LAOPINIÓN/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado en un reciente auto que el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), goza de la calificación medioambiental de «espacio natural protegido» y, por tanto, «no urbanizable» de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994 frente a la calificación de zona D2, «no incompatible con el uso urbanístico».
La resolución del Alto Tribunal andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, precisa que la suspensión cautelar de la aplicación del nuevo PORN, aprobado por decreto en febrero de 2008 pero suspendido por el TSJA al sospechar, entre otras, que podría «reactivar» el uso del hotel, significa dar a la zona el mismo nivel de protección del que disfrutaba en los «planos que fueron objeto de publicación» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con el PORN de 1994 y, por tanto, cuando se autorizó el hotel.
El auto rechaza con estos argumentos el recurso de súplica que interpuso el ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra el requerimiento que el TSJA hizo al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), para que se abstuviese de realizar cualquier actuación urbanística en El Algarrobico después de que el Consistorio aprobase hace un año una modificación de sus normas subsidiarias en la que este sector aparecía como urbanizable.
Al hilo de la sentencia, Greenpeace ha señalado que el TSJA reconoce con este auto que «la maniobra de cambio de planos» que el Gobierno andaluz realizó en 1997, por el que el paraje aparece como urbanizable, «no tiene validez jurídica» y ratifica que los planos que defiende la Junta de Andalucía para el sector ST-1 carecen de la citada validez ya que «no fueron publicados en el BOJA, ni fueron sometidos a exposición pública ni los aprobó el Consejo de Gobierno».
Según aseguró en una nota la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, se confirma así «la manipulación de los planos que hizo la Junta, sin respetar el procedimiento legalmente establecido». El nivel de protección en este paraje está pendiente de resolución judicial por parte del Alto Tribunal, que ha suspendido de manera cautelar hasta en tres ocasiones la nueva normativa aprobada por la Junta.
«El objetivo de la Junta es recuperarlo»
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, aseguró ayer al conocer la resolución del TSJA que el propósito de la administración autonómica es «recuperar ese territorio para el uso y disfrute de los ciudadanos», a la par que dejó claro que la sentencia apunta que la licencia fue «municipal».
En declaraciones a los periodistas en Huelva, Díaz Trillo destacó que la Junta de Andalucía está «en contra de ese hotel», e incluso quiere «recuperar ese territorio». Díaz Trillo apuntó que lo quieren «para el uso y disfrute de los ciudadanos, por lo que la sentencia abunda en la misma línea en la que trabaja la Junta». europa press huelva
* La Opnión Málaga - 5.11.10
Foto: El TSJA confirma que El Algarrobico era espacio protegido cuando se edificó - EFE
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ELPAÍS* : Los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregori, dos de los máximos cabecillas del caso Brugal (trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) fueron arrestados ayer por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en el sur de Alicante, es líder de la trama y, Gregori, empresario de la automoción, el intermediario clave, según la investigación. Gregori es, además, amigo del presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, el imputado de mayor calado en este sumario por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Fenoll y Gregori, junto a otras 15 personas (13 en Alicante y dos en Madrid), fueron arrestados ayer por orden del Juzgado número 5 de Alicante, que desde 2009 dirige una investigación por falsedad y estafa vinculada a la empresa de Gregori, la firma de automoción Autisa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez indaga una estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones. Por estos hechos, Gregori y otras tres personas, entre ellas su hermano José Vicente, fueron arrestados en abril.
Más adelante, el juez añadió a la causa los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales para eludir los embargos del concurso de acreedores en el que había entrado la firma de Gregori. La policía descubrió estas actividades en el curso de las escuchas del caso Brugal. Las grabaciones revelaron que Gregori contó con el concurso de Fenoll, una amplia red de testaferros y dos abogados para materializar la ocultación de sus bienes: mediante falsas empresas y el blanqueo de capitales.
Los dos detenidos en Madrid son sendos abogados de Gregori. Los letrados, según fuentes judiciales, quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los 13 arrestados en Alicante, salvo Fenoll, permanecían anoche en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Ángel Fenoll acudió a las dependencias policiales en su vehículo y, tras ser interrogado en calidad de detenido, quedó en libertad con cargos.
Para Gregori, el de ayer fue el tercer arresto en lo que va de año. El primero fue en abril por estafa y el segundo, en julio pasado, como intermediario del caso Brugal. En ambos casos tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros. Fenoll es la tercera vez que es arrestado, siempre por el caso Brugal. En la primera ocasión, en mayo de 2007, estuvo un mes en prisión, que eludió con una fianza de 100.000 euros, y en la segunda, en julio pasado, evitó la cárcel con otra fianza de 300.000 euros.
* El País - 5.11.10
Foto: José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y su esposa, en el yate de Enrique Ortiz (izquierda).- elpais
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LAVERDAD/Murcia* : En el banquillo de los acusados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia parece haber ya un lugar reservado para el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales. El parlamentario, imputado en el 'caso Tótem' de presunta corrupción urbanística, mantiene sobre sus espaldas buena parte de las pruebas recabadas durante la investigación del caso, que a lo largo de tres años se han repartido el Juzgado de Instrucción nº1 de Totana y el magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado.
Pese a que el pasado julio la Sala de lo Penal declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas contra Juan Morales, que por tener la condición de aforado no podía sufrir ese tipo de investigación por decisión de un juzgado de instrucción, Pérez-Templado acaba de dictar un auto por el que se mantiene la validez del resto del material probatorio. Una circunstancia que va a permitir sostener la imputación contra el diputado por una docena de cargos: dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, el hecho más grave que se le atribuye es haber tratado de cobrar una comisión de 3,6 millones de euros a una constructora gallega que planeaba construir unas 5.000 viviendas y un campo de golf en el paraje totanero de El Raiguero.
La defensa de Juan Morales, representada por el abogado José María Caballero Salinas, pretendía que prácticamente toda la investigación contra su cliente fuera declarada nula, al considerar que la mayor parte de las pruebas eran consecuencia de los pinchazos telefónicos ilegales. En virtud de la doctrina jurídica conocida como los 'frutos del árbol envenenado', todo el material probatorio que tenga su origen en una prueba ilícita tiene que ser necesariamente invalidado.
El magistrado felicita expresamente a Caballero Salinas «por el extraordinario esfuerzo realizado y por su gran calidad», pero razona, sin embargo, que el aforamiento del que gozan los diputados, entre otros cargos públicos, «es un privilegio contrario al principio constitucional de igualdad», que es por tanto una figura «discriminatoria y por ende odiosa» y que merece «una aplicación restrictiva».
También reseña los principios de conservación del acto jurídico y de preeminencia del juicio oral sobre la fase instructora, de tal forma que considera que la anulación de pruebas debe ser decidida de manera restrictiva y que deberá ser en el juicio oral donde se valore el peso de los elementos probatorios existentes.
Reunión clave en Vigo
Establece Pérez-Templado que la mayor parte de las pruebas existentes contra Juan Morales fueron obtenidas por vías distintas a la intervención de su teléfono, como lo fueron conversaciones entre otros imputados. Entre esas pruebas destaca una que tiene una importancia considerable: el viaje que Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez Navarro y el intermediario José Antonio Alcántara realizaron a Vigo, con el fin de reunirse con el promotor Manuel Núñez Arias y, supuestamente, de negociar el pago de la comisión citada.
El desplazamiento fue controlado en todo momento por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y constituye una de las principales pruebas de cargo contra Morales y su presunto intento de cobrar ilícitamente 3,6 millones de euros. Como señala el magistrado en su auto, «no tiene explicación inocente que meses después de que Morales haya abandonado la Alcaldía y por tanto el control de los temas inmobiliarios del Ayuntamiento de Totana, Núñez reciba y hable con aquél y con su íntimo amigo Gabriel», aunque en cualquier caso le insta a que «si tiene una explicación convincente», la aporte en el juicio.
Pérez-Templado mantiene también las imputaciones contra gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, María del Carmen Jordán y Juan Antonio Álvarez, José Miguel Martínez Soler, Fulgencio Marín Bravo, José Antonio Carrocera García y Pablo José Maceira.
* La Verdad 4.11.10
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
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PÚBLICO* : Parece algo salido de una película de ciencia ficción, pero es una realidad en China. La empresa Broad Sustainable Building, que ya demostró su capacidad tecnológica durante la construcción de su pabellón para la Expo de Shanghai, ha roto un nuevo récord en la construcción de edificios. El nuevo Ark Hotel de quince plantas ha sido levantado en menos de dos días. En algo más de 46 horas y media, ha sido alzada la estructura de las plantas, aunque para la fachada se ha necesitado casi el doble de tiempo; cerca de cuatro días para revestir el edificio al completo.
Pese a la rapidez en su construcción, la compañía BSB asegura que la edificación es totalmente segura. Así, aseguran, el edificio ha pasado el nivel 9 en las pruebas de resistencia contra terremotos, gracias al refuerzo de su estructura en diagonal, a su poco peso y a su construcción en acero.
Además, ofrece seis veces menos elementos de construcción, siendo sus materiales mucho más ligeros (250 kg/m2) que los tradicionales (1.500 kg/m2). Los pisos y las paredes son sólidas, herméticas e insonorizadas, ofreciendo una eficiencia energética cinco veces superior a una construcción corriente, según los datos de la compañía. Esto es posible gracias a la inclusión de 150 mm de aislamiento térmico en las paredes y techos, triples ventanas de plástico, protección solar exterior y aislamiento térmico para mantener la temperatura.
Seis enormes grúas se han utilizado continuamente para situar cada uno de los módulos que conforman las plantas y que se ensamblan en una fábrica. La compañía china ha presentado su obra como "el primer edificio en la historia humana que combina en sus estructura materiales respetuosos con el medio ambiente". Para demostrarlo, durante su edificación sólo se ha desperdiciado un 1% de residuos en los materiales.
