De Miguel presionó al alcalde de Zambrana por una recalificación

ELPAÍS/Álava* : El caso Zambrana parece llegar a un punto de ebullición. La comparecencia en la comisión de las Juntas Generales alavesas que investiga esta derivada urbanística del caso De Miguel, del alcalde de ese municipio, el independiente Aitor Abecia, aportó ayer nueva información sobre la operación en la que varias personas vinculadas al PNV intentaron impulsar una gigantesca recalificación de terrenos pese a que varios informes técnicos acreditaban que el suelo no era apto para uso industrial. El caso está siendo investigado por la justicia por si hubo pago de comisiones. Abecia declaró en la comisión que recibió presiones directas del entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, para sacar adelante el proyecto, pese al malestar generado entre los vecinos. Ese rechazo ciudadano aupó a la Agrupación Independiente de Zambrana, vinculada al ecologismo, al Ayuntamiento en los comicios de 2007, desalojando a la peneuvista Justina Angulo.

Abecia explicó que todos los técnicos con los que consultó, tanto del área de Urbanismo de la Diputación como de la consejería de Medio Ambiente, entonces en manos de EA, le dijeron que el proyecto resultaba inviable. El regidor esperaba en marzo de 2009 que la Comisión de Ordenación del Territorio le daría la razón. Pero, pese a varios informes desfavorables, el PNV hizo valer su mayoría para dar finalmente luz verde a una recalificación de 66 hectáreas. Tras la salida de los peneuvistas del Gobierno, la Diputación apoyó que se redujera el ámbito de recalificación y recurrió a los mismo informes que rechazó antes para tumbar el recurso de la empresa Riera Urbanizer, que se había gastado millones de euros en opciones de compra por el suelo.

Abecia también contradijo lo afirmado por su antecesora, que sostuvo en la comisión que en 2004, tras contratar a una empresa presentada por De Miguel para impulsar el desarrollo urbanístico del municipio, no hubo ningún trato cerrado hasta después de su salida del consistorio en 2007. Abecia aseguró que nada más llegar al consistorio le cayó el expediente completo de la recalificación.

Los junteros del PNV Ramiro González y Pedro Elosegi abandonaron la sesión tras acusar al alcalde de hacer "campaña electoral", en palabras del primero de ellos, según asistentes a la comisión. González declaró a Europa Press que el regidor fue contestando a las preguntas de los distintos grupos y, cuando le tocó el turno al PNV, "no ha contestado a las preguntas que eran importantes para aclarar lo ocurrido".



* El País - 21.01.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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Arrecife.- ´La sociedad considera que resulta rentable cometer delitos´

LAPROVINCIA/Lanzarote* : "Si lo sé no vengo..." El juez César Romero Pamparacuatro, convertido a su pesar en una suerte de celebridad insular como instructor del caso Unión en Lanzarote, la mayor operación contra la corrupción en Canarias con más de un centenar de imputados, echó a volar esas palabras entre los fogonazos de las cámaras que le enfocaban al inicio de su intervención en las jornadas que se celebran en Arrecife sobre la reforma del Código Penal. En su ponencia mostró su decepción sobre algunos aspectos del nuevo texto y aseguró que habría ir mucho más lejos porque "la sociedad tiene la sensación de que es rentable cometer delitos".
Pamparacuatro fue trasladado a petición propia al juzgado nº2 de La Laguna (Tenerife) en septiembre del pasado año tras dirigir la operación Unión en el juzgado nº5 de Arrecife.

A partir de ahí llevó las riendas de la instrucción en comisión de servicios y ahora se encuentra a la espera de una prórroga que debe aprobar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida que ha sido apoyada expresamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano.Pamparacuatro remató su ponencia de ayer con una frase que puso de manifiesto cuales siguen siendo sus deseos: "Espero que esto no sea una despedida de Lanzarote".

La disertación del magistrado versó sobre la situación en la que quedan los delitos de cohecho y asociación ilícita, delitos imputados a muchos de los implicados en la operación Unión. Pamparacuatro estima que quedan "ámbito de impunidad" en las actuaciones de los funcionarios públicos y también detecta "omisiones" al respecto, pues considera que se deberían haber introducido nuevas tipificaciones penales en este ámbito. "El bien jurídico protegido es la confianza en la administración", destacó.

"Es lo que más tememos"

"La protección", siguió ahondando el juez, "debe ser desde el punto de vista penal, porque es lo que más tememos". En este sentido, entiende que las penas que se elevan en determinados supuestos del delito de cohecho resultan "nimias". Pamparacuatro observa que los posibles delincuentes tiran de balanza y se hacen preguntas: "¿Qué me cae? ¿Y si tengo suerte? ¿Y si hay una delación indebida?". El juez Pamparacuatro, perseguido por los focos de la actualidad, regresará a La Laguna con un ojo puesto siempre en Lanzarote y sus tribulaciones.



* La Provincia - 21.01.11
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET

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Córdoba.- El TSJA tumba el sistema de valoración de suelo del PGOU

DÍADECÓRDOBA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede traerle muchos dolores de cabeza al Ayuntamiento de Córdoba en lo que concierne a la gestión urbanística del Plan General de Ordenación Urbana. Por primera vez, un propietario de terreno ha conseguido tumbar el proceso que permite fijar el valor relativo de unos terrenos dentro de un plan parcial o un plan especial de reforma interior. La sentencia se refiere, en concreto, a una pieza de terreno, el plan parcial Industrial 2 de Córdoba, la ampliación de las Quemadas. Sin embargo, el motivo por el que se anula el llamado coeficiente de ponderación es común a todo el suelo urbano no consolidado y al suelo urbanizable del plan. Se trata de millones de metros cuadrados de suelo que cuestan, a su vez, decenas de de millones de euros.

Para entender el alcance de la sentencia, hay que explicar primero que el urbanismo se fundamenta en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas. Cuando se realizó el PGOU se asignaron tres coeficientes a cada plan parcial y cada plan especial, que se ponderan en un coeficiente común. Depende de tres factores: qué uso se le va a dar a un determinado terreno, qué tipo de edificaciones se permiten y, por último, qué lugar ocupan en el territorio. Dentro de un plan parcial, puede haber viviendas carísimas, pisos de VPO y un centro comercial. El valor de cada elemento se pondera según esas circunstancias para que la inversión previa y los beneficios resultantes sean equitativos entre los distintos propietarios. El asunto no tiene importancia cuando el plan parcial tiene un propietario único pero es de mucha relevancia cuando han varios dueños de terrenos que tienen que discutir cuánto ponen y qué reciben a cambio.

La sentencia se fundamenta en una empresa propietaria de fincas dentro de un plan parcial dedicado a la realización de un polígono industrial de Córdoba. Consideraba el recurso que el Ayuntamiento le había establecido un coeficiente de ponderación que le resultaba gravoso para sus intereses. Entendía la empresa que, dentro de ese mismo plan parcial, había fincas que tenían un mejor tratamiento entre el coste a pagar y el beneficio a recibir.

La sentencia ha sido emitida por la sección 20 de la sala de lo contencioso administrativa del Ayuntamiento de Córdoba. Dice el fallo que, de la lectura del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, "permite observar una falta de motivación, determinante por ello de la indefensión". "La motivación -explica el fallo- es requisito capital de toda resolución administrativa, de suerte que su insuficiencia produce indefensión".

La sentencia explica que el Consistorio dispone de una cierta capacidad de movimiento. Sin embargo, ello no implica que se pueda incurrir en arbitrariedad. El fallo supone, directamente, la anulación de las determinaciones establecidas para las fincas objeto de la demanda. No se establece medida alternativa ninguna. El tribunal ni siquiera escuchó los argumentos de la defensa municipal, que intentó argumentar los coeficientes durante la contestación al recurso de la empresa que ha ganado el pleito. El tribunal le dice que, donde debería haberlo hecho, es en el texto del PGOU.


Consecuencias ¿Una cadena de recursos?

