LAVOZDEGALICIA* : Lo asume el propio Feijoo. Galicia es la última comunidad del arco atlántico europeo en regular su costa. Cuando la Xunta apruebe, dentro de unas semanas, el plan del litoral y las directrices del territorio cerrará la ordenación urbanística del Cantábrico con un retraso medio de más de diez años respecto a Asturias, Cantabria y el País Vasco, comunidades que han consolidado una extensa y reconocida trayectoria en la gestión urbanística. Desde que la Lei do Solo del 2002, machacada en su rigor proteccionista por las sucesivas reformas, encomendó la provisión de unas directrices y un plan integral para la costa, Galicia ha invertido ocho años y tres Gobiernos distintos en resolver una de sus grandes asignaturas pendientes. Mientras el debate del riesgo de marbellización del litoral gallego asomaba al Parlamento, en el 2006, Asturias recogía el premio al mejor planeamiento territorial de Europa por su plan litoral.
Aquel mismo año, en Foz se visaron proyectos para 3.246 nuevas viviendas, y en Barreiros, para 1.149. Entre los años 2000 y 2005, antes de que el sector del ladrillo saltara por los aires, el parque gallego de segundas residencias aumentó en 55.000 unidades, casi el doble que la suma del asturiano (21.000 casas) y del cántabro (11.000).
Cuando a Asturias le llegó el reconocimiento europeo, su Gobierno llevaba 15 años trabajando en la protección del litoral. La aprobación del plan, en mayo del 2005, estuvo prologada por una fase previa de preservación de la costa, que dio continuidad a una anterior de dinamización que posibilitó la recuperación de las playas y de la fachada marítima asturiana.
Cantabria cuenta desde el 2004 con una planificación de su litoral con rango de ley. Como el asturiano, el cántabro ha sido otro modelo para Galicia. Por algo el Gobierno de Touriño reclutó como directora técnica del plan del litoral gallego a la que fue directora de Ordenación del Territorio del Ejecutivo de Cantabria, Miriam García, que ha mantenido con la Xunta de Feijoo la responsabilidad que le dio el bipartito. El modelo cántabro, que prologó su plan con una moratoria de dos años a la construcción en la costa, fue adoptado en Galicia con la ley de los 500 metros. Esa comunidad cuenta con directrices del territorio desde el 2001.
El precedente más inmediato para la ordenación gallega de la costa es el vasco, en vigor desde el 2007. Pero la pieza clave son las directrices, aprobadas en 1997, que se desarrollan en 15 planes parciales y varios sectoriales, como los dedicados a la implantación del AVE y la energía eólica.
Galicia también es la última comunidad costera española que pone orden en su litoral.
* La Voz de Galicia - 28.11.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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ELPAÍS/Alicante* : "Orihuela huele a basura", rezaba una de las pancartas que mostraron algunos de los 300 vecinos que ayer se concentraron ante el Ayuntamiento de esta localidad del sur de Alicante, donde el caso Brugal, una supuesta trama político empresarial ligada al negocio de la basura, afecta a más de 20 cargos del PP y decenas de empresarios y colaboradores. La Plataforma por la transparencia y contra la corrupción de Orihuela, integrada por 15 colectivos cívicos (partidos de izquierda en la oposición, sindicatos, asociaciones vecinales y grupos cívicos) tuvo verdaderos problemas para publicitar la convocatoria.
La Policía Local inmovilizó el vehículo que la anunciaba por megafonía, y el Ayuntamiento amenazó con llevar a los tribunales a las emisoras de radio que difundieran unas cuñas "absolutamente manipuladas" que contenían titulares de prensa relacionados con la corrupción publicados durante los últimos meses. Pese al boicot del PP, el frío y la lluvia decenas de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento, algunos disfrazados de presos, otros de payasos. En las pancartas se leía: Imputados del PP dimitid pitando o Yo pago, tu pagas, el paga y ellos roban. En la protesta se radiaron algunas conversaciones telefónicas entre empresarios y políticos del PP incluidas en el sumario judicial. En el discurso, que leyó Guadalupe Sánchez, portavoz de la plataforma, exigieron la dimisión de los cargos imputados, la creación de una comisión de investigación y fomentar una regeneración de la vida pública. Además, mostraron el "rechazo al contenido repugnante de unas grabaciones que ponen de manifiesto operaciones mafiosas" que presuntamente han realizado empresarios y políticos afines.