* Público - 4.11.10
Foto: China, construcción (archivo) - salchino
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ELPAÍS/Barcelona* : Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.
Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.
Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".
El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.
Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.
Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".
También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.
La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.
Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.
En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".
Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.
* El País - 4.11.10
Foto: Badía del Vallés (Barcelona) - poblescatalunya
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LEVANTE/Valencia* : Durante casi diez años se ha dado por buena una explicación oficial: que las monjas de Santa Clara trasladaron desde el convento de Xàtiva al de Canals todas las obras de arte menos una, el cuadro La Santa Cena, de Vicente López, debido entre otras cosas a sus dimensiones. En el monasterio de la calle de Montcada sólo quedaba, pues, todo aquel patrimonio de imposible traslado o que implicara una acción de albañilería: los azulejos, los forjados, los esgrafiados, la madera de las puertas y ventanasÉ Pero no era del todo cierto. En Xàtiva, y pese a que el inmueble ya ha pasado a manos de la promotora zaragozana que piensa construir un hotel, todavía se conservan más de una docena de objetos valiosos que no viajaron a Canals en 2002 ni después. Cómo ha sido posible conservarlos tras más de ocho años de inactividad es un misterio.
El convento ha estado vacío y custodiado por un guardés únicamente en determinados momentos. Al templo han accedido muchas personas, sobre todo los fieles que cada 5 de agosto acuden a la iglesia, abierta al culto ese día al para que la imagen de la patrona sea brevemente procesionada en su interior. También han entrado los que son ya sus legítimos dueños. De hecho, la instalación es ya a todos los efectos una propiedad privada. Sin embargo, este diario ha podido constatar que en Xàtiva todavía siguen -al menos, hasta el mes pasado- obras tan importantes como El retrato de Na Saurina d'Entença, del XVII; San Pedro de Alcántara; los Santos Juanes, y una Purísima del XVIII. También permanecen diversas sillas tapizadas en cuero; sillas de reposo en terciopelo rojo, un aparador modernista o un escudo de madera.
Los grandes inventarios de referencia en la historia reciente de Santa Clara son los de 1981 y 1993. El segundo es una ampliación del primero, en el que no todas las piezas fueron puestas a disposición del responsable del recuento, el hoy director del museo de l'Almodí, Mariano González. Cuando la orden de los franciscanos decretó el cierre del convento de Xàtiva y trasladó a Canals a las últimas monjas y prácticamente todo su patrimonio la Conselleria de Cultura dio por bueno el inventario de 1993 y, menos el cuadro de López, verificó que todo su contenido estaba a la sazón en Canals. Al no haber salido de la Comunitat Valenciana, el traslado de las piezas estaba sujeto a derecho ya que no contravenía la normativa. Desde 1979 (lo primero fue la reja de punzones del XIV) hasta 1983 las clarisas donaron al museo algunas piezas. El gobierno municipal de la época las compensó con algunas atenciones de carácter doméstico (les regaló una lavadora, por ejemplo). Pero pese al primer inventario de González, el patrimonio de Santa Clara siguió siendo presa de cierta rapiña. Las monjas eran muy pobres y no tenían apenas medios; percibían una cantidad insuficiente por el alquiler de sus locales de la avenida de Selgas y pese a la avanzada edad de algunas de ellas, seguían cosiendo ropa para fuera de casa con una intensidad excesiva. Ello explicaría el goteo de objetos valiosos que las monjas malvendieron.
* Levante - 3.11.10
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev; wikipedia.org
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LATRIBUNA/Toledo* : «Paralizado». Así está ahora mismo el tren de cercanías en La Sagra. Por eso, la Plataforma en defensa de este medio de transporte en la comarca ha decidido convocar un nuevo acto de protesta, similar a la celebrada el pasado marzo en Villaluenga. «Si no se mueven ellos, nos movemos nosotros». Así de contundente se mostró Susana Santos, una de las portavoces de la entidad. La concentración tendrá lugar a las 11,00 horas del próximo domingo 7 de noviembre con una marcha desde la antigua estación de Numancia-Yuncos hasta la plaza del Ayuntamiento, lugar donde se leerá un texto de apoyo.
Desde la plataforma exigen que el tren de cercanías «pare ya» en la comarca. No en vano, se trata de un transporte que «cada día vemos pasar de largo, pero que no podemos utilizar», remarcó Santos, quien además recuerda que la parada en las localidades sagreñas supondría un «espaldarazo importante» al desarrollo de esta zona de la provincia, que actualmente está «prácticamente muerta».
La representante añadió que la estación de Numancia debe volver a estar abierta, como también la de Villaluenga, ya que en este caso, hay que remontarse hasta 1975 para recordar la última vez que paró el tren en sus vías.
Santos explicó que la llegada del cercanías supondrá un aumento de población para la comarca, así como el fomento de trabajo y urbanismo, ya que actualmente, las personas «se están marchando de estas localidades por la enorme crisis, porque hay problemas para trabajar pero también por malas comunicaciones».
Además, recordó que la población joven «necesita este medio de transporte para salir a estudiar o trabajar a lugares como Toledo, Talavera de la Reina o Madrid. Además, el tren contamina poco y evitaría los grandes atascos que se originan en la autovía A-42, sobre todo a la altura de Parla».
De la misma forma, recordó que las localidades sagreñas necesitan mejores comunicaciones, ya que actualmente se reducen al transporte particular y a algunos autobuses, «que en el caso de Villaluenga dicen que pasan aproximadamente cada hora, pero eso no es verdad», destacó Santos.
De la misma forma, critica que, además de los jóvenes, las personas mayores que no disponen de coche «tengan que pedir favores a vecinos o recurrir a sus hijos y familiares cuando quieren ir al médico a Illescas, o coger los autobuses horas antes para llegar a Toledo», denunció.
«Cargada de razones», recuerda que el Ministerio de Fomento «tiene todo parado y no nos da respuestas, más allá que dentro de un plazo de unos 15 años podría llegar una lanzadera desde Illescas a alguna de las localidades cercanas».
Por eso, también tienen prevista una próxima manifestación en Villaluenga en marzo de 2011, que estará apoyada por asociaciones, partidos políticos y vecinos de Cobeja, Numancia, Villaluenga, Yuncos, Yuncler, Recas o Illescas.
* La Tribuna Toledo - 1.11.10
Foto: Numancia (Toledo), protesta tren (archivo) - latribuna
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LAVOZDEGALICIA* : Los 180 apartamentos en la playa de Samil fueron utilizados para viviendas, pese a carecer de licencia para ese uso. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha enviado una notificación al Concello de Vigo para que en el plazo de diez días ejecute la demolición de cinco bloques de apartoteles construidos en la playa de Samil. Contra la resolución cabe recurso de súplica para salvar los 180 apartamentos, aunque no todos están habitados en la actualidad.
El gerente de Urbanismo de Vigo, José Manuel Mariño, explicó ayer que el nuevo Plan General de Urbanismo de Vigo, que ha permitido legalizar otros dos inmuebles con órdenes de derribo, no contempla el uso residencial para esa zona, por lo que no sería legalizable. Sin embargo, no aclaró si se va a derribar o no la construcción. «Esperamos a que nos digan cómo tenemos que actuar, se quiere dar cumplimiento a la normativa urbanística», añadió.
Los edificios obtuvieron en su día la licencia para apartotel y, sin embargo, fueron destinados a uso residencial. Un grupo de vecinos denunciaron los hechos y el Tribunal Supremo falló a su favor ordenando la demolición.
Pese al auto judicial dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2003 en el que obligaba al derribo, los bloques han continuado en pie. La asesoría jurídica municipal emitió entonces un informe en el que determinaba la obligación del Concello de requerir a los afectados para que procedieran a la demolición. Añadía que, en el caso de no ser así, debería hacerlo la Administración local en el plazo legal.
La licencia fue otorgada por la comisión de gobierno el 3 de junio de 1994 para dos sótanos, garaje, aparcamiento, planta baja, servicios de hostelería y locales comerciales. En total, eran cinco bloques de cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta con 180 viviendas apartamento. La superficie sumaba 32.443 metros cuadrados.
Pablo Padín y Fernando Urcera encabezaron la denuncia. El primero de ellos expresaba ayer su escepticismo ante la nueva notificación judicial, después de más de tres lustros de litigios y de ganar tres veces en el Supremo.
Uno de los detalles que le sorprenden es que los vecinos que residen en estos apartamentos no hayan iniciado acciones legales contra el promotor. En su opinión, mucha gente sabía dónde se metía y otra compró condicionando la operación a la situación jurídica.
Para Padín, nunca ha habido voluntad política de resolverlo y demuestra que «el problema de Vigo es la existencia de una pandilla de señores y señoras que jugaban con el urbanismo y que pretenden seguir». A su juicio, se intenta diariamente vulnerar la legalidad.
Este no es el único caso problemático de la popular playa de Samil. Se da la circunstancia de que otro apartotel recibió una orden de desalojo por no ajustarse a la legalidad. La diferencia era que en ese caso dejaba la puerta abierta para corregir las ilegalidades con la ejecución de obras menores y no requería el derribo.
* La Voz de Galicia - 4.11.10
Foto: Fachada de los apartoteles, en los números 61 y 63 de la avenida de Samil - farodevigo
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LAVERDAD/Murcia* : La intervención judicial del teléfono del empresario Ángel Fenoll, uno de los tres principales imputados del 'caso Brugal' de presunta corrupción en Alicante, ha servido para descubrir la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente, que se habría producido como consecuencia del vertido clandestino e ilegal de basuras en una finca de Abanilla. Los hechos, que se produjeron mientras Fenoll trataba de conseguir una licencia para la ampliación de su planta de tratamiento, con la apertura de un cuarto vaso, salieron a la luz cuando parte de la basura vertida secretamente en la finca de un vecino quedó al descubierto, causando molestias a los habitantes de la zona.