Uno de los riesgos que tiene esta sentencia, explica un urbanista consultado, es que cunda el ejemplo. "Se puede montar un lío impresionante", afirma. El problema es que muchos de los propietarios del Plan General han tenido problemas en sus juntas de compensación cuando se trata de afrontar las inversiones. En este caso, sucede que muchas de las piezas que se regulan por esta vía ya han sido ejecutadas y dar marcha atrás resulta complejo.
Pleno Se tomará conocimiento la próxima semana

El Pleno del Ayuntamiento tomará conocimiento de la sentencia en la próxima sesión plenaria, según se informó ayer en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde el Partido Popular preguntó por los efectos de esta sentencia de cara a la gestión urbanística de la ciudad. Todas las sentencias se informan por parte de la asesoría jurídica municipal en el sentido de qué consecuencias debe arrojar el desarrollo del fallo.
objetivos Otro cambio en el plan de la ciudad

Lo que sí es evidente es que la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá que impulsar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana a raíz de esta sentencia. No se le obliga a cambiar conceptos sino a explicar por qué usa determinados criterios.



* El Día de Córdoba - 18.01.11
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es

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Petronor, maestros en burlar la ley de costas

GREENPEACE/Vizcaya* : Cuando parece que pocas maniobras políticas pueden ya sorprendernos, recibimos atónitos una nueva noticia de bofetada a la Ley de Costas. El PSOE y el PNV han pactado añadir una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que reformará le Ley de Hidrocarburos para permitir que las refinerías “tengan derecho” a prorrogar sus concesiones y ocupar dominio público costero, incluso después de que hayan vencido sus permisos. Detrás de este pacto se encuentra el interés privado de Petronor y la refinería que posee en el municipio costero de Muskiz, en la marisma de Muskiz, Zierbena y Abanto-Ciervana. Esta refinería se autorizó en 1968 mediante Decreto, sin tener en cuenta ninguna de las prescripciones ambientales que ya existían entonces. Como resultado, se situó a pocos metros del casco urbano (de hecho, debe ser la única refinería que cuenta dentro de su recinto con una ermita y un cementerio). En 1982 (catorce años después de su construcción) obtuvo una concesión por treinta años que caduca en 2012. Y, mientras otros negocios mucho menos nocivos echan el cierre por no tener la preceptiva licencia de actividad, la refinería no la obtuvo ¡hasta 2008! Es decir, cuarenta años funcionando sin licencia.

Con el final de la concesión a la vuelta de la esquina, a Petronor debe correrle mucha prisa solucionar este “problemilla”, especialmente con los planes de ampliación de la refinería con una planta de coque altamente contaminante, con lo que ha movido sus fichas en pasillos y despachos. Con esta enmienda, aprobada sin conocimiento de los ciudadanos y sin debate en el Parlamento, problema solucionado. Y de nuevo un ejemplo de la “negociabilidad” de la Ley de Costas según quien seas. Manga ancha para grandes hoteles e industrias contaminantes, y mano dura para chiringuitos y pequeñas viviendas. ¿No somos todos iguales ante la Ley?

Pero este no es un asunto únicamente de defensa de la Ley de Costas y del dominio público. Es un grave atentado contra la salud pública. La ubicación de la refinería, a pocos metros de viviendas, ha generado un rechazo constante de los vecinos y de la asociación Meatzladea Bizirik Ekologista Taldea, que han presentado numerosas denuncias, quejas y recursos contra las irregularidades legales, ambientales y las afecciones a su salud. Y está demostrado. Los mapas de mortalidad elaborados por el Departamento de Sanidad indican un exceso de mortalidad por cáncer y enfermedades cerebro vasculares en la periferia de la refinería. Concretamente un 14% para los hombres y un 12% para las mujeres respecto a la mortalidad del conjunto del País Vasco, unas cifras estadísticamente significativas como para que sean fruto del azar.

Y así, las costas, el dominio público y la salud de la población de Muskiz parecen tener menos valor frente a los políticos que los intereses privados de Petronor, su refinería y su nueva planta de coque. ¿Será porque patrocinan al Athletic de Bilbao?

* Elvira Jiménez, campaña de Océanos de Greenpeace


* Greenpeace - 19.01.11
Foto: Muskiz (Vizcaya), refinería Petronor - greenpeace

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Santa Cruz.- La Plataforma contra este PGO denuncia ante la Fiscalía la ‘operación’ de la Clínica Parque

SANBORONDÓN/Tenerife* : La Plataforma contra este PGO ha denunciado ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife el ‘caso de la clínica Parque’. El edificio, ubicado en la calle Méndez Núñez nº40, tenía siete plantas antes de las obras acometidas aproximadamente a partir de 2005, estando en situación de fuera de ordenación, por cuanto el planeamiento vigente concede a dicho edificio cinco plantas de altura. Manuel Parejo, concejal de Urbanismo entre 1999 y 2007, adquirió, junto con otras personas, la citada clínica. Según la denuncia presentada, esto ocurrió en 2004 y “al parecer, dicha adquisición se realizó por medio de la compra de acciones de la entidad propietaria, Clínica Parque Sociedad Anónima, de la que Parejo era apoderado. Según el texto de la denuncia, “tras la adquisición realizada por Manuel Parejo Afonso, y siendo éste concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se acometieron obras completamente ilegales en dicha edificación”.

En concreto, se especifica “las obras ilegales de ampliación de la planta octava y otras que lindan con los predios colindantes, lo cual supone vulnerar las determinaciones del PGO en vigor que dejó a este edificio en situación legal de fuera de ordenación al asignar una altura máxima de cinco plantas, así como el régimen de obras permitidas para las edificaciones fuera de ordenación”.

“Asimismo, de forma ilegal se ha procedido a convertir los cuerpos volados abiertos (balcones) en cuerpos volados cerrados, expresamente prohibidos en el edificio de referencia, debiendo haberse mantenido los cuerpos volados abiertos y adecuarse a las condiciones de estética del PGO vigente, lo cual supone también vulneración del régimen de obras en edificaciones fuera de ordenación”, se añade en la denuncia.

En el apartado tercero de los hechos denunciados, se aclara que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana se inició en 2003, “antes de la adquisición efectuada por el concejal Manuel Parejo, y que en la primera versión del documento, a la edificación objeto de denuncia se le asignaban 6 alturas, razón por la cual seguía en situación de fuera de ordenación. No obstante, tras la adquisición efectuada por el entonces Concejal de Urbanismo, D. Manuel Parejo Afonso, ya desde el 2005, y en todas las versiones del documento de planeamiento, a la referida edificación se le han venido a conceder ocho plantas de altura, pasando, en consecuencia, a estar dentro de ordenación”.

Se añade en la denuncia que encontrándose en trámite la Revisión del PGO, la obra de reforma y ampliación ejecutada en la Clínica Parque de Santa Cruz de Tenerife incumple las determinaciones del PGO en vigor por los siguientes motivos:

a)Por ampliar la superficie, y por tanto, la edificabilidad consumida, de las plantas situadas en las cubiertas.

Se observa claramente que en el edificio de la Clínica Parque se han ejecutado obras de ampliación de la planta octava y otras que lindan con los predios colindantes, lo que supone vulnerar las determinaciones del PGO en vigor que dejó a este edificio en situación legal de fuera de ordenación al asignar el PGO vigente una altura máxima de CINCO plantas.

La ampliación de las construcciones situadas en las cubiertas, además de vulnerar las determinaciones del PGO vigente, supone la vulneración del régimen general preceptuado en el Art. 44.4 del TRLOTENC por cuanto tal conversión supone un incremento de la edificabilidad y, por tanto, dan lugar a incremento del valor de las expropiaciones.

b)Por convertir los cuerpos volados abiertos (balcones) en cuerpos volados cerrados, expresamente prohibidos en el edificio de referencia, debiendo haberse mantenido los cuerpos volados abiertos y adecuarse a las condiciones de estética del PGO vigente.

La conversión de los cuerpos volados abiertos en cuerpos volados cerrados, además de vulnerar las determinaciones del PGO vigente, también supone la vulneración del régimen general preceptuado en el Art. 44.4 del TRLOTENC por cuanto tal conversión supone, igualmente, un incremento de la edificabilidad y, por tanto, dan lugar a incremento del valor de las expropiaciones.

c)Las obras ejecutadas no consisten en la estricta reparación y conservación para mantener la estricta conservación de la habitabilidad o utilización conforme al destino establecido, vulnerando el Art. 44.4.1 del TRLOTENC.



