ElPAÍS* : Ladrillo con ladrillo se paga. El Ayuntamiento de Alicante cerró ayer con el Hércules los trazos gruesos para la financiación del nuevo estadio Rico Pérez, que se levantará sobre la actual y obsoleta instalación. La obra, que incluye la remodelación integral de los aledaños del campo y de los dos polideportivos contiguos, supondrá una inversión de 55 millones de euros. La cifra la aportará el Consistorio mediante aumentos de aprovechamientos urbanísticos (más techo construido, en casas o terciario) en distintas unidades de actuación. Estas plusvalías las cederá a la sociedad deportiva, es decir, al Hércules, CF. A la conclusión de la obra, el Ayuntamiento recuperará la propiedad de estadio que, a su vez, volverá a alquilar al club.
El primer paso de esta operación, que ayer pactó la comisión municipal creada para tal fin, incluye que el actual propietario del Hércules, la firma Aligestión ceda la titularidad del campo a la entidad deportiva. Aligestión, cuyo socio mayoritario es el contratista Enrique Ortiz, recompró el campo al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros. Aligestión pasaría así a ser acreedor del club al igual que Hacienda y la Seguridad Social. Estas dos últimas instituciones le reclaman 14 millones de euros. El Ayuntamiento ha mediado en el pago de esa deuda con un crédito avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.
La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, promotora de esta fórmula de financiación destacó el coste cero de la operación para el ciudadano: "Se paga una obra con nuevas plusvalías, y no con el 10% oficial de aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento, cuya titularidad se recuperará revalorizada". La regidora declinó dar fechas del calendario de las obras. "Lo primero será una reforma urgente de las carencias más destacadas, césped, vestuarios, aseos y aledaños", dijo. Estos trabajos se sufragarán en parte con los 4,2 millones comprometidos por Ortiz cuando recompró el estadio.
El PSPV, a través de su portavoz Roque Moreno, se mostró satisfecho con la solución final. "Hemos actuado con responsabilidad. Nuestro objetivo es mantener un minucioso control para que no haya desvíos", señaló.
El presidente del Hércules, Valentín Botella, también expreso su satisfacción. No obstante, fuentes del club señalan que la cifra de 55 millones es inferior a la de sus previones iniciales, en torno a los 70 millones.
* El País - 6.07.10
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Alicante.- El campo del Hércules costará 55 millones que saldrán de plusvalías
Cáceres.- La Plataforma “Desplaza2” pedirá ante la fiscalía la paralización de las obras de la Plaza Mayor
REGIÓNDIGITAL* : La Plataforma "Desplaza2", una agrupación ciudadana que cuenta ya con cerca de 10.000 firmas, pedirá la paralización de las obras de la Plaza Mayor mediante un escrito a la fiscalía porque consideran un "disparate monumental" y una "obra innecesaria" la que está llevando a cabo el Consorcio Cáceres 2016. "Desplaza2" se ha dado a conocer este lunes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Asociación de la Prensa de Cáceres, en la que han asegurado que las actuaciones que se están llevando a cabo "no resuelven los problemas básicos y carencias de Cáceres", sino que plantean "unas soluciones ñoñas, anticuadas y basadas en las ideas de los años 90".
"Que te digan que eres carca y retro porque no quieres cambios, queremos cambios, pero serios, que se resuelvan los problemas de aparcamientos y no como ahora que se ha colapsado todo", ha explicado a Región Digital María González, miembro de la plataforma.
En este sentido, ha apuntado que "ya no se puede circular, la carga y descarta, la recogida de basura, los taxis y las emergencias son un caos" y ha criticado además que "han tenido 4 años y 5 millones de euros para prensar un proyecto, que tenía que haberse hecho mediante concurso público, y se lo han cogido entre cuatro amiguetes".
"Al final han hecho una obra de maquillaje y han dejado una ocasión de oro que había para resolver temas de aparcamientos, cableado, iluminación, etc., pero lo que se va a hacer es cambiar el pavimentado y alicatar la plaza mayor a base de quitar losas de granito y ponerlas de hormigón", ha lamentado González.
Para la plataforma, estas obras son "ilegales, no han pasado los filtros de urbanismo" y los informes "se han ido incorporando". "Antes había errores de tipo formal y ahora directamente van en contra del Plan de Urbanismo de Cáceres, del Plan Especial y del Plan de Ordenación Urbana", ha añadido.
"Es una pena, estamos indignados porque los políticos se van, pero los que vivimos aquí nos quedamos con una ciudad inhabitable", ha señalado González, que ha añadido que los vecinos de la zona no tienen donde aparcar, "han empantanado todo y no se ha resuelto nada".
"Es todo maquillaje puro y duro y se van a gastar un dineral en cuatro plazas mal hechas", considera Desplaza2, que lamenta además que la Plaza Mayor "tiene una estructura, elementos y tipología propia" por lo que consideran que las obras "rayan la ilegalidad manifiesta".
"Pensábamos que la capitalidad iba a ser una oportunidad magnífica para Cáceres, pero a los que dirigen Cáceres 2016 les importa un bledo y van a lo que van". "No sabemos si conseguiremos la capitalidad pero no queremos que nos dejen Cáceres empantanado a costa de un dineral que se han gastado pudiendo hacer cosas más importantes para la ciudad, queremos la capitalidad pero no a cualquier precio", añaden.
Por todo ello, desde la plataforma van a poner un escrito en manos de la fiscalía pidiendo "que se paralice la obra cuanto antes para no causar trastornos a la empresa adjudicataria ni al Ayuntamiento". "Todavía están a tiempo porque lo que han hecho ha sido quitar", añaden.
"La obra se ha hecho con falta de previsión, no era necesario remodelar las plazas que se remodelaron hace 4 años y los problemas que plantean son gordos", ha apuntado González, quien ha señalado además que el Consorcio Cáceres 2016 "tendrá que cumplir con la legalidad por mucho que sea un ente supramunicipal".
Para la plataforma "hay evidencias de la ilegalidad, el Consorcio se ha saltado a la torera todo y no se puede revitalizar algo si se crean más problemas", ha añadido María González, que ha apuntado que "no hay ni un solo cacereño que no esté vinculado a ellos que defienda lo que se está haciendo".
* Región Digital - 5.07.10
Foto: Cáceres, obras Plaza Mayor - regiondigital.com
La Policía Nacional registra la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, la casa de Ripoll y la empresa de Ortiz
INFORMACIÓN* : La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado nº3 de Orihuela, que instruye el llamado 'caso Brugal', que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja. Los agentes han detenido, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía. La Policía Nacional realiza registros en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela desde primera hora de la mañana, en una operación dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado 3 de Orihuela. Fuentes policiales y locales no han facilitado información sobre la operación en ambas instituciones públicas dirigidas por el PP, aunque otras fuentes próximas a los partidos de la oposición han apuntado a Efe que "podría estar relacionada con un Plan de Residuos Zonal".
Las mismas fuentes señalaron que la Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia, así como en el del empresario afín al PP, Ángel Fenoll.
Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina.
Los agentes han detenido, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales.
La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal.
Paralelamente se está interviniendo las instalaciones de una de las empresas de Enrique Ortiz, también en Alicante. El constructor y máximo accionista del Hércules, según ha podido saber informacion.es, se encuentra en Pamplona con motivo de los sanfermines.
Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja.
La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada.
* Información - 6.07.10
Foto: Numerosos curiosos se han acercado al Palacio Provincial de la Diputación de Alicante al observar el despliegue policial - diarioinformacion.com
Banderas Negras 2010. 'Caos en La costa'
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* ha presentado el Informe “Banderas Negras 2010. Caos en La costa”. En este informe se analiza, un año más, la situación de la costa y se identifican los 40 casos con mayor degradación de la costa debido a los principales problemas de vertidos orgánicos e industriales, urbanismo, regeneraciones y obras costeras y la desplanificación de los Puertos de Interés General. Ecologistas en Acción ha realizado un completo análisis de las principales causas de degradación de la costa y ha identificado los principales lugares de degradación en el litoral del estado español. En el informe se denuncia la extrema situación de desplanificación y falta de rumbo, en torno a, la gestión de los recursos naturales que existen en la costa, lo que ha ocasionado una situación de caos, en este estrecho y frágil territorio.
Las principales causas de degradación en la costa son generadas por la colmatación urbanística, vertidos orgánicos e industriales, obras en costas y regeneraciones de playas y, la desplanificación entorno a los puertos de interés general.
El informe aborda el problema urbanístico según los datos del Observatorio de sostenibilidad Español (OSE), los cambios en la ocupación del suelo entre los períodos 1987-2000 y 2000-2005, descubrimos de forma impactante como las zonas urbanizadas han aumentado un 50% en esos 19 años, tanto en el interior como en el litoral, urbanizando a un ritmo escalofriante de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005. Destacando la bandera negra otorgada a la costa de Marbella y Fuengirola como el caso más transformado y degradado por urbanismo en el litoral.
Ecologistas en Acción denuncia, en este informe, que las distintas comunidades autónomas de la costa se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas. Ya que, ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla. Existe un déficit generalizado de infraestructuras, sobre todo en el Cantábrico. Además, también se identifica en este informe que el tratamiento de los vertidos al mar que establece la ley de costas se incumple de forma sistémica. Destacando la Bandera Negra otorgada a la Cascada de la merda en el Paque Natural de la Sierra Helada en el País Valenciano como el caso más degradado por los vertidos de aguas residuales.
Ecologistas en Acción denuncia, en el informe, las carencias de la ley de responsabilidad ambienta que nos deja indefensos ante vertidos como el ocasionado por la petrolera British Petroleum en el Golfo de México. Así como, los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa, destacando la Bandera Negra concedida a la ría de Huelva como el lugar más contaminado industrialmente.
Ecologistas en Acción denuncia el derroche 230 millones de euros anuales en las mal llamadas regeneraciones de playas y obras en costas destinadas a abastecer las demandas privadas. Destacando la Bandera Negra otorgada a la playa de la Barceloneta como el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa, 60 millones de euros en los últimos 5 años.
Ecologistas en Acción denuncia también en el informe la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa. Estos puertos no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española, en el siglo XXI. Los puertos planificados son: Granadilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz), Melilla, El Gorguel (Murcia), Ibiza (Baleares), Vigo, El Musel (Asturias), Pasajes (Euskadi).
