Varapalo del Superior a Sanxenxo por autorizar una discoteca ilegal

ELPAÍS/Pontevedra* : Lenta pero incesantemente, los órganos judiciales van emitiendo sentencias contra las prácticas urbanísticas del PP en el Ayuntamiento de Sanxenxo. La última llegó el pasado diciembre desde el Tribunal Superior de Xustiza, que a raíz de los cambios del criterio municipal respecto a la legalidad de las obras en una discoteca en Portonovo —primero desfavorable, después proclive— pone de vuelta y media a la Gerencia Municipal de Urbanismo. “Resulta patente la omisiva, errática y aun contradictoria, amén de ilegítima actuación administrativo-urbanística”, concluye el fallo, que tumba el que emitió el año pasado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra y declara la ilegalidad de las licencias.
El caso se remonta a 2007, ya con Catalina González en la alcaldía después de la marcha de Telmo Martín. Tras la aprobación del Plan General de 2003, una parte de los edificios en la franja costera de Portonovo quedaron fuera del planeamiento, lo que en la práctica supuso que sus propietarios solo podían llevar a cabo en ellos obras de mantenimiento y conservación. La empresa local Libelula decidió no obstante realizar una reforma extensa en un establecimiento afectado, que incluyó la demolición de los tabiques.

En abril de 2007 el Ayuntamiento entra en acción, en principio de modo impecable. Amparándose en la Lei de Ordenación do Territorio, la Gerencia de Urbanismo, que preside la alcaldesa, inició un expediente de reposición de la legalidad urbanística y mandó parar las obras. Los propietarios no hicieron caso y un mes después, tras un nuevo requerimiento, la Gerencia precintó el local. “El inmueble ya había quedado diáfano”, recuerda la sentencia.

El expediente nunca se concluyó, y la cuestión dormitó durante un año. En mayo de 2008, sin embargo, el mismo organismo municipal dictó en dos días dos resoluciones contrarias. La primera, el día 12, rechaza una nueva licencia de obra y otra de actividad, que en cambio concede al día siguiente. Más tarde, en enero de 2009 se levanta el precinto, en marzo se permite el acondicionamiento como discoteca y en abril se otorga la licencia de apertura. Estas dos últimas resoluciones fueron las que originaron el recurso.

Según el magistrado ponente, José Luis Ramírez, la “patente omisión” a la hora de concluir el expediente por unas obras de demolición que se empezaron sin licencia “no es en modo alguno subsanable por la concesión de licencia de ulteriores obras”. En el razonamiento se recuerda también que la ley de ordenación obliga a echar abajo las obras que no sean legalizables “e impedir los usos a que dieran lugar”.

La sentencia ha provisto de nueva munición a la oposición. “En vez de ejercer su labor de vigilancia, el Ayuntamiento opta por subterfugios jurídicos para garantizar lo que no es posible”, critica el portavoz local del BNG, David Otero, que acusa a la alcaldesa de no revelar el documento. “Este ocultismo es una de sus características, junto a la más que evidente pérdida de control sobre la situación urbanística con gravísimas consecuencias económicas”, añade, y reitera su petición de que una comisión de investigación en el Parlamento investigue la gestión municipal del urbanismo.

El fallo salió a la luz menos de 24 horas después de que el PP bloquease en un pleno extraordinario una comisión de investigación sobre los avatares urbanísticos del municipio porque la petición era “genérica” y estaba “mal redactada”. La solicitud la habían firmado los tres grupos de la oposición después de que a principios de mes se confirmase que el Ayuntamiento deberá devolver 3,8 millones de euros que había recibido de un grupo de constructoras a las que a cambio eximió de levantar vivienda pública en una parcela de Monte Faro. Este acuerdo, legal en su génesis, no se pudo completar por las modificaciones legales que introdujo el bipartito en la Xunta. Todavía se espera con temor en el Ayuntamiento, en ese sentido, la llegada de otra resolución por un caso paralelo en un terreno colindante, en el que el montante del litigio asciende a 4,8 millones.