El 28 de mayo de 2008, los agentes de la UDEF que espiaban el teléfono de Fenoll registraron el siguiente diálogo con el propietario del terreno y presunto cómplice del empresario, Francisco P.P..
-Paco (P): Dime
-Ángel (A): Paco, ahora a las ocho y media llegará mi sobrino ahí con gasoil y el moro, eh.
-P: Sí. Yo estoy aquí desde las siete. Antes de las siete he venido yo (...). Esta mañana a las siete y cuarto estaba yo aquí y a la balsa no la ha tocado. Está aquí arriba, pero es que resulta que lo he subido aquí arriba y esto se hunde. Y además aparece la basura en seguida. Entonces me lo he tenido que bajar aquí abajo.
-A: Ah...
-P: Tú cuando puedas venir para acá, vienes. ¿Tú vas a poder venir esta mañana por aquí que cambiemos impresiones de cómo vamos a hacer esto?
-A: Sí, sí. Yo voy para allá.
-P: Yo lo tengo subiendo tierra dura aquí para arriba calzando esos escalones que hay. Los estoy calzando de abajo.
-A: Ah. Ya, ya.
-P: Es que arriba no puedo, porque enseguida está la basura y enseguida sale de ahí una olor del copón.
-A: Claro, claro.
-P: Y entonces le digo, quieto. Salta de ahí. Y además, casi se atasca ahí. Casi se hunde. La máquina esta pesa mucho.
-A: Claro, claro. Eso...
-P: Eso tiene que esmocharlo la pala tuya.
-A: Sí, sí.
- P: Mira. Ya tengo aquí el gilipollas. El gilipollas este de aquí del vecino. Que viene por aquí a oler.
-A: Ah...
-P: Ese es el que se chiva.
-A: Ya, ya. Pues entonces ahora ya le digo yo a mi sobrino que vaya una pala y si se ha destapado algo que lo tape, ¿sabes?
-P: No. Lo ha tapado él.
-A: Ah. Lo ha tapado.
-P: Si, pero cuando tú vengas. Tú... Cuando veamos tú y yo lo que vamos a hacer, ya tú mandas la pala. Esmochas todo esto. Y esto no se puede destapar, ¿sabes? Esto no se puede destapar porque nos meten a la cárcel a todos.
-A: Sí, sí. No, no.
-P: No, ostias...
-A: Si. No... Es mejor... Claro. Si yo me he figurado eso. Hay que echarle tierra ¿sabes? Y...
-P: Si destapamos eso llega la olor a La Murada, ¿sabes?
-A: Sí, sí.
-P: Y vienen para arriba y nos vamos para abajo esposados.
En los días siguientes, los policías graban varias conversaciones más sobre el problema. Fenoll da instrucciones para que se echen en la zona residuos de dos tipos distintos, con el objetivo de que quedaran ocultos aquéllos para cuyo vertido presuntamente no tenían autorización. Así ocurrió hasta que el 2 de junio se presentó en la zona una patrulla de la Policía Local, con una mujer, al parecer una inspectora, que comenzó a remover con un palo la tierra recién echada.
Fue entonces cuando el dueño de la planta de Abanilla ordenó que se tapara bien la zona donde la mujer había estado escarbando, así como que se echara compost en toda la parte de arriba del vertido. Igualmente se pusieron en marcha para tratar de justificar el vertido como una supuesta compra de basuras por parte del dueño del terreno.
Los policías de la UDEF remitieron un amplio informe al juzgado por si los hechos referidos fueran constitutivos de un delito ambiental.
* La Verdad - 3.11.10
Foto: Dos excavadoras trabajando en el vertedero de Proambiente en Abanilla - laverdad
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SUR/Málaga* : La Audiencia Provincial de Málaga estima que el regidor "era perfectamente conocedor de que su conducta no era ajustada a derecho" cuando concedió una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable. El alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), ha sido condenado por un delito de prevaricación urbanística a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros.
La Audiencia Provincial de Málaga ha estimado con esta sentencia el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, que lo había absuelto.
El tribunal considera que debe revocar el anterior fallo y condenar al regidor debido a que "era perfectamente conocedor de que su conducta no era ajustada a derecho" cuando concedió una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable.
Se considera probado que el alcalde concedió en octubre de 2006 una licencia de obras a un particular y sus hermanos en un suelo calificado como no urbanizable en de Canillas de Aceituno, una localidad de algo más de 2.000 habitantes.
La Sala mantiene que el acusado era conocedor de que se atentaba contra las esenciales normas y sabía que no se podía conceder la licencia debido a que la secretaria y el técnico municipal se habían mostrado en contra.
La Audiencia le reprocha que pretendió aprobar un proyecto de actuación, que tenía apariencia de legalidad, y con ello buscaba "instrumentos jurídicos para otorgar una licencia para la construcción de una vivienda que en modo alguno resultaba justificada como adscrita a una explotación agrícola a todas luces inexistente".
* SUR - EFE - 3.11.10
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
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MADRIDIARIO* : Más de un centenar de personalidades, asociaciones ecologistas y partidos políticos han presentado alegaciones ante la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, para pedirle que retire el plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la estepa cerealista de los ríos Jarama y Henares. Las alegaciones de estos colectivos y profesionales al Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000, ZEPA 'Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares' y Zona de Especial Conservación (ZEC) 'Cuencas de los ríos Jarama y Henares' han sido presentadas ante la Consejería de Medio Ambiente, que ha redactado al plan, y ante la presidenta de la Comunidad. La petición es que se retire el proyecto al "tener contradicciones y suponer una protección medioambiental".
"La normativa permitiría que se desarrollaran planes urbanísticos insostenibles que no son adecuados para este entorno", explicó a este digital Juan Manuel Román, de Ecologistas en Acción. Además, este portavoz sostiene que el plan daría pie a la construcción de campos de golf e incluso a usos industriales en esta estepa cerealista correspondiente con la ZEPA 139, la más valiosa de la región.
Avutardas y cernícalos
Este espacio natural es el hábitat de aves protegidas, como avutardas, sisones y aguiluchos cenizos -estos además están en peligro de extinción-; e, incluso, de grandes mamíferos como jabalíes o corzos. El lugar se localiza al Este de la región, entre los cauces de los ríos Jarama y Henares y abarca buena parte de las estepas cerealistas desde Valdepiélagos y Talamanca del Jarama, al Norte; hasta Ajalvir, Daganzo de Arriba, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas y Meco, al Sur.
Además de pedir que no se apruebe este plan de gestión, los firmantes también exigen la retirada los planes generales de ordenación urbana de Fresno de Torote, Meco y Fuente el Saz. Según aseguran "como se ha podido constatar que la Consejera, Ana Isabel Mariño Ortega, carece de capacidad en la toma de decisiones en materia ambiental, dado que se le vienen impuestas desde Presidencia, se han dirigido directamente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid".
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a Madridiario que se van a estudiar todas las alegaciones a este plan elaborado en "estrecha colaboración con los Ayuntamientos". También recordó que la ordenación del territorio suele generar intereses enfrenados y que la Comunidad intenta equilibrar crecimiento y respeto medioambiental.
* Madridiario - 3.11.10
Foto: Madrid, zona de aves - madridiario
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LEVANTE/Alicante* : Una de las escuchas revela que el empresario deseaba desprenderse del equipo de fútbol y quedarse sólo con el estadio. Los requisitos de la subasta municipal en la que Enrique Ortiz compró, a través de Aligestión, el estadio Rico Pérez al Ayuntamiento de Alicante se han incumplido desde que se formalizó en 2007 el convenio de compraventa, donde se estipulaba que en un plazo de seis meses el comprador estaba obligado a invertir 4,2 millones de euros en la remodelación del estadio. Durante casi tres años el ayuntamiento ha permitido que se incumpliera el convenio porque Ortiz no ejecutó la remodelación.
Sólo recientemente, con motivo del ascenso a Primera del Hércules, se han ejecutado diversas obras por valor de dos millones de euros que el dueño del equipo vincula directamente con el compromiso del convenio de compraventa del estadio.
Las escuchas del caso Brugal también recogen un informe dedicado al estadio José Rico Pérez y la policía señala en su análisis que de las conversaciones mantenidas por el empresario se desprende que la meta principal de Ortiz es la recalificación del estadio, como le reconoce a un vicepresidente del Hércules y accionista de Aligestión.
Igualmente se confirma esta intención en una conversación que mantuvo con el entonces director general del Hércules, el ex edil socialista Blas Bernal, con quien habló tras la aprobación provisional del Plan Rabasa y «le expresó los deseos de desprenderse del equipo de fútbol y quedarse con el estadio únicamente», según indica el informe policial.
En esa misma conversación, añade el informe, Ortiz le dice a Bernal que «el alcalde le deja hacer lo que él quiera» y acaba la comunicación diciendo que si se aprobara el Plan General podría hipotecar el Rico Pérez para pagar cosas.
La Policía dedica casi tres folios de su informe a unas conversaciones entre Ortiz y Juan Zaragoza, edil de Hacienda, en las que abordaron precisamente el incumplimiento del convenio de la remodelación del Rico Pérez. Además, el edil admitió en la conversación que estaba reteniendo información sobre la liquidación de impuestos pendientes del Hércules y alude a que el problema puede convertirse «en un problema serio tanto para ti como para nuestro amigo común». También hace referencia Zaragoza a los «problemas» que le está solucionando a su «amiga del alma», que según el informe policial podría ser Sonia Castedo. Zaragoza también habló con Ortiz sobre los problemas del convenio y el reconocimiento de la deuda y deja entrever la posibilidad de solucionarlos sin convence a su «amigo» Alperi.
