NORTECASTILLA* : Una sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula parcialmente la orden de 22 de septiembre sobre la modificación del PGOU de Valladolid con la que se buscó "dar cobertura legal" al aparcamiento de la plaza de Portugalete, según informaron fuentes de Ecologistas en Acción (EA). Según las mismas fuentes, uno de los tres magistrados de la Sala entiende que la modificación "debía haber sido anulada en su totalidad, y no sólo en parte".
Es la tercera ocasión en que el TSJCyL procede a anular esta modificación del PGOU "pensada para intentar dar cobertura legal al aparcamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete", según explicó EA, quien recordó que el Plan General de Ordenación Urbana vigente al inicio del proyecto "no permitía la localización de aparcamientos rotatorios en el centro urbano, por lo que el Ayuntamiento de Valladolid intentó cambiarlo en marzo del 2005, y posteriormente hizo lo propio la Consejería de Fomento en noviembre del 2006 y septiembre del 2008".
Ahora, EA asegura que el aparcamiento de Portugalete "vuelve a quedar fuera del PGOU", por lo que ecologistas, vecinos e Izquierda Unida pedirán su clausura inmediata.
Los tres intentos han sido declarados ilegales, si bien el tercero y último "sólo en parte", al estimar el TSJCyL que las determinaciones de la modificación del PGOU según las cuales "es posible la construcción de aparcamientos en cualquier emplazamiento del viario que se considere técnicamente apto" y, en relación con los aparcamientos de rotación, que -"se deberán localizar en las zonas donde se produzca demanda" infringen la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que exige que el Plan General prevea los aparcamientos en suelo urbano consolidado, aunque sea de manera orientativa, "que es algo diferente de permitir su localización donde sea técnicamente apto o donde se produzca la demanda".
Dado que no es posible "la localización indiscriminada" de aparcamientos subterráneos en la ciudad, y que el estacionamiento de la Plaza de Portugalete no figura entre los previstos en los Planos de Ordenación del PGOU de Valladolid, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida solicitarán de inmediato la anulación del proyecto de construcción y las licencias ambiental y de apertura, y se proceda a su cierre "en el menor plazo de tiempo posible", hasta que el Ayuntamiento decida reconvertir las 260 plazas rotatorias en plazas de residentes.
Al tiempo, las tres organizaciones pedirán una aclaración al TSJCyL sobre si la sentencia comporta que el centro urbano no pueda ser un lugar preferente para la implantación de aparcamientos rotatorios, y valoran la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al entender que el procedimiento de aprobación de la modificación del PGOU fue "también ilegal", por omitir la preceptiva información pública, el informe previo de la Comisión de Patrimonio y el pronunciamiento de la Consejería de Medio Ambiente.
* El Norte de Castilla - 14.06.10
Foto: Valladolid, aparcamiento Portugalete - nortecastilla.es
Valladolid.- El TSJ de Castilla y León anula la orden del Ayuntamiento que "dio cobertura legal" al aparcamiento de Portugalete
La "llamativa" actitud judicial en los delitos urbanísticos en Ciudad Real
MICIUDADREAL* : En su edición de ayer domingo, El País hacía referencia a Ciudad Real en una información sobre delitos urbanísticos. Una vez más, nuestra provincia vuelve a ser protagonista de la actualidad por cuestiones inmobiliarias. Según dicha información los ciudadanos, conscientes y perjudicados, "se va involucrando en la lucha contra los delitos de ordenación del territorio y urbanismo, como prueba el aumento de las denuncias contra los ayuntamientos. Pero no siempre prosperan. La complejidad urbanística hace que algunas se archiven porque el ciudadano recurre por vías equivocadas, según recoge la Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo".
La memoria no puede ser más desalentadora para el diario madrileño: "describe falta de medios y, sobre todo, de personal, amén de la excesiva variedad de interpretaciones judiciales ante un mismo hecho que hace saltar por los aires los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, en palabras de los fiscales. En algunos casos, como en Ciudad Real, se describe la actitud judicial en relación con este tipo de delitos como simplemente y por no utilizar otro término, llamativa".
La memoria vendría a poner de manifiesto la falta de relaciones fluidas entre la Administración y la Fiscalía, a lo que añade duras críticas al poder municipal "porque se entremezclan los delitos de ordenación del territorio con casos -de desidia, omisión y pasividad de la Administración local que implican una auténtica corrupción administrativa".
Las comunidades autónomas no se libran, "por no controlar y supervisar, y porque se limitan a imponer sanciones pecuniarias que no llegan a ejecutarse. Hay delitos que acaban prescribiendo y llegan a conocimiento de las fiscalías sólo a través de particulares".
Continúa El País describiendo el esperpéntico caso de Ciudad Real, en el que "para entorpecer las demoliciones, un particular llega a autodenunciarse para iniciar así un proceso penal y evitar la demolición. La pena de inhabilitación apenas le afecta al no ser promotor o constructor y la de prisión acaba en suspensión de la condena con una multa inferior a la que le impondrían por la vía administrativa".
Por último, la cabecera madrileña recoge que "la memoria propone apertura de procedimientos por complicidad contra los que favorecen el suministro de agua o luz a los promotores de construcciones ilegales. Y que se tipifiquen las conductas omisivas de autoridades o técnicos municipales cuando silencian infracciones urbanísticas, para evitar que queden impunes. En el apartado de delitos contra el Patrimonio Histórico, se alude a prevaricación urbanística y se pide que se tipifiquen como delito las excavaciones ilegales".
* Mi Ciudad Real - 14.06.10
Foto: Ciudad Real, proyecto megaresort ElReinodeDonQuijote - elreinodedonquijote.com
La investigación de Gürtel destapa más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid
ELPAÍS* : La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa de la democracia vinculada a un partido político, ha descubierto nuevos negocios supuestamente fraudulentos relacionados con la Comunidad de Madrid gracias a la documentación incautada en los distintos registros que forma parte del sumario conocido. Las ilegalidades documentadas en el curso de la investigación salpican a empresarios hasta ahora no imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, tomando como base distintos informes policiales, solicitó hace varios meses que se recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y MQM.
A través de estas sociedades y a cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones, entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años adjudicó de manera irregular cientos de contratos a la red que dirigía Francisco Correa.
La investigación había descubierto hasta ahora que uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes, decidió que todos los actos en que participara la presidenta los iban a organizar empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
A cambio, López Viejo cobraba comisiones ilegales, que sumaron en todos estos años más de 250.000 euros, según demostró la investigación a través del testimonio de algunos ex directivos de las empresas de la trama y los apuntes en la contabilidad incautada en las oficinas que utilizaba la red Gürtel.
La investigación reciente, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado nuevos casos de esa práctica ilegal con decenas de contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de los intereses de Correa. Documentación que este periódico publicó el 14 de febrero de 2009 y correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa firma, la que más trabajó en los actos de Aguirre, inflaba los costes para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha.
En esa tarea, según la citada documentación, contaban con la ayuda de López Viejo y de uno de sus colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás. El jefe de la trama, Francisco Correa, reconoció a su ex amigo José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y denunciante de los hechos que han dado lugar al caso Gürtel, que López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, según las grabaciones incorporadas al sumario.
La documentación que EL PAÍS adelantó acredita que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept al que hace un año tuvo acceso este periódico (ver infografía en esta misma página) revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre.
El montaje del acto, según la documentación, lo pidieron expresamente López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Rodríguez Pendás. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que solo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".
El citado escrito detalla cómo los contratos eran encargados por López Viejo y sus colaboradores saltándose todas las normas de contratación. Todo se resolvía mediante conversaciones privadas o correos electrónicos, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación. Easy Concept, la empresa que más actos ha organizado para Esperanza Aguirre, se ocultaba a veces a través de la sociedad MQM y otras veces a través de otras empresas que también investiga la policía.
El material para el acto de los príncipes de Asturias con la presidenta de la Comunidad de Madrid les costó 39.143 euros, pero facturaron al Gobierno regional madrileño 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad de Madrid. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.
La trama del caso Gürtel afecta a casi una veintena de altos cargos de los Gobiernos regionales de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Recientemente, el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia tras observar diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps.
Pedreira, asumiendo la tesis de Anticorrupción, estimó que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos de financiación ilegal del PP y de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración regional. El PP tiene recurrida esta resolución.
* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Madrid, caso Gurtel - telecinco.es
Expertos piden proteger el patrimonio de la Alpujarra
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IDEAL/Granada* : Proteger, valorar y cuidar el paisaje y el patrimonio artístico, cultural y arquitectónico de la Alpujarra, ha sido el sentir general de las jornadas que han concentrado en la localidad de Pitres a expertos llamados por el Centro UNESCO Alpujarra Granadina, y la Asociación Abuxarra. El arquitecto, Juan Carlos García de los Reyes, uno de los doce conferenciantes que han intervenido en las jornadas, consideró que había que tomar como referencia en la Alpujarra la arquitectura y el urbanismo tradicional a la hora de proponer edificaciones.
García de los Reyes dijo que «los espacios agrícolas están en un proceso de abandono. Hay zonas con bastantes impactos. Una es La remodelada carretera Torvizcón-Cádiar-Ugíjar, que supone una herida tremenda en el paisaje. Y eso nos tiene que ayudar a pensar que las cosas se tienen que hacer de una manera más sensible», señaló.
El delegado de Cultura, Pedro Benzal, anunció que la Alpujarra contará con un elemento de gestión «para agilizar los trámites administrativos. Esta comarca dispondrá de una serie de técnicos para todos los temas que tengan que ver con Cultura. Por ejemplo, obras de restauración. Para que los proyectos tengan una repuesta inmediata», dijo.
El coordinador de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada, José Luis Rosúa, dijo estar preocupado «porque se están llevando a cabo líneas de actuación , que aunque permiten avances en el desarrollo, no contemplan iniciativas que pongan en valor la agricultura ecológica en la Alpujarra. Además no se entiende que se comercialice bajo etiquetas alpujarreñas cosas que no están producidas en la Alpujarra. De esta forma, se convierte la comarca en un intermediario, en una especie de zoco en el que todo vale» criticó el profesor Rosúa.