* Revista San Borondón - 20.01.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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Casas para vivir, no para presumir

ELPAÍS/Sevilla* : Donde se iban a levantar cuatro manzanas de pisos firmadas por otros tantos arquitectos de prestigio internacional irán varios bloques de factura más modesta pero con el mismo número de viviendas (1.963). Donde iba a elevarse un hotel de lujo, irá uno más asequible. Lo que iba a ser un barrio de diseño llamado a marcar el futuro urbanístico de Sevilla será una barriada sin tantas pretensiones, pero un barrio al fin y al cabo. La aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (Peri) de la Cruz del Campo de la que ayer dio cuenta la Gerencia de Urbanismo de Sevilla tiene una lectura para pesimistas y otra para espíritus más entusiastas. La primera es que la crisis se llevó por delante el proyecto promovido por el grupo Urvasco en el que iban a participar los arquitectos Jean Nouvel, Norman Foster, Guillermo Vázquez Consuegra y Arata Isozaki.

Sobre el solar de la antigua fábrica de Cruzcampo, en el límite del barrio de Nervión, cada uno de ellos iba a diseñar una manzana de pisos hasta sumar 1.963 viviendas, de las que 890 serían de Protección Oficial. El proyecto abarcaría 200.000 metros cuadrados y acogería también un hotel de cinco estrellas y un museo de la cerveza. La obra tenía que haber empezado en 2008, pero para entonces Urvasco estaba ya hundida en un mar de deudas y la empresa acabó entregando el solar de Sevilla a los bancos como parte del pago de sus préstamos.

Ahí acabó la historia del barrio de diseño que nunca se empezó a hacer. Pero visto el escenario inmobiliario actual, el plan municipal para transformar la antigua zona industrial en un área residencial con amplios espacios libres no ha salido mal parado. Las ocho cajas de ahorro que ahora son dueñas de los suelos, unidas bajo la firma Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Hispalis S. L., están decididas a seguir adelante con la idea, aunque sea sin arquitectos de renombre.

El plan del que dio cuenta ayer Urbanismo es el primer paso para la construcción del proyecto, cuyas obras podrían empezar este año, según estimaciones municipales. Cruzcampo abandonó hace tres años estas instalaciones y se ubicó en unas de nueva construcción en el barrio de Torreblanca. La antigua fábrica de cerveza ya está desmantelada, a excepción de un área del edificio que está protegida y que se mantendrá en pie.

En el resto del solar se repartirán las casi 2.000 viviendas, una biblioteca, un parque con un lago e instalaciones deportivas y un colegio. Habrá también espacio para zonas comerciales y de ocio.

El proyecto presentado por los nuevos dueños y dado a conocer por Urbanismo divide el solar en dos áreas partidas por una vía de nueva creación que unirá las calles Greco y Ada. En torno a esta nueva calle se levantarán cuatro manzanas abiertas de pisos con un máximo de 15 plantas. Al sur de este área irán más bloques de viviendas, en este caso, de nueve plantas, así como un conjunto de servicios terciarios parte de los cuales se ubicarán en algunas de las instalaciones más significativas de la antigua fábrica.

Aunque ya no vaya a haber edificios con firma célebre, el proyecto tendrá junto a la antigua planta cervecera su propio hito, que si no consigue entrar en ninguna guía de arquitectura imprescindible sí que atraerá a buen seguro muchas miradas: un bloque de viviendas de 23 plantas (60 metros de altura), lo que le convertirá en el edificio residencial más alto de la ciudad.



* El País - 20.0.11
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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La ciudad, espejo de los tiempos

CRISTINA MONGE* : Hace unos días se presentaba en la zaragozana librería Cálamo el libro De formas y normas, de la profesora González Ordovás (Tirant lo Blanch, Valencia, 2010). La obra reúne seis artículos que intentan comprender las razones que se esconden tras las ciudades que habitamos para entender mejor la sociedad en que vivimos, y para ello, nos ofrece una cartografía social a través del análisis de la ciudad como espejo de los tiempos. La noción de la ciudad como metáfora y espejo de la sociedad, cuya observación y estudio nos ayudará a conocernos mejor, recorre toda la obra. Huyendo de la idea de ciudad culpable como generadora de todos los males diagnosticados, la autora nos propone profundizar en el análisis asumiendo que "es la morfología social y no la urbana la que finalmente establece para qué sirve y qué significa un lugar y su entorno". La idea de sociedad del riesgo desarrollada por Ulrich Beck explica buena parte de las contradicciones que nuestras ciudades reflejan. Preocupadas por la demanda de seguridad que origina el miedo, se planifican de una forma cada vez más zonificada y menos propensa al encuentro y la mezcla.

El resultado son ciudades donde cada espacio tiene su función, separado de otros espacios y de otras funciones, comprometiendo así la idea de ciudad como lugar de encuentro con el otro. La ciudad ya no es el sitio de mezcla, encuentro y mestizaje donde nos encontramos con el otro, sino que queda reducida al espacio de los semejantes. La unión entre semejanza y cercanía asimila lo cercano a lo conveniente, y por lo tanto, descarta la diferencia.

Si la ciudad es relación, como se afirma en esta obra, nuestras relaciones, y por lo tanto, la ciudad, ha quedado reducida al espacio delimitado por el encuentro con nuestros semejantes. Llevándolo al extremo, esta idea explica el fenómeno de la ciudad privada, con espacios y accesos gestionados por entidades privadas, cuyos habitantes intentan protegerse de los riesgos que perciben en los otros, desentendiéndose también de ellos, y por ende, del resto de la sociedad. La forma de la delimitación y el vallado, refleja un fondo de miedo, inseguridad, protección y la manifiesta voluntad de exclusiva relación con el semejante y absoluta indiferencia hacia el resto de la sociedad.

Nos recuerda la profesora González Ordovás la función que Weber daba a la ciudad como espacio comercial, siendo el hábitat propio de una sociedad de consumidores protagonizada por una burguesía orientada por unos medios económicos racionales, en una sociedad gobernada por el deseo, donde, recurriendo a Lipovetsky, la autora recuerda las ideas de una sociedad "conjuntiva" donde no es preciso elegir. Todo es posible y está a nuestro alcance, según clama la publicidad que inunda el tiempo y el espacio fundido en la sociedad líquida. El "o" --o esto o aquello-- , ha sido sustituido por el "y" --esto y aquello--. Y es que ese deseo infinito y el espejismo de que la satisfacción del mismo conducirá a la felicidad, está en la base de un sistema global de capitalismo de consumo, al menos en la pequeña parte privilegiada del mundo en la que vivimos, donde la libertad se ha convertido en libertad de compra.

En esa lógica, la ciudad debe responder a esa necesidad de consumo, y para ello, el espacio y el tiempo desaparecen en centros comerciales donde la "estética del contenedor" --sin referencias temporales, ni territoriales, herméticos y ajenos a lo que pasa al otro lado de sus paredes-- refleja esta necesidad creada y re-creada de consumo, que produce individuos permanentemente insatisfechos con la necesidad de ver cumplidos sus deseos para satisfacer esas necesidades.

EL OMNIPRESENTE consumo es cuestionado por la idea de sostenibilidad. La autora se interroga sobre la posibilidad de conciliar ciudad y sostenibilidad, entendida ésta en sus tres vertientes económica, social y ambiental. "El impulso de vivir el presente característico de nuestra sociedad en detrimento de cualquier otra consideración a medio y largo plazo puede poner en grave riesgo la continuidad de algunas de nuestras preferencias". La sostenibilidad, sin embargo, supone en expresión de Daniel Innerarity, "sentar al futuro a la mesa de negociación" y hacerle partícipe de las decisiones del presente. Por eso la sostenibilidad, entendida de este modo, es un compromiso ético con todos los habitantes del planeta, presentes y futuros, que necesita de un nuevo contrato social donde se explicite el compromiso de toda la sociedad.

Esta es una obra de crítica para la esperanza: crítica fundamentada en un riguroso análisis que se interroga por los fondos de las formas, para a partir de allí generar la esperanza en el futuro. Esperanza que la profesora González Ordovás describe en forma de aspiración: "Que la ciudad no sea Estado sin sociedad ni sociedad sin Estado, que la forma urbana no sea consagración legitimante de la desigualdad, que la administración de lo público procure los máximos niveles de justicia sin impedir la espontaneidad que en lo político llamamos libertad".


