C.Valenciana.- Así saquearon la CAM

ELPAÍS* : Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.
En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000.

Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.

Las irregularidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas. "Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en manos serias", añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha estado. Esa es la cuestión.

El regulador comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.

Tres interventores del FROB, convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.

Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.

Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y religioso" empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.

Crespo entregó la cuchara la mañana del pasado 21 de julio, cuando en un "patético" consejo -según definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.

Los administradores del FROB no pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.

Al mismo tiempo se supo que el ex director general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad, que también se llevó su parte correspondiente.

López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la dirección general de la CAM desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que, según exconsejeros, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.

El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en Económicas por la UNED, tiene funciones ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en el grupo de empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias hermanas también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. "Se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias", señalan esas fuentes.

Amorós asumió el reto de conducir la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio privado salvador. El mirlo blanco no aparecía y la entidad siguió a la deriva; eso sí, jaleada por los cantos de cisne de los poderes fácticos de la provincia (empresarios y representantes públicos) que, una vez más optaron por cerrar los ojos y seguir apostando por un futuro en solitario de la CAM.

Los interventores del FROB mantuvieron a Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue destituida temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en el puesto, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución provisional se produjo apenas una semana después de que un colectivo de fiscales (la Asociación Internacional contra la Prevaricación) anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.

El primer dato que levantó la sospecha de los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer trimestre de este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance no estaba auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato millonario con la CAM y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.

Ante tantos indicios de actuación fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es inevitable.

También la Fiscalía Anticorrupción, en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención, la Fiscalía ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos, que el ministerio público mantiene congeladas.

Fuentes del FROB aseguran, además, que Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo de administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de España para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes señalan que el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los meses previos a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo solo leyó ante el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en vísperas de la intervención, el jueves 20 de julio. "Nunca antes Crespo leyó ante el consejo ninguna carta o circular del Banco de España", asevera el exconsejero y empresario Jesús Navarro.

La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria. Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.

Joaquín Meseguer (eX director general de Participaciones)
El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM, cargo al que accedió en mayo de 2007, fue nombrado más tarde presidente de la empresa Crédito Inmobiliario, que la caja compró en México para financiar la construcción de 25.000 viviendas. Fue uno de los altos cargos pionero en desvincularse de la entidad por la vía de la prejubilación anticipada. Se estima que ha recibido dos millones de euros.

Vicente Soriano (Exdirector de Recursos Humanos)
El exdirector de Recursos Humanos de la caja era un hombre de la máxima confianza del ex director general, Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General de la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una indemnización de 1,5 millones de euros.

Agustín Llorca (Ex director general adjunto)
Asumió el cargo de director general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a María Dolores Amorós, cuando esta iba a ser la directora general. El paso de Llorca por ese puesto fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco del Banco de España en la CAM, se apuntó al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación de dos millones de euros.

Gabriel Sagristá (Ex director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante)
Ocupaba el cargo de director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante. En 2002 fue director de Explotación de la caja. También se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado mes de marzo y logró una indemnización de 1,5 millones de euros.

Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM)
El exconsejero de la CAM llegó al cargo desde el trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992 y 1997. Accedió a la CAM en 2006 a propuesta del Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz Alperi, del PP. La propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente provincial del PP hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero obtuvo préstamos blandos por 47,5 millones en cuatro años.

Roberto López Abad (Ex director general de la CAM)
El ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad acogiéndose al ERE impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha reportado una indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de euros. No ha dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores Amorós, hasta la intervención del FROB.


* El País - SANTIAGO NAVARRO /MIGUEL ÁNGEL NOCEDA 02/10/2011
Foto: Modesto Crespo, expresidente de la CAM, y María Dolores Amorós, ex directora general.- EFE

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Valencia.- Un delfín en el banquillo

LEVANTE* : Juicio por el Jardín de Monforte. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, autorizó un aparcamiento subterráneo junto al histórico Jardín de Monforte sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio. Por esa omisión, que el fiscal considera intencionada, Bellver y cuatro funcionarios serán juzgados por prevaricación el 17 de octubre.
Algo les pasaba a los árboles del Jardín de Monforte. La pesadilla judicial de Jorge Bellver —concejal de Urbanismo de Valencia y también diputado autonómico desde las últimas elecciones — comenzó hace más de tres años, y el primero en hablar, eso sí, sin palabras, fue el arbolado de un jardín histórico que al parecer mostraba síntomas de deterioro. Por ello, el ayuntamiento decidió derribar parte del muro que cierra el histórico huerto y sustituirlo por una verja de metal. La reacción a ese proyecto que alteraba la tipología del jardín protegido fue unánime y la búsqueda de argumentos contra dicho plan dió en la diana.