Mientras esto ocurría en la puerta del Ayuntamiento, su alcaldesa, Mónica Lorente, del PP, se dio un baño de multitudes reuniendo a un millar de deportistas y aficionados para inaugurar un polideportivo en la zona de la costa.
* El País - 28.11.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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LAPROVINCIA* : Las investigaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad del Estado y el poder judicial en Lanzarote y en Madrid a cuenta del caso Unión vuelven a situar a los empresarios en primera fila. Tras los arrestos, esta misma semana, de los directivos Marcos Aurelio Hernández (Fomento de Construcciones y Contratas) y Francisco José Martínez Llerandi -de Urbaser, una filial de la conocida ACS de Florentino Pérez- son ya diez las empresas de postín que se han visto involucradas en los ocho grandes casos de corrupción que desde 2005 se vienen investigando en Canarias. Las pesquisas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, unidas a las resoluciones judiciales, han motivado a día de hoy que más de 150 personas -con un buen puñado de políticos, técnicos y funcionarios al frente- se hallan visto imputadas en algún momento de las instrucciones de causas tan complejas y prolijas como Eolo, Faycán, Doramas, Brisan, Paraíso, Góndola, Unión o Las Teresitas.
En este amplísimo grupo se cuentan, entre grandes y pequeños, a medio centenar de empresarios. La mayoría continúa arrastrando la situación de imputado en unos turbios asuntos que siguen pendientes de ventilarse mediante juicios. Vistas que aún no tienen fecha.
El último golpe dado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado bien a las claras que la presunta comisión del delito de cohecho, el más extendido, no es una cuestión reservada para los inversores de menor enjundia, los que estén atravesando una situación más delicada.
La primera empresa de categoría que se vio salpicada en una operación de este tipo fue Hidrocantábrico, sociedad de la que era intermediario Enrique Guzmán, uno de los imputados en el caso Eolo. Su sumario, que ha dejado tras de sí una media docena de encartados, bucea en un intento de amaño en la adjudicación del concurso para la construcción de parques de aerogeneradores en las islas. Éste será el primer caso que se cierre con una vista oral que algunos sitúan en la Audiencia Provincial al inicio de 2011.
Tras Eolo llegó Faycán. En Telde han sido cuatro las compañías de reputado prestigio que se han visto relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras, contratos y servicios por el Ayuntamiento de Telde entre 2004 y 2006. A saber, las constructoras Dragados y Mazotti -con su ex director regional, Abelardo Martínez y su administrador Alejandro Navarro a l frente- la empresa Cobra (Antonio Nadal) y la cooperativa Grupo Europa (José Manuel Antón). A todos ellos se les acusa de cometer sobornos con la edil fallecida Toñi Torres para hacerse con proyectos o construir viviendas en el municipio.
El doblete de Grupo Europa
La instrucción de Góndola, en Mogán, sirvió para añadir al listado el nombre del empresario canario Santiago Santana Cazorla, en el punto de mira de la Justicia por haber construido una depuradora en un lugar inadecuado. En esta causa repite nominación la cooperativa Grupo Europa, que aspiraba a levantar, como en Telde, promociones de casas de protección oficial en el sur de la isla.
Sin salir de Gran Canaria, también se contabilizan una serie de casos de presunta corrupción de segunda nivel -Doramas, Paraíso y Brisan- en los que los empresarios implicados se emplazarían en un segundo escalón por su 'modestia', a excepción de Mazotti, que repite en San Bartolomé de Tirajana.