Ecologistas en Acción denuncia que la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, es el origen de los problemas de esta desplanificación y lucha de poderes. Esta ley posibilita la independencia y planificación económica por parte de cada una de las Autoridades Portuarias repartidas por toda la costa, la posibilidad de inversión privada en los proyectos y actuaciones de estos puertos de interés general y, además la posibilidad de competir unos con otros. Es decir, si traducimos esta ley, lo podemos resumir como el fin de la planificación estratégica de los Puertos del estado.
Ante la gravedad de esta situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la propia sociedad, un cambio de modelo social y económico urgente. Modelo que debe basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y, con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la agricultura ecológica y la pesca sostenible.
* Ecologistas en Acción - 1.07.10
Foto: Ecologistas en Acción - Banderas negras 2010
Córdoba.- El pabellón de Castillejo, otra ruina
ELPAÍS* : El 27 de noviembre de 2004, un concierto de la orquesta de RTVE sirvió para inaugurar el enorme pabellón sociocultural que Cajasur había levantado junto al Parque Joyero de Córdoba. El presupuesto destinado para este gigante -que fue bautizado con el nombre del entonces presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo- terminó disparándose hasta superar los 35 millones de euros. A 31 de marzo de 2005, Cajasur ya había desembolsado 33,4 millones. A pesar del millonario gasto, desde su apertura, el centro apenas ha sido utilizado, al margen de la feria anual de joyería Joyacor y otros eventos puntuales. Además, por sus deficiencias constructivas, se han tenido que hacer reformas este año. El pabellón fue cedido en 2008 al Centro Andaluz de Diseño.
Originalmente, el edificio fue encargado por los empresarios que impulsaron el Parque Joyero. Se diseñó para albergar muestras expositivas de carácter comercial. Pero cuando lo compró Cajasur, se decidió ampliar sus funciones para que pudiese acoger todo tipo de eventos culturales de gran aforo. Así, se convirtió en el único edificio cerrado de Córdoba en el que, en teoría, podía ofrecerse un espectáculo para 6.000 personas. Cuando se inauguró, la superficie total construida era de 33.150 metros cuadrados, repartidos entre dos plantas y sótano.
Como se explica en un informe de la Subdirección General de Auditorías de Cajasur, de mayo de 2005, la relación de la entidad con el proyecto del pabellón comenzó el 16 de mayo de 2003, cuando la caja se hace con el inmueble y la obra del mismo, que comenzaba a construirse, pagando 19,9 millones. La auditoría destaca que, en el momento de la compra, "no existía ni conocimiento ni autorización previa para esta operación por parte de órganos de gobierno". La adquisición se realizó con el estilo poco claro que caracterizaba la gestión de la caja, controlada por la Iglesia. Así, de la operación no se tuvo noticias en la dirección hasta seis meses después, cuando la compra fue ratificada por el consejo de administración el 14 de noviembre. Un mes después, por la asamblea.
Enseguida, los 19,9 millones que Cajasur había desembolsado comenzaron a crecer. Un testigo que entonces se encontraba en la dirección de la entidad señala que Castillejo decidió de manera unilateral acometer importantes cambios en el proyecto, que trajeron de cabeza a los técnicos. "Quería que allí pudiesen celebrarse grandes óperas", afirma, "y aquello se había diseñado para ferias". Para cumplir los deseos del presidente, Cajasur aprobó una inversión estimativa de 7,5 millones.
Pero fue sólo el principio. El pabellón terminó convirtiéndose en un sumidero de dinero para la caja cordobesa. Así, como destacaba la auditoría, justo un año después de la compra del recinto, el consejo de administración aprobó un informe que actualizaba la valoración inicial de las mejoras. En una nueva tasación se comprobó que la inversión en las reformas había ascendido a 9,9 millones. Pero en el informe se señalaba además que existían otras partidas nuevas que no se habían contemplado, como el mobiliario, la creación de un escenario y otros gastos. Todo ello fijaba un presupuesto final, a obra terminada, de 35,1 millones de euros.
Entre estos nuevos gastos que inflaron los costes destacan los destinados al mobiliario, de 2,3 millones de euros. También despuntan los 1,5 millones para el sistema de acústica virtual, los 4,9 del sistema de aislamiento acústico y los 1,6 millones del sistema de aire acondicionado. En su informe, la auditoría criticaba que la acometida de trabajos no contemplados en los presupuestos aprobados no contaba "con el preceptivo estudio que aconseje su realización". Y seguía: "De igual manera dichas desviaciones no cuentan con el conocimiento y visto bueno de los órganos de gobierno".
En octubre de 2004 se solicitó a la sociedad de tasación Tinsa una valoración del inmueble. Calculó que el edificio valía entonces 32 millones, con la condición de que el pabellón generase 5,3 millones al año. Pero sólo un lustro después, en octubre de 2009, otra tasación situaba su valor en 8,8 millones, lo que multiplica las pérdidas de la caja.
* El País - 5.07.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.com
El Monopoly de la ciudad
FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA/Málaga* : Cuando éramos aún niños e incluso ya más crecidos el juego del Monopoly nos entretenía durante muchas horas, y suponía un divertimento donde la sensación de comprar y vender (aquí pongo un hotel y allí una casa, te cambio la estación por...) en el tablero de la Ciudad nos aproximaba a la fantasía de acceder a un poder de decisión que en realidad está sólo al alcance de unos pocos. A pesar del tiempo transcurrido desde que en 1956 entró en vigor la primera Ley estatal del Suelo, una de las cuestiones urbanas donde tengo la impresión que hemos avanzado poco, incluso considerando el periodo democrático de la política local y autonómica a partir de 1979, es en el papel que jugamos los ciudadanos en este gran tablero de intereses que es la Ciudad.
Y ello considerando que después de treinta años de la recuperación de la libertad de opinión, la pérdida progresiva de interés de la ciudadanía por 'la cosa pública', permite añorar un poco la concienciación y el compromiso de los antiguos movimientos vecinales, hoy posiblemente sustituidos por una aparente participación de gente próxima a los partidos políticos, faltos de una posición crítica más allá de que le arreglen un bache de la calle, limpien la pequeña plaza ó le financien la verbena.
En los últimos años, al menos en esta tierra nuestra malagueña que inspiró no sólo a artistas sino incluso a una clase dirigente de aquel siglo XIX que impulsó la economía local dejando también una huella urbana, que hoy aún reconocemos y que en muy pocas ocasiones ha sido superada por su calidad, capacidad funcional y belleza arquitectónica, sin embargo venimos observando que la renovación y transformación del espacio colectivo responde a políticas muy contradictorias, en una práctica al uso entre el Municipio y la Comunidad Autónoma.
No sé como lo hemos logrado en Andalucía, pero hemos hecho del 'Urbanismo de la Ciudad' no sólo un gran galimatías normativo, a base de aprobar leyes, no sólo de carácter urbanístico y territorial, sino también sectoriales (de Carreteras, Patrimonio, Vivienda Protegida, Medioambiente...), que no dudo que contienen determinaciones lógicas y sensatas, pero que entre todas han construido un elevado muro burocrático entre la génesis del Proyecto Urbano, ó sea 'LAS IDEAS', y su instrumentación legal para llevarlas a la práctica, donde los ciudadanos sólo son parte de la tramitación.
El problema que se suscita con esta situación es que 'la cosa pública no interesa a casi nadie' hasta que la actuación toma cuerpo real, ó sea se construye, y en ese momento comienza el verdadero debate ciudadano. Pero entonces, ¿estamos a tiempo de subsanar algo?, sin duda no, y ya sólo nos quedará que el tiempo nos ayude a mimetizar la intervención urbana en el nuevo paisaje de la Ciudad.
Y en este sentido, de una Ciudad que quiere y sus Administradores públicos no dejan de repetir que tenemos que convertirnos en un referente cultural y turístico, podríamos preguntarnos, ¿a qué Cultura y a qué Turismo, nos estamos refiriendo?
Algún ciudadano que tenga la paciencia de leer estas líneas ya estará pensando, se está refiriendo a la nueva actuación en los muelles 1 y 2 del Puerto de Málaga. Lo siento pero no es así, ó en realidad eso sólo es una pequeña muestra de lo que trato de explicar. Y aquí sí debemos volver al juego del Monopoly, donde sólo juegan unos pocos, y los ciudadanos tenemos un papel de meros espectadores de la partida, que sólo nos enteraremos de la actuación cuando sea una realidad construida.
Si ampliamos la visión al marco del territorio municipal, resulta incomprensible que el planeamiento urbanístico, reconocido como el PGOU, se haya convertido en un documento de debate político, muy alejado de los intereses de la Ciudad. Y esto que se encuentra en la génesis del Urbanismo, entendido como 'acción de gobierno', deja de tener sentido cuando va pasando el tiempo desde que se iniciaron los primeros trabajos, creo que hacia 2004, y los supuestos e hipótesis que se barajaron en ese momento para reforzar el nivel urbano de Málaga, languidecen aparcados por una crisis financiera, pero también de valores, de la que se sabe cómo hemos entrado, pero no se tiene ni idea de cómo vamos a salir. ¿El desencuentro continuará?
Y para concluir pondremos un nuevo ejemplo. En estos últimos meses, el país se ha visto sometido a una 'supervisión exterior', motivada especialmente por desconocer el nivel de endeudamiento público y también privado, cuando no es difícil reconocer que hemos vivido por encima de nuestra capacidad real de ingresos. Se ha comentado mucho de unas críticas quizás interesadas, en el caso de la prensa alemana e inglesa, pero lo que no debemos olvidar es que en 1986 entramos a formar parte de un 'Club de países europeos', que sin duda nos han ayudado a modernizar nuestras infraestructuras, pero de los que posiblemente no hemos aprendido ciertas prácticas, donde la renovación urbana de la Ciudad tiene un reflejo claro y evidente.
Hace unos diez años visité la ciudad de Berlín, que en ese momento estaba inmersa en la reconstrucción de un nuevo centro moderno, institucional y comercial, donde la intervención en la Potsdamer Platz trataba de convertirse en una actuación urbana que simbolizara la reunificación de la Ciudad, tras la caída del 'Muro'.
