las Teresitas en un estado de abandono para que la gente se aburra y digan a los políticos que hagan lo que quieran con ella.

El "mamotreto" es "el primer eslabón de una cadena de destrozos que se realiza con el dinero de los contribuyentes", dijo, y reclamó "que se respete la naturaleza y los derechos de todos los vecinos, que se respete la playa de todo Santa Cruz".

A la manifestación se sumaron representantes del PSC-PSOE, entre ellos su portavoz en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, y la secretaria de Justicia y Seguridad, Sandra Rodríguez.







* Canarias 7 - EFE - 20.06.09
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com

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Los jueces tardan 12 años en decidir si Avacu representa o no a 300 familias

LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a revisar el recurso presentado por la entidad en representación de 300 familias valencianas a quienes la Generalitat denegó unas ayudas de vivienda en 1995.

Catorce años estas familias siguen sin saber si tienen derecho o no a cobrar estas subvenciones, simplemente porque decidieron que Avacu defendiera sus intereses pero los tribunales consideraban que la entidad no estaba legitimada para representarles.
El via crucis de estos afectados comenzó en 1995, cuando presentaron las solicitudes de ayudas para comprar una VPO, contempladas en el Plan de Vivienda 1992-1995, "presentadas con posterioridad al 15 de octubre de 1995", según consta en la sentencia del Constitucional ganada por Avacu. Desde la entidad explican que el Plan de Vivienda 92/95 (aprobado por los socialistas cuando gobernaban en la Generalitat) se cerró "anticipadamente, mientras que los ciudadanos interesados en obtener dichas ayudas acudieron a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), donde se les recogía la documentación y se les informaba de que, a pesar de dicho cierre, se prorrogarían las normas de dicho plan hasta que se aprobase el siguiente", según explicaban ayer desde Avacu a la agencia Europa Press. En esta época ya gobernaba la Generalitat el PP, y al frente de la Coput se encontraba Luis Fernando Cartagena. "Más de 300 familias compraron sus viviendas y presentaron la documentación con arreglo al plan vencido".
Sin embargo, "cuando se aprobó el siguiente plan no se recogieron los supuestos de estos ciudadanos, lo que creó un vacío legal que dio lugar a que sus solicitudes se rechazaran porque la Coput consideró que se presentaron fuera de plazo".
Los afectados acudieron a Avacu que inició el tortuoso camino de las reclamaciones ante la administración. Primero contra el servicio territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, que denegó las peticiones que formulaban los solicitantes. Ante esta negativa, Avacu optó por presentar en 1997 los recursos que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ decidió rechazar el 21 de febrero de 2001 "por falta de legitimación activa de Avacu para cuestionar" la denegación de las ayudas.
La asociación decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que también desestimó su demanda porque pilló el régimen transitorio de aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 que da al TSJ la decisión en última instancia.
Avacu presentó en 2006 un recurso de amparo al Constitucional que ahora obliga al TSJ a volver a analizar los recursos presentados en nombre de las 300 familias para ver si pueden o no cobrar las ayudas. Avacu se muestra optimista porque "existen sentencias anteriores, ordenando a la conselleria que admita las solicitudes rechazadas".
"Las asociaciones
no están solas"
El presidente de Avacu, Fernando Móner, subrayó ayer que "las asociaciones de consumidores no están solas", sino que son "un grupo de consumidores y usuarios, cada vez mayor, que se unen para defenderse de los atropellos, vengan de donde vengan", sentenció.
La jefa del Gabinete Jurídico de Avacu, Ana Móner, se mostró "satisfecha por todos los años de esfuerzo y constancia" de la asociación y anunció que "seguirán luchando, pues el transcurso del tiempo no debería ser obstáculo para obtener los derechos legales, aunque haya que pedir responsabilidad patrimonial a una administración que permite una demora de 15 años en obtener justicia".







* Levante-EMV - L. B. B. VALENCIA - 20.06.09
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es

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El timo de la vivienda

JOSEP MARIA MONTANER* : La vivienda ha sido la gran perdedora en las políticas de las últimas décadas. Y por ello, la mayor parte de la ciudadanía ha salido perjudicada. Se han hecho espacios públicos y equipamientos, arquitectura comercial y operaciones residenciales especulativas. Pero casi no ha habido políticas de vivienda social. El retraso en negociar, aprobar y aplicar la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña ha comportado que se agudice el vacío de vivienda asequible y adecuada. Además se mantiene el prejuicio de que no se necesitan más.

Así, casi sin cobertura pública, resolver esta necesidad ha quedado en manos, por una parte, de los promotores, que salvo honrosas excepciones han primado el negocio especulativo. Y por otra, ha dependido de las entidades bancarias, que sobrevaloraron hace unos años las mismas viviendas que ahora valoran por lo bajo, reclamando a sus hipotecados no sólo sus pisos, sino que cubran ellos la diferencia entre lo que deben y el valor devaluado. Por esta razón, ya hace meses que miles de afectados por hipotecas que han quedado por encima del valor real o cuyas cuotas les resultan impagables se están organizando para defenderse de los abusos de una banca que, mientras aprieta a los que tienen pocos recursos, reclama fondos gubernamentales de rescate para rehacerce de irresponsabilidades legitimadas por tendencias económicas.

La vivienda, que debería ser la clave de la sociedad, y sus usuarios, que somos todos, han quedado desamparados. Y es esta sociedad la que está pagando por los errores de previsión de las instituciones y los bancos que deberían protegerla y la han defraudado.

Parece que en la Cataluña actual prevalece el prejuicio de que las políticas de vivienda son cosa de la derecha. Aún falta para que se den cuenta de que la base de la vida humana es el espacio doméstico. Lástima que aún falte para que las políticas de vivienda tengan el lugar central que les corresponde.


*Josep María Montaner, arquitecto



* ELPAIS.com - Opinión - 15.06.09

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El Estado desiste a los dos años de expropiar el hotel en la playa del Algarrobico

ELMUNDO/Almería* : La Administración General del Estado ha acordado hoy el desistimiento del procedimiento de expropiación iniciado en julio de 2007 de los bienes inmuebles ubicados en el paraje de El Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras al decaer las causas que lo motivaron tras una sentencia judicial de septiembre de 2008.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, del 5 de septiembre de 2008, ordenaba al Ayuntamiento de Carboneras iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la concesión de la licencia del hotel, que podría llevar a la nulidad de la concesión de la licencia de obras.

Tras esta sentencia, el Estado ha dictado una resolución, que ha sido firmada hoy por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, al ser la autoridad competente para dictar el citado acto administrativo, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Tras este fallo judicial, el Estado ha acordado acudir a la figura del desistimiento del procedimiento de expropiación "en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad".

La Dirección General de Costas, tras conocer de la ocupación de determinados terrenos ubicados en la servidumbre de protección de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, dictó resolución el 2 de diciembre de 2005, por delegación del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se declaraba de utilidad pública estos terrenos a los efectos de expropiación.

A esta primera resolución, que fue convalidada por acuerdo de Consejo de Ministros con fecha 23 de febrero de 2007, le siguió el acuerdo del delegado del Gobierno en Andalucía -el 30 de julio de 2007-, de necesidad de ocupación de los bienes y derechos, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de agosto, por el que se inició el procedimiento expropiatorio.

Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras de conceder licencia de obras -con fecha 13 de enero de 2003- se pronunciaron diversas asociaciones y la Junta, que pidieron la revisión de oficio de dicho acuerdo, y que fueron desestimadas por el Consistorio.

Presentados los recursos, éstos fueron admitidos a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, y sobre los que ahora se ha pronunciado anulando dicho acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Carboneras "por no ser conforme a derecho", y ordenándole a que inicie el procedimiento de revisión de oficio de dicho acuerdo municipal.

Conocida la resolución judicial de 5 de septiembre de 2008, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y tras informe de la Abogacía del Estado, entiende que procede el desistimiento de dicho procedimiento de expropiación en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la nulidad de la licencia.

No obstante, se atienden los efectos que podría tener sobre la determinación del justiprecio de los terrenos, y en atención al hecho de que si, finalmente, se declarara nulo dicho acuerdo municipal (bien en su revisión de oficio, bien por la vía judicial), la expropiación se haría innecesaria o, cuanto menos, su objetivo se circunscribiría sólo a los terrenos y no a la edificación.

La Administración General del Estado acuerda por tanto no continuar adelante con un procedimiento que puede suponer un detrimento de los fondos públicos, aunque dicha resolución de desistimiento tampoco es impedimento para que si se alteraran las circunstancias que concurren tras la sentencia se inicie de nuevo el procedimiento expropiatorio.







* El Mundo - EFE - 19.06.09
Foto: Un barco de Greenpeace fondeado frente al hotel del Algarrobico. | Arturo González (archivo)

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Un polígono en Alcàsser con informes en contra agrava las inundaciones en Silla

LEVANTE/Valencia* : La empresa de Fernando Bas Grau instaló un sistema de gestión de las aguas pluviales que tiene graves deficiencias según los estudios. El entonces concejal de Urbanismo de Silla que aprobó el proyecto es hoy diputado provincial.Las cíclicas inundaciones que afectan al núcleo urbano de Silla se han visto agravadas tras la urbanización del polígono de l'Alter, de Alcàsser. La obra la promovió la empresa Promociones Baspal, cuyo administrador es Fernando Bas Grau, suegro del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Un informe del Ayuntamiento de Silla señala que la gestión de aguas pluviales que Promociones Baspal desarrolló en el polígono fue "insuficiente" y concluye que aguas abajo se producen inundaciones cada vez con mayor frecuencia. Por allí discurre el cauce de la Rambleta, que se adentra en Silla, cuyo casco urbano puede verse afectado con lluvias torrenciales, advierte. Las obras del polígono, que ya han concluido, también afectan a una parte del término municipal de Silla.
Los técnicos han realizado un seguimiento de las obras y el informe desvela deficiencias en el sistema de gestión de las aguas pluviales. Afirma que la balsa de laminación construida "sirve de poco" por falta de capacidad, deficiencia de llenado y carencias en el sistema de vaciado. El agua discurre por los viales del polígono y se concentra al sureste. Ante lluvias de escasa intensidad las arquetas con rejilla resultan "insuficientes" y son objeto "de emboces continuos". En días de lluvia de intensidad media, el agua se acumula en la zona baja, inunda aceras y parcelas y toma el canal de salida de las obras del AVE. A lluvias más intensas el fenómeno se acrecienta, según la documentación.
Promociones Baspal fue creada el 4 de febrero de 2004 y según el registro mercantil cuenta con un empleado. La firma se dedica a la construcción, reparación y conservación de edificaciones. Fernando Bas Grau presentó el proyecto de urbanización comprendido entre las calles Fusters, Pedrapiquers, Llanterners y Antic Regne el 2 de diciembre de 2003, meses después de que su yerno se convirtiera en jefe del Consell.
En junio de 2005 el consistorio de Alcàsser presidido por Remedios Avia (PP) aprobó definitivamente el proyecto. Y siete días después lo hizo también el de Silla en contra de los informes de sus técnicos. El hoy diputado provincial Isidro Prieto era el concejal de Urbanismo. Prieto asegura que se hicieron reuniones para "introducir medidas correctoras, pero las aguas llegaban a Silla igual. Ahora se está empezando a dar solución a este problema por una inversión de la Generalitat de casi 8 millones de euros". El entonces alcalde, Josep Lluís Pitarch (Bloc), asegura que su equipo de gobierno exigió una corrección al proyecto y logró que se ejecutara una balsa de decantación y que por eso dieron su apoyo, explica. A Pitarch lo mantenía en la alcaldía un cuatripartito y el Partido Popular controlaba el área de urbanismo.
Pero el arquitecto municipal insistía en febrero de 2005 en que la documentación aportada por Baspal se limitaba a afirmar que tiene "resuelta" la evacuación pero mostraba sus dudas de que esto fuera así. Ese mismo mes Bas pide al Ayuntamiento de Silla la licencia administrativa para proceder a la urbanización en la parte que afecta a este término.
La familia de Isabel Bas, la mujer del presidente de la Generalitat, era propietaria en un 90% de los terrenos, según documentación del Ayuntamiento de Alcàsser. Incluso una parcela del polígono que se halla dentro del término de Silla es propiedad de una cuñada de Camps.
La parcela de Gloria Bas se fusionó con el resto de propiedades de la familia. Después, Fernando Bas cedió a la empresa Pavasal la urbanización y aún no le han entregado las obras aunque ya están concluidas, según dijo el propio Bas a este diario.
Los técnicos nunca vieron claro el proyecto
Aquel año se aprobó también el acceso ferroviario del AVE en el tramo Alcàsser-Picassent que supuso la modificación del PGOU y la ordenación de la zona este del polígono. A la primera petición formulada por el suegro de Camps a finales de 2003, el Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado entonces por el regionalista Julio Chanzá, no puso objeción ya que la urbanización de la zona mejoraba la comunicación dentro del polígono. Pero el Ayuntamiento de Silla no lo vio claro y el 29 de diciembre de 2003 ya reclamaba un informe con cálculos sobre el drenaje y el arquitecto señalaba que mientras no se clarificara el desagüe de pluviales y su evacuación no se podía informar favorablemente. Silla considera "del todo punto inaceptable" que el polígono vierta las aguas directamente a la cuenca de la Rambleta e insta a Alcàsser a una solución que no sea trasladar las aguas abajo. Alega que el Patricova rechaza incrementar el riesgo de inundación en otros municipios potencialmente afectados y advierte del incremento de caudales por la regresión de la superficie de cultivo y de que la capacidad del desagüe de la Rambleta es "limitada" y que incluso con lluvias de escasa intensidad se provocarán inundaciones en la zona urbana de Silla.







* Levante-EMV - CARLOS ALÓS - 18.06.09
Foto: Instalaciones de la última fase del polígono de l´Alter de Alcàsser ya acabadas pero aún cerradas; al fondo, Silla. - abelard comes , levante-emv.com

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Sevilla: Los delitos urbanísticos crecen un 28% y rondan el millar de casos desde 2005

DIARIODESEVILLA* : Los delitos urbanísticos crecieron en 2008 año en Sevilla un 28,78% con respecto al año anterior, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a mostrar su "preocupación" por el incremento de casos a pesar de las sentencias condenatorias que se han registrado en los últimos años y la decisión de los jueces de acordar la demolición de las edificaciones.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.

Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".

Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición.

Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.

La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".

En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.

La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas. "La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.







