IDEAL/Almería* : El presidente del PP-A, Javier Arenas, demandó ayer un «gran acuerdo social y político» en Andalucía para dar solución a la situación de alrededor de 300.000 viviendas «alegales» en la región, lo que atribuyó a la «gestión nefasta» de la Junta en materia urbanística, al tiempo que anunció que su partido elevará al Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) para adoptar «medidas transitorias» que palien la situación del inseguridad de miles de familias. Entre la batería de iniciativas que Arenas trasladó en una reunión de hora y media mantenida ayer en Almería con unos 30 de representantes de residentes británicos en la Comarca del Almanzora agrupados bajo las siglas 'Almanzora Abusos Urbanísticos-No' (AUAN) detalló, asimismo, la presentación de mociones en los ayuntamientos afectados para, «de acuerdo» con el PSOE, poner término a que muchos propietarios que han pagado la licencia municipal y los impuestos «no tengan luz y agua», lo que, a su juicio, es una «cuestión de derechos humanos».
En esta línea, aseguró que se trata de «un problema importante y real» que afecta a «muchas personas que han venido de fuera a vivir en Andalucía» y que, por tanto, «procede» abordar «con todas las consecuencias» una situación que afecta a «una gran fuente de riqueza y también de creación de empleo». «Tenemos que aprovechar cara al futuro que la región es la mejor zona residencia de Europa y no cargárnosla mediante la inseguridad y la desconfianza que genera la normativa jurídica», subrayó.
Arenas arremetió así contra lo que calificó de «diarrea legislativa» de la Junta de Andalucía que ha venido, en los últimos años, a «complicar el panorama» en materia urbanística al tiempo que avanzó que, desde el PP-A, van a impulsar «modificaciones» en torno al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -«que hasta el nombre tiene feo», ironizó- y a la «famosa» Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que ha sido «tan eficaz que su reglamento que ha tardado diez años en desarrollarse».
Sobre la necesidad de promover un «gran pacto social y político» para dar solución a las viviendas «alegales» e impedir situaciones «terribles e impensables», trasladó que no es una iniciativa «ni singular ni extraña» e hizo referencia a acuerdos similares que se han alcanzado en Madrid, Extremadura, Cantabria, Aragón o la Rioja.
Recordó, al hilo de esto, que se han dado «pasos muy importantes» en algunos municipios grandes como Marbella, Jaén o Chiclana y señaló de vital ese acuerdo en municipios pequeños «con muy poco asesoramiento». «Hay que dar respuesta a las víctimas, a aquellos compradores de buena fe», concluyó.
* Ideal - EP. - 27.11.10
Foto: Arenas mantuvo ayer un encuentro en Almería con representantes de residentes británicos en la Comarca de Almanzora. :: EFE
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SUR/Málaga* : Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Nerja, después de las dos sentencias adelantadas por este periódico en los últimos meses, la primera, en mayo pasado, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga a indemnizar a una empresa por la expropiación, por debajo de su valor, de parte de los terrenos donde se ha previsto la construcción de la futura depuradora; y la segunda, conocida esta misma semana, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de Málaga anula el planeamiento del polígono industrial de Castillo Alto. Ambas han sido recurridas por el gobiernod local del PP. Ahora el TSJA ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto a finales de 2006 por el Ayuntamiento nerjeño en contra del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTAX), aprobado por la Junta de Andalucía en el decreto 147/2006 de 18 de julio.
Entre otras cuestiones que afectan al planeamiento urbanístico del municipio, este documento anuló la clasificación como suelos urbanizables de los terrenos del campo de golf de La Coladilla, que el Ayuntamiento vendió cuatro años antes a la multinacional Medgroup por quince millones de euros. Estos suelos estaban reconocidos como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la propia Junta de Andalucía aprobó en el año 2000.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, el Ayuntamiento nerjeño denunciaba que la aprobación del POTAX era contraria a derecho ya que «fue anterior al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, por desconocer el derecho de participación y audiencia de la actora y por omisión en su tramitación del trámite de evaluación ambiental», según recoge el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, el Consistorio nerjeño, gobernado con mayoría absoluta por el PP desde 1999, entiende que el plan urbanístico de la Junta «desconoce asimismo la autonomía de los municipios al proceder indebidamente a la clasificación de suelo, vulnerando igualmente la legislación sobre dominio público», según se recoge en la sentencia.