Este diario intentó ayer sin éxito contactar con el edil para conocer su opinión sobre el informe.
Contactos con el redactor del PGOU
El informe policial sobre el Rico Pérez hace referencia a varias conversaciones en las que Ortiz contacta con el redactor del Plan General de Ordenación Urbana, Jesús Quesada, para que «preste auxilio» a Carlos Lamela —arquitecto adjudicatario del proyecto de remodelación del estadio— en el proyecto que se iba a presentar en el ayuntamiento. Quesada dio su conformidad siempre que lo supiera la edil de Urbanismo y el alcalde y que la reunión no se hiciera en su despacho. La policía cree que el encuentro se celebró en la sede de Cívica, la empresa de Ortiz, y el informe indica que advirtieron a Ortiz de que a la reunión con Lamela sólo fuera un ingeniero para que no se viera comprometido Quesada. P. C.
Zaragoza a Ortiz: «Todo lo que me pediste lo metí»
Ortiz: Tenemos que vernos.
Zaragoza: Hombre, tenemos que vernos porque hay un problema que puede convertirse en un problema serio tanto para ti como para nuestro amigo común y hay que intentar buscar una solución. Me dejas que me empape con toda la documentación, porque yo ese convenio lo desconozco.
O.: Busca una solución.
Z.: Sí, busco una solución.
O.: Lo que hay que firmar es el convenio de Blas del Hércules.
Z.: Si todavía no me ha traído la firma del convenio con SUMA.
Hablan de ese convenio.
Z.: Mira Enrique, yo lo que he hecho aquí es una distribución económica para hacer frente a todas las historias del Ayuntamiento y dejado hay una bolsa donde está lo vuestro pero hasta que no esté aquí toda la documentación, y una vez que esté el documento aquí tengo que reunirme con el interventor y la tesorera y darle la vuelta a la situación para hacer lo que más les interesa a vosotros.
O.: Ahora le llamó yo.
Z.: El tema que te comenté ayer que es motivo de la llamada, esto es un tema serio que no sé como los del PSOE no, porque a mí me piden una serie de documentación y yo.
O.: El convenio se firmó con la venta.
Z.: Claro, por lo que he visto por encima vosotros no habéis cumplido el convenio.
O.: Claro que no, si teníamos que haber empezado las obras y no las hemos empezado.
Z.: Pero Enrique.
O.: Se pidió un aplazamiento, creo.
Z.: Tú pediste un aplazamiento del convenio. El convenio dice que hay una serie de actuaciones prioritarias marcadas, independientemente de lo que tú luego presentas para reformar la zona. Hay tres o cuatro zonas, de remodelación inminente, remodelación de los vestuarios, una sutura que hay que arreglar y todo eso no se ha hecho nada. Entiendes, los tiros van por ahí y van.
O.: Acláralo, porque ahora con el rollo de que termina la temporada es cuando podíamos hacer algo, pero no se ha hecho nada, es que hasta que el Plan General no diga cómo va a ir no podemos hacer nada.
Z.: Pero es que esto no tiene nada que ver con el Plan General. Otra cosa de las cosas, estoy reteniendo esa información sobre la liquidación de impuestos pendientes del Hércules; ellos no son tontos, saben que los mismos que componéis Gali Gestión (en referencia a Aligestión) componéis el Hércules.
O.: Una cosa no tiene que ver con la otra, son cosas distintas.
Z.: Está claro, pero en política todo tiene que ver.
Ortiz le explica que no es así el tema y Zaragoza dice que las dos cabezas visibles son «Valentín Botella y tú». Ortiz dice que Valentín no tiene ninguna acción de Aligestión. Hablan de enterarse de todo para resolverlo.
O.: Escúchame, si hemos pagado al Ayuntamiento 80.000 euros, que eso no lo hubiéramos pagado en la vida, porque tú has dicho pagarlo para solucionar esto, que tal, que cual, que no podemos pagar ni a los futbolistas.
Zaragoza se ríe y hablan de los jugadores y a quién hay que meter en el cuerpo técnico.
O.: Cómo van los pagos a Ortiz, que había mucho atraso, no a la limpieza, a Ortiz.
Z.: De Ortiz yo arreglé todo lo que tenías aquí, por eso se aprobó en el pleno del otro día; luego se hizo la exposición pública y creo que dentro de siete u ocho días empezaréis a cobrar todos.
O.: Y estaba todo lo mío, todo, todo.
Z.: Yo metí todo lo tuyo que había pendiente aquí, todo lo que le pedí a Víctor López que me pasara. De otro tema que hay que hablar es que con Víctor hay un problema que hay que hablarlo. Tú me dijiste que Pepe Candel es un tío tuyo serio y Pepe Candel, tenemos que organizarnos bien, porque este tiene la manía que se guarda cosas en el cajón y luego te dice que lo ha conseguido él.
O.: Con Pepe Candel viste todo lo de Inusa y lo de Ortiz.
Z.: Lo de Inusa y lo de Ortiz. Yo todo lo que me pediste lo metí, lo de Ortiz, lo de limpieza.
O.: Habla con Santiago.
Z.: Hasta julio no puedo hacer otra reforma. Además al alcalde le han gastado otra putada en Valencia y voy a ver si la puedo arreglar con la Ciudad de la Justicia.
El mismo día se produce una segunda conversación en la que Zaragoza le pone al día al empresario alicantino del estado de los pagos a su sociedad. Tras esto añade «tú ignoras muchas cosas, ¿eh? Que a tu amiga del alma le estoy solucionando muchos problemas, ¿eh?», pudiendo estar refiriéndose a la titular de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Castedo.
* Levante - 3.11.10
Foto: Alicante, actual Rico Pérez - laverdad.es
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ELPAÍS* : Martha Rosler, histórica de la creación política, lleva a Barcelona su archivo sobre el problema de la vivienda. "Una exposición de una exposición" a partir de documentación sobre el tema de la vivienda es la original propuesta de Martha Rosler en La Virreina. If you lived here still... carece de obra de esta mujer combativa, uno de los mejores referentes del arte social, del feminismo y del activismo político de las últimas décadas. Empezó como pintora en la década de 1960 para ir ampliando su registro paulatinamente, primero con la utilización de la fotografía y los fotocollage para denunciar la guerra de Vietnam y acabar colonizando todos los géneros.
Hace dos décadas llegó al punto extremo de este proceso, el más efectivo: organizó y puso en marcha una exposición sobre un tema en la que no figuraba ni su nombre ni su obra; una institución del SoHo neoyorquino, la Fundación DIA, le ofreció su espacio para una muestra y ella decidió dedicarla al tema del derecho a la vivienda y al problema de los sin techo, abriéndolo a los especialistas y los interesados. Ahora, 20 años después, aquel archivo se reabre para incorporar los documentos que retratan el problema en estos momentos.
"En 1989", apunta Rosler, "los sin techo se habían hecho muy visibles en las grandes ciudades. Tenía mucho que ver con el ascenso del neoliberalismo, que en aquellos momentos no sabíamos aún cómo llamarlo, y los sin techo eran sus víctimas. Pensé que había que tratar el asunto en aquella galería para white-male boutique-chic-artists (hombres-blancos artistas de boutique chic), encontré muchos trabajos de otros artistas que habían abordado el tema y también abrí el espacio para organizar debates. Se me acusó de haber optado por una forma de activismo político más que por una propuesta artística".
Aquella experiencia quedó almacenada, archivada, pero hace un par de años varios espacios artísticos y culturales empezaron a preguntarle si podían exponer los archivos de aquella exposición. "Al principio me pareció un poco extraño", admite, "aunque entendí que este tipo de exposiciones ahora son algo más populares. Pero no habría aceptado repetir esta exposición si no fuera porque ahora tenemos muchos más sin techo que hace 20 años. Los pobres están siendo echados de sus casas por los ricos, empujados fuera de los centros de las ciudades, en el clásico proceso de gentrification (elitización). Todo está mucho peor".
La artista resalta que, pese a este empeoramiento de la situación, ahora se habla menos del tema. "Lo más curioso es que los sin techo son mucho menos visibles porque las autoridades se han dado cuenta de que resultan un mal reclamo para la industria turística y los esconden. Los empujan fuera de los centros de las ciudades, hacia la periferia".
La muestra que llega a Barcelona no es una "exposición itinerante", como se empeña en señalar Carles Guerra, el director de La Virreina. "Estamos en la Rambla y es evidente que la muestra está en el centro del problema". Por eso, en la exposición participarán los colectivos de la ciudad que trabajan en el tema de la vivienda que incorporarán su material al archivo; como los famosos de V de Vivienda con su eslogan No tendrás casa en tu puta vida o la Coordinadora contra la Especulación en el Raval.
If you lived here still... ha pasado por lugares como la ciudad estadounidense de Saint Louis, la inglesa de Oxford o la holandesa de Utrech. La problemática, dice, es la misma. "Es la guerra contra los pobres", afirma. "En Saint Louis, el Ayuntamiento autorizó la demolición de un barrio entero para acelerar el proceso de gentrification sentenciando de paso que los sin techo tenían que buscarse ellos la vida. Según el teórico Charles Jencks, aquello fue el fin de la modernidad, al tiempo que se creaba un espacio literal para el 'lenguaje de la posmodernidad".