El presidente del Centro UNESCO de Andalucía, Miguel Carrascosa, dijo que las tierras de la Alpujarra se han abandonado. «Cuando yo era joven el 90% del censo laboral de la alta montaña se dedicaba a la agricultura. Ahora aquello ha quedado en la quinta esencia. Y eso ha influido también en los modos de vida. Se ha erosionado mucho el respeto a la naturaleza. La figura que presentaba la Alpujarra en mi infancia y juventud era la de una maceta de un verdor permanente. Yo creo que a través de estas jornadas se comiencen a corregir muchas cosas para que se recupere parte del paisaje de mi juventud. No al cien por cien porque los modos de vida son distintos», manifestó.
El diputado de Turismo, José López Gallardo, indicó que «en las últimas décadas los alpujarreños consideran más el respeto al medio ambiente y la actividad económica sostenible, y eso es bueno para todos», señaló.
El presidente del Club UNESCO Alpujarra-Granada, Ángel Bañuelos, informó que «la actual regresión demográfica de la Alpujarra, los cambios en los usos del suelo, el abandono de la agricultura tradicional y la presencia de nuevas actividades económicas, está generando una paulatina transformación del territorio que necesita de una profunda reflexión. Yo creo que es necesario ordenar, gestionar y conservar el paisaje de manera sostenible, porque solo así, podremos satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las venideras», decía el responsable de este club de la UNESCO.
* Ideal - 14.06.10
Foto: Un grupo de turistas visita el yacimiento de Galera.. :: IDEAL
Córdoba.- IU, PSOE y PP aupician la segunda 'amnistía' del urbanismo ilegal
ABC* : IU, PSOE y PP han vuelto a dejar claro en el Ayuntamiento que no les interesa combatir el urbanismo ilegal que ha campado y pervive en la ciudad desde hace mucho tiempo. Las tres formaciones, con distinto enfoque pero un mismo final, auspician lo que podría darse en llamar una segunda «amnistía» sobre irregularidades urbanísticas de calado como las 24 parcelaciones ilegales computadas en la Sierra y las naves de Colecor.
Ayer dejaron claro que van a apoyar el Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba que elude por completo medidas contundentes contra todos esos asentamientos y su impacto en una zona de alto valor ambiental y que cierran filas en torno a la última propuesta sobre el plan especial que da cobertura a las naves de Colecor con un derribo de unos 15.000 metros cuadrados de techo —dejando en pie un 60% de la construcción—, dando pie a una sensible rebaja de la multa de 24,6 millones de euros (hasta un 75%, según la ley) que aún peregrina por las instancias oficiales gracias a esta regularización urbanística.
Y todo ello pese a que en 2006 los populares, liderados por José Antonio Nieto, plantearon una comisión de investigación sobre ese mismo urbanismo que hoy «bendicen» con unos matices superfluos y hasta incluso llamativos, como el hecho de pedir daños y perjuicios para Rafael Gómez, el promotor de una de las irregularidades urbanísticas más clamorosas de los últimos tiempos.
El sacrificio de Hurtado
Y aun después de que el PSOE haya convertido el caso de los almacenes de venta al por mayor de la carretera de Palma del Río en su feroz oposición a Rosa Aguilar, llegando, incluso, a neutralizar su discurso de izquierdas provocando la fuga de 14.000 votos que le llevaron a la derrota en 2007 a la que hoy, curiosamente, es la consejera de Obras Públicas y tendrá que decidir sobre las naves que permitió levantar siendo alcaldesa. Ahora, el PSOE pide «pasar página» en un asunto que llevó a los tribunales y sacrificó el recorrido del otrora portavoz municipal socialista Antonio Hurtado.
En Izquierda Unida no resulta extraño, pues, que todas sus decisiones en los últimos tiempos han ido por esta dirección: no precintó las naves de Colecor; un juzgado le anuló el expediente sancionador y el plan especial Carretera de Palma del Río; agolpa expedientes urbanísticos sin resolución; ha visto dimitir a dos responsables de Inspección Urbanística; intentó justificar el «caso Torreblanca» de los agentes de la Línea Verde con chalés ilegales y evita soluciones de futuro para las parcelaciones afectadas por la riada del pasado febrero y que estaban fuera de toda normativa.
Echando la vista atrás, no resulta significativo este acercamiento de los tres partidos cada uno por su senda. En 2001, cuando se votó el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, tanto IU como PSOE, que cogobernaban por entonces, como el PP, dieron su visto bueno a un texto que regularizaba más de una veintena de parcelaciones ilegales en la Vega y Levante propiciando que se reclasificaran más de ocho millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable.
Elecciones a la vista
Una operación que años después se amplió con ocho asentamientos más y un millón de metros cuadrados que pasarían a ser urbanizables gracias a la modificación del Plan General para ensanchar el coladero. Mientras un cordobés pagaba a precio de oro un metro cuadrado urbanizable en las zonas de expansión de la ciudad, otro, a pocos metros, conseguía el mismo metro urbanizable a un coste irrisorio y con los mismos derechos frente a la Administración.
Resta menos de un año para las próximas elecciones municipales y el voto del parcelismo sigue muy presente en la mente de todos los partidos. Más agravado, incluso, por los efectos de la crisis. Ninguno quiere abrir batallas eternas que le detraigan opciones. IU y PP han ido más de la mano en esta línea frente a un PSOE que con este paso adelante —aunque ayer intentó desmarcarse Rafael Blanco de modo impostado— cercena su discurso del último lustro. En el caso de las naves de Colecor se imponen los hechos consumados al riguroso cumplimiento de la ley.
* ABC - 12.06.10
Foto: Panorámica de las naves de Colecor con las zonas residenciales de Poniente al fondo en una imgen tomada desde las primeras estribaciones de la Sierra de Córdoba - abc.es
Los 'Al Capone' de la Costa del Sol
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El capo caído de la mafia rusa Alexander Kalashov no se escondía de la policia. Hace una semana fue detenido en una céntrica calle de Marbella cuando circulaba con su vehiculo sin oponer resistencia. Al hombre que se le conoce en el argot policial, como “El Invisible” es hoy uno de los presos más protegidos en una cárcel española. Sus acusaciones pasan desde dirigir una poderosa organización mafiosa dedicada al blanqueo de dinero, al tráfico de armas, a la extorsión y al asesinato. Ha estado en la cárcel por robo, evasión de impuestos y tráfico de drogas. Sobre él mismo pesa el delito de haber participado en varios crímenes.
¿Qué pretendía hacer este criminal en Marbella? Eso es lo que ahora trata de dilucidar la Comisaría General de Policía Judicial quienes llevan el peso de la investigación. Kalashov estaba cómodamente instalado en España y nadie le molestaba, manejaba todo su emporio a través de un entramado de empresas ficticias desde una mansión en Marbella. La estrategia pasaba, por tener influencia cerca de algunos ayuntamientos de la Costa. Amaba el lujo, pero le gustaba la comida coreana. Usaba avión privado, tenía yates y una colección de coches de alta gama. El templo del hombre invisible era el reducto donde se cobijaba tras su última detención en mayo del 2007 a las afueras de un lujoso hotel en Jumeirah, una localidad costera situada a 35 kilómetros de Dubai.
Kalashov no sabía español pero en su paso por varias cárceles españolas, aprendió el castellano. Vivía rodeado de subordinados, y “al jefe “le gustaba sentirse protegido allá donde iba y en su vecindad, un pequeño San Petersburgo arropado con muros y cámaras de seguridad. La orden de detención cursada por el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se produce a raíz de la petición de extradición de las autoridades georgianas para que Kalashov cumpla una condena que tiene pendiente en Georgia.
En la particular liturgia de los capos de la mafia, una detención es un grado más en el escalafón. El apresamiento de Alexander Kalashov por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y del GRECO de la Costa del Sol en las calles de Marbella pasa por ser solo un episodio entre los vecinos de Marbella. Los habitantes de la Costa del Sol han aprendido a convivir con el concepto de la Mafia en sus calles: un tiroteo impune en el semáforo de una avenida, una bala perdida que mata a un niño en la puerta de una peluquería, un disparo a bocajarro en el pecho de un sicario, suicidios anónimos desde un balcón de un edificio. La mafia tiene nombre y apellido, son tahúres de una sociedad a la que ya se han habituado sus habitantes.
Historia del crimen organizado
La mayoría de los ciudadanos son conocedores de la presencia de organizaciones ligadas a la delincuencia internacional que data desde comienzos del siglo XX, con operaciones ligadas al contrabando a mayor o menor escala, o con el blanqueo de fondos de los diversos totalitarismos europeos. En los inicios de la etapa democrática, se disparó el consumo de estupefacientes, primero los derivados del cannabis. En su informe de 1979, la Fiscalía General del Estado detectó la presencia de bandas organizadas, en especial la mafia turca, en operaciones de narcotráfico desarticuladas en este mismo escenario, incluso en zonas tan “in” ahora como Sotogrande.
La progresiva liberalización de los mercados, provocó el auge de la economía sumergida que nutrió al hampa propio y extraño: la Mafia, la Ndranghetta, la Camorra y otros grupos ligados al delito en Italia, bandas belgas, británicas, portuguesas, francesas o alemanas que lo mismo se dedicaban al canje de drogas naturales o químicas que a la compraventa de vehículos robados, y la activa delincuencia organizada rusa encontraron en la Costa del Sol una plataforma ideal para el blanqueo de dinero, y como teatro de sus principales operaciones el paraíso fiscal de Gibraltar.
El mapa de los principales golpes al Crimen Organizado en la Costa del Sol parte de la Operación El Paredón, fechada en marzo de 2000 con el decomiso de 1.800 kilos de cocaína en Alhaurín de la Torre; o la Operación Tineo-Pitufo del año siguiente en Estepona, o la Operación Casino relativas ambas al robo de coches de lujo a escala internacional; o la detención de cuatro sicarios de la Camorra, en 2002, en Rincón de la Victoria, o la de Kalashov, el máximo responsable de las mafias rusas en la Costa, detenido en Marbella.