Por último, en Lanzarote se encuentran las citadas Urbaser y FCC -con Jacinto Álvarez y su libreta como elementos claves en las indagaciones y otros seis empresarios de estas sociedades- y en Tenerife son Antonio Plasencia e Ignacio González los que representan la cuota del empresario potentado en el caso Las Teresitas, con un buen puñado de tomos por desvelar.
* La Provincia - 29.11.10
Foto: Telde (GranCanaria), ayuntamiento - infolabtelde.blogspot.com
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ELPAÍS* : Tres años después de su detención en Tortosa (Tarragona), Ángel Crespo y María Victoria Ferrer entran elegantes pero cabizbajos en la Audiencia de Guipúzcoa, donde volverán a verse las caras con las 44 personas a las que presuntamente estafaron a través de la inmobiliaria Urbancasa. Esta vez, con esposas y con licencia para callar o decir únicamente la verdad. Y con una petición del fiscal de siete años y nueve meses de prisión para ambos por un delito de estafa continuada. La primera confesión de Crespo no se hace esperar: "Habría podido pagar las deudas si no estuviera en la cárcel". Más de un total de un millón de euros por 27 acciones fraudulentas en la Ribera de Navarra y en Guipúzcoa. Cifras que tampoco recuerda exactamente. "Yo no puedo comunicarme. No sé si usted sabe cómo es la prisión de Martutene", espeta al fiscal.
Por la Audiencia de Guipúzcoa han pasado a lo largo de las dos últimas semanas testimonios desgarradores de acusados, que sobrellevan el caso como pueden: algunos con resignación y otros con abatimiento. La mayoría de los episodios, en ocho localidades, siguen un mismo patrón. Los estafados ven en una revista un anuncio de una promoción urbanística. Se interesan por ella y Crespo y Ferrer -a quien la defensa y el presunto estafador han tratado de presentar como simple parte firmante- les enseñan el terreno, una casa piloto y les prometen que disponen de todas las licencias. Los afectados entregan un dinero en concepto de reserva y otro como anticipo.
Pasan los meses y las obras no comienzan; muchos timados reclaman su dinero y otros aceptan edificar su casa en otro lugar. En todo momento, Crespo y Ferrer aseguran que hay problemas, pero siempre concluyen diciendo que la casa se construirá. Finalmente, las obras no comienzan y sólo es devuelta una parte del dinero y, además, en algunos casos.
En la salida de la Audiencia de Guipúzcoa, un joven consuela a su novia, que llora por impotencia. Es, según los letrados, el caso más "sangrante" de la estafa. La pareja decidió cambiar su residencia y trasladarse a vivir a Lesaka (Navarra), en un lugar tranquilo. Él, cocinero, y ella, administrativa, solicitaron un préstamo de 150.000 euros para afrontar los pagos de reserva y anticipo, que sumaban 124.000 euros. Tras varios meses, Crespo y Ferrer desaparecen y, aún hoy, siguen sin haber recuperado su dinero. Por el contrario, tendrán que pagar una hipoteca durante los próximos 38 años. "Mi intención es seguir devolviendo el dinero cuando salga de la cárcel, comenzando por el caso de Lesaka", asevera Crespo a la conclusión del juicio.
Pasan las sesiones, comparecen los acusados, los afectados y varios testigos. Incluso, se conoce que Crespo pagó desde la cárcel 18.000 euros a un comisionista francés. El fiscal, que opina que los presuntos estafadores tienen el millón de euros a su disposición, eleva su petición de pena al máximo aplicable a una estafa continuada, ocho años por considerar que, en muchos casos, los estafados querían adquirir las casas como primera vivienda.
Las acusaciones, por su parte, piden diferentes penas. Algunas solicitan un castigo como el que demanda el fiscal, pero otras consideran que se debe considerar cada timo un hecho diferenciado, con lo que las penas podrían llegar a ser de 64 años, ocho por cada localidad.
