El primer kilómetro de costa en Galicia soporta 223.000 edificaciones

LAVOZDEGALICIA* : El 60% de la población gallega reside en alguno de los 85 municipios costeros de la comunidad. La presión que ejerce dicho contingente poblacional sobre el litoral gallego propició que justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria hubiese acumulados proyectos para construir 800.000 nuevas viviendas a lo largo de toda la costa. La crisis y las nuevas normas que regirán la ordenación del litoral dejarán gran parte de esos proyectos en el olvido, pero la densidad constructiva que soporta la primera línea terrestre es ya significativa y origen de su histórico maltrato. Según los datos obtenidos vía satélite por la Administración gallega con el programa Sitga, un total de 223.848 edificaciones se encuentran dentro del primer kilómetro de costa, ocupando 5.066,31 hectáreas de terreno en conjunto y un 3,86% de la franja litoral en dicho ancho desde Ribadeo hasta A Guarda. Ampliando el foco, los primeros 500 metros de suelo desde la línea marítima albergan 142.287 edificaciones, y 63.159 si se tienen en cuenta los primeros 200 metros.

Pese a que según esos datos Galicia cuenta aún en el primer kilómetro de la franja costera con 126.116 hectáreas sin asentamientos -aunque soporta en ese espacio viales, muelles y otros equipamientos-, el estado del litoral de la comunidad dista mucho de presentar un estado óptimo. Unas 25.500 hectáreas de mar se han rellenado desde mediados de la década de los ochenta, según denuncia Greenpeace; se prevé duplicar el número de amarres deportivos, pese a contar con mayor volumen de ellos por embarcación que la misma Italia, y la extensión de las urbes grandes y medias busca en el litoral los mejores espacios.

La eterna pregunta

¿Está Galicia a tiempo de recuperar los espacios degradados de su costa o al menos preservar los que se encuentran en mejor estado? Manuel Borobio, director xeral de Sostibilidade e Paisaxe de la Xunta estima que sí, «incluso para proteger los últimos espacios urbanos costeros, que son los más valorados», asegura. El alto cargo de la Administración gallega considera que el Plan de Ordenación do Litoral (POL), que se prevé sea aprobado antes de final de año, se convertirá en la herramienta básica de ordenación de la costa «para todos, participado por todos y que será fuente de la seguridad jurídica que necesita el urbanismo en Galicia».

Borobio admite que es necesario que «los gallegos nos pongamos colorados reconociendo qué se ha hecho mal en la costa para a partir de ahí decidir qué queremos hacer en cada zona, sabiendo exactamente lo que tenemos, y eso lo aportará el POL», mantiene el coordinador de dicho plan.

Javier Garrido, presidente de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, asegura que el sector de la construcción y la sociedad gallega en general necesita saber qué se puede hacer en la costa y qué no. «Nosotros no tenemos suelo en reserva en el litoral. Los promotores proyectan edificaciones allí donde se permite construir y hay demanda, pero necesitamos saber qué se puede hacer en cada suelo y además tener la seguridad jurídica suficiente para invertir sin riesgos añadidos», apunta Garrido.

Uso turístico

Los promotores se sacuden «el efecto demonizador» que su presidente admite que soportan, «pero nosotros queremos lo mejor para Galicia y si entre todos decidimos que no se puede construir a 200 metros del mar y hay que hacerlo a 1.500, perfecto, pero con coherencia en los servicios e infraestructuras que deben acompañar esa medida y no acomplejándose de que esta comunidad debe explotar su potencial turístico en la costa, porque ya está bien de vender toda la vida el centollo y la vieira como únicos imanes para atraer turismo», concluye Javier Garrido, que considera el POL como una herramienta óptima de partida para ordenar un espacio clave para el desarrollo socioeconómico de Galicia.




* La Voz de Galicia - 1.12.10
Foto: La demolición de una estructura en Foz en el 2002 es hasta ahora la mayor realizada en la costa gallega - lavozdegalicia

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El ex alcalde de Alcorcón y sus ediles declararán por corrupción

PÚBLICO/Madrid* : El ex alcalde conservador de Alcorcón Pablo Zúñiga y todo su equipo de Gobierno tendrán que declarar los días 10 y 13 de diciembre en el Juzgado de Instrucción nº4 de esa localidad por un presunto delito de prevaricación. El fiscal les acusa de irregularidades urbanísticas en la aprobación, en 2002, de los planes parciales siete y 12, en la zona de Fuente Cisneros. Según la acusación, el equipo de Gobierno aprobó la construcción de más viviendas de las permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana, redujo el número de viviendas públicas obligatorias y permitió que los promotores no cedieran suelo para equipamientos públicos.

"De las 1.100 viviendas construidas, 550 deberían haber sido de protección oficial pero sólo se hicieron 155 dejando sin posibilidad de un piso de protección a 395 jóvenes", declaró a Público el actual alcalde de Alcordón, Enrique Cascallana. El regidor socialista destacó también que "se duplicó la edificabilidad máxima permitida".

El PP perdió las elecciones de 2003 y la nueva corporación socialista entregó a la fiscalía una serie de informes sobre las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el equipo de Zúñiga. El fiscal ha pedido la imputación del alcalde y de los 13 ediles del PP que votaron a favor de las recalificaciones.

Tendrán que declarar asistidos por un abogado y el juez decidirá si les imputa. De los 14 políticos citados, sólo tres continúan en el ayuntamiento, entre ellos el ahora portavoz de la oposición, Fernando Díaz, que entonces ocupaba la Concejalía de Urbanismo. El PP de Alcorcón declinó ayer pronunciarse.



* Público - 2.12.10
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org

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Ourense.- El Concello deberá asumir el coste por las licencias "mal concedidas" en su momento

FARODEVIGO* : El Concello de Ourense no tiene una estimación de los costes económicos de aquellos expedientes con sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), relacionados con licencias municipales "mal concedidas", pero tiene claro que deberá asumir las responsabilidades, aunque "esperamos que sea la menor posible", como explicó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Así, mientras que algunos casos el Concello tiene responsabilidades directas por haber concedido una licencia, que ampara a los promotores de las viviendas, en otros casos, la situación derivó en ira más allá de la propia licencia, por lo que el Gobierno municipal debe ejecutar la sentencia judicial, como es el derribo de los construcciones que "invadieron suelo urbano", que ejecutarán y cuyo cargo pasarán a los infractores, después de la elaboración del correspondiente proyecto de demolición.

Sostiene Soto que "son tantos los expedientes que tenemos que no hay técnicos suficientes para hacer tantas cosas". Así, aludió al caso del inmueble de la calle del Bierzo, con una sentencia del alto tribunal gallego, ya que cuenta con licencia de obra pero no de ocupación, que el Concello no puede conceder, debido a que se produjo una "alteración" de alineación.
La edil de Urbanismo explica que para poder contar con la correspondiente licencia "deberá modificar la fachada", y que pasaría por "cortar un poco en altura y en fondo", para de esa forma estar dentro de la alineación que concreta en un estudio de detalle que aprobó el Concello, y que podría ser revocado por el juzgado, al entender que debería estar dentro de una modificación del Plan Xeral de Urbanismo.
Otra de las incidencias relacionadas con el urbanismo, y que también se encuentran en el ámbito judicial, está relacionado con el edificio de Pérez Serantes, en el que unos trasteros se convirtieron en áticos. Áurea Soto, además de señalar que el mencionado inmueble se encontraba "fuera de ordenación", deberá corregir esa situación, y que pasa por "cerrar los áticos".
Por el momento, y aunque por parte del Concello se evita dar una cifra de lo que lleva desembolsado el Concello por "licencias mal concedidas", la responsable del área de Urbanismo no descarta que a corto plazo se deba afrontar las consecuencias económicas, como sucedió con la Plaza San Antonio, y que se podrían acentuar si al final, tal y como se prevé, el actual Plan Xeral de Ordenación, aprobado en 2003, es declarado ilegal por el Tribunal Supremo, al que recurrió en casación el Concello después de las sentencias del TSXG.



* Faro de Vigo - 30.11.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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Torremolinos declara la guerra a las mascotas: El alcalde popular de la localidad tiró a un gato a la calle desde la ventana de su piso

AD/Málaga* : La directora de la protectora Parque Animal de Torremolinos, Carmen M., detenida el pasado jueves acusada de maltrato animal por sacrificar “de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada” a hasta 2.230 animales aplicándoles bajas dosis de un fármaco letal que les mataba lentamente, era una miembro destacada del Partido Popular de la localidad. Amiga íntima y estrecha colaboradora del alcalde de la ciudad, el popular Pedro Fernández Montes, la presunta ‘perricida’ era una habitual de los actos políticos organizados por la formación conservadora. Asimismo, el regidor acudía a las galas organizadas anualmente por Parque Animal supuestamente para la recepción de fondos.