En el marco de la Operación Avispa caerían otros jefes de organizaciones de la antigua Unión Soviética, como las temibles Sonsevska, Ismailvska y Bratkskaya, con la intervención subsiguiente de un millar de cuentas bancarias, numerosas fincas en España y vehículos de alta gama. Baltasar Garzón asestó un nuevo golpe con la caída de Guennadi Petrov, el Al Capone ruso que dirigía sus negocios desde su mansión en la localidad mallorquina de Calviá, en una urbanización tan selecta que contaba con Pilar de Borbón como vecina. El mandamás de la mafia rusa se jactó al llegar a Palma de tener muy buenas relaciones con la autoridad local de San Petersburgo y, al mismo tiempo, trabó contactos con dos negociantes italianos acusados de mafiosos, Felice Cultrera y Gianni Menini. Entonces extendió su actividad a la Costa del Sol.
Las Mafias en los libros
Este fenómeno no ha pasado desapercibido entre escritores y políticos de la costa. Así Antonio Romero, dirigente de Izquierda Unida en Andalucía en su libro “Costa Nostra” detalla las tramas de corrupción con que se entrelaza el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, centrándose en la conocida geografía mediática de la Costa del Sol.
El fallecido Félix Bayón retrató en su novela casi póstuma, “De un mal golpe” la politización del crimen organizado, cuyo máximo exponente fue el gilismo. El periodista siempre mantuvo que Jesús Gil y sus comparsas no actuaron solos sino en compañía de otros: que ahora han visto sus caras en operaciones que la Justicia ha emprendido en su contra: Malaya, Hidalgo y Ballena Blanca. “Como socios de estas escandalosas tropelías, principalmente las urbanísticas, el que también fuera presidente del Club Atlético de Madrid, se rodeó de insignes miembros del Crimen Organizado –denuncian--, entre los que destacan algunos de los capos italianos del clan Santapaola, perteneciente a la mafia de Catania, el traficante de armas saudí, Adnan Kassogui e importantes lugartenientes de la mafia rusa”. En estos libros se presta especial atención a los históricos Felice Cultrera y Gianni Menino, este último fallecido, y el primero aun en activo en la vida social de Marbella, al estar casado con Ana Muñoz, la hermana de la actual alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz.
Hidalgo y Malaya
La Justicia esta siendo lenta a la hora de actuar pero empiezan a celebrarse las vistas contra los “monigotes de las mafias”. La Operación Malaya, tal y como se bautizó a una operación que, un año después, terminó por imputar a 117 personas –entre ellos cuatro alcaldes y decenas de concejales-- con un mínimo de 2.400 millones de euros blanqueados, supuso la intervención y posterior disolución del Ayuntamiento de Marbella, con la detención de la alcaldesa y varios concejales, además del asesor de urbanismo Juan Antonio Roca.
Será en el mes de septiembre todo un reto para el sistema judicial español para romper con el modelo del “ladrillazo”. El saqueo de las arcas municipales y el expolio del patrimonio público se desmenuzan en los 73 tomos de la instrucción. Muestran con minuciosidad los perversos mecanismos empleados por la organización criminal que gobernaba en el Ayuntamiento de Marbella y que según los expertos mantenían estrechos lazos con otros grupos delictivos que blanqueaban miles de millones de euros de oscura procedencia en el sector inmobiliario. Cobraban comisiones millonarias a cambio de recalificaciones, permisos o concesiones, y desviaban importantes sumas a paraísos fiscales.
Otra causa en estos momentos en punto muerto es la Operación Hidalgo que puso contra las cueras a tres notarios, dos de ellos ya imputados en la Operación Ballena blanca. Otras veinte personas fueron detenidas en una red que permitió el blanqueo de 92 millones de euros a través de 600 cuentas en 22 entidades bancarias distintas: “La Fiscalía ha constatado la participación de ocho organizaciones con conexiones internacionales, cuyos miembros se vinculan a delitos fiscales, tráfico de drogas, fraude y malversación. Entre los detenidos se contaban personas de nacionalidad sueca, paquistaní, jordana, alemana, holandesa y española”.
Muerto el gilismo, la Mafia sigue viva en Marbella. Jesús Gil tenía encima del sillón de su despacho un cuadro del Padrino con la imagen de Vito Corleone. Este, siempre solía decir que había pasado toda su vida luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos. Y tal como soñó, cuando llego el momento ha perpetuado el concepto de amistad y dinero... agua y aceite.
* El Confidencial - 14.05.10
Foto: Imagen de archivo de Kalashov (Efe)
«Nos ha cegado la avaricia de vender todo el suelo posible»
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LAVERDAD/Murcia/Entrevista* : Tiene que bregar con 270 kilómetros de costa en los que convergen un sinfín de intereses públicos y privados. Para separar (y conjugar) el lucro particular y el provecho colectivo, Francisca Baraza maneja la Ley de Costas de 1988 como un bisturí sin que el tiemble el pulso. Licenciada en Biología, ha desarrollado su carrera en la Administración regional, donde se ha convertido en una autoridad en la gestión de espacios naturales. Asumió en 2005 la Jefatura de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia de la mano de Narbona, la ministra que dio un impulso a la conservación del litoral pisando callos en muchas regiones.
Paca Baraza (Águilas, 1954) mantiene un rigor profesional reconocido por responsables del PP con los que ha trabajado. Denuncia sin aspavientos los negativos efectos del modelo urbanístico de estos años, y eso no le impide tender puentes con todas las administraciones con las que debe entenderse a diario. En la regeneración de Portmán y del Mar Menor se dan «pasitos» pero no llega la solución final. Como miembro de la ejecutiva del PSRM-PSOE destaca lo duro que es hacer oposición en una Región donde el PP lo acapara todo.
-Usted es de Águilas. ¿Tiene casa en la playa?
-Afortunadamente no. Siempre he estado en la vivienda de mis padres. No está lejos del puerto, pero no vivo en la influencia de la playa.
-¿A la Demarcación de Costas le crecen los enanos en verano? ¿Se mete en muchos charcos?
-Se va sobrellevando. Costas es un trabajo apasionante y complejo. No me meto en ningún charco, sino que me limito a hacer mi trabajo. El balance de estos cinco años es positivo. Me he enfrentado a muchos problemas, pero se van superando. Hay una ley clara, recursos para aplicarla y un buen equipo.
-¿Por qué la gente quiere vivir lo más cerca de la playa? En Europa hay una tendencia demográfica a ocupar la ribera del Mediterráneo.
-Siempre han sido áreas de más actividad económica a todos los niveles. Más del 40% de la población española vive en la franja próxima a la costa. Eso genera presiones de todo tipo que hay que equilibrar. Es lo que pretende la Ley de Costas, garantizando lo público para el disfrute de todos los ciudadanos.
-¿Hay playas privadas?
-Todas son de dominio público y deben tener libre acceso. Si ha habido intención o interés por privatizar playas, la ley es contundente y se ha evitado.
-¿Qué es más peligroso, un dominguero que llega a la playa con el coche, la sombrilla y la nevera, o el propietario de una vivienda al borde del agua?
-Lo más peligroso es lo que permanece, porque es más irreversible. El dominguero se va. El modelo urbanístico que se ha impuesto en todo el litoral, de ocupar el territorio permanentemente, tiene efectos negativos. No sólo para las playas. Cuando ves la cantidad de suelo ocupado de forma definitiva, para que sólo sea aprovechado dos meses al año, resulta anti económico. No es muy eficiente. Pero es el modelo que se eligió. Ahora estamos en una fase de repensar muchas cosas. En la Región de Murcia aún queda bastante territorio sin intervenir y hemos llegado a tiempo en muchos sitios para salvar ese patrimonio.
-Usted dijo que es una bendición que haya tantos acantilados. ¿De lo contrario no quedaría un palmo de zona virgen?
-A las pruebas me remito. Las zonas llanas están todas urbanizadas. Nos queda lo que ha sido patrimonio militar, que se ha preservado muy bien. Al igual que la zona acantilada, donde es más difícil el acceso y la ocupación y donde se acumulan valores naturales que se protegen. Casi el 40% del territorio de la Región está preservado por ese motivo, afortunadamente.
-¿Con Cristina Narbona llegó una política más dura, más talibán como señalan algunos, a la hora de aplicar la Ley de Costas?
-Talibán no. Cristina Narbona dio un impulso a la ley e hizo una política más activa. Posiblemente se venía de una época más aletargada en la que quizás no se aplicaba la ley con contundencia y en todos los frentes. Narbona intentó poner en primera página la gestión de la Costa. Fue importantísimo el impulso que se dio a los deslindes.
-Provocando muchas protestas.
-Había que hacerlo. Era necesario. El deslinde es un acto muy técnico. Eso hace que los particulares pierdan la mayoría de los contenciosos. En España, el 97% de los recursos los gana el Estado porque hay una buena fundamentación técnica.
-¿Se engaña a muchos propietarios que compran casas en la playa? ¿Se venden en folletos playas paradisíacas que luego no existen?
-Posiblemente sí se ha intentando utilizar esas artimañas. Me da la impresión de que muchos compran a sabiendas de lo que hacen, intentando buscar después una solución. Pero no tiene sentido comprar una vivienda afectada por el dominio público. O estar en una playa que no responde a las expectativas. Por eso es muy importante asesorarse y ver las cosas in situ. Es muy bonito vivir en primera línea de playa, pero eso tiene muchos condicionantes.
-¿Forma parte de una cultura querer vivir en primera línea de playa?
-Efectivamente. En España hemos sido muy aficionados a eso. A tener las ventanas abiertas; todo al exterior. Por eso, una de las cosas que hemos hecho ha sido trabajar con la Oficina del Catastro, para trasladarle los deslindes con la finalidad de que cualquier persona compruebe si una finca está afectada por el dominio público y no se lleve a engaño. Aquí somos pioneros en esa tarea.