Esta actuación era una operación de inversión pública-privada que requería de una importante capacidad para generar la economía necesaria que pudiera financiar el nuevo espacio colectivo. Nunca olvidaré la exposición de ese Proyecto Urbano y los debates públicos que se producían en un edificio municipal, próximo a la Puerta de Brandeburgo. La gente comentaba las soluciones, observaba las maquetas, los planos y los vídeos del proceso de transformación, incluidas las imágenes de una historia que era su referente, y también nos sentábamos alrededor de representantes públicos y de los arquitectos e ingenieros que estaban interviniendo en esa actuación, para escuchar y preguntar sobre los diversos aspectos de los proyectos, aceptándose sugerencias que aún se pudieran incorporar por su interés colectivo.
Aquello significó para mí no sólo un buen ejemplo de una práctica urbana más próxima a una sociedad civil, democrática y moderna, sino especialmente una forma de dar transparencia y legitimidad a las intervenciones públicas en la Ciudad contemporánea. Hoy aún sueño alguna vez, que a esta Málaga que llevamos en el corazón, lleguen también esas formas de gestionar lo público, porque NEGOCIO Y CULTURA no deben ir por separado, ya que en esto siempre perdemos los ciudadanos.
* FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA | ARQUITECTO Y URBANISTA
* SUR - Opinión - 5.07.10
La arena derribó la pirámide - El Roto
Viñeta: El Roto, arena derribó pirámide - elpais.com 20100705
Barcelona.- La Guardia Civil vincula a más cargos públicos en el 'caso Pretoria'
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ELPAÍS* : La Guardia Civil ha concluido el grueso de las investigaciones del caso Pretoria -la trama de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona- y ha entregado un detallado informe de 319 páginas a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que vincula a nuevos cargos públicos, funcionarios y empresarios. La investigación abre la puerta a nuevas imputaciones al definir con detalle los supuestos delitos cometidos en varias operaciones urbanísticas y se inclina por descartar la existencia de irregularidades en L'Hospitalet por la compraventa de dos edificios.
El informe señala que el secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Javier Ezquiaga dio cobertura a todos los trámites de la Operación Pallaresa, el primer pelotazo de la trama que generó un beneficio de 12,9 millones, a sabiendas de que beneficiaría a unos particulares.
El informe también señala a Imanol Pujana, actual gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y entonces director de Proyectos de la alcaldía de Santa Coloma. "Informó favorablemente de las plusvalías" pese a que estas "suponían un beneficio directo para la empresa promotora", afirma el informe, en el que también se recuerda que Pujana se reunió en 2009 con el cerebro de la trama, Luis Andrés García, Luigi, para amañar supuestamente el concurso de un tanatorio en Sant Adrià de Besòs.
Intereses coincidentes
Otro cargo al que la Guardia Civil relaciona con el caso es Enric Camps, "economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal durante la modificación" para el pelotazo de la Operación Pallaresa. Cuando declararon como testigos, Camps y Ezquiaga explicaron que la modificación adoptada en el pleno "fue la menos gravosa para la continuación del proyecto". Los investigadores, sin embargo, destacan que "la verdadera realidad" es que "esta posición coincide plenamente con los mejores intereses de Luigi.
Las operaciones supuestamente delictivas se tramaron en torno a la empresa municipal Gramepark de Santa Coloma de Gramenet. Manuel Sierra, su gerente, fue destituido hace unos meses por la Oficina Antrifraude de Cataluña. La Guardia Civil también ha puesto el foco sobre él, así como sobre el director financiero, Pere Massenet.
* El País - 5.07.10
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ayuntamiento - foro-ciudad.com
El presunto espía que surgió de Mendaro
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ELCORREO/Guipúzcoa* : «Dinámico, activo, resolutivo, osado..., pero también temerario». Este es el retrato robot que hacen personas que conocen de cerca a Antton Zubiaurre; un «personaje» -así lo definió el viernes Josu Erkoreka, portavoz jeltzale en el Congreso- cuyo curriculum está lleno de estadios variopintos. Maestro industrial de formación, administrativo en la cooperativa de máquina-herramienta Danobat, alcalde de Mendaro por el PNV, director general de Sprilur -la sociedad del Gobierno vasco dedicada a la gestión de suelo industrial-, padre de un futbolista que se hizo más famoso en los juzgados que en el terreno de juego y, más recientemente, presunto espía.
Él es el principal sospechoso en una supuesta trama de seguimiento informático a la actividad del actual Ejecutivo, descubierta por una investigación judicial desarrollada por la Ertzaintza y que, según ha trascendido hasta ahora, ha afectado a altos cargos de la Spri, un grupo dependiente del Departamento de Industria. Sus ordenadores habían sido manipulados con un programa espía, que permitía el acceso no autorizado desde el exterior y la visualización de su contenido.
El director técnico de Sprilur, Pedro García, fue el primero en detectar algo extraño. Un domingo de marzo había enviado desde casa, a través de su portátil de trabajo, un email. Al día siguiente, al llegar a su despacho, encontró en su bandeja de correo electrónico una notificación de «mensaje recibido»; pero no la remitía su interlocutor, sino Zubiaurre, que está en libertad con cargos, al igual que su ex chófer I. U., después de haber prestado declaración ante la juez que lleva el caso.
¿Cuál es la conexión de este experto en gestiones urbanísticas con la informática? Nadie la conoce todavía. Ésa es una de las muchas preguntas que se esconden tras el secreto del sumario.
Denuncia
Más interrogantes sobre episodios similares se abrirán en los próximos días. Juan Gárate, responsable de la empresa Gurelan, de Mendaro, tiene el propósito de pedir formalmente a la Ertzaintza que reabra una investigación cerrada sin resultados hace varios años para comprobar si tiene alguna vinculación con lo que ha sucedido ahora en la Spri. La compañía, dedicada a la fundición a presión, presentó una denuncia ante la Policía autónoma después de que intentase 'bombardear' su sistema informático alguien que, a través de una llamada telefónica, se hizo pasar como un posible cliente. El interlocutor se comprometió a enviar un archivo informático con los planos de una pieza para que Gurelan le presupuestase su fabricación. El archivo llegó desde una dirección difícil de ubicar -un hotmail-, pero su contenido era en realidad un virus, según pudo verificar Panda Software, una firma especializada en seguridad informática. Una posterior llamada con un mensaje enigmático que hablaba de rencillas, peligros y persecuciones, y un nuevo reenvío del virus pusieron punto y final a la peripecia.
La Ertzaintza no fue capaz de trazar el origen de aquel email envenenado. Responsables de Gurelan siempre pensaron que detrás de aquella maniobra se encontraba una «mano negra».
El empresario Juan Gárate movilizó a buena parte de Mendaro en las elecciones locales de 2003 para descabalgar al PNV del Ayuntamiento y acabar con los «manejos urbanísticos» en la localidad. En aquellas fechas, Zubiaurre era concejal de Urbanismo, un cargo que ejerció durante cuatro años tras haber abandonado la alcaldía en 1999. La operación culminó con éxito ya que, de los 9 concejales en disputa, los jeltzales sólo consiguieron 3 y la candidatura MTI -Mendaroko Talde Independientea- se hizo con los 6 restantes.
Apoyado por el GBB
Tras desempeñar esas funciones, Zubiaurre dejó la Corporación para dedicarse a la dirección de Sprilur. Fue el Gipuzku buru batzar (GBB) quien aconsejó al lehendakari Juan José Ibarretxe que incorporase a este militante a su equipo al considerar que había hecho «una gran labor» en el desarrollo de polígonos industriales en Mendaro y merecía una 'promoción' profesional.
Ese aterrizaje con el aval de la ejecutiva guipuzcoana del PNV explica que hasta 2008, cuando fue apartado de la gestión pública, ejerciese como una especie de rey Midas en su pequeño pero influyente territorio de Sprilur. «Hacía y deshacía a su antojo. Ninguno de los directivos de la Spri -el grupo del que depende la sociedad que gestionaba- tenía capacidad de control sobre él. Iba a su aire, nadie le frenaba», asegura un ex alto cargo del Departamento de Industria de la época. «Tenía una gran autonomía para contratar las obras de Sprilur -recuerdan en la Administración vasca- y la mayor parte de las adjudicaciones se las dio siempre a dos constructoras muy ligadas al PNV. Una de Guipúzcoa y otra de Vizcaya».
Pero en 2008 la consejera Ana Agirre se cansó y aprovechó que Zubiaurre había perdido todos sus apoyos políticos en el aparato jeltzale -al que llegaron insinuaciones sobre supuestas irregularidades en su gestión- para pactar una retirada honrosa. Los tres infartos que había sufrido ofrecían una cobertura perfecta para justificar su relevo «por razones de enfermedad» y permitían echar tierra sobre algunos episodios preocupantes.
El último, ocurrido tan sólo unas semanas antes de su cese, fue la decisión de Zubiaurre de enviar un correo electrónico con el logotipo de Sprilur a numerosos directivos de empresas privadas, «recomendando» la contratación de una operadora de telefonía de la que aseguraba ser accionista, según las fuentes consultadas.
Operación inmobiliaria
«Cuando llegó a Sprilur -asegura un vecino de Mendaro que conoce bien las andanzas de su ex alcalde- Zubiaurre no tenía un duro. Pero poco a poco comenzó a ser un personaje que manejaba mucho dinero. Pronto apareció con un Audi A-8, jactándose de que le había costado 14 millones de pesetas. Luego vino un chalet nuevo con la última tecnología en domótica. Las comidas en el Landa -un restaurante conocido de la localidad- también empezaron a ser habituales e incluso alguna que otra fiesta salida de tono con la cuadrilla».
En el seno del Gobierno vasco están convencidos de que, al menos en parte, el espionaje sobre los ordenadores de la dirección de la Spri tenía motivaciones políticas no del todo definidas. En el PNV, sin embargo, creen que se trata de «una peripecia más de alguien que cogió velocidad y perdió los frenos». Después de lo acontecido con el ex senador jeltzale Víctor Bravo -inmerso junto a su hermano en varios escándalos de supuesta corrupción ligados a la Hacienda foral guipuzcoana-, en la dirección del partido se ha instalado una especie de reflejo condicionado de Paulov: cada vez que un militante que ocupa un cargo público aparece conduciendo un Porsche, se encienden las alarmas. Zubiaurre se compró uno hace un par de años.