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, José Avila, se refirió en un programa local de televisión a una cena celebrada en casa del primer edil, a la que acudió junto a su esposa. “En mitad de la cena, se coló en casa del alcalde el gato del vecino. Mi mujer y yo nos quedamos horrorizados cuando el alcalde, sin pensárselo dos veces, cogió al animal y lo lanzó a la calle por la ventana de su piso, pese a la altura de éste”.

Asimismo, numerosos vecinos de Torremolinos han contactado con nuestra redacción para interesarse por el destino de algunas mascotas dadas en adopción a Parque Animal. “Nunca nos fiamos de esa señora. Cuando acudí al parque a conocer el estado del perro que había entregado solo unas horas antes, ella me dijo que el animal había sido entregado a una pareja de alemanes, aunque no existía un solo papel que validara esa supuesta entrega”, denunció a AD una de las afectadas.

Otras personas ponen el acento en las subvenciones que recibe Parque Animal del Ayuntamiento torremolinenses y urgen al alcalde a que ponga fin a su colaboración con los presuntos delincuentes. La Guardia Civil señaló en un comunicado que a la directora de la protectora se le imputa un delito de intrusismo profesional por inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello y otro de apropiación indebida por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción. También se le acusa de falsedad documental por supuestamente falsificar la firma de veterinarios y hacer uso fraudulento del número de colegiado y el sello oficial en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al ayuntamiento.

El supuesto maltrato cometido por la directora y el encargado consistía en sacrificar a los animales de manera “lenta y agónica”, según el comunicado del instituto armado. La directora denunció a un veterinario y a un peluquero canino por los sacrificios, pero la denuncia era falsa. Los sacrificios empezaron en 2009. Un veterinario que colaboró con la asociación denunció los hechos el pasado junio.




* 14.11.10
Foto: Torremolinos, alcalde - sur

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Valencia.- La Audiencia insiste en que Bellver pudo cometer prevaricación

ELPAÍS* : La Audiencia de Valencia ha vuelto a rechazar un recurso de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, imputado por supuesto delito de prevariación en relación con la autorización de las obras que permitieron construir un aparcamiento subterráneo que afecta a un bien protegido, los Jardines de Monforte, sin el informe de Patrimonio al que obliga la ley. El recurso de Bellver, en esta ocasión, pretendía que se rechazara la decisión del juez que instruye el caso, con idéntica posición del ministerio fiscal, de citar a declarar como imputados a 27 funcionarios del Consistorio. Primero, la sección segunda, discute la legitimidad del propio Bellver para solicitar eso. Al tiempo que deja claro que el Ayuntamiento, que en varios momentos ha tratado de actuar como parte, tenga derecho a formar parte del procedimiento, ya que puede ser responsable civil subsidiario si se depuran responsabilidades.

Entiende el tribunal que es procedente que hayan declarado en calidad de imputados todos los técnicos que ya lo han hecho (sobre la gran mayoría el juez ha retirado la imputación). Y lo cree así porque fue el testimonio de Bellver el que empujó al magistrado y al fiscal a esa situación. ¿Por qué? Porque señaló que firmaba lo que le ponían delante y que no sabía, a pesar de la exigencia del trámite de pasar por Patrimonio que recogen muchas de las licencias que puede conceder el área que él mismo dirige y que están, incluso, en la página web. Al margen de que Bellver y algunos de sus técnicos han tramitado y concedido licencias similares a la del aparcamiento que afecta a los protegidos Jardines de Monforte con la preceptiva exigencia de informe a Patrimonio incluida, como exige la ley.

Y el tribunal, en su auto, y recordando otro previo, recoge: "Una de las posibilidades de comisión del delito de prevaricación es la omisión de las exigencias procedimentales para eludir los controles que el propio procedimiento establece".



* El País - 1.12.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia

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Anulan «por abusiva» la cláusula de un crédito hipotecario a un cliente

ELCORREO/Vitoria* : La entidad financiera cargó «más de 9.000 euros» a su cuenta en virtud de unos anexos sobre los que no informó al demandante. La suscripción de una hipoteca, ya de por sí gravosa, se convirtió en una pesadilla «por sorpresa». Un juzgado de Primera Instancia ha dado la razón a un vitoriano que demandó a su entidad de ahorro por considerar «abusiva» una cláusura del contrato, conocida como 'Swasp'. El hombre alegó que solo le informaron en dos folios de la cobertura y que cuando reclamó -tras recibir «una factura de 9.629 euros»- recibió un documento de veintiún hojas y dos anexos «que desconocía antes de firmar». Todo empezó en abril de 2007, cuando el demandante, para afrontar la compra de una vivienda, solicitó un crédito por 227.000 euros en una sucursal ubicada en Zaramaga.

Poco después le ofrecieron un «blindaje» por si el euríbor fluctuaba. Si sobrepasaba el 4,70%, el registrado en aquellas fechas, la entidad financiera le ayudaba con un pequeño porcentaje. Si bajaba, le tocaba apoquinar un extra. «Nunca me especificaron cuánto», asegura. La sorpresa llegó dos años después, cuando este índice de interés se desplomó. «Debía abonar 9.629 euros. No me lo podía creer», confiesa. Sus acreedores argumentaron su exigencia con un voluminoso informe de condiciones «que nunca había visto antes».
Apelar al Banco de España
Comenzó entonces un agotador recorrido por servicios de atención al cliente y la escala directiva de la entidad. Por esa vía no obtuvo ninguna muestra de «comprensión». Así que cambió de táctica y recurrió al Banco de España. Su servicio de reclamaciones le regaló el primer espaldarazo. «No han actuado con la transparencia exigible», rezaba su resolución. Lo malo es que este dictamen carecía de validez legal.
El hombre no desesperó y, con ese informe en la mano, acudió al Palacio de Justicia. Este otoño debía celebrarse el juicio, pero la entidad financiera se «allanó justo en el último momento». ¿Qué significa allanarse? «Que reconoció su error y retiró esa deuda de mi cuenta», certifica el demandante, que avisa de que «otras miles de personas en el País Vasco podrían estar en mi situación». Además echa de menos «algo más de elegancia por parte de la caja de ahorros, trataron de que las dos partes pagáramos por igual las costas. El juez les tuvo que obligar a abonarlas».

LA CRONOLOGÍA
Abril de 2007 La entidad financiera cita al cliente para explicarle un producto «para blindar» el tipo de interés de su préstamos. Le presentan dos hojas a modo de resumen.
Las condiciones. Si el Euríbor bajaba del 4,70%, debía pagar. Si subía, el banco le abonaba un pequeño plus.
La factura. Tras dos ejercicios recibiendo alrededor de 200 euros, le llega una orden para abonar «más de 9.000 euros».
La queja. Al pedir explicaciones, en el banco le enseñan un documento de veintiún hojas y dos anexos con «compleja información» sobre su préstamo. Para poder anularlo le exigían 9.000 euros.
El desenlace. El hombre apeló hace unos meses al Banco de España y a la Justicia. Ahora, ambos le han dado la razón. La entidad financiera se «allana» y asume su error.



* El Correo - 28.11.10
Foto: Imagen de la sentencia favorable al cliente. :: EL CORREO

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«Corrupción, quiebra y desempleo»

LAVERDAD/Murcia* : El Foro Ciudadano de la Región ha realizado un crítico análisis del estado de la Comunidad que dibuja un futuro desolador y del que culpa, casi en exclusiva, al Gobierno regional. La situación es tan negativa, considera la plataforma crítica, que si la Región fuera un Estado, sería como Irlanda, y si el presidente de la Administración regional, Ramón Luis Valcárcel, «tuviera vergüenza torera, tendría que hacer lo mismo que el presidente de la República Irlandesa, es decir, convocar elecciones y largarse». El informe del Foro Ciudadano, el tercero que realiza la plataforma desde 2003, ha sido elaborado por medio centenar de profesores de la Universidad, investigadores, médicos y representantes de asociaciones, que han analizado hasta 21 indicadores del desarrollo de la Región. En prácticamente todos los aspectos analizados, y especialmente en aquellos relacionados con el desarrollo, la Región de Murcia, denuncian los autores, se encuentra tres puntos por debajo de España.

