ELPAÍS* : Es el aspecto que mejor refleja la ambición por crecer sin la prudencia que siempre debe acompañar al negocio financiero: las hipotecas que se concedieron por más del 80% y del 100% del valor de tasación de los pisos. Según el cuadro adjunto, los préstamos con estas arriesgadas características suman 89.819 millones de euros, pero faltan importantes entidades con las que la cifra sobrepasaría de largo los 100.000 millones. Representan casi una de cada cinco de las concedidas por las cajas y los principales bancos para la compra de vivienda y su morosidad es del 6,1%, lo que triplica la media del sistema. Estas hipotecas son lo más parecido a las subprime de Estados Unidos, como las definió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Los expertos apuntan al sector de los inmigrantes y de los jóvenes con contrato temporal, como los principales clientes de las hipotecas-bomba. El Banco de España. más allá de realizar avisos públicos y privados, no impidió esta dudosa práctica bancaria.
Entre las entidades ausentes (o que no ofrecen la información completa) están: la fusión de Caja Madrid-Bancaja y cinco pequeñas entidades más; Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra); Caja 3 (Caja Inmaculada de Zaragoza, Caja Badajoz y Círculo Católico de Burgos) y Unicaja, que no han facilitado la información de manera homogénea con la plantilla del Banco de España y dificulta su comparación.
"Compre un apartamento en Ampuria Brava y con el dinero de la hipoteca podrá adquirir un amarre y una embarcación". Este fue el eslogan de una entidad financiera en los años de la abundancia. Un kit completo y sugerente, pero basado en una ilusión que podía convertirse en pesadilla. Primero para el que lo aceptara si ha tenido algún problema laboral porque habrá arrastrado a todos sus avalistas y aún se puede haber quedado con una deuda de propina. En segundo lugar, para la entidad que se puede haber convertido en dueña del apartamento, el amarre y el barco (tres bienes en depreciación) que generan gastos de mantenimiento. Los banqueros y cajeros dieron por buena la ilusión de que los pisos no podían bajar, incluso algo peor: que no dejarían de subir. Así que casi daba lo mismo cuánto dinero se le prestara a un cliente por su vivienda (que debe ser la principal garantía del crédito), porque el piso siempre sería suficiente para resarcir el préstamo. Pero se pinchó la burbuja y estalló el lío.
Los datos pedidos por el Banco de España a las entidades reflejan una regla de tres: la morosidad sube a medida que el crédito es más alto sobre el valor de la vivienda. En concreto, hay seis veces más morosidad cuando se da un crédito por más del 80% que cuando supone menos del 50%. Con las hipotecas de más del 100% del valor, los impagados se multiplican por 10. Entre las entidades que destacan por su arriesgada concesión, a partir del 80% del valor de tasación, están: Caja Madrid-Bancaja, con 19.221 millones; el BBVA, con 15.556 millones; el Santander, con 9.286 millones; La Caixa, con 9.232 millones; Caixa Catalunya, con 6.528 millones y Banco Base (Cajastur, CCM, CAM) con 5.810 millones. Por morosidad en esta franja, los peores son Caja Duero- España, Unnim y la Kutxa de San Sebastián. Entre los bancos, el Sabadell y el BBVA. En total las cajas suman 56.000 millones en créditos problemáticos frente a los 27.650 millones de los seis bancos principales. El resto de hipotecas, bien concedidas, suman más de 437.000 millones, cuatro veces más que las malas. Pese a la gran diferencia, sólo suman morosos por 5.801 millones.
José Ignacio Navas, notario y coordinador del Observatorio de la Vivienda, critica las hipotecas arriesgadas. "Es un espanto que muchas hipotecas se hayan valorado por encima del precio de mercado, que es el pactado entre comprador y vendedor. Creo que algunas tasaciones no se han hecho bien. Las tasadoras recibieron presiones de las entidades para elevar la valoración de la vivienda y así poder conceder un dinero que representara, entre comillas, el 80% de la tasación. Al final se convirtieron en préstamos de altísimo riesgo". En su opinión, la razón de que las normas digan que no se debe dar más del 80% del valor de tasación es que "los intereses del préstamo van a costar, como mínimo, el 20% restante".
Navas critica una modalidad típica de una burbuja: los créditos que se actualizaban constantemente, a medida que se amortizaban, para prestar dinero para viajes, muebles y otros destinos, con el piso como garantía. El coordinador del Observatorio recuerda que ya en 2004 advirtieron al sector financiero que la vivienda estaba sobrevalorada. En su opinión, la combinación de la caída de los precios con los créditos mal concedidos a clientes que "casi no tenían que hacer ningún desembolso inicial, han multiplicado los problemas".
Sin embargo, Navas no es pesimista porque sostiene que el sector ya ha reducido sensiblemente los precios de los pisos y pronto pueden volver a encontrarse la oferta y la demanda. "No habrá una hecatombe".
* El País - 7.02.11
Foto: Hipotecas, protesta - diagonalperiodico.net
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ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Alberto Ruiz-Gallardón podría haber incurrido en un delito contra el Patrimonio Histórico al conceder a Monserrat Corulla, imputada en el caso Malaya, la licencia para convertir en hotel el Palacio de Villagonzalo a pesar de que los informes que exigía la norma urbanística eran negativos. La ficha de condiciones del Plan General Urbano de Madrid, la máxima norma urbanística vigente (PGOUM-1997), exigía la tramitación de un Plan Especial a la Empresa Promotora Palacio de Villagonzalo S.L., previo a la concesión de la licencia de obra. El Gobierno municipal de Gallardón obvió que dichos informes de 2004 y 2005 eran negativos para la conversión del edificio. Según los artículos 320 y 321 del Código Penal, la concesión de una licencia en contra del plan vigente, y más en un edifico protegido, es un delito. Según los informes contrarios a la modificación del inmueble protegido “la concesión de la licencia supone una alteración importante a un edificio de gran valor arquitectónico", ya que contemplaba un aumento de edificabilidad y "la destrucción del jardín sobre el que se quería construir un 70% de la superficie, cuando la ley solo contempla el 10%”.
El informe apunta en la línea de un supuesto trato de favor del alcalde de Madrid hacia Montserrat Corulla. La abogada madrileña obtuvo esta licencia justo en la época de la que datan las conversaciones telefónicas borradas del sumario del caso Malaya en las que Corulla habla de un tal “Alberto”. Con las obras realizadas en el Palacio de Villagonzalo se aumentó en más de 800 metros cuadrados el espacio del edificio, según señalan los propios informes técnico municipales (vea el plano).
Hay conversaciones en el sumario en las que interviene Montserrat Corulla y en las que se comenta que “se puede hablar con Alberto para un canje del suelo”, en una aparente alusión al alcalde de Madrid. Los investigadores policiales que han declarado esta semana en el caso Malaya hablan de Corulla como de “una mujer de gran inteligencia”. Su puesto como administradora única de varias de las sociedades fantasma de Roca, entre ellas la firma Condeor S.L., le hizo especializarse en las gestiones urbanísticas y de esa manera se encargó de todo lo que tenía que ver con la Gerencia de Urbanismo de Madrid. Corulla se hizo experta en comprar palacetes históricos en ruina y venderlos tras su rehabilitación para convertirlos en hoteles de lujo a través de las sociedades creadas por Roca. Así hasta que se topó con la que fue la casa del Conde de Villagonzalo, un edificio histórico de mediados del siglo XIX.
Aprovechar los recovecos legales
Todos los edificios protegidos que en esa fecha solicitaron ser convertidos en hoteles necesitaron de un Plan Especial para llevar a cabo las reformas y rehabilitaciones Todos menos el del Palacio Villagonzalo, administrado por Corulla. El PSOE acusó entonces al Ayuntamiento de "eximir" del plan especial a “la dama del velo blanco”. El equipo de Gallardón negó la mayor; rechazó el argumento de que existiera privilegio alguno: alegó que la ley permite realizar algunas actuaciones sin necesidad del citado plan y aseguró que Corulla se había servido de todos los recovecos legales para sacar adelante su proyecto.
La Comisión de Patrimonio Histórico, con representantes de la Comunidad, el Ayuntamiento y los arquitectos, corrigieron hasta en once ocasiones las incongruencias que querían llevar a cabo en el Palacio de Villagonzalo. Montserrat Corulla hizo caso omiso a las correspondientes objeciones tal y como consta en el expediente: las subsanó una a una y recurrió a autorizaciones parciales para llevar a cabo las obras.
Corulla, acusada de blanqueo de dinero en la operación Malaya, cuenta entre sus méritos varias recalificaciones ventajosas de edificios históricos de la capital. Nadie sabe como conseguía las licencias. Es por eso que su comparecencia en la vista del caso Malaya es una de las más esperadas. De todos es sabido que del sumario del caso que ahora se juzga en la Ciudad de la Justicia de Málaga se excluyeron unas conversaciones con el alcalde de Madrid porque el juez las consideró “privadas”, pero se mantuvieron otras en las que ella menciona con familiaridad a un tal “Alberto” como intermediario para lograr que el histórico frontón Beti Jai se convirtiera en un hotel de lujo. En plena campaña electoral a la alcaldía de Madrid en mayo de 2007, el por entonces candidato socialista a la alcaldía de la capital, Miguel Sebastián, mostró en un debate televisivo la foto de Montserrat Corulla a Gallardón.