* Directora de proyección externa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes)


* El Periódico Aragón - Opinión - 15.01.11

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Canarias retoma el 'socavón' de Eduardo Chillida

PÚBLICO/Fuerteventura* : Dieciocho días después de que el Museo Chillida-Leku echara el cierre en San Sebastián, con unas "cifras deficitarias a niveles insostenibles", el Gobierno canario ha resucitado el polémico proyecto del escultor vasco de horadar la montaña protegida de Tindaya, en Fuerteventura. El agujero, planteado en 1993, sería como un edificio de 15 pisos. El presidente canario, Paulino Rivero, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, viajaron a San Sebastián para firmar con la familia de Eduardo Chillida, fallecido en 2002, un acuerdo "por el cual será posible desarrollar el proyecto", peleado en los tribunales por las organizaciones ecologistas. La obra de arte se situaría en el corazón del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. El pacto crea una fundación para perforar la montaña y establece una comisión mixta, formada por tres familiares del escultor y tres miembros del Gobierno canario, para "agilizar" la ejecución de las decisiones de la fundación.

Rivero, de Coalición Canaria, aseguró que "la obra no costará ni un euro a las arcas públicas, porque se hará a cambio de una concesión para la explotación turística del monumento". Luis Chillida, hijo del artista vasco y miembro de la comisión mixta, explica a Público que la empresa que pague la construcción se llevará el dinero de las visitas "durante unos 40 años". Los trabajos costarían unos 75 millones de euros. En diez años, el Chillida-Leku recibió la visita de 810.000 turistas.

Sin embargo, Ben Magec-Ecologistas en Acción, que ha anunciado que intentará parar el proyecto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, denuncia que ya se han invertido 25 millones de euros en "una obra plagada de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Canarias". Y "sin tocar una piedra de la montaña", según recalca José de León, portavoz de la ONG y arqueólogo en Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.

En Tindaya, señala, hay unos 300 grabados realizados hace un milenio por los pueblos aborígenes de Fuerteventura y algunas plantas endémicas, como el diente de perro, similar a un cactus. "Quieren empezar las obras sin decir dónde está el dinero desaparecido", critica De León, que achaca el apoyo del PSOE al proyecto a que su director actual es el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez, sobrino del fallecido ministro socialista Francisco Fernández-Ordóñez y del actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel.

Luis Chillida defiende el proyecto de su padre y recuerda que el Gobierno canario aprobó en mayo de 2009 la declaración de impacto ambiental. En su opinión, las obras "podrían comenzar este año", una vez salgan a concurso público en un par de meses. El hijo del escultor pide "claridad absoluta" y que se sepa "qué pasó con los 2.000 millones de pesetas" desaparecidos.



* Público - 18.01.11
Foto: Tindaya (Fuerteventura) - laprovincia.es

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Piden dos años para el exalcalde de Olocau por prevaricación urbanística

LASPROVINCIAS/Valencia* : El urbanismo esconde buena parte de la corrupción. La Fiscalía ha detectado un nuevo caso, en esta ocasión en la localidad de Olocau, que afecta a José Agustín Agustí, exalcalde del municipio. El Ministerio Público solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación urbanística. A esto hay que sumar una sanción económica de más de 21.000 euros por el delito de negociación prohibida a funcionario. Los hechos sucedieron en diciembre de 2005 cuando Agustí ocupaba la alcaldía. Por aquellas fechas, el primer edil concedió a su esposa una licencia de segregación de varias parcelas que pertenecían a una sociedad de gananciales del matrimonio. Este requisito se tiene que solicitar cuando se pretende dividir una finca en varios lotes. Cada una de las particiones tiene que cumplir con una mínima superficie, establecida por ley. Según el escrito de acusación del fiscal, al conceder esta licencia el acusado estaba infringiendo su deber «de abstenerse en los procedimientos en los que tenga algún interés».

Para intentar camuflar su acción, ese mismo día dictó un nuevo decreto en el que le concedía la licencia a otra persona que, en realidad, nunca la había solicitado.
No terminaron ahí las irregularidades que el alcalde presuntamente cometió aquel 15 de diciembre. A continuación, autorizó una licencia de obras a una empresa para que construyera viviendas unifamiliares en esas parcelas. El escrito del fiscal recoge que lo hizo «a sabiendas de que dichas parcelas no disponían de la condición de solar». De igual forma, conocía que tampoco podía conceder la licencia de segregación al no existir ningún «instrumento de planeamiento sobre las mismas». Incluso el arquitecto municipal le advirtió de que debía garantizarse la urbanización simultánea del terreno.
Apenas 20 días más tarde de estos hechos, el acusado y su esposa vendieron las parcelas por 283.000 euros cuando ellos las habían comprado unos meses antes por 103.260 euros. El beneficio fue de 179.000 euros. La Fiscalía no tiene dudas de que este incremento en el valor «fue consecuencia inmediata de las licencias ilícitas de obras y segregación otorgadas por el acusado».



* Las Provincias - 19.01.11
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es

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Mallorca.-El juez imputa a la ex consellera Julve por el pago de las facturas infladas

DIARIODEMALLORCA* : El juez Enrique Morell, que instruye el denominado caso Cloaca, ha imputado a la ex consellera del Consell de Mallorca Catalina Julve, de Unió Mallorquina, por su presunta implicación en este nuevo escándalo de corrupción. Esta citación como imputada responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera, basándose en las declaraciones de los implicados en el caso, que la máxima responsabilidad de estas irregularidades aterriza en la figura de la actual portavoz de UM. Los fiscales mantienen que Julve estaba informada de que el Consell estaba pagando miles de euros, a través de facturas infladas, por trabajos que no se hacían, y que ella autorizó y firmó la contratación del empresario Simón Galmés por un trabajo que apenas hizo, pero por el que cobraba 9.000 euros al mes. El juez llamará a declarar a Julve proximamente para que pueda explicar todo el rosario de presuntas irregularidades que se han descubierto en el departamento que dirigía.

Esta decisión se produce el mismo día que el juez tomó declaración a los dos funcionarios implicados en la operación Cloaca, que afecta al sistema de recogida selectiva de residuos de Mallorca. Ambos funcionarios volvieron a implicar al ex director insular, Guillem Riera, quien fue detenido por este caso.
La funcionaria Maria Morey mantuvo ayer ante el juez que en el departamento de residuos siempre se siguieron las indicaciones políticas. Negó que el sistema de cobro de facturas infladas, en las que se abonaban a las UTE toneladas de residuos que no se ha-bían recogido, fuese a iniciativa de los funcionarios, sino que se trató de una decisión política. Y esta orden vino del ex director insular, quien impuso –según la imputada– a los funcionarios que abonaran las facturas a pesar de que se sabía que se pagaban trabajos que no se habían realizado.
A pesar de ello, la funcionaria interina, que es economista pero que no actúa como tal, nunca tuvo la certeza de que se estaba cometiendo una irregularidad. La mujer, defendida por el abogado Josep de Lluís, explicó que el Consell no podía pagar las facturas que presentaban las otras empresas, contratadas por los ayuntamientos, que se encargaban de la recogida de basura puerta a puerta por distintos municipios de Mallorca. Y no podían pagar este dinero porque la institución insular no tenía suscrito ningún contrato con estas empresas, por lo que no consideró ilegal que se abonara las facturas a las UTE que tenían encomendada la labor de esta recogida. La funcionaria explicó que hasta hace poco no conocía al empresario de Portocristo, Simón Galmés, que había sido contratado para que se encargara de controlar a las UTE. Tampoco conocía su sueldo.
Argumentos parecidos sostuvo ante el juez el otro funcionario, Gabriel Perelló. Al igual que su compañera, y tal como ya había hecho en su declaración policial, insistió ante el magistrado que se limitó a cumplir órdenes superiores. Perelló, que fue defendido por el abogado Bartomeu Oliver, sostuvo que el sistema de facturación de las UTE fue una imposición política, y afirmó que fue el ex director Guillem Riera quien le ordenó de qué forma debía tratar a las empresas concesionarias.
Al funcionario, que fue detenido en las oficinas del Consell de Mallorca, se le mostraron una serie de facturas infladas que recogen las cantidades de residuos que se han pagado pero que no se han recogido, y en las que figura su firma. El ingeniero del Consell reconoció su rúbrica, pero insistió una vez más que los datos que reflejaban estos documentos públicos le fueron indicados por su superior jerárquico, en este caso el ex director insular, quien también fue detenido el pasado jueves y al día siguiente puesto en libertad.
El funcionario también desmintió al ex alto cargo de UM, quien mantuvo ante la Policía que apenas conocía de vista al empresario de Portocristo que se llevaba una mensualidad de 9.000 euros por controlar el trabajo de las UTE contratadas para recoger los residuos. Afirma Perelló que fue Riera quien le presentó personalmente al empresario Simón Galmés y le dio órdenes para que trabajara con él, y qué tipo de relación laboral debía mantener con el dueño de esta empresa.
Por otra parte, Unió Mallorquina negó ayer, a través de un comunicado, "de forma rotunda y taxativa" su relación con este caso, y rechaza que el partido hubiera recibido financiación ilegal a través de la recogida de residuos. UM sostiene que se trata de irregularidades administrativas.



