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HUEVAINFORMACIÓN* : El profesor de la Universidad de Huelva, José Manuel Jurado Almonte, y la directora general del territorio, Rocío Allepuz, intentarán aclarar en el curso Ordenación del territorio y urbanismo. Conflictos y oportunidades la situación actual en la que se encuentra el territorio urbanístico onubense así como los conflictos y oportunidades que conlleva. Así, durante la realización del curso, el profesor Jurado tratará temas recientes en el paisaje onubense como ha ocurrido en las playas, así como en el paisaje de España, urbanismo sostenible en Andalucía y Europa, y las diferentes planificaciones en la infraestructura en la provincia de Huelva.
Este curso trata la ordenación del territorio y el urbanismo como poderosos instrumentos sobre los que se asientas la economía, la cohesión social y el medio ambiente de regiones, ciudades y núcleos rurales. Cada vez más el urbanismo es la piedra angular sobre la que destacan las políticas de incentivación económica locales, las actuaciones en infraestructuras y equipamientos públicos, la hacienda municipal y están íntimamente implicada en las políticas de bienestar social, patrimonio cultural y medio ambiente urbano, entre otros. Un curso dirigido a todos aquellos que muestran interés por la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico, el sector de la construcción, el medio ambiente y el desarrollo local.
También se tratará el momento económico actual en Responsabilidad social corporativa, crisis y reforma laboral, en el que Miguel Rodríguez Piñero, de la Universidad de Sevilla, pondrá de manifiesto las posibilidades que existen para poder intentar salir de la crisis. Con temas tan interesantes como las pymes, la importancia de los medios de comunicación y la responsabilidad social, el papel de Naciones Unidas en el pacto mundial, la agenda europea 2020 y las prácticas en empresas innovadoras.
* Huelva Información - 13.07.10
Foto: Ayamonte (Huelva), edicios ilegales Isla Canela - huelvainformacion.es
La situación del territorio urbanístico onubense en el punto de mira
Los dueños de las casas ilegales de Marbella presionan para no pagar
ELPAÍS/Málaga* : Los dueños de viviendas ilegales de Marbella (Málaga) están recelosos. Después de varias reuniones con técnicos de urbanismo para ver cómo se van a regularizar las 16.500 viviendas ilegales de la ciudad, no tienen tan claro el compromiso que en su día hizo el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de no permitir que los terceros de buena fe terminen pagando las tropelías de otros.
"Empezaron a explicárnoslo poco a poco, hasta que llegó el momento en el que nos tocaba pagar, en algunos casos se han dado hasta cantidades", explica Cristóbal Moncayo, de la asociación de vecinos Cristo de los Molinos. La organización, a la que pertenecen unos 800 socios y que abarca una extensión con 1.500 casas ilegales, se echó las manos a la cabeza. "Vamos a preparar una plataforma por si hay que sacarla a la calle en caso de emergencia", añade Moncayo. Entre 10 y 15 urbanizaciones les han llamado para adherirse.
El runrún de los vecinos forzó que el edil de Urbanismo, Pablo Moro, anunciara el pasado miércoles una moción para el próximo pleno en la que el Ayuntamiento vuelve a comprometerse a perseguir a los promotores para que se hagan cargo de los desembolsos. Moro intentó tranquilizar a los propietarios de los inmuebles y pidió a la oposición que les apoye en esta iniciativa.
Conscientes de que falta menos de un año para las elecciones, los autodenominados "terceros de buena fe" buscan precisamente esto, que el PSOE también se comprometa. "No sería una gran cosa, pero habría donde agarrarse políticamente", consideran.
Los socialistas han recogido el guante al segundo. "Si dentro de un año soy alcalde, ningún comprador de buena fe pagará ni un euro de compensaciones", prometió el viernes José Bernal, secretario del PSOE de Marbella. Bernal se acompañó de una arquitecta, experta en urbanismo, que aseguró la existencia de "mecanismos suficientes para no tener que exigir nada a los vecinos".
Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, los promotores de las viviendas en situación irregular tienen hasta mayo de 2011 para aportar de forma voluntaria las compensaciones (terrenos o dinero) que les marca el documento y así conseguir su legalización. Si no lo hacen, el Consistorio se lo puede exigir. En caso de que estén desaparecidos, el propietario de la vivienda asume la carga.
Tanto el equipo de gobierno, como la oposición, defienden que no se llegará a este extremo, pero las fórmulas para conseguirlo no están claras. El edil de Urbanismo deslizó la posibilidad de exigir responsabilidades a las administraciones implicadas, entre las que se incluye el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Bernal también apostó por esta vía, aunque no entró en detalles. "Lo único que hay que hacer es gestionar debidamente", dijo su asesora, la arquitecta Isabel Pérez.
Ya a finales de 2008, la alcaldesa trató de zanjar esta polémica con una carta que recibían todas las personas que iban a consultar el PGOU. El documento daba por hecho que todos los compradores de viviendas ilegales en Marbella las adquirieron con buena fe y les garantizaba que quedarían eximidos de pagar las compensaciones.
Para conseguirlo, aseguraba que se había introducido en el PGOU un artículo en el que esa inmunidad no aparecía recogida expresamente. La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
* El País - 12.07.10
Foto: Marbella, ilegal Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
¿Para cuándo el cambio de modelo?
JOSÉ MANUEL NAREDO* : Puede un gobierno ningunear sus propias elaboraciones? Sin duda que puede, y es lo que ocurre si por iniciativa de políticos y funcionarios bienintencionados se promueven estudios o propuestas de interés que, cuando llegan a término, no corresponden con las prioridades políticas del momento. Tras tanto hablar del cambio de modelo económico, cuando por fin se plantea en un sector tan importante como es el inmobiliario, parece que ya no cabe en una agenda política volcada en la ardua tarea de imponer disciplina presupuestaria y recortes salariales. Hace ya un mes que se presentó el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, elaborado por iniciativa del Ministerio de Vivienda, que señalaba la necesidad de cambiar el actual modelo inmobiliario. La importancia de los temas de fondo planteados en el mismo corrió pareja al escaso interés político y mediático despertado.
No en vano se impone el Mundial de fútbol como principal tema de interés patriótico, o saltan a la palestra otras cuestiones que no dejan hablar del “cambio de modelo” que tiempo atrás se consideró necesario para salir de la crisis. Como las prioridades son otras, la caja de resonancia de los media no ha tenido a bien amplificar ni el diagnóstico, ni las propuestas del mencionado Libro blanco, sintetizadas en su decálogo final. En él se reconoce que la crisis económica actual refleja el agotamiento del modelo inmobiliario-financiero que la había propiciado. Se analizan los resquicios que ofrece el actual marco legislativo para hacer practicable el cambio de modelo y se proponen medidas e instrumentos cuya aplicación reclama una firme voluntad política hoy por hoy inexistente. Pues rebasan el campo de la vivienda y el urbanismo reclamando un apoyo decidido de todas las administraciones que sólo cabe conseguir mediante un auténtico acuerdo o pacto de Estado, que está lejos de producirse.
En suma, que el Libro blanco contribuye a pensar y posibilitar el cambio del modelo inmobiliario-financiero que lastra el futuro de la economía española. Si el Gobierno no quiere verlo, este documento permanecerá en los cajones de la Administración como testigo del esfuerzo de los políticos, funcionarios y técnicos que lo promovieron para mostrar que sí hay alternativas. Y que la ceguera voluntaria hacia ellas está arrastrando al Gobierno por la pendiente de un conformismo bien poco ilusionante.