En tan solo dos años y medio, la abogada amiga de Gallardón visitó las dependencias de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en cuarenta ocasiones. En el relato que mantuvo en el despacho del juez Torres el día de su interrogatorio dijo que desde que trabajaba de administradora de Condeor S.L. había adquirido para la sociedad el Palacio de Saldaña, el Palacio de Villagonzalo y, en los Alcázares, un hotel y un aparcamiento, y que todo se había financiado con préstamos, excepto el Palacio de Villagonzalo. Las obras también se pagaron con préstamos.
* El Confidencial - 7.02.11
Foto: Madrid, palacio Villagonzalo - flickr
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MADRIDIARIO* : La polémica por la contaminación y el cambio de ubicación de las estaciones de medición de la calidad del aire en la ciudad de Madrid, destapada por el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha llegado al diario 'Financial Times'. "La campaña verde le saca los colores al alcalde de Madrid", titula una información del pasado 4 de febrero. El periódico de negocios se hace eco de la situación que vive Madrid con la contaminación. En concreto, se centra en el informe realizado por Vercher sobre los cambios en la red de medición de calidad del aire de la capital, como ya publicó la prensa española la semana pasada. "'Hoy la calidad del aire es mejor que nunca', proclamó don Ruiz-Gallardón. Por desgracia para él y para los 3,3 millones de habitantes de la capital de España, los investigadores han concluido que las mejoras en la calidad del aire eran una ilusión". Así se refiere el 'Financial Times' al debate suscitado en las últimas semanas en Madrid en torno a la contaminación.
Según recoge el 'Financial Times', el fiscal denunció que durante 2009 el Ayuntamiento de Madrid trasladó "silenciosamente" los medidores de la calidad del aire alejándolos del tráfico y situándolos en parques y jardines. "Algunos de estos sensores se colocaron en las zonas donde no había contaminación", señaló el Vercher al diario, para concluir: "En realidad, la contaminación no ha disminuido". Para demostrarlo, los agentes de la Guardia Civil hicieron mediciones en los lugares que habían perdido las estaciones.
El periódico financiero también recuerda que Ruiz-Gallardón cargó contra el Gobierno central por dar ventajas fiscales a los vehículos diésel, la principal fuente de dióxido de nitrógeno en Madrid. El alcalde interpreta que ha sido "una estrategia del Gobierno para atacar a la ciudad de Madrid".
El artículo termina diciendo que el único consuelo para el Ayuntamiento es que Vercher mantiene que Madrid y España no están solos, pues 20 de los 27 Estados de la Unión Europea no cumplían la calidad del aire.
La información puede verse en el 'Financial Times' tras suscribirse gratuitamente o en la web de la Asociación de Vecinos Nudo Sur, donde traducen el texto.
* Madridiario - 7.02.11
Foto: Madrid, contaminación centro - madridiario
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LEVANTE/Castelló* : La Font de la Salut de Traiguera, hospedería declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y principal centro de peregrinación del Maestrat, cambiará radicalmente de aspecto tras la aprobación de un PAI que supera los 400.000 metros cuadrados. Al margen de la cercanía de las construcciones a la zona protegida, Facsa ha confirmado que el entorno del ermitorio carece de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro de agua de las futuras viviendas. El proyecto de urbanización arrancó en 2005 por parte de un empresario de Peñíscola, pero se vio afectado por numerosos cambios legislativos. En 2005 la proposición jurídico-económica y convenio urbanístico preveían unos costes de urbanización de 13,2 millones de euros que contemplaban la pavimentación de los accesos a este punto de cultivos y monte desde las carreteras N-232 y CV-16, así como 60.000 euros en plusvalías para el Ayuntamiento de Traiguera.
Un decreto del Consell que declaró BIC con la categoría de Monumento el Real Santuario de la Mare de Déu de la Font de la Salut afectó al ámbito del PAI en varias parcelas y obligó a su modificación, arrojando cerca de 30.000 metros cuadrados de dominio público y disminuyendo la superficie de suelo lucrativa en un 7%, hasta el 55% del total del ámbito.
El promotor reclamó a la Conselleria de Cultura y al servicio de aguas la compatibilidad del proyecto y la suficiencia de caudal de agua para este ámbito de más de 430.000 metros cuadrados. Cultura, por su parte, encargó una prospección arqueológica en la zona. Facsa informó de la insuficiencia de recursos hídricos para esta zona, aislada del casco urbano y a la que no le es de aplicación ni la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ni el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).
Según las previsiones que estipula el proyecto, la gran mayoría del suelo lucrativo se destinará a residencial unifamiliar, con un índice de edificabilidad bruta de 0,30.
"Ni el momento ni el lugar"
El portavoz del PSPV, Albert Siset, no escatimó críticas tras el beneplácito del pleno al proyecto. "No es el momento ni el lugar para hacer un PAI de estas características", reprochó. Por otro lado aseguró que el PAI "por el momento no cuenta con agua" y que en su opinión "mercadea con lo mejor que tiene Traiguera, ya que se trata de un BIC, patrimonio natural de todos los vecinos y paraje de importancia espiritual para muchos pueblos de la comarca y creo que en temas como estos no se debe jugar".
A pesar de la opinión de este edil, uno de los cuatro concejales socialistas se alineó con el Partido Popular en las votaciones. "Sus motivos tendrá pero a mi no me los ha dicho", señaló Siset, que recordó que el proyecto proviene de la anterior legislatura.
Siset criticó que el alcalde, Carlos Roda, elevara este punto a aprobación "por sorpresa y sin buscar el consenso", dejando dos días a la oposición para estudiar un desarrollo de tal magnitud. El primer edil le recordó que no está obligado a la consulta previa.
* Levante - 7.02.11
Foto: El Consell firmó la protección de la ermita de la Mare de Déu de la Font de la Salut en 2005 - levante
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ELPAÍS/Málaga* : El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella, Jorge González, cuyo testimonio en otro procedimiento propició el inicio de la investigación del caso Malaya, sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento marbellí, ha asegurado este lunes que los convenios que se realizaban "nunca se tramitaron por el cauce normal" del servicio en el que él trabajaba. González, que está siendo interrogado en calidad de testigo dentro del bloque del juicio dedicado a la operación Crucero Banús, un pelotazo inmobiliario que generó más de seis millones en beneficios, ha asegurado que el propósito del Ayuntamiento de Marbella era conceder licencias de la forma más arbitrariamente posible. "No había criterio alguno, había una anomia buscada", ha respondidoal fiscal Juan Carlos López Caballero.
La abogada de Juan Antonio Roca no ha querido formularle ninguna pregunta. Ha sido el letrado de Juan Hoffman, otro de los acusados en este bloque, quien se ha lanzado con la cuestión que todos tenían en mente. "¿Usted no denunció a Roca?", le ha preguntado tras dar unas cuantas vueltas. González, que ha hablado siempre de una forma muy técnica, ha asegurado que informó de que el Ayuntamiento estaba "desapoderando a los funcionarios". "Esto no es un ilícito penal", ha dicho.
Durante su declaración, que ha durado una hora, ha insistido en que, a pesar de su cargo, desde 1998 no tenían ninguna función en disciplina urbanística y que tampoco emitía informes sobre la legalidad de las licencias porque "se había hecho un traspaso a personal externo de esas funciones". "No había seguridad jurídica, pero sí de que se concedían las licencias", ha mantenido.
González ha explicado que las construcciones "con las infracciones más groseras" eran las que no se precintaban.
Según el funcionario, se informaba "al señor Roca", el presunto cerebro de la trama de corrupción, de los precintos, como gerente de Planeamiento 2000, porque hubo "órdenes expresas" para que así se hiciera.
Según el fiscal, Roca, el ex concejal Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.
* El País - 7.02.11
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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ANTONIO VILORIA/Zamora* : Participa el Urbanismo de la crisis que afecta a sectores tales como las finanzas públicas o privadas, los valores morales que la sociedad tenía como inamovibles y aquellos que alcanzan hasta los mismos patrones de comportamiento usuales entre los ciudadanos? Es bastante probable que sea así. Cuando se constata que la crisis del ladrillo ha puesto en evidencia el desparpajo con que se ha venido manejando un dinero en forma de créditos que no se podían satisfacer y de producir alzas de precios claramente especulativos, por fuerza, esta fiebre constructora tenía que reflejarse en la forma y calidad del crecimiento de la ciudad. Crisis como la que padecemos, están haciendo tambalear economías de naciones y que, tal como ha venido a denominarse, se han originado en especial a partir de procesos de promoción y construcción de conjuntos residenciales. Estos han irrumpido de manera abrupta en los paisajes originales, generalmente como entidades añadidas y en gran parte como cuerpos extraños a la ciudad. Lo que no se entiende es que en todo este fiasco no se haya alterado un ápice la credibilidad de los planes urbanísticos que han apoyado tal tipo de expansiones urbanísticas. Seguro que tales planes han venido convenientemente blindados con todo tipo de razones de tipo económico, estadístico, firmados por competentes especialistas en demografía, mercadotecnia, ciencias ambientales, etc., factores que alentaban el crecimiento en forma acelerada de la ciudad. Claro que hay que reconocer que el urbanismo que ha padecido el país ha venido alentado por poderes de todos los niveles, en sus marcos de competencia respectiva.