-Preservar 100 metros en la franja costera supone llevarse por delante una cantidad apreciable de viviendas, con derribos...
- No todo lo que está dentro de los 100 metros se derriba. Hay cierta confusión en la gente. La Ley de Costas separa el dominio público marítimo terrestre del privado y, a partir de lo que se define como ribera del mar, establece una zona de servidumbre. Los 6 primeros metros son de tránsito. Es donde ponemos los mojones, para que quede libre y expedito y todo el mundo pueda circular. Después, hasta 100 metros, es donde pueden existir afecciones a la ley. Para eso hay una regulación. Hay viviendas permitidas que eran legales antes de 1988 y que no se van a demoler. Las únicas que se van a derribar son las que están dentro del dominio público por delante de los mojones, no por detrás. Entre los mojones y el mar. Después de 1988 no debe haberse construido nada. Hay viviendas, en la mayoría de los casos, que están dentro de dominio público y que tenían una concesión de 1920, por ejemplo. La autoridad marítima les dio una concesión por equis años. La Ley de Costas dice que todas esas concesiones antiguas prescriben en 2018. En ese año, esas viviendas dentro de dominio público prescribirán, y el uso residencial que tenían ya no podrá prorrogarse.
-¿Cuántos expedientes de demolición tiene encima de la mesa?
-Ahora, cuatro o cinco de caducidad de concesión. Por lo general, la mayoría no son viviendas. Son jardines, muros y pequeñas invasiones que hace la gente. Cuando se derriban viviendas es porque existen concesiones caducadas, como chiringuitos o restaurantes, como el de la isla Perdiguera. No todo se puede demoler o quitar. Hay que estudiar cada caso.
-¿El restaurante que había en El Mojón era un caso de libro?
-Era de libro. Era una concesión que había prescrito y llevaba 20 años de recursos y trámites jurídicos.
-¿Y los dos locales en la playa de Santiago de La Ribera?
-¿Las pescaderías? Su caducidad está en tramitación. Cuando se resuelva, habrá que demolerlas. La Región de Murcia no tiene muchos problemas de ocupación de ese tipo.
-Los chiringuitos también tienen su cultura. ¿Cómo afectará aquí la prohibición ministerial?
-Aquí se han sabido llevar muy bien. No va a afectar porque la mayoría de chiringuitos son de temporada. Hemos llegado a un acuerdo con los ocho ayuntamientos para regularizar el sector. Tenemos casi 200 instalaciones y la mitad son chiringuitos. Tienen su economía, su trabajo, su riqueza... Le viene muy bien al bañista tener un chiringuito cerca de la playa. Se levantan en octubre y hasta la siguiente temporada. Aquí no hay problemas.
-¿Se especula a toda costa? Usted declaró hace años que Valcárcel no se debía dejar llevar por los intereses de los especuladores. ¿Ha existido abuso?
-Me remito a lo que hay. Con la Ley del Suelo que aprobó Aznar se produjo un desarrollo urbanístico desmesurado. Ese modelo de crear resorts por todos sitios y fuera de los núcleos de población me parece anti todo. Insostenible total. Los ayuntamientos no pueden responder después a los servicios que demanda ese tipo de urbanizaciones. Cuando se ocupa el territorio de forma desmesurada no creo que se genere calidad de vida para nadie.
-¿En algunos sitios se ha dado el modelo de Marbella?
-En el litoral se ha tendido a eso. En algunos ámbitos de Cartagena, de Águilas y en la zona del Mar Menor, que casi hemos colmatado.
-Si se pudiera volver hacia atrás, ¿cómo estaría ahora La Manga aplicando la Ley de Costas?
-Pues sin ninguna vivienda, o con muy poquitas. Habría algo, pero no tanto como ahora. Todo el cordón dunar estaría protegido. Debo recordar que La Manga se urbanizó con todas las de la ley. La legislación anterior al 88 no contemplaba las dunas como dominio público y lo construido estaba amparado. Después de ese año se siguió construyendo, y ahí es cuando se podía haber gestionado de otra manera. Tendríamos que haber actuado con contundencia. Ahora sabemos más, como las connotaciones que puede traer el cambio climático.
-¿Cuál es la postura del Ministerio sobre Puerto Mayor, junto al Estacio? ¿Van a aceptar que se construya la dársena deportiva?
-El Ministerio recurrió porque consideró que ahí no debe estar ese puerto. Se opuso a la concesión porque cree que estaba caducada y no tenía sentido. Mantiene lo mismo. Supongo que si la Consejería cumple ahora el fallo del TSJ tendrá que reiniciar el procedimiento de oficio. Posiblemente, el Ministerio va a recurrir porque se pedía la nulidad de la concesión, y eso no lo ha admitido la Sala del TSJ.
-Los defensores de Puerto Mayor dicen que faltan puntos de amarre en el litoral. ¿Es cierto?
-Ha existido un 'boom' de barcos deportivos paralelo al urbanístico. Un disparate. Según la Consejería, hay un déficit de amarres. Nosotros hemos hecho un estudio sobre el problema del fondeo de barcos que no están amarrados y que compiten con los bañistas. En el Mar Menor invaden las zonas de baño. Hay casi mil barcos fondeados en la laguna, aparte de los que están en los puertos deportivos.
-¿Y la solución es...?
-Debe ser compartida con el Gobierno regional y los ayuntamientos. Hay tres salidas: buscar polígonos de fondeo, poner marinas de interior y regular. ¿Eso significa que se necesitan más puntos de amarre y más puertos? A lo mejor, lo que se necesita son más marinas secas, de interior. Los barcos, al fin y al cabo, necesitan zonas de aparcamiento porque se usan muy poquito a lo largo del año. No siempre un puerto tiene que estar en el mar. Ese modelo no prolifera mucho aquí. En otras provincias sí.
-¿Es para usted una frustración que el Mar Menor siga colmatado y amenazado por los fertilizantes agrícolas?
-Llevo 30 años en la Administración pública y he aprendido que los procesos son lentos. Pero se van dando pasitos y cumpliendo pequeñas metas. Esta laguna es única en el Mediterráneo y todas las administraciones se han interesado para resolver sus problemas. Creo que las tres administraciones vamos por el buen camino. Siempre soy optimista, por eso me mantengo en estos sitios. De lo contrario, no podría.
-Portmán también se eterniza. Desde que Carlos Collado cortó el chorro de los estériles mineros han pasado bastantes años y la recuperación de la bahía no llega.
-Se eterniza, efectivamente... El proyecto espera la declaración de impacto ambiental. Mientras tanto, se realiza un trabajo de investigación. Hay un impresionante laboratorio en vivo que despierta el interés internacional. Se investiga la metodología de trabajo en relación con el material contaminado, lo cual está dando pie a que se pueda usar en otros lugares.
-Los vecinos están cansados y quieren ver las obras. Son muchas promesas realizadas...
-Se está haciendo un trabajo previo importantísimo. Primero hay que estabilizar el sustrato con garantías de seguridad para la salud humana. No se puede decir que Portmán se ha archivado, en absoluto. Además, ahora existe una situación sobrevenida con el proyecto para colocar una inmensa dársena de contenedores en el Gorguel. Justo al lado. Las administraciones tendrán que decidir la compatibilidad de los usos. Hay que analizar si puede haber afecciones o no a la bahía y a la playa que se van a regenerar y las expectativas de desarrollo de la zona. Ha habido muchos cantos de sirena, pero ahora es el momento de la verdad.
-¿A priori, ve usted un puerto de contenedores junto a Portmán?
-No lo sé. En la vida todo se puede compatibilizar si se quiere. Hay cosas que no se reducen al dinero. A priori, no veo la conjunción de estas dos obras pegadas, pero habrá que demostrar con argumentos económicos y técnicos la viabilidad de ambos proyectos.
-¿Qué opina Costas sobre el proyecto de Marina de Cope que apadrina el Gobierno regional?
-Desde el punto de vista de Costas, no debe invadir los 100 metros. Se deben evitar las pantallas urbanísticas en los 500 metros, que también lo dice la ley, aunque no es muy contundente. Y poco más.
-¿Y a usted particularmente qué le parece el proyecto?
-Tengo mi corazoncito en Águilas y Marina de Cope me gusta como está. Aunque tampoco tiene que estar como está. Se podría hacer una actuación que revalorizara la zona y le diera calidad turística, pero no la que está planteada. Creo más en lo micro que en lo macro. En pequeñas cosas que revalorizan el paisaje y sirven más a la economía, y no en grandes cosas que a lo mejor matan la gallina de los huevos de oro.
-En Puntas de Calnegre hay vecinos levantados en armas porque no quieren ser desalojados.
-Nuestra posición se ciñe a un deslinde. El poblado tiene unas 46 viviendas dentro del domino público. La Audiencia nos dio la razón y ahora está recurrido en el Supremo. Mientras tanto, le hemos pedido al Ayuntamiento de Lorca que intente reubicar esas viviendas aprovechando que tiene un plan parcial colindante donde quiere ubicar 8.000 casas.
-¿Qué hay de cierto en las denuncias de que la Región de Murcia estaba en venta? El Gobierno regional dijo que otras regiones estaban peor y que aquí se conserva más.
-No sé si son ciertas o no. Es verdad que ha habido una desmesura a partir de 2001, cuando los ayuntamiento quisieron aprovechar ese 'boom' para llenar sus arcas. Ahora lo estamos padeciendo. Están en plena crisis y arruinados y no tienen ingresos porque todo se basó en la construcción y el desarrollo inmobiliario. Hemos perdido muchas oportunidades porque nos ha cegado la avaricia de vender todo lo que podíamos del suelo. El suelo es un patrimonio y un recurso irreversible. Hay que tratarlo con delicadeza. Las reglas del juego hay que tenerlas claras. Existe un interés general y otro particular. Para eso está la Administración pública, sobre todo para el urbanismo y la ordenación del suelo. Respetando la propiedad privada, por supuesto, no en todos los sitios se puede hacer cualquier cosa.
-El Ministerio ha comprado 300 hectáreas en la costa. ¿Ha sido un brindis al sol? La propiedad ha pasado de un ministerio a otro.