* Diario de Sevilla - J. Muñoz - 19.06.09
Foto: La imagen muestra una parcelación ilegal, uno de los fenómenos que más trabajo generan a la Fiscalía de Medio Ambiente. - diariodesevilla.es

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El juez del 'caso Guateque' centra la investigación en cuatro concejales

ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la mayor trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la concesión de licencias a locales, fija su investigación ahora sobre 16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

Se trata de Luis Asúa, edil responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto, de Chamartín; Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de Hortaleza. Tres de ellos estaban en otros distritos en el mandato anterior, periodo sobre el que pide información el titular del Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.

Los cargos que ostentaban entonces todos ellos (salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en una gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la Concejalía de Medio Ambiente, departamento del que partieron las irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10 ediles y nueve cargos de confianza, según esa documentación, ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las anotaciones hechas en los expedientes por los funcionarios (véase gráfico en la página siguiente).

Torres pide información sobre quiénes, en determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas en la providencia del juez, del 10 de junio, coinciden con las anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena Sánchez, entonces edil de Ciudad Lineal, que pidió agilizar una licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad Lineal".

Las coincidencias en las fechas siguen en el caso de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de Centro, para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de Dolores Navarro (Tetuán) para un restaurante en Capitán Haya. Cuando el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS hace año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por las quejas recibidas de los dueños de los locales por el atasco de las licencias.

El magistrado solicita también datos de quiénes eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la mano derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21 distritos: Hortaleza, Chamartín, Latina, Retiro, Barajas, Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de esta petición es la declaración de una funcionaria imputada, Esther del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos imputados-, eran los responsables.El testimonio de la imputada Del Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "ha resultado crucial". Y eso significa, según la misma fuente, que el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid,

"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece en la base de datos", aseguraba ayer uno de los altos cargos sobre quien reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos". Considera que la declaración de Del Olmo es una maniobra exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque, Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos, compañeros de Del Olmo.

Asimismo, el juez pide las declaraciones a Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en febrero por estar implicado en el caso Correa de corrupción vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un restaurante suyo una licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar conocer los bienes de la mujer de López-Viejo. El juez Torres ya se interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó las declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad y el de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil el régimen económico del matrimonio.

Los investigados

- Luis Asúa, ex concejal de Centro.

- Dolores Navarro, ex concejal del distrito de Tetuán.

- Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín.

- Sánchez Gallar, ex concejal de Ciudad Lineal.

- Jorge Rodrigo, ex gerente de la Junta de Hortaleza.

- Fernández Sánchez, ex gerente en Salamanca.

- Ángel R. Herraiz, gerente de la Junta de Chamartín en 2005.

- Sonsoles Medina, gerente de la Junta de Carabanchel en 2006

Los ediles en el foco de investigación

Luis Asúa Brunt, concejal de Retiro.

- Cuando era concejal de Centro pidió adelantar la licencia de un bar en la calle de la Cruz y de otro local en Salitre.

Luis Miguel Boto, concejal del distrito de Chamartín.

- Pidió adelantar la licencia de una bocadillería en el paseo de la Castellana. Sigue en el mismo puesto.

Elena Sánchez, concejal de Hortaleza.

- Desde su puesto anterior, como edil de Ciudad Lineal, pidió priorizar una licencia de una cafetería en Arturo Soria.

Dolores Navarro, concejal del distrito de Arganzuela.

- Cuando estaba en Tetuán pidió adelantar la licencia de un bar restaurante en la calle del Capitán Haya.


Con información de Beatriz Jiménez.







* ELPAIS.com - JORGE RODRIGO, EX GERENTE DE LA JUNTA DE HORTALEZA. - Madrid - 19/06/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE

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Los ayuntamientos siguen sin colaborar en atajar las infracciones urbanísticas

MÁLAGAHOY* : La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Málaga siguen sin perseguir y actuar contra las infracciones urbanísticas que se comenten en sus términos municipales. Esta aseveración vuelve a ser puesta sobre la mesa por la Fiscalía de Málaga y subrayada en la memoria de 2008 elaborada por este departamento.

En el documento, el fiscal delegado de la sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan B. Calvo-Rubio Burgos, denuncia por enésima vez la falta de "colaboración" y de labor persecutoria de buena parte de las corporaciones locales en esta materia.

Pero las apreciaciones del fiscal no apuntan únicamente a los consistorios, de los que únicamente salva a Málaga y Vélez-Málaga, sino que también aluden a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sobre este departamento, subraya negativamente la espectacular caída en el número de denuncias que formuló el pasado ejercicio, ya que pasa de 89 en 2006 a sólo 14 en 2008. La cifra, a juicio de Fiscalía, es escasa "en relación con el volumen de infracciones" que se cometen en la provincia.

En cuanto a los ayuntamientos, el Ministerio Público destaca que el pasado ejercicio se observa "una menor iniciativa en la persecución de las infracciones delictivas" que tienen lugar en sus localidades. "Motu propio, pocos han iniciado actuaciones que hayan sido puestas en conocimiento de la Fiscalía", añade, aunque admite que en la mayoría de los casos los ayuntamientos han contribuido cuando se les ha demandado cooperación.

El fiscal constata, sin embargo, la existencia de algunas excepciones entre las corporaciones municipales, caso de Málaga y Vélez-Málaga. En el primero de los casos, se destaca que la Gerencia de Urbanismo de la capital ha aumentado un 20% el número de denuncias interpuestas respecto al ejercicio anterior, con un total de 65, mientras que en el segundo, se indica, de un lado, que adquiere nuevamente "protagonismo", con 22 denuncias, pero, de otro, que ello representa apenas la mitad de las presentadas en 2006.

Asimismo, la memoria de la Fiscalía ensalza la labor realizada por el Seprona, de la Guardia Civil, aunque se apunta "la escasa aportación" que ha supuesto la creación del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, "no por desidia o inoperatividad de sus miembros, sino, evidentemente, por la falta de medios con que iniciaron el trabajo y, quizás, porque su creación fue dirigida más bien a la persecución de delitos urbanísticos como consecuencia de la corrupción". Además, se critica la poca actividad en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio de la unidad adscrita a la Policía Nacional.

De acuerdo con la memoria anual, los supuestos delitos contra la Ordenación del Territorio siguen encabezando el listado de investigaciones abiertas por la Fiscalía, con 276 de las 360 totales, lo que supone el 76%, y conlleva un aumento del 13% respecto a 2007. A ellas se suman las vinculadas con delitos contra el Medio Ambiente, 57, que se multiplican pos siete; el Patrimonio Histórico, con 5, y la Flora y la Fauna, con 23. De todas las diligencias de investigación correspondientes a 2008, 146 fueron archivadas por entenderse que los hechos no eran constitutivos de delito; 90 fueron trasladados a los juzgados; 77 estaban pendientes de diligencias y 47 conllevaron la interposición de una querella.

En cuanto a las sentencias formuladas en 2008, la memoria fiscal constata que no se registró ninguna relacionada con delitos contra el Medio Ambiente, el Patrimonio Histórico e Incendios Forestales y sólo una por delitos contra la Flora y la Fauna. A ellas se suman 30 sentencias por delitos contra la Ordenación del Territorio, de las que 22 fueron condenatorias.

De estas últimas, según la información de la Fiscalía, hay 13 vinculadas a la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares de valor paisajístico. Estas sentencias dieron lugar a la demolición en diez de los casos. También se contabilizan 9 sentencias por informar favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas.







* Málaga Hoy - S. Sánchez - 18.06.09
Foto: Vista de las construcciones diseminadas levantadas en algunos municipios de la comarca de la Axarquía., malagahoy.es

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El Tribunal Superior requiere información al Concello sobre el derribo de Jacinto Benavente

FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pide cuentas al Concello de Vigo sobre lo que ha hecho hasta ahora para llevar a la práctica la sentencia de derribo de las viviendas de Jacinto Benavente, ordenada por ese mismo órgano judicial en 1999. Le da diez días para que "remita testimonios de todas y cada una de las diligencias que se hayan practicado para llevar a debido efecto la ejecución de la sentencia pronunciada".

Ésta afecta a 180 viviendas que están ubicadas en el conocido como Peri "Jacinto Benavente"; es decir, entre las calles Coruña 76-78 y Chano Piñeiro 1,3,5,7 y 9.
Concello y propietarios se aferran al procedimiento iniciado el mes pasado en la Gerencia de Urbanismo, para adaptar todas las viviendas al actual planeamiento urbanístico, porque habían sido declaradas ilegales con el anterior. Fuentes municipales aseguran que trasladaron al alto Tribunal información sobre trámite iniciado por los propietarios para pedir una nueva licencia, acorde al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Hace justamente sólo un mes que los propietarios de las viviendas solicitaron la adaptación de la construcción al nuevo PXOM en la Gerencia de Urbanismo. Los vecinos tratan así de legalizar sus pisos por vía municipal y luego solicitarán ante los tribunales la inejecución del derribo. De momento, esperan la respuesta del Concello, que tendría que ratificar en un pleno municipal que la construcción queda legalizada conforme al nuevo ordenamiento municipal.
Pero el letrado que representa a la mayoría de los propietarios de la comunidad de Jacinto Benavente, José Luis Barros, avanzó ayer que apelarán contra el escrito remitido ahora por el TSXG al Concello pidiendo explicaciones. Tienen cinco días para presentar el recurso y en éste, argumentarán que están en medio de un proceso de legalización. "Alegamos que no tiene objeto, dada la nueva situación del edificio y pretendemos así impugnarlo", explicó ayer el abogado.
Fuentes municipales aseguraron ayer que se realizó un envío el pasado 18 de mayo de toda la información al Tribunal Superior. Le trasladaron así la intención de que los propietarios presentaron la solicitud de nueva licencia. Aún no se ha resuelto la solicitud, y luego tendría que incorporar más información. No obstante, el Concello indica que cumplirá y acatará todos los requerimientos que se marquen desde la autoridad judicial competente.
La sentencia de derribo del TSXG se demora desde hace una década. La razón no es otra que un recurso de casación presentado por el Concello ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo y en las salas del TSXG durante 2006. El fallo judicial se conoció hace dos meses. Fue desfavorable al Concello, por lo que la demolición sigue en vigor.
Pero estas viviendas no son las únicas en esta situación. El Concello de Vigo ya encargó en abril de este año a la Escuela Superior de Arquitectura y al Colegio Oficial de Arquitectos dos informes para remitir al TSXG, que avalen la demolición parcial de otro edificio afectado por una orden de demolición: O Piricoto. En este caso, el Concello asume que la legalización pasaría por la demolición parcial del inmueble para adaptarlo al entorno del pazo de Castrelos, tal y como le pide el máximo Tribunal gallego.






* Faro de Vigo - 18.06.09
Foto: Una vista de las viviendas afectadas, entre las calles Chano Piñeiro y A Coruña. J. Lores, farodevigo.es

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Valladolid: El juez ordena al alcalde demoler partes del edificio Caja Duero

20MINUTOS* : La Justicia se ha vuelto a pronunciar en contra de una decisión urbanística del alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado que se ejecute la sentencia de abril de 2008 que declaró ilegal la licencia de rehabilitación del edificio de oficinas y viviendas de la Plaza Zorrilla, donde Caja Duero tiene su sede central.

El juez ordena a Javier León de la Riva, que tiene su vivienda en este edificio, que «bajo su directa y personal responsabilidad» ordene la demolición de las obras que se hicieron con el permiso de la licencia ahora anulada. Para ello le da tres meses de plazo.

La sentencia afecta a las galerías de la fachada interior del edificio, elementos de la cubierta y parte de la fachada exterior. Deberán reconstruirse los elementos protegidos que fueron tirados. Asimismo, ordena que se dejen de usar y se desaloje a los dueños de los áticos que antes no existían y se levantaron gracias a la licencia.

La federación, satisfecha

El caso lo llevó a los tribunales la federación de vecinos, que ayer se mostró satisfecha por el pronunciamiento del juez y exigió responsabilidades políticas «al más alto nivel por estos desaguisados». «Es lamentable que la obcecación de nuestro alcalde genere por enésima vez perjuicios a toda la ciudad», dijo su presidente, Ángel Bayón. La federación indicó que no es la primera vez y recordó los casos de Niña Guapa o de Juan de Austria.







* 20 Minutos - J.S.C.. 18.06.2009
Foto: Valladolid, edificio pza Zorrilla - nortecastilla.es

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Condenan a tres años de prisión al ex alcalde de Abdalajís

LAOPINIÓN/Málaga* : El ex alcalde del Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP) cumplirá a sus 64 años una condena de tres años de cárcel por delitos continuados de prevaricación urbanística durante el periodo en el que gobernó en la citada localidad malagueña, en concreto por los hecho acaecidos entre 2001 y 2004.

Así lo ha acordado el propio ex regidor con la Fiscalía de Málaga, quien solicitaba en un principio para Gómez Arrabal una pena de 30 años de cárcel y 111 años de inhabilitación, por 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de "carácter continuado".
Asimismo, la resolución judicial también recoge que tres ediles de los cuatro que formaban parte de la comisión de gobierno de aquellos años cumplan 27 meses de prisión, y que el tercero, en esta caso una ex concejala, pague una multa de unos 108.000 euros, aclaró a este periódico Gómez Arrabal, quien no pudo evitar mostrarse muy confuso con la sentencia judicial.
"Este fiscal ha sido durísimo con nosotros. No cabe otra palabra. Cualquiera en el pueblo puede decir que no nos hemos enriquecido con las licencias concedidas a los vecinos. Es más, yo no tengo ni propiedades en el Valle, sólo una casa fuera del pueblo que me dejó mi padre en herencia. Éso demuestra que actuábamos sólo pensando en el bien de nuestros conciudadanos", resaltó indignado el ex regidor, quien pidió para él y sus antiguos compañeros políticos la solicitud de indulto por parte del juez.
El ex alcalde popular adelantó que un amplio grupo de vecinos están recogiendo firmas en la localidad y en municipios vecinos a favor de un indulto para los acusados y, según sus cálculos, ya se podría sobrepasar el millar de apoyos. "Además, recientemente hubo una concentración en el pueblo en señal de protesta por esta resolución judicial, y para el 27 de julio está prevista otra concentración en la plaza central del pueblo", continuó Gómez Arrabal.
Por otra parte, en relación al ´caso Mirador´, que afectaba a toda la corporación municipal anterior a la actual por permitir la ejecución de una urbanización sin planeamiento vigente, la Fiscalía ha acordado siete años de inhabilitación para los ediles implicados, según fuentes judiciales consultadas.







* La Opinión de Málaga - LOLA SÁNCHEZ. - 17.06.09
Foto: Abdalajís (Málaga) - andalucia.org

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Por qué Madrid no es Ámsterdam

ELPAÍS* : En la capital holandesa, uno de cada tres viajes se hace en bici. Aquí, ni el 1%. Aníbal refunfuña en el asiento de bebé. "No le gusta parar", dice su padre. Pero no queda otra. El padre conduce la bici y esquiva coches, y el niño, amarrado con correas a la silla, pone caritas cada vez que frenan. Quizá en 2016 Madrid sea olímpica. Y como establece el Plan Director de Movilidad Ciclista, quizá para entonces, cuando Aníbal tenga nueve años y vaya en su propio sillín, el paseo de la Castellana disponga de carril-bici de punta a punta. Pero aún no existe.