Esta ciudad nuestra soporta, además de la crisis general que afecta a todas las naciones, una crisis propia originada por la penuria de una economía basada en su producción agrícola y como cabecera de los servicios de la comarca. Los efectos más visibles son la despoblación y envejecimiento de sus habitantes, situación que empeora tras varios lustroso. Sin embargo todavía no tenemos claro el modelo por el que la ciudad debe apostar para su desarrollo económico y social. Ahora, por el momento existe el encargo de un Plan Estratégico que puede avanzar en el sentido de marcar las líneas y venga a definir el sentido de su crecimiento y, en especial, el papel de la ciudad con respecto a su entorno natural, no solo en el terreno económico sino en su proyección socio-cultural. Y surge el interrogante de cómo se ha interrumpido la colaboración con el equipo profesional que hasta ahora se ha ocupado del planeamiento de la ciudad, cuando sería el que tuviese un conocimiento más preciso de las condiciones que inciden en su proceso económico. ¿Ha sido por un hartazgo de la calidad de los servicios que ha prestado el equipo que ha llevado la redacción del Plan General o más bien parte del general escepticismo creado por este sentido crítico hacia el planeamiento en general, tal como he referido en las precedentes líneas?
Ante tal panorama, este sentimiento de desapego generalizado se ha trasmitido a los ciudadanos, con el efecto de haber anulado todo sentimiento colectivo, sobre el que debería formarse la base crítica ante los fenómenos que jalonan la vida cotidiana de la ciudad. Por todo ello lo más urgente que tendríamos que hacer sería recuperar el interés por las cosas de la ciudad, que devuelva a los ciudadanos el protagonismo necesario y que la ciudad vuelva a percibirse como la obra que debe ser de todos.
Ya es hora de iniciar un proceso de reflexión que nos dé luces para tantear las posibilidades que puedan ayudar a resolver los problemas que se presentan en el mantenimiento y crecimiento de la ciudad. Tenemos que convencernos de que las soluciones decisivas no van a venir de fuera, de que desde su origen deberán hacerse reconocibles por sus propios ciudadanos y así poder asumirse y ejecutarse.
En primer lugar tendríamos que alcanzar una serie de principios generales que sean aceptados y que nos permitan crear ese estado de opinión colectiva que conlleva la confianza necesaria para abordar las distintas propuestas de la gestión que todo plan conlleva. Vendrían a producirse situaciones polémicas, pues en toda actuación pública son inevitables. Pero independientemente del resultado se pondrían en juego los aspectos críticos que deberán abordarse en instancias de nivel político institucional.
Habría que empezar por discutir lo que ha sido la evolución de la ciudad, principalmente en nuestro pasado reciente, de cómo se frustraron objetivos que a pesar de haber sido considerados positivos en sus inicios, no pudieron hacerse realidad y análogamente habría que analizar como se consiguieron objetivos que fueron decisivos en la modernización de la ciudad.
Debates como los apuntados, deberían tener un carácter de continuidad si se aspira a formar una conciencia cívica capaz de hacerse firme. Ello vendría a confirmar la razón de ser de un órgano con presencia en la vida de la ciudad, sin perder su carácter oficioso, independiente de toda tutela oficial y capaz de desarrollar una función deliberativa y de pensamiento. Además de atender a los múltiples aspectos de la actividad urbanística cotidiana, permitiría ir sustanciando una serie de reflexiones para llegar a formarse una doctrina propia, con la solidez suficiente sobre temas urbanos.
Son evidentes las resistencias para crear un órgano de estas características y que arrancaría inicialmente por la determinación de unos pocos. Pero la conveniencia de dar este paso es evidente pues ello vendría a sustituir el carácter espontáneo y discontinuo con que se hace la crítica del urbanismo en nuestra ciudad. Posiblemente se susciten recelos entre la clase política, a pesar de que tal entidad debería tener un estatus de tipo cultural. De hecho sería un Centro de Estudios Urbanos y supondría dar un paso para sacar de la contienda política aspectos de los problemas de la ciudad que deberían estar por encima de todo punto de vista partidista. Porque las grandes decisiones sobre la ciudad deberán contar con un consenso general de todos los ciudadanos. No sería buscar la cuadratura del círculo. Aunque los objetivos logrados fuesen modestos, nos permitiría llegar a conocer carencias y puntos conflictivos que generalmente se revelan demasiado tarde, incluso de haberse originado a partir de interpretaciones o informaciones deficientes y que a posteriori no tienen solución posible.
Es de esperar que podamos contar con la colaboración de personal experto en las técnicas y metodologías de la ciencia urbanística y de todos los que se animen con esta noble causa. Y así rescatar este conocimiento que está casi siempre monopolizado por el concepto monumental y artístico de su arquitectura histórica. Nos hemos olvidado que la ciudad, en su conjunto, posee una propia y compleja arquitectura, rasgos que hay que pararse a descubrir y que son los que le han dado su propia personalidad, de creación colectiva. Procesos que reflejan este carácter y que la ciencia histórica frecuentemente pasa por alto.
(*) Miembro del Foro Ciudadano de Zamora
* La Opinión Zamora - Opinión - 6.02.11
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ELPAÍS* : Una investigación de la Guardia Civil ha desvelado que la red de corrupción urbanística del caso Pretoria, destapada en 2009, presuntamente cobró también comisiones ilegales por una recalificación urbanística vinculada a una masía modernista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El informe de la Guardia Civil, que se ha enviado a la Audiencia Nacional para que se una al caso Pretoria, implica en las supuestas comisiones al ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó y al presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García. El nuevo informe es resultado de una denuncia que presentó ante la fiscalía el grupo municipal SOS Llavaneres por el convenio urbanístico de la masía modernista La Bodega, con el que la empresa Cortijosa supuestamente consiguió pingües beneficios gracias a una reordenación territorial aprobada por el Consistorio.
La operación urbanística parte de la compra de la finca que ocupa la citada masía, que la empresa local Promoelit adquirió en 2004 por 1,4 millones de euros y un año después vendió a Cortijosa por 3,6 millones. Esa empresa, según consta en la denuncia, comparte administradores con Niesma Corporación, la sociedad liderada por Luis García que está detrás de una de las principales operaciones investigadas por Pretoria.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, gobernado por una coalición del PP y el PSC, firmó un convenio urbanístico con Cortijosa por el que le compraba el edificio modernista a cambio de cederle 6.700 metros cuadrados para la construcción de viviendas, lo que obligó al Consistorio a aprobar una reordenación territorial. Gracias a esa permuta, Cortijosa pudo conseguir unos terrenos que tenían un valor de mercado ocho veces superior al de la masía modernista, según la valoración de los denunciantes.
El rastro de unos cheques relacionados con las transacciones económicas de la operación de compraventa ha puesto al descubierto que Carbó cobró supuestamente comisiones de la empresa Cortijosa, presumiblemente por haber influido para favorecer las recalificaciones urbanísticas que permitieron esa permuta. El informe apunta que esas comisiones fueron cobradas por el imputado, arquitecto de profesión y entre 1996 y 2004 jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a través de unas empresas de su propiedad que no tenían ninguna actividad real, excepto los presuntos cobros ilegales.
* El País - EFE - 7.02.11
Foto: Sant Andreu de Llavaneres Barcelona), vista - infomet.am.ub
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ELPAÍS/A Coruña* : "Si están ahí fuera todo el día es porque chupan del bote con los que están dentro", lanzaba el martes una vecina de Corcubión al pasar furtivamente ante las decenas de personas que se arremolinaban a las puertas del juzgado de esta pequeña localidad de la Costa da Morte. Una comarca sacudida por la Operación Orquesta contra la corrupción en la que están imputadas 11 personas, seis de ellas cargos públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Predominan los ánimos encontrados ante el destape, a golpe de registros policiales y detenciones, de una presunta trama de sobornos entre políticos y empresarios que ha desatado los lamentos por la mala imagen. "Cuando no es el chapapote, son las prebendas, menuda propaganda", resumía un joven. Pero también se impuso la ley del silencio. Nadie, en aras de la presunción de inocencia, elevada estos días casi a mandamiento sagrado, se atreve a decir en alto el más mínimo reproche contra los ediles acusados de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
Dentro del juzgado, aquel martes, estaban, tras pasar la noche en los calabozos de la Policía, los alcaldes de Mazaricos y Fisterra, dos tenientes de alcalde de este municipio y otros empresarios de la construcción, padre e hijo. Fuera, además de la nube de periodistas y cámaras, acampaban vecinos de ambos pueblos deseosos de exhibir su entusiasta apoyo a sus mandatarios. En el caso de Fisterra, una localidad de 4.995 habitantes gobernada por el PP con mayoría absoluta, para vitorear a su regidor, José Manuel Traba, de 44 años y 11 en el cargo, y sus dos tenientes de alcalde, los tres imputados por cohecho, acudieron al juzgado: el jefe de la Policía local; su hija, secretaria de la alcaldía y de la ejecutiva local del partido; el juez de paz y ex edil del PP ante quien deberán ahora comparecer, cada 15 días, los tres ediles imputados; o el encargado del polideportivo municipal, también vocal del partido.
