Sanxenxo.- El juzgado permite al concejal F.Villaverde legalizar su vivienda de Areas

LAVOZ/Pontevedra* : El concejal de Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), Francisco Villaverde, dispone hasta el próximo 20 de abril para acometer en su vivienda de Areas las obras necesarias para adecuarla a la licencia otorgada en el 2004. Así al menos lo estipula el juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ha tenido en cuenta los argumentos presentados por el arquitecto municipal y ha optado por permitir la legalización del inmueble.
Fue la asociación Salvemos Pontevedra la que llevó el caso a los tribunales en el año 2006. Según explican en el Concello, el entonces concejal de Urbanismo contravino la licencia de obras que tenía al añadir un sótano para garaje y modificar la distribución interior autorizada. Ahora, el juzgado admite que el edil regularice la situación acometiendo una serie de obras.

Para que la vivienda sea legal, Villaverde deberá eliminar la conexión interior con la planta del sótano, mediante la cubrición y sellado del hueco de la escalera ejecutando una losa de hormigón de quince centímetros de espesor. A su vez, deberá suprimir la rampa exterior de acceso al nivel bajo mediante el aterrado de la pendiente existente y compactación de la misma. Por último, deberá retirar los elementos móviles en el nivel bajo rasante y anular las instalaciones eléctricas y de fontanería del sótano.
El auto de la jueza también establece que será el Concello de Sanxenxo el que deba responder de la ejecución de todos estos trabajos. En caso de no contemplarse su realización en el plazo establecido se le impondrá «al alcalde una primera multa de 1.500 euros, reiterable mensualmente en idéntica o superior cuantía», explica. Y serán los técnicos municipales los que deban valorar si los trabajos de redistribución interior de la vivienda se ajustan a la normativa urbanística. La resolución del juzgado es susceptible de recurso, que deberá presentarse en un plazo no superior a quince días.


* La Voz de Galicia - M. ALFONSO - 29.1.12
Foto: El juzgado obliga al edil a cerrar todos los accesos al sótano para poder legalizar su vivienda. RAMÓN LEIRO

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Las cartas de ‘Sandokán’

PÚBLICO/Córdoba* : Espoleado por su tremendo apoyo popular (se ha convertido en la segunda fuerza política de la ciudad de Córdoba) y a escasos dos meses de las elecciones al Parlamento andaluz, a las que aspira a presentarse, Rafael Gómez, el constructor y joyero metido a político, le ha escrito dos cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que les sugiere cómo "atajar" la crisis y el paro: volviendo al urbanismo salvaje. El constructor, apodado Sandokán, está siendo procesado por cohecho en el caso Malaya y es concejal de un Ayuntamiento al que le debe en sanciones urbanísticas más de 30 millones de euros.
Una de las misivas, colgadas en la web de la formación política de Sandokán (www.unioncordobesa.es), insta al Gobierno a aprobar una ley por la que los empresarios de la construcción, como el propio Gómez, se hagan con "los suelos" de "la banca" y que en esas parcelas se permita una densidad de viviendas muy superior a la que prevén los planes generales.

"Quiero decirle señor presidente que la única empresa que es capaz de crear empleo en este país se llama construcción", escribe Gómez, quien sugiere que levantaría viviendas de un dormitorio a 45.000 euros, de dos dormitorios a 55.000 y de tres dormitorios a 75.000, como si se tratara de un anuncio de una inmobiliaria. Eso sí, según su carta "serían viviendas sociales".

Sandokán, en su carta, asegura que si los bancos sueltan todo el suelo que tienen embargado y se impulsa la construcción se podrían llegar a crear entre 1,5 y 2,5 millones de empleos en los próximos cuatro años. "En estos momentos, los españoles no estamos preparados para competir con ningún país del mundo" por lo que "no podemos dedicarnos a otra cosa que no sea la construcción", concluye el concejal cordobés, que además niega la existencia de la burbuja inmobiliaria y culpa de la crisis a los "especuladores" de la banca, y no a los constructores, "que nos hemos dedicado a crear empleo y bienestar para los españoles".

En la misiva, el ahora político cordobés apela al sentimentalismo usando la misma estrategia que cuando declaró ante el Juzgado por el caso Malaya, que tuvo que interrumpir cuando rompió a llorar. Sandokán hace un recorrido por su vida de empresario hecho a sí mismo recordando sus orígenes como cabrero, pavero y emigrante a Francia que hizo fortuna a través de la joyería y la construcción.