Y recorrer la avenida hasta el parque del Retiro, como hicieron ayer un centenar de ciclistas, es una carrera de obstáculos entre coches, charcos y humo.

La excusa era una invitación de la Embajada de Holanda para promocionar que tendrán una etapa en la Vuelta Ciclista a España. Quieren fomentar el uso de la bici, dicen, como ocurre en Ámsterdam. Pero no hay color. Para que Madrid se pareciera a la capital holandesa -donde el 73% de los habitantes tienen una o más bicis que usan a diario y donde las calles estrechas y planas facilitan su uso- necesitaría más carriles, más educación vial y más conciencia entre los conductores.

"Hay demasiado espacio para el coche y mucha congestión", resaltaba ayer tras el paseo Ria Hilhorst, responsable de movilidad en el Ayuntamiento de Ámsterdam. El urbanista Alfonso Sanz, uno de los redactores del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid, criticó cómo se está implantando el informe que quiere transformar a la capital en un lugar donde ir en dos ruedas no dé miedo. No es una forma de hablar. El 43% de madrileños encuestados en un estudio reciente del RACC señalaban que prefieren no usarla porque "no es seguro".

El plan ciclista de Madrid, presentado hace un año, incluye 575 kilómetros de carril-bici para 2016. Todos los distritos tendrán vías ciclistas, según el documento, y se eliminarán coches de las calles para dar espacio a las bicicletas. El informe prevé aparcamientos para bicis (unas 8.000 plazas) y un sistema de préstamo como el que ya triunfa en Barcelona, Sevilla o Zaragoza. Hasta la fecha se ha pospuesto en Madrid "por la crisis", según explican desde el Ayuntamiento.

Uno de los artífices de ese documento criticó ayer "la precipitación" con la que se ha puesto en marcha. Alfonso Sanz colaboró en la redacción del plan como asesor externo de gea21, un grupo de estudios y alternativas de movilidad. "No hay financiación estable", señala el urbanista. La construcción de carriles bici y aparcamientos, salvados por los Fondos de Inversión estatal, "se hace de forma precipitada". El dinero de los llamados Fondos Zapatero -23 millones para 50 kilómetros de carriles- tienen plazos y apretados. Deben estar construidos antes de que acabe el año.

Sanz, que usa la bici a diario para ir a la oficina, pone el ejemplo de su barrio, Prosperidad, donde hay un nuevo aparcamiento en el que ni siquiera caben bien las bicis. Y critica que "no se esté contando con la participación de los usuarios". Ciclistas como Juan Merallo, de la asociación Pedalibre, que ayer coordinó megáfono en mano el paseo por la jungla.

A Merallo, que lleva años peleando por hacer de Madrid una ciudad en dos ruedas, no le gusta que los aparcamientos de bicicletas roben espacio a las aceras, al peatón, en vez de quitárselo al coche. Y reclama "más infraestructuras, como en Holanda". Si comparamos otra vez, Ámsterdam (con una superficie tres veces más pequeña que la de Madrid y cuatro veces menos población) tiene ya 400 kilómetros de carril-bici frente a los 146 de la capital (la mayoría en el Anillo Ciclista, es decir, en recorridos que la gente normalmente no usa para ir a trabajar).

Sólo el 0,14% de los madrileños usa la bici para desplazamientos habituales. La previsión municipal es llegar al 4% en 2016. En Ámsterdam, casi un tercio de los viajes (27%) van sobre dos ruedas. "Es que aquí es peligroso", asegura Aafke Trouwborst (31), otra holandesa que se sumó al paseo. Arma Kleinepier, de 35, se gana la vida en Madrid organizando rutas alternativas para ciclistas y turistas.

"Aquí la bici no existe en la mente de los automovilistas", explica la mujer. Los conductores madrileños no están preparados, como denuncia el padre de Aníbal, José Mira. "Los taxistas son bastante agresivos, te hacen saber que tú molestas", protesta. En efecto, un taxista bajó ayer la ventanilla a mitad del paseo para protestar por el pelotón de la Castellana. "Hay que inculcarlo en los colegios, enseñar a los chavales a amar las bicis", reflexionaba el ciclista profesional Abraham Olano, campeón del mundo de contrarreloj y ganador de una Vuelta a España. También pedaleó ayer con el grupo. "Se hace extraño andar por mitad de Madrid en bici, rodeado de coches".

Friso Wijnen, el agregado cultural de la Embajada de Holanda, amaba la bici ya de pequeño, porque en su país es algo "tan natural que se da por descontado". En su país cunde el ejemplo: muchos políticos la usan a diario para llegar a los despachos. Él la aparcó cuando se trasladó a trabajar a Madrid. "A veces la cojo para ir al Retiro, pero no es lo mismo", asegura. "La echo mucho de menos, la bici es libertad".
"Hay que hacerlo fácil"

Le ha bastado un paseo para detectar lo que no le gusta. Ria Hilhorst, responsable de movilidad del Ayuntamiento de Ámsterdam, recorrió ayer por la mañana el paseo de la Castellana en bicicleta con una comitiva. ¿Algún problema? "Hay mucho ajetreo y congestión", resume. "Lo importante es darle prioridad al ciclista y al peatón". Ella es una de las que ha hecho posible que el 90% de las carreteras de la capital holandesa "sean fáciles para el que va en bici". En la mayoría de las calles, el límite de velocidad para coches se fija en 30 kilómetros. Y para que los conductores lo respeten, están plagadas de badenes que hacen frenar sí o sí.

Algunos planes son más difíciles de poner en marcha. Como carriles-bici que conecten de forma "rápida, confortable y segura" las zonas residenciales con el lugar de trabajo. Otros recursos suponen menos esfuerzo. La responsable de movilidad holandesa pone un ejemplo: duchas en las empresas. Es lo que hacen algunas compañías, que facilitan a sus trabajadores que se duchen en la oficina al llegar tras un recorrido de más de 10 kilómetros. En la puerta de sus trabajos, igual que en los colegios de sus niños, abundan los aparcamientos para bicis. "Se trata de que la gente se plantee para qué necesita el coche y vea que no le hace falta para nada".






* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 17/06/2009
Foto: Madrid, bicicletas 2007 - espormadrid.es

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Quince alcaldes de la provincia de Almería están siendo investigados por presunta prevaricación urbanística

TELEPRENSA* : Prácticamente el quince por ciento de los alcaldes de la provincia están siendo investigados por presunta prevaricación urbanística. Así lo refleja la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía hecha pública hoy miércoles 17 de junio que, en lo que concierne a Almería, pone el acento en el destacado incremento de los procedimientos penales abiertos contra responsables políticos por este tipo de delitos.

En concreto, según detalla el documento, durante 2008 se encontraban en trámite procedimientos por prevaricación urbanística contra quince alcaldes de municipios de Almería. En el caso de alguno de estos regidores, los procesos abiertos fundamentalmente por concesión de licencias administrativas "claramente" contrarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía son "múltiples".

Adem&aa cute;s, la Fiscalía Superior subraya en este capítulo que se han llegado a formular a lo largo del año dos escritos de acusación contra alcaldes por supuesta omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408 del Código Penal.

Dentro de los datos que aporta la Fiscalía, destaca el de la tramitación durante 2008 de un total de 48 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, de las que 45 se refirieron a asuntos relacionados con la ordenación del territorio, mientras que el resto estuvieron centradas en delitos de incendio forestal.

De entre estas diligencias, 28 motivaron la formulación de denuncias, 16 se archivaron y, finalmente, cuatro se encuentran todavía pendientes de tramitación. La memoria de la fiscalía constata sobre este asunto un descenso en la cantidad de diligencias tramitadas, que argumenta en una menor proliferación de los delitos contra la ordenación. Entre las posibles causas de esta bajada parece encontrarse la caída del sector de la construcción, que ha repercutido de forma directa en la edificación de viviendas ilegales.

A las diligencias de investigación incoadas durante el último año se sumaron los 175 procedimientos judiciales abiertos durante el mismo periodo por delitos contra la ordenación del territorio (121), contra el medio ambiente (1), contra la flora y la fauna (13), contra el patrimonio (7), de incendio (24) y de malos tratos a animales domésticos (9). En este apartado, el año siguió la misma tendencia creciente registrada en los últimos cuatro años.






* Teleprensa - 17.06.09
Foto: La fiscalía ha presentado su memoria del año 2008 - teleprensa.es

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Marbella: Muñoz legalizará el Banana Beach, el gran atropello de la era GIL

MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto modificar el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le remitió el pasado viernes el equipo redactor para legalizar la situación de cerca de medio millar de viviendas que se mantienen fuera del legalización y entre las que se incluyen los 300 apartamentos del complejo Banana Beach, uno de los mayores atropellos urbanísticos de la era GIL.

De hecho, esta promoción, levantada en los tiempos de Jesús Gil como alcalde, convirtió a Marbella en el primer ayuntamiento de España con una comisión de gobierno al completo condenada en firme por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Así lo anunció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien informó de que el equipo de gobierno estudiará las medidas necesarias para aprobar de forma provisional el planeamiento con la inclusión de las tres urbanizaciones habitadas que han quedado fuera del documento: la mencionada Banana Beach, las viviendas que se asientan sobre un yacimiento arqueológico en Río Real y una treintena de casas en El Alicate, en La Víbora.

El Consistorio analizará en las próximas semanas "todas las vías posibles" para incluir estas tres urbanizaciones y sumarlas a las 18.000 casas que serán normalizadas por el nuevo plan, que será sometido por segunda vez a aprobación provisional a mediados de julio para, posteriormente, remitirlo a la Junta de Andalucía antes de agosto. La Administración regional dispondrá de cinco meses para darle el visto bueno definitivo.

Según los cálculos del Consistorio marbellí, el PGOU podría estar aprobado a finales de 2009. La alcaldesa mostró su deseo de reunirse con la Consejería de Vivienda y Ordenación antes de la aprobación definitiva para trasladar sus razones para incluir estas tres urbanizaciones. "Este texto no pretende ser una amnistía ni un punto final. Hay muchas viviendas, más de mil, que no se regularizan, pero son inmuebles que no están habitados. Cuando hay propietarios detrás, hay que ser mucho más flexibles", añadió.

Muñoz expresó su confianza de alcanzar un acuerdo con la Junta, ya que "hablamos de tres promociones muy concretas. En el caso de Banana Beach se puede dejar para un posterior desarrollo al incluirlo dentro del área del polígono y en cuanto a las otras dos promociones, se estudiarán las posibles compensaciones al Ayuntamiento". No obstante, dados los antecedentes, no parece que este acuerdo sea sencillo, puesto que ya en marzo de 2005 la entonces consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez solicitó la demolición de Banana Beach.

La regidora subrayó que el derribo de estos edificios habitados crearía alarma social y pérdida de confianza en las administraciones. "Entendemos que hay que hacer un esfuerzo" e incluir estas edificaciones en el sistema de compensaciones del PGOU. "Espero que podamos presentar los argumentos suficientes para que se apruebe esta modificación y la Junta esté de acuerdo", añadió, al tiempo que dijo entender los criterios del equipo redactor y del Gobierno regional, pero abogó por alcanzar un punto de entendimiento.

Además, destacó la importancia de las zonas verdes y de esparcimiento, así como la intención de la Administración autonómica de recuperar el frente litoral, pero "también hay que tener en cuenta que detrás hay personas. Aunque el urbanismo se pinta en plano, detrás hay muchos afectados y tenemos que defender sus intereses". En cuanto a las sentencias pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para demoler varios inmuebles, Muñoz aseguró que cuando el PGOU se apruebe definitivamente, el Ayuntamiento instará a los promotores "para que lleven a cabo todas aquellas peticiones de ejecución de sentencia".







* Málaga Hoy - E.P. - 17-06-09
Foto: Marbella, Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com

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El TS ilegaliza la expropiación de una parcela ya urbanizada en Algeciras

DIARIODECÁDIZ* : Nuevo varapalo judicial a la política urbanística protagonizada por el Ayuntamiento de Algeciras en la etapa de los ex andalucistas Patricio González y José Ortega. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal, en una sentencia dictada el pasado 30 de marzo de 2009, la expropiación de una parcela urbana de 11.341 metros cuadrados en la barriada de San García.

El fallo abre la puerta al pago de una indemnización millonaria a los propietarios originales del terreno, después de que el Consistorio vendiera parte del suelo a otra empresa y ésta haya construido ya una promoción inmobiliaria.

El terrero fue expropiado de forma forzosa por el Consistorio a la sociedad Inversiones San Sergio, a través de un acuerdo plenario, en abril de 1999. El motivo esgrimido por el Ayuntamiento era el ensanche de la carretera de Getares. La actuación venía recogida en la nueva delimitación de la unidad de ejecución SG-15 de San García, aprobada a través de un decreto de Alcaldía -firmado por Patricio González- el 22 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, el nuevo vial de la avenida Carlos Cano sólo ocupó una parte del suelo enajenado, mientras que el resto de la parcela fue vendido por el Ayuntamiento en julio de 2001 a otra sociedad -Costa 89 S.A.-, que se encargó de urbanizar la zona y levantar la actual urbanización Jardines del Golf, que linda con el supermercado Mercadona.

Inversiones San Sergio -formada por la familia Triay, propietaria de los terrenos- interpuso un recurso contencioso-administrativo al entender que el justiprecio que se imponía para la expropiación -alderedor de 216.000 euros- era "irrisorio" y que el procedimiento urbanístico abierto por el Consistorio no era conforme a Ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó sentencia el 16 de abril de 2003 y en ella se daba la razón a Inversiones San Sergio. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso y acordó dejar sin efecto las dos resoluciones administrativas aprobadas por el Ayuntamiento en 1999, alegando que éstas se basaban en un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), el de 1984, que había sido declarado nulo en el año 1991.

El Consistorio decidió entonces interponer un recurso de casación en diciembre de 2004, estando ya el PSOE en la Alcaldía. Según el Alto Tribunal, queda demostrado que el PGOU de 1984 fue declarado nulo por el propio Supremo siete años después y que esta nulidad "es la que conduce también" a que queden sin efecto los "controvertidos" acuerdos municipales de 1999 pues tanto el decreto del alcalde como el acuerdo plenario "son actos de desarrollo y ejecución de un PGOU inexistente".

El Supremo rechaza el argumento municipal de que el PGOU de julio de 2001 "daría respaldo o cobertura a estas dos actuaciones".