* JOSÉ MANUEL NAREDO, Economista y estadístico
* Público - Opinión - 8.07.10
«A la política se suelen dedicar los que fracasan en otros intentos»
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : Entrevista a Luciano Prada.- A sus 84 años acaba de publicar un libro que recoge los cien últimos años de historia de Castro Urdiales. Este castreño, muy conocido en el municipio por dirigir el periódico La Ilustración durante 29 años, ha dedicado su vida a la comunicación y no hay acontecimiento social político, económico... que se haya dado en la ciudad que no conozca. Sus años de experiencia le hacen llegar a la conclusión de que «tenemos un pueblo muy bonito pero se han hecho muchas chapuzas». No culpa a los políticos, de los que dice que se dedican a ello porque han fracasado en otros intentos», sino a «todos los que los hemos puesto donde están».
-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?
-En líneas generales esto ya lo publiqué con el nombre de efemérides en varias ediciones de La Ilustración. Con motivo del centenario de Castro como ciudad, desde el Ayuntamiento me hablaron de hacer un libro pensando que no sería difícil al haber recogido ya mucha información. He tenido que pasar muchas hojas de periódico para escribirlo. Tengo ediciones de toda la época: La Gaceta de Castro, La Voz de Castro, La Ilustración.
-¿Qué se puede encontrar en la obra?
-No deja de ser una cuestión pueblerina. En un pueblo no pasan precisamente muchas cosas.
-Últimamente aquí en Castro la actualidad está candente.
-Ése es otro asunto, el de la política. A la política generalmente se dedican los que han fracasado por otros intentos. La gente que vale va a la empresa privada y crece. Los políticos quieren que se hable de ellos y entonces generan polémica y ahí va la prensa.
-Comenta que en el libro se tratan temas del pueblo. ¿Qué atractivo tendrá para el castreño de a pie?
-Empiezo a escribir desde 1890, década prodigiosa de Castro. De esa etapa no queda gente pero desde los años 20 sí hay alguno y han vivido todo lo que cuento en el libro. Por ejemplo, la Guerra Civil, que es lo más trágico que ha sucedido en Castro, la guerra entre hermanos. Habrá mucha gente que se acordará de cosas que pongo ahí.
-Como persona que ha vivido muchos de los cambios del municipio, ¿qué diría al respecto?
-Tenemos un pueblo muy bonito donde la obra de Dios es enorme pero hemos hecho una chapuza. Cuando se aprueba el Plan de Urbanismo en el año 1.996 todos pensamos que se iba a hacer una cosa muy seria y, al final, se convirtió el chicle. Hemos hecho muchos disparates y la culpa es de todos porque a los políticos los ponemos nosotros.
-Con el urbanismo se ha perdido patrimonio pero, ¿qué ha sido de las costumbres?
-Las costumbres y la vida de los pueblos las hace la gente. Con el devenir del tiempo los pueblos crecen, cambian las generaciones, las generaciones de antes poner verdes a las que les siguen... Siempre decimos: «Es que lo jóvenes de antes no éramos como los de ahora». Y o creo que podíamos ser tan pillos como los de ahora. Y lo mismo pasará cuando los de ahora sean abuelitos, que hablarán mal de sus nietos.
-Con respecto a las costumbres, ¿qué le parece el traje típico castreño que se ha elaborado recientemente y que ha generado tanta polémica?
-Está muy bien porque si no eran así, después lo serán. Castro fue siempre una ciudad muy pobre y pasaban necesidad siempre. Se vestían con lo que podían y no podían ir tan lujosas como se planeta ese traje. Pero, es como la marmita de bonito. Ahora unos dice que tiene que llevar pimiento, otros que tomate y, al final, la marmita era el cacharro en el que los castreños metían lo que podían.
-¿Cómo era el día a día de un castreño?
-Muy duro. Muchos iban descalzos y los mineros era peor. Algunos iban todos los días desde Allendelagua hasta Setares a la mina andando y habían desayunado, si tenían alguna vaca, un poco de leche con agua.
-Anime a los castreños a leer su libro.
-Somos muy pocos castreños. Hace 20 años éramos 15.000 y lo éramos también hace 100. De ellos, hoy quedaremos 9.000. Castreños de toda la vida, estamos muy pocos.
* El Diario Montañés - 12.07.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es
Ecologistas en Acción critica el litoral del Campo de Gibraltar
EUROPASUR/Algeciras* : Varios de los focos de impacto medioambiental de mayor gravedad de cuantos existen en el litoral de España se localizan en el Campo de Gibraltar. Así se recoge en el informe anual de la asociación Ecologistas en Acción, publicado hace escasos días. Una de las conclusiones que se extrae tras observar el documento -de ámbito nacional- es que la comarca, en el último año, no ha avanzado nada en este aspecto. En julio de 2009 un informe similar de Greenpeace, también a nivel español, situaba exactamente los mismos déficits que ahora señala Ecologistas en Acción.
El informe que acaba de aparecer de esta organización ecologista se llama Caos en la costa. Entre otros apartados, en él se eligen los diez peores casos que ha encontrado en España de "urbanismo depredador", "vertido orgánico y deficiencia en la depuración del agua", "atentados contra los ecosistemas marinos" y proyectos portuarios que agreden al medio ambiente. En esos ránquines aparece la comarca.
La Bahía de Algeciras, refleja Ecologistas en Acción, es uno de los diez enclaves más preocupantes de España en relación a los casos de mayor impacto sobre los ecosistemas marinos y la atmósfera. "La Bahía de Algeciras se encuentra fuera de control desde la época franquista. Con la democracia, y posterior entrada en la Unión Europea, lejos de ordenar las actividades y la población en la zona, vemos como cada vez existen más impactos, vertidos al mar, vertidos a la atmósfera, fraudes y corruptelas", indica el informe.
Ecologistas en Acción distingue especialmente tres zonas: el área litoral entre los ríos Palmones y Guadarranque y sus vegas bajas, los alrededores marinos de Gibraltar a causa del bunkering y los aledaños de la monoboya de Cepsa.
La acusación sobre la costa barreña se justifica "por la pérdida de arena debida a la erosión producida de forma antrópica, los vertidos de aguas residuales (Los Barrios, San Roque…), los vertidos industriales y los procedentes del intenso tráfico de barcos y gasolineras flotantes. Igualmente por la amenaza que supone el POT para las vegas inundables de los ríos Palmones y Guadarranque, y por los rellenos ya realizados sobre las mismas".
De la práctica del bunkering Ecologistas en Acción censura los vertidos ocasionados por un ejercicio que persigue "evitar el pago de impuestos" y también critica los derrames que se producen en la monoboya de la refinería.
La organización recuerda en su informe: "Se han producido dos vertidos importantes desde barcos: el MSC Shenzhen arrojó 300 toneladas de fuel pesado en el astillero de Crinavis el 29 de octubre. Varias playas de la Bahía quedaron contaminadas. El 13 de diciembre el buque ro-ro Ropax-1 perdió 40 toneladas de fuel tras chocar con una monoboya de Cepsa. El 22 de diciembre, los Vemaoil XXI y IX, dos de las grandes gasolineras flotantes, naufragan junto a la Línea por el temporal. Afortunadamente encallaron en arena y no se produjo vertido".
