TELECINCO* : El Espacio Polivalente Autogestionado Patio Maravillas pide ayuda para evitar el desalojo. Este centro social ocupado en pleno barrio de Malasaña de Madrid lleva más de dos años ocupado y sobre él pende ahora una orden de desalojo. Aunque paralizada en febrero de este año, ahora el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por el Patio y en el que 57 personas se autoinculpaban de ocupación.
El 30 de octubre terminaron de testificar ante el juez las 57 personas autoinculpadas en el proceso jurídico del Patio Maravillas. Pero, el mismo día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso y reactivaba la amenaza de desalojo.
Hace dos años y medio, este antiguo colegio era ocupado por la iniciativa Rompamos el Silencio (ReS). Tras finalizar la Semana de Lucha Social que realiza este colectivo, el espacio fue gestionado por un grupo de personas que, dentro del proyecto, empezaron a realizar actividades como talleres, charlas, proyección de documentales y actividades alternativas abiertas al barrio.
En una página web creada para su defensa, el Patio invita a "las gentes de la ciudad, a los colectivos y movimientos sociales, a las AMPAS, asociaciones vecinales, colectivos de artistas, gays, heteros, lesbianas, migrantes, autóctonos, parados, amas de casa, estudiantes, científicos, poetas, conductores de autobús, precarios y precarias, gentes de Madrid, a que participe con el Patio de este proceso de resistencia". Para ello, piden que se propongan actividades, se les visite o se acuda a hablar con ellos.
El Patio alega que el propietario del edificio está imputado en "casos de corrupción urbanística". Un propietario que, aseguran, " lleva dos años y medio intentando que el Patio no exista para volver a especular con un edificio calificado como dotación social para el barrio y abandonado durante años". Al mismo tiempo, denuncian a "la clase política", más preocupada "por espiarse, pelearse por cuotas de poder y mirar para otro lado a los problemas de la ciudadanía y al terrible modelo urbanístico que han creado y que solo sirve a sus intereses particulares".
El colectivo okupa indica que "depende de nosotros y nosotras, de la sociedad civil madrileña, que impidamos el saqueo de lo común en nuestra ciudad. Que impidamos la impunidad de los especuladores. Que le demos la vuelta al modelo de ‘ciudad marca’ que nos han querido imponer a costa de deudas, paro y precariedad".
"Como tantas otras veces, quieren aislarnos para hacernos desaparecer, invisibilizarnos, negar nuestra existencia. Sin embargo, seguimos con vida. Seguimos respirando. Y así vamos a seguir", concluyen.
* Telecinco Informativos - 13.11.09
Madrid: Los okupas del Patio Maravillas inician una campaña para evitar su desalojo
El Puerto: E.A. critica las propuestas de Urbanismo al Plan de Ordenación de la Bahía
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha criticado que el Área de Urbanismo haya planteado a la empresa redactora del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y Jerez (POTBC) una serie de propuestas "que contradicen al PGOU aprobado provisionalmente hace menos de dos semanas".
Entre las propuestas se encuentra la creación de un polígono industrial en el entorno de Doña Blanca, el desarrollo de Las Beatillas y el rediseño del corredor verde para legalizar varios grupos de viviendas. Según el colectivo conservacionista, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, "debe defender los intereses generales y no los particulares de determinados promotores o entidades financieras, y menos los de los constructores ilegales".
En este sentido, Ecologistas se pregunta en un comunicado "por qué no ha planteado al equipo redactor del POTBC que se incluya en esta norma urbanística ampliar las zonas forestales protegidas, que se constituya una red metropolitana de vías pecuarias y caminos públicos, que se conserve y ponga en valor el patrimonio arqueológico, que se restaure y adecue como parque metropolitano la Sierra de San Cristóbal, sus yacimientos arqueológicos y sus cuevas canteras… en vez de seguir con más de lo mismo, más construcción, más interceder por los ilegales, y menos defender los intereses generales de los portuenses".
Para Ecologistas, el polígono en Doña Blanca "no tiene sentido" ya que hay suelos industriales en el término municipal que siguen sin desarrollarse mientras que recuerda que el proyecto de Las Beatillas fue anulado por su impacto ambiental.