* Diario de Cádiz - R. Montes / Algeciras - 16.06.09
Foto: Chalets construidos en la barriada algecireña de San García. - diariodecadiz.es

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Detenido el ex alcalde de San Miguel (Tenerife) por un presunto caso de corrupción urbanística

EUROPAPRESS/Tenerife* : La Policía Judicial de La Guardia Civil ha detenido este martes al ex alcalde de la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona Arturo González (CC), al que se le acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Con ésta serían cinco las detenciones llevadas a cabo por el cuerpo armado durante las investigaciones de un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio localizado al sur de la isla de Tenerife. El Juzgado número 4 de Granadilla de Abona es quien lleva a cabo las pesquisas y quien ha decretado el secreto de sumario.

Las investigaciones continúan, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, y no se descartan nuevas detenciones. Las imputaciones se basan en actos cometidos entre los años 2006 y 2007 por adjudicación de obras municipales de forma ilícita.

Además del ex alcalde también han sido detenidos el ex interventor municipal que actualmente ejerce como tal en el Ayuntamiento de Candelaria y la aparejadora de la localidad de San Miguel. Desde hace algunos meses se investigaba la actividad del anterior equipo de gobierno de la localidad.

El pasado 4 de junio se hicieron públicos varios registros realizados días anteriores en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia a raíz de la gestión realizada y relacionada en materia urbanística.

La documentación que se requirió procedía de la oficina técnica municipal. Allí se investigaban proyectos contratados por el gobierno que presidió Arturo González. La Fiscalía Anticorrupción rehusó pronunciarse el pasado 4 de junio al respecto de este asunto y apuntó que no podía confirmar la existencia de la denuncia.

González permanecía en la oposición tras las elecciones locales. Su compañero de filas hasta entonces, Valentín González, le arrebató la alcaldía al pasarse a las filas del CCN tres meses antes de los comicios. El CCN cuenta con 5 concejales y el PSOE con otros cinco forman el equipo de gobierno. En la oposición está CC, con 6 ediles, y el PP que cuenta con uno.







* Europa Press - 18.06.09
Foto: San Miguel de Abona (Tenerife) - webtenerife.com

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Sevilla: El TSJA anula la decisión de construir la Biblioteca del Prado

ELCORREODEANDALUCÍA* : El PGOU de 1987 decidió proteger el parque del Prado de San Sebastián por ser el único reducto verde junto al casco histórico que aún podía reservarse para el uso y disfrute ciudadanos, y "cualquier intervención en él que fuera más allá de la aceptación del valor de su vacío sería una estridencia tanto en el recuerdo como en la realidad urbana de la ciudad".

Con este argumento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) echa para atrás la decisión de construir en los terrenos del Prado la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad de Sevilla, al estimar el recurso de los vecinos de la calle Diego de Riaño contra la resolución de la Junta que aprobó en 2006 la revisión del PGOU en el solar. El TSJA anula ahora ese cambio del PGOU, la decisión de la Universidad de edificar la Biblioteca en el parque y cualquier acto posterior que se derive de ellos. Contra la sentencia, que no especifica si hay que frenar de inmediato las obras iniciadas hace meses para levantar el edificio diseñado por la arquitecta iraní Zaha Hadid, cabe recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de 10 días.

La sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA abunda en argumentos medioambientales y recuerda que Sevilla, con una huella ecológica 24 veces por encima de su extensión, no puede permitirse alterar una zona verde que en 1987 fue protegida, precisamente, por la escasez de estos espacios en la ciudad frente al afán constructivo. De hecho, insiste en que la delimitación del parque casi no necesitaba argumentación por su obviedad, pero que arañarle metros para dedicarlos a otro uso es una decisión de tal importancia medioambiental que tiene que estar sustentada en argumentos de mucho peso, lo que no ocurre en este caso.

Según el TSJA, la necesidad de crecimiento sostenible y la protección del parque están muy por encima del uso educativo propuesto por la modificación del PGOU. Cambiar la calificación "no favorece los intereses generales de la ciudad que supone el parque público, antes al contrario los debilita en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales". Y en todo caso, según la sentencia, esos intereses no se verán dañados porque la administración admite que hay otros lugares en los que poder construir la Biblioteca. Los jueces consideran que calificar ese solar como equipamiento educativo supone "olvidar" que existe un deber de protección sobre el parque de aquí en adelante, y eso "atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanísitco". Añade el tribunal que trasplantar los árboles a otros lugares no compensa la pérdida que se produce.

La Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento, que recibieron ayer esta sentencia, fechada el 4 de junio, están ahora estudiándola para poder valorarla.






* El Correo de Andalucía - Iria Comesaña - 16.06.09
Foto: Sevilla, Prado de San Sebastián (archivo)- sevilla.org

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Unas 185.000 familias madrileñas viven todavía en viviendas insalubres

20MINUTOS* : Vivir en pleno centro de Madrid es una aspiración para muchas personas. Pero cuando comienza la búsqueda de piso llega la desilusión. Detrás de las imponentes e históricas fachadas se esconde una bolsa de viviendas que no cumplen los mínimos requisitos de habitabilidad: son casas de menos de 28 metros cuadrados, donde viven familias hacinadas sin iluminación, con ventanas minúsculas que impiden la ventilación y con focos de bacterias e insectos.

En toda la región hay 184.665 infraviviendas verticales, es decir, casas insalubres situadas en edificios, no en poblados chabolistas.

Son el 9,8% del total de pisos de la comunidad. En la capital hay 123.056 (el 11,3% de todo su parque residencial), según un informe del Equipo de Investigación Sociológica.

Lo peor está en el distrito Centro, principalmente en el barrio de Embajadores (Lavapiés): el 31% de sus casas son consideradas infraviviendas por el área municipal de Urbanismo. También hay una elevada proporción de cuchitriles en los barrios traseros de Gran Vía. Son infraviviendas el 24% de las casas de Universidad (Noviciado y zona de Ballesta) y el 18% de las de Justicia (Chueca y Malasaña).

"Un mero escaparate"

"Muchas fachadas de toda la almendra central son un mero escaparate. Si viéramos lo que hay detrás, nos asustaríamos. Las condiciones indignas en las que está viviendo esa gente son francamente tristes», comenta la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini.

Son edificios construidos a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. "La normativa de aquella época no era tan exigente como ahora; hoy en día esas casas no obtendrían la licencia de ocupación", explican fuentes de Gerencia de Urbanismo.

Desde los años 80, las construcciones nuevas deben lograr la cédula de habitabilidad o licencia de ocupación para poder ser habitadas. Sin embargo, las casas anteriores a esa época (el 65% de todas las que hay en Madrid) no debían pasar ese trámite. "Había menos control en la construcción de los edificios", añaden.

Para que aflore esa bolsa oculta, el Colegio de Arquitectos, junto con la Comunidad y el Ayuntamiento, está estudiando implantar una revisión de la habitabilidad de las viviendas cada vez que se vendan o alquilen.

"La inspección técnica de edificios (ITE) no es suficiente. Sólo valora la estructura y habría que inspeccionar también la higiene y la iluminación", dice Sobrini.

Además, el Ayuntamiento está trabajando en un plan de erradicación de infraviviendas. La idea es modificar el Plan General de Ordenación Urbana para facilitar las obras de reforma en estas casas. Estará listo a finales de este año.

Los datos

* Más de 12.000 vecinos, sin váter en casa. Un total de 12.493 familias madrileñas tienen que salir de su vivienda para hacer sus necesidades, ya que no tienen váter en casa. Es más habitual en Centro y en Puente de Vallecas. Esto ocurre en el 5% de los pisos de Embajadores.
* 10 m2 por persona y 34.600 hacinados. Las viviendas en las que tocan a menos de 10 m2 por habitantes están en situación de hacinamiento. En la región viven así 34.638 familias y en la capital ocurre en 26.240 casas. En Centro están así el 5,4% de los pisos.
* Casi 3.000 pisos sin agua ni desagüe. En toda la capital hay 2.827 familias que no disponen de las instalaciones de fontanería básicas para vivir. De ellas, hay 1.260 sin agua corriente en sus casas y 1.567 que no tienen desagües para evacuar las aguas residuales.


15 m2 con chinches y a oscuras

"He pasado dos meses y pico viviendo de forma inhumana. Tenía grietas y goteras, las ventanas sin cristales y lo peor eran las plagas de chinches y cucarachas. Me daba asco comer, no dormía porque corrían por mi espalda al caer del techo y ni siquiera me duchaba porque invadían el aseo", dice Gema mientras contiene las ganas de llorar.

La mujer que ha vivido este infierno, de 38 años, no es chabolista ni vive apartada de la civilización. Vivía en una casa de alquiler, en una corrala en la calle Amparo, cerca de la plaza de Lavapiés. Pagaba 400 euros por una vivienda de sólo 15 metros cuadrados construida en 1895. "Hice reparaciones y las pagué de mi dinero, pero ni aún así se podía vivir allí. Ahora el casero no me quiere pagar los arreglos", protesta.

Al final, se cambió: "Ahora vivo en una casa de verdad por el mismo dinero. Los propietarios que alquilan este tipo de pisos no tienen escrúpulos".

La cama en el techo

Los edificios del centro de Madrid esconden muchas sorpresas. A cada cual más desagradable. En la calle Puebla, a dos pasos de la Gran Vía, abundan los pisos divididos en varias casas del tamaño de un zulo. Cada uno de esos cuchitriles, de menos de 10 m2, se alquila por 420 euros a familias de inmigrantes.

Para aprovechar el espacio se construye un doble techo sobre el que se coloca la cama y en la mayoría de las ocasiones no tienen ni váter. "Por aquí alquilan de todo, nadie cumple la ley", dice la propietaria de un hostal de la calle Barco...

Muchos edificios son auténticas colmenas. Uno de los portales de la calle Valverde tiene más de 100 minipisos que rozan el tamaño legal (28 m2) y llegan a pedir hasta 700 euros por ellos. Pese a vivir apretados, tienen algo de suerte: al menos tienen luz natural. No como Juan, un joven de 20 años que vive en un patio estrecho de la Nao: "No veo el sol en todo el día; si acaso, algo de claridad".






* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 15.06.2009
Foto: Gema, en su casa de Lavapiés: "Tenía grietas, goteras, ventanas sin cristales, chinches y cucarachas..." - Jorge París, 20minutos.es

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Se derriba - El Roto

Viñeta: El Roto -junio 2009, elpais.com

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En Jerez hay barriadas sin alumbrado ni alcantarillado

ELPAÍS* : Más de 6.000 ciudadanos viven a 10 minutos de la urbe, pero en muchas de sus calles no hay farolas; pagan impuestos, pero ellos tienen que barrer las aceras; acuden a las urnas cada cuatro años, pero el correo no llega a sus casas; constan como habitantes de un municipio ya calificado por el Parlamento andaluz de gran ciudad, pero algunos no tienen agua potable.

Las mejoras llegan, pero a cuentagotas para estos vecinos de Jerez, que esperan desde hace 40 años la legalización de sus viviendas. El actual gobierno socialista ha iniciado el proceso de regularización dando escrituras a unas 800 familias. Aún quedan 1.200 más.

La zona rural de Jerez vuelve a alzar su voz. Los vecinos de la barriada de Cuartillos salieron ayer a la calle. Se sienten discriminados. Quieren disfrutar de los servicios básicos que la Administración local sí garantiza a los jerezanos del casco urbano.

En Cuartillos habitan unas 700 personas. Decenas de ellos viven a oscuras porque en varias de sus calles no hay alumbrado público. En cuatro viales no hay alcantarillado y en otros tres, ni siquiera se pisa sobre asfalto. En 26 casas no hay agua ni luz. El Ayuntamiento les reitera que las deficiencias se van a subsanar, pero, como recuerda Paco Candelera, delegado de Alcaldía, llevan dos años esperando.

Toñi Gutiérrez es vecina de Paco. Esta jerezana de Cuartillos recorre dos kilómetros varias veces por semana hasta la barriada de Cartuja para poder tener agua en su casa. La lluvia que almacena en un aljibe sólo le sirve para fregar. Dispone de luz gracias a un alternador, pero la potencia no es suficiente para la energía que consume un refrigerador. Toñi lo soluciona comprando la comida a diario y guardándola en una nevera de playa repleta de hielo. A pesar de las dificultades, esta mujer de 59 años no quiere abandonar Cuartillos. "Es mi pueblo, aquí han vivido mis padres, aquí he crecido y en Cuartillos está mi casa", dice a modo de retahíla.

En Las Quinientas, a 8 kilómetros del casco urbano jerezano, otras 20 familias no disponen de agua, alcantarillado, alumbrado, ni acerado. Acuden a una fuente situada en Los Albarizones, a varios miles de metros de distancia. Según explica Julio Morillo, secretario de Unión Rural, en 2006 el Ayuntamiento firmó por escrito su compromiso de llevar el agua hasta la barriada. En junio de 2009 siguen esperando.

A la barriada de La Guareña llegó el agua hace dos años. El gobierno municipal que preside la socialista Pilar Sánchez invirtió 1,5 millones de euros en esta infraestructura. Ahora el consistorio está en proceso de hacer llegar este bien básico a tres núcleos poblacionales más.

A pesar de los esfuerzos para erradicar un problema histórico, los vecinos se sienten "abandonados". En La Guareña sigue sin haber alumbrado público, en las calles hay hoyos y el asfaltado no pasa de ser un sueño para sus 400 habitantes.

Sacar la basura no es una simple rutina a la que se dedica un momento. Algunos vecinos de este núcleo rural tienen los contenedores a 25 metros y otros, a casi dos kilómetros. "De limpieza, mejor ni hablamos", apostilla Ángel Ruiz, delegado socialista de alcaldía.

En La Ina, a 12 kilómetros de Jerez, son unos 500 ciudadanos los que sufren un alcantarillado "insuficiente". Mónica Castellet es la delegada de alcaldía, también socialista. "Aquí hemos mejorado en los últimos años, pero no demasiado". "Con la llegada de fuertes lluvias sufrimos inundaciones; la policía se ve poco por las calles, hay farolas, pero sin recambios; y el día a día de la limpieza lo hacen voluntarios del pueblo", resume resignada.

El goteo de carencias no acaba. En El Mojo no hay correo. El delegado de alcaldía, Diego Sánchez, es el cartero oficial desde hace 25 años. Va a Jerez con su coche y reparte la correspondencia entre sus vecinos por pura vocación.

En la barrida colindante de Gallardo, como en las demás, los vecinos pagan la contribución desde hace cinco lustros. Este año han conseguido que el concejo asfalte una calle de 600 metros con un presupuesto aprobado en 2004.