La defensa, que solicita la libre absolución para los acusados, sostiene que en los contratos queda claro que los inmuebles que los estafados pretendían comprar no son viviendas. "Firmaron a sabiendas de lo que firmaban", remarca. En todo caso, el letrado indica que, en caso de aceptarse la petición del fiscal, deben aplicarse los atenuantes de dilaciones indebidas y de proporcionalidad punitiva de la pena, al haber sido ya condenados por la Audiencia de Navarra. Si esto fuera así, descontando los cuatro años que se les impuso y los tres que han pasado en la cárcel, ambos quedarían libres en 2011. Los afectados, sin embargo, difícilmente recuperarán su dinero.
Los testimonios
- Crespo: "Si no estuviera en la cárcel, habría podido pagar las deudas".
- Ferrer: "No entiendo mucho de estos temas. No sabía que estaba haciendo nada malo".
- Afectados: "Me decían que 'esa casa te la hago por mis cojones". "Sabían lo del crédito y que no dábamos más de sí. Nos quedamos sin dinero y sin casa. Aún nos quedan 38 años de préstamo por pagar". "Fue todo un cúmulo de mentiras. Siempre daban largas, nos decían que estuviéramos tranquilos, que no había prisa". "En vez de casas, había olivos plantados".
* El País - 28.11.10
Foto: Guipúzcoa, urbancasa - accióncontralaespeculación
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SUR/Málaga* : El goteo de alcaldes condenados e imputados por presuntos delitos urbanísticos en la Axarquía preocupa cada vez más a los principales partidos políticos, PSOE y PP, que están viendo como son inhabilitados por conceder licencias de obras para viviendas residenciales en suelo no urbanizable. En los últimos tres años seis han sido las condenas dictadas en firme por los juzgados malagueños, tres de ellas contra ex alcaldes (Salares, Arenas y Cómpeta) y otras tres contra mandatarios elegidos en esta legislatura (Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno y La Viñuela). Las seis condenas suman 54 años de inhabilitación.
Algunos de estos alcaldes tienen además pendientes otros procedimientos que todavía no han sido resueltos, como es el caso del alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, condenado por la Audiencia Provincia a nueve años de inhabilitación después de haber sido absuelto. Además, al menos otros seis alcaldes y ex alcaldes y un número no determinado de concejales y ex concejales están siendo investigados o están inmersos en diversos procesos judiciales todavía no resueltos también por presuntos delitos urbanísticos relacionados con la ejecución de viviendas en el campo.
Este es el caso del ex regidor de Sayalonga, José Luis Navas, que renunció a la Alcaldía del municipio tras ser condenado por un juzgado, pero posteriormente la Audiencia de Málaga revisó la sentencia y decidió absolverle. Lo mismo sucede con el alcalde de Riogordo, Francisco Alarcón, al que la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por la comisión de un presunto delito de prevaricación urbanística por omisión.
En la misma situación están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández; el ex alcalde y actual portavoz del PSOE de Torrox, Francisco Muñoz, por la aprobación de cinco proyectos de actuación, o el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Marín Alba, imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capital, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
Preocupación
La situación preocupa no sólo a los regidores y ediles, sino también a los dirigentes socialistas y populares, ya que consideran que se está pagando un alto precio. «Son buenos alcaldes que no podrán repetir como candidatos porque han sido condenados a inhabilitación», señala el secretario provincial de Organización del PP, Francisco Salado.
«Estos pueblos deben tener el mismo trato que ha recibido Marbella en cuanto a la legalización de las viviendas, pero al final están siendo los que están pagando el pato, cuando la Junta de Andalucía ha estado mirando hacia otro lado», dice Salado, cuyo partido está teniendo problemas para completar las listas y tener candidatos en algunos pueblos como Salares debido a lo sucedido con el ex regidor.
Aunque desde el PSOE nadie quiere hablar abiertamente sobre lo que está sucediendo con el urbanismo en la Axarquía, la preocupación se palpa en el ambiente, ya que está en juego es el gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.