Así, «si los argumentos que utiliza el PP para decirle al Gobierno de España que deje ya de dar la lata y que convoque elecciones son rigurosos, en la Región tienen un 3% más de razones para dimitir», argumentó el miembro del Foro Social y profesor titular de Economía de la Universidad de Murcia (UMU), Manuel Tovar, quien presentó el informe acompañado por el presidente del Foro Social, Patricio Hernández, y los coautores de la obra Julia Martínez y Antonio Campillo. Éstas son algunas de las conclusiones del estudio.
Sombras de la modernización
La tasa de paro se dispara
Las tasas de desempleo de los últimos años se sitúan dos o tres puntos por encima de la media de España. El promedio de los dos primeros trimestres de 2010 indica que «la ocupación regional sigue decreciendo a mayor ritmo que la de España. La creación de empleo tiene muchos padres y madres, pero de la destrucción nadie quiere saber nada».
Pobreza y exclusión
La mitad la ha conocido
La tasa de pobreza de la Región ha crecido medio punto entre 2004 y 2008, y pasa del 24,5% de la población afectada al 25%, un porcentaje igual o inferior al de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Ceuta y Melilla. Entre 2004 y 2008, más del 50% de los murcianos confiesa haber sido pobre alguna vez, frente al 35% de media en España.
Inmigración
'Racismo de crisis'
La crisis del trabajo, reseñan los autores del informe, está imponiendo «tremendos obstáculos» para la integración social de los inmigrantes. Las políticas comunitarias, nacionales y regionales, «han expandido una imagen de peligrosidad social relativa al inmigrante que es un caldo de cultivo para el 'racismo en crisis'».
Urbanismo y transporte
'No typical'
Para los autores del informe, «los intereses de las grandes promotoras, de los propietarios del suelo y de los ayuntamientos siguen sin ser cuestionados pese al estallido de la burbuja». La «dejación de funciones sí que puede calificarse de 'No typical'», concluyen. Sobre el aeropuerto de Corvera, alertan sobre los desacuerdos entre Aena y el Gobierno regional.
Medio ambiente
La 'huella ecológica' se duplica en diez años
La llamada 'huella ecológica' es un indicador que manifiesta si el modelo productivo es sostenible o no en función de muchas variables. Para ser sostenible, la huella ha de ser equivalente al tamaño del territorio. La 'huella ecológica' en la Región de Murcia en 1995 era más dos veces superior al tamaño de la Comunidad, mientras que en 2004 se sitúa en más de cuatro veces el tamaño de la Región.
Salud y sanidad
Menor esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer de un murciano es de 79,6 años, medio año menos que la media nacional, con una mortalidad ligeramente más elevada y mayor grado de discapacidades, denuncian. La media de camas de hospitales pertenecientes al Servicio Murciano de Salud por cada mil habitantes es de 2,05, oscilando entre 1,0 y 3,52. Esta cifra, resaltan, es mucho más baja que la media nacional, de 3,38 camas por cada mil habitantes.
Educación
Diez años después de las «(in)competencias»
El estudio recoge varias cifras que ponen de manifiesto el «deterioro» del sistema educativo diez años después del traspaso de competencias a la Administración regional. Entre ellos destacan la tasa de abandono escolar temprano en la Región, que se situó en 2009 en un 37,3%, seis puntos por encima de la media nacional; o el hecho de que el 49% de los murcianos de entre 20 y 24 años no tiene ningún título de Secundaria.
La situación política
Monopolio y corrupción
Para el Foro Ciudadano, la situación política en la Región puede ser definida como un «régimen de partido-cuasi único, dado el control monopolístico que el partido gobernante ejerce». Sobre la corrupción, denuncian que «es generalizada y supone la punta del iceberg de un régimen municipal y autonómico de baja calidad democráctica».



* La Verdad - 1.12.10

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Madrid.- Gallardón ubica un circo donde prometió viviendas para jóvenes

LAREPÚBLICA* : Izquierda Unida (IU) ha puesto en evidencia el incumplimiento del "anuncio persistente" de la futura construcción de 110 viviendas protegidas para jóvenes en las antiguas cocheras de la EMT de Bravo Murillo, una promesa del Ayuntamiento que se remonta al año 2007. Esta falta supone para IU "un ejemplo más de la política de fuegos artificiales del equipo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. Baste el repaso a la cronología de este despropósito para evidenciar esta práctica que, en vez de ante notaario como los concursos televisivos, se hace ante los medios de comunicación". El proyecto se anunció a principios de 2006, y el 23 de abril de 2007, el Ayuntamiento vendía "Viviendas para jóvenes en las antiguas cocheras de la EMT de Bravo Murillo" que el 3 de abril de 2008 pasarían a ser "Viviendas y espacios públicos en las antiguas cocheras de Bravo Murillo.

"Se supone que en un caso y en otro se trataba de las mismas viviendas; es decir de ninguna", apunta Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. "En esas mismas notas se especificaba que el proyecto databa de principios de 2006, como quien dice ayer", ha subrayado.

Asimismo, el portavoz ha señalado que en mayo de 2009 la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, "justificaba el retraso en un conflicto con una propiedad privada que, extrañamente, no se mencionó a la hora de las fotos de los respectivos anuncios anteriores". "Como consecuencia retrasó el inicio del proyecto para mayo de 2011, pero los Presupuestos para ese año le han quitado la razón", agrega Pérez.

"Las viviendas no se iniciarán en ese mes de ese año y lo que sí comenzará, en concreto el 2 de diciembre, es el Circo de Teresa Rabal, que se ha instalado en esas cocheras de la EMT en las que se iban a levantar viviendas protegidas para jóvenes, espacios públicos singulares y zonas verdes", dijo el portavoz. "Es obvio que no tenemos nada en contra del circo de Teresa Rabal ni de que se instale en la ciudad en estas fechas tan propias para la diversión de los niños; de lo que sí estamos en contra es de otro tipo de espectáculos habituales en el equipo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón", lamentó Pérez, en referencia a "esas noticias, entre comillas, preventivas en las que se dedica a vender humo en forma de titulares mientras los barrios y los distritos siguen con carencias".

Asimismo, Pérez ha advertido que "ahora no vale la falta de inversión por culpa de la crisis para demorar en el tiempo proyectos que desde IU sí son imprescindibles, como podía ser éste". Asimismo, apuntó cómo otros proyectros "de relumbroón para los que siempre hay dinero, con crisis o sin ella, haya deuda o no". Pérez se refería al Palacio de Cibeles, Madrid Río o el Matadero, unos proyectos "que se llevarán una cuarta parte de toda la inversión prevista para 2011", concluyó el portavoz.



* La República - 30.11.10
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)

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Imputan al ex alcalde de Polop por tráfico de influencias

LEVANTE/Alicante* : Juan Cano, que ha pasado ocho meses en prisión como supuesto inductor del crimen de su antecesor, ha negado las acusaciones de irregularidades urbanísticas. La juez que instruye las diligencias por las supuestas irregularidades en la gestión urbanística de Polop de la Marina (Alicante) ha imputado hoy al ex alcalde de la localidad, Juan Cano, por un presunto delito de tráfico de influencias, según han confirmado fuentes judiciales. Cano, que ha pasado ocho meses en prisión provisional como presunto inductor del asesinato a tiros de su antecesor en el cargo, el popular y compañero de partido Alejandro Ponsoda, ha prestado declaración ante la titular del juzgado nº3 de Villajoyosa durante más de dos horas, y a la salida ha asegurado ser "totalmente inocente".

El ex alcalde ha rehusado las preguntas de los periodistas, ha indicado que se le ha interrogado sobre "muchas cosas" y que "todavía" no sabe los delitos que se le imputan.

Algo más locuaz se había mostrado a su llegada esta mañana al juzgado, cuando señaló que tenía intención de colaborar con la Justicia "para ver si en este caso se descubre quién hay detrás y quién ha cometido las irregularidades que, al parecer, ha detectado la Guardia Civil".

Durante su declaración, Cano ha negado los hechos que se le imputan y ha respondido a las preguntas de la juez y a las formuladas por el abogado de otro de los imputados -un ex técnico municipal-, pero se ha negado a contestar a las planteadas por el letrado del Ayuntamiento, que está personado en la causa como "perjudicado".

Fuentes judiciales han informado de que el fiscal ha pedido a la juez que instruye el caso "cuatro testificales" más.

Está previsto que el próximo viernes preste declaración otro de los tres imputados en la causa urbanística, concretamente el ex concejal del PP de Polop Jaime Narbó.