* Diario de Mallorca - 19.01.11
Foto: Operación Cloaca - diariomallorca

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Ex arquitecto jefe de Urbanismo dice que Roca era quien tenía la representación del alcalde

20MINUTOS/Marbella* : El arquitecto y ex jefe del servicio técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, ha asegurado este martes que el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, "era la persona que para nosotros tenía la representación del alcalde", aunque no tuviera "ningún cargo orgánico en el Ayuntamiento de Marbella". Merino, que ha declarado como testigo en el juicio por el caso 'Malaya', en concreto en el bloque de Crucero Banús, ha insistido en que esa representación del también ex asesor de urbanismo "era por delegación del alcalde", por lo que "cualquier requerimiento que él nos hacía por información, asesoramiento o una asistencia a una reunión, efectivamente, se cumplía". Según el fiscal, Roca, el ex edil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela sobre la que conseguir, con un convenio, el aumento de edificabilidad y la reducción de los aprovechamientos para el Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.

A preguntas de la abogada de Roca, quien ha señalado que el Consistorio cobró 40 millones de pesetas por el convenio, aunque la licencia fue anulada y no se ha devuelto ese dinero, Merino ha indicado que "tal y como se plantea, no hay perjuicio para el Ayuntamiento", pero ha precisado que "hay un contrato incumplido y tendrá que resolverse jurídicamente en la manera que proceda".

Sobre este punto ha sido cuestionado también por la defensa del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz y ha insistido en que "es un hecho cierto que el convenio se firmó, el Ayuntamiento ha ingresado una cantidad de dinero y, sin embargo, lo que el convenio proponía no se ha cumplido". "Desde el punto de vista que estamos hablando, claro que no ha habido un perjuicio para el Ayuntamiento", ha dicho.

Después de ser interrogado por la defensa de Roca, la Sala ha pedido Merino que comparara los dos convenios que existen para el desarrollo de ese suelo, uno de 1996 con el anterior propietario y otro del 2001, con los cuatro acusados; y, además, que explicara si existía alguna irregularidad entre ambos.

Al respecto, ha indicado que no ve "más diferencia", además de la altura del edificio que se proyecta o la edificabilidad completa, que "la parte de cesión que le corresponde al Ayuntamiento", ya que "en el segundo incluye un 22 por ciento y en el primero es menor", por lo que ha afirmado que hay en este último hay "más aprovechamientos para el Ayuntamiento".

Ha considerado que el segundo convenio es "más beneficioso" para el Consistorio por esa cesión. No obstante, a preguntas del fiscal, al que la Sala le ha vuelto a dar la palabra para preguntarle sobre ambos convenios al igual que a las otras acusaciones, ha añadido que en el segundo convenio es "muy baja" la valoración del metro construido.

Funcionamiento del urbanismo

Por otro lado, Merino ha señalado que se inició la obra antes de disponer del proyecto de ejecución y ha dicho que no es la única vez que se realizó así, ya que "hay más casos", aunque "no era práctica habitual". Ha aclarado que era "frecuente" que los informes para la concesión de licencias que hacía el servicio técnico de obras y urbanismo "se retrasaran" porque "había una cantidad enorme", aunque ha dicho que no es justificación para que la obra empezara antes.

Sobre la práctica de otorgar licencias, ha apuntado que era "de dominio público" y "muy conocido" en Marbella que se hicieran según el planeamiento en revisión. Además, ha indicado que "seguro" la Junta de Andalucía tenía conocimiento de que se otorgaban en Marbella licencias acorde a ese planeamiento en revisión, ya que este organismo "impugnó muchas" de ellas.

Ha reconocido que hubo reuniones y también "enfrentamientos" del Ayuntamiento con el Gobierno andaluz en relación con el plan, y que, en algunos casos, la relación entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, "a la vista de la práctica que se seguía en el Ayuntamiento, llegó a ser compleja".

En la sesión de este martes también han sido interrogados los peritos que han analizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús, aunque no han terminado de contestar las preguntas de las defensas, por lo que, previsiblemente, continuaran el interrogatorio este miércoles, tras lo que tendrán que declarar agentes que investigaron la operación urbanística.



* 20 Minutos - 18.01.11
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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La mitad de los concellos pierden vecinos desde 1842

LAVOZDEGALICIA* : Galicia tenía en 1842 ocho ayuntamientos más que hoy y, aunque solo sumaba 1,3 millones de habitantes, ninguno de sus municipios contaba con menos de mil vecinos. En el panorama demográfico de hace 169 años, Corcubión era la localidad con menor número de residentes, pero por debajo de los 1.146 que poblaban entonces el concello coruñés Galicia tiene hoy 22 municipios, algunos tan despoblados como Negueira de Muñiz, que no deja de perder vecinos desde que se creó en 1925. Esa despoblación, a pesar de su crecimiento global, define la dinámica de los movimientos demográficos de Galicia, que pasó de un modelo de múltiples polos residenciales a concentrarse en las ciudades y ahora a formar un cinturón de villas medias a su alrededor.

En ese esquema de desplazamiento poblacional y desertización interior, algo más de la mitad de los concellos, 159 en total, tienen hoy menos habitantes que cuando se confeccionó en 1842 el primer censo completo de España. Municipios que entonces se aproximaban a los 10.000 integrantes ahora apenas superan los mil, como Ourol, que ha menguado en ese tiempo un 86,5%.

Menos gente que hace 100 años

Los concellos más afectados por ese retroceso poblacional se concentran en Lugo y Ourense, provincias que presentan hoy prácticamente el mismo número de residentes que en 1842. En el año 2020, ambas demarcaciones estarán por debajo de los niveles de mediados del siglo XIX, según las últimas proyecciones oficiales de población. Unos 215 ayuntamientos gallegos tienen ahora menos residentes que hace cien años.

Ourense es donde más se nota el abandono de sus concellos en el último siglo, al tener menos población que entonces 81 municipios. En Lugo, ocurre en 56. Hace cien años tampoco había municipios con menos de mil vecinos, siendo Ponte Sampaio (después se unió a Pontevedra) el de menor población, con 1.453. Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.

Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.

Los casos de Santiago y Vigo

El primer censo completo realizado en España contaba en 1842 a Santiago como la urbe más poblada (22.749 vecinos), seguida de A Coruña (19.415), Ferrol (16.641), A Estrada, Lugo, A Fonsagrada, Ponteareas, Viveiro y Monforte. En 1910, dicho ránking se había modificado notablemente por el efecto de concentración de la población, haciendo que A Coruña liderase la tabla con los 49.290 residentes que tenía entonces. La consolidación de su incipiente foco industrial hizo que Vigo, que setenta años antes era la trigésimo primera localidad más poblada de Galicia, irrumpiese en ese ránking con unos 41.500 vecinos, para estar seguida por Lugo, A Estrada, Ferrol, Pontevedra, Santiago y Ortigueira.

El crecimiento poblacional que registró Vigo en los últimos 169 años fue de un 4.307%, de 1.879% en Pontevedra y Ourense y de 1.167% en A Coruña. En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.

En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.



* La Voz de Galicia - 16.01.11
Foto: Ourol (Lugo) - concellosdelugo

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¿Dónde quedaron las Administraciones que protegen el Medio Ambiente?