«Quiso hacer en Mendaro una operación inmobiliaria al estilo Marbella», recuerdan en la localidad. Primero como alcalde, y luego como concejal de Urbanismo, impulsó la modificación del planeamiento del pueblo para recalificar como urbanizable una importante extensión de terreno rural. «Era una barbaridad. En aquellos momentos Mendaro tenía poco más de 700 viviendas y se planteaba la construcción de más de 800», apuntan personas que le han tratado. La operación, que acabó en los tribunales y que la Corporación gobernada por los independientes consiguió reconducir para anular la recalificación, tenía un pequeño detalle: una parte importante de los terrenos afectados eran propiedad del propio Zubiaurre y de su familia.
Hay quien asegura que «si ha perdido los frenos» es por las dificultades económicas que se derivaron del escándalo judicial que rodeó el tortuoso fichaje de su hijo Iban por el Athletic, cuando aún estaba ligado por contrato con la Real Sociedad y que ha costado al futbolista 2,5 millones de euros de indemnización al club guipuzcoano, los abultados honorarios de abogados y varios pleitos pendientes de reclamaciones de cantidades por parte de su representante.
¿Está implicado Zubiaurre en el espionaje a la Spri? ¿Qué beneficio podría sacar de ello? Esas preguntas son las que trata de aclarar la juez.
* El Correo - 4.07.10
Foto: Mendaro (Guipúzcoa) - wikipedia.org
A Coruña.- Parking O Parrote: ¿Y ahora quién va a tapar este boquete?
ELMUNDO* : Corría el año 2002. La ciudad de A Coruña se enfrentaba a uno de sus grandes retos, la construcción definitiva, la panacea de la modernidad: un enorme parking situado en pleno casco urbano, destinado a acabar con el via crucis de comerciantes y residentes que no encontraban dónde dejar su coche en una de las ciudades de mayor concentración urbana en Europa. A Coruña soñaba con el parking de O Parrote. Tardó más de lo esperado, pero por fin empezaron a sonar excavadoras y las palas mecánicas retirando la tierra del inmenso solar. Se hizo el ansiado boquete pero nunca se llegó a tapar. ¿Las razones? Burocracia, por un lado e intereses económicos, por otro.
Falta de entendimiento entre el Ayuntamiento, responsable de la licitación de la obra, y la Autoridad Portuaria, concesionaria de los terrenos. Y la guinda del pastel: un hallazgo arqueológico que propició la aparición de la Xunta de Galicia y su Dirección de Patrimonio Histórico.
Ha pasado el tiempo, los sillones de gobierno han visto cómo iban y venían diferentes arquitectos, políticos y constructores. A Coruña lleva con las tripas abiertas más de ocho años. Ésta es la cronología de su agujero negro.
Año 2002
En 2002 la Autoridad Portuaria avisa de la convocatoria de un concurso para la construcción de un parking en O Parrote, una zona situada en pleno casco histórico, muy cercana al mar y a las calles más turísticas de la ciudad. A los concursantes se les pedían tres condiciones: estacionamiento para 700 coches, prever una instalación de un centro comercial de dos plantas y un vial subterráneo que ocultara el tráfico para convertir La Marina, la zona más fotografiada de A Coruña, en peatonal.
Año 2003
El 31 de julio de 2003 se otorga la construcción a Copasa. Y se anuncia la construcción de dos parkings subterráneos, no sólo uno: el de O Parrote, con una inversión de 9,4 millones de euros, y el de As Ánimas, de 4,9 millones. En total más de 800 plazas de aparcamiento en una misma zona que, poco después, comenzaron a venderse a unos compradores que no sabían la que se les venía encima.
La concesión de las obras tardó más de un año en ser adjudicada. Su comienzo tardaría cuatro años más.
De 2004 a 2007
Durante este tiempo, los protagonistas del proyecto se pasan el problema de unos a otros como una patata caliente.
La Autoridad Portuaria acusa al Ayuntamiento local del retraso de la obra. El Ayuntamiento, a cuyo frente se encontraba entonces el socialista Francisco Vázquez, da largas a la actuación. ¿La razón? Multitud de contratiempos: pequeños hallazgos arqueológicos, vecinos que recurren a los tribunales y cambios en el proyecto inicial. ¿El resultado? En mayo de 2005 las obras del aparcamiento de O Parrote ni siquiera tenían licencia municipal.
2007 y 2008
Comienzan por fin las obras, que no tardarán mucho en detenerse. Los peones que trabajaban en la excavación se encuentran ese verano con algo extraordinario: aparecen los restos arqueológicos de una muralla que protegía la ciudad, un auténtico baluarte del siglo XVIII.
La presencia de esta fortaleza está perfectamente documentada desde hace más de un siglo, pero los responsables de la Autoridad Portuaria insisten en que su hallazgo fue toda una sorpresa. Ni siquiera se advirtió de su posible existencia durante la prospección del terreno.
Entra en escena la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que exige la protección y conservación de los restos arqueológicos. Como consecuencia, hay que rediseñar el proyecto y limitar el número de plazas de aparcamiento programadas, lo que reduce la rentabilidad del aparcamiento de O Parrote.
Las obras se detienen. Tanto, que a día de hoy no se han reanudado.
2009
2009 fue el año de los buenos propósitos. Empezó con la propuesta de la empresa Klaus Iberia de crear un parking robotizado para apilar los coches. La idea contó con el beneplácito de la Xunta y del gobierno local: resultaba más barata y se añadían unas 200 plazas más. No siguió adelante.
A finales de ese año, también un grupo de arquitectos presenta otra alternativa al problema. PP, PSOE, BNG, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento fueron todo oídos. Según ellos, lo importante era tapar el agujero cuanto antes. Tampoco esta propuesta vio la luz.
Lo que sí ocurrió es que O Parrote se convirtió en el parking de las dagas voladoras, de echar la culpa al vecino porque nadie quería hacerse responsable.
Javier Losada, heredero del mandato de Francisco Vázquez y actual primer edil coruñés, aseguraba que el parking era “competencia de la Autoridad Portuaria y de la Xunta de Galicia” por dictaminar que se conserven las murallas encontradas. Desde el consistorio de María Pita se desvinculaban así del problema.
El Puerto lo tenía claro: la culpa era del Ayuntamiento, que pospuso el comienzo de las obras hasta 2007, aunque su adjudicación se había hecho en 2003. Todo un récord en licitación de proyectos.
2010
Y llegamos al presente año, marcado por diferentes propuestas por parte de la Autoridad Portuaria, ninguna de ellas plenamente satisfactoria para vecinos, gobierno local y partidos políticos.
El Puerto arranca el año lanzando una nueva idea. Debido al recorte de las plazas de aparcamiento pedía repartir sus 3.000 metros cuadrados de superficie comercial en seis edificios distintos.
El problema era que uno de ellos superaría la rasante del Parrote y, por lo tanto, tapaba las vistas al océano de una zona monumental. El Ayuntamiento advierte de esa barrera visual y el Puerto decide enviar el borrador, aún así, a Urbanismo.
En marzo, la cuestión gira en torno a esta superficie comercial; el PP se opone en redondo. Carlos Negreira, su portavoz municipal, insiste en que hay que dejar libre un área “emblemática y esencial para la ciudad”. Los colectivos vecinales se llevan las manos a la cabeza: ¿cómo van a tapar las vistas al mar por un centro comercial más? Según ellos, sobran.
Desde la Xunta, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, tampoco se muestra entusiasmado con el tema. Un mes después el Ayuntamiento lo rechaza. Obdulia Taboadela, concejala de Urbanismo, da dos opciones a la Autoridad Portuaria: indemnizar a Copasa por la pérdida de plazas de aparcamiento por la muralla o prolongar el número de plazas de manera subterránea por el paseo marítimo para no desembolsar ese dinero.
El último episodio
El Puerto se sienta por enésima vez a rediseñar el proyecto, esta vez sin centro comercial. Pero días después su presidente, Enrique Losada, confiesa que la Autoridad Portuaria no tiene liquidez para pagar la indemnización a Copasa.
El último capítulo del culebrón coruñés es una propuesta por parte del Puerto: están dispuestos a renunciar al aprovechamiento comercial siempre y cuando el Ayuntamiento les ceda un equivalente en otro lugar.
Ahora todos se preguntan qué va a ocurrir. Hace ocho años que empezó el problema, tres desde que los coruñeses renunciaron a pasear por una de sus zonas favoritas junto al mar.
La Autoridad Portuaria parece querer defender sus intereses con uñas y dientes a costa del bienestar de la ciudad. El Ayuntamiento defiende esos intereses a costa de mirar hacia otro lado.
El uno por el otro y el boquete sin tapar.
* El Mundo - 5.07.10
Foto: El aparcmiento arrastra una retahíla de denuncias - elmundo.es
El fiscal solicita un año de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Colmenar
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SUR/Málaga* : El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito sobre la ordenación del territorio. El fiscal considera que el regidor concedió una licencia sin ejercer sus competencias disciplinarias en materias urbanísticas ya que era conocedor de que la edificación que se iba a construir no era agrícola.
El ministerio público basa su acusación en que al solicitarse la licencia de primera ocupación se aportó por parte del solicitante un croquis de la distribución de la vivienda (salón-comedor, cocina, baño, aseos y tres dormitorios) "por lo que era evidentemente que no era una edificación agrícola".
En el relato acusatorio, se explica que existía un informe favorable de la arquitecto técnico municipal, (que también está procesada en este procedimiento) pero que el regidor "fue conocedor de la discordancia absoluta entre lo que se solicitaba y la normativa urbanística".
Además del alcalde en este procedimiento hay siete personas más imputadas, entre ellas, cuatro arquitectos, la pareja que promovió el edificio y el individuo que lo ejecutó.
En el escrito acusatorio se explica que la acusada, A.B.A., como arquitecto-técnico municipal del consistorio, informó favorablemente pese "a la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística".
Por ello, el fiscal pide en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Efe, que se le condene a un año de prisión por un delito sobre la ordenación del territorio. Para los otros tres arquitectos se les pide a dos de ellos, P.F.V. y J.P.P., un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos por un delito sobre la ordenación del territorio al ser los responsables de la dirección técnica y facultativa de la construcción de la vivienda.