Por lo que respecta a la declaración del ex técnico municipal imputado, que fue aplazada hace dos semanas, se celebrará en los próximos meses.

La causa que investiga irregularidades en la gestión del urbanismo de Polop en los últimos años surge a raíz de la que se sigue en el juzgado de instrucción número 2 de Villajoyosa por el asesinato a tiros del predecesor de Cano en la Alcaldía, Alejandro Ponsoda (PP), en octubre de 2007.

Desde un principio, los investigadores de la policía judicial consideraron probable que el crimen de Ponsoda tuviera un móvil urbanístico.




* Levante - 30.11.10
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es

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Anticorrupción enseña los papeles

NORTECASTILLA* : Diez anexos. Doce páginas. La Fiscalía Anticorrupción, en el informe del 25 de noviembre que reclamaba al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que enviara parte de la investigación a Castilla y León, adjuntó los documentos que, según el Ministerio Público, prueban que el presidente de las Cortes de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago, y el ex diputado por Segovia Jesús Merino fueron comisionistas de la red que dirigía Correa. Sus iniciales y nombres, junto a los del ex tesorero del PP Luis Bárcenas o el ex eurodiputado Gerardo Galeote, aparecen en esos papeles que ahora ven la luz y entre los que también figuran documentos oficiales que la Consejería de Fomento de la Junta supuestamente remitió al contable de 'Gürtel', antes incluso de que fueran públicos.

La primera revelación de esos documentos es que la Fiscalía eleva la cantidad que Fernández Santiago habría recibido de la trama por sus supuestos favores. El juez Antonio Pedreira acusa a Fernández Santiago de haberse embolsado 39.000 euros en dos pagos por mediar para que la empresa Teconsa se llevara las obras de la variante de Olleros de Alba. Pero Anticorrupción va más lejos: «Entre la documentación intervenida (en la casa del contable de la trama, José Luis Izquierdo) se han encontrado otros papeles que acreditarían la entrega de 18.000 euros por Pablo Crespo (número dos de Correa) el 23 de abril de 2002 por motivos que se desconocen». Es más, aseguran que los «informes caligráficos» atestiguan que el contable anotó de su puño y letra la salida de esa segunda entrega de dinero para el alto cargo del PP.
El fax de la mordida
La Fiscalía incluye el fax enviado desde la Consejería de Fomento que avisó en diciembre de 2002 a la red de la adjudicación de la variante de Olleros antes de que fuera pública y que fue encontrado en poder de la trama. En el mismo informe, el contable de Correa apuntó la mordida del 3% del total (sin IVA) que se iban a repartir Correa y los cuatro altos cargos del PP. En total, 73.650 euros. En otro sobre figura la anotación del supuesto adelanto de 24.000 euros a (T. O.), las siglas que la Policía dice que se usaban para identificar a Fernández Santiago. A la vista de los papeles presentados por Anticorrupción, el reparto de los sobornos entregados por Teconsa fue inmediato. En sendos documentos fechados enero de 2003 y escritos a mano ya se fijaron las cantidades (en pesetas y euros) a recibir por los altos cargos del PP tras recibir otro sobre con 48.000 euros. Sobre un papel de libreta de cuadros, el contable de 'Gürtel' firmó la que se ha convertido la prueba de cargo: «TO (Fernández), 15.000 euros, G (Galeote) 26.400 euros, L (Bárcenas) 18.600 euros, PC (Correa) 17.500 euros».
Los documentos van más allá, pero ni siquiera la Policía Judicial se atreve a determinar a cambio de qué favores se recibieron esas cantidades. La Brigada Antiblanqueo sospecha que tienen que ver con dos adjudicaciones -la construcción de un centro de tratamiento de residuos en Gomecello por 22 millones de euros y la variante de Villanueva de Mena por 7 millones- pero la Fiscalía y el juez creen que todavía no hay pruebas suficientes, aunque los protagonistas son siempre los mismos.
Sobres
Sea como fuere, en otro de los documentos encontrados en poder de la trama y fechado el 14 de junio de 2002 se revela la existencia de varios sobres con más sobornos por valor de 175.973 euros. De nuevo los beneficiarios son «Jesús Merino» (esta vez directamente su nombre completo) Bárcenas, Galeote y 54.090 euros para el enigmático 'S', el supuesto alto cargo de la Junta cuyo nombre aparece en los atestados de la Policía, pero que Anticorrupción y Pedreira creen que no hay pruebas suficientes para pedir su imputación.
En otro de los anexos, fechado el 15 de mayo de 2003, se dan nuevos datos sobre 'S' en un nuevo supuesto reparto de «64MM», 64 millones de pesetas, (384.700 euros). Esta vez a 'S' se le une a las siglas (C.L., Castilla y León) y se embolsa 144.200 euros. Bárcenas («L.B.»), Merino (J.M.), Galeote (G.G.) y Correa (P.C.) se reparten el resto del dinero. Y así hasta una docena de páginas, todas las que se encontraron en una carpeta azul en el domicilio de Izquierdo, y en las que, a mano o en ordenador, se detallan supuestas mordidas en la comunidad que, en algún caso, superan los 781.000 euros.
Los responsables de la Policía Judicial, a la vista de estos apuntes desconocidos, no dan por cerrada la investigación de la trama 'Gürtel' sobre Castilla y León. No obstante, reconocen que va a ser difícil avanzar en las pesquisas sobre otros posibles comisionistas en la región mientras el TSJ no acepte la competencia y autorice nuevas diligencias sobre aforados.




* Norte Castilla - 30.11.10
Foto: Olleros (León) - mispueblos.es

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Una de las firmas que trataba los lodos de Emarsa los vertía de forma irregular

LEVANTE/Valencia* : El tratamiento de los lodos en Emarsa era jauja. Hubo facturas hinchadas, cobro por trabajos no realizados y, según revela la última auditoría de las cuentas de la depuradora de Pinedo, hasta irregularidades en el vertido de los lodos que produce la planta. El informe realizado por la consultora Mazars fechado el 19 de noviembre, concluye que "según las comprobaciones realizadas por la Emshi y el destino de los lodos gestionados por el proveedor Notec SL, no existe constancia de que esté efectuando el tratamiento y gestión establecido en el contrato formalizado entre ambas partes". Notec SL, responsable de la retirada de 60.000 toneladas de lodos generados en la depuradora de Pinedo, es la firma que ha trasladado a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) su intención de reclamar una indemnización que asciende a 24,22 millones de euros por la rescisión unilateral del contrato debido a la liquidación de Emarsa que hoy se aprobará en asamblea.

Sobre esta posible indemnización, la auditoría "desconoce" el efecto que estas cláusulas pueden tener sobre la sociedad. Esta misma firma y según los auditores, habría facturado 52.200 euros de más en 2010, ya que, el contrato que tenía firmado estipulaba 29 euros por tonelada tratada y no 34 euros como recibió.
Pero curiosamente no fue Notec SL la única firma que cobró por la evacuación, transporte y tratamiento de lodos. Printergreen SL, una firma de venta de coches y sin sede comercial, también aparece como acreedora en la auditoría de Mazars sobre las cuentas de enero a abril de 2010. En solo cuatro meses facturó 92.000 euros de más, porque hinchó en 2.700 toneladas las que realmente trató.

Constantes irregularidades
Por otra parte, la auditoría es demoledora en cuanto a las conclusiones sobre la gestión de la depuradora de Pinedo. Según revelan los auditores, los sistemas de control interno de Emarsa "presentan insuficiencias motivadas, entre otros, por la no aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y por la existencia de formas autorizadas para disponer individualmente sin límites". También confirma lo que se ha venido publicando de otras auditorías y de la facturación de la empresa pública que mañana se liquida. Según el informe: "No hemos podido obtener evidencia adecuada y suficiente ni explicaciones sobre la autorización y la compra de cloruro férrico, compras de aprovisionamientos, reparaciones y conservación (general, informática, robótica e instrumentación), servicios profesionales por sistema integral de calidad y servicio de vigilancia".
Por otra parte, hoy se celebra la asamblea de la Emshi en la que se aprobará un crédito de seis millones de euros para certificar la liquidación de Emarsa. A las 13.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia se reunirán todos los integrantes de la entidad metropolitana para aprobar esta operación de liquidación con la mayoría de los delegados nombrados por el PP.