ECOLOGISTASENACCIÓN/Murcia* : Ecologistas en Acción considera un grave error la reciente noticia de la reducción en un 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso y aboga por una mayor participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales en la toma de decisiones que comprometan de manera grave el futuro de los recursos naturales de la Región de Murcia, así como que se apueste por la cogestión de los espacios marinos. Ecologistas en Acción recibe con tristeza la noticia de la reducción del 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso e insta a la Consejería de Agricultura y Agua, presidida por el consejero Cerdá, a que base sus decisiones en criterios de protección y conservación de los recursos naturales presentes en la costa, contando en todo momento con la participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales que tienen mucho que decir, tanto a nivel científico como técnico, y que son las que realmente apuestan por la protección del medio ambiente y la creación de Reservas Marinas.

Ecologistas en Acción recuerda que en la presentación del documento de síntesis en la Consejería de Agricultura y Agua en 2009, elaborado por TRAGSATEC, se expuso la creación de mesas sectoriales de participación de manera que todos los sectores implicados estuvieran presentes y formaran parte de la decisión, llegando así a un consenso en el que nadie saliera perjudicado. En ese acto, Ecologistas en Acción, junto con otras asociaciones ecologistas presentes, solicitó participar en las mesas sectoriales, propuesta que no tubo muy buena acogida por parte del Director General de Ganadería y Pesca, Adolfo Falagán. De hecho Ecologistas en Acción no ha tenido conocimiento de si finalmente las mesas de trabajo se han llegado a constituir y trabajar, ya que esta asociación no ha sido informada de ello, ni invitada a participar, tal y como solicitó en su momento.

El reciente borrador de decreto, sólo permite las alegaciones como forma de participación, obviando los criterios y peticiones de las asociaciones ecologistas, y teniendo en cuenta los impedimentos puestos por organismos como la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Capitanía Marítima de Cartagena, la Armada Española y algunos sectores empresariales.

Ecologistas en Acción recuerda a la Consejería de Agricultura y Agua, así como a las instituciones que han alegado a este proyecto, que dentro de las prioridades de la nueva estrategia marina europea y dentro de las propias prioridades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se encuentra la declaración y explotación en sintonía con el ecosistema de Áreas Marinas Protegidas. Así mismo, el colectivo cree importante considerar las zonas de reserva de interés pesquero dentro de estas áreas protegidas.

Así, esta asociación ambientalista reivindica la cogestión de los espacios marinos entre el sector pesquero de artes menores, colectivos interesados y la administración como la principal herramienta para solventar el problema de sobrexplotación al que se enfrentan los caladeros europeos y, solucionar del mismo modo la caída socioeconómica del sector pesquero artesanal en Europa. Esta zona tiene graves problemas derivados de la pesca de arrastre y otros artes de pesca industriales, que cuentan con la permisividad de las Administraciones desde hace años aún a sabiendas del grave daño que causan estas artes en los fondos marinos de alta riqueza.

Por tanto, Ecologistas en Acción insta a la Consejería de Agricultura y Agua a que mantenga la protección inicial y se base en las necesidades de protección de estos ecosistemas naturales tan ricos e importantes en la Región de Murcia. Reclaman que la participación pública sea un hecho y no algo que se obvia continuamente. Además, consideran estrictamente necesario la cogestión de estas reservas marinas, entre todos los sectores implicados, los mayores conocedores de las necesidades y recursos que ofrece el terreno, y los máximos perjudicados en estas decisiones que quedan muy lejos de una verdadera prioridad en la protección medio ambiental por parte de las Administraciones públicas.


* Ecologistas en Acción Región Murciana - 17.01.11

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Valencia.- El fiscal pide ocho años de inhabilitación para el edil de Urbanismo por prevaricación

LEVANTE* : El fiscal solicita sendas penas de ocho años de inhabilitación para el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, y otros cuatro procesados por un delito de prevaricación por las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte, según confirmaron a Levante-EMV fuentes próximas al caso. La Fiscalía ha elevado el escrito de acusación una semana después de que el magistrado José Luis Albiñana procesara a Bellver y al secretario del Ayuntamiento de Valencia Pedro García Rabasa, una arquitecta y dos jefes de servicio municipales. Fuentes cercanas a Bellver aseguraron que la decisión de la Fiscalía "es papel mojado si la Audiencia lo archiva" y mostraron su extrañeza por "la rapidez con la que ha actuado el fiscal". Bellver mantiene la teoría de que la acusación responde a intereses políticos y electorales. El fiscal considera que el concejal y el resto de imputados podrían haber cometido un delito de prevaricación por autorizar las obras para construir el aparcamiento subterráneo existente bajo la calle Severo Ochoa sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.

El informe era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado como Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa.
La Fiscalía ha asumido prácticamente por completo los argumentos del magistrado Albiñana en su auto de procesamiento. José Luis Albiñana, que fue presidente del Consell preautonómico con el PSPV antes de la victoria de Lerma, apuntó en el auto que los imputados eran conscientes de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de prevaricación- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según la Fiscalía y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC. El expediente de las obras de la Quirón fue aprobado por Jorge Bellver un año antes que el del aparcamiento subterráneo y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio. Enrique Ortiz logró la adjudicación de la construcción del aparcamiento y la licencia es de 2004.
La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación cultural Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reaccionó después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege el Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando necesidad de aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras del aparcamiento de la calle Severo Ochoa a envolver el garaje en un cajón de hormigón que provoca la acumulación de humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción del aparcamiento no se había pedido el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio e interpuso la denuncia contra el concejal de Urbanismo, que en su día firmó el proyecto como teniente de alcalde del área y no como edil de Circulación.
Jorge Bellver reconoció ante el juez que no se pidió el informe de Patrimonio. El concejal aseguró que se limitó a firmar un expediente que contaba con todos los avales técnicos necesarios.
El magistrado ya advirtió en su auto de que la conducta de los imputados "es merecedora de reproche penal" porque la decisión de autorizar las obras sin el informe no puede justificarse en el desconocimiento. Albiñana incidió en el auto en que las respuestas de los imputados estaban orquestadas y consideró "insólito" que Bellver se diera por enterado de la necesidad del informe de Patrimonio el día que compareció en el juzgado para declarar. El magistrado, al igual que el fiscal, entiende que los cinco procesados prevaricaron porque obviaron la intervención de la conselleria "a sabiendas de la protección especial que tenía el entorno en donde se iban a realizar las obras".
El magistrado puede decretar la apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso que presentó Bellver contra el procesamiento.

El concejal está convencido del archivo

El caso está ahora pendiente del recurso que presentó Bellver contra la decisión del juez de procesarlo. Fuentes judiciales confirmaron que la Sección Segunda todavía no ha recibido el escrito con los argumentos del concejal de Urbanismo, que insiste en que es objeto de una persecución por parte de la Fiscalía y del magistrado instructor. Bellver ya denunció que "el ex presidente socialista de la Generalitat" y titular del juzgado de Instrucción número Uno actuaba al dictado del Ministerio Fiscal. Fuentes cercanas al concejal insistieron ayer en que está convencido de que la Audiencia acabará por archivar la causa.



* Levante - 19.01.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte - anna

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El juez Acayro cita a los promotores de La Loma y a varios funcionarios de Castro Urdiales

DIARIOMONTAÑÉS* : El magistrado Luis Acayro Sánchez ha retomado la investigación judicial en el Ayuntamiento de Castro Urdiales tras el parón navideño. Hoy tendrán que declarar como imputados, dentro del caso La Loma, (el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público) los administradores de Quinorsa; el administrador de Teconsa, José Luis Martínez; Javier Sainz, en representación de Norsur; los administradores de Sacyr Vallehermoso y el exconcejal de Obras, Pedro Olano. También tendrán que comparecer ante el instructor de este caso, aunque en su caso en calidad de testigos, la exgerente de Urbanismo, Alicia García; la tesorera municipal, el interventor y la secretaria municipal. El jueves testificarán los representantes de la Fundación Barquín; el director general de Urbanismo del Gobierno regional, Pedro Ángel Gómez Portilla; el exdirector general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre y la registradora de la propiedad.