El próximo 17 de octubre, Bellver y cuatro funcionarios del ayuntamiento (el secretario, Pedro García Rabasa; dos jefes de servicio, el de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y el de Tráfico, Juan Casañ; y una arquitecta técnica, María José Gasull) se sentarán en el banquillo de los acusados tras un proceso que trae cola, y del que han hablado todos: Ayuntamiento, oposición, fiscales, jueces, colectivos ciudadanos —principalmente Cercle Obert, que fue la entidad que presentó una denuncia ante el fiscal—, la alcaldesa, el Consell Valencià de Cultura, afines a Bellver que siguen mostrándole su apoyo, y enemigos que esperan el momento de ver al delfín de Barberá en el banquillo de los acusados.
Y es que el deterioro del Jardín de Monforte tenía una sencilla explicación: los muros de hormigón de un aparcamiento subterráneo colindante con la zona verde. Un año antes del evidente deterioro del arbolado, el garaje abrió de forma oficial. Lo hizo con retraso, debido a los problemas surgidos en el subsuelo, ya que había que hacer frente a la abundante presencia de agua en el subsuelo. Se construyeron los muros y comenzaron el exceso de humedad y los daños en el colindante Jardín de Monforte. Cuando esto se supo la bomba estalló.

Apuntar antes del disparo
El colectivo Cercle Obert —que enfocaba su lucha en evitar que el ayuntamiento derribara parte del muro del Jardín de Monforte para «airear» el jardín histórico, y sustituir la piedra por una verja— orientó mejor el tiro. O lo que es lo mismo, empezó a pedir información sobre la construcción del aparcamiento. Cuando descubrió que el garaje de la discordia se había construido sin informe ni medida alguna que previera la afección al espacio verde protegido cogió carrerilla y presentó una denuncia ante la fiscalía solicitando una investigación. Era diciembre de 2009. Y la reflexión era directa: Si hay que derribar parte del muro de Monforte para airear el jardín que se deteriora, alterando la tipología de un huerto cerrado, es porque algo ha alterado la aireación correcta anterior, y el hormigón del garaje era el causante más probable. Por aquel entonces, Bellver estaba convencido de que aquella denuncia no iba a prosperar. Sin embargo, La Fiscalía vio irregularidades en la concesión de la licencia para construir (en 2004) el aparcamiento junto al subsuelo del jardín protegido. La clave reside en que no se había solicitado el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, algo obligatorio cuando se actúa en un Bien de Interés Cultura (BIC) o en su entorno, y como tal están declarados el Jardín de Monforte desde 1941 y sus inmediadiones desde 1992.

En mayo de 2010 el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía y la pesadilla de Bellver fue tomando forma. Ocho meses después (enero de 2011) el juez procesó al edil de Urbanismo de Valencia por prevaricación en el Jardín de Monforte. Fuentes próximas al edil apuntaron por aquel entonces que ese era el auto que temía Bellver del juez instructor, Josep Lluís Albiñana, presidente del Consell en la etapa preautonómica y sospechoso de animadversión hacia un concejal del PP que no entendía cómo un asunto que consideraba menor iba camino de llegar tan lejos.

En abril, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que no haber pedido la autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir un aparcamiento podía constituir «un manifiesto incumplimiento de la legalidad». Además, se imputó a cuatro funcionarios, al considerar que los técnicos conocían, por su propio trabajo y su formación, la «necesidad» de pedir esa autorización. Especial importancia tiene en la causa el hecho de que los mismos protagonistas habían cumplido el trámite un año antes por unas obras de la clínica Quirón, que como el garaje de Severo Ochoa también está en el entorno del jardín. El expediente fue aprobado por Bellver y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio.