* Diario de Cádiz - 13.11.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
Alicante pagará el nuevo estadio del Hércules con plusvalías urbanísticas
ELPAÍS* : El dueño del Hércules, el contratista Enrique Ortiz, arrancó ayer al Ayuntamiento de Alicante un compromiso institucional para asegurar a corto plazo la supervivencia económica del club de fútbol y relanzar, en el futuro, su impronta deportiva y social. El primer aspecto pasa por afrontar la deuda de la entidad con Hacienda y la Seguridad Social (un total de 14 millones de euros). Y el segundo, y de mayor calado económico, por la construcción de un nuevo estadio.
El acuerdo se alcanzó ayer en una reunión entre la alcaldesa Sonia Castedo, del PP, el contratista, y el portavoz del primer y único grupo de la oposición, Roque Moreno, del PSPV.
Tras la reunión impulsada por la alcaldesa de Alicante, los tres rezumaron optimismo, pese a la vaguedad del acuerdo global: la creación de una comisión municipal para estudiar una solución financiera para la construcción del nuevo estadio. En este terreno, no se fijó ninguna fórmula concreta. La alcaldesa subrayó que, inicialmente, caben todas las posibilidades: terrenos aledaños al estadio Rico Pérez hasta la compensación al empresario con una zona comercial. En cuanto a la deuda del Hércules, el Ayuntamiento se comprometió a mediar con las administraciones implicadas para alcanzar una fórmula de pago que evite la asfixia económica de la entidad.Por segunda vez en 15 años, el Ayuntamiento de Alicante se ha sentido en la obligación de salir en auxilio de la primera sociedad deportiva de la capital, el Hércules CF. La primera fue en 1994, cuando el consistorio, entonces presidido por el socialista Ángel Luna, adquirió el estadio Rico Pérez por 5,4 millones de euros. Con esa cifra el club saldó sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
El estadio retornó en 2007 de nuevo al Hércules, más en concreto a la empresa Aligestión, máxima accionista de la sociedad deportiva, liderada por el contratista Enrique Ortiz, que llegó al club en 1999. La firma abonó al Ayuntamiento 7,8 millones de euros. El acuerdo incluía una cláusula que comprometía al dueño del Hércules a invertir 4,2 millones en la reforma del vetusto Rico Pérez. Ortiz anunció ayer que ejecutará la condición. "En un mes comenzará la reforma del Rico Pérez", señaló.
Dos años después de la recompra del estadio, el club, en claro ascenso deportivo y con aspiraciones de dar el salto a la anhelada Primera División, ha vuelto a la senda negativa en su cuadro económico. En la actualidad, acumula una deuda con el fisco y la Seguridad Social de 11 y 3 millones de euros, respectivamente. El promotor ha dejado entrever en las últimas semanas que dejaría la dirección del Hércules si no obtenía la colaboración del Ayuntamiento para garantizar su viabilidad económica y, especialmente, en la construcción del nuevo estadio.
La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, consciente del impacto del club en la sociedad, máxime en este dulce momento deportivo, ha recogido el guante. Castedo también se ha hecho eco de las demandas de la oposición del PSPV de participar en cualquier acuerdo con Ortiz.
Ayer se dio el primer paso para plasmar el segundo salvavidas que lanza el Ayuntamiento al Hércules. El consistorio mediará con las administraciones públicas para alcanzar una fórmula del pago de la deuda compatible con la continuidad del club. "No vamos a aportar nada, sólo a mediar", dijo Castedo.
Salvado este primer escollo, se abordó la segunda y más ambiciosa apuesta de la entidad, la "colaboración" del Ayuntamiento en el proyecto del promotor de dotar al Hércules de un nuevo estadio.
También aquí hubo acuerdo, aunque más difuso: la creación de una comisión municipal para estudiar las distintas alternativas. "No estamos cerrados a nada, y todo se hará con transparencia", dijo Castedo. "Me da igual si la operación se llama recalificación o aportación", apostilló Ortiz. Moreno se congratuló de que el proyecto que surja sea fruto del consenso.
El coste del futuro estadio no fue desvelado. Un proyecto presentado por Ortiz a los pocos meses de la recompra del Rico Pérez preveía un nuevo estadio por 65 millones. El plan se completaba con un hotel de 120 metros de altura y un área comercial. Tampoco esta opción está descartada, pese al rechazo inicial de los comerciantes. Lo único claro es que el nuevo estadio se levantará sobre los cimientos del actual. "No vamos a tirar el dinero", dijo Ortiz en alusión a los 4,2 millones que vale la reforma del Rico Pérez.