Sin embargo, el alto tribunal andaluz va desmontando, a lo largo de las doce páginas que componen este veredicto, los argumentos municipales, con alusiones a normativas regionales, nacionales, y europeas, así como a diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En el apartado séptimo, el TSJA se centra en la demanda del Ayuntamiento acerca de que el POTAX cambia la calificación de varias zonas del PGOU nerjeño, en concreto «Los Tablazos, Maro, Sanguino o en el sector del suelo urbanizable SUNP-RDT, que en la aprobación definitiva del documento pasaron a estar contempladas como tales zonas de interés territorial». A este respecto, el TSJA sostiene, citando la sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989: «En relación entre el interés local y el supralocal es claramente predominante este último». «Es más, en ámbitos estrictamente urbanísticos, propios de la intervención local, las atribuciones no sólo en materia de ordenación del territorio sino en otras como el medio ambiente o incluso el urbanismo, autorizan también la actuación autonómica», señala también el TSJA.
Pleito con Medgroup
El alto tribunal asegura que el POTAX respetó la autonomía local constitucionalmente garantizada. En el fallo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas. El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), dijo ayer a este periódico que no tenía constancia oficial de este fallo, pero que cuando lo tengan estudiarán si se puede recurrir. La sentencia podría sentar un precedente judicial en el pleito que mantiene Medgroup contra el Ayuntamiento, al que le reclama los 15 millones pagados al no poder ejecutar el campo de golf.
* Sur - 27.11.10< Foto: nerja - hotel-construido-en-dominio-publico - google
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LEVANTE/Valencia* : La relación de Moncada y sus cargos públicos con Emarsa, la empresa que gestiona la depuradora de Pinedo, ha sido más que buena. Si el número dos en el ayuntamiento de l'Horta Nord, Luis Botella de las Heras, facturó 114.978 euros de la empresa que gestiona la planta entre 2005 y 2010, ahora es una firma del municipio, concretamente la de los cuñados del alcalde, Juan José Medina, la que ha facturado 1,66 millones de euros en los últimos seis años, según las auditorías hechas en el ente. Según explicaron desde Gea Manuel SL, la firma de los hermanos de la mujer del alcalde, su relación con Emarsa viene desde hace unos 14 años, ya que entraron de la mano del ex presidente de Unión Valenciana, Juan Vicente Jurado, cuando era presidente del Consell Metropolità de l'Horta, del que dependía Emarsa, y por lo tanto no tiene nada que ver con su cuñado. Su relación contractual, añadieron, es un convenio mensual de mantenimiento de seis bombas de la depuradora repartidas por otras tantas poblaciones.
Por ello facturan 144.000 euros anuales. A este fijo hay que sumarle otras obras de mantenimiento que no supieron concretar y que, según las auditorías, completaría los 1,66 millones. Uno de los responsables de la empresa aseguró que su trabajo está muy ajustado al presupuesto y que al mes obtienen unos 1.000 euros de beneficio.
Los dos administradores de esta empresa son también hermanos de Concha Gea, concejal del equipo de Gobierno de Medina y también cuñada. Gea trabaja en la Diputación de Valencia donde el edil de Moncada es vicepresidente primero y portavoz del PP.
Cabe recordar que Enrique Arnal, concejal del equipo de Medina entre el 1999 y 2001, fue director financiero de la depuradora de Pinedo. En estos momentos, la Emshi ha presentado una querella por presuntos delitos de estafa continuada y malversación de caudales públicos, así como administración desleal.
Sobre la contratación de Gea Manuel SL, así como todas las demás adjudicaciones, el Partido Socialista aseguró que "son irregulares y se realizaron al margen de la ley". Para esta denuncia, el PSPV se basa en las auditorías realizadas sobre las cuentas de Emarsa.
Por otra parte, el Comité de Empresa de Emarsa, ahora en liquidación, cargó ayer contra los gerentes de la depuradora. "La depuradora ha sido rentable toda la vida y solamente su declive se ha producido por conductas presuntamente delictivas programadas y orquestas por gerentes y consejos de administración, todos ellos de carácter político y al servicio de intereses partidistas", aseguraron. Para el órgano de representación de los trabajadores, que se irán a la calle con la liquidación de la empresa pública, calificaron el escándalo de Emarsa como una "epidemia de corrupción" y exigieron su derecho a conservar sus puestos de trabajo.