Era necesario cambiar de juez. Rita Barberá no dudó entonces en negociar con el entones president de la Generalitat, Francisco Camps, la inclusión de Bellver en la candidatura autonómica, en la que ocupó un puesto de salida que le ha llevado a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. De esta forma, como diputado, obtendría la condición de aforado. Y más garantías al pasar el caso al Tribunal Superior. Al menos eso es lo que buscaban Bellver y los populares.

Ahora la fiscalía pide para el edil popular —y para el resto de acusados— ocho años y medio de inhabilitación. La sanción económica, eso sí, varía. A Bellver le piden 32.400 euros; al secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa, 24.300 euros. A los jefes de servicio 16.200 euros, y a la arquitecta técnica , 10.800 euros.

El 17 de octubre, el concejal de Urbanismo y diputado autonómico, Jorge Bellver, el que fue señalado como delfín y sucesor de Rita Barberá, se juega su carrera política. Mientras, el jardín histórico sigue sufriendo problemas de drenaje, y permanece cerrado por operaciones de mantenimiento. El juicio ha parado todo lo demás.


* Levante - MÓNICA ROS - 2.10.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte - anna

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El tribunal del caso Malaya ordena el pago de 600.000 euros de Roca a Marbella

MÁLAGAHOY* : El tribunal del "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español, ha ordenado al administrador judicial de las sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que abone 600.000 euros al municipio de Marbella. Este dinero será entregado al consistorio "atendiendo al deseo expreso de Roca" de satisfacer la condena que le fue impuesta en el caso Saqueo y "dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", según el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe.
Esta resolución ha sido tomada por la Sala "dada la liquidez sobrante en la actualidad de las sociedades atribuidas a Juan Antonio Roca y que están sometidas a la medida de administración judicial. El tribunal ha acordado que dicha cuantía se articule en la contabilidad interna de las sociedades, como un contrato de préstamo que tales sociedades efectúan a Roca.

El 23 de enero de 2009, la Audiencia Nacional condenó a Roca, al letrado José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel, al pago conjunto y solidario de 24,3 millones de euros por los perjuicios causados con el "caso Saqueo", sobre el desvío de esa cantidad del Ayuntamiento a empresas privadas entre 1991 y 1995.

El 29 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una providencia en la que se establecía un principio de acuerdo entre Roca y el Ayuntamiento para que la Finca de la Caridad fuese entregada al consistorio en concepto de responsabilidad civil.

Si bien, el principio de acuerdo no llegó a buen término y continuaron con las negociaciones para cumplir con la sentencia condenatoria.

En este sentido, ya se ha alcanzado un acuerdo, según el auto, al que ha tenido acceso Efe, que está pendiente de ser ratificado por la sala del caso Malaya, que mantiene intervenidos los bienes de Roca.

Según dicho acuerdo, se entregará al Ayuntamiento diferentes importes, en diferentes fechas y todo ello una vez se efectúe la venta del Palacio de los Condes de Villagonzalo, en Madrid.

Pero "atendiendo a que aún no se haya procedido a la venta del citado inmueble, y dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", la sala ha ordenado que sean transferidos 600.000 euros, en pago de las responsabilidades pecuniarias decretadas por la Audiencia Nacional.

Los magistrados han acordado dicha entrega de dinero "atendiendo de manera fundamental a que ningún perjuicio material es detectable por ello" y, porque hay "una administración pública que aparece como víctima de un delito que ha de ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente".

La sentencia declaró probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el exalcalde Jesús Gil fue aconsejado por Sierra, quien concibió la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil".

La existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad".

Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos Sierra, Castel y Roca "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".