Idas y venidas de un campo de fútbol
- Primera intervención del Ayuntamiento: En 1994, el consistorio, presidido entonces por el socialista Ángel Luna, compró el Rico Pérez por 5,4 millones de euros. El club eludió la desaparición.
- Desembarco de Ortiz: En 1999, Enrique Ortiz llega al Hércules. En 2007 formaliza con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, la recompra del estadio por 7,8 millones y el compromiso de invertir 4,2 millones en su reforma.
- Proyecto de nuevo campo: Tras recomprar el estadio, Ortiz presentó un proyecto para su reforma que incluía una zona comercial y un hotel en altura de 120 metros.
- Segunda Intervención pública: El Ayuntamiento colaborará con el Hércules en el pago de la deuda y en la construcción del nuevo estadio, sobre los cimientos del actual.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 13/11/2009
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Caso Calero: Las primeras 48 horas de investigación se salda con la imputación de 12 personas en Telde
TELDEACTUALIDAD* : Las primeras 48 horas del caso se saldan con un total de 12 personas imputadas, La mayoría funcionarios municipales. Cinco de ellos fueron llevados a la Jefatura Superior de Policía el martes y puestos en libertad a lo largo de las últimas 48 horas, salvo el ex responsable de Urbanismo José Luis Mena, que al cierre de esta edición aún prestaba declaración ante la policía.
La Operación Calero lleva 12 imputados, entre ellos el ex alcalde, Francisco Valido. El empresario Félix Machín, su trabajador, Ignacio Calandria, y su hermano Adolfo, el ex registrador de la propiedad de Telde, salieron libres entre la tarde y la noche del martes.
Ayer fue declarando el resto de detenidos. Conforme lo hacían, salían libres. Álvarez no quiso hablar. Por la mañana declararon el ex secretario municipal, jubilado, Jorge Lang-Lenton, al que se imputan falsificación y prevaricación; y el funcionario Diego López, que hizo de secretario en parte del papeleo.El caso lo instruye el Juzgado número 1 de Telde, que citará a los imputados estos días.
Francisco Valido. Alcalde de Telde en el periodo 2004-2005 en el que se sitúan los hechos de El Calero. Tras prestar declaración y señalar a Guillermo Reyes como responsable, quedó en libertad el martes con el cargo de prevaricación.
José Luis Mena. Jefe del Servicio de Urbanismo en la época citada. Está directamente relacionado con el expediente de reparcelación y otras decisiones posteriores sobre El Calero. Imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Jorge Lang-Lenton. Secretario municipal. Encargado de controlar la legalidad del expediente de reparcelación de los terrenos, participó en la comisión que aprobó la reparcelación. Se lo acusa de prevaricación y falsedad documental.
Pedro Pablo Santana. ‘Mano derecha’ de José Luis Mena en la Concejalía de Urbanismo, de la que era funcionario. Prestará declaración el próximo viernes y está imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Diego López. Secretario accidental del Ayuntamiento de Telde. Se le relaciona con informes relacionados con las licencias de demolición, construcción y urbanización de la parcela. Estas licencias no llegaron a concederse.
Félix Machín. Es el empresario que compró la parcela de El Calero, en la que tenía previsto construir una promoción de 78 viviendas. Se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias, tras lo que presuntamente consiguió la reparcelación.
Ignacio Calandria. Es empleado de la constructora de Félix Machín y hermano del registrador de la propiedad Adolfo Calandria. Está imputado por un delito de tráfico de influencias, al igual que el dueño de la empresa de construcción.
Miguel Á. Martín. Abogado del Ayuntamiento en el momento de los hechos. La investigación lo relaciona con la elaboración de informes técnico-jurídicos favorables al expediente de El Calero.
Jesús Álvarez. Redactor del PGO. Se le acusa de firmar informes sin ser funcionario y está imputado por tráfico de influencias, inducción a la prevaricación y suplantación de funciones.
Emilio Hernández. Funcionario de Urbanismo. La investigación lo relaciona con informes técnicos de la demolición, construcción y urbanización del solar de El Calero Alto.
Fermín Peñate. Otro empleado de Urbanismo. La función que ejerce como topógrafo dentro de aquel departamento explicaría su convocatoria. Ayer se pospuso su declaración para el viernes.
Adolfo Calandria. Registrador de la Propiedad en Telde en el momento en el que se procedió a la inscripción de los terrenos. También se encuentra imputado.