Más de seis de cada diez euros de los presupuestos municipales (3,6 millones en total) son para gastos de personal. No hay familia que no tenga alguien empleado en el Ayuntamiento o vínculo con un PP cuya ejecutiva local integra a un socio de la empresa de electricidad que más factura del municipio, al secretario de la cofradía de pescadores, y al presidente de la agrupación de mariscadoras y directivo del club de fútbol local.
No hay guardería pública, el centro de salud es un vetusto edificio de otra época y la crisis puso freno demasiado tarde a una presión urbanística desaforada (la edificación se disparó un 444%) que dejó hileras de grandes urbanizaciones vacías a pie del mar. Pero con o sin la fanfarria de la corrupción, todos dan por seguro que el PP arrasará en las elecciones locales de mayo. "Mientras gane el Barça o el Madrid, en Fisterra no hay problema", dice, sarcástico, un empresario.
Más compleja, socialmente, es la situación de Cee, cuyo alcalde, el independiente Ramón Vigo, y el responsable de Obras, Juan Bautista Areas, son los principales implicados en la operación Orquesta. La localidad de 7.500 habitantes es el centro neurálgico y comercial de la comarca, además de sede de su hospital. Está dividida ante lo ocurrido.
Los socialistas, socios de gobierno de los dos independientes imputados, mantienen, de momento, el pacto. Pero no con el mismo entusiasmo ni "la confianza ciega" que dijo tener la "vicealcaldesa", la socialista Amancia Trillo. El PP, que gobernó con apoyo de Vigo durante el bienio 2002-2003, está en la retaguardia y guarda silencio. "En Cee, la gente no perdona a los políticos deshonestos", comentan en el pueblo. Su anterior alcalde y aún portavoz local del PP, Antonio Domínguez, perdió las elecciones de 2007 tras difundirse los negocios inmobiliarios de su familia, creados tras llegar a la Alcaldía.
Vigo, que compagina su cargo de alcalde con una consulta privada de medicina, proclamó salir del juzgado, donde pagó 29.000 euros de fianza para evitar su ingreso en prisión, acusado de seis delitos, más reforzado que nunca para ganar las elecciones. Adhesiones recibió, y muchas, estos días. Pero muchos, en Cee, dudan que sean suficientes. "Aquí no es como en Fisterra, aquí se pasa factura en las urnas".
Fiestas patronales y obras públicas
Situada en el interior de la provincia coruñesa, "allá en la montaña", dicen los de A Costa da Morte, Mazaricos, un municipio del rural y muy agrario que, al igual que Fisterra, también por debajo de los 5.000 habitantes, se ha visto de repente involucrada de lleno por la trama de presunta corrupción que investiga el juez de Corcubión. Ni siquiera pertenece a este partido judicial, sino al de Muros.
Pero ahora son varios los vínculos que comparte, pese a la distancia geográfica, Mazaricos con Cee y Fisterra: la adjudicación de numerosas obras públicas al constructor de Muxía Daniel Ogando, imputado por cohecho junto a su hijo, el supuesto pago de sobornos y la financiación irregular de las fiestas.
El alcalde de esta localidad rural -también diputado provincial del PP como el de Fisterra-, la secretaria-interventora del Ayuntamiento y el aguacil, responsable de las fiestas anuales de A Fervenza, forman parte de los once imputados. "Y tiemblan los alcaldes pero también tiemblan comisiones de fiestas de toda Galicia", repiten en bares y plazas de las tres localidades afectadas. La recaudación de dinero para pagar verbenas y atracciones está en entredicho después de que el constructor de Muxía admitiese haber hecho pagos en metálico al alcalde de Cee o al aguacil de Mazaricos.
"Hay cosas de las fiestas gallegas que son difíciles de regularizar, como los chiringuitos. Y no se le puede exigir a los que voluntariamente colaboran en la organización la misma formalidad que a un Ayuntamiento", se quejaba esta semana el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos. Que un empresario haga "un donativo" para las fiestas, aunque sea importante, es normal. En A Fervenza, "no colaborara una sino 200 empresas", destacó Santos.
* El País - 6.02.11
Foto: La policía detiene a Ramón Vigo, alcalde independiente de Cee, en la Operación Orquesta - elpais
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PÚBLICO* : La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.
La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones (ver gráfico en la página 3).
Cifra superior
La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel.
La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad.
Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria.
Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital.
El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria.
Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público.
Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM).
El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar.
Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros.
Dinero opaco
La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda (ver gráfico).
Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones.
Coste para el presupuesto
Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor.
Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9.
Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza.
La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.
* Público - 6.02.11
Foto: Caso Gürtel, el bigotes y otros - publico
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ELPAÍS* : "Puede construir hasta el cielo", dijo un alcalde franquista de Mallorca en los años 50 a un inversor alemán. Así, en muchas partes, debajo del hormigón está la playa, la costa y el mar. Un pionero hotelito -fuera de normativa, de seis plantas y 60 plazas de Mallorca ha desaparecido bajo la piqueta. Un solar de unos 700 metros retornará al dominio público y en él crecerá un mirador marino, unos jardines. La arena regresará a su lugar con las olas. La demarcación de Costas de Baleares del Ministerio de Medio Ambiente ha tutelado durante semanas el derribo de una obra que fue un viejo y consentido abuso en el litoral público de Calvià, el Mar y Pins de Peguera. El edificio con los cimientos en el agua y la cala incumplía de manera flagrante la Ley de Costas. La operación derribo ha sido asumida por la propiedad antigua y la nueva - internacional- del inmueble y del alto hotel anejo posterior, más moderno, que se pretende renovar.
El dossier del caso resume las irregularidades y las autorizaciones "a título de precario, sin plazo limitado", se consignan la existencia de "con fotocopia borrosa" sobre "obras e instalaciones realizadas sin autorización" y finalmente se reiteran las obligaciones de liberar el terreno señalado por el deslinde.
Desde 1944 -fecha de la primera imagen chalet privado que fue el núcleo del hotel- hasta la última, de hoy 4 de febrero de 2011, la secuencia de fotos y datos es un ejemplo de cómo creció una parte del negocio del ocio de sol y playa, una industria de éxito. Un chaletazo, en los años 1960 pasó a ser un hotelito, en los años 75 ya era un hotel de postal de color con otro mayor detrás. Así fueron los inicios del turismo. Durante la Dictadura de Franco el negocio hotelero se extendió y en la zona aumentó el desembarco de contrabando de tabaco y que en los alrededores de Peguera existieron otros negocios sucios de explotación. El poder franquista hizo la vista gorda y consintió los excesos. Ahora la zona marítimo terrestre de la playa de Peguera invadido u ocupadas quedaran liberadas.
El geógrafo y funcionario Celestí Alomar, ex consejero socialista de Turismo de Baleares -el padre de la 'ecotasa' que el PP anuló-, es el jefe de Costas que ejecuta desde hace años la lenta aplicación la eliminación de construcciones ilegales en el litoral balear. Tumbó barracas en la misma playa de Ses Salines de Ibiza y el casón en el centro de Cala Tuent en Mallorca.
* El País - 4.02.11
Foto: El hotel Mar y Pins en Calvià.- elpais
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ELCONFIDENCIAL* : La Junta ha recuperado del olvido la autopista de peaje Marbella-Ronda. ¿El motivo? Esta infraestructura viaria, que sería la más cara de España con 25 viaductos de hasta 800 metros, serviría al menos para rentabilizar el presunto pelotazo urbanístico que se pretende construir en la urbanización Los Merinos Norte de Ronda (ocho millones de metros cuadrados), anexa a una Reserva de la Biosfera. Los Merinos, un proyecto auspiciado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de elite, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados.
La autopista, al igual que el proyecto inmobiliario, será de envergadura. Además de los viaductos, se prevé la construcción de 10 muros de contención y cuatro túneles. El coste tampoco se queda corto: 350 millones de euros. La idea la lanzó Trinidad Aragón, candidata local del GIL, cuando el partido de Jesús Gil se expandía como una plaga por la Costa del Sol. El entonces alcalde de Ronda, Juan Fraile, presidente de la Diputación, luego vicepresidente segundo de Unicaja y eurodiputado por el PSOE, hizo suya esta propuesta.
La vía unirá Marbella con Ronda en 22 minutos frente a los 50 actuales, en un trazado en línea recta desde Benahavís. Dicha infraestructura pone en valor Los Merinos Norte, una urbanización con capital privado, pero en unificada sinfonía con el poder público de la Junta de Andalucía y del PSOE (estuvo presidida hasta 2006 por Luis Solana Madariaga, ex director general de RTVE y hermano de Javier Solana).
La aparición más estelar en este caso es la del ex consejero de Obras Públicas del Gobierno andaluz Jaime Montaner, que fue quien presentó el avance del PGOU de Ronda, como acredita el reciente informe Los Merinos Norte. Fenomenología de un macroproyecto turístico escrito por José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del prestigioso Boletín Criminológico de la UMA.
Las relaciones del ex consejero Jaime Montaner
Cuando Montaner abandonó la política continuó mimando la ciudad del Tajo. Su estudio de arquitectura, Demópolis Arquitectura e Ingeniería, redactó el proyecto de urbanización. “El hecho de que Jaime Montaner aparezca como redactor del proyecto de Los Merinos Norte, quince años después de que él mismo presentara el PGOU de Ronda que lo auspiciaba, podría ser una coincidencia”, avanza el estudio de Díez Ripollés, firmado también por Alejandra Gómez-Céspedes y Araceli Aguilar, pero enseguida aclara: “La información mercantil sugiere que Montaner siempre ha estado muy cerca del mencionado proyecto urbanístico y de las empresas que actualmente están detrás de éste”.