* Málaga Hoy - Efe - 1.10.11
Foto: Marbella, cortijo de Roca - elconfidencial.com

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Lugo.- Otro ladrillo en el embrollo urbanístico

LAVOZDEGALICIA* : El complejo panorama urbanístico lucense acaba de complicarse aún más con las irregularidades que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha reseñado en el informe dirigido al Juzgado de Instrucción nº3 sobre la ampliación del Seminario Diocesano. Viene a sumarse este asunto al de la paralizada urbanización de O Garañón. Se añade también a las denuncias judiciales por los cambios introducidos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aún en tramitación, entre las aprobaciones inicial y provisional. Es un ladrillo más en el muro del que forma parte el edificio de la calle Montero Ríos sobre el que ya pesa sentencia del Superior de Xustiza por exceso de volumen. El caso del Seminario abre una nueva vía en el polémico urbanismo lucense. Mientras, en el Obispado se asegura que se respetó escrupulosamente la legalidad vigente. A continuación se reseñan los claves del informe de la APLU sobre la ampliación del Seminario.

¿Por qué sostiene la Axencia que tiene una planta de más?

En el informe de la APLU se refleja que en el entorno en el que se construyó el edificio es de aplicación la ordenanza de zona 10 (dotaciones comunitarias) del PGOU vigente en el momento de la concesión de la licencia, el de 1991. Esta ordenanza fija el número máximo de plantas en 3 para edificación nueva: el edificio tiene 4 y bajo cubierta. En el mismo informe se aclara que la edificación de cuatro plantas estaba prevista en la modificación del estudio de detalle (instrumento de ordenación urbanística que completa o adapta determinaciones establecidas en los planes generales) de la unidad de actuación (superficie delimitada de terreno que define el ámbito completo de una actuación integrada) CS (centro-sur) 6. A juicio de la autora del informe, el estudio de detalle incumplía la obligación de ajustarse a la determinación del PGOU (3 plantas).

El reparto de cargas y beneficios, a destiempo

La APLU deja constancia de la obligación de proceder al reparto de cargas y beneficios antes de la concesión de la licencia de edificación. Ello es así porque el ámbito en el que se desarrolla la actuación tiene el carácter de urbano no consolidado, de acuerdo con lo previsto en la Lei do Solo de Galicia de 1997. Pues bien, en el informe se indica que la licencia de edificación fue concedida por acuerdos municipales de 18 de noviembre de 1998 y 7 de abril de 1999; el proyecto de compensación (paso final del proceso de reparto de cargas y beneficios) fue aprobado el 28 de diciembre de 2001.


La urbanización del terreno y la edificación no fueron simultáneos.

Así lo entiende la Axencia Urbanística, que señala que el Ayuntamiento de Lugo concedió la licencia de primera utilización y apertura del aparcamiento subterráneo de uso público con anterioridad a la finalización de las obras de urbanización del terreno. Es más, en el citado informe se indica, que en una visita de inspección al ámbito estudio efectuada el 21 de marzo del 2011 quedaban aún por ejecutar algunas obras de la urbanización.

¿Por qué considera APLU que el polideportivo es incompatible con los usos autorizados en esta zona?

La Axencia dice que según el PGOU la ordenanza de aplicación es la de zona 12, esto es, de zonas libres y espacios verdes. Al determinar los usos incompatibles reseña el de garaje-aparcamiento y el deportivo. Pero en el plano de calificación urbanística J02, el PGOU -explica el informe- marca sobre la parcela una P dentro de un cuadro, indicación que corresponde a aparcamiento público. Por ello, debe entenderse como un uso permitido. Pero no ocurre lo mismo con el uso deportivo, que sí se recoge en la modificación del estudio de detalle; pero, en función de la Lei do Solo de 1997, los estudios de detalle no pueden contradecir lo establecido en el propio PGOU. Concluye la autora del informe que, por tanto, el polideportivo subterráneo y la pista polideportiva y la grada en superficie incumplen las determinaciones de la ordenanza urbanística de aplicación en este caso.

El momento en que se ejecutaron las excavaciones arqueológicas, otro perfil cuestionado.

El PGOU establece en su apartado 420 que en la zona A, que es en la que se encuentra el ámbito de actuación, «previamente a la concesión de cualquier licencia de edificación o movimiento de tierras será obligatoria la realización de excavaciones arqueológicas (...)». La APLU reseña también que en el acuerdo de la comisión municipal de gobierno (18 de noviembre de 1998), por el que se concedió la licencia de obras, se indica que «previamente á aprobación do proxecto de execución, deberán realizarse escavacións arqueolóxicas». El proyecto de ejecución fue aprobado el 7 de abril de 1999, pero el expediente de intervención arqueológica se inicia el 24 de abril y finaliza el 26 de octubre de 1999.