Y al otro, M.A.L.G., cuatro años de cárcel, veinte meses de multa y que se le prohíba ejercer la profesión de arquitecto, técnico o superior durante el tiempo de la condena por un delito de falsedad.
Supuestamente este último arquitecto, confeccionó en julio de 2004 un documento "de forma ficticia" que atestiguaba que la construcción gozaba de una antigüedad superior a los cuatro años, pese a que las obras acababan de finalizar.
Con este documento, los dueños de la vivienda pretendía dar a lo ilícitamente construido, apariencia de legalidad y permitir el acceso de la construcción al registro de la propiedad, para gozar de las garantías y derechos que otorga la protección registral.
A la pareja que promovió la vivienda unifamiliar se les pide cinco años y seis meses de prisión a cada uno de ellos, por los delitos de falsedad y sobre la ordenación del territorio ya que actuaron "con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo fingido y por todos maquinado y planeado".
* SUR - EFE - 4.07.10
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es
¿Qué plan Rabassa?, o del urbanismo como materia literaria
MANUEL ALCARAZ RAMOS/Alicante* : Cinco años llevo ocupándome, como alicantino amateur, del bendito Plan Rabassa, que tan distraído es, y puedo asegurar que casi todas las novedades han ocurrido en períodos vacacionales, prevacacionales u otras fiestas de guardar. En ello veo su carácter de maldición bíblica, que nos obliga a algunos a ir con la lengua fuera buscando información, reelaborando argumentos y escribiendo artículos en vez dedicarnos al solaz y la contemplación. O sea, que pasadas las Hogueras y ascendido el Hércules, se nos dice que hay un Auto del TSJ que levantaría la suspensión cautelar sobre el plan. Como cuando escribo esto no conozco el contenido del Auto y ya bastante liada está la cosa jurídica, no me meteré en esas honduras, que nada hay más ingrato que glosar un texto legal ignorado y deducir de ello conclusiones definitivas. Los hay capaces de eso y de mucho más, pero yo no.
El asunto es que hoy el plan no estaría suspendido, mañana no lo sabemos y pasado tampoco. Porque aunque se levantara esa suspensión nada impediría al TSJ volverla a decretar inmediatamente, y tanto más cuando los recurrentes aún no han formulado sus demandas definitivas. La imagen de unos señores, ataviados de togas, en pleno verano, dilucidando todos los entresijos de una cuestión judicial más compleja que el Estatut de Catalunya, me provoca un escalofrío de solidaridad. Por nadie que pase. Aunque, vete tú a saber, la decisión ulterior puede tomarse para Navidad, o para las próximas Hogueras. Nadie es ya dueño del tiempo en esta cosa tan rara. Lo que nos aleja un paso más de la realidad y aproxima el Plan Rabassa a la materia literaria: escrita por Borges, KafkaCalvino es algo que dejo a los gustos del lector.
Pero eso no es lo más grave: la dilución absoluta de la realidad afecta al Plan Rabassa en sí, en cuanto que proyecto urbanístico, en cuanto que dibujo, en cuanto que álbum de infografías, en cuanto que máquina generadora de ideas autolegitimadoras. Porque los jueces, ahora o luego -y, desde luego, definitivamente será muy luego-, dirán lo que tengan que decir sobre un plan que, en su esencia, ya no existe. En realidad nunca ha existido. Porque nunca pasó por la cabeza de sus defensores principales que se fuera a construir esa aberrante ciudad que haría de Alicante su suburbio fundamental. Se trataba -lo dijimos, y nos atacaron unos cuantos- de controlar millones de metros cuadrados para estar en disposición de organizar otros muchos cotarros. Pero como no se podía asumir públicamente, se aludió a la urgencia de las casas, y, en especial, de VPO: ¿es preciso recordar las martingalas y promesas, todas incumplidas, que nos fueron colocando? Pero lo mejor estaba por llegar. Y llegó exactamente en el momento en que se produjo la aprobación del plan y los que controlaban, al fin, el suelo, podían pasar de las musas al teatro. Y se nos apareció Ikea, rodeada por dos ángeles megacomerciales. Good bye, VPO.
O sea: que lo que los magistrados tienen que enjuiciar es un plan que nunca se hará, por más que levanten la suspensión y lo bendigan con agua del Jordán. Si el Auto dice que bien, que, provisionalmente, puede tirarse para adelante: ¿veremos alguna excavadora preparando cimientos antes de que acabe el año? Por supuesto que no, que debajo ya no hay tesoros. Lo más que veríamos sería acelerar la tramitación de los centros comerciales que para eso Ikea se encarga de elaborar los informes pertinentes sobre tráfico e impacto comercial en una muestra exquisita de cuidado por lo público. ¿O alguien imagina que unos informes pagados por la multinacional desaconsejarán su instalación?
Pero es que lo que el TSJ tiene que decidir es la idoneidad jurídica de un planÉ ¡en el que no está Ikea! Para entendernos: de los 4,2 millones de metros el plan ya perdió varios centeneres de miles para uso ferroviario (AVE) y ahora Ikea y los macrocentros, con aparcamientos y viales, se llevaría otra parte considerable. ¿Qué queda, pues, de lo aprobado?, ¿qué queda de aquellos proyectos tan bonitos con los que se nos saturó publicitariamente hace unos meses? Más sustantivamente: ¿alguien puede decir cuántas viviendas caben tras estas cosas?, ¿cuántas serían VPO?, ¿cómo se redefinen las zonas verdes y otros equipamientos?, ¿existen estudios que nos digan cuándo habrá demanda de vivienda para lo que sea menester? El nuevo PGOU, el de los tristes destinos, se ha ido hacia la Generalitat sin haber arreglado la integración del plan, con o sin Ikea, y la inclusión de éste -nueva máquina de legitimar el desaguisado- precisa de una reforma del plan parcial: ¿pero cómo podrá hacerse si persiste la suspensión o si se presentan nuevos recursos?
¿Qué queda, después de todo esto, aparte de crispación, ilusiones perdidas y togas sudorosas? Pues no se sabe. Nadie lo sabe. Quizá un auto sacramental que regule macrocentros de protección oficial, lagunas trastocadas en fiordos suecos, 4 millones de viviendas o 14.000 aparcamientos. Basta con que baile un concepto para que lo que se suspenda, se apruebe o se prohíba, nos lleve directamente al País de Nunca Jamás. Pero, en fin, dejémoslo aquí: no debemos especular con el Plan Rabassa.
* Información - Opinión - 4.07.10
Mallorca.- Analizan contratos de 8 ayuntamientos del PP vinculados a la trama Gürtel
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DIARIODEMALLORCA* : La Guardia Civil está analizando a conciencia los expedientes de contratación de ocho ayuntamientos de Mallorca que encargaron trabajos a Over Marketing, la empresa de publicidad que dirigió la campaña electoral del PP en 2003 que llevó al poder a Jaume Matas, salpicada con la trama Gürtel. Los investigadores, a las órdenes de la fiscalía Anticorrupción, están analizando documento por documento y, a falta de concluir el análisis de los expedientes, han detectado que la contratación está repleta de anomalías.
La Guardia Civil ha comprobado que Over Marketing no sólo trabajó para el Ayuntamiento de Inca. También lo ha hecho con otros consistorios de Mallorca, todos ellos dirigidos por el Partido Popular. El nombre de esta empresa apareció durante la investigación del caso Ibatur.
Fuentes próximas al caso han señalado la trascendencia de esta nueva línea de investigación, que en estos momentos se apoya, además de en los documentos intervenidos, en el testimonio de una antigua trabajadora de Over Marketing, que desveló detalles muy significativos de la trama Gürtel en Mallorca.
La sede principal de la empresa Over Marketing está situada en Madrid y fue registrada el pasado martes por la Policía, bajo la supervisión del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach. De esta oficina se intervinieron decenas de cajas, algunas de ellas guardadas en un trastero, y se confía en que del análisis de dichos documentos aparezcan nuevos detalles de la operación de corrupción que dirigía Francisco Correa. Pero al margen del análisis de dichos documentos, que físicamente aún no han sido trasladados a Mallorca, de momento se han intervenido expedientes referentes a ocho ayuntamientos de Mallorca del PP que han contratado con Over Marketing. La testigo ha reconocido que esta empresa no necesitaba presentarse a los concursos para obtener subvenciones públicas de administraciones dirigidas por el PP. Los investigadores sospechan que estos ayuntamientos tenían órdenes de contratar con esta empresa en compensación por la campaña electoral que llevó al PP a recuperar el poder en las elecciones de 2003. No se descarta que, indirectamente, esta empresa también haya servido para financiar al partido, según sostienen fuentes próximas al caso.
Pero no sólo la empresa madrileña trabajaba para los ayuntamientos. También lo hizo con 9 de las 13 conselleries del anterior ejecutivo autonómico. No se descarta que muchas de estas contrataciones también fueran amañadas.
* Diario de Mallorca - 4.07.10
Foto: Inca (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaweb.com
La plataforma contra la construcción de un hotel en el parque natural de Cabo de Gata se manifiesta mañana
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EUROPAPRESS/Almería* : La plataforma ciudadana y política 'Stop urbanismo salvaje en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar', surgida contra el proyecto para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje 'Campillo de Gata', en Almería, se manifiesta este lunes a partir de las 11,00 horas frente a la Iglesia de Las Salinas, en el interior del espacio protegido. El colectivo, surgido en paralelo a la constitución de un grupo paralelo en la red social Facebook, trasladará su rechazó a la obra, que fue paralizada el pasado día 28 por agentes de la Guardia Civil y de Medio Ambiente, que, a través de la Consejería andaluza, ha incoado un expediente sancionador a la promotora por falta grave al actuar sobre una zona calificada como B en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, lo que hace que el establecimiento sea "incompatible medioambientalmente".
La empresa 'Circulo Agroambiental' trasladó a la zona maquinaría pesada para comenzar los trabajos previos de construcción del inmueble después de que el Tribunal Supremo (TS) avalase la licencia municipal concedida en 2001 por el Ayuntamiento de Níjar al desistir la Junta de Andalucía del recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que también rechazó anular el permiso.