En un providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro dice que el Ayuntamiento de Castro ha presentado diversa documentación «que no tiene nada que ver con los hechos investigados al estar fuera del Suelo Urbanizable No Programado» y que por tanto se ha devuelto a dependencias municipales.
Además, señala que la secretaria municipal ha presentado un certificado en el que indica que no consta en el Ayuntamiento expediente de adjudicación de las obras de urbanización de una promoción de chalés de La Loma.

Recurso
Las empresas que construyen en La Loma recurrieron hace unas semanas el auto en el que el juez, además de inhabilitar al alcalde Muguruza y el edil Rodríguez López, ordena la paralización de la edificación e incluso la retirada de toda la publicidad referente a la venta de chalés de 'Residencial San Pelayo', en Santullán. Las constructoras alegan que cuentan con la pertinente licencia de obra por parte del Ayuntamiento y que no han cometido ilegalidad alguna en la ejecución de sus promociones. Por ello, y ante el perjuicio económico que esta paralización les está ocasionando, solicitaron la revocación del auto.



* El Diario Montañés - 19.01.11
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es

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El fiscal pide 8 años de inhabilitación para el alcalde de Gerena por delito urbanístico

ELMUNDO/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una multa de 5.400 euros para el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), para el secretario-interventor y para cuatro tenientes de alcalde de la corporación municipal por autorizar una licencia de obra para la reforma y ampliación de una vivienda pese al informe en contra del arquitecto municipal. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, fue el 10 de junio de 2008 cuando un particular presentó en el Ayuntamiento una solicitud de licencia de obra para la reforma y ampliación de su vivienda localizada en una parcela de la urbanización 'Los Zarzalejos'. El 17 de junio del mismo año el arquitecto municipal "informó que procedía denegar" el otorgamiento de la licencia.

En este sentido, el arquitecto argumentó entonces que las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como suelo urbanizable sectorizado con la calificación de residencial ciudad jardín, y que al no haber sido aprobado ni el documento de planeamiento de ordenación del ámbito del Plan Parcial 5 (PP5) ni el proyecto de urbanización "no era posible comprobar que se cumplían los parámetros urbanísticos de la calificación aplicable".

Pues bien, la Fiscalía prosigue señalando que el secretario-interventor, Juan Alfonso Rubio, emitió un informe el 17 de junio de 2008 en el que contemplaba como "viable" la licencia, todo ello "siempre que se sometiera a la condición de la firma de una declaración por el propietario de aceptación y reconocimiento de que su parcela va a ser incluida en suelo urbano no consolidado en el PGOU, lo que le supondrá la obligación de contribuir a las cargas que el Ayuntamiento establezca a la hora de regularizar definitivamente dicha zona".
Previsiones futuras

Estas afirmaciones, agrega el Ministerio Público, "las realizaba" el acusado "basándose en previsiones futuras" y "siendo consciente" de que el documento de planeamiento (Plan Parcial 5) "no existía, argumentando a favor de otorgar la licencia razones fácticas y jurídicas ajenas a la legalidad vigente, y en la propia consolidación urbanística del enclave".

Pues bien, pone de manifiesto que, también el 17 de junio de 2008, el alcalde y los cuatro tenientes de alcalde acusados se reunieron en Junta de Gobierno Local y, "a pesar del informe desfavorable" del arquitecto, votaron "unánimemente" autorizar la licencia de obra, una autorización que "resultó claramente contraria" a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes, por cuanto la existencia de un planeamiento de desarrollo y un proyecto de urbanización "eran en todo punto ineludibles para su concesión, circunstancias éstas perfectamente conocidas por cada uno de los acusados en el momento de la votación, quienes de forma consciente fueron favorables a su concesión".

La Fiscalía entiende que todo ello supone un delito contra la ordenación del territorio y solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el alcalde de Gerena; el secretario-interventor y para los actuales primer, segundo, tercero y cuarto tenientes de alcalde en el Ayuntamiento de Gerena, como son Margarita Gutiérrez Nogales, Álvaro Arias Nogales, Esther Pereira Benítez y Juan Márquez Barrero, respectivamente.



* El Mundo - ep. - 18.01.11
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com

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Salamanca.-Los paisajes y túneles del olvido

NORTEDECASTILLA* : «Este territorio de frontera sueña con salir de la brecha de su aislamiento y traspasar el umbral de la modernidad». Eran las orgullosas palabras de la prensa salmantina en diciembre de 1887 cuando, tras innumerables esfuerzos, se daba por inaugurada la línea férrea entre Boadilla-La Fuente de San Esteban y la localidad portuguesa de Barca D'Alva. Un espectacular trazado que apenas un siglo después fue cerrado por falta de viabilidad económica y que, desde entonces, permanece en el olvido y el deterioro progresivo a la espera de que sustancie alguno de los muchos planes y proyectos para su recuperación con fines turísticos. Lo cierto es que estos días la línea férrea acaba de cumplir su primer cuarto de siglo como vía muerta. El Real Decreto aprobado en septiembre de 1984 condenaba al trazado desde los primeros días del año siguiente a entrar en un abandono, en apariencia irreversible, del que ni siquiera lo ha podido salvar por el momento la declaración en 2000 por parte del entonces Ministerio de Educación y Cultura como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Desde entonces, distintos proyectos han tratado de incluir la conocida como línea férrea de La Fregenda, ya que esta era la última estación antes de la frontera en el muelle de Vega Terrón, en algún plan de recuperación y dinamización turística de la zona

Primero, la Diputación de Salamanca contempló la posibilidad de una Vía Verde de senderismo, aprovechando las posibilidades del parque natural Arribes del Duero.
El desacuerdo social en la zona llevó a descartar esta solución y desde hace años el debate ya no se centra sobre el posible modelo de aprovechamiento de la infraestructura -solo se piensa ya en un tren turístico que use un convoy que se asemeje a los de principios del siglo XX-, sino en cómo financiarlo.
El problema, según destaca la asociación Caminos de Hierro, es que «la falta de mantenimiento de los puentes ha originado la corrosión de algunos elementos y la pérdida de barandillas y traviesas».
Es decir, para recuperar la transitabilidad de máquinas de tren sería necesaria una cuantiosa inversión. La Diputación salmantina cuenta con un proyecto que eleva a 20 millones la restauración solo del último tramo, 17 kilómetros en los que se encuentran los elementos arquitectónicos más singulares y la más espectacular secuencia de túneles y puentes en pleno Arribes.
Sin embargo, la Junta calcula que serían necesarios no menos de 80 millones para garantizar la recuperación de toda la vía hasta Portugal. Una ingente inversión para la que se piensa en «programas europeos de cooperación» sin concretar.
Permanece a la espera de este modo una auténtica catedral de piedra y hierro realizada en el siglo XIX y que todavía hoy asombra al permitir contemplar el prodigioso atrevimiento y el alarde de ingeniería que permitió superar siglos de recelos mutuos y comunicar España y Portugal con una empresa de dimensiones titánicas que fue abriendo balcones sobre los ríos Duero y Águeda y horadando el alma de las montañas.
Aunque todo ese esfuerzo permanece hoy aparentemente en el olvido, algunos de los valores distintivos de la vía -cuyo recorrido está prohibido expresamente por las autoridades ferroviarias ante el mal estado y el enorme peligro para el paseante-, continúan subrayando su condición de elemento arquitectónico de primer orden.
A lo largo de la vía, el paisaje muta de la dehesa charra a los escarpados Arribes, en un itinerario salpicado de pintorescas estaciones en su mayoría muy deterioradas. Sin embargo, es a partir de la estación de La Fregeneda donde comienza un descenso único con un trazado de 17 kilómetros jalonado de puentes y túneles, que da idea de las dificultades que debieron acometerse para finalizar las obras iniciadas en agosto de 1883 por la Sociedad Financiera de París en uno de los rincones más pobres de la Europa del momento.
Los trabajos contaron con un presupuesto desorbitado de 30,2 millones de pesetas y con una subvención oficial de 15.000 pesetas por kilómetro, y requirieron una cantidad ingente de mano de obra. Más de 3.000 personas se dejaron la piel en una obra que dejó un inédito testimonio de la revolución industrial y ferroviaria y que sigue esperando que su nombre sea por fin subrayado en las agendas oficiales que manejan los hilos del futuro.