La licencia de primera utilización aún está pendiente.

De acuerdo con el informe de la APLU de las obras ejecutadas en el Seminario y en su ampliación sólo tiene licencia de apertura y primera utilización el aparcamiento subterráneo. Se indica que hay constancia de tal carencia hasta el 9 de diciembre del 2010. A su vez, el concejal de Urbanismo, Luis Álvarez (PSOE) señaló a La Voz que la licencia de primera utilización fue solicitada a finales del año pasado y aún no fue tramitada, debido al atasco en este servicio.


* La Voz de Galicia - 2.10.11
Foto: Lugo, polémicas viviendas en parque - lavoz

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Libres los siete detenidos en Ronda y el exalcalde debe pagar 150.000 euros

EFE/Málaga* : Los siete detenidos en la operación "Acinipo" de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga asuntos urbanísticos del anterior equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), han quedado en libertad, aunque el exalcalde Antonio María Marín deberá pagar 150.000 euros de fianza.
Marín Lara, que sigue actualmente de concejal, ha quedado hoy libre, aunque imputado de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y debe depositar la fianza en quince días, según han informado a Efe fuentes judiciales. Los ediles María José Martín de Haro -exdelegada municipal de Obras y Urbanismo- y Rafael Lara -que fue delegado de Contratación y Seguridad- ya quedaron ayer en libertad provisional imputados de los mismos cinco delitos y el juez les fijará mañana también una fianza, para lo que el fiscal ha solicitado que no supere los 100.000 euros.

El concejal, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde rondeño Francisco Cañestro y el abogado de una constructora local Miguel Ángel B.A. han quedado en libertad sin fianza e imputados de los mismos delitos que los anteriores por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda.

Cañestro ha ejercido como secretario local del PSOE hasta que fue suspendido cautelarmente de militancia por su formación al ser detenido el pasado martes, medida que ha afectado también al exalcalde, a María José Martín y a Lara.

Los otros dos detenidos que han quedado en libertad provisional e imputados de cuatro delitos están vinculados al mundo empresarial y prestaron declaración ayer por exhorto en juzgados de guardia de Valencia y Madrid.

Son Alfonso Javier F.V. y José Miguel Y.C., imputados por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y que tienen obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean citados.

Tras tres horas de declaración judicial y al abandonar el juzgado, el exalcalde ha asegurado a los periodistas que demostrará su inocencia, "igual" que en otros casos en que le quisieron implicar, tras recordar las "62 denuncias" que -según dijo- le han interpuesto partidos políticos como Izquierda Unida o Los Verdes.

Marín, único de los imputados que ha efectuado declaraciones públicas, ha afirmado estar "habituado ya a este tipo de cosas", aunque ha precisado que esta causa no la ve igual que otras, y señala que está "en libertad y con toda la confianza habida y por haber" como dice haber tenido "en las 62 denuncias" que le pusieron.

El exalcalde, abogado de profesión, ha ejercido como portavoz municipal socialista y vicesecretario local de esta formación hasta que su partido lo suspendió cautelarmente de militancia.

Llegó a la Alcaldía en septiembre de 2004 tras una moción de censura del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PP y el Partido Andalucista (PA), donde militaba entonces, y en junio de 2009 se pasó al PSOE junto con los ocho concejales de su grupo.

El Cuerpo Nacional de Policía estudia varios convenios urbanísticos suscritos en la etapa del exalcalde, en los que se podrían haber cometido irregularidades penales.

Uno de los ejes de la investigación gira en torno al proyecto de un centro comercial de Eroski -a través de un grupo constructor del municipio- sobre los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal y el recinto ferial en una superficie de 34.000 metros, de los que 25.000 sería edificables.

Otros de los expedientes que analizan es el del complejo Los Merinos -que incluye 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles- y recaban y estudian toda la información incautada sobre expedientes relativos a la zona de La Hoya del Tajo, paraje natural donde hay varias construcciones supuestamente irregulares.


* ADN - EFE - 29.09.11
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com

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