“En concursos públicos te vas a comer un colín, está todo amañado”

ELPAÍS/Barcelona* : Jordi Soriano, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sabadell, es el hombre que mueve los hilos del caso Mercurio. El juez levantó ayer en parte el secreto del sumario, lo que ha sacado a la luz más detalles sobre la trama corrupta en la que permanece imputado el alcalde, el socialista Manuel Bustos. Las conversaciones entre los implicados revelan que diversos empresarios pagaron elevadas sumas de dinero a Soriano a cambio de que este ejerciera su influencia en el Consistorio para obtener la adjudicación de obras públicas.
En su auto, el juez Ramón González detalla que Soriano era el “principal responsable y beneficiario” de la trama y que percibió, presuntamente, comisiones en cinco operaciones urbanísticas relacionadas con el Consistorio: las obras de ampliación del cementerio local, las de la Fira de Sabadell y las del centro cívico de Can Llong, además de una recalificación de terrenos y unas licencias para fincas agrícolas.

Los pinchazos telefónicos atestiguan la trascendencia que los implicados dan a la reforma del cementerio. Sabadell cedió la gestión a la empresa Torra con el compromiso de que esta ejecutara trabajos por 8,7 millones. Las obras fueron encargadas a Constrensnius. Rafael Rojas, que según el juez está ligado a esas dos empresas, habla con otro empresario “en teoría rival” sobre lo que se cuece en el Consistorio, según un informe de los Mossos d’Esquadra al que ha tenido acceso este diario: “En licitaciones públicas, a ver, te pueden dar algo, pero te comes un colín, Mikel. Está todo amañado, ya no saben qué obras se van a dar aquí y todo, o sea que es una vergüenza”.

El juez, por su parte, también detalla algunos de los pasajes más significativos tras dos años de escuchas telefónicas. José Ríos, propietario de Excavallès e imputado en la causa, está descontento. Afirma haber pagado más de 300.000 euros a Soriano. Pero la supuesta intermediación del exconcejal no da frutos. Y Ríos amenaza con tirar de la manta. “Me han ofrecido muchas oportunidades de cosas por hablar del tiet y de ti, y jamás he entrado al trapo”, dice en un mensaje de texto enviado al móvil de Soriano. El tiet es el imputado Melquíades Garrido, constructor, presidente del gremio local y tío del alcalde.

En ese mismo mensaje, enviado el 14 de octubre de 2010, Ríos lanza una amenaza velada a Soriano: “Recuerda a quien tú sabes que las municipales llegan pronto y un escándalo antes de que lleguen no sería lo mejor (...) Me echan como a un perro porque no entro en lo del 3%”, protesta el empresario. Según la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios abonaban a la trama mordidas de hasta 120.000 euros por acceder con ventajas a una adjudicación público. Ese dinero iba, supuestamente, a un “fondo perdido” que se repartían algunos de los cargos políticos implicados en el caso. Una vez finalizada la obra, el constructor debía añadir otro 3% de comisión ilegal sobre el importe de adjudicación, según la fiscalía.

La causa se mantiene bajo secreto en lo que atañe a Bustos y al resto de políticos implicados. Por ahora se desconoce si los cargos públicos se lucraron con el dinero recaudado por Soriano, o si éste actuaba por su cuenta. Según la denuncia del empresario que reveló la trama, Nicolás Giner, Soriano se quedaba parte del dinero, pero repartía el resto entre los políticos.

Los cerca de 2.000 folios del sumario que se han dado a conocer narran, precisamente, la génesis del caso. Giner era un simple recadero que hacía llegar el dinero de los empresarios a Soriano, quien logró embolsarse casi 800.000 euros en comisiones en solo dos años. Arrepentido, en febrero de 2010 Giner contó lo que sabía a los Mossos d’Esquadra, que iniciaron la investigación. El pinchazo de los teléfonos de Soriano y tres empresarios dio los primeros frutos.

El 22 de marzo de 2010, Rojas recibe una llamada de otro de los empresarios investigados, José Manuel González: “Me intersa mucho el hijo de puta del Soriano (...), necesitamos firmar ya, dependemos de esto”, dice en alusión, según el juez, a las obras del cementerio. El citado informe policial añade que el exconcejal del PP “informaba a Rojas de los movimientos que hacía en Urbanismo”. En una de esas llamadas, Soriano le informa sobre el asunto: “Hemos hablado con el tío de que nos estamos jugando mucho en mayo. Que él se juega mucho, que si el nebot vuelve a salir, tiene continuidad; si no, no. Y que, en definitiva, hemos de hacer un frente común con el nebot, él y yo, para que las cosas vayan por donde tiene que ir”, afirma en alusión a las elecciones municipales que se saldaron con la reelección de Bustos.