En otro orden de cosas, el PP, al frente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, rechazó ayer con sus votos una propuesta del PSPV para "exigir" la dimisión del presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), el popular Enrique Crespo, así como de los cargos orgánicos del PP en la capital valenciana que ocupaban puestos de responsabilidad en Emarsa tras las irregularidades detectadas en su gestión.
El portavoz del PP en el consistorio, Alfonso Grau, acusó a los socialistas de que esta moción es "una historia más para tirar las responsabilidades a este equipo de gobierno y a la alcaldesa en un asunto en el que, como en otros, no tiene nada que ver".
* Levante - 27.11.10
Foto: Moncada (Valencia) - moncada
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LNE* : El Principado toma como ejemplo lo hecho por Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid y se venderá a sí mismo su parque inmobiliario por valor de 102 millones de euros. Además, aumentará un 40 por ciento el canon del agua. Estas son dos de las medidas que el Principado anunció ayer que aplicará para lograr liquidez con la que cumplir los objetivos políticos que el bipartito PSOE-IU se ha marcado en el Presupuesto de 2011, que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. El Presupuesto, influido duramente por la crisis, tendrá un montante de 4.133 millones, un 6,7 por ciento menos que el inicial de 2010 y un 3,3 por ciento menos respecto al Presupuesto que tuvo que ser modificado meses atrás.
La operación de crédito encubierto del Principado a través de Vipasa se centra en generar más deuda saltándose el límite de endeudamiento marcado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las autonomías dentro del plan para la reducción de déficit y gasto públicos. Esta es la gran novedad del último presupuesto de Vicente Álvarez Areces como presidente, y de la legislatura. Esta operación sigue los pasos del Ayuntamiento de Madrid, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que ha vendido la mayor parte de Mercamadrid a una empresa municipal para conseguir dinero para pagar a sus proveedores. El gobierno local de Gallardón también vendió el año pasado 18.000 viviendas públicas por 260 millones de euros para alimentar su presupuesto. Este año ha vendido unas 630 por valor de 64 millones.
En el caso de Asturias, el Gobierno del Principado venderá a la empresa pública Viviendas del Principado S. A. (Vipasa) parte de su parque inmobiliario -unas 7.500 viviendas- por valor de 102 millones de euros, eludiendo así el límite de endeudamiento permitido. Vipasa, que hasta ahora simplemente gestionaba estas viviendas, en su mayor parte de alquiler protegido, pasará de casero a propietario en una operación que le obligará a solicitar un crédito por esta cantidad.
A falta de concretar los pormenores de la actuación, la versión que ayer ofreció Jaime Rabanal es la siguiente: Vipasa se comprará 100 millones en viviendas del Principado -no cuantificó cuántas- y pagará dos millones «por otros» bienes patrimoniales del Principado que no quiso precisar. Tras esto, las viviendas serán ofrecidas por Vipasa a sus actuales arrendatarios, que en todo caso mantendrán sus condiciones actuales aunque no acepten comprar los inmuebles. Rabanal defendió esta decisión argumentando que «en un momento como este hay que poner el patrimonio del Principado al servicio de las políticas públicas». El Consejero lanzó un mensaje tranquilizador al sector inmobiliario asegurando que estas ventas «no entrarán en competencia con la promoción privada o concertada» porque «no sería deseable» en plena crisis del ladrillo. Además, Rabanal aseguró que parte de estos 102 millones servirán para mantener las ayudas a la vivienda en niveles «similares a los de 2010» compensando en parte el gran recorte que han sufrido las subvenciones del Estado en este campo.
Desde Izquierda Unida, formación que controla la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de la que a su vez depende Vipasa, se reconoció abiertamente que la operación es para «acudir al endeudamiento», alegando que Asturias se lo puede permitir porque es una de las regiones más saneadas del país. Además, desde la coalición se aclaró que el crédito de 102 millones que tendrá que pedir Vipasa «no pondrá en peligro su viabilidad». Este dinero, según IU, se destinará a inversiones.