* Levante - 29.11.10
Foto: Un camión entra en la depuradora de Pinedo - levante

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Obras gallegas de nunca acabar

LAVOZDEGALICIA* : Con las obras en casa suele decirse que se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban. Con algunas obras públicas pasa exactamente lo mismo. Decenas de infraestructuras de todo tipo, pagadas con el dinero de todos, se pudren a medio hacer en Galicia esperando -en algunos casos desde hace años- a que alguien, algún día, las termine y les dé el uso para el que fueron diseñadas. La falta de fondos durante su ejecución, una mala concepción del proyecto, un conflicto judicial, la desidia institucional y, ahora, la crisis económica son algunas de las causas que explican, juntas o por separado, que estas obras se hayan quedado a medias, convertidas en esqueletos de hormigón, metal y ladrillo que languidecen, en muchos casos, devoradas por las pintadas y las malas hierbas. Eso sí, entre todas se han despilfarrado ya un buen puñado de millones de euros.

Un monumento al gasto de dinero público sin control está en O Porriño. En idéntico estado de ruina y sin saber qué hacer con él. El centro de interpretación de la naturaleza, que costó 420.000 euros (300.000 aportados por la UE y el resto por el Concello) lleva parado ocho años. Bruselas ya ha reclamado la mitad de su subvención, pero de momento la devolución no se ha efectuado. También permanece en suspenso la estructura del polideportivo de Melón (Ourense), cuya demolición ordenó en el 2008 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por construirse a solo 75 metros del monasterio de Santa María, declarado bien de interés cultural. El pabellón sigue en pie, pero el alcalde, Alberto Pardellas, acaba de ser condenado a ocho años y medio de inhabilitación.

Parque de bomberos

Otra de las obras de nunca acabar es el parque de bomberos de Santiago, financiado por la Xunta, la Diputación coruñesa y el Ayuntamiento. Lleva cuatro años atrapado en el tiempo -el gobierno local interrumpió los trabajos al detectar un desfase económico y rescindió el contrato con la constructora- y aún no se vislumbra una salida. «Ahora mismo no hay solución. Habría que lograr un acuerdo entre las tres Administraciones para retomar el convenio y hacer una inversión. Pero en el momento en el que estamos es económicamente muy difícil», señala Marta Álvarez-Santullano, concejala de Seguridade Cidadá. De hecho, el parque de bomberos se adjudicó en su día por 1,9 millones de euros y se estima que rematarlo cueste un millón más.

No muy lejos, en Teo, la piscina cubierta y climatizada que quería construir el Concello ni tiene cubierta ni tampoco agua. La empresa adjudicataria de las obras -con un coste de 1,8 millones de euros- quebró y desde el 2007 solo se ha colocado el vaso. El gobierno local quiere contratar de nuevo los trabajos y ha solicitado apoyo económico a la Diputación coruñesa para sacar del limbo su piscina.

También entró en concurso de acreedores la firma encargada de la construcción del centro lúdico deportivo de A Parda, en Pontevedra. Fue hace casi dos años, el tiempo que lleva parada la obra. Hace solo unos días, la Xunta anunció que se reanudará, aunque a mediados del próximo año, lo que supone, según el Concello, que el centro no estará listo hasta el 2012. «Ao meu entender, a Secretaría Xeral para o Deporte deixou durmir os papeis, pasaron demasiados meses», afirma Anxos Riveiro, concejala de Deportes. «A visión do que hai a medio construír é terrible. Son dúas piscinas formigonadas e o paso do tempo non é bo para a propia calidade da obra», añade. Para Riveiro, la inversión inicial (2,7 millones de euros) se va a quedar corta.

Mamotreto sobre un pueblo

La residencia de la tercera edad del concello ourensano de Chandrexa de Queixa también necesitará más dinero (más de 1,2 millones de euros) para dejar de ser el mamotreto de hormigón y ladrillo visto que se eleva sobre el pueblo de Celeiros desde hace cuatro años. «Parouse por falta de financiamento», reconoce el alcalde, Francisco Rodríguez, quien asegura que, pendientes de la firma de un convenio con la Xunta, las obras podrían reanudarse el próximo año. «Lo que queremos es acabar la residencia. La necesitamos porque nuestra población es mayor, y porque crearía puestos de trabajo», concluye Rodríguez.

Otra obra fallida que parece resucitar es la estación de autobuses de Celanova, abandonada desde hace casi siete años tras gastar más de 350.000 euros, financiados en parte con fondos de la UE. Previo acuerdo con la Xunta, podría abrir en enero, según el alcalde, Antonio Mouriño. «Por más que peleaba no había manera. Un día dije: 'Cédanme la estación y la termino yo'. Supone un coste, pero es mejor eso a que no se use».




* La Voz de Galicia - 28.11.10
Foto: Melón (Ourense), mosteiro - picasa

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Jaraiz dela Vera.- Una sentencia anula las normas subsidiarias urbanísticas

HOY/Cáceres* : Las normas subsidiarias de planeamiento urbano de Jaraíz han sido anuladas por sentencia judicial. De esta decisión dio cuenta en el último y polémico Pleno ordinario el alcalde, Agustín Tovar, quien, antes de entrar en detalles, señaló que el asunto «es tan importante» para el municipio que pidió a toda la Corporación unidad para afrontar «este problema» y para que «nadie intente sacar provecho» político de ello. La anulación de las normas representa «un grave problema», dijo, cuyo alcance se desconoce, «pero si no tomamos cartas en el asunto será muy grave», advirtió.

Las normas vigentes hasta ahora fueron aprobadas en 2003 y suspendidas en 2006, tras ser recurridas por una empresa privada, por lo que fue necesario revisarlas. De las tres alegaciones que motivaron su paralización, dos fueron admitidas y una rechazada, concretamente la de la empresa que las recurrió. Su aprobación definitiva por parte de la Junta de Extremadura se produjo el 30 de marzo de 2007. En este sentido, el alcalde ha indicado que «mira para adelante» y se ha puesto a trabajar. «He mantenido dos reuniones -aseguró- con Urbanismo para tratar de conseguir una nueva normativa. He arrancado al director general el compromiso de hacer un plan de urbanismo, que pueda sentar las bases para 10 o 20 años».
Pese a la delicada situación planteada en lo urbanístico Tovar se mostró esperanzado. «Las normas subsidiarias serán atendidas para que no haya un parón, pues bastante crisis hay ya en lo referente a la construcción». Para que esto no suceda, apuntó que «deben estar concluidas en un plazo máximo de cinco meses», según le comunicó el director general. «El tema es tan delicado que hemos empezado a trabajar, al tiempo que nos ponemos a disposición de todos».




* Hoy - 30.11.10
Foto: Jaraíz de la Vera (Cáceres) - terra

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Contra el paisaje de Madrid

FERNANDO DELGADO* : Uno de los atractivos de Madrid es que también está hecho, entre otras cosas, de parches y acumulaciones en su urbanismo como resultado natural de la ciudad de aluvión. Si el Madrid originario ha sufrido devastaciones son también innegables las aportaciones de la mejor arquitectura del siglo veinte al Madrid que crecía: la Gran Vía es un ejemplo. Y si en el Madrid periférico han surgido con distinta fortuna los nuevos barrios bajo los efectos de la especulación urbanística, o han crecido los viejos distritos con suerte desigual, la pérdida desgraciada de los hotelitos de la Castellana, por ejemplo, ha quedado en cierto modo compensada con la erección de una ciudad moderna con edificios de gran altura, algunos de los cuales son ahora verdaderos iconos del Madrid del siglo XXI. Refresco esta obviedad al contemplar las nuevas torres situadas donde termina el Madrid de la Castellana y reconocerlas en su sitio. Pero lo hago al hilo de un ejemplo contrario de fatalidad: la Torre de Valencia. Y lo hago sorprendido porque los alumnos de su autor, Javier Carvajal, queriendo ahora reivindicar la obra de su maestro, subrayan como virtud del reivindicado lo que no parece haber sido tenido en cuenta en el caso de su torre: que Carvajal pensaba que no cualquier edificio vale para cualquier sitio. Claro que no.

La arquitectura y la escultura poseen hasta cierto punto una indudable relación, aunque la confusión entre una y la otra de arquitectos enfermizos quizá sea una perversión contemporánea muy lamentable que las desnaturaliza, pero el espacio adecuado para situar una escultura o un edificio puede que sea la exigencia que establece uno de los más evidentes lazos entre escultura y casa. Y como eso lo debe tener en cuenta cualquier arquitecto que se precie no sorprende que lo pensara Carvajal, pero si así pensaba, su Torre de Valencia es sin duda la proclamación de todo lo contrario. Y no parece que el hecho de que permanezca ahí ese atentado contra el paisaje de Madrid pueda ser tomado por un triunfo de la sensatez frente a un teórico sectarismo de los que razonablemente sostenían que rompía, y rompe, la perspectiva de la Puerta de Alcalá desde Cibeles.