Fuente: La Provincia y Canarias7.
* Telde Actualidad - 12.11.09
Foto: Sede de la Jefatura Superior de Policía - TELDEACTUALIDAD
Mallorca: 30 entidades presentarán mociones para que se retire el Plan de Carreteras
DIARIODEMALLORCA : La Asamblea de colectivos contra el Plan de Carreteras, que está formada por una treintena de entidades como el GOB o Unió de Pagesos, anunció hoy la intensificación de su campaña contra éste y avanzó que presentarán mociones en los ayuntamientos de la isla para que pidan al Consell de Mallorca su retirada.
Asimismo, desarrollarán varias iniciativas a través de internet, una de ellas de alcance internacional, para que todos los ciudadanos que lo deseen se sumen a ellas enviándole una misiva a las autoridades expresando la necesidad de plantear nuevas actuaciones a través de una "política integral de movilidad".
Tras registrar la moción en el Ayuntamiento de Palma, y antes de conocer que PSIB, UM y Bloc habían llegado a un "preacuerdo" para aprobar el Plan de Carreteras de Mallorca tras suprimir el 3º Cinturón, la portavoz del GOB, Margalida Ramis, no descartó llevar a cabo movilizaciones próximamente para demostrar el malestar de la sociedad ante la normativa, puesto que hay un "margen de actuación corto" ya que se espera que éste sea aprobado en el pleno de la institución insular del próximo mes de diciembre.
Asimismo, consideró que si hay que resolver de forma inminente el problema de los accesos al hospital de Son Espases, se tendría que hacer una modificación puntual del Plan de Carreteras actual que desbloquee la ejecución de la denominada vía conectora de Palma y que en 2010 se presente a aprobación inicial un Plan de Carreteras alternativo, hecho "desde la consideración de la movilidad" y desde unos criterios "racionales" desde el punto de vista territorial.
Por otra parte, la Asamblea desarrollará una campaña local, a través de la página web del GOB, donde están detalladas las consecuencias del Plan y, además, los internautas tendrán la posibilidad de enviar una carta a personalidades como el presidente del Govern, Francesc Antich, la presidenta del Consell, Francina Armengol, o el conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual.
INICIATIVA INTERNACIONAL PARA ALERTAR DE LOS EFECTOS
La iniciativa internacional se llevará a cabo debido a las consecuencias que la Asamblea cree que tendrá el Plan en la afectación a espacios naturales de Baleares y, consecuentemente, en el turismo.
Asimismo, los 30 colectivos realizarán diferentes charlas en pueblos y diferentes entidades para informar de las consecuencias que tendría la aprobación del Plan. Según la Asamblea, algunas de ellas son el favorecimiento del crecimiento, la especulación urbanística y el transporte privado, se olvida el "reto del cambio climático".
Además, provocará, según opinó, impactos sociales "espectaculares", un coste económico "astronómico", una reducción de la permeabilidad del territorio y consecuencias para el patrimonio como es la destrucción de gran cantidad de elementos arquitectónicos.
PSIB, UM y Bloc alcanzaron hoy un "preacuerdo global" para aprobar el Plan de Carreteras, tras suprimir el Tercer Cinturón de Palma, eliminar todos los proyectos de autovías y autopistas y "suavizar" el impacto de los acondicionamiento de carreteras de la Red Secundaria "atendiendo a criterios paisajísticos elaborados por el Departamento de Territorio y reduciendo la velocidad máxima".
Según explicó la portavoz del Bloc, Joana Lluïsa Mascaró, quedan algunos "flecos" como la variante de Sineu y el desdoblamiento de la carretera Manacor-Sant Llorenç, si bien remarcó que ello no impedirá que el Plan de Carreteras "se pueda tramitar y aprobar sin problemas".
Asimismo, Mascaró indicó que el preacuerdo contempla la eliminación de las variantes "conflictivas" de Felanitx, Santa Margalida, norte y sur de Bunyola, la ronda Sa Ràpita-s'Estanyol y la carretera interior de la Bahía de Alcúdia, mientras que señaló que la autopista prevista entre Llucmajor-Campos pasará a ser un desdoblamiento a partir de 2017 "en función de las necesidades del tráfico y de la siniestralidad que pueda haber".
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 12.11.09
Foto: diariodemallorca.es
No debemos resignarnos a la corrupción
JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA* : La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política.
Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.
* Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.
* ELPAIS.com- Opinión - 11.11.09