* El País - VÍCTOR HONORATO Pontevedra 31 ENE 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), puerto - turismo

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El Tribunal Supremo cuestiona el PGOU de Castelló y ordena que se repita su revisión

LEVANTE* : Por segunda vez en cuatro años el Tribunal Supremo vuelve a poner en entredicho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló del año 2000. En 2008 la invalidó por no exponerse una segunda vez al público, tal como exige la ley urbanística estatal, y ahora cuestiona la modificación del PGOU al considerar que el Consell y el ayuntamiento han ejecutado de forma incorrecta la primera sentencia que derogó el planeamiento urbanístico. La Generalitat aprobó hace dos años nuevamente el PGOU de 2000 sin incorporar los cambios urbanísticos introducidos a posteriori. El Alto Tribunal insta a ambas administraciones a repetir el proceso, adaptándolo a las actuales circunstancias.
La resolución de la sala 5ª de lo contencioso-administrativo, con fecha del 8.11.2011 y a la que ha tenido acceso Levante de Castelló, atiende los recursos de casación presentados por tres particulares contra dos autos del TSJ que validaban el cumplimiento de la sentencia de 2008 por parte de la Conselleria de Urbanismo y que rechazaban su personación en la causa.

Además de dar vía libre a la petición de los demandantes, el Supremo también pone en jaque la última modificación del PGOU que aprobó la Conselleria de Urbanismo en enero de 2010 por no tenerse en cuenta en el periodo de información pública "las circunstancias materiales y jurídicas del momento en que se practique", según reza la resolución. Al respecto, ordena que la sentencia de 2008 se ejecute en "sus propios términos, partiendo que se declaró nulo el Plan General de Castelló", por lo que reclama a la Generalitat y al ayuntamiento que recojan el planeamiento urbanístico aprobado a partir de 2000.

"Una ficción legal"
Asimismo, el Supremo reprende la argumentación que esgrimieron en el anterior mandato el Consell de Francisco Camps y el equipo de gobierno local de Alberto Fabra para justificar el cumplimiento del primer fallo. El mismo tribunal declaró hace cuatro años nulo el PGOU de 2000 por no haberse expuesto al público una segunda vez tras su aprobación provisional y retrotraía "el procedimiento administrativo al momento anterior al acuerdo definitivo". Las dos administraciones aseguraron que el Plan General de 2000 no había sido anulado y que sólo tenían que exponerlo otra vez al público. La Conselleria de Urbanismo dio luz verde finalmente en enero de 2010 el PGOU con el mismo contenido que sacó adelante diez años atrás. Sus servicios jurídicos adujeron que la primera sentencia obligaba a realizar "una ficción legal con una reposición al momento que se llevó a cabo la aprobación provisional".
El Supremo contesta que el PGOU de2000 "fue declarado nulo de pleno derecho". "Los defectos formales en disposiciones de carácter general acarrean su nulidad radical, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones", abunda la resolución, que añade que "la información pública no es una ficción, sino es un trámite imprescindible".


* Levante - J.MESTRE - 1.2.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com

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Ourense.- El Concello cifra en un millón de euros el coste de dos litigios urbanísticos

LAVOZDEGALICIA* : La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, compareció ayer a petición propia ante los medios de comunicación para repasar la actualidad de dos litigios urbanísticos, que según avanzó pueden suponer un coste económico de un millón de euros para las arcas públicas. Se trata de la ejecución de las sentencias sobre un edificio en la avenida de As Caldas y otro en la calle Progreso. En ambos casos, según se encargó de especificar Soto, son conflictos heredados de anteriores corporaciones y cuyo expediente se inició en la década de los años ochenta.
El primer litigio urbanístico sobre el que puso el acento la edila socialista fue el del edificio Vila Rejo, en la calle Progreso. Tras un extenso repaso al expediente iniciado en 1986, con la petición de licencia por parte del constructor, la edila de Urbanismo detalló que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordena al pago al promotor de 647,646,27 euros. Esta indemnización está, según Áurea Soto, fuera de lugar ya que Vila Rejo presentó la solicitud de licencia para 1 sótano, 6 plantas y un ático, mientras que la paralización de la licencia ordenada por el Concello le permitió presentar un nuevo proyecto con 2 sótanos y 9 plantas.

«El importante incremento de edificabilidad no solo no produjo perjuicios al señor Vila Rejo sino que incluso aumentó de forma muy importante sus beneficios», indicó la edila socialista.

Orden de demolición

El otro conflicto urbanístico que va camino de suponer un desembolso económico a las arcas públicas es el de la orden de demolición de parte de un edificio en la avenida de As Caldas, en el barrio de A Ponte. En la actualidad, el gobierno local trabaja a marchas forzadas para redactar el proyecto de ejecución parcial, una vez que la Justicia hizo oídos sordos a las reiteradas peticiones de inejecutabilidad de la sentencia. «É un proxecto moi complexo e trataremos de que o promotor teña que asumir o seu custe», explicó Áurea Soto. La intención municipal es que en los próximos 15 días esté disponible el proyecto de demolición, casi un año después de que TSXG ordenara el derribo parcial.