* El Norte de Castilla - 17.01.11
Foto: Imagen de uno de los túneles de la línea férrea entre Boadilla y la localidad portuguesa Barca D'Alva - nortecastilla

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Ronda.- Los Merinos, urbanismo maleable

ELPAÍS/Málaga* : La preferencia de los poderes públicos por el desarrollo económico a ultranza les hace en ocasiones satisfacer intereses privados por encima de los objetivos de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, orillando incluso los condicionantes que imponen las leyes administrativas. Así cree el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) que ha ocurrido en el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos Norte en Ronda (Málaga), una urbanización con 783 viviendas de lujo, complejo hotelero, dos campos de golf y clubes hípico y de tenis, en un paraje de ocho millones de metros dentro del área de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Una investigación sobre el macroproyecto de Los Merinos realizada por este instituto concluye que "hay numerosos indicios de que los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos y de que éste se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución".

El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. Critica, por ejemplo, que la juez de lo contencioso-administrativo Asunción Vallecillo primó el interés particular al negar la paralización cautelar de las obras de urbanización, en el recurso que puso la Junta contra el permiso concedido por el alcalde de Ronda, el socialista Antonio Marín Lara, que autorizó un movimiento del terreno superior al permitido en el Impacto Ambiental y cuando el proyecto tiene denegado el suministro de agua.

Por esta licencia hay abierto también un procedimiento penal tras una denuncia de Izquierda Unida. Las obras están paralizadas desde abril de 2008 pero por decisión voluntaria de la promotora ante la crisis económica.

Al Instituto de Criminología le llama la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos", y pone de ejemplo que cuando se denegó por segunda vez el permiso para obtener agua del acuífero subterráneo del paraje, el Ayuntamiento se comprometió mediante convenio con la promotora a construir una conducción de agua desde el casco urbano a la urbanización, que dista 12 kilómetros.

El IAIC considera que ha habido una "maleabilidad" del procedimiento administrativo, con "trámites esenciales incumplidos" y decisiones "incoherentes" cuando no "contradictorias". Por ejemplo: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1994 declaró Los Merinos suelo urbanizable y, por tanto, obligaba a modificar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga aprobado en 1987 en el que era complejo serrano, y pese a que este se publicó 20 años después, en 2007, no se incluyó el cambio. O que se aprobara al Plan de Actuación Urbanística del paraje en 1992, dos años antes del PGOU, que es el documento general que le sirve de base (es como aprobar el reglamento de una ley antes que la ley).

La investigación no encuentra argumentos suficientemente justificados para que un paraje con las condiciones ambientales de Los Merinos, catalogado como complejo serrano y aislado, a 12 kilómetros del casco urbano, fuera considerado suelo urbanizable no programado en el PGOU de 1994. Algo así es imposible desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2003.

Curiosamente, el documento de avance del PGOU fue presentado en 1990 por el entonces consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Jaime Montaner, cuando ya Golf and Country Club Ronda había comprado el suelo de Los Merinos con el propósito de levantar una urbanización. Montaner, arquitecto de profesión, fue 15 años después coautor del plan de urbanización que tiene impugnado la Junta.



* El País - 16.01.11
Foto: El urbanismo bajo la lupa de Criminología - elpais

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Los eólicos impiden declarar al románico patrimonio de la humanidad

DIARIOMONTAÑÉS* : La implantación de molinos-generadores de energía eólica en los valles del sur de Cantabria tendrá notables consecuencias en el territorio, según los arquitectos que ayer intervinieron en una mesa redonda celebrada en el Ateneo de Santander. Entre ellas, la imposibilidad de que la Unesco reconozca al Románico de Cantabria con la declaración de 'patrimonio de la humanidad'. Este dato lo aportó Miguel Ángel Pérez 'Peridis', presidente de la Fundación Santa María La Real y promotor de la serie de documentales sobre el románico en España, erigido en figura estelar del coloquio. Según Peridis, los molinos sólo pueden admitirse «donde caben, donde no estorban y donde no hay otra cosa», pero no en los valles del sur de Cantabria como Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible, porque «son únicos, vertebran la cordillera a ambos lados, son valles del románico, son merecedores de ser declarados patrimonio de la humanidad». «Una vez que estén los molinos, será imposible la declaración», añadió, advirtiendo de que aquella quedará reducida, en el mejor de los casos, a las comarcas situadas en el norte de Burgos y Palencia.

«En La Mancha hay páramos en los que los molinos no tienen por qué generar tanto impacto, porque siempre los ha habido. ¿Por qué hacerlos en nuestras zonas? Ancha es Castilla y territorios tiene España. ¿Por qué cada región tiene que aportar el sacrificio de su primogénito en el altar del desarrollo?», se preguntó.
Otros arquitectos
Las opiniones de Peridis en el Ateneo de Santander, en el marco de la mesa redonda organizada por el colectivo Cántabros por la Ordenación Regional del Desarrollo Eólico (Core), fueron muy aplaudidas por un público que llenaba el salón de actos. Entre los asistentes se encontraban Miguel Ángel García Guinea, José Luis Casado Soto, José Manuel Iglesias, Joaquín González Echegaray, Aurelio González de Riancho...
Peridis no habló sólo, por supuesto. Otro arquitecto, Clemente Lomba, recordó que «sabemos todo de los molinos con una precisión de centímetros, pero nada de su impacto sobre la base, sobre el territorio», en referencia a la falta de estudios sobre el impacto en la zona.
Fernando Porras opinó que «es muy poco inteligente establecer un campo eólico sobre un perfil ondulante, igual que sobre un desierto llano ¿Cómo es posible que el planteamiento de colonización eólica sea igual en Polientes que en Atacama?».
Domingo de la Lastra cuestionó el supuesto negocio para las poblaciones de la zona, porque «les va a llover del viento un recurso, pero eso va a perjudicar todos los otros recursos». «Cuando se hayan acabado las subvenciones a los molinos, solamente quedarán las consecuencias», añadió.
Previamente, y tras la presentación de Javier Ceruti, Miguel Martínez Postigo, de la Plataforma en Defensa de Campoo, había ofrecido algunos datos introductorios, como que, entre los tres valles analizados, se van a instalar 322 molinos -tantos como en todo el País Vasco-, con un impacto de 81 kilómetros lineales de aerogeneradores, 86 kilómetros de tendidos eléctricos, quince centros de transformación y una ocupación de 1,25 millones de metros cuadrados. «No son molinos, son gigantes, aseguró.



* El Diario Montañés - 18.01.11
Foto: Molinos eólicos - tecnosfera.org

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La otra cultura del ladrillazo

ANDRÉS PRECEDO LEDO* : Cuando utilizamos el ladrillo como sinónimo de exceso constructivo lo referimos a los promotores privados y nos olvidamos que existe también un ladrillazo del sector público. Durante muchos años las instituciones llenaron el territorio de edificios; unas veces porque la demanda de entonces lo requería y otras porque el ladrillo es muy agradecido electoralmente. Nos encontramos con la situación actual de edificios en desuso. No es más que una reproducción de la cultura de lo nuevo frente a la cultura rehabilitadora. Lo vemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros hospitales: centros de investigación de nuevo cuño vacíos porque no hay investigadores, hospitales vacíos porque nunca se pensó si era necesario construir otro nuevo o reutilizar y ampliar el existente. Es un mal generalizado en todo lo que se hace con dinero público. Y esto tiene que cambiar. Tal vez sea uno de los ámbitos donde las crisis nos devuelva el sentido común. Es necesario para ello romper los esquemas al uso, asumir una nueva cultura del desarrollo, y aprender a gestionar un dinero que por ser de todos parece que no es de nadie.

Se precisa también una buena dosis de imaginación y un pensamiento abierto al futuro, que necesita ser reinventado. Pero tal vez para hacerlo fuera necesario un recambio político, porque la propia cultura de partido, que termina por encerrar a la clase política en una burbuja, ha terminado por llevar esa política a un cementerio de ideas. El paradigma de nuevas construcciones, de más y mayores equipamientos, de nuevas viviendas debería dar paso a un pensamiento más racional que en lugar de seguir instalado en el más, pensara como reutilizar lo ya construido.


* La Voz de Galicia - Opinión - 17.01.11

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