-No. Defensa suele desafectar su patrimonio y venderlo. Fue una manera de blindar unas zonas de alto valor. Entre los ministerios no se regalan las cosas. Fue una buena adquisición y el ciudadano lo nota.
-Usted pertenece a la ejecutiva regional del PSRM-PSOE. Haga un diagnóstico de su partido, que parece que no levanta cabeza.
-No es que no levante cabeza. Es que estar en la oposición es muy duro en esta Región. La política del PP es muy dura para un partido en la oposición. Estamos levantando cabeza poco a poco porque cuesta mucho esfuerzo superar eso. El ciudadano tiene que ver al PSRM-PSOE como una alternativa.
-Pero aún no lo percibe.
-Porque la política del PP hace que no lo perciba. Está siempre en primera línea. Es de un clientelismo y de un acapararlo todo absolutamente... El PP hace mucha propaganda y copa todos los ámbitos, por lo que el PSOE tiene más dificultades añadidas. Soy optimista y hay que seguir trabajando hasta que el ciudadano se dé cuenta de que el modelo del PP no es el que más interesa de cara al futuro. Nuestro partido denunció hace tiempo lo que pasa ahora con aquel modelo urbanístico desaforado. Cristicó la falta de perspectivas para los jóvenes y la escasa diversificación empresarial. Por eso se han perdido muchos trenes en estas Región. Posiblemente estamos pagando ese afán por el cortoplacismo que ha imperado en el Gobierno regional.
-¿No es también una cuestión de liderazgo, el de Pedro Saura?
-Pedro Saura es una esperanza importante que debe seguir consolidándose. Lo que cuenta de verdad es el equipo. Para mí, las encuestas sirven para tomar nota de por dónde va el sentir de la sociedad.
* La Verdad - 13.06.10
Foto: Mar Menor (Murcia), aérea excesos urbanísticos - skyscraperlife.com
Vigo.- Más de 2.000 viviendas en el limbo
FARODEVIGO* : El Plan Xeral de 1993 adolecía de graves problemas de seguridad jurídica y dejó una pesada losa: una marea de sentencias contra grandes urbanizaciones, algunas de ellas con orden de derribo. En otros casos fueron los promotores los que incumplieron la licencia y acabaron en los tribunales. Al escenario se sumó un tercer factor: detrás de muchos pleitos están los mismos demandantes, que ganaron los recursos ante la debilidad de aquel PXOM. Por ahora todas las viviendas siguen en pie, pero la piqueta acecha.
El Plan Xeral en vigor desde 2008 estaba en teoría llamado a subsanar los graves problemas judiciales de casi todas las grandes urbanizaciones de la ciudad sobre las que planean órdenes de derribo. La norma da acomodo a las características de muchas de ellas, con lo que los afectados aspiran a obtener licencias, argumentar su nueva situación ante los tribunales, y salvar así sus viviendas de la piqueta. Con ello pondrían fin a años de pleitos, recursos ante el TSXG y el Tribunal Supremo, y reiterados autos desestimatorios que confirmaban las condenas e instaban al derribo en casos como O Piricoto, Jacinto Benavente o uno de los edificios de apartoteles de Samil. Con la aprobación del planeamiento, los promotores y comunidades en esta tesitura se pusieron manos a la obra y presentaron sus proyectos de legalización en el Concello.
Más de 2.000 pisos se encuentran en el limbo legal, principalmente por las lagunas jurídicas del Plan Xeral de 1993, que propiciaron una cascada de demandas. Detrás de muchas de ellas están los mismos recurrentes, que ganaron los pleitos ante las deficiencias y la debilidad jurídica de aquel planeamiento. Casi dos años después de la aprobación del PXOM que lo sustituyó se ha demostrado que la regularización no es sencilla. Sólo Jacinto Benavente y uno de los 19 edificios de Rosalía de Castro en situación irregular han obtenido licencia de la Gerencia de Urbanismo. Aún así el problema no se ha zanjado y los inmuebles siguen en peligro. Falta que los jueces avalen su legalidad y aprueben la inejecución de las sentencias, lo que en la práctica remataría el proceso con final feliz para los propietarios. En el lado contrario de la balanza está Finca do Conde, donde el propio Concello ha frenado las aspiraciones de los promotores de regularizarse con el PXOM. El pleno acordó la suspensión de licencias en el ámbito y ha iniciado el proceso para modificarlo, ya que el gobierno local considera que, con sus actuales condiciones, la urbanización incumple la sentencia que la ilegalizó. Las obras cumplían la licencia, por lo que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores, si se llegase a ejecutar el derribo, con una cantidad estimada en 350 millones. Demoler llevaría a la bancarrota a las arcas municipales. También en O Piricoto se respetó el permiso.
Los demás afectados de Rosalía, los propietarios de las Torres Ifer de García Barbón, A Pastora y los apartoteles de Samil esperan el dictamen municipal. Y, con ello, vislumbrar la luz al final del túnel.
* El Faro de Vigo - 13.06.10
Foto: Vigo, edificio Piricoto ilegal a derribar - lavozdegalicia.es
«El desarrollo urbanístico de Castro me recuerda mucho al de Marbella»
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DIARIOMONTAÑÉS/Entrevista* : La II Bienal de Arquitectura de Castro ha cerrado su programación este fin de semana con la conferencia 'La ciudad del siglo XXI: estrategias para el cambio de modelo' a cargo del catedrático de la Escuela de Arquitectura de la ciudad de Barcelona, Joseph María Montaner. El arquitecto aportó una serie de claves sobre el futuro del urbanismo y la arquitectura de España.
-La Ley de Costas dice que hay que tirar el Hotel Miramar y el pabellón Peru Zaballa, dos edificios emblemáticos del municipio, por estar en terreno marítimo terrestre, ¿qué le parece?...
-La Ley de Costas en sí es muy flexible porque las distancias que marca varían mucho en función de si se trata de una zona urbana o de un parque... y hay muchas decepciones. Por ejemplo, en Barcelona se ha construido un hotel de superlujo, proyectado por Ricardo Bofill, que se salta la Ley de Costas. Esta ley tiene muchos pliegues, muchas excepciones y es relativamente fácil encontrar excepciones. Es absurdo derribar el Hotel Miramar. Lo que habría que hacer es buscarle un uso público, que el beneficio repercutiese en los ciudadanos y no en el sector privado.
-Algunos han llegado a comparar el desarrollo urbanístico de Castro con el de Marbella. ¿Está usted de acuerdo?
-Sí. Cuando he llegado a la ciudad me ha recordado a un viaje que realicé hace un mes por la costa mediterránea y Marbella, y sí que se parece en estas urbanizaciones extensas, donde todas las viviendas iguales y se repiten casi sin infraestructuras, y sobre todo sin haber dotado las zona de transporte, de equipamientos... No obstante, es difícil llegar a los niveles de urbanización de la costa mediterránea.
-¿La falta de servicios es entonces el caballo de batalla de Castro?
- Sí. Es el problema del modelo urbano tan especulativo. Ese urbanismo que no tiene calidad y ha entendido la vivienda como un valor de cambio, un negocio. Se ha construido primero sin equipamientos, sin comercios, y si los hay son grandes cadenas. Es clave que pueda haber pequeños comercios adecuados a cada ciudad. En Castro el comercio pequeño está ubicado en el caso urbano y los pequeños barrios debería estar dotados de este tipo de negocios. En síntesis, se tiene que construir menos, rehabilitar más y uno de los retos que va a tener nuestro país es como hacer ciudad todo esto que ha crecido desmesuradamente. El esfuerzo de las próximas décadas va a ser cómo hacer que se viva dignamente en esto que se ha construido de una manera tan irresponsable.
-¿Cree que está justificada la investigación judicial que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Castro, sobre todo, por temas relacionados con el urbanismo?
-Es muy difícil opinar sobre este asunto porque no lo conozco, pero, en lineas generales, estas investigaciones pueden ser una consecuencia de esa burbuja inmobiliaria y de este movimiento de millones de euros que, inmediatamente, ha generado comisionistas y estos porcentajes que se han pagado por obras, para tener permisos...
* El Diario Montañés - 13.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
Marbella.- El juez levanta el secreto de sumario del caso en el que está imputado Sean Connery
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SUR/Málaga* : La investigación sigue en curso, pero las partes ya pueden acceder a la parte del sumario que permanecía bajo secreto. El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha acordado dejar sin efecto esta medida en el caso sobre presuntas irregularidades en el convenio de la finca Malibú, en el que se encuentran imputados el actor Sean Connery y su mujer, entre otros. En la causa se investiga un supuesto perjuicio de más de 2,7 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella por las operaciones urbanísticas que desembocaron en la construcción de las más de 70 viviendas que componen el complejo inmobiliario Malibú.
Connery, de 79 años, residió durante décadas en los terrenos al pie del mar donde hoy se levanta el conjunto residencial.
La imputación del intérprete escocés en el caso, iniciado en 2006, tuvo lugar el pasado mayo, poco antes de que la Policía desarrollara la operación 'Goldfinger' -en alusión a una de las películas en la que Connery interpretó al espía británico James Bond-, en la que se registraron los despachos en Marbella y Madrid del bufete de abogados Díaz-Bastién y Truán, en su día responsables legales del actor. Varios de los integrantes del despacho también fueron imputados en esta causa, que suma ya una veintena de encausados. Entre ellos, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor Juan Antonio Roca.
En el auto en el que levanta el secreto del sumario, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado defiende la pulcritud de los registros practicados en las sedes jurídicas. En este sentido, el instructor recuerda que uno de los propios abogados imputado en el caso «manifestó públicamente» en relación con uno de estos registros que había sido «ejemplar y exquisito».
El magistrado señala en su resolución judicial que de la documentación intervenida en el bufete de letrados -en soporte físico e informático, incluidos correos electrónicos- ha sido incorporada a la causa sólo aquella que guarda relación con los hechos investigados.