* ELPAIS.com - ANA HUGUET - Jerez - 15/06/2009
Foto: Jerez (Cádiz), barrio la Guareña - webjerez.com

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Granada: La crisis sorprende a 73 pueblos bloqueados por no adaptarse a tiempo a la ley de suelo

IDEAL* : A principio de 2003 entró en vigor la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA), que obligaba a todos los municipios a adaptar sus planeamientos -los conocidos 'pegous'- a estas nuevas directrices. Daba cuatro años de plazo. Llegó el 20 de enero de 2007 y pilló a la inmensa mayoría de los ayuntamientos fuera de juego. Fue algo general en toda Andalucía. En el caso de Granada 154 pueblos no se habían adaptado a tiempo.

¿Cuáles son las consecuencias? Mientras no cumplan este trámite no pueden impulsar ningún proyecto que no esté recogido ya en su plan, no pueden modificar nada ni alterar el uso previsto en un solar. Se acaban las populares recalificaciones.
A muchos ayuntamientos el corsé no les agobiaba pero para otros, aquellos que habían agotado prácticamente su PGOU -como era el caso de la capital-, el nuevo escenario era demoledor.
No es que los municipios se quedaran de brazos cruzados, muchos intentaron adaptarse a la LOUA. Entre 2004 y 2005 llegaron propuestas ambiciosas que planteaban hasta quintuplicar el número de viviendas de algún pueblo en cuestión de una década. Por ejemplo, los primeros documentos enviados a la Consejería de Obras Públicas por Atarfe contemplaban 21.165 casas nuevas y pasar a 94.500 habitantes; Gójar pretendía crecer de 4.913 vecinos a 12.316; Pulianas de 1.381 a 6.074 o Ugíjar de 2.524 a 13.479.
En la Costa se dibujaba una explosión mayúscula. Motril era el más comedido, con 17.785 viviendas nuevas, un crecimiento del 63,7%. Según los informes iniciales de Obras Públicas, Gualchos preveía pasar de 2.973 habitantes a 17.741; Salobreña de 11.750 a 65.170; y Almuñécar de 24.713 a 143.956. Además, muchos ayuntamientos incluían en esos 'pegous' iniciales algún que otro campo de golf.
Era el 'boom' del ladrillo y el mapa que proponían esos ayuntamientos era lícito. Pero en ésas estaban cuando llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y frenó en seco las expectativas con dos premisas básicas: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Una horquilla que se ha flexibilizado para los pequeños.
Sirva un sólo ejemplo para resumir en qué se ha traducido todo esto: el anterior concejal de Urbanismo de la capital, Luis Gerardo García Royo, presentó en el verano de 2005 un nuevo PGOU para Granada con 15.223 viviendas nuevas y todavía no ha salido adelante.
Después del POTA llegó la crisis y el 'ladrillazo'. Para contrarrestarlo, el Gobierno y la Junta han puesto a disposición de los ayuntamientos un presupuesto extraordinario para que hagan obras y se han aprobado distintos planes para fomentar la construcción de viviendas protegidas. El último que firmaron el consejero de Vivienda, Juan Espadas, y la ministra del ramo, Beatriz Corredor, recoge una inversión de 1.440 millones de euros en toda Andalucía para rehabilitar viviendas y edificar 45.029 VPO.
Pero aquí se origina la contradicción: más dinero que nunca pero los ayuntamientos que ya habían agotado su suelo están bloqueados.
Adaptación parcial
Sacar adelante un PGOU nuevo lleva tiempo y es farragoso. Pero existe un atajo. Un decreto del 22 de enero de 2008 permite lo que se denomina una adaptación parcial a la LOUA, que se puede conseguir en tres meses. No es un plan nuevo, pero sí posibilita romper el bloqueo. La filosofía es «garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas».
Es lo que ha hecho la capital, que con este retoque al antiguo plan podrá construir 6.000 VPO y, en un momento dado, tramitar por ejemplo el hipotético traslado de la fábrica de Cervezas Alhambra.
Granada es la provincia andaluza con más municipios que buscan esta adaptación parcial, hasta 73. De ellos, 44 localidades están interesadas, 23 están redactando el documento y seis han terminado o están en fase de exposición pública: además de la capital, Monachil, Alhama, Peligros, Loja y Vegas del Genil. Muy avanzados están Fuente Vaqueros, Churriana, Morelábor, Albuñuelas, Las Gabias, Galera, Calicasas, Salar y Maracena.
Se han montado seis oficinas de asesoramiento (OTAU) y el 86,8% de los municipios que podían optar por esta variante han puesto en marcha el proceso. 48 pueblos han solicitado además la subvención para costear los trámites.
En cuestión de meses se romperá el bloqueo.







* Ideal - QUICO CHIRINO - 15.06.09
Foto: El parón de la construcción coincide con que tampoco queda mucho suelo por urbanizar. /IDEAL

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Palma: El TSJB paraliza Son Espases

DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dictó hoy un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2009 por el que se suspende la eficacia de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma relativa la construcción del Hospital de Son Espases.

La modificación del PGOU fue aprobada de forma definitiva por el pleno del Consell de Mallorca el 5 de junio de 2006, y contra ella la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones había presentado un recurso pidiendo su anulación. El TSJB dictó sendos autos en diciembre de 2006 y mayo de 2007 en los que desestimaba la medida cautelar de suspensión de dicha modificación.

Sin embargo, la Congregación, no satisfecha con los autos de la Sala de lo contencioso-administrativo, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, sobre el que el Alto Tribunal dictó sentencia el pasado 3 de febrero de 2009, en la que ordenaba la suspensión de las obras del citado centro, acordando "la suspensión de eficacia de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma".

Quedaba pendiente el pronunciamiento del TSJB, que el auto de hoy ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para la paralización de las obras. El auto recoge que deberá publicarse en el BOIB la "suspensión de la eficacia" de la modificación del PGOU relativa a la implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario supramunicipal denominado Son Dureta II".

Asimismo, también ordena que el Ayuntamiento de Palma presente en la Sala la relación de las licencias concedidas con posterioridad al 5 de junio de 2006 en el ámbito territorial relativa a la construcción del hospital.






* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 15.06.09
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

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El caso de Dimas y la isla del 10%

ELPAÍS/Lanzarote* : Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto.

Tres frentes forman parte del esqueleto de la Operación Unión, desarrollada en la isla por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llamada así en referencia a una cafetería de la capital donde se reunían los implicados. Dos de esos frentes estaban dirigidos desde la cárcel por Dimas Martín con un largo historial a sus espaldas de delitos de corrupción.

Los agentes registraron su celda, su casa y dos oficinas que usaba como cuartel general. En su casa, los agentes hallaron, por ejemplo, los documentos del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Yaiza que aún no tenía nadie, ni eran públicos. A Martín se le identifica como el gran muñidor de, en primer lugar, una trama urdida para cobrar comisiones desde el Ayuntamiento de Arrecife, bien si se quería que se abonasen facturas por trabajos realizados, bien si se optaba a licitaciones. Además, aparece como el posible cerebro de la trama alrededor de la golosa redacción del plan urbanístico de Arrecife, para lo que se habría contactado con tres despachos de arquitectos y varios empresarios. Éstos habrían participado en lo que algunos consultados por este periódico definieron como "el supermercado de las licencias", con posibles sobornos a partir de 3.000 euros a cambio de concesiones de suelos, modificaciones de usos del territorio y variaciones en los criterios de edificabilidad. Y todo con Dimas Martín como cerebro tras los barrotes de la cárcel.

Dimas Martín es uno de los 10 hijos de un humilde camionero. Ya en los años ochenta fue de los primeros políticos en ser condenado por cohecho. Sin embargo, accedió a una alcaldía tras haber comprado el voto de un concejal. Ahora acumula casi media docena de condenas por casos relacionados con la corrupción y se le considera el responsable de haber dejado un agujero de más de 12 millones en el complejo agroindustrial de Teguise. Además, ya tiene colocados al menos a seis de sus familiares en distintas administraciones.

Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. El alcalde de Arrecife, el histórico socialista Enrique Pérez Parrilla, destituyó a todos los concejales del PIL en cuanto supo de sus detenciones e imputaciones.

Ese partido respondió dando por rotas las relaciones en otras cuatro corporaciones, pero ninguno de sus consejeros ni concejales abandonó la silla. Horas después, el PSOE rompía los cinco pactos de Gobierno, enviaba a sus socios a la oposición, se queda gobernando en minoría y se arriesga a censuras. "No es lo mismo pactar con un PIL sin Dimas ni ninguno de sus concejales con causas pendientes en la justicia que tener la certeza de que dirigía una trama de comisiones al 10% desde la cárcel", justifica el máximo responsable socialista.

Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.

"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso.







* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 14/06/2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com

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Todos somos Marbella

MÁLAGAHOY* : Los alcaldes de los municipios pequeños buscan el foco para hacer valer la presión social y, como sucedió en la localidad costera, tratar de buscar acuerdos ventajosos para las causas judiciales por delitos contra el territorio. El próximo 16 de julio el alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por conceder entre 2001 y 2003 dos licencias de obras para construir en terreno no urbanizable.

Ochenta y un días después lo hará el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, antiguo GIL y luego independiente, acusado de cobrar dinero para elevar la densidad residencial en una finca conocida como La Parrada. El primero se enfrenta a 18 meses de cárcel y 17 de inhabilitación. El segundo a dos años de cárcel, 3 millones de multa y siete de inhabilitación.

Ambos son sólo los dos casos más próximos de la cara oculta segunda fase del boom inmobiliario. Primero fue la Costa con epicentro en Marbella la que sucumbió al cóctel de ladrillo, poder y política. Después, con todas las lupas ya sobre Gil y sus secuelas, desde Julián Muñoz hasta Marisol Yagüe, la presión inmobiliaria y las sospechas de delitos contra el territorio se fueron extendiendo hacia pueblos pequeños alejados del litoral y de los focos, pero enclavados en parajes naturales de gran valor paisajístico.

La Consejería de Obras Públicas ya reconocía en 2005 que habían comenzado a crecer las denuncias por construcciones irregulares en el interior. Aquel mismo año, la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente hacía constar que las ilegalidades urbanísticas se estaban desplazando hacia el interior de la provincia y la organización Ecologistas en Acción corroboraba que el fenómeno estaba socavando la Axarquía.

Cuatro años después prácticamente el 25% de los alcaldes de los cien municipios de la provincia tiene abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública y de ellos al menos 15 están imputados en causas contra la ordenación del territorio o delitos como prevaricación, cohecho o alteración del precio de las cosas vinculados al negocio inmobiliario.

Los rasgos comunes de esta segunda etapa del lado oscuro del ladrillo residen en que afecta a autoridades de municipios pequeños. Entre ellos figuran el alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), que se enfrenta a 18 meses de prisión y 10 de inhabilitación por permitir en 2002 una segregación de suelo en terreno presumiblemente no urbanizable, el de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza); a quien el fiscal atribuye 23 delitos urbanísticos por autorizar entre 2002 y 2006 un total de 2.000 viviendas supuestamente ilegales. Además, la Fiscalía reclama 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para el alcalde de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez (PP), por 12 presuntos delitos de prevaricación urbanística.

El ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) también está pendiente de sentarse en el banquillo acusado por el Ministerio Público de un delito continuado contra la ordenación del territorio por autorizar en 2003 diez licencias para construir en suelo que se considera no urbanizable. Corbacho, ya condenado por malversación, se enfrenta a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación.

En fases previas de tramitación hay abiertos procedimientos judiciales por actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio contra el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE); el concejal de Hacienda y ex concejal de Casares Juan Sánchez (IU), Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE) o Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), así como contra el ex alcalde de Coín Juan José Rodríguez Osorio (PA) por autorizar una edificación, luego paralizada por el actual regidor, Gabriel Clavijo (PSOE), lo que le valió una querella de los propietarios del terreno. Además, se ha admitido otra denuncia contra el ex alcalde y actual concejal de Urbanismo de Manilva, el independiente Emilio López Berenger, por autorizar una promoción de viviendas libres en suelo de uso educativo.

Además, se instruye otra causa contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), imputado en el caso Troya, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto cohecho y prevaricación en actuaciones vinculadas a la contratación de obras.

También está en el ojo del huracán el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención hace ahora un año, en el caso Astapa contra la corrupción política, al tiempo que acaba de salir de la cárcel el regidor de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, expulsado de las filas socialistas tras su arresto por presunto cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística.

La caída de Manilva y Estepona en la sospecha de la corrupción política fueron consecuencia inmediata de la presión ejercida sobre Marbella. Los demás municipios, en cambio, aparecieron como un refugio discreto para los intereses que buscaban negocio fácil y enriquecimiento rápido. Fuera de la primera línea, no se ha tenido una idea cabal de las magnitudes que podría haber alcanzado el fenómeno hasta muchos años después.

Pero los alcaldes de los pueblos pequeños no quieren discreción y han reaccionado para situarse en el centro del foco. Animados por una supuesta absolución en las urnas, que ha revalidado prácticamente los mandatos de todos los imputados, quieren seguir el ejemplo de Marbella, hacer valer el impacto social de las causas judiciales abiertas y sacar ventaja. No en vano, en Marbella están en vías de legalización la abrumadora mayoría de las viviendas ilegales y los imputados por delitos contra la ordenación del territorio han sellado un favorecedor pacto con la Fiscalía.

En este sentido 17 de los 31 alcaldes de la Axarquía pidieron a comienzos de junio al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se les aplique la legislación contencioso administrativa en lugar del Código Penal.

Es decir pretenden que se obvie el impacto penal de su gestión y únicamente se analice la legalidad de sus actos administrativos. En la práctica esto significa que sería la jurisdicción más colapsada, con una demora media de cuatro años, la que se encargaría de analizar la validez de sus licencias urbanísticas. Y en el supuesto de que se tratara de actos ilegales las consecuencias las pagarían las arcas municipales que, además, también deberían hacerse cargo de la defensa de los actos administrativos de los alcaldes y demás cargos públicos.






* Málaga Hoy - 15.06.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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Decálogo del Plan Rabassa

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA/Alicante* : El proyecto de los promotores se presenta con los alicientes del lugar y ocasión privilegiados: lugar de dicha en una vida cotidiana milagrosa y maravillosamente transformada", Henri Lefebvre, en "El Derecho a la Ciudad". El largo proceso de tramitación de este plan residencial acaba de terminar con la firma del conseller García Antón. Aunque tengo la impresión, por ciertos signos de cambio que parecen percibirse en la política urbanística de la Generalitat, que lo ha refrendado sin gran entusiasmo. En cualquier caso, la aprobación definitiva de la gigantesca operación inmobiliaria sobre casi cuatro millones de metros cuadrados y de trece mil quinientas viviendas, resta credibilidad a un hipotético cambio de rumbo de esa política urbanística y territorial.