Los movimientos de tierras han sido un negocio muy lucrativo en Sabadell y también están bajo la lupa de los investigadores. Según el informe policial, Ríos pide a su madre que hable con Bustos: “Dile: Soriano me ha sacado más de 20 millones de pesetas, mi hijo lo tiene todo grabado y lo puede demostrar. Te podríamos haber montado un escándalo y nos hemos callado”. Las intenciones de Ríos llegaron a oidos de bustos, que el 3 de junio de 2010 organizó un encuentro con tres personas de su confianza, incluido el jefe de la policía local. Según el empresario, fue víctima de una “encerrona”. Bustos afirma, en cambio, que solo quiso conocer las acusaciones para impulsar una investigación interna.

El caso es que el dueño de Excavallès no es el único empresario que, en conversación telefónica, admite haber realizado pagos ilegales para obtener trato de favor del consistorio. Así lo hace González: “¿Y tú soltaste pasta?”, le pregunta su interlocutora. “Joder si solté, viviría muy tranquilo con la pasta que solté (...) Vamos a ver si, de una puta vez, este señor [Soriano] se sienta con quien se tiene que sentar y le dice: basta ya de tonterías, yo como de aquí, con lo cual estos señores tienen que hacer la obra”.

El 27 de noviembre, los Mossos registraron el consistorio y otras dependencias. Por ahora hay unas 40 personas imputadas en la causa. En su auto, el juez levanta el secreto de sumario sobre la trama de los empresarios, pero recuerda que “resta abundante documentación por examinar” sobre la participación de los políticos. Entre otras, la del alcalde, que ayer pidió volver a declarar ante el juez para aclarar puntos de su anterior comparecencia y “dejar clara” su inocencia y la de otros cargos municipales imputados. “Desde el principio manifesté mi intención de colaborar al máximo con la justicia”, dijo. Bustos está imputado por malversación de fondos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos.


* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 19 ENE 2013
Foto: Sabadell (Barcelona), ayuntamiento - noticias.es

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Madrid.- El Supremo falla que el campo del golf de Chamberí no es legal

ELPAÍS* : El campo de golf que Esperanza Aguirre estrenó hace cinco años en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en pleno corazón del barrio de Chamberí, no es legal. No cumple con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos. Así lo entiende el Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación que la Comunidad interpuso a la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló con los mismos argumentos.

“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (...) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (...) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, reza a fecha 12 de diciembre de 2012 el texto de la sala quinta de la sección tercera del Supremo, que no admite más recursos y da la razón, como hizo el TSJM, a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, primera en cuestionar que el campo fuera bien de interés general.

“La Comunidad declaró el proyecto bien de interés general para superar el filtro de las licencias, porque no cumplían con los requisitos del Ayuntamiento... Y ni por esas. ¿Y ahora qué? ¿Van a derribarlo y rehacer el parque que había? No les queda más salida”, plantea el abogado José Antonio Jiménez, vecino “de toda la vida” del barrio. “Se refiere más a la forma que al fondo, no significa que haya que derruir las instalaciones”, descartan en el Gobierno regional y en el Canal, donde destacan que en este tiempo el recinto ha tenido 7,5 millones de usuarios (12.000 al mes). Las obras costaron 50 millones de euros.

Las redes, germen de la polémica

La polémica ha perseguido desde sus orígenes al complejo deportivo —dedicado en su mayor parte al golf, también cuenta con pistas de pádel y canchas de fútbol—, que ocupa la mitad de las 12 hectáreas de la superficie del depósito del Canal. La obra fue criticada por vecinos que esperaban que, donde estaba el parque Santander, se construyera un remozado parque público. “El espacio actual dobla la superficie que había”, defiende el Canal. El Ejecutivo autonómico, que obtuvo la primera licencia de obras el 18 de marzo de 2003, optó por incluir un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial. A los lados, unas torres metálicas de 30 metros de altura se suceden sujetando unas redes que evitan que las pelotas de golf salgan de la infraestructura.

Cinco meses antes de la inauguración, el 16 de octubre de 2006, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una “nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de licencia. Aunque no mostraba inconveniente en suprimir un helipuerto que había entonces, en modificar el trazado de la zona verde e incrementar el número de pistas en superficie, exigía la tramitación del plan especial y un informe de evaluación ambiental para conceder la licencia de construcción de tres pabellones y sustentar las redes, cuestionando “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral”. El Colegio de Arquitectos fue más allá y consideró “inadmisible” el campo de golf “en una zona necesitada de espacios verdes y al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público”.

El Consejo de Gobierno salió al paso el 18 de enero de 2007 declarando de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas en su superficie. La Comunidad pensó que así resolvía el problema, que arrastra desde entonces. Voces autorizadas del Gobierno madrileño plantean dos soluciones al entuerto legal. El plan A pasa por justificar la motivación específica de las redes y las plataformas de tiro. El plan B consiste en que el Ayuntamiento haga una modificación puntual del plan general, para lo que depende del visto bueno del Palacio de Cibeles. “Lo que está claro es que eso no se puede tirar, porque la sentencia solo afecta a unas partes muy concretas. Hacerlo sería una locura”, zanjan desde la Comunidad.


* El País - JOSÉ MARCOS Madrid 21 ENE 2013
Foto: El campo de golf desde un depósito del Canal de Isabel II. / RICARDO GUTIÉRREZ

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