El expediente incoado, que se suma al acta de infracción que levantaron los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tipifica la actuación de la mercantil como una falta grave, por lo que, una vez culminada su tramitación, podría derivar en una multa que oscila entre los 240.000 euros y los 2,4 millones de euros.
La Guardia Civil levantó este lunes acta de infracción contra la empresa después de que ésta trasladase al paraje maquinaria pesada para dar comienzo a los trabajos previos de la construcción del hotel, proyectado con 50 habitaciones, ya que, tal y como sostienen desde la Junta de Andalucía, el establecimiento es "incompatible ambientalmente" con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona de B2.
Previamente, el pasado día 7, la Delegación provincial emitió una resolución en la que se advertía tanto a 'Círculo Agroambiental' como al Ayuntamiento de Níjar que no podría "ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente" al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildan de "altamente improbable".
En concreto, la promotora debería adaptar el proyecto de hotel en 'El Campillo de Gata' a lo previsto "en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante" ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario (LIC). La calificación ambiental dada por el PORN la define como "área seminatural con usos tradicionales" y, por tanto, no urbanizable.
* Europa Press - 3.07.10
Foto: Cabo de Gata (Almería), protesta oct07 - CHEMA ARTERO (Sur)
El rascacielos que rompe Sevilla
SUR* : ¿Qué necesita una ciudad para dejar de ser considerada Patrimonio Mundial? En el caso de Sevilla, la respuesta pasa por un rascacielos de 178 metros y 120 plantas que se construye en la Isla de la Cartuja, el barrio donde se desarrolló la Expo'92. Las críticas por el impacto visual del edificio en el paisaje cultural y natural de la capital hispalense han llegado incluso hasta la Unesco, que ha encargado varios informes que examinará a finales de mes para decidir si saca a la ciudad andaluza de su clasificación.
La polémica comenzó el pasado año, cuando la caja de ahorros Cajasol dio a conocer al ganador del concurso para su edificio de oficinas cerca del Parque Tecnológico y del señero barrio de Triana. Todos los arquitectos presentaron proyectos en altura dado el tamaño de la parcela y las necesidades de la entidad financiera, y el elegido resultó ser un ejemplo de arquitectura sostenible, diseñado por César Pelli y que tendrá un coste de 353 millones de euros.
Nada más conocerse el hito que coronaría el nuevo 'sky line' de la ciudad, las primeras voces se alzaron en contra. De nada sirvió explicar que la construcción se sitúa alejada del centro de Sevilla, a 1,6 kilómetros del núcleo histórico considerado Patrimonio de la Humanidad, cuyo epicentro es el triángulo de oro que conforman la Giralda, la Catedral y el Archivo de Indias. El negativo impacto visual era el argumento repetido por sus detractores, encabezados por los expertos del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la organización que asesora a la Unesco en temas de conservación de patrimonio.
En una reunión celebrada precisamente en Sevilla el pasado año, el Comité Anual de Patrimonio Mundial de la Unesco acordó pedir a España que realizase una completa evaluación del impacto de la Torre Pelli, como se la conoce popularmente, con especial atención a su relación con el conjunto monumental. Asimismo, reclamó a nuestro país que, en tanto se realizaba este informe, «cesaran» cautelarmente los trabajos de construcción» del rascacielos.
Edificio sostenible
Sin embargo, como señalan desde Icomos, los trabajos no han parado y continúan las obras de cimentación para permitir que el edificio esté concluido en 2012. Desde Cajasol argumentan que cumplen todos los permisos y tienen las preceptivas licencias, por lo que se muestran «tranquilos», dado que no afecta directamente a los monumentos. El vicepresidente de Icomos en España, Víctor Fernández Salinas, reitera que el impacto no es tanto «por la construcción en sí, como por el lugar elegido para levantarlo», dado que aunque no influye directamente en los bienes catalogados sí afecta negativamente al paisaje.
Otras plataformas contrarias, como Túmbala, apuntan incluso a que se vulneran hasta «50 normas» del Plan General de Ordenación urbana de la ciudad. Esta entidad vincula el proyecto a una operación político-urbanística y ha presentado dos denuncias: una por la vía contencioso-administrativa para anular la licencia de obras y otra por lo penal por un supuesto delito de prevaricación por parte de la Gerencia de Urbanismo al aprobar el proyecto sabiendo que choca con el PGOU.
Difícil, pero no imposible
Ahora, la pelota está en manos de la Unesco, que a finales de mes se reúne en Brasilia y deberá estudiar los dictámenes. El responsable de Icomos reconoce que es muy difícil que una ciudad sea descatalogada como Patrimonio Mundial, «aunque no imposible, ya pasó en 2009 con el valle del Elba», tras la construcción de un puente en Dresde.
De momento si se considera que el impacto es negativo, se harán una serie de recomendaciones que situarán a la ciudad en el listado de ciudades «en peligro», donde siguiendo el 'ejemplo' alemán podrían pasar cuatro o cinco años hasta que se tome una decisión en firme en función de la evolución de asunto.
«Es una pena que se piense que la modernidad pasa sólo por tener rascacielos», lamenta Fernández, quien pone de ejemplo la escasa variedad de 'sky lines' de las ciudades norteamericanas, «mientras que en Europa son todas diferentes». Y en el caso de Sevilla, abre el debate acerca de la conveniencia de que todos los proyectos espectaculares vayan al centro histórico, «cuando la modernidad sería precisamente dar esas claves a otros espacios de la ciudad».
* SUR- Colpisa - 4.07.10
Foto: Recreación del proyecto de César Pelli en la Isla de la Cartuja, sede de la Expo'92. :: SUR
Paraguay.- El peatón en Holanda
PEDRO GÓMEZ SILGUEIRA/Asunción* : En las calles de Amsterdam no hay problemas de tráfico y las pocas dificultades tienen que ver con las bicicletas. Miles de ellas están aparcadas en la vía pública y la ciudad cuenta con una extensa red de ciclovías que se proyecta hacia las autopistas. Eso sí, ante la mínima distracción, el peatón puede ser atropellado por una bici si cruza la calzada en un punto no indicado. En la mayoría de los países europeos más avanzados las motos y los automóviles van quedando atrás y son reemplazados por un óptimo sistema de transporte público de pasajeros no contaminante. Así protegen el medio ambiente y evitan contribuir al calentamiento global. También preservan la salud de la población. Y como no pueden tener una red de metro, en la capital holandesa optaron por tranvías. Pero esa no es la gran brecha que nos separa de países como Holanda y Bélgica en materia de ordenamiento vehicular. Podemos considerar que el tema pasa por dos cuestiones que pueden parecer anecdóticas, pero que son elementales en el urbanismo y la vida ciudadana: En primer lugar, el respeto al paso peatonal. Tanto automovilistas como conductores de bicis y peatones respetan a rajatabla la franja peatonal. Ningún pedestre cruza la calzada por donde no se le antoje y ningún auto se detiene sobre ella en las bocacalles donde hay un paso de cebra. Basta con que el peatón ponga un pie sobre un cruce señalizado para que el vehículo se detenga y le ceda el paso. Nadie propina bocinazos a un anciano que trata de pasar peleando con su bastón. Tampoco aparece alguien que se apure en atropellar la franja al ver que se acerca un peatón para ganarle la carrera hacia la esquina. La otra cuestión importante tiene que ver con las paradas de ómnibus. No existe bus que alce o baje pasajeros fuera de las paradas, debidamente equipadas y señalizadas. Tampoco suben al cordón de las veredas a tontas y locas para que los pasajeros puedan saltar en plena marcha. Al contrario, los colectivos se toman su tiempo prudencial de unos minutos para alzar o bajar a sus usuarios. Transcurrido ese tiempo, cierran puertas y no abren aunque el Papa les siga corriendo. Todo se hace civilizadamente y en la debida forma. En nuestras calles impera la ley de la selva y del “mbarete”. Los famosos “corredores de colectivos” en los que tanto dinero está invirtiendo la Municipalidad de Asunción de nada servirán si no cumplen su función y si los colectiveros no cambian de actitud. Hasta ahora los buses no los utilizan, sino se adelantan sobre el otro carril en una alocada carrera. Entre paréntesis, vale acotar que para lo que cuestan estos corredores –casi 1.000.000 de dólares– tienen una terminación pésima y muy desprolija. ¿Es tan difícil conseguir calzadas de hormigón que tengan una superficie lisa y uniforme sin que parezcan hechas rústicamente con cucharas de albañil? El Reglamento de Tránsito vigente establece normas para las franjas peatonales y las paradas de ómnibus. Solo es cuestión de que alguien las cumpla y alguna autoridad municipal se encargue de hacerlas cumplir. Sería bueno que los candidatos a intendentes y concejales, en vez de gastar en tanta papelería inservible, elaboren y repartan a choferes y peatones un manual de cómo andar por las calles en forma civilizada.
* ABC.com - Opinión - 4.07.10
Foto: Asunción (Paraguay), vista - viajitis.com
Chile.- Crónicas marcianas se apoderan de Santiago
LANACIÓN* : ¡Los editores tienen cada idea! Esta semana fue el turno de la ciencia ficción. Me pidieron asistir a un evento sacado de las “Crónicas marcianas” de Bradbury, claro que en versión chilensis. Edición de lujo, presentación en colores, full asistencia, nada menos que en el Hotel Hyatt. Obligada a partir de madrugada para encontrar asiento. ¿Querían que me proyectara al Santiago futurista, situado en el año 2041, para sus 500 años, y que averiguara lo que espera a los santiaguinos que habitarán la megaurbe del mañana? OK.
Pero cómoda, con acceso inmediato a los especialistas. Tuve que ir a estacionar tres kilómetros más allá, pero no pude beneficiarme del tranvía, cuya implementación desvela al alcalde de Las Condes. Ojalá esté para el 2041.
No les digo el taco que había alrededor del hotel. Si lo hubiesen organizado como escenografía anticipatoria y apocalíptica, no les hubiese salido más ad hoc.
Por culpa del embotellamiento llegué atrasada al encuentro, pero mucho más sensible a los dramas urbanos, y me enteré con estupor de que los autos ya ocupan más espacio que las personas en Santiago.
Y la población no para de crecer, al punto que dentro de 30 años Santiago tendrá que alojar, alimentar y transportar a más de 10 millones de habitantes por día. Oh, my God!