* El País - 2.11.10
Foto: Fotografías tomadas en 1989 de una intervención en Times Square de la artista Martha Rosler.- elpais
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ELPAÍS/Reportaje* : A Julio César Rodríguez le dieron una hipoteca de 283.000 euros. Pagó hasta quedarse en paro. Fue desahuciado de su piso. Sin recursos de ningún tipo, ahora debe al banco 325.000 euros. Julio César Rodríguez, nacido hace 48 años en Quito (Ecuador), está condenado a exclusión social. Su error fue firmar un préstamo hipotecario en los años de la fiebre inmobiliaria en España. El préstamo existe, figura en los balances, pero jamás será cobrado. Es un crédito subprime, de alto riesgo. Nadie sabe cuántos hay. Esta es la historia de uno de ellos. Rodríguez aterrizó en España el 6 de septiembre de 1996. Obtuvo papeles, trajo a su esposa y a sus tres hijos. Vivieron de alquiler en Aluche, al oeste de Madrid, por 375 euros al mes. A principios de 2006, había ahorrado 36.000 euros en diez años de trabajo. Entonces "todo el mundo compraba. Los anuncios decían: '¡No regale el alquiler! ¡Sea propietario!". Hizo el mismo cálculo que cientos de miles de españoles.
En una oficina de la inmobiliaria Tecnocasa expuso su situación. Tenía dinero y quería un piso. Ya no había que decir más. En la financiera de al lado le dijeron que su contrato indefinido de 850 euros al mes como mozo de almacén en H&M no era suficiente, pero podía sumar la nómina de su hermana, de 1.100 euros al mes como teleoperadora. Ella aceptó participar.
"Entonces, el de la oficina me dijo: 'Con estos papeles podéis comprar dos pisos en vez de uno". Y le explicaron cómo era posible que les dieran dos créditos. "Me dijo que la forma era abrir una cuenta, con ella conseguir un crédito y comprar un piso, y antes de un mes mover el dinero a otra cuenta de otro banco y hacer lo mismo con otro piso. Me dijo que si se tardaba más tiempo, los datos llegaban al Banco de España y ya no podía comprar nada".
La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es un registro donde los bancos envían toda la información crediticia de sus clientes. Gracias a él, el supervisor y los propios bancos deberían poder detectar operaciones de crédito de alto riesgo, con grandes probabilidades de impago. Las entidades envían los datos de sus clientes una vez al mes. Es decir, lo que le explicaron fue que operaciones como la de Julio César y su hermana debían cerrarse con una diferencia de pocos días, de forma que el CIRBE no detectara que se estaba concediendo una hipoteca a alguien que ya estaba entrampado con otra. Rafael Mayoral, uno de los abogados que ahora asisten gratuitamente a Rodríguez, define todo el proceso como "una serie de operaciones, todas legales, cuyo objetivo final es cometer una ilegalidad: eludir el control de riesgos del regulador".
Con todo decidido, le anunciaron que hacía falta otra nómina más. Aceptaron la de su cuñado, a pesar de que ya era propietario de un piso y avalista de otro. En este punto de la historia, Rodríguez aún no sabía ni qué piso quería. De los que le ofrecían, le gustó el 1º izquierda del número 9 de la calle Valdecanillas, en San Blas. "No había que subir mucho y tenía mucha luz. Y yo me dije: 'Aquí, aquí estamos hechos".
La siguiente semana, Julio César se ocupó solo de abrir cuentas bancarias por orden de la gestoría. Primero llevó sus 36.000 euros a una caja de ahorros que le indicaron. "El técnico de la financiera levantó el teléfono, dio mis datos y dijo: 'Ya está, ya tienes el crédito aprobado. Ve para allá". Ese sería el crédito del piso de su hermana, en el que figuran como propietarios ella, él y su cuñado al 33%. Se enteraron de este arreglo en la mesa del notario. No era lo acordado, pero firmaron porque ya habían dado 9.000 euros de comisión a la agencia.
Después le indicaron que fuera a una sucursal de Caja Madrid determinada donde también le estaban esperando con un crédito personal listo para firmar. Al tiempo, le dijeron que sacara sus ahorros de la entidad inicial y los llevara a una determinada sucursal del Banco Guipuzcoano. Allí le estaban esperando con el crédito hipotecario concedido. Tres créditos, en tres entidades distintas, en una semana, para comprar dos pisos. Sin preguntas. Intervinieron la inmobiliaria, dos intermediarias (Vallehermoso Financiaciones y Tecnitasa Gestión Hipotecaria), dos cajas y un banco.
El 23 de febrero de 2006, Julio César Rodríguez firmó la escritura de su casa en San Blas. Medía 80 metros cuadrados. No tenía ascensor y tenía más de 40 años de antigüedad. La compró con un crédito de 283.000 euros del Guipuzcoano, más 12.000 del crédito personal de Caja Madrid, para cubrir todos los gastos. El piso estaba tasado por la empresa Tecnitasa Tasaciones en 354.000 euros, diez millones de pesetas más del precio. Es decir, que le vendían un duro a cuatro pesetas. Pagaría 892 euros mensuales por el préstamo hipotecario más 250 por el préstamo personal.
Hace dos años, Rodríguez se quedó en paro. Siguió pagando la hipoteca, sacando de donde pudo, hasta que dejó de pagar. El banco inició el procedimiento de ejecución. Cuando ya se veía en la calle, intentó resolver la deuda. Con 14.500 euros, le indicaron, se ponía al corriente de pago. "Pedí prestado, vendí un terreno que tenía en Ecuador y reuní el dinero". Después le observaron que faltaban 1.500 más. Pidiendo favores, sacó 1.600 euros. "Al mes me dicen que debo además los costes judiciales, que eran 4.410,30 euros, a pagar en 10 días".
Ya no podía pedir un euro más a nadie. Fue al banco y suplicó que se quedaran con su piso, pero no aceptaron. Pidió que le asistiera la justicia gratuita en el proceso, pero no podía acceder a ella porque formalmente tenía un piso. Además de todo esto, en el banco le comentaron que había un error en la escritura y que la cuota estaba mal calculada, que tenían que recalcularla muy por encima de lo que pagaba. La sucursal del Banco Guipuzcoano aludida declinó dar su versión de este caso.
Con todos estos datos, los abogados que le asisten gratuitamente decidieron ir a los tribunales con este planteamiento: Rodríguez no es un moroso, sino que ha sido engañado. "La única diferencia entre este caso y otros miles de ellos es que Julio César se ha plantado. Él no es culpable, sino víctima de una estafa, y quiere denunciarlo", dice Mayoral. La denuncia, una rareza dentro del drama de las ejecuciones hipotecarias, es por estafa contra el apoderado de la gestoría que firmó la venta. Cuando el denunciado prestó declaración ante el juez, dijo que él sólo firmaba ventas y que ignoraba los trámites previos.
El pasado 14 de mayo, Julio César fue desahuciado. El desahucio está recurrido en amparo ante el Constitucional.
Tras la subasta de la casa, el banco se la quedó por la mitad de su valor de tasación, es decir, 177.000 euros. Con la ley hipotecaria española, la deuda no se acaba ahí, sino que el deudor responde con su patrimonio hasta saldar el total. La situación de Julio César es que debe la mitad del piso según su tasación, más las costas judiciales de su desahucio, más los intereses, más las costas judiciales del procedimiento contra sus avalistas, que son su hermana y su cuñado. Julio César Rodríguez, ecuatoriano en paro de 48 años que trabajó hasta ahorrar 36.000 euros y quiso comprarse una casa, debe hoy 325.000 euros.
Rodríguez vive en casa de su hijo mayor, militar del Ejército español de 22 años, con la esposa de este y un niño pequeño. Cuenta que Caja Madrid le ha empezado a embargar a su hermana cada mes 350 euros de un sueldo de 1.500, como codeudora del crédito personal impagado. A su cuñado, asegura, el Guipuzcoano le embarga 489 euros de un sueldo de 1.900 euros, ya que firmó como deudor solidario de la hipoteca. Caja Madrid declinó comentar este caso, pero aseguró que su política es negociar todo lo posible antes de embargar.
Julio César cobra, por ahora, la ayuda de 426 euros del Gobierno, inembargable por ley. Si consiguiera un trabajo, le embargarían el sueldo. No le queda absolutamente nada. Jamás podrá pagar su deuda.
* El País - 31.10.10
Foto: Julio César Rodríguez consiguió dos créditos. Ahora está en la calle y debe una fortuna.- elpais
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EUROPASUR* : La magistrada del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº1 de Algeciras ordenó hace dos meses al Ayuntamiento ejecutar la sentencia sobre las oficinas del aparcamiento Escalinata, después de que éstas fueran declaradas ilegales. Sin embargo, los locales mantienen su actividad, pese a que la jueza dio un plazo de diez días para llevar el fallo judicial a "puro y debido efecto". La secretaria judicial, a través de un decreto firmado el pasado 29 de julio, expone que una vez notificada a las partes la sentencia dictada "se declara su firmeza".
Así, insta a que se le comunique al Consistorio -que recibió la notificación a principios del mes de septiembre- que, una vez acusado recibo, "en el plazo de diez días, la lleve a puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". La secretaria exige también a la Administración demandada que en igual plazo de diez días "participe a este Juzgado cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia"; recordando al final del escrito que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición.
La denuncia partió de la comunidad de vecinos del edificio Escalinata, que pide que se derriben las oficinas para cumplir con la legalidad. El Juzgado algecireño declaró las oficinas ilegales en un fallo dictado en octubre del año pasado, que meses después fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La jueza anuló la licencia para construir las oficinas -otorgada por Urbanismo en 2005- al recalcar que el aparcamiento en el que se asientan ya había sido declarado ilegal a finales de 2004 por el TSJA y que dicho uso comercial no está permitido en un suelo calificado de espacio libre.
Fuentes municipales indicaron ayer a este diario que el Ayuntamiento ha contestado al Juzgado que su intención es dar una solución al conjunto del aparcamiento, cuyo futuro está a expensas de una resolución de los tribunales.