No sé si, como afirman ahora los seguidores de Carvajal, en el contexto histórico en el que se desarrolló el debate sobre la inconveniencia de la Torre de Valencia, debate necesario y a la postre inútil, los cargos políticos del famoso arquitecto en el Régimen, o su propia suficiencia, arrogancia o supuesta antipatía, influyó o no en aquella campaña llena de argumentos. Tal vez sí. Pero del mismo modo puede atribuirse a la privilegiada situación política de Carvajal, cuando la política era cosa solo de unos pocos, el hecho de que tantos años después, sus admiradores, lejos de silenciar un desafuero condenable, reivindiquen lo contrario atribuyendo a los que no sostuvieron igual opinión a la de ellos nada menos que una persecución sádica y cruel. No dudo de que haya otras meritorias obras de Javier Carvajal, que sea un maestro en el arte de unir tradición y modernidad o crea en una arquitectura enraizada, tal cual proclaman sus discípulos, pero nada de eso se da en este escarnio contra la fisonomía de la ciudad. Y que haya un hueco en ese adefesio arquitectónico para un patio con dos fuentes y un olivo centenario es posible que hable de lo mediterráneo que sea Carvajal, aunque habría que ver cómo crece un olivo en ese hueco, pero nos es completamente indiferente a los que contemplamos la Puerta de Alcalá con ese dominador telón de fondo desde el que las privilegiadas criaturas que allí viven disfrutarán no solo del patio y el olivo, sin duda, sino de la mejor visión del parque del Retiro.

Quizá no esté bien que seamos tan desmemoriados como para no pedir cuentas, o al menos afearles la conducta, a los que nos estropean la ciudad, y puede que lo más piadoso sea no incomodar la ancianidad de los que, con provecho propio, cometieron errores contra Madrid. Ahora bien, cosa muy distinta es que se lamente una falta de reconocimiento al culpable de un error, se achaque a circunstancias políticas la condena de algo que describe el sentido común y no se reconozca que por razones políticas más oscuras que claras está precisamente ahí esa Torre de Valencia.

Con todo el respeto para los buenos sentimientos de los que homenajean ahora a su maestro, no parece lo más acertado recuperar su figura con la provocación, mírala, mírala, ahí está la Torre de Valencia, mira qué honra, como si pudiéramos seguir viendo igual la histórica Puerta de Alcalá, después de ese atentado contra la fisonomía de Madrid. Lo que se consigue despertando la memoria de aquel repudio ya olvidado, ahora que incluso nos hemos acostumbrado al despropósito, es que volvamos a recordar a los culpables de lo que pasó en un tiempo con pocas posibilidades de evitarlo.


* El País - Opinión - 30.11.10

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Constructor especulador - El Roto

Viñeta: El Roto - elpais 24.11.10

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Castilla y León.- El juez implica al presidente de las Cortes regionales en el 'caso Gürtel'

NORTECASTILLA* : Primero, Madrid. Luego, Valencia. Y ahora, Castilla y León. El juez del tronco central del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó ayer enviar parte de la investigación sobre la trama corrupta al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al constatar que hay indicios de que el presidente del Parlamento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago, 'Toti', pudo cobrar «irregularmente» 39.000 euros como sobornos por intermediar en la adjudicación para la construcción de la variante de la localidad leonesa de Olleros de Alba. En su resolución, Pedreira considera que las pruebas contra Fernández Santiago son suficientes para imputarle por los delitos de «prevaricación y cohecho», como había solicitado la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción.

Según el magistrado, las pruebas aportadas por la Brigada Antiblanqueo permiten afirmar que durante la «tramitación» de aquel expediente, siendo Fernández Santiago consejero de Fomento, se «incurrió en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». El juez insiste en que tanto «la orden de inicio de este expediente» como la adjudicación llevan la firma de 'Toti'.
La obra fue a parar a Teconsa, una de las principales empresas implicadas en el 'caso Gürtel', que ganó el concurso en abril de 2003 y obtuvo un contrato por valor de 2.847.959 euros, sin IVA. A cambio, explica Pedreira en su resolución, la compañía repartió entre los muñidores del contrato el 3% del mismo, una vez pagado el IVA, lo que ascendió a 96.100 euros.
El fax clave
Estas comisiones fueron centralizadas por Correa, que repartió entre las personas que supuestamente habrían conseguido el contrato para Teconsa. Fernández Santiago habría cobrado en dos pagos los 39.000 euros. El ex eurodiputado Gerardo Galeote habría percibido 26.400 euros. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, se habría hecho con 18.600. Jesús Merino, ex diputado por Segovia y también consejero de Fomento desde 1991 hasta 1999, se habría embolsado 18.600. Y Francisco Correa, el 'capo' de la trama corrupta, se habría quedado con 17.500 por coordinar la operación.
Pedreira revela que la información sobre aquella operación amañada apareció en el registro del domicilio del contable de la red, José Luis López Izquierdo. Durante aquel allanamiento, simultáneo a la detención de Correa en febrero de 2009, apareció una carpeta de color azul en la que había varios documentos, entre ellos un fax de la Consejería de Castilla y León en el que se remitía la adjudicación definitiva de aquella obra, junto a la que había un desglose del 3%, las supuestas comisiones.
Junto a ese fax, y unidos por un clip, aparecieron una siglas y unas cantidades. Señala el magistrado que tras meses de investigación, y tres informes diferentes y varias pericias, la Policía Judicial certificó quiénes estaban tras las enigmáticas siglas: T.O. ('Toti'), G (Galeote), L (Bárcenas), J (Merino) y PC (Correa). A la vista de las pruebas presentadas por la brigada Antiblanqueo de la Policía, Pedreira concluye que en la «causa existen indicios bastante del cobro de una comisión» por parte de los cinco sospechosos, y en consecuencia decreta la «inhibición parcial» a favor del Tribunal Superior castellanoleonés ya que Fernández Santiago es aforado por su condición de presidente de las Cortes.
Al margen de la supuesta implicación de 'Toti', el juez se centra en las pruebas contra Merino, de quien recuerda que, aunque en el momento ya no era consejero, tenía «posible influencia y acceso a la información de concursos de la Junta de Castilla y León», como probaría el hecho de que envió al número 2 de la trama, Pablo Crespo, pliegos del concurso antes de su que éstos se publicaran oficialmente.
Gomecello
Según explicaron fuentes judiciales, el magistrado decreta la inhibición solo sobre la adjudicación de Olleros de Alba, ya que cree, como Anticorrupción, que no hay pruebas concluyentes contra otros altos cargos regionales por otros concursos que la Policía tiene bajo la lupa. El primero es la construcción de un centro de tratamiento de residuos en la localidad salmantina de Gomecello, que fue adjudicada por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa.
Los informes policiales sostienen que aquel concurso supuso para Correa una comisión de 600.000 euros, aunque sólo cobró una parte. Eso sí, ese porcentaje también fue repartido entre tres ex altos cargos del PP que percibieron 60.000 euros cada uno. Una cuarta persona que responde a las iniciales «CL - S» se llevó 144.200 euros. La Policía apunta que tras la sigla 'S' habría otra alto cargo de del Ejecutivo autonómico castellano y leonés, pero para el juez esta suposición no está suficientemente probada.
El otro concurso investigado es la construcción de la variante de Villanueva de Mena por valor de siete millones y que también ganó Teconsa cuando Fernández Santiago era consejero de Fomento. Tampoco en ese caso, considera Pedreira, hay pruebas suficientes, por ahora, para apuntar a altos cargos autonómicos.
Teconsa, que consiguió contratos en otras comunidades gobernadas por el +, ganó entre 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones de la Junta de Castilla y León, según los informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal.