¿Cómo lo resolverán las autoridades? Método Serviu: cantidades industriales de casas chubi -desde Peñalolén a Tiltil, desde el compadre hasta el perro- departamentos chubi, villas chubi, oficinas y malls chubi, y muchos pero muchísimos autos chubi.
El desafío será la organización del tránsito. ¿Vías segregadas por color? Por suerte no estaré para verlo. ¿O figuraré en un ánfora chubi…? Voy a pedir que me tiren al Mapocho navegable…
El foro “Santiago 2041” fue una junta privilegiada de cerebros preocupados de la sustentabilidad y la innovación.
Reunió a una elite de expertos en arquitectura, medio ambiente, urbanismo, transporte, mucho militante Tantauco y harto empresario con ideas verdes para ganar de los verdes.
Más atrasado que yo, llegó el intendente metropolitano, Fernando Echeverría, que acaba de llegar de Sudáfrica con expertise en estadios chubi. Quién como él.
Antes de cumplir 100 días en la pega, se fue de vacaciones al Mundial, y su jefe le dio permiso. Y uno que tiene que tener un año de antigüedad para poder arrancarse a Patronato a la hora de almuerzo. Eso se llama reivindicar la dignidad del funcionario público. ¡Yo quiero una pega así!
Una encantadora anfitriona alemana con ene acento hizo las presentaciones de rigor y comenzó el despliegue futurológico.
Es que Alemania la lleva en la planificación del largo plazo. Tremendo desafío para Chilito con lo buenos que somos para improvisar.
Obligada a pensar en el 2041. ¿Seguirán los honorables discutiendo el royalty para entonces? ¿Se habrá vendido Chilevisión? Nos aproximaremos por fin a la última etapa del Costanera Center, del caso MOP-GATE y de Los Huasos Quincheros? Misterio.
Los expertos que escuché en el Hyatt no se aventuraron a dilucidar esas cuestiones. Es que, a poco iniciar el seminario, se quedaron entrampados en el Transantiago. (¡Era que no!) Pablo Allard nos mostró una postal del caótico tráfico de Nigeria con el siguiente comentario: “Este es el Transantiago de Lagos”. Carcajadas. Se refería a la ciudad llamada “Lagos”, por cierto. ¿O usted pensó otra cosa? Una terrible majamama de busecitos amarillos en medio de una horda humana. Atroz.
Pese a todos nuestros temores transantiaguinos, Allard nos contó que no será el tráfico nuestro mayor problema en el 2041, sino la falta de agua para consumo humano. ¡Glup! Los que dejaron de comprar Coca-Cola que empiecen a juntar botellas, pensé. Grave la escasez del vital elemento.
Este escenario desértico refuerza mi decisión de ser cremada: antes que me pongan en un ánfora chubi que bajo un metro cuadrado de césped en un cementerio-parque.
¿Se imaginan la cuenta por concepto de riego? A mi tía Edelmira, que aún no se muere, ya le cobran el mantenimiento del minúsculo jardín que cubre su módico sepulcro.
El otro día se quejaba amargamente por eso. Trató de vender su propiedad en el Parque del Recuerdo y la administración no la dejó. Y pensar que compró su tumbita en cómodas cuotas para evitarse problemas… Definitivamente, las ánforas chubi son el negocio que viene.
Es que los expertos dicen que el consumo de agua en el mundo creció, de 1900 a la fecha, el doble que la población humana.
Más civilización, más aseo, más agua. Advierten que en la zona central de Chilito, con calentamiento global y escasez de lluvia incluida, va a escasear el imprescindible líquido.
Por suerte, el intendente salió al paso de mis aprensiones respecto de las futuras generaciones de santiaguinos: persistirá en el empeño de “convertir al río Mapocho, como la ha planteado nuestro Presidente Sebastián Piñera, en un espacio de encuentro social y de vida al aire libre”.
Genial. Me lo imaginé como un aquapark chubi, con hartas regaderas y playas al estilo Lavín. Gratis, o subvencionado, con tarjeta de Fonasa y garantía AUGE. Viva la modernidad.
Cuando Allard contó que en Nairobi hay campamentos con millones de indigentes y un WC por cada mil habitantes, me di cuenta de que vivir en Chilito es todo un privilegio.
El acceso democrático al WC es una conquista social como pocas, pensé.
Mientras reflexionaba sobre el uso sustentable de los WC, oí al intendente asegurar que dentro de tres décadas todo se reciclará y de ahí se sacará energía.
¿Todo, todo? Absolutamente todo, dijo. ¡My Lord! Con esta tendencia, tendrán que construir sucursales de La Farfana en cada esquina, al lado de cada mall, junto a los tribunales, y una bien grande al lado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Cómo financiarán semejante operación los ciudadanos del mañana? El ingreso per cápita será de un millón 300 mil pesos, dijeron los expertos.
Es de esperar que la distribución del ingreso sea un poquito más racional y que las nuevas generaciones no se farreen el sueldo de Chilito en comida chatarra. Porque las proyecciones alimentarias son aterradoras: ocho de cada 10 chilenos serán obesos en 2014.
Según estimaciones del urbanista Marcial Echeñique, el desafío será la calidad de vida. A mí, me preocupa la calidad post mortem.
* La Nación - Mariela Vallejos - 4.07.10
Foto: Encrucijada.- Entre los expertos, el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, abrió el encuentro más concurrido del Hyatt, a pesar del tráfico.- Isabel Ávalos, lanacion.cl
Decisiva intervención ciudadana, servidores públicos ejemplares y aguas tóxicas en el ayuntamiento barcelonés y en la leal oposición de CiU
SALVADOR LÓPEZ ARNAL* : Pascual Serrano ha escrito un excelente resumen de la situación actual del caso del Hotel [1]: el ex presidente del Palau de la Música de Barcelona, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, están procesados acusados de tráfico de influencias y apropiación indebida. El juzgado dirigido por Miriam de la Rosa cuantifica el saqueo del Palau de la Música de Barcelona en más de 35,6 millones de euros. No hay error en la cifra: ¡más de 35 millones de euros! Los acusados consiguieron la recalificación urbanística de tres fincas de la calle de Sant Pere més Baix, pegadas al Palau, fincas afectadas por la construcción del hotel de lujo que contó con el beneplácito, y el impulso incluso, del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluna. Los encausados, flor y nata de la burguesía catalana de larga tradición, poderosos tentáculos y prolongadas sombras, solicitaron presupuestos a varias empresas y asignaron finalmente la construcción del hotel de lujo a Olivia Hoteles, a cambio de una “pequeña comisión” de 900.000 euros que debía ingresarse en las cuentas de la Fundación Orfeó Català [2].
Según el fiscal del caso, la “comisión” fue a parar finalmente a los bolsillos insaciables de Millet y Montull, quienes han pasado trece días en prisión provisional, saliendo sin fianza el pasado 30 de junio. Félix Millet, vale la pena recordarlo, tiene antecedentes penales por corrupción.
¿Sabemos algo más de este amplíismo y pestilente caudal de abyección político-económica? Sí, gracias a las declaraciones ante la juez del caso de Itziar González (IG). Itziar, salvo error por mi parte, es hija de J. A. González Casanova y de la recientemente malograda Rosa Virós, ex rectora de la Universitat Pompeu Fabra. Está en los memes de Itziar los ideales de justicia y honestidad. Ellos serían causa de su dimisión política. Aunque independiente, Itziar González, del ámbito del PSC, era concejal de Ciutat Vella del gobierno municipal de Barcelona. Que yo recuerde no hay precedentes similares, no se recuerdan dimisiones afines.
En sus declaraciones a la juez que lleva el caso del hotel del Palau, Miriam de Rosa, IG ha señalado que durante su mandato recibió presiones de “totes les bandes”, pero especialmente del teniente de alcalde Urbanismo, el hombre fuerte de Hereu, el señor Raimon García-Bragado, un técnico-político con enorme poder que no es militante del PSC, y que en el momento en que escribo esta nota ha “renunciado” al área de urbanismo pero ha sido mantenido por el alcalde barcelonés en el municipio [3]. El señor Hereu no duda de la honorabilidad del señor García-Bragado a pesar de que los motivos para ello se amontonan.
Presiones de todos los lados, que han obligado a Itziar González a cambiar de domicilio por fundado temor a represalias, ¿para qué? Para que ella, regidora del distrito, desbloqueara la tramitación para construir el hotel de lujo de Millet y Montull. IG ha señalado igualmente que en ninguna otra situación, en ninguna otra, recibió tantas llamadas como en este caso.
IG guarda muchos de los correos que ha recibido durante estos años sobre el hotel en cuestión. Es obviamente una figura clave en el proceso. En sus declaraciones ante la juez, ha comentado que dada su formación de arquitecta vio claramente desde el principio que la construcción del hotel no tenía nada que ver con el interés público de la ciudad sino con sesgados intereses privados. Por ello, ella misma impulsó un activo proceso de participación ciudadana que tan decisivo ha sido en la salida a la superficie de este escándalo urbanístico de dimensiones no totalmente delimitadas. El abogado de los vecinos es Jaume Asens. Mejor imposible: un ciudadano de altísima dimensión republicana, defensor de todo lo noble y digno que transita por la ciudad de Papasseit, Espriu y Sacristán, al servicio de una causa pública de alta tensión. Asens explicó a la juez que García-Bragado se enfadaba cada vez que Itziar González mostraba reticencias ante el proyecto hotelero [4].
No fue el único, no fue sólo en el despacho del poderoso “técnico” donde se ubicaron las presiones. IG ha declarado que, en algunos momentos, sintió que el equipo de gobierno, con la presencia de ICV-EUiA, dudaba de su lealtad. Ella era el único alto cargo municipal que se oponía a la operación urbanístico-crematística. Peor imposible: la izquierda supuestamente transformadora, la izquierda de debò, con la boca silente, desinformada o secuestrada por una mayoría que va a su bola y defiende los intereses que defiende, que poco tienen que ver con los sectores populares que le dan apoyo. De hecho, según cuenta J. Asens, Itziar González intentó que el mismísimo alcalde barcelonés parase el proyecto. Recordemos la respuesta del señor Hereu: la iniciativa ya era muy difícil de detener, no era posible obstaculizar la turbulencia de estas aguas tóxicas. No era el caso. Se ha sabido posteriormente que existía el compromiso explícito del ex primer teniente de alcalde, el señor Carles Martí, para que el proyecto se llevara a término. De “nido de corrupción”, para referirse a amplias dependencias del consistorio municipal barcelonés, han hablado algunas voces.