El TSJA declaró ilegal el parking y el fallo fue ratificado por el Supremo. Los vecinos solicitaron su demolición y el Consistorio presentó el Plan de Movilidad para intentar regularizar el edificio. Dicha herramienta fue igualmente desestimada por el TSJA y el Consistorio está a la espera que el Supremo se pronuncie sobre la validez de éste en última instancia.
Los vecinos del edificio Escalinata indicaron ayer que van a denunciar al Consistorio por desobediencia judicial por no haber ejecutado la sentencia sobre las oficinas pese a haber transcurrido dos meses desde que se notificara el fallo.
* Europa Sur - 3.11.10
Foto: Imagen de las oficinas del parking, a la derecha, y de los paneles publicitarios instalados en la fachada.- europasur
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ELPAÍS* : Espacios protegidos sin planes de gestión, especies amenazadas sin instrumentos que las preserven, ríos sin recursos pesqueros ordenados. Esta es, resumida, la política de conservación de la naturaleza que han desarrollado los diferentes gobiernos que han pasado por la Xunta. Ecologistas, biólogos y juristas coinciden en señalar que la protección del medio ambiente nunca fue una prioridad para la Administración autonómica, pero alertan de que el actual Gobierno del PP está eliminando medidas tomadas no solo por el bipartito, sino también por los Ejecutivos de Fraga.
Si las instituciones gallegas mantienen esta política de desprotección, su deterioro será cada vez más severo. Sin planes de conservación, los espacios protegidos de la Red Natura son vulnerables a las presiones urbanísticas, y la Xunta se arriesga a ser sancionada por la Unión Europea porque el plazo para presentar estos instrumentos de gestión acaba en diciembre y Medio Rural reconoció que no llegará a tiempo tras seis años de plazo para redactarlos.
Para Javier Montalvo, profesor de Ecología de la Universidade de Vigo, es más preocupante la falta de planes específicos para los parques naturales y para el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, porque "tiene unos valores ecológicos más altos y tienen mayores necesidades de protección". Las medidas para los espacios que solo están en la Red Natura "son más suaves", destaca.
Las especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción tampoco tienen planes específicos que las preserven de un mayor deterioro. Esta carencia impide conocer su estado actual y los daños que sufren, como ocurrió este verano en los incendios que afectaron al Macizo Central ourensano, donde habitan el lobo y el águila real.
Tampoco los ríos de interés pesquero cuentan con los preceptivos Planes de Gestión de Recursos Piscícolas. Los trechos de cauces fluviales que ya los tienen aprobados no suman ni 70 kilómetros, a pesar de que la Lei de Pesca Fluvial de 1992 obliga a redactarlos. Desde la vuelta del PP a la Xunta no se ha aprobado ninguno. El bipartito preparaba varios planes para cuencas enteras, pero no pasaron de ser borradores. Todo lo que no se hizo en tiempos de bonanza deberá afrontarse ahora con un recorte de los presupuestos de conservación de la naturaleza del 31%.
Alexandre Cendón, coordinador de la Federación Ecoloxista Galega (FEG), atribuye esta política a "una forma muy limitada de ver el medio ambiente, siempre como un atranco y no como una oportunidad". Para Javier Gutián, catedrático de Botánica de la Universidade de Santiago, "no hay más que ver el lugar que ocupa Conservación da Natureza en el organigrama de la Xunta para comprobarlo".
Desde la entrada del Gobierno de Núñez Feijóo, esta dirección general pasó a Medio Rural, mientras que todo lo relativo a desarrollo sostenible y evaluación de impacto ambiental pasaron a integrase en la macroconsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Para la asociación ecologista Verdegaia, esta separación "supuso un descalabro, y además está dirigida por un ingeniero de caminos con una nula sensibilidad ambiental", en referencia al conselleiro Agustín Hernández.
Alba Nogueira, profesora de derecho de la USC, señala también como causa de la desprotección de la naturaleza gallega que "la planificación del territorio es incompatible con la política localista y caciquil imperante". Nogueira destaca que esta legislatura "marca una política de péndulo hacia atrás en la protección del medio".
Nogueira y Guitián coinciden al señalar que el anterior Gobierno autónomo "puso las bases de una nueva política", pero el cambio tras las elecciones de 2009 la paralizó. El catedrático de Botánica pone como muestra que desde la vuelta del PP a la Xunta no se han reunido ni el Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia ni el Observatorio Galego da Biodiversidade. La asociación ecologista Adega presentó una queja ante el Valedor do Pobo para que este organismo encargado de controlar la evolución de la flora y fauna incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas se reúna y cumpla su función.
Todos coinciden en que la presión ciudadana es básica para poder cambiar las actuales políticas de conservación ambiental. Verdegaia asegura que si en las denuncias por delitos ecológicos la mayoría de las veces las causas acaban archivadas, esporque todavía se consideran como "delitos de segunda". Esta asociación denunció por dos delitos contra el medio ambiente al director de las Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, por la construcción de una pasarela de madera que alteró un ecosistema dunar considerado "de reserva" o de máxima protección. Aunque la causa fue desestimada, la presión ambientalista consiguió la retirada de la pasarela.
Las quejas llegan a Bruselas
Tal y como adelantó este diario, la Xunta no presentará a tiempo los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Desde su declaración en diciembre de 2004, se abrió un plazo de seis años para redactar estas herramientas. El bipartito dejó hecho un Plan Director que estaba en evaluación ambiental y que la actual Xunta se negó a aprobar, aunque en un primer momento la Consellería de Medio Rural intentó negar su existencia para alegar que los trabajos "tuvieron que empezar de cero". Los ecologistas advierten que si la Comisión Europea no abre de oficio el expediente sancionador al Gobierno autónomo, ellos se encargarán de denunciarlo.
Sin embargo, la eurodiputada electa del BNG, Ana Miranda, ya ha presentado una iniciativa en el Parlamento Europeo para saber si la Comisión tiene constancia de este hecho. En la misma pregunta parlamentaria, la nacionalista se interesa por la ampliación de la Red Natura que proyectó el bipartito y que ha sido bloqueada por el Gobierno de Núñez Feijóo. En la actualidad, la comunidad autónoma gallega es la que menor porcentaje de superficie protegida tiene, con un 12%, solo superada por Ceuta. El anterior Gobierno tenía una propuesta de aumentar la superficie hasta un 18%, más cerca de la media estatal, pero Medio Rural también paró el proyecto.
A finales de año, la Comisión Europea actualizará las listas de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario que precisen ser designados e instará a los Estados miembros a cubrir las lagunas que queden. En respuesta a una pregunta anterior de Ana Miranda, Bruselas afirmó que una vez realizado este proceso estudiarán la necesidad de tomar medidas como los estados que sigan presentando "deficiencias importantes" de conservación.
* El País - 2.11.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Pd.: Parece que a última hora tratan de rectificar, pero ya se le ha visto el plumero a la Xunta
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MADRIDIARIO/Entrevista* : Juan López Uralde (San Sebastián, 1963) encabeza el proyecto Equo, que tiene la intención de convertirse en un partido ecologista fuerte en España. Tras su detención en la Cumbre del Clima de Copenhague, todavía está pendiente de un juicio que le podría llevar a la cárcel varios meses, pero el trabajo para llegar a las próximas elecciones generales continúa. En esta entrevista explica los objetivos y la visión del medio ambiente que defiende Equo. Todavía no han descartado presentarse a las elecciones autonómicas en Madrid.
El proyecto Equo quiere convertirse en fundación para después poder presentarse a las elecciones como partido ecologista ¿Cómo está yendo este proceso? ¿Está siendo complicado?
El proceso de conformación de la red de grupos verdes está yendo francamente bien y eso nos anima a pensar que podemos llegar a una propuesta verdaderamente amplia para 2012. Va más rápido y tiene más impacto de lo que preveíamos. No creíamos que iba a tener una acogida tan positiva. La prueba de ello es que las ventanas que tenemos abiertas muestran el interés que está teniendo el proyecto. Por ejemplo, estamos ya en más 8.000 amigos en nuestra página de Facebook.
¿Qué persigue Equo? ¿Cuáles son sus objetivos?
Equo es el proyecto para constituir una fuerza política verde relevante en España. Para eso, nos estamos dotando de diversas herramientas. Una de ellas es la constitución de una fundación que actúe como un 'think tank' verde y que nos servirá en el proceso de organizar debates, jornadas, ponencias, publicaciones… toda clase de inteligencia sobre el tema de la ecología política. También está el trabajo para la constitución de la red de la que hablaba antes. En definitiva, Equo es un proyecto amplío que denomina a este proceso de formación de un nuevo partido político verde.
Ha comentado que cree que el nombramiento de Rosa Aguilar como Ministra de Medio Ambiente está pensado para contrarrestar las expectativas que está levantando Equo. ¿Conseguirá Zapatero ganarse de nuevo la confianza de los grupos ecologistas como sucedió con Narbona? ¿Podría restarles votos?
El proyecto Equo es mucho más amplio que simplemente pretender arañar unos votos ahí. Pretende situarse como una fuerza política verde y, en ese sentido, aspiramos a tener un apoyo ciudadano significativo. Yo no creo que a estas alturas los cambios en el Gobierno puedan tener un impacto significativo sobre Equo, porque su falta de interés en cuestiones ambientales ya ha quedado de manifiesto. De hecho, a Rosa Aguilar le traicionan sus propias palabras. Habla de teñir de verde el Ministerio, pero teñir no denota cambios profundos; denota simplemente la voluntad de aparentar.
¿Va a estar Equo en las elecciones autonómicas? ¿Han descartado definitivamente presentarse en Madrid?