CONDENAS
Cómpeta. Leovigildo Pérez (ex alcalde del Partido Popular), siete años de inhabilitación y 12 meses de multa.
Arenas. Victoriano García (ex regidor de IU), ocho años de inhabilitación. La misma condena para el ex edil de Urbanismo José Antonio Alcoba (PP).
Salares. Jorge Luis Fernández, (ex alcalde PP), un año de cárcel y ocho de inhabilitación.
La Viñuela. Juan Millán, alcalde (PSOE), quince años de inhabilitación y multa.
Canillas de Aceituno. José Manuel Aranda, alcalde (PSOE), nueve años de inhabilitación y 12 meses de multa. Tiene pendientes varios procedimientos más, algunos de los cuales afectan también a los concejales que apoyaron las licencias
Canillas de Albaida. Antonio Gregorio Díaz (PP), siete años de inhabilitación.
Procesos judiciales pendientes. Contra el ex alcalde de Sayalonga y siete ediles; contra el ex alcalde de Torrox y nueve ediles; contra el máximo regidor de Colmenar, contra el alcalde de Riogordo, contra el ex alcalde de Alcaucín y contra el ex alcalde de Benamocarra y su equipo de gobierno, entre otros.
* Sur - 28.11.10
Foto: El urbanismo descontrolado en el suelo no urbanizable de la Axarquía pasa factura a los alcaldes. :: SUR
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ELPROGRESO* : La juez María del Pilar de Lara Cifuentes, que también instruye el polémico caso Carioca, emitió un auto muy crítico con labor del gobierno local, de los técnicos municipales y hasta del Seprona en la tramitación y supervisión de la CS-5 y que, pese a no ser facilitado a las partes acusadas ni a todos los medios de comunicación, se publicó ayer en la página web de la asociación del Parque. En el documento, la jueza ve indicios de infracciones penales como la omisión del deber de denunciar delitos o de prevaricación, especificando que pueden dar lugar a condenas que van de los seis meses de cárcel a dos años. A continuación se extractan algunos de los puntos más significativos del auto judicial.
Indicios serios y contundentes de un posible delito
«A la vista de las diligencias de investigación practicadas puede afirmarse que existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio (...) así como la posible comisión de otras infracciones penales (falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos)».
Constructores, funcionarios y políticos, en el punto de mira
«Pudiéramos estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística (...) parecer haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales, encargados precisamente de proteger el suelo público, y una promotora particular, para, actuando en contra de los intereses generales, beneficiar injustamente a dicho promotor, firmando, informando y aprobando el convenio urbanístico, Peri, proyecto de equidistribución y licencias, que desde el punto de vista de esta instructora, incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo».
Reprimenda al alcalde y la infracción «más flagrante»
Para la jueza, la firma del convenio urbanístico entre el alcalde y el promotor en julio de 2005, sin contar con otro propietario, y la posterior exclusión de su parcela pasándola de la CS-5 a la CS-9 «constituye una infracción grave de la Louga». Además, considera que «la infracción más flagrante, la que lleva a adoptar sin más dilación las medidas cautelares», se ha cometido al faltar los preceptivos informes previos de la Consellería de Cultura al estar afectados los terrenos por las termas romanas, un bien de interés cultural, y el hospital García Portela, un edificio catalogado.
Un informe del Seprona que «llama la atención»
«No puedo dejar de llamar la atención sobre el informe emitido por el Seprona, que al entender de esta juez, incurre en manifiestos errores de índole jurídico, cuando menos, sorprendentes y, en todo caso, contradictorios» con la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1, así como con informes anteriores de la Consellería de Cultura. Añade el auto que «contrariamente a la actuación del Seprona», la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística sí efectúa las mediciones para concluir que la CS-5 está en suelo urbano consolidado a 165 metros de las termas y a 30 del sanatorio.
* El Progreso - 27.11.10
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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