* Norte Castilla - 30.11.10
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org

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De propietario a inquilino

LAVERDAD/Murcia* : ¿Quién no ha escuchado de familiares y amigos, o sencillamente, en una conversación de calle, que a fulano o a mengano «le van a quitar la casa porque tiene ya una carta de embargo»? O, peor todavía, «le han quitado la casa y encima tiene que seguir pagando». La crisis, como demuestran las estadísticas, está haciendo verdaderos estragos en miles de familias españolas y una de sus manifestaciones más cruentas es la imposibilidad de pagar la letra, es decir, el recibo de la hipoteca que como un yugo carga todos los meses el banco en la cuenta. La casuística sobre el impago de una hipoteca es múltiple, pero puede resumirse en las dos consideraciones expuestas más arriba. Sin embargo, hay una variante que, ni mucho menos está generalizada, pero que ya ha comenzado a llevarse a la práctica, y que es defendida como «un mal menor» por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Murcia, e incluso por algunas entidades bancarias

Los hechos son como siguen: la entidad bancaria, convencida de que el propietario no va a poder hacer frente a sus obligaciones de pago, acepta la casa como dación en pago del insolvente (figura contemplada en la Ley Hipotecaria), entendiendo como saldado el total de la deuda.
Es entonces cuando, para evitar el desahucio, el nuevo dueño alquila su vivienda por cinco años al antiguo propietario por una cantidad mensual inferior a la letra que antes apoquinaba, y con opción a compra. Según el portavoz de la Plataforma, José Coy, supone «una liberación de la cadena perpetua que implica el no poder pagar la letra y, al fin y al cabo, tener derecho a comenzar de nuevo, pero conservando el valor emocional de seguir en la misma casa durante varios años».
Pasado el contrato de alquiler, si la situación económica mejora para el interesado, «tiene la posibilidad de comprar de nuevo la casa, descontando todo lo entregado ya en alquiler». Llegados a este punto, habría que acordar nuevas condiciones hipotecarias y, en cualquier caso, pagar de nuevo los impuestos que ya se abonaron antaño.
«Es mi única salvación»
Pero claro, en muchos casos, esto no es tan fácil. Los bancos no aceptan la dación en pago si entienden que, además de la casa, el interesado debe seguir abonando una cantidad, al ser el valor de la vivienda menor que el saldo vivo de la deuda. Es el caso de Francisco Miguel Valverde, un vecino de Aljucer que quiere la dación en pago, pero su entidad no la acepta. «Es mi única salvación», asegura. La plataforma calcula que «esos picos suelen ser de 10.000, 20.000 o incluso 100.000 euros».
Este diario ha consultado con varias sucursales bancarias este nuevo procedimiento de actuación. Algunas reconocen estar realizándolo y lo argumentan como «un nuevo mecanismo de protección adicional a los que ya existen para no dejar a la gente en la calle».
Los empleados de estas oficinas afirmaron que «las entidades alargan todo lo que pueden» los expedientes de embargo «porque lo último que desean es que una familia se quede sin su casa». Y recuerdan: el sistema hipotecario en España «funciona así y es lo que hay. Cuando no pagas, nada ni nadie puede impedir que se ejecute el embargo o que se negocie una dación en pago, según los casos, con deuda pendiente».
Desde enero de 2008 y hasta el pasado verano, los bancos y cajas han ejecutado la hipoteca de 140.000 familias y aceptado casi 100.000 daciones en pago. Según las previsiones que maneja el Consejo General del Poder Judicial, este año se embargarán 180.000 casas y se abrirán unos 84.000 expedientes de desahucio.

REIVINDICACIONES DE LOS AFECTADOS
1Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación.
2Regular la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda queda liquidada.
3Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Implica que la administración compre la vivienda a precio reducido y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida.
4Realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario.
5Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras.

LAS CIFRAS
140.000
hipotecas han sido ejecutadas por bancos y cajas desde enero del 2008 hasta el pasado verano.
100.000
daciones en pago de la vivienda para saldar las deudas se han llevado a cabo en el mismo plazo.
180.000
casas serán embargadas este año, según prevé el Consejo General del Poder Judicial..
84.000
expedientes de desahucio serán llevados a cabo en 2010.



* La Verdad - 30.11.10
Foto: Una pareja contempla una promoción de viviendas en una imagen de archivo. :: LA VERDAD

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Calp o la teoría de que la basura se lava en casa

LEVANTE/Alicante* : En Calp, la basura se lavaba en casa. Y es literal. El ayuntamiento, cuando Javier Morató, PP, era alcalde, decidió ir por libre en la gestión de los residuos en lugar de integrarse en el consorcio comarcal. La cosa huele mal. En la basura había negocio. Ángel Fenoll, imputado ahora por el caso Brugal, logró hace 12 años el contrato de la basura y facturó a su antojo. El consistorio le dejó hacer. Nadie advirtió que mientras Calp genera 25.000 toneladas de residuos al año, Colsur, la empresa de Fenoll, cobraba el tratamiento de hasta 80.000 Tm. Pero el presunto fraude no era refinado. Supuestamente se pesaba la basura dos o tres veces o se calculaba su peso «a ojo». Pero nadie advirtió los chanchullos. Ahora, tras destaparse el caso Brugal, en el que están implicados tres ediles del PP, que supuestamente recibieron comisiones de Fenoll por consentir la manipulación en el pesaje de residuos, los vecinos esperan explicaciones claras de una presunta estafa millonaria que salió a la luz mientras el gobierno local (Bloc, PP y PSD) pretendía volver a subir el recibo de basura.

Algunas explicaciones se darán en los tribunales. Pero no basta. Desde que Levante-EMV sacó a la luz esta trama ha pasado de todo en la política calpina. El alcalde se apresura a sacar sus conclusiones y a culpar al PSPV, estos no aciertan con el discurso y los demás, callan. Sin embargo, algo más habrá que decir ya que el Bloc gobierna gracias a Javier Morató.


La oportunidad de hacer campaña
La disparatada alcaldía de Joaquim Tur tiene un epílogo a la altura. El caso Brugal le ha servido para distanciarse del PP (retiró las competencias de gobierno a los tres ediles populares implicados en la trama) sin que el PP rompa el pacto. Dice que se enteró por Levante-EMV de que la facturación de la basura supuestamente se hinchaba y se puso a indagar por su cuenta. Lo mismo se disfraza de César Borja («o césar o nada», dijo cuando pactó con el PP la moción de censura contra su socio, el PSPV) que de inspector Clouseau. Ha denunciado a Colsur por estafa. Su campaña electoral es la basura. Y ya ha comenzado.

Amortizado pero con sueldo de edil
Morató fue alcalde de Calp 12 años (lleva 16 años de edil) y amenaza con seguir en primera línea política. El caso Brugal lo ha puesto otra vez en el disparadero. La investigación concluye que pudo recibir sobornos de Fenoll por consentir la facturación inflada de la basura. Un día se declara asqueado de la política y al siguiente afirma que quiere volver a ser concejal para defenderse de los escándalos. No admite que es un lastre muy pesado para un PP roto que necesita renovarse de arriba a abajo. No ha explicado nada del contrato que firmó con Fenoll. Nada. Y Tur le mantiene el sueldo de edil.

Una oposición mal enfocada
El PSPV se enredó en extrañas estrategias cuando tenía la alcaldía y no ha escarmentado. Su problema no es que no tenga plan, sino que el plan es alambicado y no lo entienden ni ellos. Su líder, Luis Serna, a quien Tur también intenta a toda costa implicar en el presunto fraude de la basura, todavía tiene crédito para agarrar la bandera de la renovación política. Ese es el Waterloo de los socialistas y no enfrascarse con el alcalde en escarceos dialécticos e insultos. Aclarar la trama de la basura es una obligación. Y el PSPV debe exigir (y dar) todos los días explicaciones.

Implicado en el agua y la basura
El diputado provincial y concejal del PP no se priva de nada. Está imputado por el caso Aguas de Calp (supuestamente se desvió un millón de euros en las obras de la red) y ahora se le relaciona con los supuestos sobornos de la basura. Juan Roselló se lo toma con calma. Como si fuera su sino. Tampoco ha dado ninguna explicación pública. Igual que Morató, pone cara de sorprendido cuando se le habla del supuesto fraude en el pesaje de los residuos. Parece que le preocupe más que, ya destituido como concejal de Turismo, no podrá organizar la próxima participación de Calp en Fitur.

El conseguidor de contratos públicos
El cuñado de Juan Roselló también está en todas las sopas. Imputado por el caso Aguas de Calp, ahora su nombre se relaciona también con el escándalo de la basura. Fue quien gestionó el contrato del tratamiento de residuos con el empresario Ángel Fenoll, según ha revelado éste último. Ese mismo papel le reservan los investigadores de la trama Brugal. Supuestamente actuó de intermediario y recibió, por ello, comisiones. La única relación de Artacho con el Ayuntamiento de Calp es que es cuñado de Roselló. Ese parentesco parece que le sirvió para ejercer de «conseguidor» de contratos públicos.