* SUR - 10.06.10
Foto: El complejo Malibú está compuesto por 72 viviendas - JOSELE-LANZA, diariosur.es
El juez actúa contra 14 políticos y técnicos por prevaricación en el 'caso Navas del Marqués'
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ELPAÍS* : El juez de Ávila que investiga los planes para construir una urbanización con 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) ha concluido buena parte de la instrucción y ha actuado contra 14 políticos y técnicos por prevaricación. El juez considera que en la tramitación la urbanización -que ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y por el Supremo- hay indicios de delito en el ex presidente de la diputación, Félix San Segundo, y el alcalde de la ciudad, Gerardo Pérez, todos del PP, en el promotor de la urbanización, Francisco Gómez alias El Paloma, entre otros.
El caso quedó separado en cuatro piezas y el juez ha concluido la instrucción de dos de ellas. En Valladolid se tramita una tercera que afecta a cargos autónomicos. El juez ha pedido al fiscal que acuse para sentarlos en el banquillo.
El juez recoge todo el trámite de aprobación de la urbanización, desde que la comisión territorial de urbanismo dio su visto bueno en 1999 pese a que "la ponencia propuso que se informara desfavorablemente" ya que "no se justificaba la necesidad de dicha reclasificación dado el elevado valor forestal y pasajístico del terreno". Todos los terrenos en los que iban las casas están en un pinar maduro protegido como lugar de importancia para la cigüeña negra desde 1995. "Hay que destacar que no existe ningún informe del Servicio de Medio Ambiente" en el expediente, apunta el auto judicial.
Al aprobar la urbanización, la comisión de urbanismo obligó a la empresa a reforestar 200 hectáreas pero la ponencia de impacto ambiental afirmó en 2002 que no podía pronunciarse sobre la medida. El plan salió adelante definitivamente el 30 de abril de 2003 bajo la presidencia de San Segundo pese a que el 3 de enero de ese año un informe interno advirtió de que no se podía recalificar y de que era necesario una evaluación de impacto ambiental. Por esta pieza el juez actúa contra San Segundo y otras 11 técnicos que participaron en la comisión de urbanismo.
En otra pieza, el juzgado investigó las relaciones entre la empresa pública Montes de las Navas -del Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambos del PP, y la constructora Residencial Aguas nuevas, de El Paloma. Antes de que el terreno saliera a concurso ya habían firmado un acuerdo sobre los terrenos. El juez afirma que el alcalde, Gerardo Pérez, y el secretario municipal, Carlos de la Vega, llevaron a cabo unos contratos con la promotora "en los que se obviaron exigencias legales [...] para acceder a las exigencias del promotor de la Ciudad del Golf [...], las cuales no habrían podido ser satisfechas sin vulnerar la ley.
Así, en 2001, la empresa de El Paloma y la empresa pública propiedad del monte ya acordaron su intención de llevar a cabo la compraventa del terreno. El acuerdo compromete a las administraciones para que el proyecto salga adelante. Es decir, antes de la tramitación ambienta, representantes del Ayuntamiento firmaron que se comprometían a aprobar el proyecto, como así ocurrió pese a las trabas de los técnicos ambientales. El juez da el paso para procesar a los tres. Cuando el tererno salió a concurso El Paloma fue el único que acudió y se llevó el terreno al precio de salida
Cuando en 2006 el TribunalSuperior vetó al obra El Paloma inició la tala del pinar y se llevó 2.243 de los 63.000 que inicialmente tenía permiso para arrancar.
Carlos Bravo, de la Asociación Ecologista Centaurea de Ávila, se felicitó por las resoluciones judiciales: "La instrucción se ha retrasado mucho por los sucesivos recursos. Pero que el juez mande a los responsables al banquillo tiene mucho sentido después de la sentencia del Supremo que falló que era ilegal".
* ELPAIS.com - 11.06.10
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf - J.Martin ( EFE )
Blog "UrbanismoPatasArriba"
El Jueves pasado salió una reseña de este Blog en el diario El País. Desde aquí agradecer a los autores del suplemento CyberPaís por su apoyo y confianza en el Blog "UrbanismoPatasArriba", que en estos casi cuatro años ha tratado de seguir una línea de rigurosidad e independencia en el proceloso campo del Urbanismo en España.
Y agradecer también a los distintos medios de comunicación que no han puesto ninguna pega y han dado su permiso para publicar las noticias relacionadas con los temas básicos del Blog: los problemas del acceso a una vivienda digna y la escandalosa especulación (corrupción) urbanística en todo el territorio nacional (y parte del extranjero) :)
Igualmente, agradecer a todos los visitantes del Blog en estos años y, sobre todo, a aquellos que han contribuido por medio de comentarios o e-mails a mejorar la información aquí publicada :)
Actualmente andamos por unas 400 visitas diarias de media (a pesar de la bajada lógica en los fines de semana) y eso para mí significa mucho, de verdad.
Como sabéis "UrbanismoPatasArriba" es, en este momento, dirigido y llevado por mí únicamente, lo cual implica un enorme esfuerzo totalmente altruísta por mi parte y que se corresponde con mi interés personal por la mejora del Urbanismo en general. En España principalmente, pero fuera también.
Me imagino que, a estas alturas, ya sabéis que la información básica de la autoría del Blog se encuentra al principio (arriba) del menú lateral (en verde, donde pone UrbanismoPatasArriba?), allí está también el e-mail principal del Blog, donde podéis enviar vuestras opiniones y sugerencias para la mejora del mismo, que también es vuestro de alguna manera.
También en el menú lateral se encuentra el buscador interno del Blog, donde encontraréis las noticias publicadas ordenadamente sobre vuestro pueblo, ciudad, gente, etc.
Muchas gracias a todos... y aquí seguiremos con ilusión "mientras el cuerpo aguante" :)
Un saludo...
Carlos de Rueda, arquitecto
Palencia.- El TSJ estima que las parcelas del Sector 8 vendidas ilegalmente no pueden recuperarse
NORTECASTILLA* : Deshojó la margarita el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la razón cayó del lado del Ayuntamiento de Palencia, que siempre ha insistido en la imposibilidad legal y material de ejecutar las sentencias por la venta de parcelas municipales en el Sector 8. Sin embargo, aunque el Alto Tribunal de la región ha dado de nuevo la razón al Consistorio (en esta ocasión hace referencia al suelo de la calle Lola de la Fuente, en el que se han construido 66 viviendas), esto no implica que salga indemne del litigio, puesto que esta nueva sentencia no otorga validez a la actuación del Ayuntamiento, sino que corrobora el fallo judicial que anula la venta de los solares municipales por no haberse destinado a la construcción de pisos de protección oficial, sino a casas de precio libre de mercado.
Pero esta nueva resolución del TSJ establece una fórmula alternativa para el cumplimiento de la sentencia, puesto que inicialmente se ordenaba la recuperación de las parcelas libres de cargas y la transformación de las viviendas allí construidas en pisos de protección oficial. El Ayuntamiento de Palencia estimaba que esta petición no se ajustaba a derecho, puesto que en los solares ya se habían construido viviendas que se habían vendido a terceros, por lo que abogaba por buscar una solución alternativa.
Por su parte, el ex concejal de IU Mariano San Martín, que denunció la ilegalidad de la venta de los terrenos, defendía la ejecución de la sentencia en su estricto planteamiento inicial, y pedía al Ayuntamiento que recuperase las parcelas y transformase los pisos en viviendas de protección oficial, aunque para ello, tuviera que indemnizarse a las constructoras que compraron los solares y a los propietarios de las viviendas, que tendría que dejar sus casas.
El actual magistrado titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, Victoriano Lucio Revilla, ha defendido también la ejecución inmediata de la sentencia en sus estrictos términos, con la anulación de los contratos de compraventa, la reversión al patrimonio municipal de los solares y la transformación de las casas a viviendas de protección oficial, aunque fuera necesario el derribo. Por ello, dictó un auto el pasado mes de enero que obligaba al Ayuntamiento a iniciar estos trámites, con la advertencia de que si no lo hacía de inmediato procedería a imponer multas coercitivas, lo que ya ha hecho en dos ocasiones, por lo que el Consistorio ya ha dado varios pasos administrativos para recuperar las parcelas.
Sin embargo, todo este movimiento burocrático debe pararse ahora, puesto que el TSJ acaba de dictar una nueva sentencia en la que sostiene que la recuperación de las parcelas en estos momentos no puede ejecutarse sin vulnerar los derechos de terceros, por lo que el Alto Tribunal de la región asume la tesis del Ayuntamiento de buscar una fórmula alternativa de ejecución de sentencia, que pasa por la compra de nuevos solares similares a los que fueron vendidos, en los que se deben construir las mismas viviendas que se levantaron de forma ilegal en las parcelas de la calle Lola de la Fuente. Se trata de 66 viviendas, y el TSJ sostiene que el Ayuntamiento debe destinar a la compra del nuevo suelo el dinero que obtuvo por la venta de los solares del Sector 8. El TSJ revoca el fallo del Juzgado Contencioso de Palencia dictado el 28 de enero del 2010 y declara la imposibilidad legal de ejecución en sus propios términos de la sentencia del 4 de junio del 2008, que luego fue ratificada por el propio TSJ el 5 de junio del 2009, «estableciendo como medida sustitutoria que el mencionado Ayuntamiento, con los fondos obtenidos por las adjudicaciones litigiosas, deberá disponer de solares en condiciones similares a los que fueron objeto de tales adjudicaciones con la finalidad de construir sobre ellos viviendas con algún tipo de protección oficial», se recoge literalmente en la sentencia.
El TSJ recuerda que una vez vendidas las parcelas, se concedió licencia de obras y de primera ocupación para los edificios, «circunstancias que como ya apuntó esta sala determinan la imposibilidad legal de ejecutar en sus propios términos la sentencia, máxime cuando de los informes técnicos acompañados por el Ayuntamiento de Palencia con su solicitud, resulta que las viviendas controvertidas no pueden destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial».
Asimismo, el TSJ recuerda que la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León establece que únicamente pueden integrar el patrimonio público del suelo los terrenos de naturaleza patrimonial que sean clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable de uso residencial, categoría que no tienen las parcelas del Sector 8, en las que ya se ha construido.