* La Voz de Galicia - RUBÉN NÓVOA - 1.2.12
Foto: Un edificio de As Caldas, pendiente de demolición parcial - lavoz

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La Generalitat aborta la venta en bloque de sus edificios públicos

ELCONFIDENCIAL* : La Generalitat catalana ha cancelado la venta de los edificios públicos con los que esperaba ingresar hasta 500 millones de euros. Fuentes cercanas a la operación aseguran que se ha tomado esta decisión por las discrepancias del Govern catalán con los fondos de inversión Moor Park y Och-Ziff, los únicos interesados por los inmuebles públicos catalanes. “No hay acuerdo respecto a las condiciones del contrato del alquiler. No ha sido tanto una cuestión de precio”, aseguran dichas fuentes.
Hoy era la fecha tope para que ambas partes alcanzasen un acuerdo después de que el plazo para cerrar el concurso se alargase un mes en diciembre ante las dificultades del mercado. La Generalitat, que había articulado la venta de los 26 inmuebles en dos lotes, mantendrá el cartel de 'se vende' de cada uno de los edificios, aunque la estrategia pasa ahora por la venta individual de cada uno de ellos.

Se da la circunstancia que hace apenas unos días el Gobierno daba a conocer el nuevo plan de ayudas del ICO para las Comunidades Autónomas que ha provocado que algunas de las medidas extraordinarias diseñadas por algunas de estas regiones con más apuros de tesorería se hayan congelado o se estén revisando. El objetivo de dicho plan es que Comunidades Autónomas como Cataluña o Andalucía no tengan que malvender sus edificios para poder financiarse. Ahora, estas CCAA no tienen tanta urgencia por obtener liquidez.

En el caso e Cataluña, la Generalitat habría endurecido su postura a la hora de atender la solicitud de los fondos para modificar varias condiciones del preacuerdo. En concreto, no estaba de acuerdo con las garantías que le exigían los compradores. Por si las dificultades iniciales existentes en estas operaciones, como son la falta de financiación y el riesgo de impago que se atribuye a las administraciones públicas, fueran pocas, estas nuevas resistencias han provocado no sólo que el cierre de la transacción se retrase aún más, a pesar de que estuviera previsto que se rematara antes de acabar 2011, sino que ha obligado al Govern catalán a cambiar de estrategia.

"Hace dos o tres años estaríamos ante una operación bastante apetecible. Ahora las cosas han cambiado, no sólo por la situación económica de la Generalitat, que se quedaría como inquilino de dichos inmuebles, sino porque para el inversor supone un apalancamiento financiero muy elevado que, en el caso de impago de rentas no tendría recursos suficientes para soportar la deuda", explicaba recientemente fuentes del mercado.

"El inversor no percibe el default de la Generalitat, pero sí los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública respeto a otros sectores, como por ejemplo, el farmacéutico. Ahora no hay liquidez para refinanciarse y el comprador no puede arriesgarse ni a que la Generalitat retrase sus pagos ni a que le deje de pagar", comentaba.

Los 26 inmuebles que entraban en la operación se ubican en Barcelona y están ocupados por dependencias administrativas de diferentes departamentos de la Generalitat.

La intención del ejecutivo catalán era seguir ocupando los edificios y, a cambio, abonar un alquiler de un máximo de 37 millones al año. Es la fórmula conocida como sale & leaseback. Actualmente ya paga 29 millones en concepto de censos enfitéuticos, por lo que el Govern esgrimía que esta transacción solo aumentará en ocho millones el gasto anual en alquileres.

Entre los inmuebles en venta figuran el que acoge la Bolsa de Barcelona en Passeig de Gràcia, así como varias instalaciones de las consellerias de Economía (Gran Via 639), la antigua Trabajo (Sepúlveda 148), Agricultura (Gran Via 612), Justicia (Pau Claris 158) y Enseñanza (Via Augusta 202). Otros edificios incluidos son el de la Agencia Tributaria de Catalunya en la calle Fontanella y el del Institut Obert de Catalunya (Paral.lel 71).


* El Confidencial - Carlos Hernanz / Elena Sanz - 31.1.12
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com

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