El único capaz de marcharse
Ha aparecido implicado, sin que nadie lo esperara, en el sumario de la trama Brugal. Nunca ha sido protagonista de ningún escándalo pese haber regido la concejalía de Hacienda durante diez años. Y con el lastre económico que alcanzan, ya tiene mérito. Cuando el alcalde anunció el cese fue el primero en poner sus competencias a disposición del primer edil y sólo pidió que se le avisara con antelación para irse. No se lo concedió Tur y sin aviso, lo cesó. Se ha ido del ayuntamiento sin hacer ruido y no continúa oculto tras un sueldo. Se va para aclarar las cuentas a solas con la justicia. Un ejemplo para el resto de concejales del PP.

Pasó de puntillas por el gobierno
La trayectoria de este abogado calpino es silenciosa pero significativa. No es la primera vez que acude a los tribunales, y no sólo como abogado. El año pasado fue juzgado por un extraño tema relativo a un supuesto enriquecimiento en la compra-venta de unos terrenos de Calp en los que también participó un familiar. Con todo en contra en la sala, el resultado sorprendió y salió libre de pecado. Ahora, vuelve a aparecer en una trama vinculada a sus escasos cuatro años de gobierno en Calp. Abogado de profesión, ya consiguió sentar como testigos a medio ejecutivo calpino. Ahora, está a la espera de una citación para declarar.

Ve y calla el fraude del pesaje
El edil del PSD Antonio Romera es la sombra del alcalde. Estuvo con él en el pacto con el PSPV. Y colaboró en rescatar al turbio PP de Morató y Roselló. Pero durante todo el mandato no ha soltado la concejalía de Tratamiento de Residuos. Y ya tiene delito (en sentido coloquial) que el presunto fraude haya pasado ante sus ojos sin advertirlo. Romera sabía que los residuos reales que genera Calp eran 25.000 Tm al año. Pero las facturas de Colsur engordadas con supuestas toneladas falsas de basura no le llamaron la atención. Como poco, se le puede reprochar que ha fallado como responsable de Residuos.




* Levante - 28.11.10
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es

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Madrid.- Ópera suspende, la capilla del Obispo aprueba

MADRIDIARIO* : La Fundación para el Progreso de Madrid, entidad cívica que preside Francisco Herrera, ha elaborado como todos los años su “Catálogo de Buenas Prácticas y Guía de Horrores Urbanos”, donde se realiza un inventario de lo mejor y lo peor que ha sucedido en Madrid y su región metropolitana a lo largo de 2010, desde el punto de vista de las grandes intervenciones de carácter territorial, urbanístico, arquitectónico, medioambiental o bien de impacto social. En la elaboración de este Catálogo han participado 100 técnicos, profesionales y estudiosos que colaboran con la Fundación para el Progreso de Madrid, una de las entidades de referencia de la sociedad civil madrileña en el debate urbano.

En el "Catálogo de Buenas Prácticas” dado a conocer en la rueda de prensa este lunes se incluye como mejores iniciativas el Pabellón de Madrid en la Exposición Universal de Shanghai 2010, la ampliación de la estación de Atocha por el AVE Madrid-Valencia y la rehabilitación de la capilla del Obispo.

Por el contrario, entre "lo más infame que ha sucedido en Madrid durante 2010 desde el punto de vista de los grandes asuntos de carácter territorial”, figura la vigésima etapa de la vuelta ciclista a España que no tuvo en cuenta el impacto ambiental en el futuro Parque Nacional de Gudarrama, la reforma "salvaje" de la plaza de Ópera al convertir en "desierto de granito un espacio antes valorado por vecinos y comerciantes", y el hecho de que la mendicidad en las calles se haya convertido "en el nuevo mobiliario urbano".



* Madridiario - 29.11.10
Foto: Madrid, obras en Ópera - madridiario

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Feísmo - Pecados y glorias del urbanismo gallego

LAVOZDEGALICIA* : El paisaje gallego parece un valor fuera de dudas, un patrimonio reconocido por todos. Sus valles, sus montes redondeados, sus mil ríos, su extenso litoral (con el efecto multiplicador de formas y espacios que producen las rías), bosques, playas... Todo contribuye a que el territorio de Galicia sea un prodigio favorecedor -una invitación- de la habitabilidad humana. La intervención del hombre, que debía haber pulido las dificultades, sin embargo, no ha sabido interpretar, muchas veces, que la mejor forma de habitabilidad llega de la mano de la armonía con el entorno que se pretende modificar. Así, en aras del asentamiento humano, se han cometido tropelías, muestras de la falta de respeto, el ansia de enriquecimiento, la ignorancia que han imperado en los últimos tiempos.

Los que siguen son algunos ejemplos de flagrante feísmo, de atentado contra el paisaje. En la página siguiente se mostrará el contraste, es decir, cosas que sí se han hecho bien, intervenciones que son ejemplares -que las hay-. En fin, son los pecados y las glorias del urbanismo gallego.

Un abuso habitual es la edificación fuera de escala en el entorno de las ciudades y el litoral. La macrourbanización de Miño Costa Anácara es un caso clamoroso, dice la arquitecta Ana Recuna: «Es una estructura ajena al entorno, que no respeta el paisaje y que produce un desequilibrio muy importante en las estructuras urbanas preexistentes». El reclamo de la costa es evidente. «Es un caso en que se manifiestan abiertamente sus objetivos: la especulación y el enriquecimiento rápido. Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de hábitats para las personas», zanja Recuna. Sin titubear se suma a esta percepción María Fernández Lemos, presidenta de la delegación ferrolana del COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia), que lamenta el caso de Miño y «la proliferación de extensas urbanizaciones de adosados que afean por doquier el paisaje rural».

Algo similar advierte Xan Xosé Rodríguez González, presidente de la delegación ourensana del COAG, que ve deplorable la solución de «os ranchos ubicados nos outeiros que rodean a cidade de Ourense, urbanizacións que abundan nos municipios limítrofes de Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas». Son arquitecturas deficientemente resueltas, pastiches, que «se van sempre a densidades de edificabilidade tope para maximizar os beneficios, unidades repetitivas, apiñadas, sen imaxinación, burdas», y que -insiste- al asentarse en zonas altas, en donde debiera imperar lo verde, y de gran visibilidad, agravan sus efectos negativos. Rodríguez González no quiere dejar pasar la ocasión sin mencionar el desaguisado, el fracaso que ha sido la planificación urbanística -o su falta- de O Carballiño, «un verdadeiro desastre».

Otra gran mole amorfa es la que conforma el barrio de Novo Mesoiro, recientemente creado en A Coruña, «un auténtico espanto, ejemplo de lo que es hacer ciudad sin sentido alguno», anota Isabel Aguirre, arquitecta y directora de la Escola Galega da Paisaxe-Juana de Vega. A su juicio, «la densidad constructiva exacerbada, la falta de calidad, la desvinculación del entorno (el monte) y del núcleo urbano del que supuestamente depende desacreditan la intervención por completo», reprueba Aguirre, para apuntar a otro de los grandes desmanes cometidos en Galicia, en la viguesa isla de Toralla, como «ejemplo de lo que es intervenir en un paisaje sin criterio alguno, con total impunidad, algo inconcebible en cualquier país europeo».

Fachadas marítimas

Preocupa sin excepción la forma en que se trata el patrimonio constructivo de las poblaciones costeras, en especial, «el destrozo de las fachadas marítimas», recuerda el arquitecto y profesor Ramón Irazu, que cita Camariñas como paradigma, «nada que ver con lo que se espera de un pueblo privilegiado de gran tradición marinera», lo que le lleva a pensar en «la degradación igualmente consentida» de Pontedeume. O lo que está ocurriendo con el abandono de Betanzos, apunta Aguirre.

Salvador Fraga, presidente de la delegación viguesa del COAG, se hace eco de un aspecto aparentemente menor, pero que se ha generalizado de forma alarmante, que «tiene que ver con la protección malentendida» y que es «muy visible en calles viguesas como Colón, Policarpo Sanz, García Barbón». Sucede, explica, que se ha permitido a los edificios históricos -como contraprestación de viabilidad para conservarlos- el añadido de alturas por encima de sus cornisas «con la consiguiente pérdida de proporción y equilibrio». Una falta de respeto que Irazu extiende al barrio ferrolano de A Magdalena o a zonas de Lugo como la calle de la Reina.




* La Voz de Galicia - 26.11.10
Foto: TORALLA, VIGO. Una desmesurada torre preside la isla, que acoge también residencias unifamiliares - lavozdegalicia

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