Otro de los motivos de la degradación de la Bahía, según Ecologistas en Acción, son los vertidos orgánicos al mar y la deficiencias en la depuración del agua. En este aspecto el colectivo vapulea a Algeciras y a Gibraltar.
"La situación de la depuración de aguas en la Bahía de Algeciras es alarmante. En Algeciras vemos cómo, aunque la depuradora está en construcción, después de una década de reivindicaciones, las aguas residuales de más de 115.000 personas son vertidas al mar sin la más mínima depuración. Esto hace que se viertan unos 12 millones de metros cúbicos anuales de aguas fecales directamente al mar", resalta la organización ecologista, que en su documento incluso duda de que la futura depuradora esté bien planificada.
"A esto debemos sumarle que los vecinos de la colonia británica de Gibraltar tampoco depuran sus aguas y estas son vertidas en forma de cascada desde media altura del peñón al interior de la bahía", agrega Ecologistas en Acción, que, por ello, "denuncia la enorme irresponsabilidad de las administraciones andaluza y gibraltareña, ya que las aguas de la bahía de Algeciras se mezclan con las corrientes presentes en el Estrecho, que generan numerosos afloramientos en el Mar de Alborán y van, circulando por éste y alimentándose de nutrientes y contaminantes, hasta desaguar enfrente de las costas de Argelia". "Hemos de indicar que esta contaminación está afectando a los recursos pesqueros de la cuenca marina del Mar de Alborán", precisa.
Por último, en cuanto al urbanismo y los sistemas portuarios que se enfrentan a la naturaleza, Ecologistas en Acción dirige su dedo inculpatorio a Tarifa. A juicio de este colectivo, las obras de urbanización en la playa de los Alemanes (en Atlanterra), "que han destruido un valioso bosque con acebuches, sabinas y enebros marítimos", es uno de los diez proyectos urbanísticos de España que mayor impacto pueden acarrear sobre la costa.
Sobre la ampliación del puerto de Tarifa, la organización sentencia: "La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, dependiente del Ministerio de Fomento, pretende llevarla a cabo en una zona que quedó excluida del Parque Natural del Estrecho en 2003 por presiones de la Autoridad Portuaria y por una manifiesta dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las características geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de la zona que se excluyó de forma totalmente arbitraria del parque natural, y que ahora se pretende rellenar y destruir, no mantienen diferencia alguna con las zonas aledañas que se incluyeron en este espacio protegido".
* Europa Sur- 12.07.10
Foto: Operarios limpian la arena de vertidos producidos por el 'Shenzhen'.- europasur.es
Hasta Brasil 2014
LAPRENSA/Bolivia* : El “país del fútbol” invertirá al menos 9.500 millones de dólares para obras de infraestructura. Observador global.com.- Poco después de conocer a España como campeón del mundo, el “planeta fútbol” ha puesto sus ojos en Brasil. Después de 36 años, el Mundial volverá a Sudamérica en 2014 y será nada menos que “el país del fútbol” el encargado de organizarlo en cuatro años. La gran nación luso parlante del continente perseguirá en este torneo dos ambiciosos objetivos: ganar en casa el sexto título de su historia y exhibirse ante la comunidad internacional como una nación emergente que pretende convertirse en una gran potencia planetaria.
Sin embargo, el clima actual tras la eliminación prematura en Sudáfrica y los importantes atrasos en las obras preocupan y generan incertidumbre.
Brasil parece no estar dispuesto a escatimar en gastos, pues invertirá 9.500 millones para costear la infraestructura mundialista del 2014, el doble de lo erogado por Sudáfrica. El Estado destinará 1.900 millones para acondicionar los doce estadios que albergarán la competencia. Además, el Gobierno prevé desembolsar 14.000 millones más para la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán en 2016.
Sin embargo, estas cifras no comprenden los gastos en seguridad y tecnología, por lo que se estima que la inversión total del Mundial y los Juegos superará estos millonarios presupuestos. Tal vez eso haya llevado a que algunos parlamentarios opositores recortaran fondos desde la comisión legislativa que fiscaliza las obras.
Del presupuesto pautado para 2010, ya se recortaron 1.400 millones y esto, para muchos, demorará la concreción de algunas obras. El Sindicato Nacional de Empresas de Arquitectura e Ingeniería de Brasil (Sinaeco) advirtió que “el ritmo de las obras es preocupante”, según un documento difundido tras la realización de un foro de urbanismo que se desarrolló en Río de Janeiro durante el mes de marzo.
Las demoras son reconocidas por el propio Gobierno. El ministro de Deportes, Orlando Silva, reconoció que las obras de infraestructura van despacio. “Tenemos que apurar los tiempos para no hacer las cosas de forma apresurada”, señaló Silva. La preocupación por las demoras es algo central, ya que cualquier retraso haría peligrar la inyección de más de 100.000 millones que la economía brasileña recibirá a lo largo de diez años como resultado de las obras.
El éxito del Mundial es también algo vital para la continuidad del proyecto político del Partido de los Trabajadores (PT), hoy en el gobierno de la mano de Lula como presidente. Por un impedimento constitucional, el líder del PT no pudo presentarse para un tercer periodo, y su fuerza política tiene como candidata a Dilma Rousseff, que por ahora aventaja levemente en las encuestas al economista José Serra, postulante de la oposición.
“Vamos a hacer el mejor Campeonato Mundial de la historia, que será mejor que el de Sudáfrica. Queremos demostrarle al planeta que somos un país con un gran potencial y que vamos a crecer mucho en los próximos años”, afirmó Lula durante la ceremonia de presentación de Brasil 2014.
* La Prensa - La Paz - 12.07.10
Foto: Brasil, logo 2014 Copa fútbol - laprensa.com
El juez imputa a tres ediles del PP en la trama corrupta de Alicante
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ELPAÍS* : La trama de corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja (sur de Alicante) engordó ayer con cinco nuevos imputados: tres ediles populares del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios, Ángel Fenoll, considerado por la investigación como la punta de lanza de la red, y su hijo Antonio Ángel. El imputado más destacado por estos hechos, denominados operación Brugal, es el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El magistrado le acusa de cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Tras su paso por el juzgado, el jueves, Ripoll completó ayer una agenda rutinaria, intramuros de la Diputación.
Ángel Fenoll y su hijo ya fueron imputados al inicio de la investigación, en mayo de 2007, y salieron de la cárcel tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros. El juez, ayer, les amplió las imputaciones y les impuso dos nuevas, de 300.000 euros para el padre del clan y de 100.000 al defín. Fenoll estaba ya acusado de los delitos de cohecho y extorsión y tráfico de influencias, y el magistrado añadió los de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.
Tras la resolución del juez, Ángel Fenoll montó en cólera y a grito pelado amenazó con tirar de la manta: "Se van a enterar todos [en alusión a los políticos] a los que les he dado dinero", clamaba por los pasillos del juzgado. El industrial salió de estampida en su coche, en contraste con la cordialidad con la que había llegado, a pie y atendiendo a los periodistas.