Además de estos 102 millones extras, el Principado ingresará el año que viene 10 millones más a través del canon del agua. Este ejercicio el Principado ha ingresado 25 millones por este concepto. Para 2011 ha presupuestado 35 millones, lo que supone un incremento de esta partida de un 40 por ciento. Desde la Consejería de Economía se aseguró ayer que esta subida no afectará por igual a todos los usuarios. Lo anunciado por Rabanal es que la subida del agua se llevará a cabo con una modificación del recibo. Así, los consumos mínimos serán sustituidos por una cuota fija y otra variable, haciendo distinción entre los consumos domésticos y los industriales. Esto garantiza, según la Consejería, que «todas las unidades contaminantes asuman los costes fijos generados con independencia del consumo realizado o de la forma en que el agua sea suministrada». Las medidas recaudatorias extras incluyen el nuevo impuesto verde -una cesión de la parte socialista del Gobierno a IU- que aportará a las arcas regionales 8 millones de euros al repercutir sobre el uso industrial del montes.
Pero no todo serán subidas de impuestos. En el tramo autonómico del IRPF se crea una deducción para fomentar la gestión forestal sostenible por parte de los propietarios de fincas. Se estima que esta deducción puede beneficiar a 300 asturianos.
En lo que se refiere a los niveles de inversión anunciados ayer por Rabanal, éstos llegarán, incluido el dinero que destinarán a este capítulo las empresas públicas, a un total de consolidado de 1.070 millones. Este año la cantidad fue de 1.280 millones. Con este dinero el Principado, entre otras cosas, garantiza el final de las obras del nuevo Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) y cumplir los compromiso recogidos en el pacto social con los sindicatos y la patronal. Las inversiones previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social para este año llegan a los 350 millones de euros. Otro gran proyecto que tendrá fondos suficientes será el centro cultural Niemeyer de Avilés.
Rabanal destacó que el Presupuesto mantiene «el firme compromiso con la austeridad», ya que el gasto corriente se reduce un 4,89 por ciento y con el sostenimiento de lo servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). El 68,21 por ciento de los 4.133 millones de euros del Presupuesto es gasto social, un punto superior al de 2010 (67,23 por ciento). Algunas de las escasas partidas que no se reducirán son, según Rabanal, las dedicadas a I+D+i, que crecerán en un 2,85 por ciento, y los fondos de la Universidad de Oviedo, un 5 por ciento.
Al tiempo, el consejero de Economía se mostró confiado en que el Principado cumpla el límite de endeudamiento impuesto por el Gobierno central. Rabanal explicó que Asturias cerrará el año con una deuda de 1.827 millones de euros, lo que supone 7,8 puntos respecto al Producto Interior Bruto (PIB), «dos puntos por debajo de la media de todas las comunidades autónomas», aseguró. Para Rabanal, «es el Presupuesto adecuado para hacer frente a la crisis». El documento final llegará a la Junta General del Principado a lo largo de la próxima semana para su debate.
* La Nueva España - 26.11.10
Foto: Oviedo, calle Uría - laregioninternacional.com
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MILENIO* : Cuando Javier Cenicacelaya, reconocido urbanista español, visitó Monterrey por primera vez, se asustó con la velocidad que los vehículos alcanzan en las avenidas Morones Prieto y Constitución, a las que califica de verdaderas autopistas. Pero, a la vez, se asombró con el desperdicio en que se ha convertido el espacio que las separa: el río Santa Catarina, similar por su trazo en medio de una ciudad al Támesis y al Sena y que, a su juicio, podría ser el detonante de la ciudad a nivel mundial. El foro "Nuevo Urbanismo, Una Solución Inteligente", convocado por el EGAP, reunió este miércoles a la crema y nata de esta corriente, que muchos gobiernos, principalmente de Europa, utilizan para la reconstrucción de sus ciudades. Uno de los precursores del Nuevo Urbanismo, el arquitecto cubano Andrés Duany, criticó que Monterrey pretenda asemejarse a una ciudad norteamericana, como Dallas, y base la movilidad de su población en el automóvil, cuando es claro que no todos los habitantes tienen la posibilidad de comprarse uno.
Por su parte, León Krier, teórico del urbanismo de origen italiano, urgió a recuperar la identidad del primer cuadro de Monterrey, no mediante la construcción de más museos o centros comerciales, sino con el regreso de sus habitantes y la mezcla de todos estos factores.
Reconstrucción es una oportunidad para corregir
Los múltiples daños que dejó el huracán Alex en la zona metropolitana de Monterrey generan la oportunidad de que las autoridades corrijan una serie de errores que arrastra la ciudad, afirmó el arquitecto argentino, Rubén Pesci.