¿Qué se puede decir del Plan Rabassa que no se haya dicho ya? El 2 de mayo del 2004, cuando se iniciaba la tramitación del polémico plan, INFORMACION publicó mi primer artículo crítico sobre la operación inmobiliaria de mayor magnitud en la historia de la ciudad. Desde entonces, y a lo largo de estos últimos cinco años, se han publicado siete u ocho textos más en los que de una manera directa o indirecta he pretendido transmitir a los ciudadanos los argumentos por los que sostengo que este plan no es positivo para la ciudad y no supone ninguna innovación ni avance, ni en el terreno de la política urbana y territorial ni por los contenidos disciplinares propios de la urbanística, de la ordenación del territorio y de la arquitectura.
Este texto está concebido como una síntesis de alguna de las cuestiones más relevantes del Plan Rabassa, así como de otras relacionadas con él desde la perspectiva del tiempo transcurrido.

URBANISMO DEL PROMOTOR
Operaciones residenciales como la de Rabassa constituyen la práctica de lo que llamamos "urbanismo del promotor" (noción que debemos a Henri Lefebvre, filósofo de lo urbano). Las características de este modelo de producción de suelo urbanizable lo podemos resumir en los siguientes aspectos:
-Hegemonía de la iniciativa privada en el planeamiento y gestión del suelo ligados a tendencias monopolistas u oligopolistas (hay que recordar que con la aprobación del Plan Rabassa, su promotor, que lo es también de su vecino PAU 1, sólo en esa zona de la ciudad gestiona del orden de cinco millones de metros cuadrados de suelo urbanizable).
-Un modelo en el que se impone el concepto de venta del territorio sobre su gestión pública.
-Un planeamiento desregulado, en la medida que operaciones como la de Rabassa se desarrollan sobre suelo no urbanizable al margen del planeamiento general de los municipios.
-Una práctica profesional rutinaria desde el planeamiento a las tipologías arquitectónicas residenciales.
-Un modelo insostenible ambientalmente, tanto por el emplazamiento territorial de las grandes piezas residenciales como por las características internas de las mismas.
-El urbanismo del promotor no sólo vende viviendas, también vende un imaginario de ciudad ideal que abarca desde el modo de vida al paisaje.
-Esta modalidad del urbanismo se funda en la emergencia de un nuevo tipo de promotor que extiende su actividad, más allá de la promoción y construcción de viviendas, a otros sectores de servicios y equipamiento urbano, desde aparcamientos a gestión de residuos, cuyos efectos a largo plazo en la vida social y política de las ciudades pueden ser imprevisibles.

TERRITORIO
El Plan Rabassa no contribuye al fortalecimiento del territorio metropolitano de Alicante-Elche, ya que ignora y desaprovecha las condiciones de centralidad de su emplazamiento, inducidas por la accesibilidad privilegiada, así como la proximidad a potentes actividades metropolitanas como la Universidad y el futuro Parque Científico. En este sentido, una alternativa de terciario avanzado junto a otras actividades emergentes para ese sector hubiera contribuido a recalificar un proyecto más coherente con el de periferia metropolitana contemporánea. Pero al optar por un uso residencial dominante para el sector, repite el modelo tradicional de los crecimientos de periferia de las ciudades de los sesenta del siglo pasado, aunque las viviendas tengan mayor calidad que aquellas. Por eso, entre otras cosas, el Plan Rabassa no es una ciudad, es un "polígono".

SOSTENIBILIDAD
La repetición banal de las ideas termina por vaciarlas de significado. Es lo que está ocurriendo con la noción de "sostenibilidad". Las declaraciones de la secretaria autonómica de Territorio, a mediados del 2007, según las cuales el Plan Rabassa no sólo no ofrecía las más mínima duda sobre su rigor y calidad ambiental, sino que es un "ejemplo de urbanismo ambiental y sostenible" (sic) todavía causa perplejidad. En primer lugar, por lo rotundo de la afirmación, y, en segundo lugar, porque sus declaraciones estaban fundadas en la cuestión de la protección de las lagunas de la zona comprendida en el proyecto, que, en mi opinión, no es el problema ambiental relevante de este gran sector residencial.
Las declaraciones de este cargo de la Administración Autonómica denota el estrecho, y poco riguroso, concepto de medio ambiente y de sostenibilidad que se ha manejado durante la tramitación del Plan Rabassa. ¿Dónde quedan las cuestiones sobre consumo de recursos, desde el suelo al agua; las derivadas de incremento de la demanda de movilidad privada, efectos sobre la cohesión social, etc.? ¿Y qué hay de la inexistencia de propuestas innovadoras con relación a la eficacia energética y de recursos en las viviendas previstas? Respuestas a estas preguntas es lo que cualifica a los mejores sectores residenciales que se proyectan y construyen en otras ciudades españolas y europeas.

CULTURA URBANA
Si entendemos por cultura urbana el conjunto de ideas, valores, sensibilidades, representaciones, etc. que identifican una manera de mirar y habitar la ciudad y el territorio como paisaje construido, no parece que esa cultura sea muy vigorosa en Alicante. El necesario debate y reflexión crítica sobre las cuestiones acuciantes que han planteado desde los intensos y alarmantes procesos de crecimiento y ocupación de suelo como Rabassa no se ha producido, ni auspiciado por el Ayuntamiento ni por sectores profesionales.
Es sorprendente que ningún representante del Ayuntamiento con responsabilidad en la tramitación de este plan, ni políticos ni técnicos, haya tenido el más mínimo interés en explicar la mayor operación urbanística de la historia de Alicante, salvo las consabidas razones de que hacen falta VPO y de que el sector propuesto tiene mucha zona verde.
En mi opinión, los colectivos profesionales más implicados, arquitectos e ingenieros, han tenido una actitud que oscila entre la tibieza y el silencio. Entre otras razones, lo que ha ocurrido refleja una concepción del urbanismo como un conjunto de saberes jurídicos y técnico-ingenieriles, pretendidamente neutrales, dirigidos, en esencia, a preparar el suelo para la producción inmobiliaria. Es un urbanismo que reproduce, sin cuestionarlo, el modelo espacial y social, urbano y territorial, impuesto por el mercado, quedando relegado a una herramienta que se desentiende de los fines y efectos que pueden producir en el territorio urbano operaciones como Rabassa, erigiéndose en un instrumento legitimador de la razón del mercado.
TRANSPORTE

En las dos exposiciones públicas del Plan Rabassa el documento no contenía ninguna cuantificación ni previsión sobre la movilidad inducida en el sector residencial ni sobre los efectos que produciría en el sistema viario de la ciudad. Parece que algún documento de esta clase se ha ido añadiendo más tarde, aunque estamos demasiado acostumbrados a que estos estudios sectoriales de los planes sean un simple expediente a cumplimentar, a pesar de la entidad que tienen para justificar la elección de un modelo de crecimiento.
Con un volumen de población entre 35.000 y 40.000 habitantes y unos índices de movilidad en la ciudad por persona y día de entre 1,5 y 2 (según la última encuesta de que se dispone), se puede pronosticar un volumen muy importante de desplazamientos que se generaran cotidianamente en el sector Rabassa. La práctica inexistencia de oferta de empleos en el nuevo sector no colaborará en la disminución de los flujos cotidianos de viajes al trabajo. Es cierto que hay previstos potentes viarios nuevos que darán servicio al nuevo sector residencial, pero resolver el problema de la congestión de tráfico aumentando la capacidad del sistema viario para coches cumple ese papel a corto plazo, pero a largo plazo lo agrava.
En la segunda exposición pública del proyecto de Rabassa se introdujeron precipitadamente unas rayitas de color con una leyenda que aseguraba que aquello era la línea tranviaria del sector, pero en realidad se trataba de algo para cubrir el expediente. Puede, y será necesario, conectar el sector internamente y con la ciudad a través del tranvía si se quiere reducir los costes indirectos generados por le tráfico privado.
¿Qué ocurre cuando no se planifica conjuntamente un plan urbano con la red de transporte que debe servirle?, sucede lo que ha pasado con el tranvía que se esta implantando en el resto de la ciudad: en ocasiones, se ha tenido que insertar de un modo forzado en el tejido urbano a costa de recortar espacio público peatonal o verde, perdiendo su capacidad de captar demanda, o dicho de otro modo, de no dar un servicio óptimo. Y todo ello porque cuando se redactó el Plan General del 79, el que ahora se revisa, ni a técnicos ni a políticos se les ocurrió que el tranvía moderno estaba a la vuelta de la esquina, como algunos, infructuosamente, les advertimos. Si entonces se hubiera previsto, hubiera pasado lo que en los mejores proyectos tranviarios europeos en los que la línea del tranvía aparece como una pieza estratégica en los planes de urbanismo, convirtiéndose en un elemento articulador que ordena y da forma a la parte de la ciudad que atraviesa, y no como ocurre en Alicante, donde la red no tiene esa función sino la de conexión entre puntos.

URBANIDAD
Las condiciones de la urbanidad de un sector residencial como Rabassa se cumplen cuando hay una adecuación entre forma social y forma física construida: cuando el espacio público se erige en el protagonista, haciendo posible el intercambio y el encuentro; cuando la forma y la arquitectura lo hacen reconocible; cuando una cuidada mezcla de usos y actividades favorecen la diversidad y la amenidad; en fin, cuando los ciudadanos se sienten participes de su barrio y ciudad.
En mi opinión el Plan Rabassa no se funda en estas condiciones para hacer ciudad. El resultado de este plan, si finalmente se construye, conformará un paisaje muy similar al que está emergiendo en el PAU 1, pero cuatro veces mayor: un archipiélago desarticulado en el que dominan las manzanas cerradas (las "urbas") que suelen dar la espalda a la calle, que queda relegada a una función de viario de circulación, mientras que las condiciones de homogeneidad, tanto de las tipologías arquitectónicas como de los usos, casi exclusivamente residenciales, difícilmente contribuirán a crear un espacio urbano diverso, ameno o atractivo.
En resumen, el espacio proyectado para Rabassa producirá un "no-lugar", en el sentido que lo ha definido Marc Augé como lugares sin identidad ni memoria. Rabassa será un lugar sin memoria no porque sea nuevo, sino porque la memoria la encontramos en los lugares que se construyen y reconstruyen con el tiempo y no en esta enorme área residencial proyectada en su totalidad hasta en sus mínimos detalles.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Durante el dilatado proceso de tramitación del Plan Rabassa no se ha impulsado desde el Ayuntamiento ninguna actividad de información ni de participación, en realidad es lo que viene sucediendo con otros proyectos de la ciudad, salvo las derivadas del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación.
A pesar de que, como he señalado en otro punto de este decálogo, encuentro a faltar una mayor implicación en el debate sobre el Plan Rabassa de algunos sectores de la ciudad, por otro lado, se ha producido una de las más intensas movilizaciones ciudadanas de los últimos tiempos en torno a la Plataforma contra el Plan Rabassa (ahora denominada Plataforma de Iniciativas Ciudadanas). Es cierto que también han existido otros movimientos ciudadanos en la ciudad, recordemos a la plataforma por el soterramiento, así como la del puerto, pero mientras estas planteaban reivindicaciones o críticas a problemas urbanos concretos vinculados a sus barrios, lo novedoso de la Plataforma contra Rabassa fue, y sigue siendo, la de posicionarse por una nueva manera de pensar, planear y gestionar la ciudad, alejada de esa otra manera de hacer urbanismo representada por el Plan Rabassa.
A movilizaciones ciudadanas como las que han tenido lugar en torno a este plan, el Ayuntamiento no les ha dado la más mínima oportunidad de debate. Para ellos puede ser una buena táctica, ya que el tiempo juega a su favor, pues son movilizaciones que llevan adelante ciudadanos que emplean su tiempo desinteresadamente y la ausencia de diálogo por parte municipal puede terminar por ahogarlas. Aunque, en el caso de Rabassa, no ha sido así.
Con esa actitud cerrada ante la participación pública espontánea, el Gobierno Municipal despilfarra un capital social con el que otros buenos políticos locales quisieran contar, además de constituir un desprecio hacia unos ciudadanos que, como decía, han empleado muchas horas en pensar y actuar buscando la posibilidad de cambiar o mejorar esta ciudad. Lo primero que debía de saber un buen político local es que una ciudad avanza cuando se asumen y se gestionan los conflictos y no buscando el camino más fácil, rodeándolos.

COHESIÓN SOCIAL
La cohesión social es una cualidad del espacio humano de una ciudad que tiene su reflejo en el espacio construido. Una ciudad cohesionada, urbana y socialmente, es aquella que ha superado las desigualdades, integrando las diferencias de raza y renta a lo largo y ancho de su territorio. Equilibrio social y espacial es lo que resume la cohesión social en una ciudad. Una aproximación al diagnóstico de la cohesión social en Alicante muestra debilidades importantes.
A escala del territorio urbano, la ausencia de una política vigorosa, urbana y de vivienda, en barrios y otras zonas del tejido continuo de la ciudad, se ha traducido en una baja calidad del espacio público, los equipamientos o el parque de viviendas, lo que unido al intenso estímulo hacia el crecimiento periférico del parque de viviendas ha contribuido a un vaciamiento de estos barrios de la ciudad interior en donde permanecen los ciudadanos de rentas más bajas e inmigrantes. El Plan Rabassa puede contribuir a acelerar este proceso.
En segundo lugar, la necesidad de una mezcla social equilibrada para asegurar la cohesión social en la escala del barrio no parece que se haya buscado en la operación de Rabassa, donde el 60% del total de viviendas (8.047) serán VPO. Una buena política de cohesión social debería haber distribuido el parque de este tipo de viviendas por toda la ciudad; sin embargo, es sabido que durante los mejores años de crecimiento inmobiliario en Alicante, apenas se han construido VPO .

PLAN GENERAL
Uno de los argumentos críticos que con más insistencia se han escuchado acerca del Plan Rabassa es el relacionado con que no estuviese contenido en el planeamiento general del municipio.
La exigencia de esa inserción en el planeamiento general de una operación de la magnitud de Rabassa es debida a que un marco territorial amplio es el adecuado para evaluar su impacto y grado de coherencia con el modelo territorial proyectado. En ese sentido, el Plan General debía de dar respuestas a cuestiones derivadas de los efectos de la inclusión de esta gran urbanización, entre otras, de la idoneidad de su emplazamiento, justificación de la demanda residencial y proyecciones de suelo adicionales y efectos ambientales de todo tipo.
Sin embargo, el planeamiento general, actualmente en tramitación, ha pasado "de puntillas" por esta operación inmobiliaria y la única justificación que se da para su incorporación al mismo es de índole jurídica. Es un buen ejemplo de cómo en el discurso profesional relativo a la planificación urbana los instrumentos jurídicos se imponen sobre otras consideraciones relativas a lo que llamamos habitar la ciudad y el territorio, algunas de las cuales han sido expuestas en este texto.