Antes del interrogatorio a Fenoll y su hijo, el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomó declaración a tres ediles del PP del consistorio oriolano: Manuel Abadía, de Infraestructuras, Ginés Sánchez, de medioambiente, y Antonio Serrano, de pedanías. El juez les imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El magistrado rechazó la petición de fianza de 50.000 euros que solicitó el fiscal anticorrupción. Tras la declaración, los tres insistieron en que "oficialmente" desconocen de qué se les acusa.
Fuentes de la investigación relacionan el arresto de los tres ediles, de Fenoll y su hijo y del gerente de la empresa Sufi, Luis Bracho, con la contrata de la basura de Orihuela. El contrato fue adjudicado en octubre de 2008 a una UTE integrada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancast. La contrata esta valorada en 190 millones por 20 años. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes.
El PSPV de Orihuela sostiene que las firmas Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll: "Este es quien verdaderamente controla el contrato", señalan fuentes socialistas municipales. La contrata incluye una flota de vehículos de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory. Este ha sido imputado en el sumario y el juez le impuso el jueves una fianza de 100.000 euros.
Fenoll también aspiró en este caso en unión con Sufi a la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Esta contrata ha sido la espoleta de la segunda fase de la operación Brugal. El contrato fue adjudicado por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a una UTE integrada por Cespa y una empresa del contratista Enrique Ortiz, igualmente imputado. La construcción de la planta estaba prevista en la finca Lo Cartagena, pero a las semanas de adjudicarse, el ganador cambió la ubicación por la finca La Pistola, propiedad de Fenoll.
* El País - 10.07.10
Foto: Orihuela (Alicante) - Finca planta_basuras - elpais.com
El ‘plumero’ de los que callan
MANUEL J. ORTEGA/Alpedrete* : En alguna publicación he leído que uno de los mayores problemas de nuestra democracia es el manejo de la información por parte de algunos empresarios desaprensivos que manejan sus medios de una forma torticera y perversa, sobre todo cuando ven peligrar sus intereses. Es posible que estemos hablando de un tema tabú para muchos, pero yo me pregunto: ¿si se puede hablar y escribir de corrupción y de intereses espurios en el mundo de la política, por qué no se utiliza la misma vara de medir para hacer publica la manipulación en algunos medios?
Bien, sirva esto de preámbulo para el tema que vamos a tratar seguidamente, relacionado con la larga tramitación del Plan General de Urbanismo de Alpedrete, cuya aprobación inicial, después de casi cinco años de proposiciones y largas negociaciones, se produjo la semana pasada. A fin de no entorpecer esta larga tramitación, hemos esperado a que se produjera la esperada fumata blanca para realizar un pormenorizado análisis sobre los aconteceres más importantes de un PGOU que, desde mi punto de vista, parecía estar preñado por oscuros intereses. Así, el viernes 26 de febrero pasado comentábamos en esta misma sección la denuncia presentada por los responsables de Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción “sobre el caso protagonizado por el edil de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, acusado de firmar, junto con otros miembros de su familia, un contrato de compraventa con un conocido constructor de esta localidad donde se reflejaba que los terrenos de su propiedad, sitos en Los Llanos Sur, se recalificarían como urbanizables en el futuro PGOU”. Esto sucedió cinco meses antes de que dicho planeamiento saliera a exposición pública y esto fue lo que denunciaron ante la Fiscalía los representantes de IU, aunque el rumor sobre dicha compraventa ya era de dominio público, hasta el extremo de que algún miembro del Ejecutivo popular hubiera mostrado en privado su preocupación porque, además, el comprador de dichos terrenos, aún con el PGOU pendiente de aprobar, había sacado ya a la venta los pisos que tenía previsto construir en dicha zona”.
Y ahí fue donde empezó la movida. La alcaldesa, Marisol Casado, en la sesión plenaria celebrada ese mismo viernes conoció el contenido de mi artículo y ello la llevó a protagonizar una intervención pública que yo posteriormente calificaría de chavista, puesto que su discurso estuvo aderezado con calificativos e insultos graves tanto hacia mi persona como hacia este periódico, algo que me pareció impropio en una autoridad democrática. Tal vez, Marisol Casado intentaba por esta vía eludir el marrón de su presunta irresponsabilidad política y así se lo hice saber. Y ahí quedó todo. Nosotros habíamos hecho nuestro trabajo y éste no era otro que informar sobre una noticia que considerábamos de interés general y la alcaldesa trató de defenderse a su manera, aunque su defensa no fuese precisamente la más acertada, sobre algo que ya se le había ido de las manos. Y digo esto porque la regidora local acababa de perder el control del PGOU, ya que su concejal de Urbanismo, tras hacerse pública su vinculación con los terrenos de Los Llanos Sur, quedaba imposibilitado de refrendar la aprobación de este planeamiento y con ello el Ejecutivo se veía imposibilitado de sacarlo adelante sólo con sus votos, como así ha sucedido. Y es ahí donde empiezan a aparecer los largos tentáculos del buque insignia del monopolio mediático de nuestra comarca, intentando defender a capa y espada los intereses inmobiliarios de su principal accionista. Y esto sucedía el día 7 de mayo, con un editorial, donde tras analizar ‘sui generis’ los motivos de la paralización del Plan General, decían: “Por qué no se soluciona este problema de una vez por todas, por qué no se acepta la dimisión del concejal de Urbanismo si, como algunas voces han apuntado en los últimos días, ésta ya se puso en la mesa sin que la regidora lo permitiera. Por qué, en definitiva, el PP ha dejado de pronto de defender con uñas y dientes una planeamiento urbanístico que desde hace unos meses era para ellos de vital importancia con todas sus premisas, incluidas las Cercas de Ávila y el nuevo polígono industrial [aquí era donde estaba la madre del cordero]... Si la cosa no se soluciona, la que debería dimitir sería la propia Marisol Casado, por no ser capaz de poner en orden tanto desorden”.
Semana a semana, el diario en cuestión siguió machacando en el mismo clavo para intentar salvar lo que ya parecía insalvable. Así el 11 de junio, bajo el título ‘El Plan General, un asunto entre PP y el UNPA’, vuelven a criticar la retirada del PGOU de la recalificación de los terrenos destinados inicialmente al nuevo polígono industrial en Los Polvorines y a las viviendas en las Cercas de Ávila, por perjudicar los intereses de su protector, poniendo la guinda a su perversa manipulación en el punto y final del editorial de ese mismo día: “..Ahora queda un largo proceso de tramitación que llevará a exposición pública el documento del nuevo (qué curioso, los planes generales tiene querencia al verano, poco propicio, con el calor y las vacaciones, a fomentar la participación ciudadana), que todavía dará muchos titulares y que nos deparará sorpresas (y nos tememos que no serán agradables). Pero el negocio ya está hecho”.
La semana pasada me preguntaba un lector de nuestro periódico el por qué de “Nosotros contamos lo que otros callan”. La respuesta ahí la tienen. Y lo malo para los que ‘callan’ habitualmente es que en cuanto abren la boca se les ve rápidamente el plumero.
* El Faro de Guadarrama - Opinión - 8.07.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
La burbuja del ladrillo y la ética democrática
DÍDAC MARTÍNEZ* : El estallido de la burbuja de la construcción está teniendo dos consecuencias funestas para nuestro país, la primera un incremento añadido del volumen de paro que retrasará durante más años de los debidos la recuperación de la economía, y la segunda, aún más perjudicial que la primera, la implicación imparable de parte de la clase política en casos de corrupción urbanística, que dará como resultado un incremento del desapego de los ciudadanos por la democracia. Los últimos casos como Gürtel, Baleares, Fabra, Pretoria, Palau y los que están por llegar, harán bajar los indicadores de la calidad de nuestra vida democrática.