El también asesor de la administración estatal expresó que luego de la destrucción que dejó el meteoro, las autoridades deben aprovechar para realizar ajustes en la vida urbana de la ciudad, como elevar la cantidad poblacional por hectárea de la ciudad, construir represas que capten agua y eviten inundaciones, incluso dentro de la zona metropolitana; y ya no urbanizar en zonas bajas o de río.
El urbanista, que ha participado en proyectos a nivel internacional, comentó que actualmente se comete en Monterrey es optar por una baja densidad poblacional, pues al día de hoy se ubica aproximadamente en 47 habitantes por hectárea, mientras que el promedio en América Latina se encuentra en 250 personas por hectárea.
“Hay que hacer medidas de retención de agua, ésta es la gran ingeniería del futuro, la retención de agua, entonces, (se deben hacer) microrepresas, microcontenciones, inclusive en las áreas urbanas, generando a veces pequeños lagos urbanos, reservorios para que cuando vienen estos grandes aluviones haya espacio para retener el agua o para disminuir su velocidad, esto ya está contenido incluso en el Atlas de Riesgo.
* Milenio - 24.11.10
Foto: Monterrey (México) - maps-of-mexico
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CANARIASAHORA* : El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, formado por el PP, se dispone este viernes a aprobar en el pleno municipal el Avance de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, documentos, que en sus contenidos se vuelve a incurrir de manera flagrante en la inseguridad jurídica alegada por el propio alcalde, Francisco González, como motivo para desistir en mayo de tramitar el anterior PGOU. A pesar de que la inseguridad jurídica, así, de manera genérica, fue el principal motivado esgrimido por el Gobierno de Canarias para sugerir al Ayuntamiento que desistiera de tramitar el anterior PGOU investigado en el caso Góndola, esta vez y partiendo "de cero" para la redacción de un nuevo documento, el hecho de que el Ayuntamiento de Mogán no haya publicado en el Boletín de la Provincia la encomienda realizada a la empresa municipal Gesmogán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno el 2 de agosto pasado, para que esta se haga cargo de la redacción del PGOU, supondría el principal problema con que se encontraría el nuevo documento cojo.
El expediente simplemente recoge que se ha realizado la encomienda, pero no figura en el mismo documento alguno que así lo acredite en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según exige el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según han corroborado a CANARIAS AHORA fuentes conocedoras del mismo, por lo que todo el proceso que pende de la aprobación de este viernes quedaría en el aire, en inseguridad jurídica de pleno, de haber recursos judiciales contra el mismo.
Además, las fuentes que han examinado los documentos que han de aprobarse este viernes por los concejales han vuelto a detectar un error reiterado y que ya fuera destacado por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en su informe demoledor contra el anterior PGOU: el técnico municipal se limita a informar sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) sin entrar en el fondo del mismo, que fue precisamente lo que hizo a raíz del rapapolvo del Gobierno canario, cuando debió analizarse el contenido del ISA a priori, cosa que no vuelve a suceder en estos nuevos documentos.
Este informe meramente superficial sin desentrañar si la empresa encargada de realizar el ISA se ha ajustado a derecho, de manera motivada, ha vuelto a ser redactado por un trabajador con categoría de laboral y no por funcionario de carrera, como viene siendo habitual en todo lo relativo al urbanismo de Mogán contraviniendo las normas legales. Aún así, la aprobación de este viernes es sólo el Avance y no el Plan General en sí.
En mayo, el PP desistió de tramitar el PGOU al poner en duda la Dirección General de Urbanismo autonómica la legalidad del documento en el que se justificaba, por ejemplo, la instalación de una depuradora del empresario Santiago Santana Cazorla en Taurito, a todas luces ilegal según las Normas Subsidiarias de 1987 -nulas de pleno derecho al no ser legalizadas hasta enero pasado- que se pretendía legalizar ahora, ya que estaba contemplada su calificación legal en la Aprobación Inicial de 2006 del PGOU desechado.
La Dirección General de Urbanismo incidió en el hecho de que la redacción de convenios no debidamente justificados convertían los mismos en documentos arbitrarios sin criterio alguno y sin calificación objetiva de los aprovechamientos urbanísticos a favor de la Corporación y en interés del erario público.