ÉTICA
Para cumplimentar este punto, y terminar este decálogo, traigo una cita muy clara de la que es autor Giulio Carlo Argan, crítico de urbanismo y arquitectura y ex-alcalde de Roma: "Es fácil precisar que el desarrollo urbano es moral cuando adviene en el interés y para ventaja de todos los ciudadanos y es inmoral cuando adviene en interés y para ventaja de un grupo o de un individuo y causa daños a los demás".



* José Ramón Navarro Vera es catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante.






* Información - Opinión - 14.06.09

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La CHJ ha recurrido ante el TSJ 15 planes urbanísticos en Castellón con 12.000 viviendas

LASPROVINCIAS* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha votado en contra de la aprobación de un total de 40 instrumentos urbanísticos planteados en la provincia de Castellón desde enero de 2007 por considerar que los respectivos ayuntamientos no habían acreditado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes. En 15 de estos 40 expedientes, el organismo de cuenca ha recurrido a la vía judicial para defender su oposición al desarrollo urbanístico de unos planes que suponen la ejecución de más de 12.000 viviendas y varios campos de golf.

Los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Estado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) afectan a Bejís, Vall d'Alba, Vinaròs, Torreblanca, Almenara, Xilxes, Segorbe, la Pobla Tornesa, Sant Jordi, Sant Rafel del Riu, Les Useres y Fuentes de Ayódar. La respuesta judicial, sin embargo, ha tenido hasta el momento escaso éxito para la CHJ, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que ha visto cómo hasta en diez ocasiones el alto tribunal se ha pronunciado en contra de sus pretensiones.
Unas veces por inadmisión del recurso, caso de la modificación nº7 del Plan General de Vall d'Alba, de la modificación del sector 2 de Segorbe, del Plan Parcial La Carrasca de Sant Jordi y el Plan General de Les Useres; por auto denegatorio (modificación nº11 del Plan General de Vinaròs, Plan Parcial La Foia de Torreblanca, Plan Parcial Barranc Talavera Almenara, Plan Parcial Salinas de Vinaròs y un Plan Parcial de ampliación casco urbano de Vall d'Alba) o bien porque el Estado ha desistido, en el caso del Plan General de Bejís.
El TSJ todavía tiene que pronunciarse respecto a cinco expedientes recurridos por la CHJ después de que se aprobaran en la Comisión Territorial de Urbanismo pese al voto en contra del organismo por falta de disponibilidad de agua. Los expedientes se refieren a la modificación nº10 de las normas subsidiarias de Xilxes, a la modificación nº4 de las normas subsidiarias de la Pobla Tornesa, el Plan Parcial San Rafael Golf, el Plan Parcial Sant Jordi Golf y el Plan General de Fuentes de Ayódar.
En toda la Comunitat Valenciana, el TSJ tiene que pronunciarse sobre la viabilidad de 180 planes urbanísticos, todos ellos impugnados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una situación que, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, calificó de «pique» político entre el Gobierno y la Generalitat durante su participación en las jornadas 'La estrategia y la planificación territorial en la Comunitat Valenciana' organizadas por el Colegio de Arquitectos a principios de junio en Valencia.
Tal como publicó este diario en su edición del 3 de junio, Narbón sostiene que el informe de la CHJ, que es preceptivo pero no vinculante, deberá ser «razonado» y deberá especificar la existencia de agua, la calidad, el tipo, la disponibilidad presente y futura así como las infraestructuras necesarias para transportarla.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente suscriben la opinión del magistrado y recuerdan que el criterio que aplica la CHJ para votar en contra de los instrumentos urbanísticos en la Comisión Territorial de Urbanismo por no acreditar la disponibilidad de los recursos hídricos no se sigue en otros organismos de cuenca, como ocurre en la Confederación Hidrográfica del Ebro, con competencias en el norte de la provincia.







* Las Provincias - 14.06.09 -
PAQUI TERCERO
Foto: PLANES. Terrenos donde se proyecta desarrollar el PAI La Carrasca, en el municipio de Sant Jordi. /JORDI MAURA, lasprovincias.es

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‘Caso Cretu’: punto y final a un esperpento urbanístico

ELMUNDO/Ibiza* : El culebrón urbanístico con más repercusión del archipiélago quedó reducido a escombros con el último muro derribado el pasado 2 de junio. La casa del afamado músico y compositor rumano, Michael Cretu, es historia. La demolición de la mansión ilegal deja tras de sí un rastro de diligencias judiciales, recursos, titulares de prensa y declaraciones, esparcidos a lo largo de 12 años de pugnas en los tribunales.

Las máquinas excavadoras que eliminaron cualquier vestigio de construcción en el monte de Santa Inés no borrarán, sin embargo, el esperpento urbanístico de una obra cuya construcción y posterior proceso de demolición quedarán en los anales de la controversia.

El despropósito se remonta a 1996, cuando el productor del grupo Enigma proyectó un coloso inmobiliario de 3.115 metros cuadrados en la cima de Can Guillem, un monte que cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, valorada en 18 millones de euros, con un volumen de 7.000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.

El entonces alcalde de San Antonio de Portmany, el popular Antoni Marí Tur, concedió la licencia de obra a la vivienda en 1997. El grupo ecologista Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció entonces que la construcción vulneraba la ley, al estar edificada en la cima de una montaña. A partir de ahí, tanto Cretu como el propio Consistorio se embarcaron en una carrera por evitar lo que hace sólo doce días puso punto y final al caso.

Pero el GEN no tardó en actuar. En febrero de 2000, el grupo ecologista presentó una denuncia contra la licencia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma. Previamente, la asociación había solicitado al Consistorio de Portmany, en 1999, la revisión del documento, al considerar que, con esta construcción, se perjudicaba notoriamente a una de las áreas con más valor paisajístico y ambiental de la isla de Ibiza.

Los ecologistas argumentaron también en su denuncia el hecho de que la construcción se hubiera ejecutado sobre la cima de una colina y en una zona protegida como área natural de especial interés (ANEI).

En 2001, la Audiencia Provincial dictaminó que la casa, a pesar de tener licencia municipal, era ilegalizable por estar construida en la cima de una montaña. El mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ratificaría esta decisión. La mansión se tenía que demoler.

Cretu, a través de su abogado, Jaume Roig, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que, en 2006, confirmó el derribo. Antes, en 2003, la disposición adicional decimoctava de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004, aprobada siendo presidente del Govern el popular Jaume Matas, legalizaba las construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros, sin rebasar la de 250, siempre dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y sin estar emplazadas en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.

La disposición del PP causó un gran revuelo entre los demás grupos del Parlament. Tanto fue así, que el entonces diputado de Esquerra Unida y actual conseller insular de Urbanismo, Miquel Ramon, irrumpió en la Cámara balear con una pancarta en contra de la legalización de la mansión.

La Amnistía Cretu, derogada en 2007 por el hexapartito progresista presidido por Francesc Antich, no tuvo efectos duraderos. De nada sirvió. La justicia la declaró ilegal y volvió a exigir la demolición de la casa.

El caso tomó un giro hacia la vertiente penal, poco propicia para las aspiraciones del músico y del Ayuntamiento de San Antonio. En 2003, la Fiscalía de Ibiza abrió esta vía contra los responsables de la concesión de la licencia de la mansión. El entonces primer edil de Portmany, Antoni Marí Tur, y Cretu tuvieron que declarar como imputados en un proceso que todavía no se ha cerrado. El Consistorio ibicenco continuó intentando por todas las vías legales que legalizaran la casa. El alcalde actual, José Sala, primer edil del municipio desde 2003, repitió en varias ocasiones su deseo de que el derribo no llegara a hacerse realidad.






* El Mundo - Israel Rodríguez | Ibiza - 14.06.09
Foto: Ibiza, casa Cretu - diariodeibiza.es

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Gijón: Golpe judicial a un urbanismo inmune

LNE* : «En Gijón nunca se ha visto cosa igual». Quienes suscriben son miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes. El colectivo, en su particular lucha contra el proyecto de construir 655 pisos en la parroquia, ha sacudido los cimientos del urbanismo local. Sus averiguaciones sobre el llamado plan de Cabueñes sentarán ante el juez al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco. Impensable en un municipio que se mantenía inmune al escándalo urbanístico.


La Plataforma de Cabueñes, respaldada por 63 vecinos, ha conseguido lo que no consiguieron tres multitudinarias «marchas verdes»: poner judicialmente en entredicho una actuación salida de las recalificaciones del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Será el primer juicio de estas características que se celebra en la ciudad», sostiene Ignacio Martínez. Como especialista en temas urbanísticos, ha ayudado a la plataforma en sus investigaciones sobre la operación de Cabueñes.

Cristina Moreno, periodista de profesión, y Francisco Díaz-Cadórniga, médico endocrino, han sido la voz y la imagen de esta iniciativa vecinal sin precedentes. Detrás de sus declaraciones y de sus denuncias hay más de un año de obstinado trabajo. Basándose en la documentación recabada por los vecinos, la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias decretó el pasado lunes que se formule denuncia contra Ovidio Blanco en el Juzgado de instrucción que corresponda.

El fiscal ve indicios de tres posibles delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La plataforma se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que ahora se abre para determinar si Blanco es realmente culpable de esas ilegalidades. Llegados a este punto, ni Cristina Moreno ni Francisco Díaz-Cadórniga se olvidan del «desprecio» con el que -critican insistentemente- fueron tratados por el gobierno municipal.

Quizá los subestimaron cuando, antes de trasladar el llamado «caso Blanco» a la opinión pública allá por mediados de marzo, pusieron sus sospechas en conocimiento del concejal de Urbanismo. Cuando el equipo de gobierno quiso reaccionar ya era demasiado tarde para detener la tormenta que se le venía encima. La primera semana de polémica desbordó a más de uno dentro y fuera de la Casa Consistorial.

Los documentos aportados por los vecinos revelan que, en marzo de 1992, Ovidio Blanco compró una finca en Cabueñes a la sociedad Hoyant, S. L.; que se la vendió a esa misma empresa en octubre de 1998 y que, en julio de 2004, se la volvió a comprar. A lo largo de todo ese tiempo se producen dos cambios reseñables. Por un lado, Blanco abandona el Ayuntamiento para incorporarse a Sogepsa con un contrato de servicios y ejercer la arquitectura desde la iniciativa privada. Por otro, el PGOU recalifica en Cabueñes una bolsa de suelo en la que está incluida la finca objeto de compraventa entre Blanco y Hoyant.

El terreno que el ex arquitecto municipal compró en 1992 por 7.513 euros lo vende finalmente en enero de 2006 a la promotora Reyal Urbis -una de las que intervienen en el desarrollo residencial de Cabueñes- por 617.420 euros. Blanco estaba en excedencia del Ayuntamiento de Gijón desde el 1 de enero de 2004. Aunque la Plataforma de Cabueñes matiza que, para entonces, las recalificaciones del PGOU ya estaban decididas y a punto de iniciar su primera fase de información pública.

Blanco insiste en que no cometió ningún delito. Y el gobierno de Paz Fernández Felgueroso avala su trayectoria como arquitecto municipal, aunque se desvincula de actuaciones posteriores como la que pudo haber tenido en la parroquia de Cabueñes. Es más, suya fue la iniciativa de acudir a la fiscalía. Pero esta demostración de transparencia no ha podido evitar las repercusiones políticas del caso. Ovidio Blanco ha sido, durante casi 25 años, hombre de confianza de los servicios urbanísticos municipales y el PP ya pide responsabilidades más allá de su persona. La Plataforma de Cabueñes ha puesto en tela de juicio su reputación y, en definitiva, la del Ayuntamiento.







* La Nueva España - M. SUÁREZ -14.06.09
Foto: Cabueñes (Gijón)), vecinos contra Plan - lne.es

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Viaje al corazón del caos urbanístico

PÚBLICO/Málaga* : El reglamento les exige conocer al detalle la topografía de la demarcación en la que trabajan y los recursos naturales de los que dispone.Se les conoce como Seprona, aunque tras las siglas se esconde el único grupo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza; es decir, a velar, dentro de la Guardia Civil, por el cumplimiento de las disposiciones que fomentan la conservación de todos los recursos medioambientales.

Público ha pasado 24 horas de patrullaje con el Equipo de Protección de la Naturaleza de Málaga, por cuyas investigaciones, a las que dedicaron más de un año, y registros durante la denominada operación Arcos el pasado marzo fue desarticulada la trama de corrupción urbanística presuntamente integrada por el ya ex alcalde de la población malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y por otros 28 imputados.

A las ocho de la mañana, el sargento y jefe de la Patrulla Urbana del Seprona de Málaga, José Benito, realiza el briefing del día en su modesto despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, mientras sujeta con una mano el frasco de un pigmento ilegal requisado durante la última inspección de un centro de belleza de la Costa del Sol.

"Fue durante una inspección rutinaria. Muchos se quedan sorprendidos cuando ven entrar en su negocio a un agente de la Guardia Civil porque nos relacionan más con actividades vinculadas a la naturaleza. En este caso, los tintes estaban etiquetados en inglés, fueron comprados a través de Internet a una empresa gibraltareña para su uso en la micropigmentación de la piel y sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Un peligro para los clientes, que podrían sufrir a corto plazo daños irreparables", cuenta.

Sobre el escritorio del sargento, el 80% de los expedientes corresponde a casos de delito urbanístico. "Por mi experiencia, puedo decir que, en comparación con el norte de España, en el sur existen muchísimas más casas ilegales. La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada se ha instalado aquí desde hace mucho tiempo y es muy difícil de erradicar. Nos hemos visto en la situación de leer los derechos a gente del campo, gente humilde en principio. Y nos preguntamos por qué esta gente lo sigue haciendo en el sur tan tranquilamente y sin miedo. La respuesta creo que es la desidia administrativa que existe", asegura Benito.

Para que la construcción de una casa se considere ilegal deben cumplirse dos requisitos: que se construya en suelo no urbanizable y que no pueda legalizarse. Sólo la patrulla urbana del Seprona de Málaga realizó en 2008 más de 2.500 actuaciones, por las que quedaron imputadas 65 personas. "La mayoría de los delitos eran urbanísticos o relacionados: falsedad documental o prevaricación urbanística en ayuntamientos".