Cuando nuestros representantes políticos usan sus cargos electos para enriquecerse, no solo están quebrantando las leyes sino que están destruyendo parte de nuestras propias vidas: la confianza, el valor y la esperanza de nuestra convivencia actual y futura.
Estos son los daños profundos e irreparables de la burbuja que acaba de estallar y que no deberíamos de ningún modo minimizar. Puede que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades económicas, pero sería catastrófico vivir por debajo de nuestras aspiraciones éticas.
* El País - Opinión - 8.07.10
Vivienda-avión - El Roto
Viñeta El Roto, vivienda-avión - elpais.com 11.07.10
Asturias.- Amigos de Salinas pide la paralización de las obras del edificio del mercado
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ELCOMERCIO* : La Asociación de Vecinos Amigos de Salinas acordó ayer solicitar judicialmente la suspensión de la licencia concedida por el Principado para construir un edificio de 92 viviendas de promoción pública en el solar que ocupaba el antiguo mercado de Salinas. Las obras, con un presupuesto de 5.293.462 euros y un plazo de diecisiete meses, comenzaron en noviembre, aunque el edificio todavía no ha tomado altura. Según ha podido saber este periódico, una gruesa red de telecomunicaciones atraviesa el solar, y la promotora aún no ha alcanzado un acuerdo con la operadora para desviarla. La decisión de Amigos de Salinas se basa en un informe emitido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado, la CUOTA, que anula el cambio en el Plan General de Ordenación Urbana realizado por el Ayuntamiento para poder construir el edificio en un solar calificado de equipamiento.
«Un uso residencial, por mucho que se trate de promoción pública en régimen de alquiler, no se puede considerar dentro de los usos dotacionales, ya que no es un servicio público ni un uso colectivo», indica el informe de la CUOTA, por lo que «no cabe cobertura legal para la modificación realizada» por el Ayuntamiento.
El informe precisa que tal modificación carece de la previsión sobre «la exigencia de mayores espacios libres que se debe corresponder al aumento de la densidad de población», si bien «desde el punto de vista de fondo del asunto», no se opone a la propuesta, «que debe realizarse con una calificación urbanística acorde a lo que se pretende».
Amigos de Salinas, que desde el primer momento se opuso a la construcción del edificio, planteó el año pasado un recurso contencioso-administrativo. Entonces el fallo fue favorable al Ayuntamiento, «pero ahora la situación ha cambiado. La CUOTA ha suspendido el acuerdo plenario que aprobó la modificación puntual del Plan General, así que, por mucho que diga el Ayuntamiento, no se puede para construir allí», manifestó el presidente de la entidad vecinal, Eloy Martínez.
A su juicio, «habría que modificar el Plan General. Cuando lo hagan, si es que se hace, ya veremos lo que pasa, pero en este momento ese solar está calificado de equipamiento público, así que podrían construir un centro social, un consultorio médico, un edificio de servicios múltiples o una piscina municipal, pero no un edificio. Salinas es deficitaria en equipamientos públicos», concluyó el presidente de Amigos de Salinas.
* El Comercio - 10.07.10
Foto: La estructura del edificio aún no es visible desde la calle - elcomerciodigital.com
Vecinos de Orpesa y Gecen recurren al TSJ en defensa de la Torre Corda
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LEVANTE/Castelló* : La asociación R de Renegà y Gecen han presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana para impedir la urbanización del entorno de la Torre Corda de Orpesa. Las dos plataformas solicitan al juez que mantenga la protección perimetral de 200 metros, en lugar de reducirla a 50, y adopte medidas cautelares para frenar el avance de la construcción. Según estas fuentes, "estamos ante un caso similar a la Torre Colomera: primero se expone al público que se protegen 200 metros perimetrales, evitando que las asociaciones presentemos cualquier alegación pues consideramos adecuado este perímetro, y después se recorta la protección a 50 metros atendiendo a la presión de determinados intereses especulativos relacionados con el urbanismo, sin permitir que tras dicha modificación se puedan presentar alegaciones".
Para R de Renegà y Gecen, las consellerias de Cultura y Medio Ambiente "ante la más mínima presión de cualquier promotor o agente urbanizador dan el cabezazo sumiso en pro de los intereses de estos olvidando el interés general".
Las asociaciones demandantes consideran que las instituciones autonómicas "no son útiles para los ciudadanos ni son actores en los que se pueda confiar para que velen por el buen funcionamiento del día a día del estado de derecho". "Más bien al contrario, actúan como elementos que perjudican el patrimonio de todos y que esperamos nos expliquen qué ganan con ello", critican estas fuentes. Tanto R de Renegà como Gecen acusan a las autoridades de consentir el avance urbanístico. "Que digan en qué beneficia al conjunto de los ciudadanos hormigonar del metro 50 al 200", se quejan.
* Levante-emv- 11.07.10
Foto: La Torre Corda es Bien de Interés Cultura (BIC).- levante-emv.com
Las promotoras acechan el futuro urbanístico de Xàbia
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ELPAÍS/Alicante* : El urbanismo en Xàbia se ha convertido en un camino de espinas. A escasos días de la aprobación de un nuevo Plan General y después de tres años de suspensión de licencias, circunstancia que ha bloqueado la mayor parte de planes parciales pero ha dado luz verde a otros, la controvertida gestión urbanística de las dos últimas décadas ha provocado que el Ayuntamiento, gestionado por Bloc y PP, se enfrente a un carrusel de problemas que acarreará graves consecuencias económicas. Las promotoras presionan por todos lados. Por lo pronto, el Consistorio se ha visto obligado a pagar tras un requerimiento judicial dos millones a los propietarios de unos terrenos que, a pesar de ser incluidos en el PGOU vigente de 1990 como zona verde, no fueron expropiados.
El Ayuntamiento ha adelantado ese dinero como una especie de fianza exigida por el juzgado tras el pleito planteado por los dueños de la parcela, toda vez que ahora debe tasarse el precio real del suelo para calcular el coste de la expropiación. De hecho, los propietarios exigen una cantidad aún mayor, 30 euros por metro cuadrado. El problema reside en que, según los expertos, esa zona verde incluida del PGOU de 1990 ya no tenga sentido en el nuevo planeamiento, que supondrá cambios trascendentales en la planificación.
El nuevo Plan General debe por fin poner orden en el caótico urbanismo del municipio, pero tampoco está exento de problemas. En 2005, el alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, ordenó la suspensión parcial de licencias y en 2007 la suspensión definitiva del planeamiento de 1990, lo que obligó a paralizar un PAI que se estaba tramitando en el Consistorio. Ahora, sus impulsores han presentado ante un juzgado contencioso de Alicante una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento debido a que la suspensión provocó un descenso en la valoración del suelo y exigen una indemnización de un millón de euros.
No obstante, si todo el sector del PAI quedara desclasificado en el nuevo PGOU, los daños a la mercantil se dispararían a ocho millones. Esta situación podría causar un efecto dominó, ya que hay más promotores en una situación parecida. Mientras, hace escasas fechas, el pleno dio luz verde en la playa del Arenal a un plan con 252 viviendas en el que tiene intereses el líder del PP, Juan Moragues, que es promotor inmobiliario y que por eso se abstuvo en la votación.