Además, cuestionaba abiertamente la "indebida clasificación de ciertos suelos como urbanos o urbanizables", cuando debían estar protegidos por directivas europeas al ser hábitats naturales, en concreto en áreas de interés económico de la urbanización Anfi del Mar-Patalavaca y en Costa Taurito, propiedad del empresario también imputado en el caso Santiago Santana Cazorla.
En sus conclusiones, el informe del Gobierno de Canarias advertía al Ayuntamiento de Mogán de la "evidente debilidad jurídica del procedimiento hasta ahora tramitado" por la carencia de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, por lo que sugirió al consistorio presidido por Francisco González, "en aras del principio de seguridad jurídica, iniciar nuevo expediente de tramitación y aprobación del Plan General, debiendo desistir la Corporación municipal del actual expediente 2006/0462".
* Canarias Ahora - 25.11.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
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LAVOZDEGALICIA* : La actuación urbanística con la que recuperó una de las zonas más degradadas de la ciudad de Dublín ha pasado a ser estudiada en numerosas escuelas de arquitectura de todo el mundo, tal y como recuerda Sandra Costa en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, Cesuga. La irlandesa Valerie Mulvin era la examinadora externa de los alumnos de arquitectura de este centro coruñés y, una vez concluida esa función, volvió esta semana al mismo para participar en un seminario de urbanismo en el que los alumnos de quinto curso le mostraron sus proyectos de fin de carrera. La docencia es una de las actividades del estudio de arquitectura y urbanismo McCullough Mulvin Architects, que dirige la arquitecta autora del proyecto Temple Bar Framework Plan en Dublín; Irlanda, Reino Unido o Suiza son tres de los países a los que se desplaza habitualmente esta mujer para impartir docencia. La sonriente arquitecta apuntaba que la situación por la que en estos momentos está atravesando Irlanda responde a las dificultades de gran parte de Europa, «de toda la zona euro», matizaba. «El tigre celta surgió de la burbuja inmobiliaria», aseguró, y defendió la necesidad de poner en marcha «formas más sostenibles de hacer arquitectura».
Ante la pregunta de si su proyecto para una zona degradada de Dublín se encontraba dentro de esa arquitectura sostenible que defendía, Valerie Mulvin afirmó que podría considerarse así puesto que se había llevado a cabo la recuperación de casas que estaban en muy mal estado y que habían pasado a ser habitadas, además de dotar a la amplia zona de la ciudad sobre la que intervino de todos los servicios necesarios para los residentes «como hospitales y escuelas».
Más de 20 premios
Sandra Costa apuntaba que la arquitectura del estudio de Mulvin ha sido ampliamente recogida en publicaciones especializadas como A+U, Domus, El Croquis y Detail, entre otras, «y en la actualidad es uno de los estudios de arquitectura de referencia en Irlanda, como lo demuestran los más de 20 premios y reconocimientos internacionales recibidos desde el año 2005».
Además de la docencia, Mulvin apuntó que en su estudio tienen «menos trabajo, debido a la crisis» pero, a pesar de ello, están llevando a cabo diversos proyectos como son la construcción de un hospital, escuelas o «un edificio de investigación científica dedicado a la economía de la inteligencia».
En su encuentro con los alumnos del Cesuga, Valerie Mulvin fue comentando con ellos diversas cuestiones e interesándose por las propuestas que hacían, ante las maquetas de sus proyectos, Brais Ferro, Pedro Caldas, Celia Arcas, Alba González, Elena Bravo, Ignacio de la Iglesia y Toni García. Todos ellos están elaborando sus proyectos de fin de carrera, «que en el caso de nuestro centro va acompañado por un trabajo de investigación asociada», explicaba Sandra Costa.
En cuanto a la llamada arquitectura espectáculo que ha proliferado en los últimos años, Valerie Mulvin sostiene que esta corriente es el resultado de «mucha gente interesada en la arquitectura de marcas globales» y que, debido a los actuales cambios económicos, tendrán que empezar a plantearse para qué es esa arquitectura, con lo que augura un cambio «de lo global a lo local». En este sentido, aseguró la arquitectura irlandesa que va a lo local y la que busca el espectáculo «es como el que compra unos pantalones vaqueros normales y el que se compra unos de marca».
* La Voz de Galicia - 26.11.10
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