La información mercantil investigada por el equipo del catedrático malagueño relaciona dos asuntos antagónicos (el ladrillo, Los Merinos y el verde, Reserva de la Biosfera). Díez Ripollés ‘destapa’ cómo Montaner redactó el proyecto en colaboración con Lino Álvarez Reguillo, quien formara parte del equipo redactor de la propuesta Reserva de la Biosfera presentada por la entidad Mediterráneo S.A., y Antonio Lissen Ortega, vinculado a los dos anteriores a través de otros proyectos de planeamiento y/o urbanización.
Los ‘hermanísimos’ Seguí
Una “insatisfactoria” delimitación entre actividades privadas y públicas aparece en diferentes momentos del proceso administrativo que sustenta la iniciativa empresarial, “al margen de que quepa o no formular objeciones legales”. Un ejemplo. En 1989 el Ayuntamiento de Ronda encarga la redacción del PGOU, aprobado en mayo de 1994, al estudio de arquitectura de José Seguí. En él figura como colaborador técnico economista su hermano Vicente Seguí, nombrado en octubre de 1990 delegado provincial en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, puesto en el que permanecerá hasta octubre de 1994. En su calidad de delegado provincial, en junio de 1994, comunica al Ayuntamiento de Ronda que el expediente de Merinos Norte adolece de “ciertas insuficiencias” que deben ser corregidas.
Hay voces dentro del PSOE que vieron desde el principio el problema de este proyecto. El entonces delegado de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo, se opuso a Los Merinos Norte y ahora rechaza el corte de algunos caminos en la zona, limítrofes con la parcela. La SEO (Sociedad Española de Ornitología) denuncia también el destrozo del paraje sobre los ecosistemas de la zona. “No olvidemos que estos ecosistemas dan el sabor natural a la zona que permite que la ciudad del Tajo sea la tercera más visitada de Andalucía”, explica Julián Muñoz, responsable de SEO. “Muchos ciudadanos pensamos que este proyecto no va de ‘mejora turística’ sino simplemente de mejora de comunicación para atraer al turismo residencial –no al de hoteles, que les trae al fresco– hacia las promociones sin vender de la Serranía”, denuncia Muñoz.
Otras opciones: Tren y mejora de la actual carretera
¿Hay alternativas? Esta organización ofrece dos: una mejor comunicación de la conexión ferroviaria Málaga–Bobadilla–Ronda permitiría que los centenares de autobuses que diariamente viajan allí desde los cruceros que fondean en la capital de la Costa del Sol se pudieran sustituir por trenes. La segunda posibilidad es la mejora de la actual carrera Ronda–San Pedro, con la creación de carriles de adelantamiento en un mínimo de 15 tramos y la conversión en carretera paisajística (como se ha hecho con el primer tramo de la Ronda–Algeciras).
Además, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la autopista, que atravesará la sierra Bermeja y la zona norte del valle del Genal, porque durante la construcción por la probable aparición de fibras del crisólito o amianto blanco, un mineral probado como “cancerígeno”. Hasta ahora se ha podido paralizar Los Merinos Norte, pero la autopista aparece en el horizonte como un cáncer maligno para un territorio aún privilegiado.
* El Confidencial - 6.02.11
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
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ELPAÍS* : El conselleiro Agustín Hernández ha confiado en un promotor inmobiliario, José Luis Díez Yáñez, la representación en la provincia de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que aglutina todas las competencias autonómicas en urbanismo. Se trata del ex director de Relaciones Institucionales de Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular. Díez Yáñez trabajó en al menos 13 compañías relacionadas con Sedesa, el grupo empresarial que dirigió hasta hace unos meses Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino. El nombre de Díez aún aparece en el Registro Mercantil como apoderado de una de ellas, Mirador de Zapateira, SL, con sede en A Coruña, en la que figura como apoderado, según la consellería por error.
El jefe territorial de la consellería -la figura que sustituyó a los delegados provinciales- relevó en el cargo el pasado agosto a Evaristo Juncal, destituido tras revelar este periódico sus negocios con testaferros de narcotraficantes y la situación de ilegalidad de un chalé de su propiedad. El cargo de jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras lleva aparejadas otras competencias en Urbanismo, como la presidencia de la comisión provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. La consellería resta importancia a los intereses inmobiliarios de Díez y precisa que renunció a ellos en tiempo y forma.Agustín Hernández confía así, entre otras competencias, la construcción de vivienda protegida a quien rechazó, como apoderado de otra empresa de Sedesa, Mirador de Sanxenxo, SL, la construcción de ese tipo de viviendas en el suelo urbanizable de Monte Faro, una polémica promoción de 1.330 viviendas de lujo anexa a un campo de golf. El convenio, firmado con el entonces alcalde, Telmo Martín en 2006, preveía un ingreso de 4,8 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de la exención de construir vivienda social.
Lo que entonces pareció un gran negocio para Sedesa cambió con las trabas medioambientales impuestas por el Gobierno bipartito y la posterior crisis y escasez financiera. El grupo empresarial con sede en Valencia denunció ante el Ayuntamiento de Sanxenxo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que reclama la devolución del dinero ingresado. El TSXG ha admitido a trámite la denuncia. El recurso de reposición contra el Ayuntamiento lleva la firma de José Luis Díez Yáñez. El convenio con Telmo Martín se firmó el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que el ahora presidente local del PP de Pontevedra abandonara la alcaldía de Sanxenxo. La gerente municipal de Urbanismo era entonces Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, nombrado en agosto de 2010, figura en el registro como apoderado de Mirador de Zapateira y como ex apoderado, ex consejero o ex administrador de otras 14 sociedades, 12 ellas relacionadas con el grupo de Vicente Cotino Escribá. Se trata de Mirador de Sanxenxo, Gerpe Contratas y Construcciones, Verterra, Verterra Galicia, Urbanizadora Ronda Norte Benisa, Senda Ambiental, Ecosenda Gestión Ambiental, Gran Hotel Xirivella, Sistemas Globales Inmobiliarios, Sistemas Globales del Medio Ambiente, Sedesa Urbana y Transporte de Residuos Industriales y Peligrosos. Un acta notarial del 2 de agosto revela que, ese día, Díez Yáñez, firmó por escrito su renuncia de poderes en diversas compañías, entre ellas Mirador de Zapateira. La consellería ha anunciado que el jefe territorial está haciendo "gestiones" para que su cese se refleje en el Registro Mercantil.
Las únicas dos empresas con las que estuvo vinculado Díez Yáñez que no con Sedesa son Sogama y Sogarisa, de las que fue consejero en su condición de director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Fraga, entre 2001 y 2003. El ahora jefe territorial también fue delegado de la Consellería de Medio Ambiente hasta 2001. Tras su salida de la Xunta, comenzó a trabajar con empresas relacionadas precisamente con los sectores inmobiliario y medioambiental.
La irrupción de los negocios de la familia Cotino en Galicia se produjo a través de el empresario coruñés José Antonio Souto, suegro de Cotino Escribá. Souto es presidente del grupo Tecam y promotor, junto a Manuel Jove, de Inveravante, y José Collazo, de Comar, de Invest Cos, que promueve el centro comercial Marineda Plaza, en A Coruña, investigado por el Tribunal de Cuentas. Souto y Cotino fundaron Work Center, donde tienen su sede las sociedades de Sedesa en Galicia.
* El País - 6.02.11
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
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SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS* :
La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, frente a las reclamaciones de la plataforma nacida para preservar la vega agraria periurbana de Villagodio de la construcción de un polígono industrial, se encastilló en su postura y reiteró que la protesta «ha demostrado que lo que se quiere presentar como una inquietud social es en realidad el intento de determinados grupos políticos y organizaciones de paralizar otro proyecto más para la ciudad». Concluyó que «los propietarios de esos terrenos tendrán lo que les corresponda, pero los derechos de tres personas no pueden entorpecer el bien común». Este eufemismo –el bien común- es el parapeto habitual utilizado por muchas administraciones para sacar adelante proyectos de todo tipo que priman un modelo de sociedad industrial y consumidora frente a un modelo rural más sobrio y responsable con la gestión de los recursos de la tierra.
El conflicto:
Villagodio es una fértil vega de regadío de 900 hectáreas en la Vega del Duero y un barrio agrario de Zamora donde se asienta un desarrollo agropecuario pujante con 21 agricultores y agricultoras menores de 40 años, 7.400 ovejas y un proyecto de modernización del regadío en marcha. Se realiza una agricultura de tipo continental: maíz, alfalfa, cereales, remolacha, patata, girasol y colza. Pero en este mismo territorio, la administración local y autonómica pretenden construir una gran zona industrial ocupando unas 175 hectáreas del mismo y, lógicamente, desplazando y desarticulando varias unidades campesinas.