* El País - 11.07.10
Foto: Xàbia (Alacant), chalés litoral - elpais.com
Ávila.- La Audiencia imputa por prevaricación a la senadora del PP Carmen de Aragón
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ELMUNDO* : La Audiencia Provincial de Ávila ha visto indicios de delito en la concesión de una licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro en el año 2005 para construir un edificio que implicó la modificación de las normas urbanísticas del municipio, contra la que se pronunció la Comisión Territorial de Urbanismo. La licencia se concedió siendo alcaldesa la ahora senadora del PP por Ávila Carmen de Aragón, por lo que el juez traslada al Tribunal Supremo el caso, por la condición de aforada.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, en un auto del pasado 23 de junio conocido este sábado, remite a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la imputación por prevaricación urbanística de Carmen de Aragón, así como del resto de concejales del equipo de Gobierno del anterior mandato y de cuatro técnicos.
En el auto, se explica que, de acuerdo a lo indicado por el fiscal, "los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal", pues "existen indicios de la existencia de delito previsto por el conocimiento que tenía la Junta de Gobierno Local de Arenas cuando concedió licencia para la construcción de viviendas en la calle Ana María Mogas 4, de que la decisión que adoptaba incumplía determinada normativa vigente".
Esta imputación se hace extensiva al arquitecto, que "informó favorablemente a la comisión de concesión de licencia, cuando ya se conocía en tal fecha el informe negativo de la Junta de Castilla y León".
Hechos
Aunque la licencia se otorgó en el año 2005, el caso no fue denunciado hasta junio de 2006, por el concejal de Izquierda Unida en el Consistorio arenense, Javier Soler, aunque la querella no fue admitida.
Según se explica en el auto, a pesar de que la Comisión Territorial de Urbanismo había rechazado la modificación puntual de las normas subsidiarias de Arenas, al observar "infracciones urbanísticas", la empresa constructora (Construra) "culmina la edificación a la vista, ciencia y paciencia del Ayuntamiento que no ejerce sus facultades de disciplina urbanística".
El edificio construido, según el informe de la comisión, "incumple la superficie máxima edificable, el número máximo de plantas y alturas, las condiciones de la cubierta, las condiciones de retranqueos y las condiciones de voladizos y cuerpos volados".
Tras la denuncia de IU, sin embargo, la Audiencia ordenó la tramitación, se sobreseyó y archivó el expediente en diciembre del año siguiente, tras las oportunas diligencias, aunque, de nuevo, en mayo de 2008, la Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto y ordenó "agotar la investigación".
En ese momento, declaró como testigo la secretaria del Ayuntamiento de Arenas, Susana Machota, y se requirió a la ex alcaldesa, Carmen de Aragón, "para que manifestara si deseaba declarar voluntariamente ante el Juzgado de Instrucción", lo que "declinó", porque prefería «mantener su privilegio personal» de aforada.
Sobreseído el asunto y desestimado el recurso en el Juzgado de Arenas, la Audiencia los revocó y acordó "la continuación del procedimiento por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal".
El auto, así, acusa a la senadora de los delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación, en comisión por omisión, y de falsedad documental. Igualmente, se imputa a quienes eran concejales del PP y miembros de la Junta de Gobierno Local -Valentín de León, Alejandro Blázquez Cabo, Benito Martín Blas y José Francisco Núñez- por delitos continuados contra la ordenación del territorio y de prevaricación, en comisión por omisión.
También se acusa a los técnicos Javier Galán Serrano y José Luis Ramos de cometer un delito continuado de falsedad documental; al también técnico Fernando Soler Liceras, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado contra la ordenación del territorio, y al arquitecto municipal, Alfonso Huertas, de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Contra este asunto, además, se habían pronunciado ya la Diputación de Ávila, que "se había dirigido al Ayuntamiento para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad", y el Procurador del Común, que había solicitado "infructuosamente" informes con las actuaciones que se hubieran llevado a cabo en relación con el acuerdo. Asimismo, el jefe del Servicio Territorial de Fomento "había solicitado informes en relación con el recurso de reposición formulado por el querellante".
* El Mundo - 10.07.10
Foto: Arenas de San Pedro (Ávila) - mundofotos.net
A Coruña.- Incoherencias irremediables Otrosidigo
CELSO FERREIRO* : Al Gobierno municipal de La Coruña, enredado en sus propias contradicciones, le resulta cada vez más difícil relacionarse con la sociedad, porque al resbalar en sus promesas utiliza, sin pudor, su astuta apoteosis para sostener una tesis y la contraria. Ante tan incuestionables evidencias, la desconfianza del vecindario va in crescendo, como lo prueba el rosario de sus embrollos: el Plan General de Urbanismo y su maraña normativa, el conflicto con la Autoridad Portuaria, el enlace de Ikea y la picaresca de carlancón en rebajar un céntimo para no superar el 20% del presupuesto del Mirador de los Castros que exige la ley. Las incoherencias en la actuación de los munícipes son remediables: les han cambiado drásticamente la partitura y no tienen otra que defender lo que no creen.
Su recurso es, por elemental, muy conocido: sacudir sus propias culpas y escurrir el bulto, actitudes en las que el alcalde ofrece la más original versión de sí mismo. Es un elenco intercambiable que se asocia a esa clase de personajes que suelen mirar con ira la piedra en la que vuelven a tropezar. Para el Sr. Losada y quienes le acompañan hace añares, debe ser muy triste mirarse al espejo y advertir que para salvar la nómina defienden aquello que hace tiempo dejaron de profesar. En este clima de melancolía registramos la desaparición de otro antiguo café: el Universal. Hasta hace poco, se clausuraban los cafés para dar paso a los bancos. Ahora será al revés: la fusión de las cajas anuncia la liberación de muchas sucursales. Pero son locales reducidos, que no permiten asiento y tertulia. Los antiguos cafés desaparecen, porque no siguieron el ejemplo de la SGAE: haber puesto un canon para la conversación o por el tiempo de permanencia. Había algunos en los que las señoras hacían chalecos de punto durante la velada. Lo triste es que no nos queda ni el recuerdo de una cucharilla, ni tampoco la voz cantante del sochantre de las tertulias.
"Resolveremos el problema de Penamoa y seremos muy aplaudidos," proclamó más de una vez el alcalde. El asunto está en la Justicia, los vecinos exasperados le han dejado una chabola en el Ayuntamiento y al delegado del Gobierno, fariña. ¡Ay Ameijeiras si tu volvieras! Otra que danza es la concejala de Cultura, quiere un Centro Coreográfico. El problema no es administrativo, es la Sra. Bravo, upega dogmática (viene a ser un oxímoron) que trata de acopiar más medios para proseguir la difusión cultural, desde su personalísima visión unidireccional, como si el arte debiera estar sujeto a intereses políticos.
* La Opinión A Coruña - Opinión - 7.07.10
Málaga.- Detenido por corrupción el alcalde de un municipio constituido en 2009
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ELPAÍS* : La última operación contra la corrupción municipal en Málaga saltó ayer en Villanueva de la Concepción, un pueblo de 3.383 habitantes del norte de la provincia que apenas lleva un año independizado de Antequera. Tras una intensa jornada de registros, la Guardia Civil detuvo a su alcalde, Ernesto Silva, acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias relacionado con varios asuntos urbanísticos. El regidor, de la formación política Foro Andaluz, preside la comisión gestora que gobierna el municipio hasta las próximas elecciones municipales.