El boom de 2006 y 2007

En la comarca malagueña de la Axarquía, a la que pertenece la población de Alcaucín, se estima que existen más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las que más de la mitad se construyeron en los últimos diez años. Y el boom llegó entre 2006 y 2007. "En el Parque Natural de Los Montes de Málaga tenemos denunciado e imputado por delito urbanístico al dueño de una vivienda unifamiliar. El problema es que no damos abasto", añade Benito. "Necesitamos más personal para poder controlar toda la Costa del Sol".

La petición parece razonable teniendo en cuenta que sólo son nueve agentes. Hoy, como casi cada día, el sargento Benito y el cabo Pedro Pérez Pinto peinan en todoterreno los Montes de Málaga, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. A cada paso, una parada para señalar alguna de las innumerables viviendas construidas ilegalmente, algunas sin ni siquiera licencia de obra. En el lugar donde se levantan estas casas no debería haber más que casas de aperos.

"La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada es muy difícil de erradicar"

"Los constructores tienen gran parte de la culpa por acceder a construir en suelos sobre los que saben a la perfección que no dan licencia", dice el cabo Pinto, mientras señala al menos tres chalés sobre los que recae en estos momentos una orden de paralización de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

"El truco que usan los propietarios de las casas para no levantar nuestras sospechas es pintarlas por fuera y acabar cuanto antes el exterior de la vivienda. Dentro, sin embargo, sólo hay ladrillos", añade.

Para comprobar la situación legal de estas casas, algunas incluso construidas con grandes piscinas o con hasta cuatro alturas y garaje, el Seprona consulta las ortofotos de varios años atrás. Este procedimiento les permite saber si el propietario de la supuesta casa ilegal dice la verdad. "Muchos nos dicen que la casa ya existía antes y se escudan en que lo que están haciendo es una reforma. A través del GPS, sacamos las coordenadas de la casa, consultamos la ortofoto de la base de datos del catastro y lo comprobamos. Si hay delito, la responsabilidad es tanto del propietario como del constructor y el técnico". "Por eso caen tantos en operaciones como la de Alcaucín y otros ayuntamientos", asegura Benito.

Tatuajes

El Seprona, pese a la relevancia de su cometido, sigue siendo un cuerpo muy desconocido. Su abanico de responsabilidades es variopinto. Por ejemplo, y aunque parezca chocante, entre sus competencias está la de actuar de oficio en casos en los que las tiendas de tatuajes no cumplan con los requisitos de esterilización y de desecho por incineración controlada del material punzante usado.

Es un trabajo que realizan empresas autorizadas y que impide que se produzca la llamada contaminación cruzada. "Las agujas tocan sangre y estas, a su vez, contaminarían el medio ambiente", cuenta ItziarOrozco, propietaria de la tienda Tarántula, que los agentes acaban de inspeccionar.

Lo mismo se hace en las tintorerías, donde la contaminación proviene de percloroetileno, ese producto que hace tan reconocible al olfato estos establecimientos y cuya eliminación debe realizarse por parte de un gestor autorizado, pues es altamente tóxico y cancerígeno.







* Público - ESTHER RAMOS - MÁLAGA - 14/06/2009
Foto: Un agente del Seprona señala una vivienda supuestamente irregular - publico.es

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El patrimonio cultural de Galicia, en "serio peligro"

ELCORREOGALLEGO* : El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, advirtió ayer en A Coruña de que "una parte sustancial" del patrimonio cultural de Galicia se encuentra "en serio peligro". Varela, durante la clausura de las V Jornadas de Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico que se celebraron en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, subrayó que esta situación se debe tanto al número de atentados que sufre este patrimonio, como a la insuficiente conservación y protección "por parte de los que tienen la titularidad de estos bienes o son depositarios de su tutela".

Así, hizo hincapié en la necesidad de completar los medios destinados a su preservación e incidió en la importancia de que la Administración haga "todo lo posible por afrontar la protección del patrimonio mediante la potestad sancionadora y de tutela que tiene encomendadas legalmente". Además, apeló también a la "responsabilidad" de la sociedad e instó a los ciudadanos a que pongan en conocimiento de la Administración y Ministerio Fiscal "toda conducta atentatoria contra bienes patrimoniales".

Por otra parte, remarcó el número de daños a cruceiros y hórreos que recogen las memorias provinciales, aunque admitió que muchas de estas causas acaban en archivo al desconocerse la autoría de los mismos.







* El Correo Gallego - E.P. - 13.06.09
Foto: La campana de Santa María de Caranza fue robada en 2007 - kiko delgado, elcorreogallego.es

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La corrupción sale gratis

ELPAÍS/Reportaje* : En enero pasado, el pequeño pueblo canario de Mogán fue noticia destacada. La policía detenía de nuevo a su alcalde y a otros cuatro colaboradores y funcionarios. La acusación: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ese alcalde se llama Francisco González y es del Partido Popular. Cinco meses más tarde, ese partido ha aumentado su apoyo electoral en el pueblo logrando el 69% de los votos en las elecciones europeas.

El caso de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es paradigmático. Este dirigente del PP ha dado a su partido una victoria electoral tras otra a pesar de ser perseguido por la Justicia y estar imputado por la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y delitos contra la Administración pública. Su partido ha superado los ya espléndidos resultados de 2004.

Tras la aplastante victoria de las elecciones municipales en 2007, Carlos Fabra proclamó que el PP había sido absuelto con sobresaliente cum laude por los ciudadanos. Ahora, tras las europeas de 2009, ha declarado: "La gente es muy lista y le preocupa más el paro que saber si Carlos Fabra o Paco Camps somos culpables o inocentes".

Análisis electorales diversos demuestran que, en España, para desánimo de muchos, Carlos Fabra tiene razón y que incluso se queda corto en sus valoraciones. Las urnas no castigan la corrupción, sino que en muchas ocasiones parece que la premian. "En efecto, todo hace pensar que la corrupción da votos", comenta el cabeza de lista de IU para el Parlamento Europeo, Willy Meyer, mientras pasea por Gran Vía. "Es como si la sociedad española no considerara la ética civil".

¿Es este fenómeno exclusivo de la joven democracia española? ¿Por qué las urnas no han pasado factura al PP y, sin embargo, sí han castigado a los socialistas allá donde se han destapado casos de corrupción similares como ha ocurrido en los pueblos de Lorca, Arrecife o Alcaucín, por citar unos pocos?

El caso Berlusconi hace sospechar que hay otros electorados que, como el español, parecen insensibles al escándalo y la presunta corrupción de algunos políticos. El catedrático de Ciencias Políticas Julián Santamaría habla de una cultura de la derecha mediterránea que genera similitudes entre España e Italia frente a los países anglosajones y los nórdicos, donde los electorados son extremadamente exigentes.

Los profesores en Ciencia Política Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, y Manuel Villoria, del Instituto Ortega y Gasset y de la Universidad Rey Juan Carlos, se han centrado en el comportamiento electoral español. Para empezar, Villoria considera que en España hay una menor cultura cívica y una visión más negativa sobre los políticos que en el resto de Europa. "Se ve en los datos del CIS. Hay poca afiliación, poco compromiso social", añade. El perfil medio del español se traduciría, por tanto, en un votante menos sensible a la corrupción.

Del franquismo, dice Meyer, "los españoles sacaron la conclusión de que la política es un negocio y eso permanece en las mentes conservadoras". Así que, como varios coinciden en señalar, es idea generalizada en España que "todos los políticos son iguales" y que la corrupción es casi consustancial al desempeño de un cargo público.

Tales principios, sumados a la polarización bipartidista de la vida política actual, genera en el electorado, según Villoria, una defensa a ultranza de sus líderes políticos aunque éstos estén acusados de corrupción. Si todos son corruptos, prefiero a mi político corrupto que al de enfrente, que también lo es, sería el resultado lógico de ello.

¿Inmadurez democrática? "No lo creo", dice el profesor de Cambio Social en la Universidad a Distancia UNED Ramón Adell. "Es puro pragmatismo. Antes los políticos eran aficionados. Ahora son profesionales de la política. Ya no hay ideología y el bipartidismo español produce un desapego por la política".

En efecto, dada la elevada abstención de las recientes elecciones, todo parece indicar que sólo se han acercado a las urnas los militantes, los convencidos. Y en ese escenario, la agresión contra dirigentes políticos por casos de presunta corrupción ha generado una identificación con el líder atacado. "El nivel de linchamiento ha beneficiado al PP en Valencia y otros de sus feudos", ratifica Francesc Homs, jefe de campaña de Convergència i Unió. Es lo que Homs y el propio Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del PP a la Eurocámara, llaman "efecto bumerán". "El PP juega al victimismo allá donde dispone de un amplio poder mediático y financiero", explica Antonio Hernando, responsable de política municipal del PSOE. Es evidente que ha ganado esa partida.

Tanto Hernando como Meyer tienen por seguro que la corrupción le sale gratis a la derecha; no a la izquierda. En principio, los datos de las recientes elecciones al Parlamento Europeo les dan la razón. Allá donde ha habido casos públicos de presunta corrupción por parte de líderes socialistas, el PSOE ha perdido votos, algo que al PP no le suele ocurrir. La mayoría de los consultados hablan de un electorado de izquierdas más estricto, con un alto nivel de exigencia ética. Hernando añade el lastre que pesa todavía sobre la izquierda tras la década de los noventa, con Felipe González en el poder, cuando a la crisis económica se unió el desgaste del poder y casos de escándalo y corrupción.

La profesora de Conflicto Social de la UNED Begoña Alonso tiene un elaborado discurso al respecto. "La incertidumbre trastoca al ser humano y los cambios generan incertidumbre", explica Alonso. "La gente más conservadora es acrítica hacia su propia ideología. No quiere cambiar su posición porque le genera incertidumbre. A la hora de votar se podría decir que el conservador aplica el dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".

Frente a esa derecha que se resiste al cambio, la izquierda sería más dinámica, variopinta y crítica, especialmente con sus propias posiciones y sus líderes políticos. Y Alonso añade: "La religión es un factor importante y recordemos que hay una identificación evidente entre la derecha y la cúpula eclesiástica. Y no olvidemos que el pecado se perdona, pero que en la izquierda nunca hay absolución".

Es de suponer que en el PP se revolverían contra tales afirmaciones. En el partido han remitido a las declaraciones públicas de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su presidente, Mariano Rajoy. Ambos han considerado que los ataques hacia sus líderes han sido exagerados y que los ciudadanos les han exculpado con sus votos en las europeas.

"Ese juego del PP de intentar resolver en las urnas lo que hay que resolver en los tribunales le va a pasar factura a medio y largo plazo", señala Hernando. "Hasta ahora han obstaculizado la acción de la justicia, pero llegarán las condenas y entonces la gente no les perdonará".

A favor de la tesis de que la izquierda paga un precio mayor por sus desmanes podría sumarse el caso de Reino Unido, donde los laboristas han sufrido un serio revés electoral, a pesar de que las prebendas y abusos de los políticos salpican a todos los partidos, si bien es cierto que este caso requiere un análisis más profundo que tenga en cuenta la crisis de liderazgo del primer ministro Gordon Brown. Julián Santamaría señala todavía un aspecto distintivo más que suele darse entre derecha e izquierda en los países nórdicos y anglosajones: "Los escándalos económicos suelen castigar más a la izquierda. Los escándalos sexuales o que tienen que ver con la moral familiar suelen castigar más a la derecha".

Pero no todo el mundo está de acuerdo en que los comportamientos electorales de la derecha y la izquierda respecto a la corrupción sean distintos. Así lo viene a demostrar a nivel nacional el estudio conjunto publicado por la Fundación Alternativas de Jiménez y Villoria respecto a las elecciones municipales de 2007. Estos dos expertos en la corrupción política y sus consecuencias analizaron los resultados de 133 municipios salpicados por la presunta corrupción de sus regidores.

El 70% de los alcaldes sospechosos ganaron en las urnas y mantuvieron sus cargos. Y no hubo diferencias entre PSOE y PP. El porcentaje de victorias y derrotas fue similar.

Pero el análisis de Jiménez y Villoria desvela un resultado llamativo: en las municipales, a pesar de los primeros análisis periodísticos, la corrupción sí que pasa factura a los partidos políticos; incluido el PP. "Atendiendo a la ganancia o pérdida de apoyo electoral sobre censo en relación con 2003", dice el estudio, "se ve que sólo el 30% de los alcaldes [presuntamente corruptos] mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre censo que en 2003, mientras que el 70% perdió apoyo en términos relativos".

Homs también se resiste a analizar comportamientos distintos a un lado y otro. "Tal diferencia la desmiente el 14-M. Cuando se engaña y se miente, cuando el electorado percibe un comportamiento éticamente incorrecto, lo sanciona en las urnas", dice este político de CiU. Mientras tanto, con los recientes éxitos electorales del PP en la mano, la izquierda siente cierta frustración. "Todo da lo mismo y se vota masivamente a Mayor Oreja, un eurodiputado que no ha dado un palo al agua", dice Meyer. "Sí, es frustrante, pero esto no nos va a disuadir de seguir persiguiendo la corrupción", asevera Hernando. "Me preocupa que no haya un pacto de Estado contra la corrupción firmado por los grandes partidos", añade Villoria. "Si se acusan pero no hacen nada, lo único que logran es dañarse mutuamente y aumentar la degradación de la política y la tradicional visión cínica del poder de la ciudadanía española".







* ELPAIS.com - GABRIELA CAÑAS 12/06/2009
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com

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La UE pide a Sinde que salve Numancia

ABC/Soria* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha estudiado el nuevo asedio urbanístico a Numancia y ha recabado testimonios sobre el futuro de uno de los más importantes yacimientos de Europa, ha decidido pasar a la acción. Su presidente, Marcin Libicki, ha remitido una carta a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la que le reclama que «tome cartas en el asunto y haga todo lo posible para preservar Numancia de las actuales presiones urbanística a las que se ve sometido»

En la misiva, Libicki afirma que la Comisión de Peticiones está «muy preocupada por la presión a la que este sitio singular se ve sometido por parte del Ayuntamiento de Soria y la Sociedad Gesturcal». El presidente del órgano del Parlamento Europeo subraya que «no está en absoluto justificada» la necesidad de construir un polígono industrial (Soria II) en los terrenos colindantes a la zona arqueológica. «En caso de llevarse a efecto», continúa, «representarían un daño irreversible para el sitio de Numancia así como para la ciudad de Soria, a la que cambiarán radicalmente el paisaje».
Libicki recuerda que los males no acaban aquí, puesto que está el proyecto de la «Ciudad del Medioambiente, proyectada por la Junta de Castilla y León. Los efectos cumulativos de los dos proyectos serían nefastos para la preservación de un paraje tan especial como el de Numancia.»
El Parlamento Europeo valora la movilización que este caso ha provocado. La carta recuerda que esta Comisión de Peticiones «no es la única institución en haberse interesado en que esto no ocurra, también lo han hecho un sinf