Todavía no lo hemos decidido. El horizonte electoral en el que queremos estrenarnos es en 2012, pero en todo caso seguimos estudiando la situación de Madrid y ya veremos si decidimos presentarnos o no; pero de momento la idea es no presentarnos, aunque no es definitivo.
¿Puede influir en esa opinión que Reyes Montiel, ex diputada en la Asamblea de Madrid, haya dejado IU para colaborar con Equo? ¿Qué le parece esta incorporación?
Tendremos que analizarlo. Es un poco precipitado tomar ahora esa decisión. Su incorporación ha sido una muy buena noticia. Dentro de la política madrileña, Reyes Montiel ha sido no solo un referente en la defensa del medio ambiente, sino también en la lucha contra la corrupción, un trabajo que ha realizado casi desde la soledad. Valoramos muy positivamente su trabajo.
¿Podrían sumarse a Equo más políticos de IU Abierta, sección que ha manifestado su malestar con la situación actual de su partido? ¿Guardan algún as en la manga?
Equo es un proyecto que está abierto a toda la gente ecologista y progresista que quiera incorporarse para trabajar en esta línea. Nosotros tenemos las puertas abiertas. También a la gente del PSOE. Estamos contactando con mucha gente y encontrando mucha simpatía en el proyecto, pero en Equo desde el principio hemos sido muy respetuosos y creemos que las personas que quieran venir tienen que decirlo ellas. En cualquier caso, aunque seamos los que somos ya es un proyecto muy interesante, porque la base es gente de la sociedad civil que ha dado un paso. Vamos a tirar para adelante con ases o sin ases.
¿Qué opina de la situación del medio ambiente en Madrid?
El impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid viene marcado por la presencia de la gran urbe y, por lo tanto, es un sumidero de energía, de agua y de suelo. En definitiva, somos devoradores de recursos. Lo que devolvemos es gran cantidad de residuos y de contaminación. Yo creo que en Madrid el medio ambiente es un tema totalmente abandonado, dejado fuera de la agenda política. Tenemos problemas gravísimos, como, por ejemplo, el hecho de que un gran número de días en nuestra ciudad se superan los índices de contaminación establecidos por la legalidad europea, algo que se vive prácticamente con indiferencia por parte de las Administraciones y, desgraciadamente, también por parte de los ciudadanos.
No se ha afrontado seriamente la cuestión de las energías renovables. Somos una Comunidad donde no existen fuentes renovables. Esto no sucede prácticamente en ninguna otra comunidad autónoma. Aquí es marginal y lo que hay es el esfuerzo de algunos ciudadanos individuales. En cuanto al transporte, por más que se habla de fomentar el uso de la bicicleta y de que van a habilitar carriles por el centro de la ciudad sigue siendo un peligro público notorio circular en bicicleta por la ciudad. La restricción al uso del coche es lentísimo. Yo creo que realmente hay muchísimo que hacer en medio ambiente en Madrid, por lo que sería muy necesaria una fuerza política verde.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales del país?
El problema más grave que hemos sufrido, que ha tenido además muchas implicaciones, ha sido el urbanismo desbocado. Ha habido muchas situaciones críticas relacionadas con ello, como el aumento del consumo de agua, la destrucción de parajes naturales o la construcciones en zonas litorales. Ahora todo eso está un poco parado por la crisis, pero solo de forma estacional, porque si no hay cambios estructurales la cosa va a volver a rebrotar. También tenemos problemas específicos asociados al cambio climático y a nuestra situación geográfica. Por ejemplo, las predicciones sobre el agua son preocupantes. Es un tema del que desgraciadamente solo se habla cuando hay sequía, pero sigue estando ahí. Y en cuanto a cuestiones candentes, ahora mismo están el cementerio nuclear y las balsas mineras, como en el caso de Hungría.
¿Es posible respetar el medio ambiente con el actual sistema económico que tenemos?
Los hechos han demostrado que un modelo que se basa en un crecimiento continuado en una base física que es finita es insostenible. Eso es así y, precisamente, es un poco la propuesta de Equo. Lo que buscamos son alternativas que sean capaces de superar los puntos que hacen que este modelo nos lleve a la situación que nos está llevando. Ese es precisamente nuestro proyecto. ¿Cuáles son los cambios que deben hacerse en el modelo para que la situación no siga yendo por el camino por el que va?
¿Cuáles son esos cambios?
Entre nuestras propuestas está que el modelo financiero sea más transparente, para lo que habría que crear una tasa para algunas operaciones; un modelo energético cien por cien renovable; unas prioridades más en línea de los intereses de los más desfavorecidos; y también respuestas concretas para cada cuestión y para cada una de las crisis económicas, sociales y ecológicas.
¿Políticamente cómo se define Equo?
Equo se define como una fuerza que pretende hacer de la ecología, la sosteniblidad y la equidad el centro del debate político. Al menos ese es el centro para nosotros. Nos definimos como una fuerza del siglo XXI para hacer frente a los problemas que la sociedad y el planeta tienen hoy. Por eso, nos resistimos a ser introducidos en moldes que no reflejan lo que somos.
¿Pero se puede decir que es un proyecto de izquierdas?
Ahí la cuestión es qué es lo que definimos como izquierda. Probablemente, desde el ecologismo es desde donde se está haciendo la crítica más audaz y más valiente del sistema. En cuanto a confrontación con el modelo, evidentemente, estamos en la izquierda; pero no nos sentimos representados con determinados clichés que se han utilizado para definir izquierda y derecha. Nosotros representamos otra forma distinta de hacer frente a los problemas.
A nivel personal, ¿cómo afronta esta incursión en la política? ¿Tiene miedo de decepcionarse?
La reacción mayoritaria de la gente que me rodea es preguntarme "¿cómo te metes ahí?". La política ahora mismo en España no tiene una valoración muy positiva. Ante esta realidad una opción es inhibirte, pero si te inhibes otros van a ocupar ese lugar que tú dejas libre y a lo mejor con otras ideas que pueden ser contrarias a las tuyas. Por tanto, hay que mojarse e intentar llevar adelante tus ideas, y yo y los que estamos en este proyecto lo hacemos con ilusión porque pensamos que se puede hacer algo importante.
* Madridiario . 3.11.10
Foto: Equo, J.López Uralde - madridiario
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PÚBLICO* : Las entidades financieras españolas subirán las comisiones y los precios de los créditos para afrontar el complicado 2011 que tienen por delante. Intentan así evitar caer en pérdidas. Los contribuyentes españoles han empleado ya 30.000 millones de euros en ayudar a las entidades financieras nacionales (10.189 millones del fondo de rescate FROB y 19.341 millones en compras de activos), pero su aportación para sacarlas de la crisis no ha hecho más que empezar. Con el dinero aportado por el presupuesto hasta ahora, se consiguió dar un oxígeno muy necesario al sector en los momentos de mayores dificultades de captación de liquidez y de capital. Ahora lo que necesitan bancos y cajas es elevar los ingresos ante el parón de la actividad económica y el crecimiento de la morosidad.
Al margen de las fusiones que se han ejecutado y las que quedan por llegar, sólo con más facturación conseguirán la mayoría de las entidades españolas evitar las pérdidas en 2011 o salir de ellas lo más rápido posible. Y eso para el cliente significa que tendrá que pagar mucho más por los servicios que recibe (comisiones) y también por los créditos que le entregan, en caso de que lo consideren lo suficientemente solvente para concedérselo. Pagarán por segunda vez, esta vez de forma mucho más directa, la crisis bancaria.
Este año, la banca ha conseguido salir adelante porque todavía tenía participaciones de las que desprenderse con plusvalías, oficinas que podían vender y realquilar (operación conocida como sale & lease back) y, sobre todo, contaban con una hucha de la que ir tirando para poder sufragar el crecimiento de la morosidad (provisiones genéricas).
Pero la crisis se ha alargado más de previsto y al limón ya le queda poco exprimir, aseguran en un banco mediano, en el que reconocen que en todas las entidades se está estudiando a fondo qué se puede vender para poder superar el próximo año. "Desde luego, 2011 va a ser complicado y no pinta bien", aseguraban recientemente fuentes de Caja Madrid. "La situación sigue siendo difícil y las perspectivas son complicadas. Queda mucho que ver para que demos por cerrada la crisis y se haya estabilizado el sector", añadía el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano.
"Tenemos por delante una coyuntura de poco crecimiento y poco negocio", explicaba el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz. Todos coinciden en que el panorama pinta muy negro y empiezan a justificar las subidas de precios para los clientes. "Cuando el riesgo crediticio aumenta, hay que aumentar las comisiones", decía en la presentación de resultados Jaime Echegoyen, consejero delegado de Bankinter hasta hace poco más de una semana.
Las cuentas, un 3,2% más caras
El encarecimiento de los servicios empieza a verse, aunque se notará más el próximo año, advierten en el sector.
Las comisiones de mantenimiento de una cuenta corriente se han elevado en un año un 3,22% y los clientes ya tienen que abonar de media por ellas 43,5 euros al año, según los datos actualizados a septiembre por el Banco de España. La tasa de apertura de un crédito no hipotecario ha aumentado del 2,93% al 3,02%, lo que supone que, por cada 10.000 euros financiados, el usuario paga diez euros más.
En las hipotecas, el coste de apertura se ha incrementado de media del 2,68% al 2,72%. Las tarjetas no se han librado de la subida de precios. La cuota anual de una de débito ha subido un 1%, hasta 16,84 euros de media, y la de crédito, un 0,5%, hasta 33,48 euros. Los que más se han encarecido han sido los descubiertos: han pasado del 3,5% al 3,8%.