En la operación también fueron detenidos con los mismos cargos el profesor de la Universidad de Málaga Juan Francisco Hurtado, y un abogado del que no trascendió el nombre. Está previsto que los tres pasen a disposición del juzgado número 2 de Antequera, encargado de la investigación, el próximo lunes.
El alcalde, de 27 años, abandonó el Consistorio a las 14.00, escoltado por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona). Le dijo a los periodistas que estaba "muy tranquilo" e incidió en que, desde su toma de posesión hace aproximadamente un año, había paralizado en torno a 20 obras, sobre todo en terrenos rústicos. "No tengo nada que ocultar", aseguró.
El regidor explicó que paralizó su primera obra dos días después de su llegada al cargo, el 16 de junio de 2009. "Hemos sacado como hemos podido la disciplina urbanística", dijo.
El municipio no tiene Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Había intentado sacarlo adelante junto con el de Antequera, pero la Junta de Andalucía lo rechazó. Entonces Silva amenazó con impugnar el PGOU de Antequera si la administración andaluza no le daba una solución. A finales de junio, la comisión gestora ratificó los acuerdos plenarios adoptados por Antequera que hacían referencia a su plan urbanístico, tal y como le había recomendado la Junta. Con este trámite, el municipio esperaba que se aprobara definitivamente el documento.
La Guardia Civil comenzó sus registros en el Ayuntamiento villanovense a las ocho de la mañana. Los agentes del Seprona acordonaron el edificio y pidieron a concejales y trabajadores que lo abandonaran hasta nueva orden.
A esas horas, el alcalde aseguró que los investigadores le habían pedido en las últimas semanas varios expedientes urbanísticos, pero que eran de la época en la que el municipio era una Entidad Autónoma Local y José Antonio Conejo, del PA, era el regidor. A mediodía, el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, precisó que la investigación está centrada en el gobierno actual.
Después de varias horas en el Consistorio, los agentes del Seprona sacaron media docena de cajas con documentación. Continuaron los registros en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) y un despacho de abogados de la capital.
La inspección en la facultad de Derecho arrancó a las 13.30. "Somos diez", le dijo un guardia civil a la recepcionista del edificio después de enseñarle la placa. Los agentes se dirigieron al departamento de Derecho financiero y tributario, donde revisaron el despacho del profesor Hurtado. Según varias fuentes, la implicación de este docente está relacionada con su actividad como abogado. La decana, abrumada por la situación, pidió apoyo a los vigilantes de seguridad y cerró el acceso al público.
* El País - 10.07.10
Foto: Villanueva de la Concepción (Málaga) - cope.es
El fiscal del 'hotel Millet' acusa a la cúpula de Urbanismo de Barcelona
ELPERIÓDICO* : La ampliación de la querella cursada por parte contra varios altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona por la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música se hizo efectiva ayer. La acción del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, va dirigida contra el cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado; el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el arquitecto Carles Díaz (del despacho de Óscar Tusquets); el director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, y los exdirectivos de la institución cultural Fèlix Millet y Jordi Montull. La acusación pública atribuye a todos ellos los presuntos delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental (ocultar la titularidad del uso de unos solares).
El fiscal presentó la ampliación de la querella (la inicial data del 20 de mayo) ayer por la mañana. A las pocas horas, la jueza Míriam de Rosa Palacio la admitió a trámite y citó a declarar a los imputados para septiembre. También reclamó al ayuntamiento las actas de unas sesiones municipales; al Registro de la Propiedad, datos sobre unas fincas, y a Hacienda, que nombre a un perito para que analice un pago de 900.000 euros a los saqueadores confesos realizado por Manuel Valderrama, propietario de Olivia Hotels, la constructora que iba levantar el hotel.
RELACIONES PERSONALES / A finales de junio, la jueza ya imputó de oficio a García-Bragado, Massaguer y Díaz por tapar la «operación especulativa», pero la fiscalía precisó en la ampliación de la querella lo que, a su entender, son actuaciones delictivas. En ese escrito se añade al director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, que ayer fue suspendido de sus funciones relacionadas con Urbanismo, y a Millet y Montull,
que ya pasaron 13 días en prisión por tráfico de influencias (presionar a políticos) y apropiación indebida y a los que ahora también se les atribuye prevaricación y falsedad.
Según el fiscal, Millet y Montull, como presidente y director administrativo del Palau, se aprovecharon de las relaciones personales que habían tejido gracias a su posición en la sociedad catalana para que cargos municipales «colaboraran» en la operación para construir en la calle de Sant Pere Més Alt dicho establecimiento, con el fin de obtener «un importante beneficio económico».
INTERÉS PÚBLICO / La acusación sostiene que los exdirectivos de la institución cultural consiguieron en el 2006 «la ayuda» de García-Bragado, en aquellos momentos secretario de Presidència de la Generalitat y después cuarto teniente de alcalde, y de Massaguer, gerente de Urbanismo. El fiscal subraya que estos altos cargos se comprometieron a cooperar para llevar a cabo la tramitación urbanística, ocultando que la titularidad de los terrenos donde se iba a levantar el hotel no era de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, sino del constructor Valderrama, al que los exresponsables de la entidad le habían cedido el uso de las fincas.
La ampliación de la querella detalla que con esa ocultación se aseguraban el éxito y la aprobación de los trámites administrativas, pues el proyecto siempre se iba a presentar como de interés público.
El arquitecto Díaz, que actuaba en nombre del Palau, presentó la documentación ante el ayuntamiento para modificar el plan general metropolitano pero no precisó el cambio de propiedad de los terrenos, según el fiscal. De hecho, todo lo contrario: insistió en que los solares pertenecían a la entidad y no a la constructora. Además, este profesional no entregó un convenio entre el Palau y la Generalitat del 8 de marzo del 2006, que, por lo tanto, también quedó oculto y «sin publicidad». Dicho de otra manera, García- Bragado y Massaguer, que impulsaron la tramitación de la operación, escondieron la «realidad» sobre el fin especulativo y sobre «la propiedad real» de las fincas. El fiscal añade que, en febrero del 2008, Lambies tuvo conocimiento del cambio de dueños y que también lo enmascaró.
* El Periódico - 10.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Madrid.- El juez ordena abrir juicio contra la 'número dos' del PSM
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ELPAÍS* : La secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, se sentará en el banquillo de los acusados. Así lo han acordado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ven indicios de un delito de prevaricación administrativa. No será el único cargo público, porque también están imputados los otros 13 concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que formaban en 2001 el equipo de gobierno municipal.
Rollán se negó a hacer declaraciones sobre la imputación hasta que comience el juicio, según explicaron fuentes del PSM.
Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM creen que los 14 concejales pudieron cometer un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por tanto, se enfrentan a una condena de ocho años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público. El hecho que se enjuiciará y para el que todavía no hay fecha se basa en el equipo de gobierno al frente del que estaba Trinidad Rollán, que aprobó un convenio urbanístico que supuso la venta de suelo municipal a la empresa Patrimonio Siglo XXI, SA, por un valor de 3,24 millones de euros. El secretario del Ayuntamiento, según el informe de calificación del fiscal, puso de relieve "la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito".