La gran mayoría de las y los agricultores que allí mantienen su trabajo se oponen al proyecto y aunque no todos son propietarios de las tierras, muchos de los propietarios que viven ajenos a la actividad agraria, tampoco comparten el destino que se le pretende dar a la tierra. Este grupo de propietarios se ha mostrado muy activo en el fenómeno de contestación social, con una postura muy digna y de alguna forma reveladora de una sensibilidad ambiental profunda: la tierra como legado a preservar.
Lo paradigmático de este enfrentamiento es que la lucha por un desarrollo meramente industrial o un desarrollo que contemple también la agricultura, tiene una solución válida para las dos posturas, pues como explican desde la Plataforma de defensa de Villagodio, existe un proyecto urbanístico previo que instalaba el polígono en unos terrenos que carecen de valor agrario o ambiental, y están distantes del núcleo urbano. La alternativa pasa por la ampliación del polígono de los Llanos, al oeste de la ciudad, y supondría una menor inversión de dinero público pues buena parte de las infraestructuras ya están construidas.
La administración local insiste en un desarrollo de la ciudad dependiente del desarrollo urbanístico: del ladrillo en detrimento del medio rural. El Plan General de Ordenación urbanística, embebido por la llegada del AVE, prevé una ciudad de 166.000 habitantes frente a los 65.000 actuales, y aunque en Zamora existen más de cinco mil viviendas vacías, se prevé construir otras ¡40.000 viviendas!
Es precisamente en este mundo de especulación urbanística dónde más necesario es preservar los espacios agrarios. Como la mayoría de las ciudades, Zamora ha perdido buena parte del paisaje agrario en las zonas periurbanas pero por fortuna aún conserva un paisaje agrario muy interesante en sus flancos este y sur-este, en torno a la Vega del Río Duero. Este territorio agrario proporciona a la ciudad ventajas que habría que poner valor: limita el urbanismo impidiendo que éste fagocite el territorio y su naturaleza, evita la aparición de los denominados “espacios de borde” o zonas marginales de transición, se proporciona a la ciudad una imagen verde y se cuenta con alimentos de la zona.
La Plataforma denuncia como todos los principios de sostenibilidad ambiental que la Administración dice defender se traicionan a favor de intereses especulativos. Los proyectos que defienden la construcción del polígono están llenos de palabras grandilocuentes para justificar lo injustificable, con unos informes ambientales totalmente sesgados y tendenciosos. A los gestores públicos se les llena la boca con el desarrollo rural, la despoblación, el medio ambiente, la alimentación,…. sin embargo después los hechos van por otro lado.
La contestación social:
El Proyecto carece del más mínimo consenso social. En un primer momento las personas afectadas y usuarias de la tierra agraria organizaron la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Villagodio., que más tarde promovió la Plataforma para el Mantenimiento del Desarrollo Agropecuario de Zamora., que tiene como finalidad la proteger los espacios agrarios de la ciudad, y en concreto el regadío de Villagodio. Actualmente existe un gran número de asociaciones adheridas: las tres organizaciones agrarias, la cámara agraria provincial, comunidades de regantes, algunos partidos políticos, muchas ONG y –lo que revela creciente sensibilidad al respecto- muchas asociaciones de consumidores y de vecinos. Este apoyo ha sido y es trascendental, porque como todo hecho de exclusión social hacia imprescindible un apoyo ciudadano amplio para que adquiriese cierta notoriedad.
A pesar de que pareciera que hemos anulado nuestros sentidos y hemos des-aprendido a escuchar y mirar la tierra, el ejemplo de lucha en Villagodio, demuestra que hay una fuerte resistencia al urbanismo incontrolado devorador y contaminador del territorio. Eso que llaman, también eufemísticamente, progreso y avance o innovación.
Fuente: http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/01/29/el-eufemismo-del-bien-comun-la-resistencia-campesina-frente-a-la-especulacion-urbanistica/
* Rebelión - 6.02.11
Foto: Zamora, protesta polígono Villagodio - laopiniondezamora.es
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LAOPINIÓN/A Coruña* : La falta de mecanismos de control en los ayuntamientos gallegos ha provocado un aumento de los casos de corrupción por parte de alcaldes y concejales. Una de las últimas tramas de adjudicaciones irregulares fue destapada esta semana en tres concellos de A Costa da Morte -Fisterra, Cee y Mazaricos- y supuso la detención de once personas, entre ellas los alcaldes de los tres municipios coruñeses, tres ediles y dos constructores. La Fiscalía Superior de Galicia tiene su propia receta para combatir los "comportamientos corruptos" de los cargos públicos. Y para atajarlo, urge una mayor implicación de la Xunta y de los concellos. Una de las causas que, a juicio del fiscal superior, Carlos Varela, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" es el "debilitamiento de las competencias de control urbanístico" a los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel "clave" en el "control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales". ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes a medida a través de un asesoramiento externo.
Aunque evita entrar en el caso concreto de la investigación de la denominada operación Orquesta y manifiesta su "respeto escrupuloso a la presunción de inocencia" de los detenidos, el fiscal superior reconoce que el urbanismo se ha convertido en los últimos años en una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". "Y más todavía -añade- si al mismo tiempo no funcionan adecuadamente los sistemas de control de las administraciones públicas".
En esa labor contra la corrupción, Carlos Varela también apela a la colaboración del Gobierno autonómico, al que recuerda que es "imprescindible" que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, mantenga una "colaboración permanente con la Fiscalía para "detectar y corregir ilegalidad urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación".
Desde el punto de vista jurídico, el fiscal superior propone "cerrar los resquicios del ordenamiento jurídico por los que ocasionalmente puedan deslizarse las tentaciones de algunos gestores públicos para ejercitar las potestades de su cargo con fines de enriquecimiento personal".
Otra de las medidas que según la Fiscalía Superior permitiría combatir la corrupción urbanística en Galicia sería la actualización del régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos. En el punto de mira está la figura del alcalde promotor. La propuesta para evitar que un regidor, servidor público que tiene que ser un vigilante de la legalidad urbanística, pueda ser promotor ya la hizo el ex presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño a principios de 2007 al asegurar que "iba a pasar a la historia" la posibilidad de combinar el bastón de mando municipal con el sector de la construcción. Pese a las reclamaciones del entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se introdujo modificación alguna en la ley de incompatibilidades para evitar compaginar Alcaldía y actividad urbanística. Pero con la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta, la reivindicación que en su día hacía desde la oposición quedó aparcada.
Ante los múltiples escándalos de corrupción que han saltado a la luz pública en Galicia en los últimos años, el fiscal superior también defiende la creación de cuerpos autonómicos de inspectores urbanísticos y unidades de la policía judicial en delitos de esta naturaleza.
De no reforzar los mecanismos de control internos y externos sobre el urbanismo municipal y no crear unidades autonómicas de la policía judicial, Varela alerta de que el goteo de casos de corrupción protagonizados por cargos públicos "minará la confianza de los ciudadanos en el sistema político, generando un serio problema de deslegitimación de las instituciones públicas.
* La Opinión A Coruña - 6.02.11
Foto: A Coruña, denuncias urbanísticas 2005-09 - laopinión
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ELMUNDO/Málaga* : La parte del sumario del 'caso Arcos' que permanecía en secreto incluye informes de la Guardia Civil en los que se revela cómo el que fuera alcalde de Alcaucín hasta febrero de 2009, el socialista José Manuel Martín Alba, no sólo no velaba porque se cumpliera la legalidad urbanística en su municipio, sino que llegó a poner en marcha «toda la maquinaria a su alcance» para obstaculizar la labor inspectora de las diferentes administraciones, y evitar que las irregularidades fueran descubiertas y atajadas. En un informe del Grupo contra la Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil que consta en el sumario los agentes recuerdan que a raíz del «caos urbanístico» registrado en la localidad axárquica, el alcalde, que llevaba en el cargo más de 20 años, trató de solventar la situación mediante la aprobación de un documento denominado ‘Innovación de las Normas Subsidiarias’, que no fue validado por el órgano provincial responsable del control urbanístico «por la cantidad de despropósitos legales que se daban» en el escrito.
«Con tal Innovación –señalan los investigadores– no se pretendía otra cosa que legalizar una pléyade de construcciones y actuaciones urbanísticas ya concluidas o iniciadas en terrenos que, o bien no eran urbanizables, o bien en ellos se estarían vulnerando los parámetros establecidos para construir».
La «manifiesta falta de colaboración» de Martín Alba con los agentes del Grupo de Medio Ambiente de la Policía adscrita a la Junta de Andalucía es otro elemento que se reseña en el informe de la Guardia Civil, donde se recuerda que en noviembre de 2007 «inicialmente no atendió las solicitudes de los agentes» que instruían un atestado. Tras ser instado de nuevo con instrucciones expresas del Juzgado de Instrucción número 2 de Vélez–Málaga, el alcalde «hizo entrega personalmente en la sede de la Policía de documentos relativos a los expedientes solicitados, pero de forma incompleta».
El comportamiento del regidor se repitió en otros atestados instruidos por la Policía por hechos similares, como la solicitud del expediente de licencia de obras relativa a la construcción que la inmobiliaria Crocasa estaba realizando en el conjunto Arco Iris, en el Puente Don Manuel de Alcaucín. Martín Alba «omitió la entrega de la documentación requerida, pese a que hay suficientes indicios para creer que dicha construcción vulnera la legalidad aplicable al caso».