Pero, en un discurso extremadamente populista, arremete contra China y sugiere a Rajoy que España imponga unos fuertes aranceles a las mercancías que procedan del país asiático. "Estamos invadidos por la invasión de la fabricación china hacia nuestro país", escribe. Pero Sandokán olvida su propio pasado. En 2005 comenzó a construir en Córdoba más de 40.000 metros cuadrados de naves industriales sin licencia ni permiso municipal que le acabaron costando la mayor sanción urbanística de Andalucía: una multa de 24,6 millones de euros que aún no ha pagado. En esas naves, el empresario quería montar un centro comercial de productos importados de China, principalmente. De hecho, el complejo aún está lleno del material que no ha podido vender.

Pero hay más cartas. En otra, dirigida al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), el mayor deudor del Ayuntamiento exige que se condone el pago de sanciones y multas urbanísticas en la ciudad. Sandokán habla al principio de que el importe de las sanciones se reduzcan un 90% para, párrafos más adelante, pedir que "les quiten las multas a todos aquellos ciudadanos que se han construido sus viviendas con su esfuerzo y no tienen dinero para pagarlas". Gómez obvia que se levantaron incumpliendo la ley. Y concluye: "Desde Unión Cordobesa le pedimos al Ayuntamiento que no ponga tantas multas y que mire más por cordobeses".


* Público - ALFONSO ALBA - CÓRDOBA 26/01/2012
Foto: Marbella, caso'Malaya', Sandokán entrando como imputado - diariode sevilla.es

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Catral.- El Síndico de Agravios discrepa con el Consell sobre la ilegalidad de El Olivo

LAVERDAD/Alicante* : El Síndico de Agravios ha aceptado las quejas del propietario del mercadillo irregular de El Olivo ubicado en la huerta de Catral. El órgano independiente del Consell quiere indagar sobre la paralización de la concesión de la licencia de apertura a un empresario , si bien la Conselleria de Comercio calificó que este tipo de actuación puede ser considerada como «falta grave» al abrirse unas instalaciones en terrenos no urbanizables.
Por una parte, el empresario al contar con un plazo de dos meses para obtener la licencia por parte del alcalde, Aurelio Albero, solicitó una consulta al Síndico de Agravios, que ha contestado a Amal Errrayhany. El órgano autonómico afirma que va a averiguar el porqué de esta decisión, es decir que el Síndico indagará la causa sobre la paralización de un proyecto que ya fue aprobado por el propio equipo de gobierno.

De otra parte, el PSOE puso una denuncia ante el Defensor del Pueblo y en diferentes áreas autonómicas, como la Conselleria de Comercio, reflejando la situación y acompañada de una denuncia con acta del Seprona.
El área del Consell en cambio respondió a la demanda de la edil María Asunción Salinas que en la Ley Urbanística Valenciana 16/2005 abrir este tipo de actividades en suelo no urbanizable «se contempla como infracción grave, por el incumplimiento de las normas relativas al uso del suelo». Aunque no establece de forma directa si este hecho es grave o muy grave, como apuntan desde el grupo municipal socialista.
En cualquier caso Errayhany puso en tela de juicio la actuación del equipo de Albero, ya que critica que «el Ayuntamiento ha incurrido en una arbitrariedad manifiesta con el alejamiento de los intereses generales a los que debe servir, sin tener en cuenta la función social de la propiedad». El afectado se queja de que en un primer lugar se haya aprobado el plan parcial especial y luego el mismo gobierno municipal se haya desdicho por un error de forma.
A pesar del aparente malestar del dueño, que roturó varios bancales para dar cabida a una gran explanada, hacia el alcalde, ambos comparten una buena relación puesto que el regidor dijo que estas instalaciones se podrían utilizar como recinto ferial y para albergar cualquier tipo de actuación de gran calado que en el casco urbano no se pudiera instalar.
Ahora el asunto queda en manos de la Conselleria de Urbanismo que deberá investigar si hay una falta grave, al tiempo que el Síndico investigará por su cuenta si el Ayuntamiento se ha equivocado en algún paso de la tramitación. Por otra parte, la oposición aprobó con su mayoría en el Pleno cerrar las instalaciones de forma inmediata hace dos meses, un acuerdo que no se ha cumplido.