No falta desde luego la presencia del otro punto extremo del segmento. Xavier Trias, el candidato de CiU para la alcaldía, el coleguilla de Fèlix Millet en sus vacaciones menorquinas, llamó a la regidora Itziar González para mostrarle su interés por el proyecto.
Ella misma fue convocada en septiembre de 2008, cuando aún era regidora de Ciutat Vella, a una reunión con García-Bragado y Fèlix Millet. ¿Qué hacía un señor como éste en una reunión como aquélla? Fue breve el encuentro. González defendió la necesidad de tener en cuenta la voz y argumentos vecinales, de que sus posiciones fueran vinculantes. Por supuesto, el dueto Millet-García-Bragado, los dos a una, sin matices, se opusieron frontalmente. ¡Qué tonterías republicanas son esas! Qué pueril ingenuidad, concluirían; a por ella pensarían
Al final de sus declaraciones ante la juez, IG dio gracias a la juez y al fiscal por haber detenido lo que ella no fue capaz de detener, le faltó fuerza política y apoyos: una operación urbanística falsaria, interesada y antipopular de Millet y Montull, dos prohombres destacados de la alta burguesía de la ciudad.
El abogado de Millet Pau Molins, hermano de Joaquim Molins, el ex conseller -¡de Obras Públicas!- de Jordi Pujol, abandonó su defensa el lunes 28 de junio. ¿Por qué? Fuentes judiciales han apuntado que la razón parece ubicarse en las informaciones que diversos medios de información catalanes publicaron el anterior fin de semana sobre un “presunto” sistema de cobro de comisiones por obra pública que habrían acordado Convergencia Democrática de Catalunya y Fèlix Millet. Lo sabido, el 3% incrementado.
¿Quién ha asumido la defensa tras la dimisión de Pau Molins? Mireia Astror, del despacho Piqué Vidal. ¿Piqué Vidal, les suena? Efectivamente: el mismo bufete de abogados que asumió la defensa de Fèlix Millet en el caso Renta Catalana, la primera ocasión que fue a la cárcel hace ya varias décadas. Por su parte, Piqué Vidal está actualmente en libertad provisional: fue condenado a siete años de cárcel por exigir pagos millonarios a empresarios y banqueros si querían evitar la prisión. ¿Les recuerdo el nombre de su cómplice? No es necesario, han acertado: el ex juez Pasqual Estevill.
Según fuentes judiciales relacionadas [5], el arquitecto Carles Díaz es también clave en todo este desaguisado. Hombre de confianza de Fèlix Millet, trabaja -¡qué cosas!- en el despacho de una figura destacada de las clases ilustradas catalanas: el arquitecto Óscar Tusquets.
PS: Otra cara del poliedro-oasis socioconvergente catalán que ha recordado Lucas Marco y que merece no ser pasado por alto [6]. José Mestre Fernández, el director de carga del Puerto de Barcelona, duerme en la cárcel. Más de doscientos kilos de cocaína son el motivo. Fue detenido durante una reunión con narcotraficantes en un hotel barcelonés. Como Fèlix Millet, tampoco era la primera vez que Mestre Fernández tenía problemas con la justicia. En 1981 tuvo que marcharse brevemente “al exilio”, no por motivos políticos desde luego. Se trató de un asunto de robos en el Puerto barcelonés. El pasado mes mayo de 2010, hace apenas un mes, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya José Montilla entregaba en mano “el premio al mejor empresario nacional del sector de la logística” al señor Mestre Fernández “por su admirable trabajo al frente de la empresa Tercat”. Lucas Marco ha argüido que probablemente algunos sostengan ahora que hay que retirarle el Premio a José Mestre. Él cree que no: al fin y al cabo, ha señalado, fue “un gran empresario y un gran narcotraficante, como tantos otros”.
Notas:
[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108899
[2] Por supuesto, Manuel Valderrama, presidente de Olivia Hotels, niega el pago de tal comisión a Millet para quedarse con el concurso del hotel de Palau. Valderrama ha declarado que él siempre quiso dejar el despacho de Tusquets por lo desorbitado de sus honorarios. Jordi Montull se negó a ello. Con la nueva documentación, el fiscal Antoni Pelegrín está estudiando la posibilidad de ampliar la querella y el círculo de imputados.
[3] El otro alto cargo municipal apartado es Ramon Massaguer, gerente también del ámbito de Urbanismo, ex secretario general de Sanidad… ¡cuando gobernaba CiU! Es a Massaguer a quien Jordi Montull escribió señalándole que “era su tabla de salvación”. Definitivamente: Dios o afín los crió y ellos hicieron piña más tarde.
[4] Público, 29 de junio de 2010 (edición Catalunya, p. 2)
[5] Público, 30 de junio de 2010 (edición Catalunya, p. 6)
[6] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108898
* Rebelión - Opinión - 4.07.10
Ecologistas en Acción alerta una vez más sobre la degradación del litoral español
NUEVATRIBUNA* : Ecologistas en Acción ha presentado el Informe Banderas Negras 2010. Caos en La costa en el que se analiza un año más la situación de la costa y se identifican los casos con mayor degradación debido a los principales problemas de vertidos orgánicos e industriales, urbanismo, los vertidos orgánicos e industriales y obras costeras, así como la desplanificación de los puertos de interés general y la falta de rumbo en la gestión de los recursos naturales.
El informe aborda el problema urbanístico según los datos del Observatorio de sostenibilidad Español (OSE), los cambios en la ocupación del suelo entre los períodos 1987-2000 y 2000-2005, constando cómo las zonas urbanizadas han aumentado un 50% en esos 19 años, tanto en el interior como en el litoral, urbanizando a un ritmo de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005.
Ecologistas en Acción denuncia, en este informe, que las distintas comunidades autónomas de la costa “se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas, ya que ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla”. Existe un “déficit generalizado” de infraestructuras, sobre todo en el Cantábrico. Además, también se identifica en este informe que el tratamiento de los vertidos al mar que establece la ley de costas “se incumple de forma sistémica”.
Ecologistas en Acción denuncia, “las carencias de la ley de responsabilidad ambiental que nos deja indefensos ante vertidos como el ocasionado por la petrolera British Petroleum en el Golfo de México” y “los impactos” producidos por los vertidos industriales en la costa.
“El derroche de 230 millones de euros anuales en las mal llamadas regeneraciones de playas y obras en costas destinadas a abastecer las demandas privadas” y “la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa que no cuentan con una justificación económica y ambiental” son otras de las cuestiones que quedan plasmadas en dicho informe.
Ecologistas en Acción asegura que la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, “es el origen de los problemas de esta desplanificación y lucha de poderes” porque “posibilita la independencia y planificación económica por parte de cada una de las Autoridades Portuarias repartidas por toda la costa, la posibilidad de inversión privada en los proyectos y actuaciones de estos puertos de interés general y, además la posibilidad de competir unos con otros. Es decir, si traducimos esta ley, lo podemos resumir como el fin de la planificación estratégica de los Puertos del estado”, dicen.
Ante la gravedad de esta situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la propia sociedad, un cambio de modelo social y económico urgente, modelo que debe basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la agricultura ecológica y la pesca sostenible.
LOS CASOS DE MAYOR DEGRADACIÓN EN LA COSTA
Urbanismo: El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (Ferrol, protección de una masa de eucaliptos situada en Catabois a casi 4 km de costa y en cambio no se protege la zona de ladera litoral de Mougá, San Xurxo y Doniños), los desarrollos urbanísticos de cinco municipios Cántabros: Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo; la totalidad de la ocupación de la costa de Marbella y Fuengirola; la Costa Blanca con Marina d´Or y el pintoresco Barrio de Pescadores del Cabanyal; la histórica ocupación de La Manga, Huelva y la desplanificación de Matalascañas, Cádiz y la "Arboleda perdida" en el Puerto de Santa María y Baleares con las Áreas de Reconversión Territorial y la costa de Andratx.
Vertido de aguas residuales urbanas: Barcelona y su área metropolitana, los parques naturales del país valenciano destacando la Serra Gelada y la Albufera de Valencia, el parque natural de Ses Salines en Ibiza y Formentera, el Mar Menor, la bahía de Algeciras, Ceuta, la ría de Vigo, la mala situación generalizada del País Vasco, la ría del Carmen en Cantabria y, el descontrol de los vertidos en toda canarias.
Vertidos industriales: la ría de Huelva con industrias de diferente naturaleza y zonas altamente contaminadas, la bahía de Portman en Murcia que significa el punto de todo el mediterráneo más contaminado por metales pesados, el estuario del Guadalquivir debido a los vertidos de las minas de las cruces afectando a la reserva pesquera de la zona, la ría de Navia afectada por los continuos vertidos de la papelera ENCE, la ría del Ferrol debido a la actividad de Reganosa, el Puerto industrial de Sagunto, en valencia con diversas actividades térmica, refinería,..., la ría de San Martín de la Arena en Cantabria con la contaminación por vertidos mineros, la situación de Vizcaya que lejos de cambiar el modelo e iniciar la restauración ambiental de las numerosas zonas contaminadas sigue ampliando este modelo en diversos puntos de la costa y, la ausencia de un plan de control y prevención efectivo de las aguas de lastre de la marina mercante que está conllevando a la introducción de numerosas especies invasoras.
Obras en costas y regeneraciones de playas: la playa de la almadraba en el País Valenciano, La Barceloneta en Barcelona, el mar menor, las playas del Puerto santa María en Cádiz, la construcción de una playa artificial en el Ferrol, la extracción de arenas marinas frente a la costa del sol para el abastecimiento de arena de las playas urbanas de Málaga, el impacto de estas obras sobre varios espacios protegidos de Ceuta, los planes de emergencia del municipio de Castrillón en Asturias, la Playa de la Cuchía en Cantabria y, el impacto sobre varias playas de Vizcaya para abastecer de arena la playa de Castro Urdiales en Cantabria.
* Nueva Tribuna - 1.07.10
Foto: ecologistas en acción, protesta costa - nuevatribuna.es