Para justificar la no entrega de documentos el alcalde alegó que por los mismos hechos y en base a una denuncia de un particular se seguían unas diligencias en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.
La Guardia Civil hace mención además al escrito del Defensor del Pueblo fechado el 9 de julio de 2008, en el que se asegura que a pesar de haberse instado desde distintas instituciones al alcalde de Alcaucín para que restituyese la legalidad urbanística respecto a las obras del Paseo de las Barriadas, el regidor «no había realizado actuación alguna en tal sentido, lo que sin duda da idea de la postura adoptada por el mentado regidor municipal, el cual hace caso omiso a cualquier requerimiento, dándole igual la institución desde donde se inste».
A juicio de los investigadores, esto «evidencia su escaso interés porque las actuaciones urbanísticas en su localidad se ajusten a la legalidad aplicable», y «su presunta connivencia con los promotores».
* El Mundo - 6.02.11
Foto: Alcaucín (Málaga) -diariosur.es
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DIARIODEMALLORCA* : El juez Antoni Garcías, del juzgado de instrucción nº7 de Palma, cree que hay indicios más que suficientes para sentar en el banquillo al expresident del Govern balear Gabriel Cañellas y al exconseller de Turismo Joan Flaquer, por varios delitos relacionados con la corrupción. El tercer político que seguirá los mismos pasos será el exalcalde de Andratx, hoy en prisión, Eugenio Hidalgo. Al ser en estos momentos Joan Flaquer diputado del PP en el Parlament, y por tanto aforado, el juez ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Balears la causa para que sea esta Sala quien decida el futuro judicial de los tres personajes públicos. Sin embargo, debido a que dentro de tres meses se celebrarán las elecciones autonómicas, y Joan Flaquer ya ha anunciado que no se presentará y perderá su condición de aforado, la causa será devuelta a un juzgado ordinario. Los hechos que se están investigando se refieren al convenio a tres bandas que firmaron la empresa pública Inestur, el Ayuntamiento de Andratx y la fundación Illes Balears, presidida por el expresident autonómico Gabriel Cañellas. Este convenio permitía que el Ayuntamiento de Andratx pudiera utilizar la Torre del Castell de Sant Elm, un edificio propiedad de la fundación que cuenta con la condición de Bien de Interés Cultural (IBI).
En el auto el juez establece que "el fondo de los hechos obedece a un concierto entre Cañellas, Flaquer e Hidalgo para que llegara a la fundación importantes cantidades de dinero que debían transmitirlas entre la conselleria de Turismo del Govern balear y el Ayuntamiento de Andratx".
Los hechos se remontan al año 2006 cuando la conselleria, a Través de Inestur, firmó un convenio para, teóricamente, subvencionar un proyecto de turismo cultural en Andratx. Sin embargo, este dinero se utilizó, por parte del consistorio, para financiar una subvención a la fundación de Cañellas para celebrar en la torre de Sant Elm una serie de actos culturales. La subvención que otorgó el Govern alcanzó la cifra de 50.000 euros, dinero que permitía al Ayuntamiento disfrutar del uso del edificio.
Flaquer recibió en su despacho a Hidalgo y acordaron ambos patrocinar con dinero público este proyecto. El exalcalde afirmó que fue Cañellas quien le indicó que acudiera a visitar al conseller de Turismo y que le dio la impresión de que ambos ya habían hablado sobre los pormenores de este convenio. Sin embargo, Flaquer asegura que nunca habló del tema con Cañellas, pero que aceptó financiar este proyecto porque le interesaba potenciar el turismo cultural. Sin embargo, el juez afirma que los tres convenios que llegaron a firmarse (uno de ellos lo rubricó el alcalde Porsell) respondían a una "tapadera". Insiste en que se firmaron dichos acuerdos sin ningún estudio institucional sobre el uso y la finalidad de la posesión de la torre, ni tampoco sobre el desarrollo del turismo cultural que justificaba la Conselleria para aportar este dinero público.
El auto cita los actos que se celebraron en la torre, organizados por el Consistorio, que consistieron en el "pan caritat", la presentación de un libro y un concierto. Estos actos, según el juez, costaron más de 40.000 euros.
Aunque tanto Cañellas como Flaquer niegan que existiera esa reunión previa a la visita de Hidalgo, el juez afirma que sí existió y en ella "debieron acordar que el Inestur o la Conselleria no transferiría directamente capital a la fundación, pero idearon la manera de establecer un intermediario, a través del Ayuntamiento de Andratx". Y para hacer esta afirmación tan rotunda el juez se basa en la declaración que realizó Eugenio Hidalgo en el juzgado, quien afirmó que estaba convencido de que antes de que acudiera a pedir ayuda económica a la Conselleria, Flaquer y Cañellas ya habían hablado del tema.
El juez recuerda que el edificio que es propiedad de la fundación Illes Balears disfruta de una condición especial y no es necesario que el Ayuntamiento tenga que abonar una cantidad económica tan elevada para utilizarlo. "Hubieran podido disfrutar o usar dicho edificio para finalidades culturales, turísticas, medio ambientales y otros de carácter institucional y de manera gratuita", asegura el magistrado.
A juicio del juez que ha investigado los hechos, existen motivos para sentar en el banquillo a Gabriel Cañellas, Eugenio Hidalgo y Joan Flaquer e imputarles los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación a la administración y prevaricación.
* Diario de Mallorca - 5.02.11
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
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LAVOZ/Entrevista* : Galicia no cuenta, de momento, con una delegación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, aunque trabajo no le faltaría. La que genera el ladrillo, por proximidad, le toca investigarla a la de Urbanismo y Medio Ambiente, de la que es titular Álvaro García Ortiz.
-Tras las recientes detenciones de la Costa da Morte, lo primero que pensó todo el mundo es en corrupción urbanística. ¿Somos demasiado mal pensados?
-No puedo hablar absolutamente nada de lo que se está investigando.
-¿Suele ser así, o no?
-Generalizar en estos temas es muy difícil. Es evidente que en los núcleos pequeños la recalificación del suelo es una fuente de dinero y de corruptela, porque es una decisión administrativa que puede generar una plusvalía. Cuando las fuentes de financiación son otras, surgen otros elementos de corrupción, pero siempre la motivación humana es el dinero.
-Sin contar los más recientes, la Justicia ya abrió cerca de un centenar de causas contra políticos gallegos por presuntos delitos de corrupción.
-Sí, son los datos oficiales de la Fiscalía del Tribunal Superior. Pero hay que distinguir políticos municipales a pequeña escala o políticos con trascendencia.
-¿Los niveles detectados son preocupantes o no?
-Tenemos la percepción, no la certeza, de que puede haber elementos de corrupción, no solo a nivel de políticos, también de funcionarios e incluso entre los particulares. Pero la sensación que tenemos es que lo de aquí no tiene nada que ver con lo de Levante, por ejemplo.
-¿Por qué?
-Por varias razones, una de ellas estructural. La ordenación del territorio y la distribución de la propiedad en Galicia son muy diferentes. Salvo en contadísimas excepciones, no hay grandes actuaciones urbanizadoras que pueden generar una plusvalía desproporcionada. Se puede hablar de acciones individuales que también desvertebran el territorio, pero gota a gota.
-Pero ¿hay o no hay corrupción?
-Sí existe corrupción, pero tiene un enfoque diferente. Socialmente no es tan visual como en Levante, por ejemplo. Hay otra percepción social. Lo cual no quiere decir que sea menos grave y menos dañina.
-¿Se puede hablar de ladrillazo en la Costa da Morte tras el «Prestige»?
-No tengo elementos para hablar en esos términos. Es evidente que esa zona ha tenido un desarrollo urbanístico, pero de ahí a hablar de ladrillazo?
-¿Acabaron en la construcción ayudas recibidas por los daños?
-No tengo datos. Se supone que las ayudas han venido a compensar una falta de ingresos. A ningún habitante de la Costa da Morte le tocó la lotería con el hundimiento del Prestige, al contrario.
-¿Y las ayudas públicas para el desarrollo de la zona?
-Ese es otro tema, pero para controlar eso están los ciudadanos. Desde la Fiscalía no podemos entrar a hacer esa valoración. Cada uno tenemos la nuestra, pero a nivel personal.
* álvaro garcía ortiz fiSCAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
* La Voz de Galicia - 5.02.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es
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EJU* : Siete de cada diez edificaciones no cuentan con permiso de ejecución. Reglas obsoletas, falta de recursos y un crecimiento explosivo se han confabulado para convertir a Santa Cruz en una ciudad clandestina. Reglas obsoletas, falta de recursos y un crecimiento explosivo se han confabulado para convertir a Santa Cruz de la Sierra en una ciudad clandestina: sólo tres de cada diez edificaciones cuenta con permiso para construir. El dato, ofrecido por Mariano Zambrana, director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal cruceño, desnuda una realidad difícil de corregir. A esto, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, Rim Safar, le suma que, de todas las edificaciones ilegales, un 80% se realiza sin la participación de profesionales (son hechas por albañiles).
El colapso del edificio Málaga develó las limitaciones municipales para controlar las obras civiles, ya que la vigilancia que ejerce es tan leve, que ni siquiera puede asegurar que el 30% que presenta sus proyectos al final construye lo aprobado.