Viviendas sociales
El convenio lo firmó el entonces concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en la sede municipal el 14 de septiembre de 2001. Su fin era construir 107 viviendas de protección oficial, que actualmente están construidas y habitadas. El 26 de noviembre de 2001 el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.
Los otros imputados son el propio Francisco Martín Rojas, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart Amorós, María de los Desamparados Gallego Alfaro, Francisco Montero Almirón, Lucía Tizón Cuñarro, Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez, Juana Fernández Rodríguez, Félix Ortega Arias y Juan Francisco López Gárate. Como también está imputada la diputada regional Esperanza Rozas Piñas y goza de aforamiento, el caso lo estudiará directamente el TSJM.De los otros 13 concejales imputados, nueve pertenecen al PSOE y los otros cuatro al Partido Demócrata Español (PADE). Los magistrados del TSJM creen que hay "indicios racionales de criminalidad". Por ello, los jueces creen que debe abrirse la vista, para que se produzca "el debate necesario y esclarecedor propio del juicio oral". Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Trinidad Rollán no quiere hacer declaraciones hasta que empiece el juicio o haya una sentencia. Este periódico intentó, sin éxito, conseguir la versión del secretario general del PSM, Tomás Gómez.
Los que sí hablaron fueron los concejales socialistas a través de un comunicado de prensa. Los ediles recordaron que no están acusados "ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente". "Se trata de una posible prevaricación urbanística, es decir, si se ha adoptado una resolución jurídica injusta a sabiendas. Mediante este acuerdo plenario los 14 concejales salvaron la construcción de 107 viviendas de integración social y permitieron llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas", relatan los afectados.
Los concejales recuerdan que existía un informe jurídico favorable al convenio firmado por parte de la abogada del Ayuntamiento, lo que también se tradujo en un ingreso de 559 millones de pesetas (3.359.000 euros) para equipamientos sociales en el municipio. Según su versión, el secretario y el interventor no hicieron informes "durante la larga tramitación del procedimiento, confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno". "Los concejales del PSOE actuaron como siempre han trabajado honestamente y al servicio del municipio y de los intereses generales. Esto se demostrará evidentemente en el juicio", concluyen.
* El País - 9.07.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
Demuelen dos edificaciones en El Hierro por carecer de permiso
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CANARIAS7* : La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun) realiza trabajo de demolición de dos inmuebles que se construyeron en suelo rústico de protección ambiental de El Hierro y que carecen de los permisos pertinentes. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias informó hoy de que los trabajos de demolición se realizan en una zona que linda con la reserva natural especial de Tibijaque, en el municipio herreño de Valverde.
Los inmuebles están en la zona conocida como "Pie del Risco" y se trata de obras ilegales que comenzaron en 1998, cuando se abrió un expediente sancionador que ha culminado con la ejecución forzosa de la demolición de las dos edificaciones, una de 110 metros cuadrados y otra de 40 metros cuadrados, explica la Consejería en un comunicdo.
El expediente administrativo surgió a partir de una denuncia de oficio por infracción urbanística tipificada en el artículo 202 del texto refundido de Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, que consiste en la realización de movimientos de tierra y construcción de dos edificaciones aisladas.
* Canarias 7 - EFE - 8.07.10
Foto: El Hierro, puerto - skyrock.net
Málaga.- Metamorfosis estancada
SEBASTIÁN SÁNCHEZ* : 3.000 años de historia concentrada en el puerto de Málaga. Tres milenios en los que todas y cada una de las civilizaciones asentadas sobre la urbe han puesto su mirada en los terrenos situados a orillas del mar. Un lapso de tiempo que, con el transcurso de los siglos, ha despertado el deseo ciudadano por ocupar de forma pacífica esos suelos y reconvertirlos en escenarios de disfrute y ocio. El fenómeno, extensible a otros muchos puertos nacionales e internacionales, es objeto de análisis en Málaga desde veinte años atrás, hasta el punto de que tras constantes vaivenes y cambios de rumbo, el foco de luz acabó por centrarse, allá por el año 1998, en una ambiciosa intervención que buscaba, justamente, abrir a la ciudad buena parte de los suelos portuarios. Pero la ansiada metamorfosis, la anhelada transformación, sigue pendiente, sigue incompleta.
En unas semanas donde los interrogantes y las sombras se han vuelto a cernir sobre el puerto, con los usos comerciales contemplados en el muelle del Paseo de la Farola como objeto de polémica y con un supermercado como gran protagonista, cabe preguntarse en qué situación se encuentra el manoseado y eternamente modificado Plan Especial del Puerto. El documento, firmado por el arquitecto Alfonso Peralta, permitió dibujar sobre los diferentes muelles una serie de instalaciones con las que sobrepasar la frontera del pasado, del puerto tradicional, y abrirse, entre otras, a las industrias turísticas. Muestra de ello es la estación marítima que se yergue en la zona de Levante como icono del nuevo modelo de puerto, que comparte escenario con los cientos de contenedores que se agolpan en el muelle 9.
El rápido avance de esa edificación contrasta con la demora que acumulan las otras apuestas: los locales comerciales, los edificios de oficinas, los atraques deportivos... Mención especial merece lo que desde hace cinco años viene ocurriendo con el proyecto del muelle 1. De teorizarse sobre la necesidad de convertir esta franja, de 58.000 metros cuadrados, en una prolongación del centro histórico que elevase cualitativamente la oferta de ocio y restauración de la capital, se ha pasado a discutir sobre la idoneidad o no de fijar un supermercado de Carrefour en la conocida esquina de oro.
El impacto del debate ha provocado una oleada de crítica y oposición difícilmente comparable con algún otro fenómeno en la ciudad, si acaso con el movimiento que la propuesta de Chelverton de construir unos multicines en el muelle 2 generó hace años. Pero si bien en aquel entonces la reacción tanto del Ayuntamiento como del Puerto fue la de asumir la denuncia ciudadana y transformar la idea original, ahora, el discurso de ambos organismo se ha rebajado. Mientras Enrique Linde sigue meditando sobre si el súper atiende la exigencia de que la oferta de la concesionaria, Iniciativas Marina de la Farola, sea media-alta, el alcalde, Francisco de la Torre, modifica tanto su mensaje como cambios tiene el plan en su historia. De decir que no es el espacio adecuado para un local de estas características, pasa a afirmar que el Ayuntamiento aceptará un local de una oferta de “alta calidad”, si bien Carrefour confirma que en sus 2.000 metros cuadrados no sólo venderá surtidos de quesos y vinos, sino también patatas y papel higiénico.
Pero la proyección del puerto no se limita al muelle 1. Un repaso al estado de las diversas piezas que componen el puzle programado permite corroborar cómo sólo dos tienen forma y desarrollo: la estación de cruceros y el Palmeral de las Sorpresas, que se ejecuta en el muelle 2. El resto, bien se encuentran en estado embrionario, bien están marcadas por la incertidumbre, como ocurre con el muelle 1. Y ello a pesar de que los augurios de la Autoridad Portuaria apuntaban a 2008 como punto del calendario en que el nuevo puerto iba a ser realidad. Dos años después, la radiografía se presenta incompleta y se asume que la metamorfosis no tendrá lugar antes del año 2012.
* Málaga Hoy - Opinión - 5.07.10