* La Verdad - 27.01.12 - F. AMAT
Foto: Catral (Alicante), mercadillo ilegal - laverdad

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Torres más altas

ALBERTO VILLADIEGO* : El debate que se está desarrollando últimamente en Sevilla se ha polarizado a extremos de exacerbación. Dos posiciones totalmente enfrentadas entre, por un lado, quienes apoyan la construcción de la Torre Pelli, y aquellos otros que no aceptan la elevación de un rascacielos en zona tan delicada desde el punto de vista patrimonial.
Estos últimos se apoyan en los informes preliminares de la UNESCO, organismo técnico cultural de la ONU. Y frente a ello, hay un sector de opinión que primero no entiende cómo puede afectar la Torre a la zona patrimonial del triángulo Catedral-Alcázar-Archivo de Indias, dada su lejanía del centro. Para defender su posición, incluso llegan a minusvalorar la labor de la UNESCO, afirmando que jamás la capital perderá su alto valor turístico pese a que la degradaran con la suspensión de la calificación de Patrimonio de la Humanidad de su casco histórico.
Lo que cabe preguntarse es cómo hemos llegado a la desfachatez de inventarnos una supuesta invasión de órganos internacionales contraponiéndolo a una hipotética defensa de los valores de sevillanía. Parece que estamos reviviendo, al rebufo de las conmemoraciones de la Pepa de Cádiz, una invasión seudonapoleónica de la UNESCO sobre la auténtica sevillanía a la vez armada de navaja afilada y trabuco. Nos obligan a posicionarnos de un lado o del otro: o eres afrancesado (extranjero) o eres español (sevillano). No se trata de eso.

Ni tampoco se trata de vertebrar la discusión entre modernos y rancios. Los autodenominados modernos quieren que Sevilla arraigue definitivamente en el siglo XXI mediante un rascacielos. Y a la otra orilla, parecen querer desterrar a los melancólicos del adoquín y las calesas. De una burda manipulación de conceptos estamos hablando.

Se pretende alcanzar la modernidad a través de un rascacielos, cuando estas estructuras tienen ya dos siglos de antigüedad. Dicho lo cual tal vez se trate de que los defensores relacionen los rascacielos con su época de florecimiento en EE.UU, en los años veinte del siglo pasado, cuando los norteamericanos se convirtieron en el líder mundial de las finanzas. Este argumento se cae por su propio peso, porque supone pensar que es lo mismo contenido que continente. ¿Qué tendrá que ver una estructura edificada con la inventiva y riesgo de los empresarios neoyorquinos de Wall Street que trabajaban en su interior? Estos modernillos actúan a la manera de un cantautor novel que para alcanzar la genialidad utiliza el modelo de gafas redondas que llevaba John Lennon. Pues muy bien, volvamos a utilizar pajarita y a bailar el charlestón.
Ni siquiera ha de centrarse el debate en la patrimonialidad de Sevilla. Más bien, nos encontramos ante un supuesto de agresión a la ciudad entera. Me explico: del año 2000 es el Convenio Europeo del Paisaje, un instrumento con el cual se trabaja la conservación y desarrollo sostenible de los paisajes rurales y urbanos de nuestro entorno. En él se habla del cuidado del paisaje a que se obligan a los Estados firmantes, entre ellos España, por medio del vínculo espaciotemporal sensible creado entre las personas y sus territorios. Por ello, se esperaría del Gobierno de España una acción firme puesto que la Torre Cajasol es dañino al paisaje de Sevilla, basado tradicionalmente en la horizontalidad y remarcado ésta por el gran río. Este paisaje debe ser protegido en todo caso en sus aspectos significativos, y así lo exige el Convenio Europeo del Paisaje al reconocer textualmente que “el paisaje es un elemento importante de calidad de vida de las poblaciones”. La verticalidad excesiva es una aberración para el skyline no sólo capitalizado por la Giralda sino también para la línea ribereña de Triana. ¿O es que muchos que están vociferando permitirían un rascacielos en la calle Betis pese a estar alejado de la zona patrimonial histórica de la Catedral? Y no me olvido de señalar que el Convenio señala en su artículo 4 que cada Estado lo aplicará según el reparto de competencias territoriales existentes, es decir, la responsabilidad del caso Pelli-Cajasol se reparte entre Ayuntamiento, Estado y Junta de Andalucía. A cumplir la ley, en concreto la publicada en el BOE de 5 de febrero de 2008.
Me entristece especialmente que esto suceda en Sevilla porque aquí surgió el germen del paisajismo responsable, del urbanismo sostenible. Fue la conocida como Carta de Sevilla, la Carta del Paisaje Mediterráneo que proyectaron en 1992 las autoridades de la Junta de Andalucía, la Toscana y el Sur de Francia. Donde se recogían bellas palabras sobre el paisaje como “manifestación de la relación sensible de los individuos y sociedades con su territorio”. Esa sensibilidad que parece queremos destruir aquí en Sevilla, paradójicamente sede oficial de la Mesa Técnica de la Red Europea de Autoridades Locales y Regionales para el Desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP-ENELC).


* Giralda Info - Opinión - 29.1.12

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