En todo caso, no sólo han encarecido los precios, sino que han dado orden a sus empleados de que ya no se pueden devolver como se hacía hasta hace nada cuando el cliente lo solicitaba. Y para que no exista la tentación, varias de ellas, como La Caixa o Ibercaja, han eliminado la posibilidad del sistema informático.
Y, además, han creado nuevas tasas por servicios que hasta ahora eran gratuitos. Por ejemplo, Bankinter, una entidad más barata que la mayoría de sus competidores, cobra ahora un euro a los clientes que demandan realizar algunas operaciones por teléfono con la ayuda de un operador.
Las entidades justifican que hay operaciones que pueden realizarse de forma telemática sin generar tantos costes para la entidad. Echegoyen que dijo en público lo que otros sólo reconocen en privado admitió en su última rueda de prensa que "cuando llegan las épocas duras, empujamos a algunos clientes a que se vayan, porque creemos que no van a ser solventes o no van a ser rentables" para el banco.
Los créditos cuestan más
El otro gran efecto que tendrán que sufrir los clientes serán los precios más elevados en los créditos. Si conseguir un préstamo es desde hace tiempo complicado, los que lo consigan de aquí en adelante tendrán que pagarlos más caros.
Las hipotecas con diferenciales del 0,25% sobre el euríbor se fueron para no volver. Ahora, salvo ofertas muy puntuales para robar algún cliente a la competencia, las hipotecas tienen diferenciales de en torno al 1%. Las concedidas en septiembre a los hogares se entregaron a un precio medio del 2,65%, algo más de un punto sobre el euríbor.
Los créditos al consumo, se contrataron al 7,87%; los créditos para pymes, al 3,61%, y para las grandes empresas, al 2,17%. Estos precios tenderán a subir. Los banqueros explican que conseguir el dinero que luego prestan les cuesta ahora mucho más caro.
"El crédito tiene que recuperar márgenes y precios. El precio de la materia se ha encarecido", decía el jueves pasado Alfredo Sáenz. Aquí no habrá guerra por dar muchos y baratos. Para desgracia de los clientes.
Menos oficinas y empleados para atender al público
8.818 empleados
La banca también combatirá la crisis reduciendo sus costes. Para ello, ha reducido su plantilla en 8.818 empleados en un año. Bancos, cajas y cooperativas tenían a final del año pasado 269.483 trabajadores, según los últimos datos del Banco de España. A finales de 2010, tendrán muchos menos tras las fusiones de cajas de ahorros.
784 oficinas
Cuando termine la crisis, los usuarios tendrán menos oficinas a las que acudir. En un año, se ha reducido la red en 784 sucursales, hasta dejarla en junio con 44.047 establecimientos.
* Público - 2.11.10
Foto: Los clientes van a tener que pagar más en 2011 por los préstamos y por los servicios que recibe de las entidades financieras.thinkstock
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ELPAÍS/Alicante* : El empresario Rafael Gregori ejerce una gran influencia sobre el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP, para "beneficio propio o de terceras personas", según apunta la brigada de delitos económicos de la policía, que ha tenido durante meses intervenidos los teléfonos de los implicados en el caso Brugal. Gregori, propietario de un concesionario de coches y camiones de basura, es una de las piezas clave del caso Brugal. Fue detenido el pasado mes de julio, y el juez le dejó en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho y fraude, con una fianza de 100.000 euros.
El empresario, presidente de la Fundación Hércules hasta abril pasado, en una de las numerosas conversaciones intervenidas por la policía, el 4 de abril de 2008, habla con José, una persona que los agentes no logran identificar. Hablan sobre posibles negocios con el grupo Subús (concesionario del transporte urbano de Alicante y su área metropolitana). El empresario pide a Gregori que le pegue "un empujón" para hablar con Antonio Arias. Acto seguido, según la transcripción de la conversación efectuada por la policía, empiezan a hablar del proyecto de unir Elche y Alicante por tranvía.
José: ¿Entonces, cómo escarbo, cómo llego yo a ese proyecto, tú tienes idea?
Rafael Gregori: Me informo.
J.: Infórmate cómo puedo llegar yo a ese proyecto porque (no se entiende) los tranvías estos pueden transportar 240.000 personas por tirada.
R.: Sí.
J.: No necesitan tendido eléctrico, van guiados por GPS, no necesitan conductor y puede ser un proyecto acojonante.
R.: Voy a estar con el presidente de la Diputación ahora en Sevilla, y voy a preguntarle.
J.: Hazle un preguntado, porque coger un avión e irnos a Indover puede ser una pasada...
Y añade un poco después: "Entérate porque puede ser muy interesante unir Elche por la Vía Parque con Alicante".
R.: Si es cosa de la consejería, también tengo ahí al presidente y al consejero, que es amigo mío coño.
J.: Pues ahí tenemos que meter la cuchara, tenemos que meter la cuchara porque puede haber mucha pasta en juego.
R.: Vale, vale, vale...
J.: Pues a ver si la semana que viene nos vemos y te cuento unas cosas que tenemos que hablar.
* El País - 2.11.10
Foto: Alicante, Ripoll presidente Diputación detenido (archivo) - EFE
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INFORMACIÓN* : Esta palabra debe haber desaparecido definitivamente de la escena política de la provincia de Alicante y de España en general. No hay pueblo ni ciudad donde la hipocresía y la mentira no se han apoderado de la vida pública. La honestidad en todo caso queda relegada a la estricta vida privada. Desde el siglo XIX no ha cambiado mucho en España. Los caciques siguen haciendo y deshaciendo a su antojo, unos se dicen de izquierdas y los otros de derechas. Básicamente nos gobiernan los mismos, pero de forma distinta. Ahora utilizan los llamados medios de comunicación, las campañas de publicidad o de imagen, la palabrería hueca y las apariciones públicas estelares. Sin embargo el debate honesto, interesado por conseguir el bien común, simplemente no existe. Los unos y los otros se insultan, se demandan judicialmente, hablan del pasado más o menos remoto. Pero argumentos, los que se utilizan en un debate honesto, esos no existen.
En Benidorm gobierna a su antojo el clan de los Pajines, que hasta tiene una delegada en Madrid, de la que se acuerdan en Valladolid. En Alicante la alcaldesa se va de viaje en yate gracias al cacique local y lo cuenta como si nada, le pide también empleo para sus amigos y se enorgullece de ello, contrata al despacho de abogados de su hermano y de un amigo del anterior alcalde y nombra delegado de urbanismo al sobrino del arquitecto jefe redactor del PGOU de Alicante, para que quede todo en casa. El anterior portavoz del PSOE en Alicante llama igualmente al cacique de Alicante para enchufar a sus amigos. El ahora portavoz del PSOE en las cortes regionales trabajó como abogado para el cacique de Alicante cuando dejó la alcaldía. El presidente de la diputación se comporta como otro cacique, amañando según la Policía Nacional concursos públicos y no pagando las consumiciones de su nutrido séquito, esposa discreta incluida, en sus saliditas nocturnas por Alicante, que lo he visto yo. En Orihuela la alcaldesa quiere ganar dinero hasta con la basura según el fiscal. En Polop un concejal directamente asesina al alcalde para seguir con sus negocios urbanísticos según la Guardia Civil. Paro aquí para no aburrir más.
Lo más extraño de todo es que, mientras los políticos establecidos siguen con sus negocios particulares a costa del erario público y con el descaro que les caracteriza, los ciudadanos no reaccionan. Siguen indolentes su vida diaria, ocupados con sus problemas causados precisamente por los políticos incompetentes, pero nada más. En las siguientes elecciones parece que votarán otra vez a unos y a otros, o más bien en contra de unos y en contra de otros, para luego volver a su triste existencia, apartados del banquete de los caciques y políticos corruptos que se lo están pasando bomba.
¿Cuándo dirá BASTA YA la ciudadanía? ¿Cuántos casos de corrupción pública son necesarios para que los caciques y políticos corruptos sean expulsados de la vida pública? ¿Cuándo volverá la honestidad a la vida pública? Es hora de parar este círculo vicioso de "hoy voto al PSOE, mañana al PP y viceversa". Ha quedado acreditado que con esta clase política no progresaremos ni mejoraremos nunca. Llevamos más de doscientos años con la misma clase política corrupta. Hacerlo peor que éstos charlatanes es imposible. Es absolutamente necesaria una regeneración radical de la vida pública. Hace falta gente nueva, sin ataduras con los caciques, una alternativa. Ciudadanos que no viven de la política, sino para la política, y que después de un tiempo en la vida pública vuelven a sus casas. Ciudadanos políticos que no tengan que enchufar a nadie y que desprecien el enchufismo. Ciudadanos políticos que prefieran pasar las vacaciones en la terraza de su casa que en el yate del cacique. Ciudadanos políticos que vayan a pie por las calles de su ciudad y no en el coche pagado por el cacique. Ciudadanos políticos que paguen sus consumiciones en los bares de Alicante y no se vayan sin pagar como si fuera lo más normal del mundo. Ciudadanos políticos que por pudor no contraten con dinero público a nadie de su familia, ni de sus amigos, ni de la familia de sus amigos. Ciudadanos políticos que en vez de encargar campañas de imagen para promoverse a si mismo dediquen sus esfuerzos en trabajar honestamente. Ciudadanos políticos que cuando han cometido algún error o parezca que han cometido alguno no tengan ninguna duda sobre lo que tienen que hacer, a saber dimitir simplemente y volver a su casa dejando paso a otros ciudadanos políticos. El día en que Alicante y España desalojen a los charlatanes corruptos de las instituciones públicas podrá afirmarse sin margen de equivocación que los alicantinos y los españoles han alcanzado la mayoría de edad y han actuado como adultos. Ojalá llegue pronto este día, depende de nosotros.
* Información - Opinión - 2.11.10
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