Esta nueva sentencia del TSJ es similar a otra dictada hace poco más de un mes, en la que el Alto Tribunal declaraba igualmente la imposibilidad material y legal de ejecutar en sus propios términos otra sentencia referida a una venta ilegal de suelo también en el Sector 8, en este caso, para la construcción de 59 viviendas en la calle Marcos de Celis.
El Ayuntamiento de Palencia ha tenido que pedir un préstamo para poder conseguir fondos (casi cuatro millones de euros) con los que comprar los terrenos necesarios para compensar la construcción ilegal de las viviendas de la calle Marcos de Celis. Ante esta nueva sentencia, el Consistorio se ve obligado a buscar financiación con la que sufragar la adquisición de otras dos parcelas, cuyo precio también se sitúa en torno a los cuatro millones de euros.
Estas actuaciones deben efectuarse con premura, puesto que el magistrado titular del Juzgado Contencioso número 1 de Palencia se muestra dispuesto a imponer multas coercitivas a los integrantes del Ayuntamiento si aprecia intención de dilatar el cumplimiento de los fallos judiciales.
* El Norte de Castilla - 12.06.10
Foto: Viviendas de la calle Lola de la Fuente, que no tendrán que ser recuperadas por el Ayuntamiento ni se transformarán en pisos de protección oficial - nortecastilla.es
Estepona Golf: hoyos de ambición
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INFORMACIÓN/Málaga* : Tres años más tarde y ante el notario en el que se había escriturado dicha finca, la sociedad procedía a crear como fincas diferenciadas las que iban a ser objeto de un Plan Parcial en cinco segregaciones, correspondiendo la quinta al campo de golf definido en dicha escritura como "parcela de terreno de naturaleza rústica destinados a campo de golf en el término municipal de Estepona" con una superficie de 462.313 metros cuadrados, de los que 378.684 metros estaban situados en el término municipal de Estepona.
Éste era el punto de partida de una historia, considerada por algunos como un pelotazo urbanístico más de está década, que terminaba en los juzgados después de que algunos vecinos de dos comunidades de Estepona Golf decidieran poner un punto y final a una carrera por conseguir edificabilidades imposibles a costa de cualquier cosa y que ha salpicado a lo largo de todos estos años a los Gobiernos dirigidos por Rosa Díaz, Antonio Barrientos e, incluso, David Valadez, ya que en cada uno de estos mandatos se han llevado a cabo negociaciones que, a la postre, terminaron beneficiando a los grandes en detrimento de los más pequeños.
El punto de partida
En 1988 se realiza un Plan Parcial que permitió que parte de los terrenos de esta "pastilla" urbanística se reconvirtieran de rústicos a urbanizables. La superficie total que ordenaba dicho plan ascendía a 328.800 metros cuadrados. Este sector servía de "negativo" al futuro campo de golf que se pretendía construir. El sistema de actuación aplicable fue el de compensación, aprobándose por el Ayuntamiento de Estepona los estatutos y las bases de una Junta de Compensación.
Según los datos a los que ha tenido acceso esta redacción, en dicho Plan Parcial se fijaban varias etapas, siendo la primera la que contemplaba la ejecución de infraestructuras, los viales y la parcela R-4 que queda ejecutado, con sus correspondientes licencias, tanto de obra como de primera ocupación, entre 1988 y 1989. Así, dicho sector quedaba materializado en el Conjunto Residencial Los Pintores y Las Villas. Cabe destacar que tras este desarrollo urbanístico el suelo cambió de calificación conforme al Plan General de entonces.
La aprobación del PGOU del 94
En 1994, con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Estepona, éste incluía los suelos desarrollados por el Plan Parcial, en un sector que pasaría a denominarse "SUP TO2 Estepona Golf" con una superficie total de 579.760 metros cuadrados a desarrollar bajo el sistema de compensación y con una edificabilidad de más de 86.000 metros de techo. Entre las condiciones de ejecución más importantes estaba el cumplimiento de cesiones de aprovechamiento del "transitorio". En pocas palabras, el PGOU incorporaba la unidad desarrollada inicialmente al campo de golf, creando una única unidad.
Cuando esto sucede se mantiene la edificabilidad originaria, aunque hay que tener en cuenta que hasta entonces la sección del campo de golf tenía una edificabilidad cero. Eso provocó que la propiedad considerara injusta la carga a soportar por el campo de golf cuando éste no tenía edificabilidad alguna. Era una zona urbanizable, pero sin edificabilidad.
Para solucionar esta circunstancia, según se argumenta en la demanda presentada en el Juzgado de lo Social Número 6 de Málaga por algunos propietarios de viviendas de los suelos desarrollados en el 88, se realizó una modificación de elementos que atribuía al propietario del campo de golf, la sociedad Arrohead de Estepona S.A. una edificabilidad de más de 20.000 metros cuadrados de techo lo que, según la defensa de los demandantes y teniendo en cuenta que el terreno tenía un uso deportivo y no residencial, esta medida "no respondía a un interés público, sino al particular del dueño del suelo". Según el Ayuntamiento, con esta medida se trataba de paliar el problema que se derivaba de la creación de un sector en los que se mezclaban los suelos urbano y el campo de golf, sin perjudicar a los pequeños propietarios cuya situación en aquel entonces se encontraba consolidada, ya que el dueño del campo de golf asumía los costes de infraestructuras a cambio de esa edificabilidad que obtenía. En el texto de la modificación se decía que a estos propietarios se les mantenía su aprovechamiento, mientras se generaban nuevos aprovechamientos a favor de la sociedad titular del campo de golf, así como que con la plusvalía que se generase se sufragarían las infraestructuras. Sin embargo, lejos de que esto se cumpliera y, según la demanda interpuesta, “el titular del campo de golf, vía Proyecto de Reparcelación, inventaba una fórmula para que estos propietarios acabaran debiéndole dinero a la sociedad, motivo de la demanda en la que se solicita la nulidad de tal extremo. Cabe destacar en este punto, que la cantidad media que se le viene reclamando a los propietarios consolidados desde 1988 asciende a 30.000 euros de media, en concepto de costes de urbanización de la nueva infraestructura resultante tras el proyecto de urbanización de la parcela a la que se dotaba de edificabilidad, antes mencionado.
El proyecto de reparcelación
El proyecto de reparcelación se realizaba en 2005, ya en la etapa de Antonio Barrientos. Este proyecto lo que vino a significar, en simples palabras, fue una solución para la falta de edificabilidad existente en la pieza del campo de golf, ya que lo que se hizo en ese expediente fue repartir la edificabilidad estipulada hasta entonces entre todos, de forma que las viviendas consolidadas en 1988 pasaban a tener una edificabilidad inferior a la construida en origen, generando pues un defecto de aprovechamiento para el titular del campo de golf.
Este proyecto se aprueba definitivamente el 30 de junio de 2006 por el pleno de la Corporación de Estepona.
Según ha podido conocer esta redacción, el punto en el que se encuentra en estos momentos este asunto es que la propiedad, según nuestras fuentes, habría pretendido negociar con la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, en manos en este momento del alcalde de la localidad, David Valadez, con el fin de condonar ese defecto de aprovechamientos por un aumento de edificabilidad en lo que hoy continúa siendo campo de golf. De ser cierto este extremo, la propiedad estaría negociando el resultado de su jugada urbanística del pasado con el fin de obtener el pasaje para seguir construyendo en el terreno que, de no ser por los expedientes antes explicados, siempre habría estado destinado a lo que un día fue escriturado: un campo de golf.
Los propietarios estarían tratando de materializar su defecto de aprovechamiento obteniendo altura o consolidación de solares.
La lucha judicial
En 2002 se recurren por primera vez los expedientes administrativos a medida que se iban conociendo y aprobando. Cuando se comprueba que no había nada que hacer por esa vía y tras la aprobación definitiva de la Reparcelación en 2006, se interpone la correspondiente demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 6 de Málaga, solicitando la nulidad y la anulación del Proyecto de Reparcelación de Estepona Golf “SUP-T02” al entender que incumple las determinaciones establecidas en el PGOU de Estepona de 1994. Asimismo, en la demanda se solicita la nulidad de la modificación puntual de elementos, antes explicada, así como la investigación de posibles convenios urbanísticos celebrados con el Ayuntamiento de Estepona sobre la unidad de ejecución Estepona Golf “SUP-T02”.
Mientras se celebra el juicio, esta redacción ha tenido conocimiento que en los últimos tiempos la Junta de Compensación, que está presidida de una empresa que compró un paquete de suelo, presentaba en el juzgado que instruye el caso, un incidente de nulidad en el que se alegaba el desconocimiento del contencioso.
En estos momentos, dicho contencioso se encuentra en período de proposición de pruebas, mientras el 3 de marzo de 2010 se interponía un recurso después de que el Ayuntamiento de Estepona contestara al juzgado que se había aprobado un expediente de reparcelación último que nunca fue publicado, según aseguraron fuentes cercanas a la defensa del caso.
¿Qué gana el Ayuntamiento?
Teniendo en cuenta todas y cada unas de las afirmaciones contempladas en la línea de la defensa de los propietarios afectados, se plantea una pregunta en la mente de todos, ¿qué ganaba el Ayuntamiento de Estepona en el caso de que fuera cierto que todos los expedientes aprobados beneficiaban al propietario de los terrenos en detrimento de lospequeños propietarios de los suelos consolidados en 1988?
Pues bien, lejos de elucubrar y de pensar en suposiciones difíciles de demostrar, los hechos feacientes son que la propiedad de los suelos desarrollados tenían que ceder al Ayuntamiento de Estepona el 10% de aprovechamientos, así como unas parcelas con una edificabilidad de más de 12.000 metros de techo. Según aseguraron fuentes consultadas por esta redacción, cuando se realizó el Plan Parcial se pagó parte de los estipulado en metálico a las arcas municipales, mientras quedó pendiente una cantidad por cobrar y que aún no se ha cobrado. Según dichas fuentes, ese pago pendiente correspondería aún a 2.000 metros de techo, que traducidos en dinero suponen una cantidad importante digna de tener en cuenta y que se desconoce por qué a día de hoy aún no se ha reclamado.