En realidad, un proyecto visado no garantiza que la tragedia del Málaga no se repita. La autorización es tan sólo una certificación de que fue diseñado por un arquitecto titulado, calculado por ingeniero inscrito en su colegio gremial y que cumple con el código de urbanismo (línea, nivel, altura, uso de suelo y ocupación de lote). Sin embargo, nadie chequea que los cálculos estructurales sean los correctos, que la estructura construida tenga la resistencia adecuada o que la edificación cuente con las medidas de seguridad necesarias. “Eso implicaría contratar dos ingenieros para que hagan el mismo trabajo”, justifica Fernando Balcázar, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.
Así, según explica César Morón, ex miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, la ciudad queda a expensas de la voluntad y responsabilidad del constructor. Balcázar asegura que la mayoría de los edificios privados hacen controles de resistencia de materiales, pero Safar lo duda. Considera que gran parte de los empresarios prefiere ahorrarse las pruebas de laboratorio e incluso no hay certeza de que todos tengan análisis de suelos, en una ciudad que puede presentar varios tipos de suelos en un mismo lote. Esta clase de control sólo se cumple en las obras públicas.
La inversión, comparada con lo que cuesta construir una casa o un inmueble, no es mucha. Un estudio de suelo promedio cuesta entre $us 500 y 2.000. Análisis de resistencia de hormigón se pueden conseguir hasta por menos de $us 10 por probeta.
Con el Málaga cayó también la confianza en las torres de departamentos. Según Safar, las ventas se han detenido esta semana y el sector inmobiliario ya está sintiendo el golpe. Para una ciudad en la que actualmente se edifican 70 edificios, según Zambrana, el golpe puede ser duro.
Pese a todo, ahora estamos mejor que hace dos años. Cuando Yamil Morales asumió la dirección de Control de Edificaciones se encontró que tres personas, que no eran profesionales, debían controlar la mancha urbana. Él consiguió cambiar a estas personas por 17 arquitectos que paralizaron y amenazaron con demoler 2.500 edificaciones clandestinas y fuera de norma en sólo dos años. Su éxito fue su desastre. Cuando se metió a demoler un edificio fue cesado de la Alcaldía.
Safar y Morón consideran que el problema está en lo obsoleto que ha quedado el Código de Urbanismo y Vivienda, que acaba de cumplir 20 años. Desde 2004, el Colegio de Arquitectos ha tratado de convencer al Concejo Municipal de cambiarlo, adecuarlo al siglo XXI. El Concejo, en 2010, aprobó dos ordenanzas que regulan las alturas máximas de edificios y la cantidad de parqueos obligatorios.
Morón plantea que la situación es tan compleja que no hay que alejarse mucho del centro para verla. Pone como ejemplo la zona del mercado La Ramada, donde las casas no sólo no respetan los cinco metros de retiro desde la línea de verja, sino que invaden la acera con balcones.
A esto se suma un profundo déficit de formación, tanto de cultura ciudadana, como de mano de obra calificada. Para Safar, falta mucha educación ciudadana y quiere trabajar en ello. Balcázar indica que los albañiles y los herreros son todos empíricos, que comienzan como aprendices de personas más experimentadas y luego se independizan, pero que no conocen centros que los formen ni que certifiquen su trabajo. Esto, sumado al ‘boom’ constructivo, que según cifras del Gobierno el año pasado creció un 12%, hace que actualmente se contrate a cualquiera que quiera trabajar en el gremio.
Safar y Balcázar consideran que por esto mismo es importante contar con profesionales que supervisen y guíen el trabajo de los albañiles, sobre todo en los momentos clave de las obras, como en los vaciados de zapatas, columnas, vigas y losas, que serán las que mantendrán en pie la edificación.
Consultado cómo solucionar este problema, a Zambrana sólo se le ocurren dos formas: o se cambia el código para legalizar a los ilegales, o se los obliga a acatar las normas (demoliciones), pese al costo político que esto implicaría.
Quién es quién
Proyectista
Es un arquitecto que elabora el plano de la casa sobre la base de las necesidades y preferencias estéticas del propietario. El arquitecto, además de organizar el espacio de manera funcional y estética, se ocupa de que la obra no contravenga ninguna norma. Cobra de acuerdo al tamaño del proyecto.
Geólogo
Es un profesional que examina la calidad del suelo sobre el cual se construirá una casa o un edificio. Santa Cruz tiene suelos complejos y este trabajo se hace vital para la obra. Un análisis de suelo básico, de tres puntos dentro de un lote, cuesta alrededor de $us 500.
Calculista
Es un ingeniero civil especializado en el diseño de las estructuras de la edificación. Sobre la base de los resultados del estudio de suelo, el profesional define los tipos de fundaciones, el grosor y la ubicación de las columnas y las vigas que deben sostener la construcción. También define la mezcla entre los áridos y el cemento.
Hidrosanitarios
Son ingenieros civiles especializados en instalaciones y evacuación de aguas. También intervienen especialistas en instalaciones eléctricas y, dependiendo de la complejidad del edificio, se puede requerir los servicios de ingenieros mecánicos y expertos en aires acondicionados, entre otros.
Proyecto final
Cuando los ingenieros terminaron su diseño, el proyectista debe adaptar su diseño a las necesidades estructurales de los edificios. Por norma, cualquier edificación que supere los 300 m2 debe contar con proyectos estructurales, de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
Constructor
Una vez la Alcaldía aprueba el proyecto presentado, se debe contratar quién construya la obra. Por norma, debe ser un ingeniero civil o un arquitecto con título y agremiación colegiada. No se puede contratar sólo un constructor civil (técnico superior), ya que debe estar dirigida por un profesional.
Fiscal de obra
Es una figura rara en la construcción privada nacional. Es un profesional que controla que los contratados por los propietarios hagan su trabajo de manera adecuada. Es una especie de auditor que constata la calidad de la construcción y se puede contratar uno por entre $us 400 y $us 1.500 por mes, dependiendo de la obra.
Inspectores
Una vez iniciada la construcción, la Alcaldía Municipal tiene la potestad de inspeccionar la obra en cualquier momento para ver si lo que se está edificando es lo que se aprobó al momento de la presentación del proyecto a diseño final. En caso de contravenciones, la comuna está facultada para demoler.
En qué se tiene que fijar
- Ladrillos. Es mejor comprarlos de empresas con trayectoria y experiencia certificadas. Si los adquiere en la calle, asegúrese de que su constructor los revise para ver si tienen el cocido, color y resistencia adecuados.
- Agregados. Son vitales para una construcción. La arena, la grava y las piedras deben ser bien seleccionadas. Es importante que no contengan impurezas y tengan el granulado adecuado (diámetro de cada partícula). En la arena es vital revisar que no tenga restos o grumos de arcilla, ya que no son buenos para el cemento.
- Dosificación. Cada cálculo de estructuras indica la cantidad de fierro, cemento, arena, agua y áridos (ripio o piedras más grandes) que debe llevar el hormigón. Es vital que este proceso sea cumplido al pie de la letra.
- Vaciados. Es importante que las losas, las vigas y las columnas sean vaciadas de una sola vez en cada uno de sus tramos. No es recomendable detener la actividad y seguir al día siguiente.
- Controles. Se recomienda que en cada etapa de la construcción de estructuras se hagan pruebas de resistencia de materiales. Hay varios centros especializados y no es caro.
- Vigilancia. En los momentos del vaciado de las estructuras es vital la presencia de profesionales que guíen a los obreros y verifiquen que no desequilibren la dosificación.
- Para comprar. Asegúrese que la casa o el departamento que va adquirir tenga planos aprobados por el municipio.
- Departamentos. Trate de comprar de empresas con experiencia y que tengan ya edificaciones (Balcázar). Si el edificio es concluido, difícilmente se vendrá abajo, salvo desastre natural (Safar). Pida los planos estructurales y verifique que las columnas están donde dice el plano. Verifique que no haya grietas grandes, que superen el espesor del reboque.
Falta voluntad política
Yamil Morales | Ex director de Control de edificaciones
A mí me entregaron la ordenanza 49/2006 y me pidieron que la cumpla, pero sólo tenía tres inspectores no profesionales en mi repartición. Me aferré al Código de Urbanismo y Obras y exigí que se contraten arquitectos para hacer ese trabajo. Llegamos a ser 17 profesionales que observamos 2.500 edificaciones en poco menos de dos años. Había edificios de gran envergadura fuera de norma y demoler uno de ellos nos costó el puesto de trabajo.
La caída del Málaga desnuda la debilidad institucional de la alcaldía y del mismo Gobierno central. El municipio es débil para legislar y falta voluntad política para hacerlo. La Fiscalía no participa como debiera en el control de edificaciones y dejan impotente a la comuna. Otra falencia que se ve es la falta de un estudio de suelos de toda la ciudad.
La Alcaldía no quiere comprometerse en la parte técnica, pese a que certifica las contrucciones y pese a que tenemos un código bastante completo, necesitamos actualizarlo, porque yo creo que Mariano Zambrana se queda corto: casi el 90% de las edificaciones son clandestinas.
Pablo Ortiz, El Deber
* EJU tv - Luz Mendoz< - 30.01.11
Foto: Así se ve ahora desde el aire la ciudad. Los arquitectos consideran que existen 150 torres. Actualmente se construyen 70 y Se estima que en una década habrá 500 - eju
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