* Andalucía Información - 12.06.10
Foto: La urbanización que se aprecia en esta fotografía fue construida tras el Plan Parcial de 1988 - Estepona Información
El juez evita el derribo de una casa ilegal por el caos urbanístico de Vigo
ATLÁNTICO* : El urbanismo vigués fue ayer ‘sentenciado’ a raíz de un pleito por la vía penal en el que una familia compuesta por tres personas se enfrentaba al derribo de su vivienda, por ilegal, acusados de un delito contra la ordenación del territorio, por lo que el fiscal pedía dos años de cárcel para cada uno, una multa de más de 10.000 euros. La decisión judicial resultó sorprendente: el titular de Penal 1 absolvió a la suegra, Margarita, en tanto que al matrimonio impuso seis meses de prisión y una multa de 12 meses a seis euros al día a cada uno, rebajando de forma sensible las peticiones del Ministerio Público.
Con todo, lo más llamativo es que no ordena la demolición de la casa, situada en Redondos, en la parroquia de Comesaña, y justifica esta decisión en el informe pericial, donde se señala que se trata de una cabaña de madera que se levanta en un núcleo ya totalmente urbano y consolidado, rodeada de otras edificaciones, como consecuencia de lo que el magistrado califica, siguiendo a los peritos, de ‘confusión en los distintos planes de urbanismo’ que se han ido aplicando. La casa no queda legalizada, ya que el Juzgado Penal carece de esas atribuciones, por lo que aunque no será derribada, tampoco es legal. A partir de ahora, la decisión estará en manos del Concello, que tendría que iniciar un expediente administrativo para echar abajo la construcción. El urbanismo vigués se queda una vez más ‘tocado’ tras el fallo. Los hechos se remontan a 2007 cuando la pareja, tras haberse mudado a la casa de su suegra por pro blemas económicos, reciben una finca familiar como ayuda. Tras adquirir una casa prefabricada por 80.000 euros la colocaron en la finca y el matrimonio con su hija de se trasladó a vivir hasta que llegó una denuncia vecinal.
* Diario Atlántico - 12.06.10
Foto: La casa que, al menos de momento, ya no habrá que demoler con Cristina - atlantico.net
"El peor enemigo de una bodega en plena ciudad es el urbanismo"
DIARIODEJEREZ* : El presidente de la Asociación Española de Ciudades del Vino, José Fernando Sánchez Bódalo, considera que Acevin está viviendo los mejores años desde que fuera creada allá por 1994. No en vano, ya suma 83 socios y ninguno de los grandes iconos del vino español falta en sus filas, algo que hasta hace muy poco no se podía decir. Ayer, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Logroño fue aceptado como socio. Se trataba de un paso adelante más de una asociación que pretende promocionar la cultura de los vinos de España por todo el mundo.
En la actualidad, según explicó a este medio el presidente de Acevin, la comercialización de las Rutas del Vino ha permitido que el número de clientes se incrementara en 2009 en un 19% respecto a la cifra de personas que utilizaron sus servicios el año anterior. "Es especialmente importante destacar que estamos hablando nada más y nada menos que de 1,5 millones de visitantes".
Para Sánchez Bódalo, "Jerez lo tiene todo a favor para ser un gran producto turístico". Según el presidente de las Ciudades del Vino, "hay que diferenciar entre el turismo del vino y el turismo en general, vertientes ambas en las que esta ciudad tiene gran potencial. El Ayuntamiento -añadió- está trabajando a este respecto para sacarle el máximo rendimiento. El objetivo principal es que el visitante sea menos visitante a cada año que pase y se convierta gradualmente en más turista".
Al contrario que en otras denominaciones de origen, en Jerez el lugar donde se cultivan las vides se ubica a kilómetros del lugar donde se criará el vino. El hecho de que viña y bodega no estén juntas no es problema para Sánchez Bódalo, quien sí ve mayores inconvenientes en el hecho de que la bodega, al estar ubicada en el casco urbano, "se convierta en objeto de deseo urbanístico, con el consiguiente riesgo de que puedan llegar a perderse importantes enclaves culturales relacionados con el vino". De hecho, en Jerez ya se podría proponer una ordenanza local que prohíba cualquier tipo de demolición de bodega al erigirse ya en una especie en extinción.
Con apenas 600.000 euros de presupuesto (una cantidad nimia si se tiene en cuenta que ya son 83 asociados) Acevin ha conseguido logros tales "como aparecer en los Presupuestos Generales del Estado con subvenciones nominativas como las que puedan recibir los sindicatos o Asaja" y participar en las más importantes ferias del mundo. "Por ahora -dijo Bódalo- la promoción en las TV's nos queda un poco lejos". Todo se andará.
* Diario de Jerez - 12.06.10
Foto: Hotel edificado sobre la antigua Bodega de Williams&Humbert, en pleno centro de Jerez - viajerosdelvino.com
Bilbao.- Urbanismo autoriza construir 29 pisos en los antiguos cines Mikeldi
ELCORREO* : El Ayuntamiento de Bilbao dio ayer un gran impulso a uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de la ciudad al autorizar la reconversión de los antiguos cines Mikeldi y permitir la construcción de una treintena de viviendas en el solar resultante. Emplazado en una de las manzanas más cotizadas del centro de la villa, la constructora Promotora Vizcaína pagó hace tres años 7,2 millones de euros al empresario cinematográfico alavés Iñaki Núñez por un edificio que se pensó destinar en un principio a geriátrico.
La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, acordada por el área de Urbanismo y Medio Ambiente en Junta de Gobierno, tendrá un impacto público y privado de gran alcance, ya que garantiza una nueva configuración de la calle Particular de Indautxu y prevé el cierre de la manzana situada entre los ejes de Alameda de Urquijo, Doctor Areilza, Licenciado Poza y Gregorio de la Revilla. Al autorizar un sustancial incremento de la edificabilidad -1.440 metros cuadrados-, el Consistorio se asegura una importante previsión de superficie destinada a zonas verdes y dotaciones públicas. El Ayuntamiento obtendrá 23 parcelas privadas de garaje bajo la nueva edificación y otras diez públicas, además de un local de 65 metros para reforzar su oferta de equipamientos.
Pese a que la crisis ha obligado a paralizar numerosas promociones, el acuerdo de Urbanismo garantiza la recuperación de un proyecto que llevaba aparcado desde 2007. La construcción de un bloque de viviendas en forma de 'L' completará la manzana 96, rematando la medianera y el patio interior del número 19 de Doctor Areilza, que ahora queda a la vista. El edificio constará de ocho alturas, incluida la planta baja, y dispondrá entre 42 y 50 plazas de garaje. El acceso al nuevo bloque residencial será por Particular de Indautxu.
A diferencia del Coliseo Albia y los viejos Ideales de Egaña, que se han reservado para acoger la nueva sede del casino y reforzar la oferta hotelera, los antiguos Mikeldis sacarán al mercado viviendas de entre 57 y 90 metros cuadrados, con entre una y tres habitaciones. Las obras durarán dos años y supondrán una inversión cercana a los 4,6 millones de euros.
* El Correo - 12.06.10
Foto: El acceso al bloque residencial será por Particular de Indautxu - elcorreo.com
Camps no aclara el sobrecoste de la Ciudad de las Artes
ELPAÍS/Valencia* : El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitó ayer explicar el sobrecoste de cerca de 600 millones de euros en las obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuyo presupuesto inicial, de 311 millones, casi se ha triplicado. El portavoz de los socialistas valencianos, Ángel Luna, que interpeló ayer a Camps en las Cortes Valencianas, expresó su preocupación por el descontrol en la gestión de la Generalitat y exigió a Camps que muestre la documentación que justifica el sobrecoste, que fue de 100.000 millones de pesetas, en el complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava.
"Los sobrecostes del Palma Arena han puesto en la picota a un amigo suyo, [el ex presidente balear] Jaume Matas, que ostenta todavía el título de embajador de la Comunidad Valenciana, por 50 millones de euros, y aquí había 600 millones de desfase a finales de 2008", argumentó Luna. "Gürtel [la trama de corrupción] es un problema de dos docenas de millones de euros, y aquí hablamos de 600 sin control de ninguna clase. ¿Cuántos Gürtel caben en ese gasto sin control?", preguntó el socialista.
Luna señaló que la Sindicatura de Comptes (el órgano que audita las cuentas de la Generalitat valenciana) destaca desde 2004 en sus informes que las modificaciones presupuestarias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no quedan justificadas.
"Las cuentas están perfectamente fiscalizadas", se limitó a señalar Camps, que acusó al portavoz socialista de intentar destruir la imagen de la Comunidad Valenciana por pedir explicaciones de un sobrecoste que ha crecido exponencialmente.
El presidente de la Generalitat no sólo acusó de antivalencianismo a Luna, sino que le advirtió: "Pediré a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha llegado usted
[con sus declaraciones]". Y sentenció: "Tras sus insidias estoy convencido de que hay algún tipo de delito".
El caso Gürtel volvió a condicionar ayer la sesión de control en las Cortes Valencianas. Luna criticó la relación de Camps con los otros miembros de la trama corrupta. El socialista lamentó que Canal 9, que apenas ha informado del caso Gürtel, emitiese el miércoles una entrevista de 18 minutos de duración con el abogado defensor de los imputados Pablo Crespo y José Luis Ulibarri para defender a Camps y atacar a las instituciones del Estado. "Usted tiene un grado de intimidad procesal [con miembros de la trama] que resulta obsceno, políticamente hablando", señaló Luna. Y Camps replicó: "No es el abogado del señor Crespo, es el abogado que fue grabado ilegalmente en la cárcel y alguien tendrá que dar cuenta de por qué ocultó las conversaciones [en las que se dice que el presidente de la Generalitat pagó los trajes] para iniciar el montaje".
* ELPAIS.com - 11.06.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
